Junta de Usuarios de Agua del Sector Hidraulico Menor Moche — Res. 848-2022

Mediante Orden de Inspección N° 2669-2020-SUNAFIL/IRE-LIB, se dio inicio a las actuaciones inspectivas de investigación, con el objeto de verificar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral1, las mismas que culminaron con la emisión del Acta de Infracción N° 335-2020-SUNAFIL/IRE-LIB, (en adelante, el Acta de Infracción), mediante la cual se propuso sanción económica a la impugnante por la comisión, entre otra, de una (01) infracción muy grave a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT, por no cumplir la medida inspectiva de requerimiento de pago de CTS, dictada en favor de 07 trabajadores.

Que, mediante Imputación de Cargos N° 164-2021-SUNAFIL/IRE-LIB/SIAI-IC, de fecha 18 de marzo de 2021, notificado a la impugnante el 22 de marzo de 2021, se dio inicio a la etapa

De conformidad con el literal g) del numeral 53.2 del artículo 53 del RLGIT, la autoridad instructora emitió el Informe Final de Instrucción N° 471-2021-SUNAFIL/IRE-LIB/SIAI-IF, de fecha 09 de julio del 2021, (en adelante, el Informe Final), que determinó la existencia de las conductas infractoras imputadas a la impugnante, recomendando continuar con el procedimiento administrativo sancionador. Por lo cual, procedió a remitir el Informe Final y los actuados a la Sub Intendencia de Resolución de la Intendencia Regional de La Libertad, la cual mediante Resolución de Sub Intendencia N° 466-2021-SUNAFIL SUNAFIL/IR-LL/SIRE, de fecha 17 de agosto de 20212, multó a la impugnante por la suma de S/ 39,431.00, por haber incurrido en las siguientes infracciones:

Con fecha 09 de setiembre de 2021, la impugnante interpuso recurso de apelación contra la Resolución de Sub Intendencia N° 466-2021-SUNAFIL SUNAFIL /IR-LL/SIRE, argumentando principalmente, lo siguiente:

Mediante Resolución de Intendencia N° 005-2022-SUNAFIL/IRE-LIB, de fecha 10 de enero de 20223, la Intendencia Regional de La Libertad declaró infundado el recurso de apelación interpuesto por la impugnante y revocó en parte la resolución de primera instancia, reformando el monto de la multa en S/ 29,326.00; por considerar los siguientes puntos:

Con fecha 31 de enero de 2022, la impugnante presentó ante la Intendencia Regional de La Libertad, el recurso de revisión en contra de la Resolución de Intendencia N° 005-2022- SUNAFIL/IRE-LIB, de fecha 10 de enero de 2022.

La Intendencia Regional de La Libertad admitió a trámite el recurso de revisión y elevó los actuados al Tribunal de Fiscalización Laboral, mediante Memorándum N° 000084-2022- SUNAFIL/IRE-LIB, recibido el 02 de febrero de 2022 por el Tribunal de Fiscalización Laboral.

Mediante el artículo 1 de la Ley N° 299814, se crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (en adelante, SUNAFIL), disponiéndose en el artículo 7 de la misma Ley que, para el cumplimiento de sus fines, la SUNAFIL contará dentro de su estructura orgánica con un Tribunal de Fiscalización Laboral.

Asimismo, de conformidad con el artículo 15 de la Ley N° 299815, en concordancia con el artículo 41 de la Ley General de Inspección del Trabajo6 (en adelante, LGIT), el artículo 17 del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR7, y el artículo 2 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR8 (en adelante, el Reglamento del Tribunal),

El artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley de N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG) establece que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de estos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe de otorgarle esta facultad al administrado mediante una ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días respectivamente.

Así, el artículo 49 de la LGIT, modificada por el Decreto Legislativo N° 1499, define al recurso de revisión como un recurso administrativo del procedimiento administrativo sancionador con carácter excepcional, interpuesto ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos de que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral, estableciéndose en el artículo 55 del RLGIT, modificado por Decreto Supremo N° 016-2017-TR, que los requisitos de admisibilidad y procedencia se desarrollarían en el Reglamento del Tribunal.

El Reglamento del Tribunal establece que la finalidad del recurso de revisión es “la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias”9.

En ese sentido, es el mismo reglamento el que delimita la competencia del Tribunal a las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias, estableciéndose en el artículo 17 del Reglamento del Tribunal que se encuentra facultado para rectificar, integrar, excluir e interpretar la resolución emitida por la segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas.

En esta línea argumentativa, la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral comprende también la adecuación a la Constitución, a las leyes y al derecho, de conformidad con el principio de legalidad, que debe de caracterizar al comportamiento de las autoridades administrativas.

De la revisión de los actuados, se ha identificado que JUNTA DE USUARIOS DE AGUA DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR MOCHE presentó el recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 005-2022-SUNAFIL/IRE-LIB, de fecha 10 de enero de 2022, emitida por la Intendencia Regional de La Libertad, que reformó la sanción impuesta en S/ 29,326.00 por la comisión, entre otra, de una (01) infracción muy grave a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT; dentro del plazo legal de quince (15) días hábiles, computados a partir del 13 de enero de 2022, el primer día hábil siguiente de la notificación de la citada resolución.

Así, al haberse identificado que el recurso interpuesto por el solicitante cumple con los requisitos previstos en el ordenamiento jurídico corresponde analizar los argumentos planteados por JUNTA DE USUARIOS DE AGUA DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR MOCHE.

De manera previa, precisaremos que, esta Sala solo es competente para resolver las impugnaciones referidas a las infracciones calificadas como Muy Graves. En tal sentido, si bien el incumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento reposa en el incumplimiento de pago íntegro y oportuno de la compensación por tiempo de servicios a favor de sus trabajadores, sancionada como infracción grave, esta no será materia de análisis, al carecer de competencia para emitir pronunciamiento.

Sobre ello, es oportuno invocar los precedentes administrativos de observancia obligatoria, establecidos mediante Resolución de Sala Plena N° 002-2022-SUNAFIL/TFL, de fecha 22 de

Dicho esto, procederemos a evaluar únicamente, los argumentos de la impugnante, que están orientados a cuestionar en estricto, la aplicación de la sanción de multa por la comisión de la infracción muy grave a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT.

El numeral 212.1 del artículo 212 del TUO de la LPAG, establece que: “Los errores material o aritmético en los actos administrativos pueden ser rectificados con efecto retroactivo, en cualquier momento, de oficio o a instancia de los administrados, siempre que no se altere lo sustancial de su contenido ni el sentido de la decisión”.

Asimismo, de conformidad con el artículo 17 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, “Al evaluar el fondo del recurso de revisión, el Tribunal está facultado para rectificar, integrar, excluir e interpretar la resolución emitida por la segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas”.

La Resolución de Intendencia N° 005-2022-SUNAFIL/IRE-LIB, de fecha 10 de enero de 2022, incurre en error material, respecto al considerando sexto (De la obligación del sujeto inspeccionado de cumplir con el pago íntegro y oportuno de la compensación por tiempo de servicios), de la parte considerativa de la resolución, pues se aprecia que se incurrió en error material al momento de invocar el Acta de Infracción emitida por el inspector comisionado:

Que, advertido el error material incurrido en la Resolución de Intendencia N° 005-2022- SUNAFIL/IRE-LIB, de fecha 10 de enero de 2022, y considerando que los mismos no alteran los aspectos sustanciales de dicha resolución, ni constituye la extinción o una modificación esencial de este acto, resulta necesario rectificar de oficio, el error material incurrido, conforme a la regulación establecida en el TUO de la LPAG y el Reglamento del Tribunal.

Lo anterior se sostiene dado que la decisión final no ha sido cambiada como resultado del error incurrido por la Administración. Ello no soslaya el debido cuidado que debe tener la Administración y el deber de diligencia que conlleva la actuación como autoridad instructora, sancionadora o revisora, en el caso del recurso de apelación.

En el ejercicio de la labor inspectiva, los inspectores de trabajo se encuentran facultados a realizar sus labores orientadas a la vigilancia y exigencia del cumplimiento del ordenamiento sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo, por lo que pueden adoptar acciones orientadas a ello, entre las que se encuentra la emisión de los requerimientos de comparecencia y de las medidas inspectivas de requerimiento.

Así lo estipula el numeral 3.1 del artículo 5 de la LGIT: “En el desarrollo de las funciones de inspección, los inspectores de trabajo que estén debidamente acreditados, están investidos de autoridad y facultados para proceder a practicar cualquier diligencia de investigación, examen o prueba que considere necesario para comprobar que las disposiciones legales se observan correctamente y, en particular, para requerir información, solo o ante testigos, al sujeto inspeccionado o al personal de la empresa sobre cualquier asunto relativo a la aplicación de las disposiciones legales, así como a exigir la identificación, o razón de su presencia, de las personas que se encuentren en el centro de trabajo inspeccionado”.

En similar sentido, el artículo 11 del mismo dispositivo legal establece que “Las actuaciones inspectivas de investigación se desarrollan mediante requerimiento de información por

Al respecto, el artículo 14 de la LGIT, establece: “(…) Las medidas inspectivas de advertencia y requerimiento se reflejarán por escrito en la forma y modelo oficial que se determine reglamentariamente, debiendo notificarse al sujeto inspeccionado a la finalización de las actuaciones de investigación o con posterioridad a las mismas. Cuando el inspector actuante compruebe la existencia de una infracción al ordenamiento jurídico sociolaboral, requerirá al sujeto responsable de su comisión la adopción, en un plazo determinado, de las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las disposiciones vulneradas. (…)”.

En esa misma línea, el artículo 15 numeral 15.1 del RLGIT establece que “durante el desarrollo de las actuaciones inspectivas los empleadores, los trabajadores y los representantes de ambos, así como los demás sujetos obligados al cumplimiento de las normas sociolaborales, prestarán la colaboración que precisen los inspectores del trabajo para el adecuado ejercicio de las funciones encomendadas, de acuerdo con lo prescrito en el artículo 9 de la Ley”.

Y es que, de acuerdo a lo señalado en el artículo 9 de la LGIT: “Los empleadores, los trabajadores y los representantes de ambos, así como los demás sujetos responsables del cumplimiento de las normas del orden sociolaboral, están obligados a colaborar con los Supervisores-Inspectores, los Inspectores del Trabajo y los Inspectores Auxiliares cuando sean requeridos para ello. En particular y en cumplimiento de dicha obligación de colaboración deberán: (...) e) Facilitarles la información y documentación necesarias para el desarrollo de sus funciones”.

En similar sentido, el artículo 17 del RLGIT, establece en su numeral 17.2: “Si en el desarrollo de las actuaciones de investigación o comprobatorias se advierte la comisión de infracciones, los inspectores del trabajo emiten medidas de advertencia, requerimiento, (…), según corresponda, a fin de garantizar el cumplimiento de las normas objeto de fiscalización”

Consecuentemente, de acuerdo con el artículo 36 de la citada la LGIT, son infracciones a la labor inspectiva contrarias al deber de colaboración, las acciones u omisiones de los sujetos obligados, sus representantes, personas dependientes o de su ámbito organizativo, sean o no trabajadores, que perjudiquen la labor de los Supervisores–Inspectores, Inspectores del Trabajo o Inspectores Auxiliares. Tales infracciones pueden consistir en: 1) La negativa injustificada o el impedimento a que se realice una inspección en un centro de trabajo o en determinadas áreas del mismo, efectuado por el empleador, su representante o dependientes, trabajadores o no de la empresa, por órdenes o directivas de aquél. El impedimento puede ser directo o indirecto, perjudicando o dilatando la labor del inspector actuante de manera tal que no permita el cumplimiento de la fiscalización, o negándose a prestarle el apoyo necesario. Constituye acto de obstrucción, obstaculizar las investigaciones del inspector y obstaculizar o impedir la participación del trabajador o su representante o de los trabajadores o la organización sindical. 2) El abandono de la diligencia inspectiva, que se produce cuando alguna de las partes, luego de iniciada ésta, deja el lugar de la diligencia. 3) La inasistencia a la diligencia, cuando las partes hayan sido debidamente citadas, por el Inspector del Trabajo o la Autoridad Administrativa de Trabajo y éstas no concurren.

Sobre el particular, los Vocales integrantes de la Primera Sala del Tribunal de Fiscalización Laboral de la SUNAFIL, reunidos en Sala Plena, de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 2 del Reglamento del Tribunal, emitieron el Acuerdo Plenario contenido en la Resolución de Sala Plena N° 001-2021-SUNAFIL/TFL, del 30 de julio de 202111, el cual, incorpora un conjunto de criterios resolutivos cuya observancia y aplicación resulta obligatoria a todas las entidades conformantes del Sistema de Inspección del Trabajo. En dicho Acuerdo Plenario, se estableció como criterio vinculante, entre otros, el fundamento jurídico N° 9, relacionado a la naturaleza jurídica de las infracciones a la labor inspectiva:

Como se evidencia de las normas acotadas, las actuaciones inspectivas están orientadas a la vigilancia y exigencia del cumplimiento del ordenamiento sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo, previo al procedimiento administrativo sancionador. Dada la trascendencia de dichas actuaciones, la naturaleza jurídica de las infracciones a la labor inspectiva es inequívocamente, de carácter principal e independiente de otras posibles infracciones referentes a aspectos sustantivos.

Asimismo, se debe tener considerar el Acuerdo Plenario contenido en la Resolución de Sala Plena N° 002-2021-SUNAFIL/TFL de 29 de octubre de 2021, la Sala Plena del Tribunal, estableció entre otros, el siguiente criterio vinculante, referido a los principios de razonabilidad y culpabilidad en la imposición de medidas de requerimiento de pago ante la imposibilidad acreditada de cumplir obligaciones económicas a empresas del sector privado:

Lo anterior implica que la autoridad administrativa, previo a dictar una medida de requerimiento cuya obligación es económica, deba analizar las implicancias particulares invocadas por cada administrado, así como su comportamiento dentro del procedimiento inspectivo, ello a fin de identificar o desvirtuar la existencia de alguna situación exculpante de responsabilidad, en estricto apego al principio de culpabilidad.

En el presente caso, el Inspector comisionado, identificó el incumplimiento de obligaciones en materia sociolaboral, respecto a 25 trabajadores de la impugnante. Por tal motivo, le notificó vía casilla electrónica, la medida inspectiva de requerimiento de fecha 01 de diciembre de 2020, el cual tenía por objeto que la impugnante acredite en el plazo de tres (03) días hábiles, la subsanación del incumplimiento advertido, a favor de los trabajadores afectados:

Al vencimiento del plazo concedido, y estando a la verificación efectuada por el Inspector Actuante, este emitió el Acta de Infracción, en cuyo numeral 4.7, dejó constancia que el sujeto inspeccionado no ha cumplido con acreditar cumplimiento de la Medida de Requerimiento en la fecha y hora de cumplimiento de la misma. Asimismo, en dicha Acta de Infracción, el Inspector concluyó que la impugnante cometió, entre otra, la infracción prevista en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT.

No obstante, se aprecia en el numeral 4.6 del Acta de Infracción, que en fecha 01 de diciembre del 2020, el Inspector habría tomado conocimiento de la imposibilidad de la impugnante, de cumplir oportunamente lo requerido, conforme se transcribe a continuación:

De la revisión del expediente inspectivo se aprecia que efectivamente, el 01 de diciembre del 2020, la impugnante presentó la carta N° 154-2020-JUASHM/MOCHE, en la cual manifestó la imposibilidad de cumplir el requerimiento inspectivo, dentro del plazo asignado, dado que las cuentas autorizadas de su empresa se encontraban temporalmente bloqueadas, debido al retiro de firma de uno de los ex miembros del Comité de Administración Temporal, y para desbloquear las referidas cuentas, hacia la falta la vigencia de poder emitida por el Registro Público, lo cual, a dicha fecha, se encontraría en trámite.

De lo anterior, se aprecia que, dentro del plazo fijado, la impugnante adjuntó documentación que acredita su imposibilidad de cumplir tal requerimiento en el plazo fijado, pese a ello, el inspector no emitió ningún tipo de pronunciamiento ni desplegó alguna acción destinada a corroborar lo dicho por la impugnante, de conformidad con los alcances del principio de verdad material y razonabilidad. Por lo que, habiéndose valorado las circunstancias particulares del caso y el comportamiento de la inspeccionada, resulta pertinente acoger lo alegado en este extremo, dejando sin efecto la sanción por incumplir el requerimiento de información de fecha 01 de diciembre de 2020, careciendo de objeto pronunciarse sobre los demás argumentos.

Por lo expuesto, corresponde acoger en parte el recurso de revisión, revocando la sanción impuesta por el incumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento de fecha 01 de diciembre del 2020, dejando sin efecto la multa impuesta por la comisión de la infracción muy grave a la labor inspectiva tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT, careciendo de objeto emitir pronunciamiento sobre los demás argumentos.