Junta de Propietarios del Mercado Central de Huaraz Virgen de Fatima — Res. 1121-2023

Mediante Orden de Inspección N° 380-2021-SUNAFIL/IRE-ANC, se dio inicio a las actuaciones inspectivas de investigación, con el objeto de verificar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral1, que culminaron con la emisión del Acta de Infracción N° 318-2021-SUNAFIL/IRE-ANC (en adelante, el Acta de Infracción), mediante la cual se propuso sanción económica a la impugnante por la comisión de una (1) infracción muy grave en materia de relaciones laborales, por no acreditar el pago de horas extras de los meses de febrero a abril de 2021, así como por la comisión de una (1) infracción muy grave a la labor inspectiva, por la negativa a cumplir con la medida inspectiva de requerimiento de fecha 31 de mayo de 2021, en la que se solicitaba acreditar el pago de las horas extras a favor del trabajador Pichardo Uribe Rusbell José.

Que, mediante Imputación de Cargos N° 419-2021-SUNAFIL/IRE-ANC, de fecha 18 de noviembre de 2021, notificado el 26 de noviembre de 2021, se dio inicio a la etapa instructiva, remitiéndose el Acta de Infracción y otorgándose un plazo de cinco (05) días hábiles para la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal e) del numeral 53.2 del artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT).

De conformidad con el literal g) del numeral 53.2 del artículo 53° del RLGIT, la autoridad instructora emitió el Informe Final de Instrucción N° 034-2022-SUNAFIL/IRE-ANC-SIAI, de fecha 10 de febrero del 2022 (en adelante, el Informe Final), que determinó la existencia de las conductas infractoras imputadas a la impugnante, recomendando continuar con el procedimiento administrativo sancionador. Por lo cual procedió a remitir el Informe Final y los actuados a la Sub Intendencia de Resolución de la Intendencia Regional de Apurímac, la cual mediante Resolución de Sub Intendencia N° 62-2022-SUNAFIL/IRE-ANC/SIRE, de fecha 4 de marzo de 2022, notificada el 7 de marzo de 2022, multó a la impugnante por la suma de S/ 23,144.00, por haber incurrido en las siguientes infracciones:

Con fecha 25 de marzo de 2022, la impugnante interpuso recurso de apelación contra la Resolución de Sub Intendencia N° 62-2022-SUNAFIL/IRE-ANC/SIRE, argumentando lo siguiente:

Mediante Resolución de Intendencia N° 063-2022-SUNAFIL/IRE-ANC, de fecha 9 de agosto de 20222, la Intendencia Regional de Apurímac declaró fundado en parte el recurso de apelación interpuesto por la impugnante, reformando la sanción impuesta a la suma de S/ 15,043.00, por considerar los siguientes puntos:

Con escrito de fecha 5 de setiembre de 2022, la impugnante presentó ante la Intendencia Regional de Ancash el recurso de revisión en contra de la Resolución de Intendencia N° 063-2022-SUNAFIL/IRE-ANC.

La Intendencia Regional de Ancash admitió a trámite el recurso de revisión y elevó los actuados al Tribunal de Fiscalización Laboral, mediante Memorándum N° 856-2022- SUNAFIL/IRE-ANC, recibido el 9 de setiembre de 2022 por el Tribunal de Fiscalización Laboral.

Mediante el artículo 1 de la Ley N° 299813, se crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (en adelante, SUNAFIL), disponiéndose en el artículo 7 de la misma Ley que, para el cumplimiento de sus fines, la SUNAFIL contará dentro de su estructura orgánica con un Tribunal de Fiscalización Laboral.

Asimismo, de conformidad con el artículo 15 de la Ley N° 299814, en concordancia con el artículo 41 de la Ley General de Inspección del Trabajo5 (en adelante, LGIT), el artículo 17 del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR6, y el artículo 2 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR7 (en adelante, el Reglamento

El artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG) establece que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de éstos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe otorgarle esta facultad al administrado mediante un ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días respectivamente.

Así, el artículo 49 de la LGIT, modificada por el Decreto Legislativo N° 1499, define al recurso de revisión como un recurso administrativo del procedimiento administrativo sancionador con carácter excepcional, interpuesto ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos de que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral, estableciéndose en el artículo 55 del RGLIT, modificado por Decreto Supremo N° 016- 2017-TR, que los requisitos de admisibilidad y procedencia se desarrollarían en el Reglamento del Tribunal.

El Reglamento del Tribunal establece que la finalidad del recurso de revisión es “la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias8.

En ese sentido, es el mismo reglamento el que delimita la competencia del Tribunal a las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias, estableciéndose en el artículo 17 del Reglamento del Tribunal que se encuentra facultado para rectificar, integrar, excluir e interpretar la resolución emitida por la segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas.

En esta línea argumentativa, la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral comprende también la adecuación a la Constitución, a las leyes y al derecho, de conformidad con el principio de legalidad, que debe de caracterizar al comportamiento de las autoridades administrativas.

De la revisión de los actuados, se ha identificado que la JUNTA DE PROPIETARIOS DEL MERCADO CENTRAL DE HUARAZ VIRGEN DE FATIMA presentó el recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 063-2022-SUNAFIL/IRE-ANC, que reformó la sanción a la suma de S/ 15,043.00, por la comisión de dos (2) infracciones MUY GRAVES, tipificadas en el numeral 25.6 del artículo 25 y numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT, dentro del plazo legal de quince (15) días hábiles, computados a partir del día siguiente hábil de la notificación de la citada resolución; el 12 de agosto de 2022.

Así, al haberse identificado que el recurso interpuesto por el solicitante cumple con los requisitos legales previstos en el Reglamento del Tribunal y en las normas antes citadas, corresponde analizar los argumentos planteados por la JUNTA DE PROPIETARIOS DEL MERCADO CENTRAL DE HUARAZ VIRGEN DE FATIMA.

La impugnante alega haber reconocido y cumplido con efectuar el pago por horas extras a favor de sus trabajadores. Sobre el particular, es oportuno señalar que, en concordancia con el desarrollo de los fundamentos 13 y siguientes de la sentencia recaída en el Expediente N° 4635-2004-AA/TC, el Tribunal Constitucional ha dispuesto que los alcances referidos a la jornada de trabajo, el horario y el trabajo en sobretiempo deben entenderse de conformidad con lo dispuesto por el artículo 2 del Convenio N° 1 de la OIT9, el artículo 25 de la Constitución Política del Perú10, los precedentes vinculantes que sobre el particular emita el Tribunal Constitucional y la norma especial sobre la materia.

En dicho contexto, según el fundamento 15 de la sentencia citada, “las jornadas de trabajo de ocho horas diarias y de cuarenta y ocho semanales son prescritas como máximas en cuanto a su duración”.

Asimismo, debemos indicar que el artículo 10 del TUO de la Ley de Jornada de Trabajo, prescribe que “el tiempo trabajado que exceda a la jornada diaria o semanal se considera sobretiempo y se abona con un recargo a convenir, que para las dos primeras horas no podrá ser inferior al veinticinco por ciento (25%) por hora calculado sobre la remuneración percibida por el trabajador en función del valor hora correspondiente y treinta y cinco por ciento (35%) para las horas restantes”.

Por tanto, como puede desprenderse de la norma antes citada, bastará que el inspector corrobore la existencia de tiempo trabajado que exceda a la jornada diaria o semanal para que la misma sea considerada como en sobretiempo y se requiera que se abone, con un recargo, conforme lo establece la norma de la materia.

En el caso sub examine, el inspector comisionado constató que la impugnante no ha cumplido con el pago en sobretiempo, señalando en el numeral 4.5 del acta de infracción: “(…) Por lo antes expuesto, no existe evidencia alguna sobre la existencia de lapsos de inactividad durante la prestación de servicios de los trabajadores comprendidos en la presente investigación, durante labores efectuadas en el horario de 06:00 a 18:00 horas, sino por el contrario, con las visitas inspectivas realizadas al centro de trabajo y de la revisión de la documentación exhibida por el sujeto inspeccionado, se ha evidenciado que durante su jornada laboral prestan servicios de manera permanente, dado que sus funciones así lo requieren durante dicho horario, habiendo un constante ingreso y salida de personas al centro de trabajo del sujeto inspeccionado durante el horario de 06:00 a 18:00 horas, lo cual constituye un requisito para que los trabajadores (VIGILANTES) mantengan una actitud alerta y vigilante durante la jornada de 06:00 a 18:00 horas (excluyendo de dicha jornada el valor de los refrigerios de desayuno y almuerzo de 01 :30 horas en total al día). Se verifica que el sujeto inspeccionado no ha acreditado el pago de las horas laboradas en sobretiempo conforme se detalla en el CUADRO Nº 02, CUADRO Nº 03 y CUADRO N° 04, respecto a los meses de febrero, marzo y abril de 2021”.

Asimismo, en el numeral 4.6 del acta de infracción, el comisionado verificó que: “(…) De la revisión de la documentación remitida por el sujeto inspeccionado se concluye que este no ha acreditado el pago correspondiente a las horas extras de la totalidad de los trabajadores comprendidos en el Medida lnspectiva de Requerimiento de fecha 31/05/221”. (…) Respecto al trabajador: Pichardo Uribe Rusbell José, el sujeto inspeccionado ha remitido información sobre el pago parcial por las horas extras laboradas en los meses de febrero, marzo y abril de 2021, habiendo acreditado el pago de 100 soles en cada uno de los meses, monto que no representa al monto íntegro que le corresponde por dicho concepto, verificándose que la planilla de pago por horas extras de los meses de febrero, marzo y abril de 2021, no se encuentran suscritos por dicho trabajador. Por lo que no acredita el pago íntegro por horas extras correspondiente a los meses de febrero, marzo y abril de 2021”.

En ese entendido, contrario a lo señalado por la impugnante, la conducta imputada no es el reconocimiento de pago por horas extras, pues no es un hecho materia de controversia, que inclusive ha sido aceptada por la misma impugnante a lo largo del presente procedimiento administrativo sancionador. Así, debe quedar claro que la conducta imputada es el no cumplimiento del pago por dicho concepto.

Al respecto, la impugnante reitera el mismo argumento planteado ante las instancias anteriores, referente a que el trabajador afectado se encontraba de licencia, lo que imposibilitó cumplir con el pago requerido. Sobre el particular, las referidas instancias han emitido pronunciamiento al respecto, argumentos que esta Sala comparte, pues el hecho de que el trabajador se encontraba de licencia no constituía impedimento para efectuar el pago por las horas extras adeudas, pudiendo haber adoptado las acciones necesarias para cumplir con lo requerido. Así, se advierte que la impugnante se limita solo a señalar que el trabajador se encontraba de licencia, no presentando medio probatorio alguno de las acciones adoptadas con la finalidad de cumplir con efectuar el pago, en atención a lo solicitado en la medida inspectiva de requerimiento. Por lo que, el criterio adoptado por las instancias previas resulta razonable, habiéndose determinado la responsabilidad de la impugnante, no correspondiendo acoger dicho extremo del recurso de revisión.

Cabe señalar que alegar desconocimiento de la información del trabajador, y la imposibilidad de efectuar la consignación judicial, no resulta razonable ni suficiente para acreditar el cumplimiento de lo requerido, pues como se ha señalado, no se presenta medio probatorio alguno de las acciones adoptadas para lograr el cumplimiento de lo requerido. Asimismo, el pago a algunos de los trabajadores afectados, no puede ser entendido como eximente de responsabilidad por el cumplimiento de lo requerido respecto de los demás trabajadores afectados y sobre los que no se dio cumplimiento. Por lo que, no corresponde acoger dicho extremo del recurso de revisión, no advirtiéndose vulneración alguna a los principios de razonabilidad y culpabilidad.

Por lo tanto, conforme a los considerandos antes expuestos, se tiene que la impugnante ha incurrido en la infracción muy grave imputada, tipificada en el numeral 25.6 del artículo 25 del RLGIT, no correspondiendo acoger dichos extremos del recurso de revisión.

En el ejercicio de la labor inspectiva, los inspectores de trabajo se encuentran facultados a realizar sus labores orientadas a la vigilancia y exigencia del cumplimiento del ordenamiento sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo, por lo que, pueden adoptar acciones orientadas a ello, entre las que se encuentra la emisión de medidas inspectivas de requerimiento.

El artículo 14 de la LGIT establece lo siguiente, respecto de las medidas de requerimiento: “Las medidas inspectivas de advertencia y requerimiento se reflejarán

Por ello, la LGIT señala que la emisión de medidas de requerimiento constituye una potestad de los inspectores de trabajo11, con la finalidad de garantizar el cumplimiento de las normas objeto de fiscalización en aquellos supuestos en los que la autoridad determine que la vulneración o infracción del ordenamiento jurídico es subsanable dentro de un plazo razonable12, calificándose como una infracción a la labor inspectiva el incumplimiento del mandato dictado por el inspector13.

Es decir, la naturaleza jurídica de la medida inspectiva de requerimiento es la de ser una medida correctiva que tiene como objeto revertir los efectos de la ilegalidad de la conducta cometida por el inspeccionado de manera previa al inicio del procedimiento sancionador14. En aquellos casos en los que el inspector tiene conocimiento de la insubsanabilidad de la conducta o de la imposibilidad del sujeto inspeccionado de

Al respecto, de autos se observa que la medida inspectiva de requerimiento, de fecha 31 de mayo de 202116, contenía el siguiente mandato: “Acreditar el pago de horas extras (sobretiempo) detalladas en el cuadro N° 02, cuadro N° 03 y cuadro N° 04, correspondientes a los meses de febrero, marzo y abril de 2021, respectivamente, a favor de los trabajadores comprendidos en el cuadro N° 01, conforme a ley”. Otorgando para dicho efecto, un plazo máximo de tres (3) días hábiles para la adopción de las medidas requeridas, bajo apercibimiento de multa en caso de incumplimiento.

En mérito a dichos requerimientos, la impugnante, dentro del plazo otorgado, presentó documentación, conforme se advierte del numeral 4.6 de los hechos constatados en el acta de infracción. Sin embargo, como se ha dejado constancia de los mismos numerales, no cumplió con acreditar todas las obligaciones requeridas, proponiéndose sanción por dicho incumplimiento.

Es oportuno señalar que, este Tribunal mediante Resolución de Sala Plena N° 001-2021- SUNAFIL/TFL, que constituye precedente de observancia obligatoria, reconoce la naturaleza independiente de las infracciones contra la labor inspectiva, señalando: “los actos o hechos que impiden o dificulten la labor inspectiva y que se consignan en el acta de infracción, constituyen infracciones que no tienen una naturaleza secundaria, adjunta ni dependiente respecto de posibles infracciones ocurridas y detectadas en la visita inspectiva, referentes a aspectos sustantivos objeto de control por la inspección del trabajo”. Por lo que, su configuración se efectúa independientemente de las infracciones al ordenamiento jurídico sociolaboral o en materia de SST, que se detecten.

Además, debemos tener en cuenta que, las infracciones a la labor inspectiva son de comisión inmediata e insubsanables17, lo que implica que se configuran y consuman en el momento en el que se realizaron, no siendo factible retrotraer en el tiempo y

De la revisión de la medida inspectiva de requerimiento se advierte que la inspectora comisionada ha realizado una correcta aplicación de los artículos 1418 de la LGIT y 17.219 del RLGIT, referente a que para la emisión de una medida inspectiva de requerimiento, resulta de vital importancia que se compruebe la existencia de una infracción al ordenamiento jurídico sociolaboral, cumpliendo con la aplicación del principio de legalidad, conforme se advierte, de los fundamentos de la medida inspectiva de requerimiento. En tal sentido, se advierte que el comisionado efectuó la correcta determinación de la conducta infractora imputada, la identificación de los periodos de incumplimiento y la individualización de los trabajadores afectados, por lo que, la medida de requerimiento referida, se encuentra correctamente emitida.

Por lo tanto, la impugnante se encontraba en la obligación de dar cumplimiento a dicha medida de requerimiento de manera íntegra, esto es, a cada uno de los requerimientos efectuados por el comisionado; supuesto que, como se ha señalado, no ha cumplido. En tal sentido, en aplicación del principio de razonabilidad, y luego de la valoración, por parte del inspector comisionado y esta Sala, de los hechos y medios probatorios aportados, se evidencia el incumplimiento del deber de colaboración por parte de la impugnante, así como el no cumplimiento íntegro de lo solicitado en la medida inspectiva de requerimiento, correspondiendo confirma la sanción por dicha infracción. Cabe señalar que, la acreditación del cumplimiento del pago requerido, durante el procedimiento administrativo sancionador, no puede subsanar la infracción a la labor inspectiva imputada, pues el plazo para dicha subsanación ya se había cumplido. Por lo que, no corresponde amparar dichos extremos del recurso de revisión.

Finalmente, a título informativo se señala que, conforme fluye del expediente remitido, las multas subsistentes como resultado del procedimiento administrativo sancionador serían las que corresponden a las siguientes infracciones:

Cabe precisar que este detalle se provee a título informativo y cualquier error de hecho o de derecho durante la tramitación del expediente que resultara en un error, omisión o impresición en las materias, cantidad, conducta, tipificación legal, clasificación o cuantía, resulta de exclusiva responsabilidad de la Intendencia respectiva.