JTR Consultores S.A.C — Res. 1262-2025

Mediante Orden de Inspección N° 22066-2020-SUNAFIL/ILM, se dio inicio a las actuaciones inspectivas de investigación, con el objeto de verificar el cumplimiento del ordenamiento en materia de relaciones laborales2, que culminaron con la emisión del Acta de Infracción N° 3000-2020-SUNAFIL/ILM (en adelante, el Acta de Infracción), mediante la cual se propuso sanción económica a la impugnante por la comisión de dos (02) infracciones muy graves en materia a la labor inspectiva por no facilitar la información solicitada y por negar injustificadamente el ingreso al centro de trabajo.

Que, mediante Imputación de Cargos N° 750-2022-SUNAFIL/ILM/AI3, de fecha 07 de marzo de 2022, notificada el 09 de marzo de 2022, se dio inicio a la etapa instructiva, remitiéndose el Acta de Infracción y otorgándose un plazo de cinco (05) días hábiles para la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal e) del numeral 53.2 del artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT).

De conformidad con el literal g) del numeral 53.2 del artículo 53° del RLGIT, la autoridad instructora emitió el Informe Final de Instrucción N° 1095-2022-SUNAFIL/ILM/AI3, de fecha 23 de mayo de 2022 (en adelante, el Informe Final), que determinó la existencia de la conducta infractora imputada a la impugnante, recomendando continuar con el procedimiento administrativo sancionador. Por lo cual, procedió a remitir el Informe Final y los actuados a la Subintendencia de Resolución 1 (actualmente, Subintendencia de Sanción 1) de la Intendencia de Lima Metropolitana, la cual mediante Resolución de Sub Intendencia N° 1175-2022-SUNAFIL/ILM/SISA1, de fecha 26 de octubre de 2022, notificada el 28 de octubre de 2022, multó a la impugnante por la suma de S/ 989.00, por haber incurrido en la siguiente infracción:

Con fecha 17 de noviembre de 2022, la impugnante interpuso recurso de apelación3 contra la Resolución de Sub Intendencia N° 1175-2022-SUNAFIL/ILM/SISA1, argumentando lo siguiente:

Mediante Resolución de Intendencia N° 0060-2023-SUNAFIL/ILM, de fecha 23 de enero de 20234, la Intendencia de Lima Metropolitana declaró infundado el recurso de apelación por considerar lo siguiente:

Con fecha 03 de febrero de 2023, la impugnante presentó ante la Intendencia de Lima Metropolitana el recurso de revisión5 en contra de la Resolución de Intendencia N° 0060- 2023-SUNAFIL/ILM.

La Intendencia de Lima Metropolitana admitió a trámite el recurso de revisión y elevó los actuados al Tribunal de Fiscalización Laboral, mediante MEMORANDUM-002791-2023- SUNAFIL/ILM, recibido el 12 de septiembre de 2023 por el Tribunal de Fiscalización Laboral.

Mediante el artículo 1 de la Ley N° 299816, se crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (en adelante, SUNAFIL), disponiéndose en el artículo 7 de la misma Ley que, para el cumplimiento de sus fines, la SUNAFIL contará dentro de su estructura orgánica con un Tribunal de Fiscalización Laboral.

Asimismo, de conformidad con el artículo 15 de la Ley N° 299817, en concordancia con el artículo 41 de la Ley General de Inspección del Trabajo8 (en adelante, LGIT), el artículo 17 del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR9, y el artículo 2 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR10 (en adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

El artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG) establece que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de éstos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe de otorgarle esta facultad al administrado mediante una ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días respectivamente.

Así, el artículo 49 de la LGIT, modificada por el Decreto Legislativo N° 1499, define al recurso de revisión como un recurso administrativo del procedimiento administrativo sancionador con carácter excepcional, interpuesto ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos de que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral,

El Reglamento del Tribunal establece que la finalidad del recurso de revisión es “la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias11.

En ese sentido, es el mismo reglamento el que delimita la competencia del Tribunal a las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias, estableciéndose en el artículo 17 del Reglamento del Tribunal que se encuentra facultado para rectificar, integrar, excluir e interpretar la resolución emitida por la segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas.

En esta línea argumentativa, la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral comprende también la adecuación a la Constitución, a las leyes y al derecho, de conformidad con el principio de legalidad, que debe de caracterizar al comportamiento de las autoridades administrativas.

De la revisión de los actuados, se ha identificado que JTR CONSULTORES S.A.C., presentó el recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 0060-2023-SUNAFIL/ILM, emitida por la Intendencia de Lima Metropolitana, que confirmó la sanción impuesta de S/ 989.00 por la comisión de una (01) infracción muy grave a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT, dentro del plazo legal de quince (15) días hábiles, computados a partir del día siguiente hábil de la notificación de la citada resolución; esto es, el 26 de enero de 2023.

Así, al haberse identificado que el recurso interpuesto por el solicitante cumple con los requisitos legales previstos en el Reglamento del Tribunal y en las normas antes citadas, corresponde analizar los argumentos planteados por la JTR CONSULTORES S.A.C.

Como parte de los alegatos del recurso de revisión, esta Sala ha identificado que la impugnante cuestiona en una presunta vulneración al derecho de defensa, el cual constituye en un elemento esencial del debido procedimiento, así como al derecho de defensa. Por ende, corresponde en primer término, emitir pronunciamiento sobre esta causal, dado los efectos nulificantes que posee en caso de advertirse su inobservancia en el presente procedimiento administrativo.

Al respecto, el artículo 44 inciso a) de la LGIT, establece como uno de los principios del procedimiento sancionador a la observancia al debido proceso. Se trata de un derecho material “por el que las partes gozan de todos los derechos y garantías inherentes al procedimiento sancionador, de manera que les permita exponer sus argumentos de defensa, ofrecer pruebas y obtener una decisión por parte de la Autoridad Administrativa de Trabajo debidamente fundada en hechos y en derecho”.

En ese entendido, es oportuno hacer referencia que, en todo procedimiento administrativo sancionador existe la obligación de observar las reglas que informan y regulan el procedimiento administrativo. En esa línea, conforme ha señalado el Tribunal Constitucional Peruano, el fundamento de dicha obligación nace de la Constitución Política del Perú, que en su artículo 139 establece como un derecho de la función jurisdiccional, aplicable en sede administrativa, la “observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional”12.

Al respecto, el numeral 1.2 del Art. IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, establece que, los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. Asimismo, la institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo y la regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo (énfasis añadido).

Sobre el particular, el artículo 20 de la norma antes citada establece lo siguiente:

Por su parte el artículo 21 del TUO de la LPAG, prescribe:

En el acto de notificación personal debe entregarse copia del acto notificado y señalar la fecha y hora en que es efectuada, recabando el nombre y firma de la persona con quien se entienda la diligencia. Si ésta se niega a firmar o recibir copia del acto notificado, se hará constar así en el acta, teniéndose por bien notificado. En este caso la notificación dejará constancia de las características del lugar donde se ha notificado.

La notificación personal, se entenderá con la persona que deba ser notificada o su representante legal, pero de no hallarse presente cualquiera de los dos en el momento de entregar la notificación, podrá entenderse con la persona que se encuentre en dicho domicilio, dejándose constancia de su nombre, documento de identidad y de su relación con el administrado. (…)”-.

Mientras que la Directiva sobre el ejercicio de la Función Inspectiva- Directiva N° 001- 2020- SUNAFIL/INII, aprobada el 03 de febrero de 2020, aprobada por la Resolución de Superintendencia N° 031-2020-SUNAFIL y, vigente a la fecha de la emisión del Requerimiento de información materia del reproche administrativo. Dispuso lo siguiente en su ítem 7.8.5.:

Lo que es reafirmado en la versión 2 de la Directiva N° 001-2020-SUNAFIL/INII, aprobada por la Resolución de Superintendencia N° 216-2021-SUNAFIL de fecha 10 de agosto de 2021:

Para efectos únicamente de la notificación personal de los documentos previamente señalados, debe entenderse como domicilio conocido del sujeto inspeccionado al centro de trabajo donde los supuestos trabajadores afectados ejecutan o ejecutaron la prestación laboral y en el cual se realizan las actuaciones inspectivas, o alternativamente, el declarado ante la SUNAT como domicilio fiscal, establecimiento anexo, establecimiento permanente u otro” (énfasis añadido).

De lo expuesto, se verifica que el bloque de legalidad compuesto por el TUO de la LPAG, así como la Directiva que la desarrolla, permite advertir que el domicilio para realizar la

Como se puede observar, el domicilio identificado desde la emisión de la orden de inspección se encuentra en correlato, no solo con la información que obra en las actuaciones previas a la generación de la orden, sino de la propia constatación del inspector de trabajo, quien se apersonó en el domicilio fiscal de la empresa a notificar el requerimiento correspondiente. Las normas previamente señaladas tampoco exigen que el inspector de trabajo determine, como cuestión previa, la existencia de vínculo laboral entre la persona que se identifica como conserje (quien recibe el documento) y la impugnante.

Sin embargo, se debe prever que para que la notificación en el domicilio consignado en la orden de inspección resultara válido y coherente con el bloque de legalidad antes señalado y, en consecuencia, que se corrobore la validez de la notificación, debe advertirse que se siguió con lo dispuesto en el numeral 21.4 del artículo 21 del TUO de la LPAG, esto es, identificar a la persona a quien se hizo entrega del documento a notificarse, dejándose constancia de su nombre, documento de identidad y de su relación con el administrado.

Al respecto, parte de los alegatos de la impugnante se sustentan en que nunca recibieron la notificación porque ésta no les fue entregada, desconociendo algún vínculo laboral con la persona que recibe la notificación, negando su vínculo con la empresa. De la revisión del acuse de recibido de la notificación del requerimiento de información de fecha 04 de setiembre de 2020, no obra referencia alguna sobre el cargo que ostentaba quien recibe el documento, tal como se corrobora a continuación:

Esta omisión de la descripción del cargo –a consideración de esta Sala– toma un especial matiz cuando se analizan los argumentos y los documentos que se han venido presentando de manera reiterada desde la presentación de descargos luego de ser notificada la imputación de cargos, donde la impugnante refirió no haber sido debidamente notificada en su domicilio, negando contar con conserje y que en ningún momento el señalado estuvo vinculado a la empresa, razón suficiente para que las notificaciones efectuadas no sean consideradas como válidas.

En ese sentido, el acuse de notificación que obra a folios 61 del expediente de actuaciones inspectivas de investigación no acredita de manera fidedigna que la notificación haya sido válidamente efectuada en el domicilio de la impugnante; por el contrario, de una lectura conjunta de los documentos que ha venido acompañando, es razonable entender que la notificación se ha efectuado sin seguir los alcances previstos en el numeral 21.4 del artículo 21 del TUO de la LPAG, como lo ha venido sosteniendo la impugnante.

Sin perjuicio de lo antes señalado, también a juicio de esta Sala, si bien un trabajador conserje pudiera estar instruido para trasladar documentación que se le presenta para que pueda ser remitida al órgano respectivo del empleador (en el caso: el requerimiento de información, con la referencia a una posible sanción económica en caso se incumpliese), no se explica o aclara, en el Acta de Infracción ni en documento alguno del expediente respectivo, si el inspector actuante estableció la línea de comunicación entre este trabajador y los órganos correspondientes de la compañía. Así, por más que constan las anotaciones por parte del inspector en relación a que había recibido del trabajador la indicación que éste podía recibir la información, difícilmente ello podría vincular al empleador si es que la comunicación hacia un órgano decisivo no se ha acreditado.

Asimismo, en el numeral 4.4 de los Hechos Constatados del Acta de Infracción, el inspector dejó señalado que el 08 de setiembre de 2020, Flor Yesica (…), D.N.I. N (…) en calidad de Gerente General de la empresa GRUPO DE EMPRESAS (…) con R.U.C. N° (...) remitió un correo electrónico con asunto: “Devolución de documentos”, adjuntando en formato digital la copia de la Constancia de Actuaciones y del Requerimiento de Información Electrónica notificados en la visita del 04 de setiembre de 2020. Cómo sustento de la devolución de la notificación, se adjuntó la propia ficha RUC de esta segunda empresa, en la cual se establece como domicilio fiscal la CALLE LOS TALLANES NRO.273, Int. 102, SANTIAGO DE SURCO, dirección en la cual se realizó la visita inspectiva añadiendo, además, que no está operando a la fecha y que los documentos fueron hallados bajo puerta.

Al respecto, en el numeral 4.6 del Acta de Infracción, se deja constancia que con fecha 15 de setiembre de 2020, el inspector realizó la comprobación de datos de la empresa GRUPO DE EMPRESAS (…) con R.U.C. N° (…), en la página web de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), donde se verificó que la misma declaró, como domicilio fiscal, la dirección CALLE LOS TALLANES NRO.273, Int. 102, SANTIAGO DE SURCO, desde el 29 de setiembre de 2019.

Por tanto, vistos todos los hechos constatados, el inspector debió examinar si la notificación del requerimiento de información había cumplido ciertamente su cometido, dado cuenta que recibió la comunicación de un tercero informando del hallazgo de una notificación bajo puerta y que dicha comunicación le fue efectuada por persona que se identificó como perteneciente a una empresa ajena a la impugnante. Y si bien el inspector de trabajo se apersonó el 14 de septiembre de 2020 a realizar una segunda visita inspectiva a Calle Los Tallanes Nro.273, Santiago de SURCO, no podría reputarse una actitud incumplidora de la impugnante dada las observaciones efectuadas a la notificación realizada y los hechos puestos de conocimiento al personal inspectivo. Del mismo modo, tampoco se ha dejado acreditado el que se le haya inquirido al mismo vigilante, preceptos de la citación y sobre el destino de la primera practicada.

Por otro lado, de la revisión del procedimiento administrativo sancionador, se advierte que parte de los argumentos esgrimidos por la impugnante en su descargo al informe final de instrucción, cuestionan la notificación del requerimiento de información de fecha 04 de septiembre de 2020. Ahora bien, en el presente caso se observa que la Resolución de Sub Intendencia N° 1175-2022-SUNAFIL/ILM/SISA1, señala lo siguiente:

Si bien la Sub Intendencia de Sanción sustenta que el inspector está facultado para efectuar requerimientos de información y que, en caso de no encontrarse el sujeto inspeccionado o su representante legal en el centro de trabajo o en el lugar donde se ejecutó la prestación laboral, se realizará la diligencia de notificación con aquel que se encuentre en el centro de trabajo sea o no trabajador, de conformidad con el numeral 21.4 del artículo 21 del TUO de la LPAG, no se advierte que esta haya evaluado correctamente la idoneidad de la misma, dado que el inspector de trabajo no consignó en el acuse de notificación la relación de la persona que recibió la notificación con la empresa impugnante, como parte de las formalidades del artículo citado. Del mismo modo, tampoco se ha analizado los demás hechos constatados en el Acta de Infracción que no arrojan luces sobre la eficacia de la diligencia practicada por dicho personal.

Por tanto, se desprende que la Autoridad de Primera Instancia, al momento de emitir la Resolución de Sub Intendencia N° 1175-2022-SUNAFIL/ILM/SISA1, debió realizar un análisis jurídico y fáctico respecto a la validez de la notificación del requerimiento de información de fecha 04 de septiembre de 2020, conforme a lo dispuesto en el numeral 21.4 del artículo 21 del TUO de la LPAG. Dicha situación implica no sólo la nulidad del procedimiento administrativo por causal insubsanable (defecto del requisito de validez) establecida en el inciso 2) del artículo 10° de la Ley N° 27444, sino también la vulneración del derecho al debido proceso de la impugnante, toda vez que no se encuentra acreditado que la impugnante tuvo la posibilidad de tomar conocimiento del requerimiento y, por ende, se le limito la posibilidad de remitir la documentación requerida durante las actuaciones inspectivas debido a la falta de notificación del mismo en la forma y oportunidad a que se refieren el precitado artículo 21 del TUO de la LPAG, lo cual implica, además, la vulneración de su derecho de defensa.

De otro lado, en el recurso de apelación, la impugnante reitera el cuestionamiento vinculado a la notificación del requerimiento de información. Sobre ello, en el fundamento 3.6 de la resolución venida en grado, la Autoridad de Segunda Instancia no ha cumplido con sustentar la idoneidad de la diligencia practicada, limitándose a señalar que el requerimiento fue notificado en la dirección donde se vinieron realizando las actuaciones inspectivas, determinando con ello el que no resulta atendible que la impugnante no haya tenido conocimiento de la notificación efectuada.

Es imperativo recalcar que las instancias del sistema responsables de la tramitación del procedimiento administrativo sancionador deben garantizar que la motivación comprenda todas las alegaciones de los administrados, analizando sus fundamentos de hecho y de derecho; así como sustentando adecuadamente la aplicación, interpretación o integración normativa que corresponda a la absolución de cada una de las alegaciones planteadas, conforme a los precedentes o jurisprudencia constitucionalmente establecidos.

Conforme se detalla, la Resolución de Sub Intendencia (Resolución de Sub Intendencia N° 1175-2022-SUNAFIL/ILM/SISA1, de fecha 26 de octubre de 2022) no ha cumplido con analizar si el requerimiento de información de fecha 04 de septiembre de 2020 fue notificado de conformidad con el numeral 21.4 del artículo 21 del TUO de la LPAG a efectos de cumplir con las exigencias legales de este tipo de notificación.

Es imperativo recalcar que las instancias del sistema responsables de la tramitación del procedimiento administrativo sancionador deben garantizar que la motivación comprenda todos los aspectos relevantes, analizando los fundamentos de hecho y de derecho planteados; así como sustentando adecuadamente la aplicación, interpretación o integración normativa que corresponda a la absolución de cada una de las alegaciones planteadas, conforme a los precedentes o jurisprudencia constitucionalmente establecidos.

Respecto de la forma específica del vicio del acto administrativo identificado, debe precisarse que el Tribunal Constitucional en reiterada jurisprudencia no solo ha identificado sino ratificado el contenido constitucionalmente garantizado del derecho a la debida motivación de las resoluciones, por ejemplo, en la Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 00728-2008-PHC/TC, precisa:

En consecuencia, esta Sala encuentra acreditada la vulneración al debido procedimiento, sustentado en una motivación aparente, la cual se configura ya que la Sub Intendencia si bien da la apariencia de motivación al citar normas y reiterar los hechos constatados por el personal inspectivo, no analiza la validez de la notificación del requerimiento de información efectuado al domicilio del impugnante, deviniendo en que su decisión carece de sustento jurídico alguno.

Cabe precisar que, realizado el análisis de conservación del acto conforme al artículo 14° del TUO de la LPAG, el vicio resulta trascendente y no comprendido en las causales taxativamente consideradas en el precitado artículo por no tratarse de una motivación insuficiente o parcial sino una aparente. Por ello, conforme al numeral 2 del artículo 10° del TUO de la LPAG, el acto deviene en nulo.

Por tanto, resulta imposible convalidar la incongruencia advertida por parte de la Sub Intendencia, que debió de evaluar de manera adecuada los hechos que motivaron el presente procedimiento sancionador, particularmente si se cumplieron los requisitos de validez en relación a la notificación del requerimiento de información.

Lo anterior generó la vulneración del derecho de defensa del administrado13 y al debido procedimiento. Debe recordarse que recae en la Administración el deber de acreditar fehacientemente la conducta antijurídica en el imputado, luego de un procedimiento llevado a cabo con las garantías constitucionalmente reconocidas y reseñadas líneas arriba.

Estando a lo expuesto, este Tribunal ha identificado que la Resolución de Sub Intendencia N° 1175-2022-SUNAFIL/ILM/SISA1, y confirmada por la Resolución de Intendencia N° 0060-2023-SUNAFIL/ILM, incurre en vicio de nulidad y se encuentra dentro del supuesto de hecho contemplado en el numeral 2 del artículo 10° del TUO de la LPAG, dada la existencia de un vicio en el acto administrativo constituido por la motivación aparente.

El artículo 15 de la Ley N° 29981 señala que el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. En ese sentido, el artículo 14 del Reglamento del Tribunal establece que la finalidad del recurso de revisión es “la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema”. Precisa, además, que se sustenta en la “inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal”.

En el caso concreto, se han identificado vicios en el trámite del procedimiento administrativo sancionador que acarrean la nulidad de al menos un acto administrativo expedido por una autoridad del Sistema de Inspección del Trabajo.

En tal sentido, considerando que la Resolución de Sub Intendencia N° 1175-2022- SUNAFIL/ILM/SISA1, de fecha 26 de octubre de 2022, ha sido emitida vulnerando el derecho al debido procedimiento administrativo, de conformidad con el numeral 12.1 del artículo 12 y el numeral 13.1 del artículo 13 del TUO de la LPAG. Por lo que corresponde declarar la nulidad parcial de la citada resolución en el extremo relacionado con la infracción MUY GRAVE tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT, referido al incumplimiento del requerimiento de información, al haberse vulnerado los principios de debido procedimiento y motivación.

Cabe señalar que, la figura de la nulidad parcial permite anular una parte del acto y dejar intacta la otra, separando según la independencia que las mismas puedan brindar respecto de la otra parte. De igual manera permite reconocer otros efectos distintos al acto nulo.14

En tal sentido, subsisten los fundamentos 5.1 al 5.13 del acápite V de la Resolución de Sub Intendencia N° 1175-2022-SUNAFIL/ILM/SISA1, de fecha 26 de octubre de 2022, que determinó no acoger la sanción propuesta sobre la negativa de ingreso al centro de trabajo durante la visita inspectiva de fecha 14 de septiembre de 2020, al no encontrarse vinculados a la causal de nulidad antes señalada.

Conforme a lo anterior, se deberá retrotraer el procedimiento administrativo sancionador al momento en el cual se produjo el vicio inicial; esto es, al momento de emisión de la Resolución de Sub Intendencia respectiva, a efectos que dicha instancia emita una nueva decisión en el extremo de la tipificación de la infracción contenida en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT, y considerando los argumentos contenidos en la presente Resolución, conforme a lo prescrito en el numeral 12.1 del artículo 12 del TUO de la LPAG

De otro lado, corresponde remitir los del presente procedimiento sancionador al Intendente respectivo y a la Gerencia General de SUNAFIL, a efectos que -de ser el caso- procedan conforme a sus competencias, en el marco del ejercicio de la potestad disciplinaria de la Administración regulada en el Sistema Administrativo de Gestión de los Recursos Humanos y conforme al Título V del TUO de la LPAG.

Finalmente, por las consideraciones antes dichas, no corresponde pronunciarse sobre los alegatos planteados en el recurso de revisión sobre este extremo.