J&V Resguardo S.A.C — Res. 320-2023

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre la siguiente materia: Registro de asistencia (Sub materia: incluye todas); Jornada, horario de trabajo y descansos remunerados (Sub materia: jornadas y horario de trabajo); Remuneración (Sub materia: pago íntegro y oportuno de la remuneración convencional) y Verificación de regímenes especiales y grupos específicos (Sub materia: madre trabajadora durante el periodo de embarazo). soft 20555195444 soft

denuncia formulada por Karola Adelayda Zegarra Zavaleta, quien solicita la inspección laboral por incumplimiento de obligación laboral.

- Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por no acreditar el pago íntegro de la remuneración de enero 2018, a favor de la extrabajadora Karola Adelayda Zegarra Zavaleta, tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 5,602.50.

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de relaciones laborales, por no acreditar contar con el registro de control de asistencia a favor de la extrabajadora Karola Adelayda Zegarra Zavaleta, tipificada en el numeral 25.19 del artículo 25 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 9,337.50.

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de relaciones laborales, por no cumplir con acreditar con las disposiciones relacionadas al permiso por periodo de lactancia a favor de la extrabajadora Karola Adelayda Zegarra Zavaleta, tipificada en el numeral 25.16 del artículo 25 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 280,125.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir con la medida de requerimiento de fecha 10 de diciembre de 2018, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 9,337.50.

i. Considera que al amparo del artículo 259 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, se declara la caducidad del procedimiento administrativo sancionador al haber transcurrido más de nueve meses desde la notificación de la Imputación de Cargos hasta la notificación de la resolución de Sub Intendencia. Señala que la Imputación de Cargos junto con el Acta de Infracción fueron notificadas en el mes de enero de 2020, lo que guarda relación con la fecha de emisión de la imputación

de cargos de fecha 06 de enero de 2020, por lo que la autoridad tenía un plazo de nueve meses, es decir hasta octubre de 2020, considerando los periodos de suspensión de plazo del procedimiento sancionador como consecuencia de la pandemia, para notificarles la resolución de primera instancia; sin embargo, no fue sino hasta el 29 de abril de 2021 que se les notificó, por lo que, solicita se declare la caducidad del procedimiento administrativo sancionador.

ii. Puntualiza que no es razonable notificar la Imputación de Cargos después de un año de culminadas las actuaciones inspectivas, cuando el procedimiento debe basarse en los principios rectores del procedimiento administrativo general, de celeridad y razonabilidad, pues a pesar de la suspensión de plazos mencionada, un periodo superior a un año para generar la imputación de cargos es un plazo sumamente excesivo, desproporcional e irrazonable, ya que la última actuación inspectiva se realizó el 14 de diciembre de 2018 y la imputación de cargos fue emitida el 06 de enero de 2020, cuya notificación se realizó en el mes de setiembre, casi dos años después de la última actuación inspectiva y 8 meses después de la emisión del Acta de Infracción, lo cual vicia el procedimiento administrativo y vulnera el derecho de su representada.

iii. Asimismo, argumenta que el procedimiento sancionador es nulo por vulnerar el derecho al debido procedimiento, pues la autoridad ha omitido sustentar de manera suficiente la supuesta infracción por vulnerar el derecho de lactancia de la extrabajadora, al considerar subjetivamente que los registros no causaban convicción por estar superpuestos, vulnerando el principio de presunción de veracidad, al presumir la faltas sociolaborales sin haber agotado las actuaciones inspectivas que permitan dilucidar la verdad de los hechos.

i. En el caso de autos, se advierte que inicialmente con fecha 14 de enero de 2020 el notificador se apersonó a la dirección ubicada en Av. Juan del Mar y Bernedo N° 1040, Breña con el fin de efectuar la notificación del Acta de Infracción y la Imputación de Cargos N° 005-2020-SUNAFIL/ILM/AI1; sin embargo, devolvió la cedula de notificación, señalando: “Me apersoné a la dirección arriba señalada donde el encargado del inmueble me indico que el destinario se mudó”; por lo que,

2 Notificada a la impugnante el 31 de enero de 2022, véase folio 61 del expediente sancionador.

con fecha 10 de setiembre de 2020 , la autoridad instructora emitió el proveído señalando que, vista la devolución de la cedula de notificación y el escrito presentado por el inspeccionado señalando su domicilio, se vuelva a notificar la imputación de cargos y el Acta de Infracción, con la finalidad de dar cumplimiento con el acto de notificación; la que fue efectuada el 21 de setiembre de 2020.

ii. En este contexto, tomando en cuenta la notificación al inspeccionado del Acta de Infracción realizada el 21 de setiembre de 2020, conforme a la Cédula de Notificación N° 35436-2020, obrante a folio 16 del expediente sancionador, dando inicio al procedimiento administrativo sancionador y siendo que posteriormente, la Resolución de Sub Intendencia N° 372-2021- SUNAFIL/ILM/SIRE5 fue notificada al inspeccionado con fecha 29 de abril de 2021, mediante notificación electrónica, cuya constancia obra a folio 47 del expediente sancionador, se advierte que en el presente caso la autoridad de primera instancia ha resuelto el procedimiento administrativo sancionador dentro del plazo previsto en la normativa legal, toda vez que, ésta fue efectuada habiendo transcurrido 07 meses y 08 días; teniendo en cuenta que, el cómputo del plazo se efectúa desde la fecha de notificación de la imputación de cargos; por tanto, no ha transcurrido el plazo establecido en el numeral 1 del artículo 259 del TUO de la LPAG, no habiéndose configurado ni operado la caducidad del procedimiento sancionador materia de autos; por consiguiente, desestima lo alegado por el inspeccionado en este extremo de su apelación.

iii. Señala que de acuerdo a lo previsto en el numeral 17.5 del artículo 17 del RLGIT, una vez finalizadas las actuaciones de investigación o comprobatorias, y siempre que se concluya con la emisión de un acta de infracción, el expediente debe ser remitido a la autoridad a cargo del procedimiento sancionador en un plazo no mayor de quince (15) días hábiles contados desde la emisión de dicha acta. El numeral 24.1 del artículo 24 del TUO de la LPAG, establece que: “Toda notificación deberá practicarse a más tardar dentro del plazo de cinco (5) días, a partir de la expedición del acto que se notifique, (…)”.

iv. Sin embargo, también destaca que el numeral 151.3 del artículo 151 del TUO de la LPAG, dispone que “el vencimiento del plazo para cumplir un acto a cargo de la Administración, no exime de sus obligaciones establecidas atendiendo al orden público. La actuación administrativa fuera de término no queda afecta de nulidad, salvo que la ley expresamente así lo disponga por la naturaleza perentoria del plazo”; en consecuencia, si bien el Acta de Infracción Nº 3478-2018-SUNAFIL/ILM de fecha 14 de diciembre de 2018, junto a la Imputación de Cargos de fecha 06 de enero de 2020, se notificó al inspeccionado el 21 de setiembre de 2020 y, la emisión y notificación del Informe Final, transcurrió el plazo legal; cabe tener presente que la extemporaneidad de la notificación del Acta de Infracción, la extemporaneidad de la emisión y notificación del Informe Final, no están afectas de nulidad, al no existir norma alguna en la LGIT ni en el RLGIT que expresamente así lo establezca, en tanto la autoridad administrativa esté obligada a emitir su pronunciamiento sobre la existencia de responsabilidad administrativa del inspeccionado, toda vez que, se trata de determinar el cumplimiento de las obligaciones sociolaborales del inspeccionado. Asimismo, no advierte que la referida extemporaneidad en las notificaciones del Acta de Infracción y del Informe Final, hayan impedido al inspeccionado ejercer su derecho de defensa aportando los medios probatorios que considere convenientes; por lo que mantiene la responsabilidad del inspeccionado sobre las infracciones sancionadas.

v. En tal sentido, considera que la autoridad de primera instancia ha sustentado debidamente la conclusión a la que llega respecto a la comisión de la infracción por parte del inspeccionado, de no haber cumplido con las disposiciones relacionadas con la protección de las mujeres trabajadoras durante el periodo de lactancia, verificándose de los considerandos 31 a 38 de la resolución sancionadora que, la autoridad ha realizado un análisis completo de los medios probatorios, los hechos descritos en las actuaciones inspectivas, así como el marco normativo vigente.

vi. Al respecto, describe lo expuesto en el numeral 4.23 del Acta de Infracción, en cuanto señala: “Sobre el permiso para la lactancia, de los documentos aportados al procedimiento, no se evidencia que se haya ejecutado una hora de permiso para la lactancia, es más lo que se puede apreciar es que se cambió del horario de trabajo de 8 horas a 12 horas de diurno inclusive una vez a nocturno, que no tuvo una hora menos de trabajo, que la acción del sujeto inspeccionado se limitó en el pago de una hora de trabajo sin otorgar facilidades. El argumento del sujeto responsable, que luego de su reincorporación ya había una persona asignada a la Pontificia Universidad Católica del Perú y por lo tanto tuvo que destacarla a otro lugar, donde había sido su centro habitual de trabajo, evidencia que el sujeto responsable no ha internalizado que este grupo especifico de trabajadoras goza de privilegios frente a otros trabajadores cuya finalidad es brindarle facilidades para la ejecución de sus obligaciones con su nuevo hijo y que la afectación es múltiple. Se cumplió con dejar constancia que esta infracción es insubsanable”.

vii. En tal sentido, la Intendencia no evidencia que la extrabajadora Karola Adelayda Zegarra Zavaleta, haya gozado de una hora de permiso para la lactancia conforme lo dispone el artículo 1° de la Ley N° 27240, que taxativamente señala: “la madre trabajadora, al término del periodo postnatal, tiene derecho a una hora diaria de permiso por lactancia materna, hasta que su hijo tenga un año de edad (…). La madre trabajadora y su empleador podrán convenir el horario en que se ejercerá dicho derecho”. Por lo que, dicha extrabajadora debió hacer uso del permiso por lactancia materna al término del periodo postnatal. No obstante, el inspeccionado no acreditó fehacientemente que la extrabajadora haya hecho uso de la hora de lactancia que por ley le correspondía; y teniendo en cuenta que los argumentos del inspeccionado fueron tomados en cuenta y desvirtuados en la resolución sancionadora, no advierte vulneración al debido procedimiento, por ende, desestima lo alegado por el inspeccionado.

viii. Por otro lado, precisa que la autoridad de primera instancia sancionó a la inspeccionada por incurrir en infracción en materia de relaciones laborales por: (i) No acreditar contar con el registro de control de asistencia a favor de la extrabajadora Karola Adelayda Zegarra Zavaleta, tipificada en el numeral 25.19 del

artículo 25 del RLGIT; (ii) No acreditar el pago íntegro de la remuneración de enero 2018, a favor de la extrabajadora Karola Adelayda Zegarra Zavaleta, tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT; y, (iii) una infracción a la labor inspectiva, por no cumplir con la medida de requerimiento de fecha 10 de diciembre de 2018, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT; sobre cuyos extremos la inspeccionada no ha desvirtuado ni esbozado argumento alguno.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 4 “Ley N° 29981, Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…)”. 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6 “Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 7 “Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral

del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

Del Recurso De Revisión

Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias”8.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 19 de febrero de 2022, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 142-2022-SUNAFIL/ILM, señalando los siguientes alegatos:

i. Alega que no es razonable notificar la Imputación de Cargos después de un año de culminadas las actuaciones inspectivas, cuando el procedimiento debe basarse en los principios rectores del procedimiento administrativo general, de celeridad y razonabilidad, pues a pesar de la suspensión de plazos por la Emergencia Sanitaria, un periodo superior a un año para generar la imputación de cargos es un plazo sumamente excesivo, desproporcional e irrazonable, ya que la última actuación inspectiva se realizó el 14 de diciembre de 2018, y la imputación de cargos fue emitida el 06 de enero de 2020, cuya notificación se realizó en el mes de setiembre, esto es casi dos años después de la última actuación inspectiva y 8 meses después de

8 Decreto Supremo N° 016-2017-TR, artículo 14.

la emisión del Acta de Infracción, lo cual vicia el procedimiento administrativo. Es así que, solicita que al amparo del artículo 259 del TUO de la Ley N°27444, se declare la caducidad del procedimiento administrativo al haber transcurrido más de nueve meses desde la notificación de la imputación de cargos hasta la notificación de la resolución de sub intendencia.

ii. Refiere que no existe una adecuada graduación de la sanción, toda vez que se ha confirmado una multa excesiva, absurda e injusta que atenta al patrimonio de la empresa.

iii. Finalmente, señala que desde marzo del año 2020 a la fecha, el país se encuentra declarado en emergencia sanitaria nacional por las graves circunstancias que afectan las actividades laborales y económicas a consecuencia del Covid-19, siendo perjudicado el sector privado, ya que es de conocimiento público que debido a un hecho de caso fortuito y/o fuerza mayor no está funcionando de manera presencial, por lo que, el personal administrativo de la empresa realiza sus labores en forma remota, dificultando el acceso de la información solicitada por la autoridad inspectora.

Análisis Del Recurso De Revisión

De la presunta caducidad invocada por la impugnante en el recurso de revisión

9 Se publicó en el Diario Oficial El Peruano, el 21 de diciembre de 2016. 10 LÓPEZ RAMÓN, F. (2014). “La caducidad del procedimiento de oficio”. En Revista de Administración Pública, Núm. 194, Madrid, p. 17. Citado por la Guía práctica sobre el procedimiento administrativo sancionador. Actualizada con el Texto Único Ordenado de la Ley N.° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, junio, 2017, p. 54.

mero transcurso del tiempo– inhabilita legalmente a la autoridad administrativa para proseguir con el Procedimiento Administrativo Sancionador iniciado, sin importar la etapa en que se encuentre, o, exigir la resolución de sanción dispuesta y aún no notificada oportunamente”11.

“(…) 53.4.2 El plazo máximo para resolver el procedimiento sancionador es de nueve (9) meses calendarios contados desde la fecha de la notificación de la imputación de cargos. Este plazo puede ser ampliado de manera excepcional, como máximo por tres (3) meses calendario, debiendo el órgano competente emitir una resolución debidamente sustentada, justificando la ampliación del plazo, previo a su vencimiento. (…)”.

11 GÓMEZ TOMILLO, Manuel e Iñigo SANZ RUBIALES, Derecho Administrativo Sancionador. Parte general. Teoría General y Práctico del Derecho Penal Administrativo. 2da ed., Pamplona: Editorial Aranzadi S.A, p. 771.

Figura N° 01: Línea de Tiempo

Respecto a la graduación de las sanciones

Plazo 9 meses Fin de cómputo del plazo

Sobre lo alegado acerca de la emergencia sanitaria nacional de la Covid-19

“33. En consecuencia, conforme con el principio de culpabilidad, los empleadores que acrediten fehacientemente situaciones especiales por las cuales su disponibilidad patrimonial se encuentre supeditada a la aprobación, autorización o desafectación de terceras partes, exceptuando las situaciones de fraude, no podrán ser objeto de medidas de requerimiento a fin de que efectúen el desembolso de pagos debidos. 34. En tales circunstancias, pudiendo la inspección del trabajo determinar y proponer la sanción por el incumplimiento de normas laborales, no podrá

12 “Tratándose de las infracciones tipificadas en los numerales 25.16 y 25.17 del artículo 25; (…) únicamente para el cálculo de la multa a imponerse, se considerará como trabajadores afectados al total de trabajadores de la empresa” Para el caso de las infracciones señaladas en el párrafo anterior, aun cuando se trate de una microempresa o pequeña empresa, la multa se calcula en función de la tabla No MYPE del cuadro del artículo 48, aplicándose una sobretasa del 50% (…).

añadirse una medida de requerimiento de pago, por existir una situación manifiesta que impide al obligado cumplir con dicha medida inspectiva. Por ende, el emitir una medida inspectiva de requerimiento, teniéndose conocimiento de la imposibilidad de su cumplimiento por parte del inspeccionado, desnaturaliza la finalidad de la misma y vulnera el principio de culpabilidad. 35. Son ejemplos de esta afectación patrimonial los embargos trabados por la Autoridad Tributaria contra la totalidad del patrimonio del empleador o una parte sustancial que le impida afrontar los gastos operativos en un periodo determinado, o la intervención de una administración concursal o situación de liquidación que impida al sujeto obligado de hacerse de obligaciones económicas adicionales. 36. No son ejemplos de la afectación patrimonial a la que se refiere este criterio la simple pérdida económica en los registros financieros, contables y/o económicos de la empresa, y la existencia de meras acreencias con otras personas naturales o jurídicas (incluidas entidades financieras)” (el resaltado es nuestro).

Información Adicional

N° Materia Conducta infractora Tipificación legal y clasificación Relaciones Laborales No acreditar contar con el registro de control de asistencia a favor de la extrabajadora Karola Adelayda Zegarra Zavaleta. Numeral 25.19 del artículo 25 del RLGIT

MUY GRAVE Relaciones Laborales No acreditar el pago íntegro de la remuneración de enero 2018, a favor de la extrabajadora Karola Adelayda Zegarra Zavaleta. Numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT

GRAVE Relaciones Laborales No cumplir con acreditar con las disposiciones relacionadas al permiso por periodo de lactancia a favor de la extrabajadora Karola Adelayda Zegarra Zavaleta. Numeral 25.16 del artículo 25 del RLGIT

MUY GRAVE Labor inspectiva No cumplir con la medida de requerimiento de fecha de diciembre de 2018. Numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT

MUY GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR;

SE RESUELVE:

PRIMERO. – Declarar INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por J & V RESGUARDO S.A.C., en contra de la Resolución de Intendencia N° 142-2022-SUNAFIL/ILM, de fecha 27 de enero de 2022, emitida por la Intendencia de Lima Metropolitana, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 003-2020-SUNAFIL/ILM, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. – CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 142-2022-SUNAFIL/ILM, en los extremos referentes a las infracciones muy graves en materia de relaciones laborales, tipificadas en los numerales 25.19 y 25.16 del artículo 25 del RLGIT y la infracción muy grave a la labor inspectiva tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. TERCERO. - Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa.

CUARTO. - Notificar la presente resolución a J & V RESGUARDO S.A.C., y a la Intendencia de Lima Metropolitana, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

20230405JCR