Inversiones y Representaciones Lucero Sulca Flores S.A.C — Res. 841-2023

Mediante Orden de Inspección N° 2030-2021-SUNAFIL/IRE-CUS, se dio inicio a las actuaciones inspectivas de investigación, con el objeto de verificar el cumplimiento de la normativa en materia de seguridad y salud en el trabajo1, que culminaron con la emisión del Acta de Infracción N° 132-2021-SUNAFIL/IRE-CUS (en adelante, el Acta de Infracción), mediante la cual se propuso sanción económica a la impugnante por la comisión, de dos (02) infracciones muy graves a la labor inspectiva; en mérito al operativo denominado “IRE CUSCO OPERATIVO SOBRE SST – OCTUBRE 2021”.

Que, mediante Imputación de cargos N° 728-2021-SUNAFIL/IRE-CUS/SIAI, de fecha 30 de diciembre de 2021, notificada el 04 de enero de 2022, se dio inicio a la etapa instructiva,

De conformidad con el literal g) del numeral 53.2 del artículo 53 del RLGIT, la autoridad instructora emitió el Informe Final de Instrucción N° 161-2022-SUNAFIL/IRE-CUSCO/SIAI, de fecha 18 de marzo de 2022 (en adelante, el Informe Final), que determinó la existencia de las conductas infractoras imputadas a la impugnante, recomendando continuar con el procedimiento administrativo sancionador. Por lo cual procedió a remitir el Informe Final y los actuados a la Sub Intendencia de Resolución de la Intendencia Regional de Cusco, la cual mediante Resolución de Sub Intendencia N° 287- 2022-SUNAFIL/IRE CUSCO, de fecha 13 de mayo de 2022, notificada el 16 de mayo de 2022, multó a la impugnante por la suma de S/ 2,552.00, por haber incurrido en las siguientes infracciones:

Con fecha 06 de junio de 2022, la impugnante interpuso recurso de apelación contra la Resolución de Sub Intendencia N° 287-2022-SUNAFIL/IRE CUSCO, argumentando lo siguiente:

Mediante Resolución de Intendencia N° 0114-2022-SUNAFIL/IRE CUS, de fecha 21 de junio de 20222, la Intendencia Regional de Cusco declaró infundado el recurso de apelación interpuesto por la impugnante, por considerar los siguientes puntos:

Con fecha 13 de julio de 2022, la impugnante presentó ante la Intendencia Regional de Cusco el recurso de revisión en contra de la Resolución de Intendencia N° 0114-2022- SUNAFIL/IRE CUS.

La Intendencia Regional de Cusco admitió a trámite el recurso de revisión y elevó los actuados al Tribunal de Fiscalización Laboral, mediante Memorándum-000366-2022- SUNAFIL/IRE-CUS, recibido el 20 de julio de 2022 por el Tribunal de Fiscalización Laboral.

Mediante el artículo 1 de la Ley N° 299813, se crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (en adelante, SUNAFIL), disponiéndose en el artículo 7 de la misma Ley que, para el cumplimiento de sus fines, la SUNAFIL contará dentro de su estructura orgánica con un Tribunal de Fiscalización Laboral.

Asimismo, de conformidad con el artículo 15 de la Ley N° 299814, en concordancia con el artículo 41 de la Ley General de Inspección del Trabajo5 (en adelante, LGIT), el artículo 17

El artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG), establece que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de éstos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe de otorgarle esta facultad al administrado mediante una ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días, respectivamente.

Así, el artículo 49 de la LGIT, modificado por el Decreto Legislativo N° 1499, define al recurso de revisión como un recurso administrativo del procedimiento administrativo

El Reglamento del Tribunal establece que la finalidad del recurso de revisión es “la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias”8.

En ese sentido, es el mismo reglamento el que delimita la competencia del Tribunal a las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias, estableciéndose en el artículo 17 del Reglamento del Tribunal que se encuentra facultado para rectificar, integrar, excluir e interpretar la resolución emitida por la segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas.

En esta línea argumentativa, la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral comprende también la adecuación a la Constitución, a las leyes y al derecho, de conformidad con el principio de legalidad, que debe de caracterizar al comportamiento de las autoridades administrativas.

De la revisión de los actuados, se ha identificado que INVERSIONES Y REPRESENTACIONES LUCERO SULCA FLORES S.A.C., presentó el recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 0114-2022-SUNAFIL/IRE CUS, emitida por la Intendencia Regional de Cusco, que confirmó la sanción impuesta de S/ 2,552.00 por la comisión de dos (02) infracciones MUY GRAVES a labor inspectiva, tipificadas en el numeral 46.10 del artículo 46 del RLGIT, dentro del plazo legal de quince (15) días hábiles, computados a partir del primer día hábil siguiente de la notificación de la citada resolución; es decir, es decir, el 27 de junio de 2022.

Así, al haberse identificado que el recurso interpuesto por el solicitante cumple con los requisitos legales previstos en el Reglamento del Tribunal y en las normas antes citadas, corresponde analizar los argumentos planteados por INVERSIONES Y REPRESENTACIONES LUCERO SULCA FLORES S.A.C.

La LGIT establece que “la función inspectiva, es entendida como la actividad que comprende el ejercicio de la vigilancia y exigencia del cumplimiento del ordenamiento sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo”9. De allí que, el comportamiento del inspector comisionado se oriente al cumplimiento de las funciones establecidas en la LGIT y su reglamento, tutelando el fin perseguido por dichas normas y debiendo adoptar medidas y acciones en el marco del principio de razonabilidad10.

Asimismo, el artículo 9 de la LGIT, establece que “los empleadores, los trabajadores y los representantes de ambos, así como los demás sujetos responsables del cumplimiento de las normas del orden sociolaboral, están obligados a colaborar con los supervisores-inspectores, lo inspectores de trabajo y los inspectores auxiliares cuando sean requeridos para ello. En particular y en cumplimiento de dicha obligación de colaboración deberán: (…) Colaborar con ocasión de sus visitas u otras actuaciones inspectivas.”, siendo la comparecencia una de las modalidades de actuación inspectiva conforme lo regula el artículo 1111 de la LGIT (énfasis añadido).

El literal b) numeral 12.1 del artículo 12 del RLGIT, establece que: “En cumplimiento de las órdenes de inspección recibidas, los inspectores o equipos designados iniciarán las actuaciones de investigación mediante alguna de las siguientes modalidades: (…) Comparecencia: Exige la presencia del sujeto inspeccionado ante el inspector del trabajo, en la oficina pública que se señale, para aportar la documentación que se requiera en cada caso y/o para efectuar las aclaraciones pertinentes. El requerimiento de comparecencia se realiza conforme a lo previsto en los artículos 67 y 68 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS" (énfasis añadido).

Por su parte, inciso 3) del artículo 36 de la LGIT establece que “Son infracciones a la labor inspectiva las acciones u omisiones de los sujetos obligados, sus representantes, personas dependientes o de su ámbito organizativo, sean o no trabajadores, contrarias al deber de colaboración por parte de los sujetos inspeccionados por los Supervisores- Inspectores, Inspectores del Trabajo o Inspectores Auxiliares, establecidas en la presente Ley y su Reglamento. Tales infracciones pueden consistir en: (…) 3. La inasistencia a la diligencia, cuando las partes hayan sido debidamente citadas, por el Inspector o la Autoridad Administrativa de Trabajo y éstas no concurren” (énfasis añadido).

En ese contexto, el RLGIT, que tipifica y contiene las infracciones, establece en el numeral 46.10 del artículo 46, que la inasistencia del sujeto inspeccionada ante el requerimiento de comparecencia constituye infracción muy grave a la labor inspectiva, la cual es pasible de sanción económica.

En el caso en particular, con fecha 26 de octubre 2021, se procedió a notificar a la inspeccionada el requerimiento de comparecencia programada para la fecha 03 de noviembre de 2021 a horas 10:00 a.m. por medio del cual se solicitó los siguientes documentos:

En el día y hora indicados, se procedió a llamar en reiteradas ocasiones al representante legal o apoderado del sujeto inspeccionado, sin embargo, pese a estar debidamente notificada, transcurridos 10 minutos la impugnante no se presentó, siendo las 10:10 horas se dio por culminada la diligencia, habiendo con su inasistencia incurrido en infracción a la labor inspectiva.

Con fecha 29 de octubre de 2021, la impugnante presentó por mesa de partes un escrito, que tiene por sumilla: “Reprograme”, señalando lo siguiente:

Nuevamente, vía casilla electrónica del Sistema Informático de Notificación Electrónica de la SUNAFIL, el 03 de noviembre de 2021, se notificó al sujeto inspeccionado un segundo requerimiento de comparecencia, a través del cual se requirió su presencia en para el 08 de noviembre de 2021 a las 11:00 horas; la misma que tenía por objeto recoger manifestación y/o declaración del representante de la impugnante, conforme se aprecia de la siguiente figura, sin embargo, pese a estar válidamente notificado, no asistió a la citada comparecencia.

Es pertinente indicar que se desprende de los numerales 4.3 y 4.6 de los hechos verificados del acta de infracción, a las diligencias de comparecencias programadas para el día 03 y 08 de noviembre de 2021, no se apersono y/o asistió, el apoderado o representante alguno por parte del sujeto inspeccionado, pese a encontrarse debidamente notificada y de realizarse correctamente el llamado respectivo, hechos que no han sido negados por la misma inspeccionada, en sus escritos y en el presente, recurso de revisión. Incurriendo en actos de obstrucción a la labor inspectiva por dichas inasistencias.

Ahora bien, respecto a la solicitud de reprogramación presentada por el Sujeto inspeccionado se debe tener en cuenta que, respecto a la diligencia de comparecencia de fecha 03 de noviembre de 2021, dicho requerimiento se encontraba válidamente notificado, señalando el apercibimiento de sanción en caso de inasistencia; sin embargo, la impugnante no asistió. Asimismo, respeto a la solicitud de prórroga señalada previamente, se advierte que es potestad del inspector comisionado el evaluar su procedencia o no, de acuerdo al desarrollo y justificación que se presente.

Sin perjuicio de ello, se advierte que la impugnante señala que su solicitud se sustenta en que tiene deudos y que por ello viajara a la ciudad de Huamanga por fiesta de todos los santos para conmemorar la partida de sus seres queridos y por tal motivo es imposible regresar para el día 03 de noviembre; sin embargo, como se verifica del referido requerimiento, el plazo otorgado para la asistencia a la diligencia resultaba más que razonable para el apersonamiento y presentación de los documentos requeridos. Aunado a ello, no se puede considerar que lo alegado constituya una causal eximente de responsabilidad.

Cabe precisar que si bien es cierto considerando que la impugnante fue notificada con la debida antelación sobre la realización de dicha comparecencia, y que ésta es de obligatoria asistencia, fue su responsabilidad acudir a la misma, debiendo haber previsto las circunstancias que alega que generaron las posibles circunstancias que pudieran presentarse en su traslado, toda vez que dicha diligencia fue notificada con anticipación, no obstante, el segundo párrafo del numeral 7.14.1.4 de la Directiva N° 001-2020-SUNAFIL/INII – Versión 2, denominada “Directiva Sobre el Ejercicio de la Función Inspectiva”, aprobado mediante Resolución de Superintendencia N° 216-2021- SUNAFIL, señala que: “Si el sujeto inspeccionado o su representante no asiste a la comparecencia, de considerarlo conveniente, presenta la justificación por escrito dentro del segundo día hábil posterior a la fecha señalada para la misma, la cual es evaluada por el inspector comisionado para determinar si es válida o no, motivando su decisión en el documento que emite al finalizar la etapa inspectiva (acta de infracción o informe de actuaciones inspectivas).

En el caso en concreto, se advierte en el Acta de Infracción que el inspector actuante ha precisado que: “Muy a pesar de que el representante legal de la persona jurídica inspeccionada no podía asistir a la comparecencia programada por los motivos descritos líneas arriba, conforme a la directiva sobre el ejercicio de la función inspectiva, la persona jurídica también pudo acudir a la comparecencia por medio de su apoderado o apoderados, presentando para ello carta poder simple suscrita por el representante legal de la inspeccionada”.

Por tanto, el personal inspectivo ha emitido pronunciamiento debidamente motivado frente a la solicitud de reprogramación a la comparecencia programada en fecha 03 de

Morón Urbina define al “caso fortuito” como: “…un proceso causal que no es obra de la naturaleza sino del hombre, habiendo, por lo demás, un resultado imprevisible e inevitable. En el caso fortuito existe, por lo tanto, obra del hombre y presenta un nexo causal entre la acción de éste y el resultado; no obstante, es un proceso que no resulta previsible. En todo sentido, se caracteriza por su imprevisibilidad, inevitabilidad y, sobre todo, por la ausencia de relación entre la voluntad del agente y el resultado” 12.

Por su parte, Leysser León precisa la diferencia entre “caso fortuito” y “fuerza mayor”, del siguiente modo: “En nuestro ordenamiento, el caso fortuito y la fuerza mayor son consideradas como sinónimos. Técnicamente, sin embargo, se les puede distinguir prestando atención a los adjetivos calificativos “fortuito” y “mayor”. En el primer instituto, el énfasis recae en lo “casual”, lo “anormal”, lo “inusual”, lo “desacostumbrado”, en suma, en lo “extraordinario” o “fuera de lo común”. En el segundo, el énfasis recae en la “superioridad”, “inevitabilidad”, “insuperabilidad”, “imposibilidad de control” o, en suma, en la “irresistibilidad” de la fuerza que ocasiona el evento dañoso”13.

A nivel jurisprudencial, la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia, en la Casación Nº 1693-2014-Lima, de fecha 08 de marzo de 2016, señala lo siguiente: “(…) como lo entiende Mosset, que la distinción entre caso fortuito y fuerza mayor va más allá de lo puramente teórico, caracterizan al primero por su ‘imprevisibilidad’ y a la fuerza mayor por implicar la ‘irresistibilidad’. En tal sentido, se debe entender como ‘caso fortuito’ cuando es posible evitar el daño producido mediante actos de previsibilidad, esto es se puede evitar mediante una diligencia

En ese orden de ideas, se colige que, para considerar un evento como fortuito y eximente de responsabilidad, debe determinarse, la existencia del evento y, adicionalmente, que este reviste de las características de extraordinario, imprevisible e irresistible14.

Al respecto, debemos señalar que, el literal a) del numeral 1 del artículo 257 del TUO de la LPAG, establece que constituye condición eximente de la responsabilidad por infracciones, el caso fortuito o la fuerza mayor debidamente comprobada15. En similar sentido, el punto 7.1.2.7 de la Directiva N° 001-2017-SUNAFIL/INII – “Directiva que regula el Procedimiento Sancionador del Sistema de Inspección del Trabajo”, aprobada mediante Resolución de Superintendencia N° 171-2017-SUNAFIL (en adelante, la Directiva), señala respecto del caso fortuito o fuerza mayor lo siguiente: “(…) b. De conformidad con lo previsto en el artículo 47-A del RLGIT, las siguientes situaciones constituyen eximentes de sanción siempre que, cumplan con las condiciones que a continuación se detallan: Respecto al literal a) caso fortuito o la fuerza mayor debidamente comprobada, deben estar referidas a hechos producidos antes de la primera actuación inspectiva en la cual participe el administrado, debiendo ser acreditado con documento público de fecha cierta, salvo que sean hechos de conocimiento público”.

Conforme la doctrina descrita precedentemente, tenemos que la fuerza mayor, alegada por la impugnante, implica la ‘irresistibilidad’, es decir, “inevitabilidad”, “insuperabilidad”, “imposibilidad de control” del hecho o evento alegado como tal.

Sobre el caso en particular, cabe señalar que la Inspeccionada pudo adoptar otras medidas que pudieran evitar la contingencia alegada; toda vez que lo manifestado, no puede ser óbice para incumplir el deber de colaboración con la labor inspectiva que tiene a cargo todo empleador. Por ende, en el caso en particular, el viaje que realizo, no configura un evento de “fuerza mayor”.

En ese sentido, lo alegado por la impugnante, no constituye un hecho de fuerza mayor ni un caso fortuito; por lo que su argumento referido a que tuvo que viajar de emergencia, no le impedía asistir a la comparecencia programada; lo cual, ha ocasionado una afectación a la labor inspectiva, al impedir el cauce continuo de las actuaciones inspectivas de investigación.

En consecuencia, al no encontrarse acreditada la existencia de un evento irresistible respecto a la comisión de la infracción en materia de labor inspectiva, esta Sala desestima la aplicación de la causal de eximente de responsabilidad que refiere el TUO de la LPAG, por lo que, no cabe acoger el presente extremo del recurso de revisión.

Por tanto, en atención a las causas que se han producido, se evidencia que la misma no constituye eximente de responsabilidad de la impugnada de la infracción a la labor inspectiva imputada por su inasistencia a las diligencias de comparecencias de fechas 03 y 08 de noviembre de 2021. Por consiguiente, la Inspeccionada ha incurrido en actos de obstrucción a la labor inspectiva por sus inasistencias, al no comparecer ante la autoridad inspectiva.

Asimismo, es pertinente señalar que el Sujeto inspeccionado tomó conocimiento oportuno de la citación; por lo que, el sujeto inspeccionado debió realizar las diligencias correspondientes para asegurar su presencia ante el personal inspectivo, como a través de una tercera persona debidamente acreditada, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 17 de la LGIT: “La capacidad de obrar ante la Inspección del Trabajo y su acreditación se rige por las normas de derecho privado. Las personas jurídicas, de naturaleza pública o privada, actuarán por medio de quienes, al tiempo de la actuación inspectiva, ocupen los órganos de su representación o la tengan conferida, siempre que lo acrediten con arreglo a ley (…)”; en ese sentido, pudo otorgar o delegar representación en otra persona, ello considerando que la normativa sobre la materia no exige mayor formalidad que una simple delegación expresa.

Asimismo, se debe tener en cuenta que la inspeccionada al ser una persona jurídica pudo actuar a través de otra persona perteneciente a la organización para que lo represente y asista a las comparecencias; por lo que la inspeccionada no adoptó las medidas necesarias y diligentes que le permitieran cumplir oportunamente con el requerimiento de la Autoridad Administrativa de Trabajo.

Aunado a ello, las personas jurídicas, al tener dicha condición, pudieron tomar las medidas pertinentes a fin de poder delegar la representación a otra u otras personas, con el objeto que la representen, alternativamente alguna de ellas, en la diligencia de comparecencia dispuestas por la inspección del trabajo. Por tanto, la alegación de la impugnante, no desvirtúa la comisión de la infracción ni atenúa su responsabilidad, por cuanto se constituye como un deber exigible el prever cualquier contingencia que pudiera suscitarse a la realización de la diligencia programada con la debida antelación, pudiendo delegar dicha representación a tantas personas como fuere necesario, máxime si, como se ha indicado, el requerimiento también tenía por finalidad que el sujeto inspeccionado efectúe las aclaraciones que fueran pertinentes.

Tampoco se ha considerado que la Directiva N° 001-2020-SUNAFIL/INII, en el literal c) de la sub numeral 7.13.2.3, permite que el apoderado designado por el representante legal de una persona jurídica de derecho público o privado se apersone a las diligencias de comparecencia mediante carta poder simple. Así tenemos que el Sujeto inspeccionado no consideró de manera apropiada y diligente la adopción de esta medida, pese a ser de su pleno conocimiento que la inasistencia a la comparecencia constituye infracción a la labor inspectiva sancionable con multa.

En base a lo expuesto, esta Sala, en la misma línea que las autoridades de las instancias previas, concluye que los hechos descritos se subsumen en el tipo infractor previsto en el numeral 46.10 del artículo 46 del RLGIT, en la medida que la inspeccionada fue válidamente notificada con las diligencias de comparecencias, con motivo de las actuaciones que venía realizando el personal inspectivo; y, a pesar de ello, no concurrió. Por ello, la inspeccionada incurrió en infracciones muy graves a la labor inspectiva, que no ha sido desvirtuada por medio del recurso formulado.

Asimismo, es oportuno señalar que, este Tribunal mediante Resolución de Sala Plena N° 001-2021- SUNAFIL/TFL, que constituye precedente de observancia obligatoria, reconoce la naturaleza independiente de las infracciones contra la labor inspectiva, señalando: “los actos o hechos que impiden o dificulten la labor inspectiva y que se consignan en el acta de infracción, constituyen infracciones que no tienen una naturaleza secundaria, adjunta ni dependiente respecto de posibles infracciones ocurridas y detectadas en la visita inspectiva, referentes a aspectos sustantivos objeto de control por la inspección del trabajo”.

Por lo que, su configuración se efectúa independientemente de las infracciones al ordenamiento jurídico sociolaboral o en materia de SST, que se detecten. Por tanto, no corresponde acoger ninguno de estos extremos.

Respecto a ello, debemos señalar que en mérito a la declaratoria de emergencia sanitaria, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral emitió el Protocolo N° 005-2020-SUNAFIL/INII – “Protocolo sobre el ejercicio de la inspección del trabajo”, concordante con el numeral 7.6) Modalidades de actuación inspectiva, por medio del cual, se establece que se privilegiara los sistemas de comunicación electrónica, mediante el uso de tecnologías de la información y comunicación, para cualquier modalidad de actuación inspectiva; sin embargo, excepcionalmente, las modalidades de actuación inspectiva también se realizan de forma presencial; por ello, lo alegado no justifica su responsabilidad de colaborar con la inspección del trabajo. Cabe señalar que, en virtud al deber de colaboración que le asiste al sujeto inspeccionado, este, debió adoptar previamente las medidas o acciones internas dentro de su organización con la finalidad de asegurar la participación de otra persona autorizada, a fin de continuarse con el procedimiento inspectivo.

Ahora bien, con relación al argumento del Sujeto inspeccionado respecto al plazo para las actuaciones inspectivas, es pertinente señalar que conforme al numeral 1.1 del

Así también, cabe mencionar que el plazo otorgado para realizar las actuaciones inspectivas fue de 30 días como máximo, sin embargo, ello no significa que al término de dicho lapso de tiempo recién el personal inspectivo deba emitir el acta de infracción, puesto que, el inspector puede realizar las mismas dentro de dicho rango, tal como sucedió en el presente caso.

Sobre ello, se debe tomar en cuenta que la Resolución Directoral N° 29-2009- MTPE/2/11.4, vigente a la fecha, aprueba los Criterios Aplicables por la Inspección de trabajo, y el criterio N° 12 señala que : "En los casos que exista infracción a la labor inspectiva y a efectos de dar cumplimiento a los dispuesto en el numeral 13.7 del artículo 13 del Reglamento de la Ley general de Inspección del Trabajo, según texto agregado por Decreto Supremo N' 019-2007-TR, los Inspectores de Trabajo y/o Auxiliares deberán realizar como mínimo dos (02) actuaciones inspectivas antes de extender el Acta de Infracción y solicitar el cierre de la orden (…)". Por tal motivo, al verificar el personal inspectivo el incumplimiento de los requerimientos de comparecencia procedió a cerrar la orden de inspección y emitir el acta de infracción.

Por otro lado, con relación al argumento de reducción de la multa planteado por la Inspeccionada cabe indicar que esta Sala coincide con lo determinado por las instancias de mérito, puesto que, no es pertinente aplicar el artículo 48.1-A debido a que resultaría más gravoso, siendo que el 1 % del total de ingresos netos del administrado seria S/ 3,655.30 soles, sin embargo, la multa impuesta a la impugnante es de S/. 2,552.00 soles.

Del mismo modo, sobre la aplicación adicional de la reducción del 50 % establecida en el artículo 39 de la LGIT, corresponde señalar que ello no es amparable, ya que la tabla de multas para las micro y pequeñas empresas incluye la reducción del 50 %, en ese sentido, no es posible acoger lo solicitado por la administrada.

Así también, la impugnante alega que, en el presente caso, no ha se ha considerado lo resuelto en la Resolución de Intendencia N° 105-2022-SUNAFIL/TFL-Primera Sala. Al respecto, debemos mencionar que, el pronunciamiento contenido en dicha resolución no es vinculante; motivo por el cual, no resulta obligatorio su observancia, considerando además que, cada caso evaluado obedece a los hechos constatados por los inspectores

Por lo tanto, debe mantenerse la sanción impuesta por las infracciones tipificadas en el numeral 46.10 del artículo 46 del RLGIT y, desestimarse todos los argumentos dirigidos a cuestionar este extremo, a razón de que, se encontraba la inspeccionada en el deber de cumplir con lo dispuesto por la autoridad inspectiva y se han tipificado correctamente dichas infracciones.

En consecuencia, corroborada las inasistencias a la diligencia de comparecencia antes señalada y atendiendo a que la infracción a la labor inspectiva son de comisión inmediata e insubsanables16, lo que implica que se configuran y consuman en el momento en el que se realizaron, no siendo factible retrotraer en el tiempo y enmendar dicha conducta, se verifica la configuración de las infracciones imputadas.

Sobre el particular, el numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG precisa lo siguiente:

El Tribunal Constitucional -máximo intérprete de la Constitución- se ha pronunciado en numerosas oportunidades en relación con el derecho al debido procedimiento, estableciendo una reiterada y uniforme jurisprudencia al respecto, como lo recuerda la Sentencia recaída en el Expediente N° 04289-2004-AA:

En esa línea argumentativa, esta Sala identifica, desde un análisis formal, que tanto la Resolución de Sub Intendencia N° 287-2022-SUNAFIL/IRE CUSCO como la Resolución de Intendencia N° 0114-2022-SUNAFIL/IRE CUS, han contemplado la argumentación y medios de prueba expuestos por la impugnante, advirtiéndose el cumplimiento de los requisitos referidos al cumplimiento del debido procedimiento como principio y derecho material, de los derechos de defensa y a la prueba, así como el cumplimiento de la garantía de la debida motivación.

Conforme con el fundamento jurídico 4 de la Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional del 8 de febrero de 2022 (expediente 349-2021-PA/TC), toda decisión judicial debe cumplir con cuatro requisitos para que cumpla con el deber de motivación, lo que lleva a contemplarlas en su extensibilidad al ámbito administrativo del presente expediente: 1) coherencia interna, para comprobar que lo decidido se deriva de premisas establecidas por el órgano resolutivo en su fundamentación; 2) justificación de las premisas externas, que aluden al respaldo probatorio de los hechos y sobre el derecho considerado por el órgano al resolver; 3) la suficiencia, que refiere a que se hayan expuesto razones que sustenten lo decidido en función de los problemas relevantes determinados y necesarios para la resolución del caso; y 4) la congruencia, como elemento que permite establecer si las razones especiales requeridas para adoptar determinada decisión se encuentran recogidas en la resolución en concreto.

Del examen efectuado por esta Sala sobre las resoluciones emitidas en el Procedimiento Sancionador, se puede observar que estos 4 elementos pueden ser satisfactoriamente comprobados, por lo que, de manera formal y material, el debido procedimiento ha sido respetado dentro del trámite del procedimiento sancionador.

Asimismo, se corrobora, de los actuados, que ni el procedimiento inspectivo ni el sancionador, contravienen a la Constitución, a los principios del procedimiento administrativo, ni a las leyes o normas reglamentarias, además contiene los requisitos de validez del acto administrativo relacionados a la competencia, objeto o contenido, finalidad pública y procedimiento regular. Además, es necesario reiterar que, la

Por lo tanto, de manera formal y material, el debido procedimiento ha sido respetado dentro del trámite del procedimiento sancionador, no evidenciándose vulneración alguna al deber de motivación.

En ese sentido, corresponde declarar infundado el recurso de revisión interpuesto por la impugnante, al no haberse acompañado al recurso fundamentos distintos a los ya analizados por las instancias anteriores. En esa línea argumentativa, el TUO de la LPAG reconoce al principio de buena fe procedimental, a través del cual se espera que tanto la autoridad administrativa, los administrados, sus representantes o abogados realicen los respectivos actos procedimentales “guiados por el respeto mutuo, la colaboración y la buena fe”17.

Así, no es congruente con el principio de buena fe procedimental que un administrado interponga un recurso administrativo (y en esta instancia, ante un recurso extraordinario) sin acompañar al fundamento de hecho que lo sustente, en clara contradicción al artículo 173.2 del TUO de la LPAG18y en un sentido lato, de acuerdo al numeral 2 del artículo 124 del TUO de la LPAG19, más aún si a través de dicha afirmación—sin sustento— señala que la inspección y la resolución impugnada ha vulnerado principios del derecho administrativo; por el contrario, los administrados tienen el deber de abstenerse de “formular pretensiones o articulaciones ilegales, de declarar hechos contrarios a la verdad o no confirmados como si fueran fehacientes, de solicitar actuaciones meramente dilatorias, o de cualquier otro modo afectar el principio de conducta procedimental”20

Finalmente, a título informativo se señala que, conforme fluye del expediente remitido, las multas subsistentes como resultado del procedimiento administrativo sancionador serían las que corresponden a las siguientes infracciones:

Cabe precisar que este detalle se provee a título informativo y cualquier error de hecho o de derecho durante la tramitación del expediente que resultara en un error, omisión o imprecisión en las materias, cantidad, conducta, tipificación legal, clasificación o cuantía, resulta de exclusiva responsabilidad de la Intendencia respectiva.