Inversiones Nacionales de Turismo S.A — Res. 1053-2023

Mediante Orden de Inspección N° 1027-2021-SUNAFIL/IRE-CUS, se dio inicio a las actuaciones inspectivas de investigación, con el objeto de verificar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral1. Las actuaciones inspectivas culminaron con la emisión del Acta de Infracción N° 409-2021-SUNAFIL/IRE-CUS (en adelante, el Acta de Infracción), mediante la cual se propuso sanción económica a la impugnante por la comisión de una (01) infracción muy grave, por no asistir a la diligencia de comparecencia el día 28 de mayo de 2021.

Que, mediante Imputación de Cargos N° 477-2021-SUNAFIL/IRE-CUSCO/SIAI, de fecha 7 de octubre de 2021, notificado el 12 de octubre de 2021, se dio inicio a la etapa instructiva, remitiéndose el Acta de Infracción y otorgándose un plazo de cinco (05) días hábiles para la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal e) del numeral 53.2 del artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT).

De conformidad con el literal g) del numeral 53.2 del artículo 53° del RLGIT, la autoridad instructora emitió el Informe Final de Instrucción N° 610-2021-SUNAFIL/IRE-CUSCO/SIAI, de fecha 26 de noviembre de 2021 (en adelante, el Informe Final), que determinó la existencia de las conductas infractoras imputadas a la impugnante, recomendando continuar con el procedimiento administrativo sancionador. Por lo cual procedió a remitir el Informe Final y los actuados a la Sub Intendencia de Resolución de la Intendencia Regional del Cusco, la cual mediante Resolución de Sub Intendencia N° 444-2022-SUNAFIL/IRE CUSCO de fecha 1 de julio de 2022, notificada el 6 de julio de 2022, multó a la impugnante por la suma de S/ 6,239.20, por haber incurrido en la siguiente infracción:

Con fecha 22 de julio de 2022, la impugnante interpuso recurso de apelación contra la Resolución de Sub Intendencia N° 444-2022-SUNAFIL/IRE CUSCO, argumentando lo siguiente:

Mediante Resolución de Intendencia N° 141-2022-SUNAFIL/IRE CUS, de fecha 3 de agosto de 20222, la Intendencia Regional del Cusco declaró infundado el recurso de apelación interpuesto por la impugnante, confirmando la sanción impuesta, por considerar los siguientes puntos:

Con escrito de fecha 24 de agosto de 2022, la impugnante presentó ante la Intendencia Regional del Cusco el recurso de revisión en contra de la Resolución de Intendencia N° 141- 2022-SUNAFIL/IRE CUS.

La Intendencia Regional del Cusco admitió a trámite el recurso de revisión y elevó los actuados al Tribunal de Fiscalización Laboral, mediante Memorándum-000481-2022- SUNAFIL/IRE-CUS, recibido el 1 de setiembre de 2022 por el Tribunal de Fiscalización Laboral.

Mediante el artículo 1 de la Ley N° 299813, se crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (en adelante, SUNAFIL), disponiéndose en el artículo 7 de la misma Ley que, para el cumplimiento de sus fines, la SUNAFIL contará dentro de su estructura orgánica con un Tribunal de Fiscalización Laboral.

Asimismo, de conformidad con el artículo 15 de la Ley N° 299814, en concordancia con el artículo 41 de la Ley General de Inspección del Trabajo5 (en adelante, LGIT), el artículo 17 del

El artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG) establece que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de éstos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe otorgarle esta facultad al administrado mediante un ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días respectivamente.

Así, el artículo 49 de la LGIT, modificada por el Decreto Legislativo N° 1499, define al recurso de revisión como un recurso administrativo del procedimiento administrativo sancionador con carácter excepcional, interpuesto ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos de que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral, estableciéndose en el artículo 55 del RGLIT, modificado por Decreto Supremo N° 016-2017-TR, que los requisitos de admisibilidad y procedencia se desarrollarían en el Reglamento del Tribunal.

El Reglamento del Tribunal establece que la finalidad del recurso de revisión es “la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en

En ese sentido, es el mismo reglamento el que delimita la competencia del Tribunal a las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias, estableciéndose en el artículo 17 del Reglamento del Tribunal que se encuentra facultado para rectificar, integrar, excluir e interpretar la resolución emitida por la segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas.

En esta línea argumentativa, la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral comprende también la adecuación a la Constitución, a las leyes y al derecho, de conformidad con el principio de legalidad, que debe de caracterizar al comportamiento de las autoridades administrativas.

De la revisión de los actuados, se ha identificado que INVERSIONES NACIONALES DE TURISMO S.A. presentó el recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 141- 2022-SUNAFIL/IRE-CUS que confirmó la sanción impuesta de S/ 6,239.20, por la comisión de una (1) infracción MUY GRAVE tipificada en el numeral 46.10 del artículo 46 del RLGIT, dentro del plazo legal de quince (15) días hábiles, computados a partir del día siguiente hábil de la notificación de la citada resolución; el 8 de agosto de 2022.

Así, al haberse identificado que el recurso interpuesto por el solicitante cumple con los requisitos legales previstos en el Reglamento del Tribunal y en las normas antes citadas, corresponde analizar los argumentos planteados por INVERSIONES NACIONALES DE TURISMO S.A.

La LGIT establece que “la función inspectiva, es entendida como la actividad que comprende el ejercicio de la vigilancia y exigencia del cumplimiento del ordenamiento sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo”9. De allí que el comportamiento del inspector comisionado se oriente al cumplimiento de las funciones establecidas en la LGIT y su reglamento, tutelando el fin perseguido por dichas normas y debiendo adoptar medidas y acciones en el marco del principio de razonabilidad10.

Por su parte, el artículo 9° de la LGIT, establece que “los empleadores, los trabajadores y los representantes de ambos, así como los demás sujetos responsables del cumplimiento de las normas del orden sociolaboral, están obligados a colaborar con los supervisores- inspectores, lo inspectores de trabajo y los inspectores auxiliares cuando sean requeridos para ello. En particular y en cumplimiento de dicha obligación de colaboración deberán: (…) Colaborar con ocasión de sus visitas u otras actuaciones inspectivas.” siendo la comparecencia una de las modalidades de actuación inspectiva conforme lo regula el artículo 1111 de la LGIT (énfasis añadido).

El literal b) numeral 12.1 del artículo 12 del RLGIT, establece que: “En cumplimiento de las órdenes de inspección recibidas, los inspectores o equipos designados iniciarán las actuaciones de investigación mediante alguna de las siguientes modalidades: (…) Comparecencia: Exige la presencia del sujeto inspeccionado ante el inspector del trabajo, en la oficina pública que se señale, para aportar la documentación que se requiera en cada caso y/o para efectuar las aclaraciones pertinentes. El requerimiento de comparecencia se realiza conforme a lo previsto en los artículos 67 y 68 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS" (énfasis añadido).

Por su parte, el inciso 3) del artículo 36° de la LGIT establece que “Son infracciones a la labor inspectiva las acciones u omisiones de los sujetos obligados, sus representantes, personas dependientes o de su ámbito organizativo, sean o no trabajadores, contrarias al deber de

En ese contexto, el RLGIT, que tipifica y contiene las infracciones, establece en el numeral 46.10 del artículo 46, que la inasistencia del sujeto inspeccionado ante el requerimiento de comparecencia constituye infracción muy grave a la labor inspectiva, la cual es pasible de sanción económica.

En el caso en particular, de la revisión del expediente inspectivo se advierte que con fecha 24 de mayo de 2021 se notificó el requerimiento de comparecencia para el día 28 de mayo de 2021 a las 15:00 horas, conforme se corrobora del “requerimiento de comparecencia” obrante a folio 5, notificado a la casilla electrónica de la impugnante, la misma que tenía por objeto la presentación de documentos, conforme se aprecia de la siguiente figura:

Conforme se verifica del numeral 2 del acta de infracción, se advierte que el inspector comisionado dejó constancia de que la impugnante no asistió a la diligencia de comparecencia antes referida. Asimismo, en el literal b) de los hechos comprobados del acta de infracción, se advierte que el comisionado dejó constancia que la impugnante cumplió con presentar la documentación que acreditó las obligaciones materia de inspección.

En ese entendido, se debe tener en cuenta que, respecto a la diligencia de comparecencia señalada previamente, se encontraba válidamente notificada, conteniendo el apercibimiento de sanción en caso de inasistencia, sin embargo, la impugnante no asistió a la misma.

Al respecto, contrario a lo alegado por la impugnante, de los actuados se advierte que el inspector comisionado dejó constancia de la inasistencia de la impugnante a la referida diligencia de comparecencia, no advirtiéndose documento alguno que acredite lo señalado

Cabe señalar que, resulta cierto que la impugnante cumplió, en mérito a las diligencias realizadas con posterioridad a la comparecencia antes referida, con presentar la documentación solicitada, acreditando el cumplimiento de las obligaciones materia de inspección. En ese entendido, conforme se observa del numeral 5.3 del Acta de Infracción, verificada la configuración de la infracción imputada, el comisionado, al cuantificar la sanción por la misma, aplicó el numeral 17.3 del artículo 17 del RLGIT12, procediendo con la reducción del 90% de la sanción. Por lo tanto, se advierte que el inspector comisionado ha efectuado la correcta determinación y cuantificación de la infracción imputada, la misma que fue sancionada por la Sub Intendencia. Verificándose la correcta valoración de los medios probatorios aportados y aplicación de la norma antes acotada, no corresponde amparar dicho extremo del recurso de revisión.

Respecto al extremo alegado por la impugnante, referente a que no pudo asistir a la comparecencia porque la información solicitada se encontraba en Lima y que el plazo otorgado resultaba insuficiente, debemos señalar que dichos alegatos ya fueron expuestos ante la Intendencia, la cual desvirtuó los mismos, al considerar que: “no se observa sustento alguno que oportunamente haya dado a conocer el apelante respecto al tiempo necesario para que recabe información, ni mucho menos ante la notificación del requerimiento de comparecencia de fecha 24.05.2021, puso en conocimiento del inspector comisionado que la información debía ser recabada desde la ciudad de Lima, no habiéndose corroborado dicha información con algún elemento objetivo que pueda remitirnos a la valoración de un eximente de responsabilidad; por lo que, en este aspecto no resulta fundado el argumento recursivo”.

En adición a lo señalado por la instancia de apelaciones, debemos precisar que, de acuerdo a la información solicitada en el requerimiento de comparecencia, no se advierte que el plazo otorgado resulta irrazonable, pues la misma versa sobre información que las empresas mantienen en soporte digital, se trata de un solo beneficio social inspeccionado y de un único periodo inspeccionado (noviembre 2020 a abril 2021). Por lo que, lo alegado por la impugnante no justifica su inasistencia a la referida diligencia de comparecencia, no correspondiendo acoger dicho extremo del recurso de revisión.

Referente a que no se ha analizado si realmente incurrió en algún supuesto de obstrucción o si existía la obligación de reintegrar remuneraciones, cabe indicar que, como se advierte de los actuados, se ha acreditado la infracción imputada a la impugnante, desestimándose la referencia de la impugnante sobre la obligación de reintegro de remuneraciones. Asimismo, debemos recalcar que la infracción incurrida por la impugnante es por no asistir a la diligencia

Finalmente, a título informativo se señala que, conforme fluye del expediente remitido, la multa subsistente como resultado del procedimiento administrativo sancionador sería la que corresponde a la siguiente infracción:

Cabe precisar que este detalle se provee a título informativo y cualquier error de hecho o de derecho durante la tramitación del expediente que resultara en un error, omisión o imprecisión en las materias, cantidad, conducta, tipificación legal, clasificación o cuantía, resulta de exclusiva responsabilidad de la Intendencia respectiva.