Inversiones Mamay E.I.R.L — Res. 1011-2025

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Condiciones de seguridad: en lugares de trabajo, instalaciones civiles y maquinaria (Sub materia: condiciones de seguridad); Instalaciones de trabajo (Sub materia: Plataformas de trabajo – andamios y escaleras de mano y rampas); Prevención y protección (Sub materia: orden y limpieza); Equipos de protección personal.

- Una (01) infracción GRAVE en materia de SST, por no acreditar sus obligaciones relacionado a las medidas de prevención en las plataformas de trabajo usadas en lo galpones, en perjuicio de veinticinco (25) trabajadores; asimismo, las escaleras móviles no cuentan con barandas para un seguro acceso de subida o bajada de los trabajadores; tipificada en el numeral 27.9 del artículo 27 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 4,208.102.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por la inasistencia a la comparecencia programada para el 28 de junio de 2018 a las 11:30 horas; tipificada en el numeral 46.10 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 65,362.50.

i. Jamás se le entregaron las medidas de corrección con fotos, lo que llevó a confusión; en tal sentido, no incumplió el requerimiento, pues ha tenido que adivinar a qué plataformas de trabajo — andamios, escaleras de mano y rampa se refería para poder corregir, lo que invalida la propuesta de multa; por lo que debe declararse la nulidad de la resolución apelada. ii. La empresa se puede demorar al menos 10 minutos y los inspectores están en la obligación de recibir la documentación solicitada. En este caso, se demoró menos de 10 minutos por caso fortuito (se reventó la llanta de la camioneta), lo que se puede acreditar con el cuaderno de registro de visitantes del Ministerio de Trabajo. Al explicársele a la inspectora los motivos de la tardanza, se le indicó que no se preocupara y que le iba a llegar un segundo requerimiento de comparecencia. Es por ello que la tardanza no debe tomarse como inasistencia, debiendo declararse la nulidad de la resolución y disponer el archivo del procedimiento, conforme al considerando 4.4 de la Resolución de Intendencia N* 007-2021-SUNAFIL/ILM. iii. No se ha frustrado la investigación y se ha prestado la colaboración con la inspectora para un adecuado ejercicio de las funciones. La inspectora ha logrado realizar la investigación que se le encomendó en la orden de inspección. Por ello, se ha producido

2 El monto de la multa determinado alcanza la suma de S/ 14,027.00, habiéndose establecido la aplicación de la reducción al 30% por lo que se redujo la misma a S/ 4,208.10.

un efecto sustancialmente de subsanación de la conducta al amparo del literal f) numeral 1 del artículo 257 del Texto Único Ordenado de la Ley N* 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N* 004- 2019- JUS (en adelante, TUO de la LPAG), que es de obligatoria aplicación, conforme a la Resolución N* 527-2021-SUNAFIL/TFL — Primera Sala, por cuanto no se ha producido daño jurídico fehaciente y tangible a la labor inspectiva, toda vez que con ocasión de un segundo requerimiento de información pudo entregar la información sin que se le haya acusado de algún efecto pernicioso. Por ende, se debe declarar la nulidad de la resolución apelada y disponer el archivo del procedimiento. iv. Asimismo, el retraso por caso de fuerza mayor se prueba con la boleta de servicio de parchado de llanta a la camioneta del día 28 de junio de 2018 y las declaraciones juradas de la persona que brindó el servicio y del chofer de la camioneta; por lo que conforme al artículo 257 numeral 1 literal a) del TUO de la LPAG no se debería imponer multa.

i. En este procedimiento sancionador no se le ha sancionado a la inspeccionada por incumplimiento de lo dispuesto en la medida inspectiva de requerimiento. Sin perjuicio de ello, al solicitar la invalidez de lo resuelto por el inferior en grado, no se advierte que la infracción en materia de seguridad y salud en el trabajo se haya configurado por confusión respecto a las acciones que debía realizar para subsanarla. ii. Además, no forma parte de la información que debe contener la medida de requerimiento la colocación de fotografías para sustentar qué acciones debe realizar, sino a lo sumo la descripción de los hechos constitutivos de infracción, los trabajadores afectados, las normas vulneradas, el mandato específico que debe cumplir, el plazo de cumplimiento, entre otros, conforme a lo indicado en el punto 7.7.2.2 de la Versión 1 de la Directiva N° 001-2016-SUNAFIL/INII — “Reglas generales para el ejercicio de la función inspectiva”, aprobado por Resolución de Superintendencia N* 039-2016- SUNAFIL. En consecuencia, resulta infundada la pretensión de nulidad planteada por la inspeccionada. iii. El inferior en grado, considerando el Informe de Actuaciones Inspectivas Complementarias de fecha 19 de agosto de 2022, ha considerado que se subsanó la infracción que cuestiona; por lo que impuso sanción, pero aplicándole el beneficio de reducción de multa al 30% previsto en el literal a) del artículo 40 de la LGIT. iv. La inspeccionada no incurrió en tardanza, sino en inasistencia a la comparecencia que se le citó para el día 28 de junio de 2018 a las 11:30 horas en las instalaciones de la

3 Notificada a la impugnante el 02 de noviembre de 2022, conforme constancia a folios 134 del expediente administrativo sancionador.

Intendencia de Lima Metropolitana, tal como se dejó constancia por escrito en la constancia de actuaciones inspectivas de investigación de la referida fecha, que obra a fojas 5 del expediente investigatorio. v. Sobre los documentos presentados, aun cuando le haya ocurrido un desperfecto a la camioneta en la que se trasladaba el día en que se le citó a comparecer, lo cierto es que no existe constancia de que haya ingresado a las instalaciones de la Intendencia de Lima Metropolitana, durante el tiempo de tolerancia fijado para este tipo de diligencias (10 minutos). Así, debe señalarse que, además de consignar sus datos en el ingreso de la sede del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, también debe hacerlo en la Sala de Comparecencias ubicada en el segundo piso de la sede de dicha entidad ministerial, que cuenta con un registro independiente, a efectos de registrar la hora de llegada en las comparecencias, que se encuentra establecido para tales efectos de acuerdo al punto 7.6.3 de la Versión 1 de la Directiva N* 001-2016- SUNAFIL/INII. Por ende, dichos medios probatorios no son suficientes para determinar que la inspeccionada sí asistió a la diligencia de comparecencia programada para el 28 de junio de 2018 dentro del tiempo de tolerancia, menos aún para examinar si correspondía que la Inspectora actuante reciba alguna documentación. vi. Los actos contrarios al deber de colaboración no solo deben tener como resultado que se frustre la actividad de fiscalización para que sean sancionables. En el caso de la inasistencia a una comparecencia, lo que se analiza es la afectación a la labor inspectiva el día en que fue programada, con independencia de lo que ocurra en otras oportunidades. En ese sentido, el día 28 de junio de 2018 la Inspectora del trabajo no pudo llevar a cabo ninguna diligencia por la inasistencia de la inspeccionada, a pesar de que se encontraba válidamente notificada. Por ende, mal se hace en señalar que la autoridad inspectiva ha podido ejercer en forma adecuada sus funciones inspectivas el día en que se le citó a comparecer; pues de acuerdo a lo señalado en el artículo 5 numeral 3 sub numeral 3.3 de la LGIT no pudo examinar la documentación requerida ante la ausencia del representante o apoderado de la inspeccionada. vii. Respecto a la aplicación de la condición eximente de responsabilidad prevista en el literal f) del numeral 1 del artículo 257 del TUO de la LPAG, debe indicarse que de acuerdo al criterio 3 de la Relación de Criterios aplicables en la Inspección del Trabajo, aprobada por Resolución Directoral N° 029-2009-MTPE/2/11.4 de fecha 22 de mayo de 2009, las infracciones a la labor inspectiva son de naturaleza insubsanable. Por ende, no tiene asidero sostener que se puede revertir la afectación a la labor inspectiva con la entrega de documentación a la inspectora del trabajo que fue solicitada por medio de otro requerimiento de comparecencia, en tanto la colaboración exigida a la inspeccionada se debe otorgar en cada oportunidad que se le requiere para ello, conforme lo dispone el primer párrafo del artículo 9 de la LGIT; máxime si esta infracción lo que sanciona no es la falta de entrega de documentación, sino la ausencia injustificada de la inspeccionada a la comparecencia en que se le ordenó apersonarse. Por consiguiente, no resulta aplicable dicho supuesto de eximencia de responsabilidad a esta infracción. viii. En cuanto a la condición eximente de responsabilidad regulada en el artículo 257 numeral 1 literal a) del TUO de la LPAG, antes de considerar que el desperfecto ocurrido a la camioneta que le transportaba el día de la diligencia es un evento semejante a un caso fortuito o de fuerza mayor, conviene traer a colación lo señalado por el profesor Morón Urbina (2017, p. 507-508), quien ha destacado que además de la imprevisibilidad, inevitabilidad y la ausencia de relación entre la voluntad del agente y el resultado “(...) se le debe añadir el proceder con debida diligencia por parte del sujeto. Esto significa que debió haber adoptado las medidas necesarias para evitar los resultados infractores provenientes de los hechos fortuitos, por lo que toda producción de un resultado típico que no se deba, al menos, a un comportamiento culposo e

imprudente debe considerarse como fortuita y, en consecuencia, excluirse de lo sancionadoramente relevante”. ix. En ese contexto, aun cuando dicho evento pudo ser imprevisible, la inspeccionada no ha demostrado que se haya tenido una conducta diligente al no haberse demostrado que se haya apersonado a la Sala de Comparecencias de la Intendencia de Lima Metropolitana dentro del tiempo de tolerancia previsto para este tipo de diligencias; o, en su defecto, que haya registrado su hora de llegada en el registro de comparecencias de esta entidad y haya hecho llegar a la Inspectora del trabajo comisionada la justificación de su actuar oportunamente, al no existir evidencias de estos aspectos. Por ende, no resulta aplicable la condición eximente de responsabilidad invocada.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

4 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 5 “Ley N° 29981, Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…)”. 6 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo

Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR7, y el artículo 2 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR8 (en adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

Del Recurso De Revisión

Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 7 “Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL. Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. 8 “Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias”9.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE INVERSIONES MAMAY E.I.R.L.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 23 de noviembre de 2022, la impugnante presenta recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 1775-2022-SUNAFIL/ILM, señalando los siguientes alegatos:

i. Se realiza una interpretación errónea de los literales a y b del artículo 50 de la Ley de Seguridad y Salud, al determinar en el acta de infracción que la empresa incumplió con no haber adoptado las medidas de prevención en las plataformas de trabajo usadas en los galpones, ya que el empleador está facultado a gestionar los riesgos, sin excepción, eliminándolos en su origen y aplicando sistemas de control a aquellos que no se

9 Artículo 14 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por el Decreto Supremo N°004-2017-TR.

puedan eliminar. La ley de seguridad establece que para tener un ambiente seguro las empresas tienen la obligación de realizar una serie de documentación para gestionar adecuadamente los peligros, uno de ellos es elaborar su IPERC y es el único documento que puede determinar si una empresa incumplió con gestionar adecuadamente sus peligros y riesgos; sin embargo, el inspector jamás solicitó el documento técnico para evaluar la gravedad del incumplimiento. Además, se acreditó que las plataformas se dejaron de usar en la empresa; para las escaleras móviles, primero se establecieron procedimientos de trabajo seguro y luego se cumplió con la medida de requerimiento. ii. Que la interpretación correcta de los literales a y b del artículo 50 de la Ley de Seguridad y Salud, Ley 29783 debe ser que los peligros elevados se eliminan y los tolerables se realizan una sustitución progresiva, conforme lo establece el artículo 21 de la ley de Seguridad y Salud. Por lo tanto, la empresa no ha incumplido ninguna infracción, ni la ley de Seguridad y Salud, ni menos la ley de inspección, por ser las plataformas y las escaleras móviles peligros tolerables. Además, se acreditó que las plataformas se dejaron de usar después de la inspección realizada a la empresa (antes de la imputación de cargos), hecho acreditado por la inspección complementaria. A las escaleras móviles se elaboraron procedimientos de trabajos seguros y luego se cumplió con la medida de requerimiento, conforme consta en el presente expediente. iii. Los inspectores han realizado una aplicación errónea de la norma del numeral 27.9 del artículo 27 de la RLGIT que indica, en su parte final, que son infracciones graves las que deriven de un riesgo grave para la salud. Ello porque al realizar un requerimiento de prevención de plataformas y escaleras móviles, éstas no superan el metro y medio de altura; por lo tanto, no derivan de un riesgo grave para la salud de un trabajador. La norma textualmente dice: Los incumplimientos de las disposiciones relacionadas con la seguridad y salud en el trabajo, en particular en materia de lugares de trabajo, herramientas, máquinas y equipos, agentes físicos, químicos y biológicos, riesgos ergonómicos y psicosociales, medidas de protección colectiva, equipos de protección personal, señalización de seguridad, etiquetado y envasado de sustancias peligrosas, almacenamiento, servicios o medidas de higiene personal, de los que se derive un riesgo grave para la seguridad o salud de los trabajadores. iv. En el presente caso las herramientas (plataformas y escaleras móviles) no revisten ningún riesgo grave para la salud ya que los peligros y riesgos se dividen en Intolerable, moderado y tolerable y los indicados por los inspectores son tolerables; para determinar la gravedad de las actividades se tiene que conocer el IPERC de la empresa, mismo que los inspectores jamás han solicitado; solo realizaron recorridos en algunas instalaciones de la empresa, con lo que no pueden determinar si la empresa incurrió en una infracción a las normas sociolaborales, con lo que se está acreditando en la resolución se aplicó erróneamente la norma indicada. v. Existe un eximente de responsabilidad en relación a la aparente inasistencia a la comparecencia del día 28 de junio del 2018, porque lo que sucedió fue un retraso por caso de fuerza mayor, ya que se me reventó la llanta de la camioneta en la que se dirigían a la sede de la SUNAFIL, hecho imprevisto y lo que conllevó a que me retrasara y llegara unos minutos tarde. Este hecho se ha probado con la boleta del servicio de parchado de llanta a la camioneta Toyota, modelo Hilux de placa ATS-865 propiedad de la empresa, del día 28 de junio del 2018 a las 10:00 am y la declaración jurada de la persona que brindo el servicio el señor Edin Edgardo Núñez Quinteros indicando la hora. Asimismo, se ha presentado la declaración jurada del chofer de la camioneta de la empresa, el trabajador Juan Carlos Loza. Así, se ha configurado el eximente señalado en el literal a) del numeral 1 del artículo 257 del TUO de la LPAG vinculado a la existencia de caso fortuito o la fuerza mayor debidamente comprobada. vi. Se ha probado que ha llegado tarde con el cuaderno de registro de visitantes del Ministerio de Trabajo, donde figura el nombre y la hora de registro; sin embargo, no

se registró en la Sala de Comparecencias de la Intendencia de Lima Metropolitana, porque la inspectora ya no iba a atenderlo, hecho que debe ser corregido por la SUNAFIL, ya que debe registrar a toda empresa que va a entregar su documentación, aunque no lo reciban. vii. Existe un apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal, de la Resolución N° 527-2021-SUNAFIL/TFL-Primera Sala, donde señala que cuando se verifica que la empresa ha cumplido con el requerimiento posterior, con lo que no se ha frustrado ninguna investigación y se ha prestado colaboración con la inspectora para el adecuado ejercicio de sus funciones. La inspectora comisionada ha podido realizar sus actuaciones inspectivas, ha logrado realizar la supervisión que se le ha encomendado según lo dispuesto en la orden de inspección. viii. Conforme al pedido revisorio se solicita se declare la nulidad de la Resolución de Intendencia N° 1775-2022-SUNAFIL/ILM, solicitando subordinadamente la revocación de la impugnada conforme a los fundamentos antes expuestos.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre las infracciones Graves

"Artículo 49.- Recursos administrativos Los recursos administrativos del procedimiento administrativo sancionador son aquellos previstos en el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004- 2019-JUS.

El Recurso de revisión es de carácter excepcional y se interpone ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral. El Reglamento determina las demás condiciones para el ejercicio de los recursos administrativos.”

“…la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias” (énfasis añadido).

Sobre la inasistencia a la comparecencia del día 28 de junio de 2018

10 Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo. Artículo 9.- Colaboración con los Supervisores-Inspectores, Inspectores del Trabajo e Inspectores Auxiliares: Los empleadores, los trabajadores y los representantes de ambos, así como los demás sujetos responsables del cumplimiento de las normas del orden sociolaboral, están obligados a colaborar con los Supervisores-Inspectores, los Inspectores del Trabajo y los Inspectores Auxiliares cuando sean requeridos para ello. En particular y en cumplimiento de dicha obligación de colaboración deberán: (...) c) Colaborar con ocasión de sus visitas u otras actuaciones inspectivas, (...)” 11 Artículo 15.- Deberes de colaboración con los inspectores del trabajo 15.1 Durante el desarrollo de las actuaciones inspectivas los empleadores, los trabajadores y los representantes de ambos, así como los demás sujetos obligados al cumplimiento de las normas sociolaborales, prestarán la colaboración que precisen los inspectores del trabajo para el adecuado ejercicio de las funciones encomendadas, de acuerdo con lo prescrito en el artículo 9 de la Ley. (...) 12 Artículo 12.- Actuaciones inspectivas de investigación o comprobatorias 12.1 En cumplimiento de las órdenes de inspección recibidas, los inspectores o equipos designados iniciarán las actuaciones de investigación mediante alguna de las siguientes modalidades: (....) b) Comparecencia: Exige la presencia del sujeto inspeccionado ante el inspector del trabajo, en la oficina pública que se señale, para aportar la documentación que se requiera en cada caso y/o para efectuar las aclaraciones pertinentes. El requerimiento de comparecencia se realiza conforme a lo previsto en los artículos 67 y 68

exige la presencia del sujeto inspeccionado ante el inspector del trabajo en la oficina pública que se señale, para aportar la documentación que se requiera en cada caso y/o para efectuar las aclaraciones pertinentes.

Figura N° 01

del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS.

- Boleta de Venta N° 0001 – 01174913, documento que se encuentra en blanco. - Declaración Jurada, de fecha 15 de septiembre de 202214, donde quien suscribe señala que el 28 de junio de 2018, a las 10:00 a.m. realizó el servicio de parchado de llanta a la camioneta de la impugnante. - Declaración Jurada, de fecha 15 de septiembre de 202215, suscrita por quien afirma fue el chofer de la unidad, donde se declara que el 28 de junio de 2018, a las 10:00 a.m., sufrió la pinchadura de la llanta del vehículo en el cual trasladaba al representante de la impugnante a la sede de SUNAFIL. - Solicitud de acceso a la información, de fecha 19 de septiembre de 2022 y confirmación de ingreso de solicitud16, donde la impugnante requiere copia del cuaderno de registro de ingreso al 1° piso de la sede del Ministerio de Trabajo y Promoción del empleo, correspondiente al día 28 de junio de 2018 donde conste el ingreso de su representante.

13 A folios 118 (reverso) del expediente administrativo sancionador. 14 A folios 119 (anverso) del expediente administrativo sancionador. 15 A folios 119 (reverso) del expediente administrativo sancionador. 16 A folios 120 (anverso y reverso) del expediente administrativo sancionador.

Figura N° 02

17 De folios 20 a 32 del expediente administrativo sancionador. 18 A folios 5 del expediente de actuaciones inspectivas de investigación.

Segunda Instancia ha atendido dicho alegato en el fundamento 3.10 de la resolución venida en grado. En ella se señala que, antes de considerar que el desperfecto ocurrido a la camioneta que le transportaba el día de la diligencia es un evento semejante a un caso fortuito o de fuerza mayor, se debe atender a la debida diligencia por parte del inspeccionado. Así, no se ha demostrado que la impugnante haya tenido una conducta diligente al no haberse acreditado que se apersonó a la sala de comparecencias dentro del tiempo de tolerancia previsto para dicho tipo de diligencias, que se haya registrado su hora de llegada en el registro de comparecencias de la entidad o que se haya hecho llegar a la inspectora de trabajo la justificación de su actuar oportunamente, análisis con el que concuerda esta Sala. Por tanto, corresponde no acoger el planteamiento señalado por la impugnante en dicho extremo.

Sobre la supuesta vulneración al debido procedimiento

“Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo” (énfasis añadido).

“2. El Tribunal Constitucional estima oportuno recordar, conforme lo ha manifestado en reiterada y uniforme jurisprudencia, que el debido proceso, como principio constitucional, está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Vale decir que cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea este administrativo -como en el caso de autos- o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal” (énfasis añadido).

prueba expuestos por la impugnante, advirtiéndose el cumplimiento de los requisitos referidos al cumplimiento del debido procedimiento como principio y derecho material, de los derechos de defensa y a la prueba, así como el cumplimiento de la garantía de la debida motivación.

Información Adicional

N° Materia Conducta Infractora Tipificación legal y calificación Seguridad y Salud del Trabajo No acreditó sus obligaciones relacionado a las medidas de prevención en las plataformas de trabajo usadas en lo galpones, en perjuicio de veinticinco (25 trabajadores; asimismo, las escaleras móviles no cuentan con barandas para un seguro acceso de subida o bajada de los trabajadores

Numeral 27.9 del artículo 27 del RLGIT

GRAVE Labor Inspectiva La inasistencia del sujeto inspeccionado ante un requerimiento de comparecencia

Numeral 46.10 del artículo 46 del RLGIT

MUY GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral- SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley de Procedimiento Administrativo General aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR;

SE RESUELVE:

PRIMERO. - Declarar INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por INVERSIONES MAMAY E.I.R.L., en contra de la Resolución de Intendencia N° 1775-2022-SUNAFIL/ILM, de fecha 28 de octubre de 2022, emitida por la Intendencia de Lima Metropolitana, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 626-2019-SUNAFIL/ILM, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. - CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 1775-2022-SUNAFIL/ILM, en el extremo referente a la infracción muy grave a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.10 del artículo 46 del RLGIT.

TERCERO. - Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa en las materias de su competencia.

CUARTO. - Notificar la presente resolución a INVERSIONES MAMAY E.I.R.L., y a la Intendencia de Lima Metropolitana, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

20250813RZR - HR: 37392-2018