Intradevco Industrial S.A — Res. 501-2024

Mediante Orden de Inspección N° 5461-2018-SUNAFIL/ILM, se dio inicio a las actuaciones inspectivas de investigación, con el objeto de verificar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral1, que culminaron con la emisión del Acta de Infracción N° 1264-2018-SUNAFIL/ILM (en adelante, el Acta de Infracción), mediante la cual se propuso sanción económica a la impugnante por la comisión de, entre otra, una (01) infracción muy grave en materia de relaciones laborales, por atentar contra la libertad sindical, así como por una (01) infracción muy grave a la labor inspectiva, por el incumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento notificada en fecha 28 de mayo de 20182; en mérito a la denuncia presentada por el Sindicato de Obreros de Intradevco Industrial S.A., para solicitar la inspección por política antisindical.

Que, mediante Imputación de Cargos N° 1698-2020-SUNAFIL/ILM/AI2, de fecha 19 de octubre de 2020, notificada el 05 de noviembre de 2020, se dio inicio a la etapa instructiva, remitiéndose el Acta de Infracción y otorgándose un plazo de cinco (5) días hábiles para la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal e) del numeral 53.2 del artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT).

De conformidad con el literal g) del numeral 53.2 del artículo 53 del RLGIT, la autoridad instructora emitió el Informe Final de Instrucción N° 884-2021-SUNAFIL/ILM/AI2, de fecha 16 de abril de 2021 (en adelante, el Informe Final), que determinó la existencia de las conductas infractoras imputadas a la impugnante, recomendando continuar con el procedimiento administrativo sancionador. Por lo cual procedió a remitir el Informe Final y los actuados a la Sub Intendencia de Resolución de la Intendencia de Lima Metropolitana, la cual mediante Resolución de Sub Intendencia N° 578-2021- SUNAFIL/ILM/SIRE2, de fecha 23 de julio de 2021, notificada el 26 de julio de 2021, multó a la impugnante por la suma de S/ 130,745.75, por haber incurrido en las siguientes infracciones:

Con fecha 17 de agosto de 2021, la impugnante interpuso recurso de apelación contra la Resolución de Sub Intendencia N° 578-2021-SUNAFIL/ILM/SIRE2, argumentando lo siguiente:

Mediante Resolución de Intendencia N° 756-2022-SUNAFIL/ILM, de fecha 06 de mayo de 20223, la Intendencia de Lima Metropolitana, declaró infundado el recurso de apelación interpuesto por la impugnante, por considerar los siguientes puntos:

Con fecha 30 de mayo de 2022, la impugnante presentó ante la Intendencia de Lima Metropolitana, el recurso de revisión en contra de la Resolución de Intendencia N° 756- 2022-SUNAFIL/ILM.

La Intendencia de Lima Metropolitana, admitió a trámite el recurso de revisión y elevó los actuados al Tribunal de Fiscalización Laboral, mediante MEMORANDUM-003548- 2022-SUNAFIL/ILM, recibido el 13 de diciembre de 2022 por el Tribunal de Fiscalización Laboral.

Mediante el artículo 1 de la Ley N° 299814, se crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (en adelante, SUNAFIL), disponiéndose en el artículo 7 de la misma

Asimismo, de conformidad con el artículo 15 de la Ley N° 299815, en concordancia con el artículo 41 de la Ley General de Inspección del Trabajo6 (en adelante, LGIT), el artículo 17 del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR7, y el artículo 2 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR8 (en adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

Así, el artículo 49 de la LGIT, modificado por el Decreto Legislativo N° 1499, define al recurso de revisión como un recurso administrativo del procedimiento administrativo sancionador con carácter excepcional, interpuesto ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos de que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral, estableciéndose en el artículo 55 del RLGIT, modificado por el Decreto Supremo N° 016- 2017-TR, que los requisitos de admisibilidad y procedencia se desarrollarían en el Reglamento del Tribunal.

El Reglamento del Tribunal establece que la finalidad del recurso de revisión es “la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias”9.

En ese sentido, es el mismo reglamento el que delimita la competencia del Tribunal a las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias, estableciéndose en el artículo 17 del Reglamento del Tribunal que se encuentra facultado para rectificar, integrar, excluir e interpretar la resolución emitida por la segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas.

En esta línea argumentativa, la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral comprende también la adecuación a la Constitución, a las leyes y al derecho, de conformidad con el principio de legalidad, que debe de caracterizar al comportamiento de las autoridades administrativas.

De la revisión de los actuados, se ha identificado que INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A., presentó el recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 756-2022- SUNAFIL/ILM, emitida por la Intendencia de Lima Metropolitana, que confirmó la sanción impuesta de S/ 130,745.75, por la comisión, entre otra, de una (01) infracción MUY GRAVE en materia de relaciones laborales, tipificada en el numeral 25.10 del artículo 25 del RLGIT, y una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, tipificada

Así, al haberse identificado que el recurso interpuesto por el solicitante cumple con los requisitos jurídicos, previstos en el ordenamiento jurídico corresponde analizar los argumentos planteados por INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A.

El artículo VI del Título Preliminar del TUO de la LPAG, dispone que aquellos actos administrativos que resuelven casos particulares, “interpretando de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación, constituirán precedentes administrativos de

De igual forma, el Reglamento del Tribunal, mediante los artículos 3, 22 y 23, señala que constituye una competencia del Tribunal de Fiscalización Laboral – a través de su Sala Plena– el establecimiento de precedentes de observancia obligatoria, bajo los criterios establecidos por el TUO de la LPAG (interpretación de modo expreso y con carácter general), obligatorio para las entidades del Sistema de Inspección del Trabajo cuando así se precise expresamente, y siempre que una norma con rango de ley o decreto supremo no establezca lo contrario, entrando en vigencia al día siguiente de su publicación en el diario oficial El Peruano, salvo que el Tribunal expresamente disponga su vigencia diferida.

En esa línea argumentativa, mediante Resolución de Sala Plena N° 002-2022- SUNAFIL/TFL del 22 de abril de 2022, publicado el 06 de mayo de 2022 en el diario oficial El Peruano, se aprobaron los siguientes precedentes de observancia obligatoria, vigentes desde el día siguiente de su publicación:

De igual modo, mediante Resolución de Sala Plena N° 003-2022-SUNAFIL/TFL de fecha 25 de julio de 2022, publicada el 17 de agosto en el diario oficial El Peruano, se resolvió establecer como precedentes administrativos de observancia obligatoria los siguientes criterios:

Lo anterior exige al administrado una mayor rigurosidad en la formulación de sus escritos de revisión, en la medida que, al tratarse de un recurso extraordinario, para que los fundamentos contenidos en este puedan ser conocidos y evaluados por el Tribunal, no basta que la resolución recurrida contenga la imposición de sanciones por infracciones muy graves, sino que su impugnación debe ceñirse estrictamente a los presupuestos básicos establecidos en el artículo 14 del Reglamento del Tribunal, esto es: 1) Debe cuestionar al menos una infracción tipificada y calificada como muy grave, en el RLGIT, o en caso de omisión, el razonamiento empleado es suficiente para deducir ello, y; 2) Este cuestionamiento debe sustentarse necesariamente, en la inaplicación, o aplicación o interpretación errónea de las normas que rigen el derecho laboral, y/o en el apartamiento inmotivado de algún precedente de observancia obligatoria emitido por este Tribunal, que haya incidido directa o indirectamente, en la determinación de las infracciones.

Y es que, en ciertos casos, se aprecia la existencia de recursos de revisión donde, impugnándose una resolución que confirma la imposición de una sanción económica por la comisión de alguna infracción tipificada como muy grave en el RLGIT; no se cuestiona expresamente dicha infracción de forma directa o siquiera indirecta (cuando no se plantea algún razonamiento que pueda permitir deducir ello). Tal situación implica que tales recursos promueven asuntos fuera de la competencia material de este Tribunal, debiendo este órgano colegiado declarar la improcedencia, conforme a la normativa que rige su actuación” (El resaltado es nuestro).

En ese sentido, el análisis de los argumentos de la impugnante se realizará bajo la competencia del Tribunal, vinculada con las infracciones muy graves, e identificando si sobre éstas se han producido alguno de los supuestos previstos en el artículo 14 del Reglamento del Tribunal. Sobre los actos en contra del ejercicio de la libertad sindical 6.6 La Constitución Política de Perú, en su artículo 28, reconoce el derecho a la sindicación y la libertad sindical: “Artículo 28.- Derechos colectivos del trabajador. Derecho de sindicación, negociación colectiva y derecho de huelga

En ese sentido, se aprecia la máxima valoración jurídica que tiene el hecho sindical en nuestro ordenamiento jurídico, en la medida que estamos ante el reconocimiento de un bien jurídico tutelado en el nivel más alto dentro del Derecho nacional, con lo que, evidentemente, pasa a formar parte del denominado interés público.

La libertad sindical ha sido considerada en diversos tratados internacionales de derechos humanos de ámbito mundial y americano como un derecho fundamental del cual es titular todo ciudadano. La Organización Internacional del Trabajo (en adelante OIT) ha desarrollado extensamente el contenido de este derecho a través de diversos Convenios y Recomendaciones.

Es así que, conforme al artículo 1.1 del Convenio 98 de la OIT, Convenio relativo al derecho de sindicación y de Negociación Colectiva, los trabajadores deberán gozar de una adecuada protección contra todo acto de discriminación tendiente a menoscabar la libertad sindical en relación con su empleo, precisándose, a continuación, en el literal b) del artículo 1.2 del mismo Convenio que, dicha protección deberá ejercerse especialmente contra todo acto que tenga por objeto despedir a un trabajador o perjudicarlo en cualquier otra forma a causa de su afiliación sindical o de su participación en actividades sindicales fuera de las horas de trabajo o, con el consentimiento del empleador, durante las horas de trabajo (énfasis añadido).

Por otro lado, el artículo 4 del Decreto Supremo N° 010-2023-TR, precisa que el Estado, los empleadores y los representantes de uno y otros deberán abstenerse de toda clase de actos que tiendan a coactar, restringir o menoscabar, en cualquier forma, el derecho de sindicalización de los trabajadores, y de intervenir en modo alguno en la creación, administración o sostenimiento de las organizaciones sindicales que éstos constituyen (énfasis añadido).

Asimismo, con relación a las actividades sindicales, podemos considerar dentro de esta al derecho a la huelga, previsto en el numeral 3 del artículo 28 de la Constitución Política, y que constituye un componente esencial de la libertad sindical, en el cual se hace referencia específica a dos temas: regulación del ejercicio de la huelga para que se ejerza en armonía con el interés social y excepciones y limitaciones a ese derecho. Es

En efecto, lo señalado previamente se sustenta en los pronunciamientos emitidos por los órganos de control de la OIT, en los cuales se ha señalado, en principio, que la huelga es el corolario indiscutible de la libertad sindical, y en el que se pone énfasis a la interdependencia que tiene la huelga con el derecho de sindicación y la negociación colectiva. Asimismo, en la Recomendación N° 92, se han hecho dos referencias a la huelga, una al señalar que si el procedimiento de negociación colectiva ha sido sometido a conciliación o arbitraje voluntario, las partes deberán abstenerse de recurrir a la huelga o al cierre patronal mientras dure el procedimiento, y otra referencia al referir que ninguna de sus disposiciones puede interpretarse de manera que se restrinja el derecho de huelga; por lo que podemos concluir que mientras dura el procedimiento respectivo, el derecho de huelga no puede quedar restringido, dado que con ello se estaría vulnerando el derecho a la libertad sindical de la organización para desarrollar las actividades sindicales en pro de la defensa de los derechos laborales de los trabajadores, y mucho menos, que la ejecución de estas actividades conlleve como consecuencia un menoscabo en perjuicio de los trabajadores, indiscutiblemente del resultado al que se concluye después de finaliza el procedimiento respectivo.

Para Alfredo Villavicencio Ríos10, la libertad sindical es el derecho fundamental de los trabajadores a agruparse establemente para participar en la ordenación de las relaciones productivas. Este derecho, para ser entendido como tal, debe incluir, por lo menos, la libertad para constituir sindicatos, y afiliarse a ellos, así como la adecuada protección al ejercicio de la actividad sindical. Dentro de nuestro ordenamiento jurídico, el Tribunal Constitucional ha delimitado el contenido esencial del derecho a la libertad sindical, señalando que este derecho constitucional tiene un aspecto orgánico y otro funcional. De acuerdo a lo dispuesto por el tratadista nacional Villavicencio antes citado, el aspecto orgánico o estático consiste en la facultad de toda persona de constituir organizaciones con el propósito de defender sus intereses gremiales y, el aspecto funcional o dinámico supone la actuación del sujeto colectivo dirigida a promover y tutelar los intereses económicos y sociales de los trabajadores (énfasis añadido).

Por otro lado, corresponde señalar que la negociación colectiva permite la solución de los conflictos colectivos de trabajo, siendo deber del Estado incentivarla a fin de asegurar que los trabajadores puedan negociar en torno a una mejora remunerativa, condiciones de trabajo y otras siempre que tengan como base el respeto de los derechos laborales y condiciones dignas. En ese orden de ideas, la negociación colectiva se materializa como un medio por el cual se garantiza la libertad sindical. Así, el Tribunal Constitucional ha señalado en la Sentencia recaída en el Expediente N° 02211-2009-PA/ TC, lo siguiente:

De lo expuesto, corresponde concluir que el derecho de huelga no puede verse restringido, dado que con ello se estaría vulnerando el derecho al ejercicio de la libertad sindical de la organización para desarrollar las actividades sindicales con la finalidad de defender los derechos laborales de los trabajadores.

Es necesario precisar que, la impugnante, cuenta con una organización sindical, denominada “Sindicato de Obreros de INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A.”, según constancia de inscripción, emitida por la Dirección de Prevención y Solución de Conflictos de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Lima Metropolitana del MTPE, de la cual se advierte, que cuenta con un total de 253 trabajadores afiliados al sindicato denunciante, de los cuales presentaron su solicitud de inspección por intermedio de la organización sindical o de forma individual, 47 trabajadores afiliados al Sindicato, según la relación de afiliados presentada por la impugnante en la comparecencia de fecha 04 de junio de 2018.

De otro lado, el RLGIT establece en el numeral 25.10 del artículo 25, que el incumplimiento de las disposiciones relacionadas con la realización de actos que afecten la libertad sindical del trabajador o de la organización de trabajadores, tales como aquellos que impiden la libre afiliación a una organización de trabajadores, promuevan la desafiliación de la misma, impidan la constitución de sindicatos, obstaculicen a la representación sindical, para afectar la libertad sindical, la negociación colectiva y el ejercicio del derecho de huelga, o supuestos de intermediación laboral fraudulenta, o cualquier otro acto de interferencia en la organización de sindicatos, constituye una infracción muy grave en materia de relaciones laborales, la cual es pasible de una sanción económica (énfasis añadido).

De acuerdo a la Orden de Inspección, las actuaciones inspectivas se iniciaron con la finalidad de verificar el cumplimiento de la normativa laboral sobre la materia:

Ahora bien, en el numeral 4.4 de los Hechos Constatados del Acta de Infracción, el inspector comisionado dejó constancia que, en la comparecencia de fecha 04 de mayo de 2018, la impugnante argumenta que las sanciones disciplinarias impuestas a los trabajadores huelguistas del Sindicato de Obreros de INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A., de amonestación y suspensión de labores sin goce de remuneración, fue por participar en una huelga convocada por su Sindicato los días 22 y 23 de febrero de 2018, que fue declarada improcedente y posteriormente ilegal por el MTPE, además que se graduó la sanción en proporción a la falta incurrida de acatamiento de una huelga improcedente e ilegal, y de usar marcas comerciales protegidas por ley, indicando que este hecho no contraviene el marco normativo laboral vigente, tanto interno de la empresa como nacional, porque se ha basado en su poder disciplinario.

Conforme a las actuaciones inspectivas de investigación, se verifica que el derecho al ejercicio de la libertad sindical se vio afectado con la imposición de sanciones disciplinarias con motivo del derecho de huelga ejercido por los trabajadores afiliados, en fechas 22 y 23 de febrero de 2018, cuya autorización, si bien estuvo limitada a las exigencias previstas en el artículo 73 de Texto Único Ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, aprobado por el Decreto Supremo N° 010-2003-TR, ello no impidió llevar a cabo las actividades sindicales programadas por la organización sindical y restringir el derecho constitucional previsto en el numeral 3 del artículo 28 de la Constitución Política; máxime si la improcedencia de la autorización de huelga expedida en la Resolución Directoral N° 024-2018-MTPE/2/14, de fecha 14 de febrero de 2018, aún no se encontraba consentida y ejecutoriada; por el contrario, para dicho momento aún se encontraba vigente el procedimiento que podía revertir lo resuelto por la Autoridad Administrativa de Trabajo. Asimismo, la Resolución Directoral General N° 032-2018-MTPE/2/14, de fecha 28 de febrero de 2018, que declaró su ilegal, no había sido expedida hasta dicho momento; por lo que, no debe confundirse el desconocimiento de lo resuelto en última instancia con las circunstancias en que estas fueron impuestas. En tal sentido, la imposición de medidas disciplinarias sustentadas en una ilegalidad, que hasta dicho momento no había sido declarada, y fue impuesta retroactivamente a la fecha en que esta se materializó, constituye un acto que afectó la libertad sindical de los cuarenta y ocho (48) trabajadores afiliados.

Al respecto, cabe precisar que, por el Principio de Especialidad, se tiene que entre lo establecido en una norma general y una norma especial, debe privilegiarse en su aplicación la norma especial; siendo que en el caso concreto, en los hechos constatados confluye un marco normativo específico para garantizar el ejercicio válido del derecho humano laboral de huelga, el mismo que tiene un contenido esencial asociado al ejercicio de la libertad sindical, que tiene un tratamiento y reconocimiento normativo

Asimismo, se advierte que en el presente caso no se han cumplido los dos supuestos requeridos en el artículo 39 del Decreto Supremo N° 001-96-TR, en tanto que, respecto al primer supuesto, la declaración de ilegalidad de la huelga fue declarada con fecha posterior a los días en los que se hizo efectiva la huelga convocada y, respecto al segundo supuesto, no se advierte que la impugnante, una vez consentida las resoluciones que declaran la ilegalidad de la huelga haya procedido con el requerimiento a los trabajadores para su reincorporación al centro de trabajo, mediante la colocación de cartelones, conforme se ha dejado constancia por el personal inspectivo en el numeral 4.5 de los hechos constatados del Acta de Infracción. Por lo que, no se pueden considerar los días 22 y 23 de febrero de 2018 como inasistencias injustificadas y mucho menos imponer sanciones disciplinarias de amonestación y suspensión.

En ese contexto, se verifica que el inspector comisionado, no adoptó medida inspectiva de requerimiento en relación a la vulneración del derecho a la libertad sindical asociado al derecho de huelga, debido a su carácter insubsanable, en tanto que, con dicha conducta la impugnante, ejerce un efecto disuasivo en contra de la libertad sindical del Sindicato de Obreros de INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A., tanto en su ejercicio individual como de organización, constituyéndose una afectación irreversible e irreparable en el tiempo, que ya causó sus efectos y no pueden ser revertidos, de conformidad con el artículo 49 del RLGIT.

Por tanto, se concluye que existen actos que atentan contra la libertad sindical, al haberse verificado que la impugnante, impuso sanciones disciplinarias a trabajadores sindicalizados, con motivo de haber ejercido su derecho de huelga los días 22 y 23 de febrero de 2018, resultando lesivo al ejercicio de la libertad sindical, toda vez que no resultaban aplicables dichas sanciones al haber estado justificado el ejercicio del derecho de huelga de los trabajadores afectados.

En tal sentido, se debe confirmar la multa impuesta por la infracción muy grave en materia de relaciones laborales, tipificada en el numeral 25.10 del artículo 25 del RLGIT. Por tanto, no corresponden acoger los alegatos referidos a este extremo en el recurso de revisión.

Respecto al alegato referido a que, las sanciones impuestas mediante cartas de suspensión, no tienen sustento en las inasistencias injustificadas, sino, en el uso indebido de la marca “Sapolio”, antes y durante el desarrollo de la huelga. Sobre el particular, del expediente inspectivo se advierten las cartas de suspensión sin goce de haber de los trabajadores afectados, en las cuales se señala el acatamiento de la huelga convocada por el Sindicato que fue declarada ilegal y la utilización indebida de la marca Sapolio en los días de huelga.

Al respecto, en el numeral 4.5 de los hechos constatados del Acta de Infracción, los inspectores comisionados señalaron lo siguiente: “(…) el derecho de la huelga se dio dentro del marco de negociación colectiva del pliego de reclamos 2017-2018, que a pesar de haber sido declarada improcedente por la Autoridad Administrativa de Trabajo, no impidió su ejercicio válido en armonía con el interés social de sus participantes, quienes actuaron compelidos por una decisión administrativa, que no fue consentida en su momento, ni menos ejecutoriada a la fecha en que se materializó el ejercicio válido de resistencia, mediante la medida de fuerza – huelga, que dentro de este contexto, el uso de marcas comerciales, protegidas dentro de un ámbito lucrativo comercial, no resulta relevante para aplicar una sanción dado que la huelga persigue un fin altruista, sin fin lucrativo, porque es el ejercicio legal en procura de la reivindicación de derechos sociolaborales; es más, de las pruebas aportadas por la impugnante no se desprende la notificación del Reglamento Interno de Trabajo, Código de Ética y Conducta a los trabajadores sindicalizados; además que del procedimiento disciplinario esgrimido por la impugnante, se advierte que no se ha garantizado el ejercicio de los trabajadores sindicalizados del derecho de defensa y de presunción de inocencia, al no haberse otorgado ningún plazo para el ejercicio del mismo (…)”.

Por tanto, de autos se advierte que no resulta cierto lo alegado por la impugnante, que solo fue en virtud de la utilización indebida de la marca las sanciones impuestas mediante cartas de suspensión, sino también por el acatamiento de la huelga convocada por el Sindicato; máxime si, la utilización de la marca, en dicho contexto resulta irrelevante. Por ende, todos los argumentos dirigidos en este extremo deben ser desestimados.

Contrario a lo alegado por la impugnante, referido a que, se sanciona por no haber puesto de conocimiento de los trabajadores afiliados el RIT y Código de Ética que prohíba el uso de logotipos, conforme se evidencia de los actuados, se impone la sanción por los actos que atentan contra la libertad sindical; al haberse verificado que la impugnante, sancionó disciplinariamente a trabajadores sindicalizados, con motivo de haber ejercido su derecho de huelga los días 22 y 23 de febrero de 2018, resultando lesivo al ejercicio de la libertad sindical. En consecuencia, se deben desestimar los argumentos dirigidos a cuestionar este extremo.

Sobre el particular, el numeral 1.2 del inciso 1 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG precisa lo siguiente:

El Tribunal Constitucional -máximo intérprete de la Constitución- se ha pronunciado en numerosas oportunidades en relación con el derecho al debido procedimiento, estableciendo una reiterada y uniforme jurisprudencia al respecto, como lo recuerda la Sentencia recaída en el Expediente N° 04289-2004-AA/TC:

En esa línea argumentativa, esta Sala identifica, desde un análisis formal, que tanto la Resolución de Sub Intendencia N° 578-2021-SUNAFIL/ILM/SIRE2, como la Resolución de Intendencia N° 756-2022-SUNAFIL/ILM, han contemplado la argumentación y medios de prueba expuestos por la impugnante, advirtiéndose el cumplimiento de los requisitos referidos al cumplimiento del debido procedimiento como principio y derecho material, de los derechos de defensa y a la prueba, así como el cumplimiento de la garantía de la debida motivación.

Conforme con el fundamento jurídico 4 de la Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional del 8 de febrero de 2022 (expediente 349-2021-PA7TC), toda decisión judicial debe cumplir con cuatro requisitos para que cumpla con el deber de motivación, lo que lleva a contemplarlas en su extensibilidad al ámbito administrativo del presente expediente: 1) coherencia interna, para comprobar que lo decidido se deriva de premisas establecidas por el órgano resolutivo en su fundamentación; 2) justificación de las premisas externas, que aluden al respaldo probatorio de los hechos y sobre el derecho considerado por el órgano al resolver; 3) la suficiencia, que refiere a que se hayan expuesto razones que sustenten lo decidido en función de los problemas relevantes determinados y necesarios para la resolución del caso; y 4) la congruencia, como elemento que permite establecer si las razones especiales requeridas para adoptar determinada decisión se encuentran recogidas en la resolución en concreto.

Del examen efectuado por esta Sala sobre las resoluciones emitidas en el Procedimiento Sancionador, se puede observar que estos 4 elementos pueden ser satisfactoriamente comprobados, por lo que, de manera formal y material, el debido procedimiento ha sido respetado dentro del trámite del procedimiento sancionador.

Asimismo, se corrobora, de los actuados, que ni el procedimiento inspectivo ni el sancionador, contravienen a la Constitución, a los principios del procedimiento administrativo, ni a las leyes o normas reglamentarias, además contiene los requisitos de validez del acto administrativo relacionados a la competencia, objeto o contenido, finalidad pública y procedimiento regular. Además, es necesario reiterar que, la resolución impugnada se encuentra debidamente motivada, al exponer una relación concreta y directa de los hechos probados durante el desarrollo del presente procedimiento, no verificándose la vulneración a los principios invocados por la impugnante. Por lo que, corresponde no acoger los argumentos expuestos en este extremo del recurso.

Por tales razones, se debe desestimar la nulidad deducida por la impugnante, al no evidenciarse que, en el presente procedimiento, se haya incurrido en alguna causal de nulidad contemplada en el artículo 10 del TUO de la LPAG. Al haberse respetado el derecho al debido proceso administrativo de la recurrente. Por tanto, no cabe acoger este extremo del recurso.

Con relación a lo alegado por la impugnante, referido a que, no se debería incluir al cálculo de la sanción el total de los trabajadores sindicalizados, sino solo los sancionados con carta de amonestación o suspensión, pues resulta desproporcional, es preciso traer a colación al artículo 38 de la LGIT, que establece los tipos de sanciones y criterios de la graduación de las sanciones, “las infracciones son sancionadas administrativamente con multas administrativas y el cierre temporal, de conformidad con lo previsto en el artículo 39-A de la presente ley. Las sanciones a imponer por la comisión de infracciones de normas legales en materia de relaciones laborales, de seguridad y salud en el trabajo y de seguridad social a que se refiere la presente Ley, se gradúan atendiendo a los siguientes criterios generales: a) Gravedad de la falta cometida. b) Número de trabajadores afectados. c) Tipo de empresa. El Reglamento establece la tabla de infracciones y sanciones, y otros criterios especiales para la graduación” (énfasis añadido).

En ese sentido, el artículo 47 del RLGIT, dispuso además de los criterios de graduación señalados en la LGIT, que la determinación de la sanción debe respetar los principios de razonabilidad y proporcionalidad según lo dispuesto por el artículo 24611 numeral 3) del TUO de la LPAG. Considerando ello, en la resolución sancionadora, al momento de realizar la imposición de la sanción de multa, se realiza ello, en base a lo sustentado y de acuerdo a la normativa vigente, cabe indicar que los montos de las multas contenidas en la tabla del RLGIT son fijas y predeterminadas, sin que la autoridad sancionadora pueda imponer otro valor distinto.

Asimismo, en el presente caso, corresponde indicar que, acorde con lo previsto en el literal ii), numeral 48.1-B del artículo 48 del RLGIT, únicamente para el cálculo de la multa a imponerse en el caso de infracciones tipificadas en el numeral 25.10 del artículo

Al respecto, cabe precisar que, en el ejercicio de la labor inspectiva, los inspectores de trabajo se encuentran facultados a realizar sus labores orientadas a la vigilancia y exigencia del cumplimiento del ordenamiento sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo, por lo que, pueden adoptar acciones orientadas a ello, entre las que se encuentra la emisión de medidas inspectivas de requerimiento.

En ese orden de ideas, el artículo 14 de la LGIT, establece:

En similar sentido, el artículo 17 del RLGIT, establece en su numeral 17.2:

Por otro lado, es necesario precisar que, conforme lo establece el numeral 5.3 del inciso 5 del artículo 5 de la LGIT, los inspectores del trabajo están investidos de autoridad y facultados para requerir al sujeto responsable que, en un plazo determinado, adopte medidas en orden al cumplimiento de la normativa del orden sociolaboral, incluso con su justificación ante el inspector que ha realizado el requerimiento. Sobre ello, el inciso 13.5 del artículo 13 del RLGIT, establece que, dichas medidas, se adoptan dentro del plazo establecido para la realización de las actuaciones de investigación o

El numeral 20.3 del artículo 20 del RLGIT, ha establecido que las medidas de requerimiento son órdenes dispuestas, por la inspección del trabajo, para el cumplimiento de las normas sociolaborales y de seguridad y salud en el trabajo. Así como que éstas pueden consistir en ordenar al empleador, siempre que se fundamente en el incumplimiento de la normatividad legal vigente, que en relación con un trabajador se le registre en planillas, se abonen las remuneraciones y beneficios laborales pendientes de pago, así como se establezca que el contrato de trabajo sujeto a modalidad es a plazo indeterminado y la continuidad del trabajador cuando corresponda, la paralización o prohibición inmediata de trabajo o tareas por inobservancia de la normativa sobre prevención de riesgos laborales, entre otras.

Como se evidencia de las normas glosadas, la naturaleza jurídica de la medida inspectiva de requerimiento es la de ser una medida correctiva que tiene como objeto revertir los efectos de la ilegalidad de la conducta cometida por el inspeccionado de manera previa al inicio del PAS.

Cabe indicar que, la inobservancia o incumplimiento de la medida de requerimiento genera la infracción calificada como muy grave a la labor inspectiva, prevista en el inciso 46.7 del artículo 46 del RLGIT, por no cumplir oportunamente con el requerimiento de la adopción de medidas para el cumplimiento de la normativa de orden sociolaboral. Asimismo, cabe precisar que, esta infracción a la labor inspectiva se generaría con independencia y en forma adicional a las identificadas dentro del marco de la ejecución a la labor inspectiva en materias sociolaborales y de seguridad y salud en el trabajo.

En tal sentido, corresponde analizar si en uso de dicha facultad, los inspectores comisionados extendieron la medida inspectiva de requerimiento en consideración al presupuesto principal contenido en el artículo 14 de la LGIT y numeral 17.2 del artículo 17 del RLGIT, referente a la comprobación de la existencia de infracción al ordenamiento jurídico sociolaboral al momento de emitir dicho requerimiento.

En este caso, la medida inspectiva de requerimiento de fecha 28 de mayo de 2018, obrante a folio 972 del expediente inspectivo, dispuso que la impugnante cumpliese en un plazo máximo de cuatro (04) días hábiles con acreditar lo siguiente:

Conforme al numeral 4.8 del Acta de Infracción, la impugnante no cumplió con la medida inspectiva de requerimiento notificada en fecha 28 de mayo de 2018.

Al respecto, corresponde señalar que, se observa la razonabilidad, proporcionalidad y legalidad de la medida inspectiva de requerimiento, en tanto fue emitida dentro de las actuaciones inspectivas derivadas de la Orden de Inspección N° 5461-2018-

En tal sentido, debe mantenerse la sanción impuesta por la infracción tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT; por lo que se encontraba en el deber de cumplir con lo dispuesto por la autoridad inspectiva, al no evidenciarse una vulneración en la emisión de la medida inspectiva de requerimiento, que transgreda lo dispuesto por el artículo 14 de la LPAG y el numeral 17.2 del artículo 17 del RLGIT.

Por tanto, estando a que la autoridad administrativa cumplió con el estándar de prueba fijado para el procedimiento administrativo sancionador, desvirtuando el principio de licitud del administrado, al determinar la infracción incurrida por parte del sujeto inspeccionado, luego de la valoración presentada en la fase inspectiva y sancionadora; correspondía al sujeto inspeccionado, en ejercicio de su derecho de contradicción y defensa, presentar los medios documentales que sustenten el cumplimiento de la medida de requerimiento; sin embargo, no se aprecia el mismo. Siendo que, de los actuados, se advierte el incumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento, la cual constituye una infracción a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT.

Por todo lo expuesto, se encuentra acreditado que la impugnante ha incurrido en una (01) infracción muy grave a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT, conforme a lo determinado por la autoridad sancionadora.

Finalmente, a título informativo se señala que, conforme fluye del expediente remitido, las multas subsistentes como resultado del procedimiento administrativo sancionador serían las que corresponden a las siguientes infracciones:

Cabe precisar que este detalle se provee a título informativo y cualquier error de hecho o de derecho durante la tramitación del expediente que resultara en un error, omisión o imprecisión en las materias, cantidad, conducta, tipificación legal, clasificación o cuantía, resulta de exclusiva responsabilidad de la Intendencia respectiva.