International Private Security Perú S.A.C — Res. 1448-2025

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Jornada, Horario de trabajo y descansos remunerados (Sub materia: Vacaciones); Certificado de trabajo (Sub materia: Incluye todas); Compensación por tiempo de servicios (Sub materia: Deposito de CTS); Remuneraciones (Sub materia: Gratificaciones); Remuneraciones (Sub materia: Pago de bonificaciones).

- Una (01) infracción LEVE en materia de relaciones laborales, por no acreditar la entrega del certificado de trabajo del extrabajador, tipificada en el numeral 23.2 del artículo 23 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 1,196.00

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por el incumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento debidamente notificada, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/12,098.00.

i. Se ha indicado y presentado durante el procedimiento se ha enviado el correo electrónico de fecha 12 de julio de 2022, se envió al correo electrónico del trabajador afectado (tarraga_2@hotmail.com) los documentos laborales (liquidación, ultima boleta y certificado de trabajo), como se observa en la captura de pantalla consignada en su escrito de descargo. Precisa que, con fecha 13 de julio de 2022 el trabajador afectado responde el correo, evidenciando la recepción del correo con el certificado de trabajo, y devolviendo firmada solo la liquidación, pero considera que se debe tomar en cuenta que se ha recibido el certificado y la última boleta, como se observa en la siguiente captura de pantalla, consignada en su escrito de descargo. ii. Se comete un error de apreciación y valoración de pruebas presentadas debido a que comete un error de identificar el adjunto de respuesta del trabajador, lo que ha llevado a cometer un error que invalida el criterio para imponer la multa, pues se indica que no se puede verificar si en el escaneo “20220712174258”, cuando se debió verificar el correo de fecha 12 de julio de 2022, donde se aprecian como adjuntos: “BOLETA, CERTIFICADO y LIQUIDACIÓN”. Con estos correos se ha demostrado que se ha cumplido con la obligación de forma oportuna; toda vez que, el trabajador afectado habría recibido su certificado de trabajo de manera virtual que es una vía permitida y habilitada, sobre todo si fue en el contexto de pandemia. El Decreto Legislativo 1499, ha indicado que se puede utilizar las vías y medios digitales para la comunicación con los empleados, siempre que dichas comunicaciones dejen evidencia del envío y

siempre que sea fácil acceso para el trabajador, por ello, el envió de un correo electrónico y la respuesta del trabajador afectado debe ser considerada como una vía legal y valida de comunicación y entrega de documentación laboral. iii. Los certificados de trabajo no requieren firma del trabajador para tener validez, pero se debe acreditar la entrega por una vía valida, que en el caso materia de análisis fue el correo electrónico. iv. El Inspector del Trabajo usa el criterio de la entrega del certificado de trabajo por una vía y documento que deja constancia de la respuesta del trabajador (conforme lo permite la Ley); sin embargo, se contradice al imponer una multa, por considerar que el correo electrónico no es una vía idónea; más aún sí, por esa vía se entregaron otros documentos laborales que si se validaron. v. Solicita en virtud de los principios de simplicidad, informalismo, verdad material, razonabilidad y buena fe, se valore como cumplida la obligación sociolaboral de entrega de certificado de trabajo, y por lo tanto se desestime las multas impuestas.

i. Las actuaciones inspectivas son diligencias que la Inspección del Trabajo sigue de oficio, con carácter previo al inicio del procedimiento administrativo sancionador, para comprobar el incumplimiento en materia sociolaboral o de seguridad y salud en el trabajo, así como adoptar las medidas inspectivas que en su caso proceden para garantizar el cumplimiento de las mismas, asimismo, conforme lo descrito en los artículos 16 y 47 de la LGIT, que señala los hechos constatados por los inspectores del trabajo que se formalicen en las actas de infracción observando los requisitos que se establezcan, merecen fe y se presumen ciertos, sin perjuicio de las pruebas que puedan aportar los interesados en defensa de sus respectivos derechos e intereses. En esa línea, de análisis del numeral IV Hechos Constatados del Acta de Infracción N°556-2022- SUNAFIL/IRE-CUS, se advierte que se ha exigido documento que acredite copia del certificado con firma del trabajador y/o cualquier otro documento que acredite la entrega con respuesta del trabajador, precisando en que lo requerido debe permitir acreditar objetivamente que el documento denominado “certificado de trabajo” fue recibido por el trabajador. En ese orden, con vista a la captura de pantalla del correo electrónico de fecha 12/07/2022 se visualiza tres archivos adjuntos (que dicen: boleta tárraga, certificado tárraga, liquidación tárraga) dirigidos al trabajador afectado, sin embargo, en el asunto del correo

2 Notificada a la impugnante el 01 de septiembre de 2023.

se consigna “Liquidación”; asimismo de la captura de pantalla del correo de fecha 13 de julio de 2022, se puede observar que en su contenido se consigna: “Agradecería saber cuándo estaría llegando mi liquidación. Muchas gracias”. Por lo que se puede inferir que solo dio respuesta respecto a la liquidación y no así a los otros documentos, quedando en incertidumbre la recepción de los demás archivos, asimismo, se tiene adjunto un archivo con N°20220712174258, que de igual modo no permite ver su contenido. ii. El Decreto Legislativo N°1310 establece como condición “Cuando el pago de las obligaciones laborales económicas se deposite en cuenta …siempre que el medio utilizado garantice la constancia de su emisión por parte del empleador y un adecuado y razonable acceso por parte del trabajador…”. En el caso materia de análisis, no se tiene certeza del contenido de los archivos, si no únicamente de lo referido a la liquidación, por lo que, persiste el hecho de no acreditar la entrega y recepción del certificado de trabajo. iii. Conforme a la tercera disposición complementaria transitoria final establecida en el Decreto Supremo N°001-96-TR, se señala que el trabajador recibe del empleador dentro de las 48 horas un certificado de trabajo, no obstante, en trascurso del procedimiento de inspección no se ha observado que se haya cumplido con esta obligación antes de emisión de la medida inspectiva de requerimiento de fecha 02 de agosto de 2022, por lo que la descripción de la conducta incurrida por la Inspeccionada, se subsume en la conducta infractora que se sanciona. En ese contexto, se concluye que existe suficiente motivación fáctica y jurídica para ratificar la sanción impuesta en primera instancia, no vulnerándose el debido procedimiento, derecho de defensa, principio de legalidad, principio de razonabilidad y proporcionalidad, ni vicio alguno que suponga la nulidad de todo lo actuado.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y Finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.”

Del Recurso De Revisión

4“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia.” 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6“Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 7“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de éstos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe otorgarle esta facultad al administrado mediante ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días respectivamente.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE INTERNATIONAL PRIVATE SECURITY PERU S.A.C.

8 Artículo 14 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por el Decreto Supremo N°004-2017- TR..

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 22 de septiembre de 2023, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 201-2023-SUNAFIL/IRE CUS, señalando los siguientes alegatos:

i. Se debe dejar sin efecto y/o declarar nulidad sobre la Resolución de Intendencia impugnada, así como de la Resolución de Subintendencia y otros actos administrativos previos, por vulnerar el debido procedimiento y su derecho a la defensa. ii. No se tiene contacto con el trabajador afectado desde el 25 de mayo, a pesar de las comunicaciones que se le ha realizado por teléfono. iii. El 12 de julio de 2022, antes que se inicie el procedimiento de inspección, mediante un mensaje remitido al correo electrónico del extrabajador se ha enviado los documentos denominados: “Boleta Tarraga, Certificado Tarraga, Liquidación Tarraga”; el cual fue respondido en fecha 13 de julio de 2022, adjuntando la liquidación firmada, con lo que se puede llegar a la conclusión de que se ha demostrado la entrega de certificado de trabajo por medios virtuales, cuando devuelve la liquidación firmada. iv. Se ha cumplido con entregar los documentos solicitados por el Inspector del Trabajo; no obstante, en diferentes actuaciones inspectivas se ha requerido exhibir el certificado de trabajo, con diferentes connotaciones que hacen énfasis en la entrega por cualquier otro medio que acredite la recepción; incrementando arbitrariamente los requisitos para acreditar esta obligación. v. La medida inspectiva de requerimiento, tiene un recordé arbitrario sobre el cumplimiento de la obligación sociolaboral de entrega de certificado de trabajo, al obviar que el correo electrónico de fecha 12 de julio de 2022, textualmente señala el envío de este documento. vi. Se impone multa a pesar de haber cumplido con todas las obligaciones sociolaborales, incluyendo la entrega de certificado de trabajo, por correo electrónico al trabajador afectado, por lo que deviene en nula la infracción por no cumplir supuestamente con la medida inspectiva de requerimiento. vii. La línea argumentativa de segunda instancia no reíste análisis lógico, no motiva adecuadamente la multa, no valora lo medios de prueba presentados apartándose del principio de informalismo y simplificación administrativa.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre los precedentes administrativos de observancia obligatoria

“6.8 Así, los expedientes sancionadores que se tramitan en el Sistema de Inspección del Trabajo no son, sin embargo, unos que permitan distinguir imputaciones que solamente contengan casos “muy graves”, “graves” o bien “leves”, siendo habitual que en los casos sometidos a este Tribunal se encuentren imputaciones que contemplen infracciones calificadas normativamente como “muy graves” y alguna o algunas más de distinto grado. Ante este tipo de plataformas impugnatorias, el Tribunal de Fiscalización Laboral se encuentra obligado a distinguir lo que es materia de su estricta competencia de aquello que no lo es, conforme con la normativa glosada. 6.9 En ciertos casos —como el que es objeto de la presente resolución—el recurso de revisión propone el análisis de infracciones a la labor inspectiva consistentes en el incumplimiento de la medida de requerimiento contenidas en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT10, pero las materias objeto de la medida de requerimiento son calificadas por la normativa como faltas “graves” o “leves”, lo que deposita a tales causas fuera de la competencia material de este Tribunal. 6.10 De esta forma, la evaluación de los recursos de revisión interpuestos contra sanciones administrativas por inejecución de medidas de requerimiento deberá circunscribirse a un análisis estrictamente referido a la proporcionalidad, razonabilidad y legalidad de tales medidas, sin invadir una competencia administrativa vedada, como son las infracciones calificadas como graves y leves, que en expedientes como el presente, han adquirido firmeza con la expedición (y notificación) de la resolución de segunda instancia” (el resaltado es nuestro).

“6.17. Sobre la base de lo previsto en el literal a) del artículo 16 y el inciso 18.1 del artículo 18 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral (Decreto Supremo Nº 004-2017 TR), tras el control de admisibilidad del recurso de revisión interpuesto, a cargo de la

autoridad emisora de la decisión impugnada, este órgano de revisión tiene el deber de efectuar el control de procedencia del recurso. Así, se declarará la improcedencia del recurso de revisión en los siguientes supuestos: i) Cuando el acto impugnado no corresponda a resoluciones de segunda instancia que se pronuncian sobre la imposición de sanciones; ii) Cuando la infracción materia de sanción que se impugna, no esté tipificada como muy grave en el RLGIT; o iii) Cuando el recurso de revisión no se sustente en la inaplicación, o aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria emitidos por este Tribunal.

Disponiéndose la entrada en vigencia del mismo a partir del día siguiente de su publicación.

Sobre la vulneración al debido procedimiento

“Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo” (énfasis añadido). 6.7. El Tribunal Constitucional -máximo intérprete de la Constitución- se ha pronunciado en numerosas oportunidades en relación con el derecho al debido procedimiento, estableciendo una reiterada y uniforme jurisprudencia al respecto, como lo recuerda la Sentencia recaída en el Expediente N° 04289-2004-AA:

“2. El Tribunal Constitucional estima oportuno recordar, conforme lo ha manifestado en reiterada y uniforme jurisprudencia, que el debido proceso, como principio constitucional, está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Vale decir que cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea este administrativo -como en el caso de autos- o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal” (énfasis añadido). 6.8. En esa línea argumentativa, esta Sala identifica, desde un análisis formal, que tanto la Resolución de Sub Intendencia N° 531-2023-SUNAFIL/IRE CUSCO-SISA, como la Resolución de Intendencia N°201-2023-SUNAFIL//IRE CUS, han contemplado la argumentación y medios de prueba expuestos por la impugnante, advirtiéndose el cumplimiento de los requisitos referidos al cumplimiento del debido procedimiento como principio y derecho material, de los derechos de defensa y a la prueba, así como el cumplimiento de la garantía de la debida motivación.

comprobados, por lo que, de manera formal y material, el debido procedimiento ha sido respetado dentro del trámite del procedimiento sancionador.

Sobre la infracción a la medida inspectiva de requerimiento 6.14. En el ejercicio de la labor inspectiva, los inspectores de trabajo se encuentran facultados a realizar sus labores orientadas a la vigilancia y exigencia del cumplimiento del ordenamiento sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo, por lo que pueden adoptar acciones orientadas a ello, entre las que se encuentra la emisión de medidas inspectivas de requerimiento.

9 TUO de la LPAG: Artículo 6: Motivación del acto administrativo (…) “6.3 No constituye causal de nulidad el hecho de que el superior jerárquico de la autoridad que emitió el acto que se impugna tenga una apreciación distinta respecto de la valoración de los medios probatorios o de la aplicación o interpretación del derecho contenida en dicho acto. Dicha apreciación distinta debe conducir a estimar parcial o totalmente el recurso presentado contra el acto impugnado” (énfasis agregado).

sujeto inspeccionado a la finalización de las actuaciones de investigación o con posterioridad a las mismas. Cuando el inspector actuante compruebe la existencia de una infracción al ordenamiento jurídico sociolaboral, requerirá al sujeto responsable de su comisión la adopción, en un plazo determinado, de las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las disposiciones vulneradas. En particular y en materia de prevención de riesgos laborales, requerirá que se lleven a cabo las modificaciones necesarias en las instalaciones, en el montaje o en los métodos de trabajo para garantizar el derecho a la seguridad y salud de los trabajadores. Los requerimientos que se practiquen se entienden siempre sin perjuicio de la posible extensión de acta de infracción y de la sanción que, en su caso, pueda imponerse” (énfasis añadido).

“Si en el desarrollo de las actuaciones de investigación o comprobatorias se advierte la comisión de infracciones, los inspectores del trabajo emiten medidas de advertencia, requerimiento, (…), según corresponda, a fin de garantizar el cumplimiento de las normas objeto de fiscalización” (énfasis añadido).

10 LGIT, “Artículo 5.- Facultades inspectivas En el desarrollo de las funciones de inspección, los inspectores de trabajo que estén debidamente acreditados, están investidos de autoridad y facultados para: (…) 5.3 Requerir al sujeto responsable para que, en un plazo determinado, adopte medidas en orden al cumplimiento de la normativa del orden sociolaboral, incluso con su justificación ante el inspector que ha realizado el requerimiento.” 11 LGIT, “Artículo 36.- Infracciones a la labor inspectiva Son infracciones a la labor inspectiva las acciones u omisiones de los sujetos obligados, sus representantes, personas dependientes o de su ámbito organizativo, sean o no trabajadores, contrarias al deber de colaboración por parte de los sujetos inspeccionados por los Supervisores-Inspectores, Inspectores del Trabajo o Inspectores Auxiliares, establecidas en la presente Ley y su Reglamento. (…)” 12 Tal y como se señaló en el considerando 6.7 de la Resolución N° 018-2021-SUNAFIL/TFL-Primera Sala, del 08 de junio de 2021, recaída en el Expediente N° 1098-2016-SUNAFIL/ILM/SIRE4 13 TUO de la LPAG, “Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 1.4. Principio de razonabilidad. - Las decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen obligaciones, califiquen infracciones, impongan sanciones, o establezcan restricciones a los administrados, deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido.”

“6.8. Así, los expedientes sancionadores que se tramitan en el Sistema de Inspección del Trabajo no son, sin embargo, unos que permitan distinguir imputaciones que solamente contengan casos “muy graves”, “graves” o bien “leves”, siendo habitual que en los casos sometidos a este Tribunal se encuentren imputaciones que contemplen infracciones calificadas normativamente como “muy graves” y alguna o algunas más de distinto grado. Ante este tipo de plataformas impugnatorias, el Tribunal de Fiscalización Laboral se encuentra obligado a distinguir lo que es materia de su estricta competencia de aquello que no lo es, conforme con la normativa glosada.

14 “Artículo 46.- Infracciones muy graves a la labor inspectiva Son infracciones muy graves, los siguientes incumplimientos: (…) 46.7 No cumplir oportunamente con el requerimiento de la adopción de medidas en orden al cumplimiento de la normativa de orden sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo”.

“De lo verificado en las actuaciones inspectivas: (…)De los documentos exhibidos por el inspeccionado, se ha verificado que (…) en el caso del certificado de trabajo, el inspeccionado exhibió copia del correo electrónico enviado al trabajador de la liquidación de beneficios sociales y copia del certificado de trabajo en fecha 12/07/2022 y respuesta del trabajador por el mismo medio en fecha 13/07/2022 donde no hace mención a la recepción del certificado de trabajo. (…) Primero.- El sujeto inspeccionado deberá adoptar las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia de relaciones laborales; en consecuencia, el sujeto inspeccionado deberá acreditar el cumplimiento de las obligaciones siguientes: 1. Acreditar el depósito de la compensación por tiempo de servicios de: 14/01/2022 al 30/04/2022, para lo cual deberá exhibir copia de depósito bancario y hoja de liquidación de CTS firmado por el trabajador. 2. Acreditar la entrega del certificado de trabajo en favor del trabajador del 14/01/2022 al 01/06/2022, para lo cual exhibir copia del certificado de trabajo con firma del trabajador y/o cualquier otro documento que acredite su entrega con respuesta del trabajador.

A favor del siguiente trabajador: Tárraga Cusi Fernando Fausto. Segundo.- En el plazo máximo de tres (03) días hábiles el sujeto inspeccionado deberá acreditar el cumplimiento del presente requerimiento que vence el 01/09/2022.

“6.26 La medida inspectiva de requerimiento, al ser una “orden dispuesta por la inspección de trabajo para el cumplimiento de las normas sociolaborales y de seguridad y salud en el trabajo”, debe contener un mandato claro y su entendimiento debe regirse por la razonabilidad, el deber de colaboración y la buena fe procedimental. En ese sentido, la medida de requerimiento debe cumplir con expresar el ámbito subjetivo y objetivo, siendo estos extremos suficientes para producir el resultado esperado por la medida: la rectificación de una situación antijurídica.

a) Ámbito subjetivo: En primer lugar, debe individualizar a los trabajadores afectados por el incumplimiento reprochado al sujeto inspeccionado; b) Ámbito objetivo: En segundo lugar, a) debe identificar la afectación resultante de un comportamiento imputable al empleador —como ocurre en el caso de autos, al describirse el número de horas en sobretiempo laboradas, así como su incumplimiento

15 Ver expediente de actuaciones de investigación.

en el pago— y, b) establecer cómo es que debe cumplirse dicha medida, es decir, qué acciones debe ejecutar el inspeccionado a fin de revertir la conducta reprochada. En ese sentido, el ámbito objetivo de la medida de requerimiento no se agota con la mención de la normativa legal vigente afectada o inobservada por el sujeto inspeccionado, sino que incluye el mandato de su cumplimiento, en la forma y modo esperado. (…)”.

licitud del administrado, al determinar que las infracciones incurridas por parte de éste le correspondían. Siendo ello así, de los actuados, se advierte el incumplimiento de la medida de requerimiento, tal como consta en el numeral noveno de los hechos constatados del Acta de Infracción, lo que configura una infracción a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT, infracción que debe ser confirmada.

Información Adicional

N° Materia Conducta infractora Tipificación legal y clasificación Relaciones Laborales No acreditar la entrega del certificado de trabajo del periodo laborado del 14 de enero de 2022 al 01 de junio de 2022, a favor del ex trabajador afectado. Numeral 23.2 del artículo 23 del RLGIT LEVE Labor Inspectiva No cumplir con la medida inspectiva de requerimiento, expedida el 25 de agosto de 2022 Numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT MUY GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones

de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR; SE RESUELVE:

PRIMERO. - Declarar INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por INTERNATIONAL PRIVATE SECURITY PERU S.A.C., en contra de la Resolución de Intendencia N° 201-2023- SUNAFIL/IRE CUS, emitida por la Intendencia Regional de Cusco dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 643-2022-SUNAFIL/IRE- CUS, por los fundamentos expuestos en la presente resolución. SEGUNDO. - CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 201-2023-SUNAFIL/IRE CUS, en el extremo referente a la infracción muy grave a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. TERCERO. - Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa en las materias de su competencia. CUARTO. - Notificar la presente resolución a INTERNATIONAL PRIVATE SECURITY PERU S.A.C., y a la Intendencia Regional de Cusco, para sus efectos y fines pertinentes. QUINTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

20251015PHAT - HR 110484-2022