Intercomercial Sociedad Anónima Cerrada — Res. 1168-2025

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Condiciones de seguridad: en lugares de trabajo, instalaciones civiles y maquinaria (Subgrupo materias: Condiciones seguridad, avisos y señales de seguridad, mantenimiento locales y ascensores o montacargas), Prevención y protección contra incendios (Subgrupo materias: Orden y limpieza y procedimiento contra incendios y explosiones) y; Estándares de seguridad (Subgrupo materia: Equipos e instalaciones eléctricas). PAREDES MORALES Luis Gabriel FAU 20555195444 soft inasistencia a las diligencias inspectivas por falta de representatividad (verificación de la medida de requerimiento) e incumplimiento a la medida de requerimiento.

- Una (01) infracción LEVE en materia de seguridad y salud en el trabajo, por no cumplir con las medidas de prevención y protección en cuanto al orden y limpieza en el centro de trabajo; tipificada en el numeral 26.1 del artículo 26 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 756.00.

- Una (01) infracción GRAVE en materia de seguridad y salud en el trabajo, por no cumplir con las condiciones de seguridad en lugares de trabajo, instalaciones civiles y maquinaria – condiciones de seguridad; tipificada en el numeral 27.9 del artículo 27 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 3,234.00.

- Una (01) infracción GRAVE en materia de seguridad y salud en el trabajo, por no cumplir con las condiciones de seguridad en lugares de trabajo, instalaciones civiles y maquinaria – avisos y señales de seguridad; tipificada en el numeral 27.9 del artículo 27 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 3,234.00.

- Una (01) infracción GRAVE en materia de seguridad y salud en el trabajo, por no cumplir con los estándares de seguridad – equipos e instalaciones eléctricas; tipificada en el numeral 27.9 del artículo 27 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 3,234.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir con la medida de requerimiento; tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 5,376.00.

2 De conformidad con el punto 39, 40, 41 y 42 de la Resolución de Sub Intendencia N° 810-2021-SUNAFIL/ILM/SIRE2, determina en que corresponde no acoger la sanción propuesta por el órgano instructor referente a la infracción a la labor inspectiva prevista en el numeral 46.6 del artículo 46 del RLGIT. 3 Notificada el 10 de setiembre de 2021 a la impugnante.

i. La resolución apelada no se encuentra debidamente motivada porque lo hechos no guardan relación con las normas enunciadas, toda vez que, los supuestos fácticos no encajan en las conductas infractoras, a fin de que puedan ser sancionadas. Además, el informe final de instrucción parte de una premisa errada, pues las observaciones iniciales –detectadas por el personal inspectivo– no pudieron ser verificadas, ni subsanadas; por lo que, no pueden concluir en incumplimientos porque aún era pasibles de subsanación y, por dicho motivo, el personal inspectivo citó a diligencia el 27 de agosto de 2019; sin embargo, no ingresaron a las instalaciones de la impugnante, por no encontrarse el representante legal o apoderado debidamente acreditado. ii. Al verificarse el levantamiento de las observaciones infringieron el deber de licitud, debido a que las observaciones fueron advertidas en las visitas inspectivas del 15 de julio de 2019 y 14 de julio de agosto de 2019. Sin embargo, el 27 de agosto de 2019 no fueron verificadas. Por tanto, no existe prueba de incumplimiento, siendo un deber del personal inspectivo programar otra diligencia para determinar las subsanaciones de las observaciones. iii. Con relación de mejorar el orden y limpieza en el centro de trabajo, es un supuesto muy genérico, debiendo ser más específicos, esto es, detallar las áreas en las cuales no hay orden y limpieza, a fin de puedan ser sancionadas; por lo que, se ha vulnerado el principio de tipicidad. iv. Respecto al incumplimiento de las condiciones de seguridad en lugares de trabajo, instalaciones civiles y maquinarias – condiciones de trabajo y avisos y señales, ambas infracciones sólo constituyen una misma infracción; por tanto, al imponer tres sanciones por un mismo hecho se estaría vulnerando el principio del non bis in ídem. v. Sostiene que, no se ha configurado la infracción por no cumplir con los estándares de seguridad, equipos e instalaciones eléctricas, debido a que no se ha acreditado la subsanación de las observaciones iniciales. vi. La verificación del personal inspectivo a efectos de constatar las subsanaciones a la medida inspectiva de requerimiento debió ejecutarse con la persona que se encontraba en las instalaciones de la impugnante, siendo que dicha persona fue la misma quien los acompañó en el recorrido inicial y pudo hacerlo también en la visita final. Sin embargo, el personal inspectivo no efectuó la verificación porque la persona que los recibió no contaba con las facultades para dicha diligencia; por lo que, no se puede concluir que no existió falta de colaboración; además, no programaron una nueva diligencia. vii. Para los fines de graduar las sanciones, de manera genérica, se ha considerado la gravedad de la falta cometida y número de trabajadores afectados, pero no se justifica la no elección del mínimo, lo que conlleva a una deficiente motivación.

i. Precisa que, quedaba pendiente la verificación de las observaciones advertidas en las visitas inspectivas realizadas; por lo que, el personal inspectivo exige la presencia de la impugnante o de sus representantes en el centro de trabajo, conforme el numeral 3.2 del inciso 3 del artículo 5 de la LGIT. Es así que, el personal inspectivo emite la medida inspectiva de requerimiento de fecha 15 de agosto de 2019, que expresamente señala: “SEGUNDO: (…) comparecer el día martes 27 de agosto de 2019, dentro del horario habitual del centro de trabajo (…) con la finalidad de estar presente en la verificación del cumplimiento de lo solicitado en la medida inspectiva de requerimiento extendida en la fecha”. ii. En el punto 4.10 de los hechos constatados del Acta de Infracción se da cuenta que el personal inspectivo fue atendido por el Sr. Dante Cruz, en calidad de empleado de oficina, quien manifestó que el representante legal (gerente general) se encontraba de viaje, no habiendo dejado poder de representación alguno para la presente diligencia; motivo por el cual no se llevó a cabo la diligencia. iii. Así, advierte que, la impugnante se encontraba en la necesidad de presentar todos los documentos necesarios que acrediten haber cumplido con las observaciones, porque la carga de la prueba recae en el administrado, quien es quien debe acreditar el cumplimiento de la normativa en seguridad y salud en el trabajo. Sin embargo, la impugnante no había previsto otorgar facultades de representación. En consecuencia, las infracciones imputadas se encuentran debidamente acreditadas, dado que los incumplimientos constatados en las visitas inspectivas, del 15 de julio de 2019 y 14 de agosto de 2019, no merecieron medio probatorio que acredite su subsanación, conforme lo verificado en el punto 4.10 de los hechos constatados del Acta de Infracción. iv. Sostiene que, las infracciones determinadas se ajustan al tenor del tipo legal por el cual se sancionó a la impugnante, con expresión de normativa vulnerada, en atención al Principio de Tipicidad y Legalidad. Asimismo, considera que el pronunciamiento de primera instancia se encuentra debidamente motivado, en tanto se han detallado los hechos que produjeron la sanción, respetando el debido procedimiento e imparcialidad, y determinándose que la impugnante incurrió en responsabilidad administrativa que amerita sanción. Se observa respeto al principio de razonabilidad porque el inferior en grado realizó el cálculo de la multa a imponer basado en el artículo 38 de la LGIT, que establece criterios de graduación de las sanciones, la gravedad de la falta cometida y el número de trabajadores afectados, siendo necesario precisar que la tabla de multas aplicadas no establece rangos mínimos y máximos para su graduación, sino montos tasados por el propio legislador. v. También, refiere que existe conexión lógica entre la fiscalización realizada, el procedimiento inspectivo, el procedimiento instructivo y la multa impuesta a la impugnante por la infracción materia de autos; por lo que, no se ha configurado ninguna de las causales de nulidad prevista en el artículo 10 del TUO de la LPAG. vi. De otra parte, indica que las infracciones en materia de seguridad y salud en el trabajo eran pasibles de ser subsanadas, razón por la cual se ha emitido la medida de requerimiento de fecha 15 de agosto de 2019.

4 Notificada a la impugnante el 14 de marzo de 2022.

vii. Sin embargo, la impugnante no se hizo presente a la diligencia de verificación de la medida inspectiva de requerimiento, pese a que fue notificada de forma válida y tenía conocimiento que para la realización de la diligencia debería comparecer el representante o apoderado debidamente acreditado. viii. En consecuencia, la sanción impuesta en materia de seguridad y salud en el trabajo versa sobre los hechos que efectivamente fueron comprobados en las visitas inspectivas, y que pese a que fueron solicitados mediante medida inspectiva de requerimiento – para su subsanación– no se cumplió con la misma, quedando debidamente acreditado el incumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo; además, durante el procedimiento sancionador, no obra medio probatorio que lo exima de responsabilidad.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

5 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 6“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…)” 7 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 8“Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL. Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. 9“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

Del Recurso De Revisión

10 Artículo 14 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por el Decreto Supremo N°004-2017- TR. por la segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas.

De La Interposición Del Recurso De Revisión Por Parte De Intercomercial Sociedad Anonima Cerrada

De Los Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 04, 06 y 07 de abril de 2022, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 439-2022-SUNAFIL/ILM, señalando los siguientes argumentos:

i. Interpretación errónea del numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT: No se ha probado el incumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento de fecha 15 de agosto de 2019. Solicita se declare infundado el recurso de revisión y se revoque la resolución de primera instancia, dejándose sin efecto la multa impuesta. ii. La interpretación correcta se orienta a sancionar las situaciones donde se demuestre que el sujeto inspeccionado decide incumplir con aquello que ha sido requerido previamente por el personal inspectivo; sin embargo, en el presente caso, no se ha logrado demostrar que no se cumplió con el requerimiento, sino que no se logró verificar; por lo que, se ha brindado una interpretación errónea de dicha norma, pretendiéndose que por el solo hecho de no haber dejado una carta poder se tenga por cierto el incumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento. Refiere que la interpretación correcta se circunscribe a sancionar conductas dolosas del sujeto inspeccionado y, de ninguna manera cuando el personal inspectivo decida no ingresar a verificar el cumplimiento de la normativa. iii. Sostiene que el personal inspectivo acudió al centro de trabajo el día previsto; sin embargo, frente a lo informados por el trabajador – que el gerente general no se encontraba presente– optaron por retirarse. Asimismo, acorde a lo manifestado en sus escritos de descargos y de apelación, fue el personal inspectivo quienes abdicaron de sus funciones porque ellos debieron ingresar al centro de trabajo y adoptar todas las medidas que se encontraban a su alcance para verificar el cumplimiento en materia de seguridad y salud en el trabajo; sin embargo, no quisieron ingresar a verificar, pese a que a las facilidades para verificar.

iv. Precisa que, en la resolución de primera instancia –confirmada por la resolución impugnada– se le ha indicado que, al tratarse de una diligencia en el centro de trabajo, el sujeto inspeccionado se encontraba obligado a presentarse a la misma y no lo hicieron. Sin embargo, ello constituye un error porque en el centro de trabajo se encontraba presente el Sr. Dante Cruz, quien atendió al personal inspectivo y se encontraba dispuesto a acompañarlos en su recorrido para la verificación del levantamiento de observaciones advertidos, pero no ingresaron y no verificaron nada, bajo el pretexto de que solo podían ingresar si se encontraba presente el gerente general o una persona con carta poder. v. Indica que, el Sr. Dante Cruz fue quien atendió al personal inspectivo en la primera visita; por lo que, no existe ninguna justificación ni razón válida como para que no sea dicho persona quien los acompañe en otro recorrido, siendo que la carta poder era innecesaria porque el personal inspectivo se encontraba en sus instalaciones y, así como ingresaron con el Sr. Dante Cruz debieron ingresar nuevamente con dicha persona. vi. Por tanto, concluye que existió una falta de colaboración con el personal inspectivo, tan solo porque su gerente general no fue quien los atendió o porque no dejó una carta poder firmada a favor del Sr. Dante Cruz.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre las infracciones graves y leve

"Artículo 49.- Recursos administrativos Los recursos administrativos del procedimiento administrativo sancionador son aquellos previstos en el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004- 2019-JUS. El Recurso de revisión es de carácter excepcional y se interpone ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral. El Reglamento determina las demás condiciones para el ejercicio de los recursos administrativos.”

“(…) la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias” (énfasis añadido).

De la vulneración al principio del debido procedimiento

“Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten…” (énfasis añadido).

estableciendo una reiterada y uniforme jurisprudencia al respecto, como lo recuerda la Sentencia recaída en el Expediente N° 04289-2004-AA:

“2. El Tribunal Constitucional estima oportuno recordar, conforme lo ha manifestado en reiterada y uniforme jurisprudencia, que el debido proceso, como principio constitucional, está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Vale decir que cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea este administrativo -como en el caso de autos- o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal” (énfasis añadido).

“Tal como ya lo tiene expresado este Tribunal en uniforme y reiterada jurisprudencia, el derecho al debido proceso tiene un ámbito de proyección sobre cualquier tipo de proceso o procedimiento, sea éste judicial, administrativo o entre particulares. Así, se ha establecido que el derecho reconocido en el inciso 3) del artículo 139° de la Constitución no sólo tiene un espacio de aplicación en el ámbito "judicial", sino también en el ámbito administrativo" y, en general, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ha sostenido, puede también extenderse a "cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional, (el que) tiene la obligación de adoptar resoluciones apegadas a las garantías del debido proceso legal, en los términos del artículo 8° de la Convención Americana". (Caso Tribunal Constitucional del Perú, párrafo 71). De igual modo la Corte Interamericana sostiene –en doctrina que ha hecho suya este Colegiado en la sentencia correspondiente al Exp. N° 2050-2002-AA/TC– que "si bien el artículo 8° de la Convención Americana se titula “Garantías Judiciales”, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto, sino al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a efectos de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos"(párrafo 69). (…)” (énfasis añadido).

“4. Este Tribunal ha tenido oportunidad de expresar su posición respecto a la motivación de los actos administrativos, expresando que:

“[…][E]l derecho a la motivación de las resoluciones administrativas es de especial relevancia. Consiste en el derecho a la certeza, el cual supone la garantía de todo administrado a que las sentencias estén motivadas, es decir, que exista un razonamiento jurídico explícito entre los hechos y las leyes que se aplican. […]

La motivación de la actuación administrativa, es decir, la fundamentación con los razonamientos en que se apoya es una exigencia ineludible para todo tipo de actos administrativos, imponiéndose las mismas razones para exigirla tanto respecto de actos emanados de una potestad reglada como discrecional.

El tema de la motivación del acto administrativo es una cuestión clave en el ordenamiento jurídico-administrativo, y es objeto central de control integral por el juez constitucional de la actividad administrativa y la consiguiente supresión de los ámbitos de inmunidad jurisdiccional.

Constituye una exigencia o condición impuesta para la vigencia efectiva del principio de legalidad, presupuesto ineludible de todo Estado de derecho. (…)

En esa medida, este Tribunal debe enfatizar que la falta de motivación o su insuficiencia constituye una arbitrariedad e ilegalidad, en la medida en que es una condición impuesta por la Ley N° 27444. Así, la falta de fundamento racional suficiente de una actuación administrativa es por sí sola contraria a las garantías del debido procedimiento administrativo.” (STC 00091-2005-PA, fundamento 9, párrafos 3, 5 a 8, criterio reiterado en STC 294-2005-PA, STC 5514-2005-PA, entre otras).

Adicionalmente se ha determinado en la STC 8495-2006-PA/TC que: “un acto administrativo dictado al amparo de una potestad discrecional legalmente establecida resulta arbitrario cuando sólo expresa la apreciación individual de quien ejerce la competencia administrativa, o cuando el órgano administrativo, al adoptar la decisión, no motiva o expresa las razones que lo han conducido a adoptar tal decisión. De modo que, motivar una decisión no sólo significa expresar únicamente bajo qué norma legal se expide el acto administrativo, sino, fundamentalmente, exponer en forma sucinta –pero suficiente– las razones de hecho y el sustento jurídico que justifican la decisión tomada” (énfasis añadido).

11 Numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG “Los jueces interpretan y aplican las leyes o toda norma con rango de ley y los reglamentos según los preceptos y principios constitucionales conforme a la interpretación que resulte de las resoluciones del Tribunal Constitucional”.

administrativa, siendo que, en los numerales 1.2 y 1.11 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG se establecen dos reglas generales vinculadas a la motivación: (i) la obligación de la motivación en las decisiones que tome la Administración Pública, conforme al principio del debido procedimiento; y, (ii) la obligación de verificar plenamente los hechos que sustentan la decisión adoptada por la Administración Pública, conforme al principio de verdad material12.

Sobre los presuntos vicios de motivación en el procedimiento administrativo sancionador

Sobre la medida inspectiva de requerimiento:

12 “TUO de la LPAG Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo (…) 1.11. Principio de verdad material. - En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse de ellas. En el caso de procedimientos trilaterales la autoridad administrativa estará facultada a verificar por todos los medios disponibles la verdad de los hechos que le son propuestos por las partes, sin que ello signifique una sustitución del deber probatorio que corresponde a estas. Sin embargo, la autoridad administrativa estará obligada a ejercer dicha facultad cuando su pronunciamiento pudiera involucrar también al interés público”. como que éstas pueden consistir en ordenar al empleador, siempre que se fundamente en el incumplimiento de la normatividad legal vigente, que en relación con un trabajador se le registre en planillas, se abonen las remuneraciones y beneficios laborales pendientes de pago, entre otras.

“Las medidas inspectivas de advertencia y requerimiento se reflejarán por escrito en la forma y modelo oficial que se determine reglamentariamente, debiendo notificarse al sujeto inspeccionado a la finalización de las actuaciones de investigación o con posterioridad a las mismas. Cuando el inspector actuante compruebe la existencia de una infracción al ordenamiento jurídico sociolaboral, requerirá al sujeto responsable de su comisión la adopción, en un plazo determinado, de las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las disposiciones vulneradas. En particular y en materia de prevención de riesgos laborales, requerirá que se lleven a cabo las modificaciones necesarias en las instalaciones, en el montaje o en los métodos de trabajo para garantizar el derecho a la seguridad y salud de los trabajadores. Los requerimientos que se practiquen se entienden siempre sin perjuicio de la posible extensión de acta de infracción y de la sanción que, en su caso, pueda imponerse” (énfasis añadido).

requirieron en el plazo de siete (07) días hábiles que el sujeto inspeccionado cumpla determinadas acciones, conforme obra de fojas 54 a 57 del expediente investigatorio.

“El día de la verificación de medida de requerimiento (27.08.2019), el Inspector Auxiliar (…), se apersonó al domicilio al domicilio del centro de trabajo del sujeto inspeccionado, ubicado en la Avenida Canadá N° 1461 – La Victoria. Siendo atendido por el señor (…), en calidad de Empleado de Oficina, quien manifestó: “Que el representante legal señor (…) en calidad de Gerente General se encontraba de viaje, no habiendo dejado poder de representación alguno para la presente diligencia”. Al no estar presente el representante legal o apoderados debidamente acreditados del sujeto inspeccionado, se configura como Inasistencia a la diligencia inspectiva programada, asimismo, el sujeto inspeccionado no desvirtuó las infracciones de la normativa a cumplir señalado en el numeral 4.6, 4.7, 4.8 y 4.9 de los Hechos Verificados, incurriendo en infracción a la labor inspectiva sancionada con multa (No cumplir oportunamente con el requerimiento)” 6.26 Resulta oportuno indicar que, con relación a la visita de inspectiva, se advierte que el artículo 5 de la LGIT contempla lo siguiente:

“Artículo 5.- Facultades inspectivas En el desarrollo de las funciones de inspección, los inspectores de trabajo que estén debidamente acreditados están investidos de autoridad y facultados para:" 1. Entrar libremente a cualquier hora del día o de la noche, y sin previo aviso, en todo centro de trabajo, establecimiento o lugar sujeto a inspección y a permanecer en el mismo. Si el centro laboral sometido a inspección coincidiese con el domicilio de la persona física afectada, deberán obtener su expreso consentimiento o, en su defecto, la oportuna autorización judicial. Al efectuar una visita de inspección, deberán comunicar su presencia al sujeto inspeccionado o a su representante, así como al trabajador, al representante de los trabajadores o de la organización sindical, a menos que consideren que dicha comunicación pueda perjudicar la eficacia de sus funciones, identificándose con la credencial que a tales efectos se expida.(…)” (énfasis añadido)

“Artículo 12.- Actuaciones inspectivas de investigación o comprobatorias 12.1 En cumplimiento de las órdenes de inspección recibidas, los inspectores o equipos designados iniciarán las actuaciones de investigación mediante alguna de las siguientes modalidades: a) Visita de inspección a los centros y lugares de trabajo: se realiza sin necesidad de previo aviso, por uno o varios inspectores del trabajo y puede extenderse el tiempo necesario. Asimismo, podrá efectuarse más de una visita sucesiva.”

13 Miguel Carmona Ruano, “Prueba de la infracción administrativa y derecho fundamental a la presunción de inocencia”, Jueces para la democracia N° 9 (1990): 24.

“7. El derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales es una garantía del justiciable frente a la arbitrariedad judicial y garantiza que las resoluciones no se encuentren justificadas en el mero capricho de los magistrados, sino en datos objetivos que proporciona el ordenamiento jurídico o los que se derivan del caso. Sin embargo, no todo ni cualquier error en el que eventualmente incurra una resolución judicial constituye automáticamente la violación del contenido constitucionalmente protegido del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales. (…)

a) Inexistencia de motivación o motivación aparente. Está fuera de toda duda que se viola el derecho a una decisión debidamente motivada cuando la motivación es inexistente o cuando la misma es solo aparente, en el sentido de que no da cuenta de las razones mínimas que sustentan la decisión o de que no responde a las alegaciones de las partes del proceso, o porque solo intenta dar un cumplimiento formal al mandato, amparándose en frases sin ningún sustento fáctico o jurídico.

b) Falta de motivación interna del razonamiento. La falta de motivación interna del razonamiento [defectos internos de la motivación] se presenta en una doble dimensión; por un lado, cuando existe invalidez de una inferencia a partir de las premisas que establece previamente el Juez en su decisión; y, por otro lado, cuando existe incoherencia narrativa, que a la postre se presenta como un discurso absolutamente confuso incapaz de transmitir, de modo coherente, las razones en las que se apoya la decisión. (…)

c) Deficiencias en la motivación externa; justificación de las premisas. El control de la motivación también puede autorizar la actuación del juez constitucional cuando las premisas de las que parte el Juez no han sido confrontadas o analizadas respecto de su validez fáctica o jurídica. (…)

d) La motivación insuficiente. Se refiere, básicamente, al mínimo de motivación exigible atendiendo a las razones de hecho o de derecho indispensables para asumir que la decisión está debidamente motivada. (…)

e) La motivación sustancialmente incongruente. El derecho a la debida motivación de las resoluciones obliga a los órganos judiciales a resolver las pretensiones de las partes de manera congruente con los términos en que vengan planteadas, sin cometer, por lo tanto, desviaciones que supongan modificación o alteración del debate procesal (incongruencia activa). (…)

f) Motivaciones cualificadas. - Conforme lo ha destacado este Tribunal, resulta indispensable una especial justificación para el caso de decisiones de rechazo de la demanda, o cuando, como producto de la decisión jurisdiccional, se afectan derechos fundamentales como el de la libertad. En estos casos, la motivación de la sentencia opera como un doble mandato, referido tanto al propio derecho a la justificación de la decisión como también al derecho que está siendo objeto de restricción por parte del Juez o Tribunal.” (énfasis agregado). 6.37 En consecuencia, esta Sala encuentra acreditada la vulneración al debido procedimiento, sustentado en una motivación aparente, la cual se configura ya que la Sub Intendencia si bien da la apariencia de motivación al existir citas normativas y reiterar los hechos constatados por el personal inspectivo, no analiza ni relaciona adecuadamente la infracción imputada, referida al numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT, con el tipo infractor correspondiente; por tanto, su decisión carece de sustento jurídico alguno.

“Artículo 10.- Causales de nulidad

Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes: (…) 2. El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los supuestos de conservación del acto a que se refiere el artículo 14. (énfasis agregado)”. 6.39 Por tanto, resulta imposible convalidar la incongruencia advertida por parte de la Sub- Intendencia, que debió de evaluar de manera adecuada los hechos que motivaron el presente procedimiento sancionador. La actuación de la Sub Intendencia, a diferencia de lo requerido normativamente, considera la infracción imputada al tenor del tipo legal contenido en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT, pese a que no se ha fundamentado de forma suficiente y razonada cómo los hechos constatados configuran el supuesto incumplimiento previsto en dicho tipo infractor.

14 Fundamento jurídico 14, Exp. N° 02098-2010-PA/TC. 15 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. Tom0 V, Buenos Aires: Editorial Heliasta, p. 549. parcialmente válido, en la parte que no adolece de vicio alguno o en la parte que no se tiene competencia para analizar su validez, tal como se evidencia en el presente caso respecto a la infracción grave en materia de seguridad y salud en el trabajo tipificada en el numeral 27.9 del artículo 27 del RLGIT, y respecto a la infracción leve en materia de seguridad y salud en el trabajo tipificada en el numeral 26.1 del artículo 26 del RLGIT.

De la potestad del Tribunal para declarar la nulidad de los actos emitidos por las autoridades conformantes del Sistema de Inspección del Trabajo

16 Artículo 13.- Alcances de la nulidad 13.2 La nulidad parcial del acto administrativo no alcanza a las otras partes del acto que resulten independientes de la parte nula, salvo que sea su consecuencia, ni impide la producción de efectos para los cuales, no obstante, el acto pueda ser idóneo, salvo disposición legal en contrario.

Información Adicional

N° Materia Conducta infractora Tipificación legal y clasificación Seguridad y Salud en el Trabajo No cumplir con las medidas de prevención y protección en cuanto al orden y limpieza en el centro de trabajo. Numeral 26.1 del artículo 26 del RLGIT LEVE Seguridad y Salud en el Trabajo No cumplir con las condiciones de seguridad en lugares de trabajo, instalaciones civiles y maquinaria – condiciones de seguridad. Numeral 27.9 del artículo 27 del RLGIT GRAVE Seguridad y Salud en el Trabajo No cumplir con las condiciones de seguridad en lugares de trabajo, instalaciones civiles y maquinarias – avisos y señales de seguridad. Numeral 27.9 del artículo 27 del RLGIT GRAVE Seguridad y Salud en el Trabajo No cumplir con los estándares de seguridad – equipos e instalaciones eléctricas. Numeral 27.9 del artículo 27 del RLGIT GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR; SE RESUELVE:

PRIMERO. – Declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de revisión interpuesto por INTERCOMERCIAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, en contra de la Resolución de Intendencia N° 439-2022-SUNAFIL/ILM, de fecha 11 de marzo de 2022, emitida por la Intendencia de Lima Metropolitana, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 1120-2020-SUNAFIL/ILM, por los fundamentos expuestos en la presente resolución. SEGUNDO. – Declarar la NULIDAD PARCIAL de la Resolución de Sub Intendencia N° 810-2021- SUNAFIL/ILM/SIRE2, de fecha 08 de setiembre de 2021 y, la de los sucesivos actos y actuaciones en el procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 1120- 2020-SUNAFIL/ILM, en el extremo referente a la infracción muy grave a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. TERCERO. - RETROTRAER el procedimiento administrativo sancionador al momento en que se produjo el vicio, esto es, a la emisión de la Resolución de Sub Intendencia N° 810-2021- SUNAFIL/ILM/SIRE2, de fecha 08 de setiembre de 2021, a fin de que la instancia competente emita un nuevo pronunciamiento, en el extremo referente a la infracción muy grave a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT, considerando los alcances señalados en la presente resolución. CUARTO. - Remitir los actuados a la Intendencia de Lima Metropolitana, y a la Gerencia General de la SUNAFIL, a fin de que, de considerarlo conveniente, procedan conforme a sus atribuciones y de acuerdo con lo señalado en el considerando 6.47 de la presente resolución.

QUINTO. - Notificar la presente resolución a INTERCOMERCIAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, y a la Intendencia de Lima Metropolitana, para sus efectos y fines pertinentes. SEXTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

LUIS GABRIEL PAREDES MORALES

20250903SPDC- HR: 55128-2022