Instituto Superior Unitek S.A.C — Res. 1175-2024

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: seguridad social (Sub materia: Informar a la Administradora de Fondos de Pensiones los casos de suspensión perfecta y del cese o retiro del trabajador; y, Declaración y pago de la seguridad social). 20555195444 soft 20555195444 soft DE LAMA LAURA Manuel Gonzalo FAU 20555195444 soft

remitiéndose el Acta de Infracción y otorgándose un plazo de cinco (05) días hábiles para la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal e) del numeral 53.2 del artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT).

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir con remitir la información solicitada mediante requerimiento de información notificada en fecha 22 de setiembre de 2021, tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT.

i. Alegan que la administración no expone una suficiente argumentación respecto del cuestionamiento realizado frente a la inexistencia de un trabajador afectado, ya que en el procedimiento inspectivo y sancionador se viene identificando como trabajador afectado al señor Víctor Juárez Márquez, quien no tiene la condición de trabajador, pues dicha condición no ha sido verificada documentalmente dentro de la etapa de investigación, no se ha determinado la existencia de subordinación, ni dependencia, ni que la prestación de servicios se haya brindado de manera personalísima; en consecuencia, al no haberse establecido la existencia de un trabajador afectado, no corresponde imponer sanción. ii. Sostienen que no se ha emitido una suficiente motivación respecto a la deficiente notificación del requerimiento de información, en tanto que, de conformidad con la Ley del Procedimiento Administrativo General, debe prevalecer la notificación personal, en tanto no exista autorización expresa del administrado a utilizar otras modalidades de notificación; por lo que, se está vulnerando del debido procedimiento y derecho de defensa.

i. Que, en concordancia con lo dispuesto en el numeral 11.1 del artículo 11 del Decreto Supremo N° 003-2020-TR, “la notificación se entiende válidamente efectuada con el depósito del documento en la casilla electrónica asignada al usuario”; por lo que, la notificación efectuada del requerimiento de información realizado el 22 de setiembre de 2021 en la casilla electrónica asignada al impugnante por la inspectora actuante fue válidamente efectuada, conforme se acreditó en la resolución materia

2 Notificada a la impugnante el 13 de febrero de 2023. Véase folio 53 del expediente sancionador.

de impugnación; por consiguiente, el supuesto vicio en la notificación señalado por la impugnante, ha sido desvirtuado, no existiendo trasgresión al derecho de defensa. ii. Conforme se puede dilucidar de la resolución apelada, la Autoridad Sancionadora ha cumplido con pronunciarse de forma razonada, suficiente y congruente como resultado del análisis del expediente, con sujeción a lo reglado en la Directiva N° 001- 2017-SUNAFIL/INII; habiéndose desarrollado la investigación inspectiva y el procedimiento sancionador dentro de los lineamientos de legalidad y observando las garantías correspondientes, como son los principios administrativos. iii. Acorde a lo establecido en la resolución apelada se ha demostrado la falta de colaboración por parte del impugnante, pues ante el requerimiento de información efectuado con fecha 22 de setiembre de 2021, éste no cumplió con remitir la documentación solicitada dentro del plazo de cuatro (4) días hábiles establecidos, obstruyendo el desarrollo de la labor inspectiva, impidiendo continuar con la prosecución de las actuaciones inspectivas que tienen como finalidad determinar y/o verificar el cumplimiento de las obligaciones conforme a las materias señaladas en la orden de inspección; del mismo modo que, imposibilito la determinación de la totalidad de trabajadores afectados, menos aún identificarlos; por lo que se procedió válidamente a considerar como trabajador afectado al señor Víctor Hugo Juárez Márquez, en su calidad de Gerente General del impugnante, quien fuere declarado como tal en la Ficha RUC, apartado de representantes legales, de conformidad con la comprobación de datos efectuada por la inspectora actuante con fecha 05 de octubre de 2021. iv. En ese sentido, habiéndose demostrado la falta de colaboración por parte del impugnante, al obstaculizar la labor inspectiva, frente a la no remisión de la documentación solicitada, impidió que la inspectora pueda emitir pronunciamiento sobre las materias objeto de inspección, conforme se aprecia en el Acta de Infracción, obstruyendo el desarrollo de la labor inspectiva, configurándose en consecuencia la infracción muy grave de carácter insubsanable debidamente sancionada; no expresando causa válida que la exima de dicho incumplimiento, habiendo frustrado la fiscalización que generó la imposibilidad de verificar la observancia de la normativa sociolaboral en perjuicio de un (1) trabajador.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 4 “Ley N° 29981, Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…)”. 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6 “Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL. Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. 7 “Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

Del Recurso De Revisión

8 Artículo 14 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2017-TR.

facultado para rectificar, integrar, excluir e interpretar la resolución emitida por la segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DEL INSTITUTO SUPERIOR UNITEK S.A.C.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 03 de marzo de 2023, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 42-2023-SUNAFIL/IRE-AQP, señalando los siguientes alegatos:

i. Refieren que no se ha acreditado cuáles son los medios probatorios o constataciones realizadas de manera personal por el inspector comisionado (aplicando el principio de primacía de la realidad sobre la forma), mediante las cuales se demuestre que el señor Víctor Hugo Juárez Márquez tiene la condición de trabajador, situación que no ha sido acreditada conforme a ley por la administración, habiéndose reconocido de manera expresa en el punto 19 de la resolución cuestionada que no se ha podido determinar la totalidad de trabajadores afectados y mucho menos identificados y que han procedido a identificar como trabajador al Gerente General por su condición. ii. Reiteran que dicha función no se ha realizado bajo subordinación, ni dependencia, ni de manera personalísima; tal encargo está establecido en los estatutos de la empresa, conforme a la Ley General de Sociedades, que permite vincularse con una persona natural o jurídica para que desarrolle dicha función, sin que esto implique la existencia de vínculo laboral; por tanto, el señor Juárez Márquez no tiene calidad de trabajador. iii. Sostienen que el argumento no ha sido analizado por la administración a fin de que pueda ser desvirtuado o confirmado, situación que convierte en nula la resolución cuestionada, debido a la existencia evidente de una falta de motivación, situación que vulnera el debido procedimiento y derecho de defensa, por lo que, corresponde anular todos los actuados a fin de que se emita una nueva resolución conforme a ley. iv. Por otro lado, alegan que no ha se ha emitido suficiente motivación en relación al hecho de que el Decreto Supremo N° 003-2020-TR es una norma de rango inferior que la Ley

del Procedimiento Administrativo General; por tanto, por dicho dispositivo legal no puede modificarse el orden de prelación establecido en la LPAG, debiendo en consecuencia prevalecer la notificación personal, en tanto no existe autorización expresa del administrado para utilizar otras modalidades de notificación. v. Al respecto, precisan que, en el supuesto que la administración considere legítimo aplicar un Decreto Supremo por encima de una ley, deberá tenerse presente que en el artículo 20.4, se ha establecido que: “(…) La entidad que cuente con disponibilidad tecnológica puede asignar al administrado una casilla electrónica gestionada por esta, para la notificación de actos administrativos, así como actuaciones emitidas en el marco de cualquier actividad administrativa, siempre que cuente con el consentimiento expreso del administrado. Mediante Decreto Supremo del sector, previa opinión favorable de la Presidencia del Consejo de Ministros y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (…). Mediante Decreto Supremo refrendado por le Presidencia del Consejo de Ministros se aprueban criterios, condiciones, mecanismos y plazos para la implementación gradual en las entidades públicas de la casilla única electrónica”. vi. En consecuencia, señalan que, para la validez de notificaciones en casilla electrónica, es necesario contar con el consentimiento del administrado, situación que no se ha dado en el caso de autos; también es necesario contar con la opinión favorable del Ministerio de Justicia y de la PCM, situación que no se ha dado con respecto del Decreto Supremo N° 003-2020-TR (caso contrario la administración deberá de acreditar de manera documentada en el presente procedimiento haber cumplido con dicho requisitos); por estas razones corresponde inaplicar la presente norma, por no haberse dado cumplimiento a los requisitos previos para la validez de la misma.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre la aplicación de las disposiciones vigentes y el principio de razonabilidad como manifestación de la proporción de los medios y fines que persigue la Administración Pública del Trabajo

Presidencia del Consejo de Ministros y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, “puede aprobar la obligatoriedad de la notificación vía casilla electrónica”. Esta alternativa a la voluntariedad ha sido satisfecha, conforme se describe en el quinto párrafo de la parte considerativa de la norma especial, el Decreto Supremo Nº 003-2020- TR.

a. El objeto del citado cuerpo normativo regula el uso obligatorio de la notificación vía casilla electrónica (artículo 1). b. La casilla electrónica se constituye como un domicilio digital obligatorio para efectos de la notificación artículo 6, primer párrafo). c. La SUNAFIL tiene la carga de comunicar al usuario cada vez que se le notifique un documento a través de alertas dirigidas al correo electrónico y/o mediante el servicio de mensajería (artículo 6, segundo párrafo). d. Los usuarios tienen la obligación de revisar periódicamente la casilla electrónica asignada a efectos de tomar conocimiento de los documentos y/o actos administrativos que se les notifiquen (numeral 8.1 del artículo 8). e. El contenido de la notificación vía casilla electrónica debe contener cinco elementos, sin que —entre ellos— se haya previsto a la alerta referida antes (artículo 9). f. La validez de la notificación se produce con el depósito del documento en la casilla electrónica (numeral 11.1 del artículo 11).

“Sólo puede reputarse "publicitada" una norma cuando hay la posibilidad de que sea conocida por todos por haberse usado los medios necesarios para su divulgación. Esa posibilidad, precisamente, produce un efecto jurídico fundamental: el precepto se convierte en norma ya que por la "publicidad" (que es el resultado, estado o calidad) el precepto alcanza, simultáneamente, "existencia" en el mundo del derecho”.10

9 Consúltese en el enlace alojado en la cuenta de youtube de SUNAFIL: “Guía del usuario para el envío de respuestas a las cartas inductivas”, del 27 de julio de 2020: https://www.youtube.com/watch?v=ZvndX6G6yfE&t=2s 10 PANIAGUA CORAZAO, Valentín (1987). “La publicidad y publicación de las normas del Estado. (El caso de los decretos supremos no publicados)” En Themis núm. 6, p. 18.

“7. No cabe duda entonces que el requisito de la publicidad, tanto de las leyes como de las normas con rango de ley, tiene por objeto la difusión de su contenido de manera que todos tengan conocimiento de aquella y pueda exigirse su cumplimiento obligatorio, dentro del ámbito territorial correspondiente”.

“28. Ahora bien, el derecho al debido proceso en el ámbito administrativo sancionador garantiza, entre otros aspectos, que el procedimiento se lleve a cabo con estricta observancia de los principios constitucionales que constituyen base y límite de la potestad disciplinaria, tales como el principio de legalidad, tipicidad, razonabilidad y, evidentemente, el principio de publicidad de las normas. Estos principios garantizan presupuestos materiales que todo procedimiento debe satisfacer plenamente, a efectos de ser reputado como justo y, en tal sentido, como constitucional”.

Sobre el deber de colaboración a la labor inspectiva 6.10 Sobre el particular, el principio de buena fe procedimental regulado en el numeral 1.8 del artículo IV del TUO de la LPAG, establece que “la autoridad administrativa, los administrados, sus representantes o abogados y, en general, todos los partícipes del procedimiento realizan sus respectivos actos procedimentales guiados por el respeto mutuo, la colaboración y la buena fe. La autoridad administrativa no puede actuar contra sus propios actos, salvo los supuestos de revisión de oficio contemplados en la presente Ley. Ninguna regulación del procedimiento administrativo puede interpretarse de modo tal que ampare alguna conducta contra la buena fe procedimental” (énfasis añadido).

11 TUO de la LPAG, Título Preliminar, “Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 1.4. Principio de razonabilidad. - Las decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen obligaciones, califiquen infracciones, impongan sanciones, o establezcan restricciones a los administrados, deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido.”

cualquier diligencia de investigación, examen o prueba que considere necesario para comprobar que las disposiciones legales se observan correctamente y, en particular, para requerir información, solo o ante testigos, al sujeto inspeccionado o al personal de la empresa sobre cualquier asunto relativo a la aplicación de las disposiciones legales, así como a exigir la identificación, o razón de su presencia, de las personas que se encuentren en el centro de trabajo inspeccionado”. En similar sentido, el artículo 11 del mismo dispositivo legal establece que “las actuaciones inspectivas de investigación se desarrollan mediante requerimiento de información por medio de sistemas de comunicación electrónica, visita de inspección a los centros y lugares de trabajo, mediante requerimiento de comparecencia del sujeto inspeccionado ante el inspector actuante para aportar documentación y/o efectuar las aclaraciones pertinentes o mediante comprobación de datos o antecedentes que obren en el Sector Público” (énfasis añadido).

setiembre de 2021; asimismo, se verifica que registra sus datos de contacto el mismo 21 de setiembre de 2021 (16:48 horas); de igual manera, se advierte que recibió la alerta a la notificación del requerimiento, tal como se aprecia a continuación:

Figura N° 01:

Figura N° 02:

Figura N° 03:

§ A folio 17 del expediente inspectivo se aprecia el documento denominado “REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN PARA LAS ACTUACIONES INSPECTIVAS DE INVESTIGACIÓN”, de fecha 22 de setiembre de 2021, en la que se precisa que su incumplimiento constituirá infracción a la labor inspectiva sancionable con multa; y, a folio 20, la “CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN VÍA CASILLA ELECTRÓNICA”, notificada en la Casilla Electrónica de la impugnante el mismo 22 de setiembre de 2021, con lo cual se deja constancia del depósito del referido documento, conforme se puede apreciar a continuación:

Figura N° 04:

Sobre la supuesta vulneración al debido procedimiento administrativo 6.21 Sobre el particular, el numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG precisa lo siguiente:

“Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo” (énfasis añadido).

“2. El Tribunal Constitucional estima oportuno recordar, conforme lo ha manifestado en reiterada y uniforme jurisprudencia, que el debido proceso, como principio constitucional, está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Vale decir que cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea este administrativo -como en el caso de autos- o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal” (énfasis añadido).

Información Adicional

N° Materia Conducta Infractora Tipificación legal y calificación Labor inspectiva No cumplir con remitir la información solicitada mediante requerimiento de información notificada en fecha 22 de setiembre de 2021 Numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT

MUY GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas y de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley

General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR;

SE RESUELVE:

PRIMERO. - Declarar INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por INSTITUTO SUPERIOR UNITEK S.A.C., en contra de la Resolución de Intendencia N° 42-2023-SUNAFIL/IRE-AQP, de fecha 09 de febrero de 2023, emitida por la Intendencia Regional de Arequipa, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 008-2022- SUNAFIL/IRE-AQP, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. - CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 42-2023-SUNAFIL/IRE-AQP, en todos sus extremos.

TERCERO. - Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa en las materias de su competencia.

CUARTO. - Notificar la presente resolución a INSTITUTO SUPERIOR UNITEK S.A.C., y a la Intendencia Regional de Arequipa, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

MANUEL GONZALO DE LAMA LAURA

20241204MCR – HR 42974-2023