Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado Ciencias… — Res. 1009-2024

Mediante Orden de Inspección N° 664-2021-SUNAFIL/IRE-UCA, se dio inicio a las actuaciones inspectivas de investigación, con el objeto de verificar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral1, que culminaron con la emisión del Acta de Infracción N° 332-2021-SUNAFIL/IRE-UCA (en adelante, el Acta de Infracción), mediante la cual se propuso sanción económica a la impugnante por la comisión de, una (01) infracción muy grave a la labor inspectiva; en mérito al Operativo denominado “Operativo de Formalización IRE UCAYALI MAYO 2021”.

Que, mediante Imputación de Cargos N° 514-2021-SUNAFIL/IRE-UCA, de fecha 28 de setiembre de 2021, notificada el 1 de octubre de 2021, se dio inicio a la etapa instructiva,

De conformidad con el literal g) del numeral 53.2 del artículo 53 del RLGIT, la autoridad instructora emitió el Informe Final de Instrucción N° 586-2021-SUNAFIL/IRE-UCA-SIAI, de fecha 19 de noviembre de 2021 (en adelante, el Informe Final), que determinó la existencia de la conducta infractora imputada a la impugnante, recomendando continuar con el procedimiento administrativo sancionador. Por lo cual procedió a remitir el Informe Final y los actuados a la Sub Intendencia de Resolución de la Intendencia Regional de Ucayali, la cual mediante Resolución de Sub Intendencia N° 309- 2022-SUNAFIL/IR-UCA/SISA, de fecha 23 de junio de 2022, notificada el 30 de junio de 2022, multó a la impugnante por la suma de S/ 8,679.00, por haber incurrido en la siguiente infracción:

Con fecha 14 de julio de 2022, la impugnante interpuso recurso de apelación contra la Resolución de Sub Intendencia N°309-2022-SUNAFIL/IR-UCA/SISA, argumentando lo siguiente:

Con fecha 10 de enero de 2023, la impugnante presentó ante la Intendencia Regional de Ucayali, el recurso de revisión en contra de la Resolución de Intendencia N° 077-2022- SUNAFIL/IRE-UCA.

La Intendencia Regional de Ucayali admitió a trámite el recurso de revisión y elevó los actuados al Tribunal de Fiscalización Laboral, mediante MEMORANDUM-000113-2023- SUNAFIL/IRE-UCA, recibido el 21 de febrero de 2023 por el Tribunal de Fiscalización Laboral.

Mediante el artículo 1 de la Ley N° 299813, se crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (en adelante, SUNAFIL), disponiéndose en el artículo 7 de la misma Ley, que, para el cumplimiento de sus fines, la SUNAFIL contará dentro de su estructura orgánica con un Tribunal de Fiscalización Laboral.

Asimismo, de conformidad con el artículo 15 de la Ley N° 299814, en concordancia con el artículo 41 de la Ley General de Inspección del Trabajo5 (en adelante, LGIT), el artículo 17 del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR6, y el artículo 2 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización

Así, el artículo 49 de la LGIT, modificado por el Decreto Legislativo N° 1499, define al recurso de revisión como un recurso administrativo del procedimiento administrativo sancionador con carácter excepcional, interpuesto ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos de que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral, estableciéndose en el artículo 55 del RLGIT, modificado por el Decreto Supremo N° 016- 2017-TR, que los requisitos de admisibilidad y procedencia se desarrollarían en el Reglamento del Tribunal.

El Reglamento del Tribunal establece que la finalidad del recurso de revisión es “la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así

En ese sentido, es el mismo reglamento el que delimita la competencia del Tribunal a las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias, estableciéndose en el artículo 17 del Reglamento del Tribunal que se encuentra facultado para rectificar, integrar, excluir e interpretar la resolución emitida por la segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas.

En esta línea argumentativa, la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral comprende también la adecuación a la Constitución, a las leyes y al derecho, de conformidad con el principio de legalidad, que debe de caracterizar al comportamiento de las autoridades administrativas.

De la revisión de los actuados, se ha identificado que el INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLOGICO PRIVADO CIENCIAS DE LA SALUD E.I.R.L., presentó el recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 077-2022-SUNAFIL/IRE-UCA, emitida por la Intendencia Regional de Ucayali, que confirmó la sanción impuesta de S/ 8,679.00, por la comisión de una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.12 del artículo 46 del RLGIT, dentro del plazo legal de quince (15) días hábiles, computados a partir del día hábil siguiente de la notificación de la citada resolución; el 4 de enero 2024.

Así, al haberse identificado que el recurso interpuesto por el solicitante cumple con los requisitos jurídicos, previstos en el ordenamiento jurídico corresponde analizar los argumentos planteados por INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLOGICO PRIVADO CIENCIAS DE LA SALUD E.I.R.L.

Como parte de los alegatos del recurso de revisión, esta Sala ha identificado que la impugnante cuestiona una presunta vulneración al debido procedimiento9, en la medida que se ha infringido el principio de motivación de las resoluciones administrativa, derecho a la defensa, principio de legalidad y presunción de licitud. Por ende, corresponde en primer término, emitir pronunciamiento sobre esta causal, dado los efectos nulificantes que posee en caso de advertirse su inobservancia en el presente procedimiento administrativo.

El debido procedimiento exige la debida motivación del acto administrativo, entendido como una garantía que tienen los administrados de exponer sus argumentos, ofrecer y actuar pruebas, que deberán ser tenidas en cuenta por la autoridad administrativa al decidir, para que esa decisión sea conforme a derecho.

En ese contexto, se establece como uno de los elementos esenciales que rigen el ejercicio de la potestad sancionadora administrativa10, el atribuir a la autoridad que emite el acto administrativo la obligación de sujetarse al procedimiento establecido y de respetar las garantías consustanciales a todo procedimiento administrativo.

Sobre el particular, el artículo 44 inciso a) de la LGIT establece, como uno de los principios del procedimiento sancionador, la observancia al debido proceso, “por el que las partes

Por su parte, el numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG precisa, como integrante del principio del derecho al debido procedimiento administrativo, el “obtener una decisión motivada, fundada en derecho”. El principio al debido procedimiento tiene como uno de los elementos esenciales que rigen el ejercicio de la potestad sancionadora administrativa11, el atribuir a la autoridad que emite el acto administrativo la obligación de sujetarse al procedimiento establecido y a respetar las garantías consustanciales a todo procedimiento administrativo, dentro del cual se encuentra el deber de motivación de los actos administrativos.

Conforme a lo establecido en el numeral 4 del artículo 3 del TUO de la LPAG, “El acto administrativo debe estar debidamente motivado en proporción al contenido y conforme al ordenamiento jurídico”, motivación que deberá ser expresa, mediante una relación concreta y directa de los hechos probados relevantes del caso específico, y la exposición de las razones jurídicas y normativas que con referencia directa a las anteriores justifican el acto adoptado, tal y como lo establece el artículo 6 del TUO de la LPAG. Asimismo, el contenido del acto administrativo mencionado, como requisito de validez, implica que aquel deba comprender todas las cuestiones de hecho y derecho planteadas por los administrados tal y como lo prescribe el numeral 5.4 del artículo 5 del TUO de la LPAG.

En esa línea argumentativa, esta Sala identifica, desde un análisis formal, que tanto la Resolución de Sub Intendencia N° 309-2022-SUNAFIL/IR-UCA/SISA, como la Resolución de Intendencia Nº 077-2022-SUNAFIL/IRE-UCA, han contemplado la argumentación y medios de prueba expuestas por la impugnante, advirtiéndose el cumplimiento de los requisitos referidos al cumplimiento del debido procedimiento como principio y derecho material, de los derechos de defensa, legalidad y presunción de licitud, así como el cumplimiento de la garantía de la debida motivación.

Conforme con el fundamento jurídico 4 de la Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional del 8 de febrero de 2022 (expediente 349-2021-PA/TC), toda decisión judicial debe cumplir con cuatro requisitos para que cumpla con el deber de motivación, lo que lleva a contemplarlas en su extensibilidad al ámbito administrativo del presente expediente: 1) coherencia interna, para comprobar que lo decidido se deriva de premisas establecidas por el órgano resolutivo en su fundamentación; 2) justificación de las premisas externas, que aluden al respaldo probatorio de los hechos y sobre el derecho considerado por el órgano al resolver; 3) la suficiencia, que refiere a que se hayan expuesto razones que sustenten lo decidido en función de los problemas relevantes determinados y necesarios para la resolución del caso; y 4) la congruencia, como elemento que permite establecer si las razones especiales requeridas para adoptar determinada decisión se encuentran recogidas en la resolución en concreto.

Del examen efectuado por esta Sala sobre las resoluciones emitidas en el Procedimiento Sancionador, se puede observar que estos 4 elementos pueden ser satisfactoriamente comprobados, por lo que, de manera formal y material, el debido procedimiento ha sido respetado dentro del trámite del procedimiento sancionador. Por ende, se debe desestimar los argumentos referidos a cuestionar este extremo.

En conclusión, la nulidad alegada por la impugnante no debe ser acogida al no evidenciarse que se haya incurrido en alguna causal de nulidad contemplada en el artículo 10 del TUO de la LPAG. Por tales razones, no corresponde amparar los argumentos expuestos en este extremo.

En el ejercicio de la labor inspectiva, los inspectores de trabajo se encuentran facultados a realizar sus labores orientadas a la vigilancia y exigencia del cumplimiento del ordenamiento sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo, entre las que se encuentra la emisión de medidas inspectivas de requerimiento.

El numeral 3.4 del inciso 3 del artículo 5 de la LGIT, indica que, el inspector actuante puede proceder a practicar cualquier diligencia de investigación, examen o prueba que considere necesario para comprobar que las disposiciones legales se observan correctamente y, en particular, para: “(…) 3.4 Tomar o sacar muestras de sustancias y materiales utilizados o manipulados en el establecimiento, realizar mediciones, obtener fotografías, vídeos, grabación de imágenes, levantar croquis y planos, siempre que se notifique al sujeto inspeccionado o a su representante.”

Asimismo, el artículo 11 de la Ley General de Inspección del Trabajo, señala que: “ Las actuaciones inspectivas de investigación se desarrollan mediante requerimiento de información por medio de sistemas de comunicación electrónica, visita de inspección a los centros y lugares de trabajo, mediante requerimiento de comparecencia del sujeto inspeccionado ante el inspector actuante para aportar documentación y/o efectuar las aclaraciones pertinentes o mediante comprobación de datos o antecedentes que obren en el Sector Público.

Del mismo modo, el artículo 7 del RLGIT indica que las actuaciones inspectivas se desarrollan conforme a los criterios establecidos en el capítulo II del título IV del Texto Único Ordenado de la ley 27444, el cual, en concordancia con el inciso 4 del numeral 240.2. del artículo 240 del TUO de la ley 27444 el cual establece que: “La Administración Pública en el ejercicio de la actividad de fiscalización está facultada para realizar lo siguiente: Tomar copia de los archivos físicos, ópticos, electrónicos u otros, así como tomar fotografías, realizar impresiones, grabaciones de audio o en video con conocimiento previo del administrado y, en general, utilizar los medios necesarios para generar un registro completo y fidedigno de su acción de fiscalización”.

Por otra parte, la coacción, amenaza o violencia ejercida sobre los supervisores inspectores, los inspectores de trabajo y los inspectores auxiliares, es tipificada como una infracción a la labor inspectiva conforme al artículo 46 numeral 46.12 del RLGIT.

En el presente caso, el inspector realizó la visita de inspección en las instalaciones de la impugnante, el día 21 de junio 2021, actuando conforme a la modalidad de actuación establecida en el artículo 11 de la LGIT (citado en el considerando 4.13 de la presente); durante dicha diligencia, se tiene que la Srta. Anair Acharte Ipushima, apoderada de la impugnante, tenía el documento “Planilla de Pago de Profesores y de Personal Administrativo”, el cual fue requerido por el inspector, que luego de cuya entrega, se le notificó la necesidad de fotografiar su contenido, como consta en la constancia de actuaciones inspectivas, a folio 23. Sin embargo, pese al requerimiento de inspector, el abogado de la Srta. Anair Acharte Ipushima, arrebató por la fuerza dicho documento de las manos del inspector, de acuerdo con lo indicado en el numeral 4.4 del Acta de Infracción. Figura N°01

Cabe indicar que, el accionar de la impugnante no solo constituyó una conducta obstructiva al impedir que se obtenga este registro, sino que también llama la atención, la violencia ejercida por el representante de la impugnante al arrebatarle la información al inspector. Este actuar contraviene el contenido del artículo 9 de la LGIT, en los términos que: “los empleadores, los trabajadores y los representantes de ambos, así como los demás sujetos responsables del cumplimiento de las normas del orden sociolaboral, están obligados a colaborar con los supervisores-inspectores, los inspectores del trabajo y los inspectores auxiliares cuando sean requeridos para ello”.

Por lo tanto, del análisis de los hechos ocurridos, esta Sala considera que si la inspeccionada tenía a la mano la documentación que requería el inspector, debió haber colaborado con él y permitirle tomar las fotografías al documento o proporcionarle una copia de ello, no estando en la obligación el inspector de notificarle a través de medios como correo, casilla electrónica u otros, la intención de realizar la toma fotográfica, porque solo bastaba poner en conocimiento a los representantes de la impugnante en dicho momento acto, es decir el 21 de junio de 2022, durante la visita de inspección. De acuerdo con ello, no se aprecia infracción numeral 3.4 del inciso 3 del artículo 5 de la LGIT y el inciso c del artículo 6° de la LGIT.

Por otra parte, respecto a la observancia del inciso d) del artículo 6.7.1.1. de la Directiva N°001-2016-SUNAFIL-INII, la impugnante no ha acreditado que durante el momento de las actuaciones inspectivas o antes de estas, el inspector comisionado haya tenido amistad íntima, enemistad manifiesta o conflicto de interese con el sujeto inspeccionado o cualquiera de sus representantes que intervengan en el procedimiento inspectivo, que se hagan patentes mediante actitudes o hechos evidentes en el procedimiento; además se debe considerar que previa a la visita inspectiva del 21 de junio de 2021, se había realizado otra visita inspectiva el 3 de junio de 2021, actuación inspectiva que no fue cuestionada por la impugnante, ni dejo constancia que el inspector estuviera inmerso en alguna de las causales de abstención que motivase su apartamiento de la orden de inspección.

En ese entendido, se evidencia que en las actuaciones inspectivas de investigación, el inspector comisionado realizo las mismas en el marco de sus atribuciones, no evidenciándose vulneración a los derechos de la impugnante, pues participó debida y correctamente en el desarrollo de las actuaciones realizadas. Por tanto, no corresponde acoger este extremo del recurso.

Finalmente, a título informativo se señala que, conforme fluye del expediente remitido, la multa subsistente como resultado del procedimiento administrativo sancionador sería la que corresponde a la siguiente infracción:

Cabe precisar que este detalle se provee a título informativo y cualquier error de hecho o de derecho durante la tramitación del expediente que resultara en un error, omisión o imprecisión en las materias, cantidad, conducta, tipificación legal, clasificación o cuantía, resulta de exclusiva responsabilidad de la Intendencia respectiva.