Inretail Pharma S.A — Res. 991-2024

Mediante Orden de Inspección N° 527-2021-SUNAFIL/IRE-TUM, se dio inicio a las actuaciones inspectivas de investigación, con el objeto de verificar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral1, que culminaron con la emisión del Acta de Infracción N° 27-2022-SUNAFIL/IRE-TUM (en adelante, el Acta de Infracción), mediante la cual se propuso sanción económica a la impugnante por la comisión, entre otras, de una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por el incumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento notificada el 23 de diciembre de 2021; en atención a la solicitud de actuación inspectiva presentada por la señora Nataly Rosario Mera Asencio (Técnica de enfermería), por el supuesto incumplimiento del pago de beneficios sociales.

Que, mediante Imputación de Cargos N° 85-2022-SUNAFIL/IRE-TUM/SIAI-IC, de fecha 14 de junio de 2022, notificada el 20 de junio de 2022, se dio inicio a la etapa instructiva,

De conformidad con el literal g) del numeral 53.2 del artículo 53 del RLGIT, la autoridad instructora emitió el Informe Final de Instrucción N° 101-2022-SUNAFIL/IRE- TUM/SIFN/IF, de fecha 11 de agosto de 2022 (en adelante, el Informe Final), que determinó la existencia de las conductas infractoras imputadas a la impugnante, recomendando continuar con el procedimiento administrativo sancionador. Por lo cual procedió a remitir el Informe Final y los actuados a la Sub Intendencia de Resolución de la Intendencia Regional de Tumbes, la cual mediante Resolución de Sub Intendencia N° 0108-2022-SUNAFIL/IRE-TUM/SISA, de fecha 02 de setiembre de 2022, notificada el 05 de setiembre de 2022, multó a la impugnante por la suma de S/ 39,204.00, por haber incurrido en las siguientes infracciones:

Con fecha 27 de setiembre de 2022, la impugnante interpuso recurso de apelación contra la Resolución de Sub Intendencia N° 0108-2022-SUNAFIL/IRE-TUM/SISA, argumentando lo siguiente:

Mediante Resolución de Intendencia N° 32-2022-SUNAFIL/IRE-TUM, de fecha 29 de diciembre de 20222, la Intendencia Regional de Tumbes declaró infundado el recurso de apelación interpuesto por la impugnante, por considerar los siguientes puntos:

Con fecha 30 de enero de 2023, la impugnante presentó ante la Intendencia Regional de Tumbes, el recurso de revisión en contra de la Resolución de Intendencia N° 32-2022- SUNAFIL/IRE-TUM.

La Intendencia Regional de Tumbes admitió a trámite el recurso de revisión y elevó los actuados al Tribunal de Fiscalización Laboral, mediante MEMORANDUM-0000765-2024- SUNAFIL/IRE-TUM, recibido el 15 de febrero de 2023 por el Tribunal de Fiscalización Laboral.

Mediante el artículo 1 de la Ley N° 299813, se crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (en adelante, SUNAFIL), disponiéndose en el artículo 7 de la misma Ley, que, para el cumplimiento de sus fines, la SUNAFIL contará dentro de su estructura orgánica con un Tribunal de Fiscalización Laboral.

Asimismo, de conformidad con el artículo 15 de la Ley N° 299814, en concordancia con el artículo 41 de la Ley General de Inspección del Trabajo5 (en adelante, LGIT), el artículo

Así, el artículo 49 de la LGIT, modificado por el Decreto Legislativo N° 1499, define al recurso de revisión como un recurso administrativo del procedimiento administrativo sancionador con carácter excepcional, interpuesto ante la autoridad que resolvió en

El Reglamento del Tribunal establece que la finalidad del recurso de revisión es “la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias”8.

En ese sentido, es el mismo reglamento el que delimita la competencia del Tribunal a las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias, estableciéndose en el artículo 17 del Reglamento del Tribunal que se encuentra facultado para rectificar, integrar, excluir e interpretar la resolución emitida por la segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas.

En esta línea argumentativa, la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral comprende también la adecuación a la Constitución, a las leyes y al derecho, de conformidad con el principio de legalidad, que debe de caracterizar al comportamiento de las autoridades administrativas.

De la revisión de los actuados, se ha identificado que INRETAIL PHARMA S.A., presentó el recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 32-2022-SUNAFIL/IRE- TUM, emitida por la Intendencia Regional de Tumbes, que confirmó la sanción impuesta de S/ 39,204.00, por la comisión de, entre otras, una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT, dentro del plazo legal de quince (15) días hábiles, computados a partir del día hábil siguiente de la notificación de la citada resolución; el 10 de enero de 2023.

Así, al haberse identificado que el recurso interpuesto por el solicitante cumple con los requisitos jurídicos, previstos en el ordenamiento jurídico corresponde analizar los argumentos planteados por INRETAIL PHARMA S.A.

El artículo VI del Título Preliminar del TUO de la LPAG, dispone que aquellos actos administrativos que resuelven casos particulares, “interpretando de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación, constituirán precedentes administrativos de observancia obligatoria (…)”, constituyendo fuente de Derecho, de conformidad con el numeral 2.8 del artículo V de la norma en mención.

De igual forma, el Reglamento del Tribunal, mediante los artículos 3, 22 y 23, señala que constituye una competencia del Tribunal de Fiscalización Laboral – a través de su Sala Plena– el establecimiento de precedentes de observancia obligatoria, bajo los criterios establecidos por el TUO de la LPAG (interpretación de modo expreso y con carácter general), obligatorio para las entidades del Sistema de Inspección del Trabajo cuando así se precise expresamente, y siempre que una norma con rango de ley o decreto supremo no establezca lo contrario, entrando en vigencia al día siguiente de su publicación en el diario oficial El Peruano, salvo que el Tribunal expresamente disponga su vigencia diferida.

En esa línea argumentativa, mediante Resolución de Sala Plena N° 002-2022- SUNAFIL/TFL del 22 de abril de 2022, publicado el 06 de mayo de 2022 en el diario oficial El Peruano, se aprobaron los siguientes precedentes de observancia obligatoria, vigentes desde el día siguiente de su publicación:

En ciertos casos —como el que es objeto de la presente resolución—el recurso de revisión propone el análisis de infracciones a la labor inspectiva consistentes en el incumplimiento de la medida de requerimiento contenidas en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT10, pero las materias objeto de la medida de requerimiento son calificadas por la normativa como faltas “graves” o “leves”, lo que deposita a tales causas fuera de la competencia material de este Tribunal. 6.10 De esta forma, la evaluación de los recursos de revisión interpuestos contra sanciones administrativas por inejecución de medidas de requerimiento deberá circunscribirse a un análisis estrictamente referido a la proporcionalidad, razonabilidad y legalidad de tales medidas, sin invadir una competencia administrativa vedada, como son las infracciones calificadas como graves y leves, que en expedientes como el presente, han adquirido firmeza con la expedición (y notificación) de la resolución de segunda instancia” (el resaltado es nuestro).

De igual modo, mediante Resolución de Sala Plena N° 003-2022-SUNAFIL/TFL de fecha 25 de julio de 2022, publicada el 17 de agosto en el diario oficial El Peruano, se resolvió establecer como precedentes administrativos de observancia obligatoria los siguientes criterios:

Lo anterior exige al administrado una mayor rigurosidad en la formulación de sus escritos de revisión, en la medida que, al tratarse de un recurso extraordinario, para que los fundamentos contenidos en este puedan ser conocidos y evaluados por el Tribunal, no basta que la resolución recurrida contenga la imposición de sanciones por infracciones muy graves, sino que su impugnación debe ceñirse estrictamente a los presupuestos básicos establecidos en el artículo 14 del Reglamento del Tribunal, esto es: 1) Debe cuestionar al menos una infracción tipificada y calificada como muy grave, en el RLGIT, o en caso de omisión, el razonamiento empleado es suficiente para deducir ello, y; 2) Este cuestionamiento debe sustentarse necesariamente, en la inaplicación, o aplicación o interpretación errónea de las normas que rigen el derecho laboral, y/o en el apartamiento inmotivado de algún precedente de observancia obligatoria emitido por este Tribunal, que haya incidido directa o indirectamente, en la determinación de las infracciones.

Y es que, en ciertos casos, se aprecia la existencia de recursos de revisión donde, impugnándose una resolución que confirma la imposición de una sanción económica por la comisión de alguna infracción tipificada como muy grave en el RLGIT; no se cuestiona expresamente dicha infracción de forma directa o siquiera indirecta (cuando no se plantea algún razonamiento que pueda permitir deducir ello). Tal situación implica que tales recursos promueven asuntos fuera de la competencia material de este Tribunal, debiendo este órgano colegiado declarar la improcedencia, conforme a la normativa que rige su actuación” (El resaltado es nuestro).

En ese sentido, el análisis del presente recurso de revisión se circunscribirá únicamente a la medida inspectiva de requerimiento, infracción muy grave a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGT.

Conforme lo establece el numeral 5.3 del inciso 5 del artículo 5 de la LGIT, los inspectores del trabajo están investidos de autoridad y facultados para requerir al sujeto responsable que, en un plazo determinado, adopte medidas en orden al cumplimiento de la normativa del orden sociolaboral, incluso con su justificación ante el inspector que ha realizado el requerimiento. Sobre ello, el numeral 13.5 del artículo 13 del RLGIT establece que, dichas medidas, se adoptan dentro del plazo establecido para la realización de las actuaciones de investigación o comprobatorias a que se refieren los numerales 13.3 y 13.4 del artículo 13 del mismo reglamento.

A su vez, el numeral 20.3 del artículo 20 del RLGIT, ha establecido que las medidas de requerimiento son órdenes dispuestas, por la inspección del trabajo, para el cumplimiento de las normas sociolaborales y de seguridad y salud en el trabajo. Así como que éstas pueden consistir en ordenar al empleador, siempre que se fundamente en el incumplimiento de la normatividad legal vigente, la paralización o prohibición inmediata de trabajo o tareas por inobservancia de la normativa sobre prevención de riesgos laborales, entre otras.

Como se evidencia de las normas glosadas, la naturaleza jurídica de la medida inspectiva de requerimiento es la de ser una medida correctiva que tiene como objeto revertir los efectos de la ilegalidad de la conducta cometida por el inspeccionado de manera previa al inicio del procedimiento administrativo sancionador (PAS).

Cabe indicar que, la inobservancia o incumplimiento de la medida de requerimiento genera la infracción calificada como muy grave a la labor inspectiva, prevista en el inciso 46.7 del artículo 46 del RLGIT, por no cumplir oportunamente con el requerimiento de la adopción de medidas para el cumplimiento de la normativa de orden sociolaboral. Asimismo, cabe precisar que, esta infracción a la labor inspectiva se generaría con independencia y en forma adicional a las identificadas dentro del marco de la ejecución a la labor inspectiva en materias sociolaborales y de seguridad y salud en el trabajo.

Así, en la búsqueda del cumplimiento de la medida inspectiva, el inspector de trabajo le otorga al entonces inspeccionado un plazo razonable para su cumplimiento, tal como lo señalaba la entonces vigente “Directiva N° 001-2020-SUNAFIL/INII - Directiva sobre el ejercicio de la función inspectiva”9:

En similar sentido -y de manera referencial – la versión 2 de la Directiva N° 001-2020- SUNAFIL/INII, aprobada mediante Resolución de Superintendencia N° 216-2021- SUNAFIL, del 10 de agosto de 2021, mantiene el mismo enfoque al detallar los factores para el establecimiento del plazo de cumplimiento en el numeral 7.15.5.

En ese sentido, de la revisión de los actuados se observa que el inspector comisionado emite la medida inspectiva de requerimiento de fecha 23 de diciembre de 2021 y otorga un plazo de tres (03) días hábiles a la impugnante para que cumpla con lo siguiente:

Siendo que, se observa la razonabilidad, proporcionalidad y legalidad de la medida inspectiva de requerimiento, en tanto fue emitida dentro de las actuaciones inspectivas derivadas de la Orden de Inspección N° 527-2021-SUNAFIL/IRE-TUM, y en relación a los hallazgos que posteriormente fueron consolidadas en el Acta de Infracción, y conforme lo han determinado las instancias de mérito, al evaluar y valorar todas las documentales presentadas.

Por tanto, estando a que la autoridad administrativa cumplió con el estándar de prueba fijado para el procedimiento administrativo sancionador, desvirtuando el principio de licitud del administrado, al determinar las infracciones incurridas por parte del sujeto inspeccionado, luego de la valoración presentada en la fase inspectiva y sancionadora; correspondía al sujeto inspeccionado, en ejercicio de su derecho de contradicción y defensa, presentar los medios documentales que sustenten su alegato, incluso en esta instancia la impugnante no ha acreditado lo requerido en la medida inspectiva de requerimiento. Siendo que, de los actuados, se advierte el incumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento, la cual constituye una infracción a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT.

Por tanto, corresponde confirmar la infracción tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT.

Al respecto, la impugnante alega que, la Intendencia ha vulnerado el derecho constitucional al debido proceso, en tanto que, no se ha evaluado que la ampliación de plazo presentada por la autoridad inspectiva aprobada el 02 de diciembre de 2021, referente al Oficio N° 001-2021/O.I 527-2021/XLMCH.IA, ha sido presentada y aprobada sin el sustento requerido por normativa; por lo que, trasgrede lo señalado en la Versión 2 de la Directiva sobre el Ejercicio de la Función Inspectiva, aprobada mediante Resolución de Superintendencia N° 216-2021-SUNAFIL. Aunado a ello, precisan que no retrasaron las constataciones inspectivas, causal única por la que la autoridad inspectiva amplie el plazo, conforme a la normativa señalada.

Sobre el particular, se advierte del Acta de Infracción N° 27-2022-SUNAFIL/IRE-TUM, de fecha 24 de enero de 2022, que el plazo total otorgado para la realización de las actuaciones inspectivas de investigación en el marco de la presente Orden de Inspección fue de CUARENTA Y CINCO días hábiles (45) días hábiles, conforme se aprecia a continuación:

En ese contexto, es preciso señalar que la LGIT establece que las actuaciones de investigación y comprobatorias, deben realizarse en el plazo que señale en cada caso concreto sin que, con carácter general, puedan dilatarse más de 30 días hábiles, considerando una ampliación máxima por el mismo periodo.

En ese entendido, se debe poner en conocimiento del inspeccionado que, en los actuados de la Orden de Inspección N° 527-2021-SUNAFIL/IRE-TUM, de fecha 15 de octubre de 2021, el inspector comisionado inicia las diligencias de actuación inspectiva, a través de la Comprobación de Datos, el 25 de octubre de 2022, tal como obra en el Acta de Infracción, conforme se aprecia a continuación:

Ahora bien, la Inspectora Auxiliar de Trabajo Xiomara Leonor Mogollón Chang, mediante OFICIO N° 001-2021/O.I 527-2021/XLMCH-IA, de fecha 02 de diciembre de 2021, solicita al Sub Intendente de Actuación Inspectiva (e) de la Intendencia Regional de Tumbes, “Ampliación de plazo de la Orden de Inspección N° 527-2021-SUNAFIL/IRE- TUM”, para la prolongación de las actuaciones comprobatorias por un plazo de 15 (quince) días adicionales para las investigaciones, dado que el sujeto inspeccionado ha solicitado un plazo adicional para acreditar el cumplimiento de la normativa sociolaboral, de conformidad con lo establecido en el artículo 13, párrafo 7 de la LGIT, solicitud que fue autorizada por el Sub Intendente de Actuación Inspectiva (e) de la Intendencia Regional de Tumbes, mediante Proveído S/N de fecha 02 de diciembre de 2021, autorizando la “AMPLIACIÓN DEL PLAZO” de la referida Orden de Inspección de TREINTA (30) días a CUARENTICINCO (45) DÍAS, de acuerdo a lo establecido en el artículo 13, párrafo 7 de la LGIT, y el artículo 13, numeral 13.4 del RLGIT, conforme se aprecia a continuación:

Contrario a lo alegado por la impugnante, referido a que no retrasaron las constataciones inspectivas, del expediente digital se advierte que, mediante Carta de fecha 24 de noviembre de 2021, suscrita por el señor Carlos Francisco Chávez Alfaro, en calidad de Gerente de Relaciones Laborales de la impugnante, el entonces sujeto

Ahora bien, del expediente digital se tiene que la ampliación del plazo de las actuaciones inspectivas de investigación, autorizada mediante Proveído S/N de fecha 02 de diciembre de 2021, fue notificado válida y oportunamente conforme a ley, a la impugnante, el 03 de diciembre de 2021, vía Sistema de Casilla Electrónica, conforme se muestra a continuación:

Por lo que, queda establecido en la norma que, el plazo de las investigaciones inspectivas de iniciado el procedimiento, tiene una duración de 30 días hábiles, el mismo que puede ser prorrogado previa notificación al sujeto inspeccionado; por lo que, los actuados que obran en la Imputación de Cargos y en el Acta de Infracción han sido desarrollados y dados en cuenta dentro del plazo de Ley otorgado, por lo que, la autoridad administrativa ha actuado respetando el debido procedimiento administrativo, respetando los principios que le asisten a la impugnante sin afectar su derecho a la defensa. Por ende, todos los argumentos dirigidos en este extremo deben ser desestimados.

Sobre el particular, el numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG precisa lo siguiente:

El Tribunal Constitucional -máximo intérprete de la Constitución- se ha pronunciado en numerosas oportunidades en relación con el derecho al debido procedimiento, estableciendo una reiterada y uniforme jurisprudencia al respecto, como lo recuerda la Sentencia recaída en el Expediente N° 04289-2004-AA:

En esa línea argumentativa, esta Sala identifica, desde un análisis formal, que tanto la Resolución de Sub Intendencia N° 0108-2022-SUNAFIL/IRE-TUM/SISA, como la Resolución de Intendencia N° 32-2022-SUNAFIL/IRE-TUM, han contemplado la argumentación y medios de prueba expuestos por la impugnante, advirtiéndose el cumplimiento de los requisitos referidos al cumplimiento del debido procedimiento como principio y derecho material, de los derechos de defensa y a la prueba, así como el cumplimiento de la garantía de la debida motivación.

Conforme con el fundamento jurídico 4 de la Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional del 8 de febrero de 2022 (expediente 349-2021-PA/TC), toda decisión judicial debe cumplir con cuatro requisitos para que cumpla con el deber de motivación, lo que lleva a contemplarlas en su extensibilidad al ámbito administrativo del presente expediente: 1) coherencia interna, para comprobar que lo decidido se deriva de premisas establecidas por el órgano resolutivo en su fundamentación; 2) justificación de las premisas externas, que aluden al respaldo probatorio de los hechos y sobre el derecho considerado por el órgano al resolver; 3) la suficiencia, que refiere a que se hayan expuesto razones que sustenten lo decidido en función de los problemas relevantes determinados y necesarios para la resolución del caso; y 4) la congruencia, como elemento que permite establecer si las razones especiales requeridas para adoptar determinada decisión se encuentran recogidas en la resolución en concreto.

Del examen efectuado por esta Sala sobre las resoluciones emitidas en el Procedimiento Sancionador, se puede observar que estos 4 elementos pueden ser satisfactoriamente comprobados, por lo que, de manera formal y material, el debido procedimiento ha sido respetado dentro del trámite del procedimiento sancionador.

Asimismo, se corrobora, de los actuados, que ni el procedimiento inspectivo ni el sancionador, contravienen a la Constitución, a los principios del procedimiento administrativo, ni a las leyes o normas reglamentarias, además contiene los requisitos de validez del acto administrativo relacionados a la competencia, objeto o contenido, finalidad pública y procedimiento regular. Además, es necesario reiterar que, la resolución impugnada se encuentra debidamente motivada, al exponer una relación concreta y directa de los hechos probados durante el desarrollo del presente procedimiento, no verificándose la vulneración a los principios invocados por la impugnante. Por lo que, corresponde no acoger los argumentos expuestos en este extremo del recurso.

Respecto a lo alegado por la impugnante, referido a que se ha vulnerado el principio de predictibilidad, para lo cual invocan la Resolución N° 029-2021-SUNAFIL/TFL- Primera Sala, en tanto que, la posibilidad de que se efectúen descuentos a un

Asimismo, del contrato de trabajo se aprecia que, asumir las pérdidas o deterioro de los bienes de la empresa por parte del trabajador no es voluntario, por el contrario, el trabajador se encuentra conminado a suscribir este contrato y los demás documentos que exija la empresa; por tanto, se advierte que lo argumentado por la impugnante, no resulta válido, al señalar que la trabajadora ha firmado de manera voluntaria el documento denominado “Formato de Crédito – Inventario General”, por medio del cual la trabajadora aceptaría que se le descuente el monto de S/ 641.29, en ese contexto, cabe precisar que, existe una desigualdad entre el empleador y el trabajador; y, por ende, se debe proteger al trabajador de cualquier abuso del empleador.

Por otro lado, de la verificación de los procedimientos que fueran remitidos por el sujeto inspeccionado (AUD-PD003 de fecha 02 de marzo de 2017 y AUD-PD003 de fecha 04 de febrero de 2019), sobre “INVENTARIOS MENSUALES EN BOTICA”, se advierte lo siguiente:

En tal sentido, se aprecia que, el personal estaría a cargo de los riesgos de la empresa, y, por tanto, los trabajadores no firman de manera voluntaria, sino muy por el

Asimismo, de la verificación de los actuados no se advierte que exista acuerdo alguno de reducción de remuneración libre, espontáneo, expreso y motivado, por escrito, celebrado entre el trabajador y el empleador en la cual se evidencia de manera precisa, cuál es la causa objetiva vertida de excepcionalidad y razonabilidad que autorice el mismo. Pretendiendo la empresa sustituir los requisitos esenciales para calificar como licita una reducción de remuneración con un simple documento denominado “Formato de Crédito – Inventario General”.

Por tanto, se advierte que no nos encontramos ante el supuesto de autorización expresa brindada por la trabajadora, en ese sentido, al no configurarse ninguno de los supuestos de autorización exigidos por la ley, los descuentos efectuados por la impugnante, a la extrabajadora afectada, no resultan válidos, en tanto que, se ha logrado corroborar que no se tratan de descuentos originados por incumplimientos de deberes funcionales de la denunciante, sino que, por el contrario, después del análisis de la documentación que obra en el expediente digital, se concluye que son documentos que el empleador le exige firmar a sus trabajadores en aplicación de las políticas de descuentos de la empresa, con lo cual se configura el traslado irregular del riesgo empresarial a los trabajadores.

En consecuencia, se deben desestimar los argumentos dirigidos a cuestionar este extremo.

Finalmente, a título informativo se señala que, conforme fluye del expediente remitido, las multas subsistentes como resultado del procedimiento administrativo sancionador serían las que corresponden a las siguientes infracciones:

Cabe precisar que este detalle se provee a título informativo y cualquier error de hecho o de derecho durante la tramitación del expediente que resultara en un error, omisión o imprecisión en las materias, cantidad, conducta, tipificación legal, clasificación o cuantía, resulta de exclusiva responsabilidad de la Intendencia respectiva.