Ingeniería Sociedad Anónima Norte — Res. 379-2025

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Remuneraciones (Sub materia: Gratificaciones); Compensación por tiempo de servicios (Sub materia: Depósito de CTS); y, Jornada, horario de trabajo y descansos remunerados (Sub materia: Vacaciones). 2 Véase folio 50 del expediente inspectivo. 20555195444 soft DE LAMA LAURA Manuel Gonzalo FAU 20555195444 soft

instructiva, remitiéndose el Acta de Infracción y otorgándose un plazo de cinco (5) días hábiles para la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal e) del numeral 53.2 del artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT).

- Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por no efectuar el pago de la CTS al trabajador Castillo Chorres Deivy Jean correspondiente al periodo 01 de noviembre de 2019 al 30 de abril de 2020 y desde el 01 de mayo de 2020 hasta el 31 de octubre de 2020, tipificada en el numeral 24.5 del artículo 24 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 980.00.

- Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por no efectuar el pago de la CTS por el periodo trunco al trabajador Castillo Chorres Deivy Jean correspondiente al periodo 01 de noviembre de 2020 al 13 de diciembre de 2020, tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 980.00.

- Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por no pagar las vacaciones truncas al trabajador Castillo Chorres Deivy Jean, tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 980.00.

- Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por no pagar la gratificación trunca por navidad al trabajador Castillo Chorres Deivy Jean, tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 980.00

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir oportunamente con la medida inspectiva de requerimiento afectando al trabajador Castillo Chorres Deivy Jean, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 3,388.00.

i. Sostiene que, la resolución materia de impugnación contiene vicios en su argumentación y conclusiones, lo cual vulnera el derecho/obligación a la debida motivación, dado que, no se ha tomado en cuenta, ni se han valorado las documentales adjuntadas en su oportunidad, así como los descargos formulados en el presente procedimiento, lo cual vicia las conclusiones arribadas.

ii. Señala que, los vicios incurridos resultan ser trascendentes, por lo que, no es posible la conservación del acto administrativo, por haberse contravenido los mencionados dispositivos legales y los derechos de su representada. iii. Refieren que se ha contravenido el principio de razonabilidad y proporcionalidad de las sanciones, el mismo que establece que debe preverse que la comisión de la conducta sancionable no resulte más ventajosa para el infractor que cumplir las normas infringidas o asumir la sanción; así como que la determinación de la sanción considere criterios como la gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido, el perjuicio económico causado, la repetición y/o continuidad en la comisión de la infracción, las circunstancias de la comisión de la infracción, el beneficio ilegalmente obtenido y la existencia o no de intencionalidad, criterios que han sido omitidos en este caso, en perjuicio de sus derechos, ya que cumplen con cancelar oportunamente los beneficios de ley de sus colaboradores.

i. Que, de la revisión del acta de infracción, se verifica que cumple con los requisitos establecidos en el numeral 8.2.2 de la Directiva N° 001-2020-SUNAFIL/INII, Directiva del Ejercicio de la Función Inspectiva. ii. En cuanto a la imputación de cargos, la Directiva N° 001-2020-SUNAFIL/INII, en su numeral 7.1.2.3 establece los requisitos mínimos con los que debe contar la imputación de cargos; estos son: las actuaciones inspectivas, la calificación de las infracciones y posible sanción, competencia de la autoridad sancionadora, el plazo para el descargo, la medida provisional, de ser el caso; y el anexo: que es el acta de infracción; así, del escrutinio de la imputación de cargos, se puede observar que, cumple con los requisitos establecidos en la mencionada directiva. iii. En lo que concierne al informe final de instrucción, en la Directiva N° 001-2020- SUNAFIL/INII, en su numeral 7.1.2.6, sub numeral e), establece los requisitos con los que debe contar el informe final de instrucción, siendo estos: los antecedentes, actuaciones inspectivas, inicio del procedimiento sancionador, descargo del administrado, hechos constatados en la instrucción, análisis legal de los hechos materia de imputación, propuesta de sanción, medidas de carácter provisional, conclusiones y recomendaciones. Entonces, al hacer la verificación del informe final de instrucción, materia de cuestionamiento, se aprecia que, este cumple con los requisitos que la normativa vigente establece. iv. En conclusión, lo alegado por el recurrente adolece de fundamento. Asimismo, los documentos cuestionados, no solo han cumplido con la normativa vigente, sino también se han individualizado cada infracción con la propuesta de sanción; por

3 Notificada a la impugnante el 13 de abril de 2023. Véase folio 57 del expediente inspectivo.

tanto, existe una relación concreta, no habiéndose vulnerado el principio del debido procedimiento. v. En lo que respecta a la vulneración del principio de razonabilidad, debemos precisar que, al no haber cumplido con acreditar la adopción de las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia sociolaboral dispuestas por el inspector comisionado; y, de la información obtenida de la SUNAT, en perjuicio de un trabajador afectado por el incumplimiento del sujeto responsable de remitir la información solicitada, conforme así lo establece el artículo 48 del Decreto Supremo N° 019-2006-TR

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

4 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 5“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia.” 6 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 7“Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL. Artículo 17. Tribunal de Fiscalización Laboral

Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR8 (en adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

III. DEL RECURSO DE REVISIÓN 3.1 El artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG), establece que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de éstos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe de otorgarle esta facultad al administrado mediante una ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días, respectivamente.

El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia.” 8“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias”9.

De La Interposición Del Recurso De Revisión Por Parte De Ingenieria Sociedad Anonima Norte

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 05 de mayo de 2023, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 3-2023-SUNAFIL/IRE-TUM, señalando los siguientes alegatos:

i. Refieren que la resolución de intendencia vulnera el derecho a la motivación de las resoluciones administrativas, en tanto que, la administración pública debe respetar el derecho de los administrados de recibir las razones o justificaciones objetivas que llevan a adoptar una determinada decisión. Asimismo, señalan que, debe tenerse en cuenta que, el derecho en mención se encuentra vinculado, entre otros, al requisito de validez del acto administrativo denominado motivación, previsto en el numeral 4 del artículo 3 de la Ley N° 27444. ii. Sostienen que, la resolución materia de impugnación contiene vicios en su argumentación y conclusiones, lo cual vulnera el derecho/obligación a la debida

9 Artículo 14 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2017-TR.

motivación, dado que, no se ha tomado en cuenta ni se han valorado sus argumentos contenidos en los descargos que presentaron en su oportunidad, así como tampoco se han valorado las documentales adjuntadas al presente procedimiento administrativo, lo cual vicia las conclusiones arribadas. iii. Alegan que, los vicios incurridos resultan ser trascendentes, por lo que, no es posible la conservación del acto administrativo, por haberse contravenido los mencionados dispositivos legales y los derechos de su representada. Por tanto, evidencian que la resolución ha sido motivada de forma aparente y sus argumentos vulneran su derecho de motivación, reconocido constitucionalmente. iv. Sobre el principio de razonabilidad y proporcionalidad de las sanciones, cuestionan que no se ha valorado lo establecido en el artículo 47.3 del RLGIT, en tanto que, el artículo 230 de la Ley N° 27444 establece que, debe preverse que la comisión de la conducta sancionable no resulte más ventajosa para el infractor que cumplir las normas infringidas o asumir la sanción; así como que la determinación de la sanción considere criterios como la gravedad del daño del interés público y/o bien jurídico protegido, el perjuicio económico causado, la repetición y/o continuidad en la comisión de la infracción, las circunstancias de la comisión de la infracción, el beneficio ilegalmente obtenido y la existencia o no de intencionalidad, criterios que han sido omitidos en este caso, en perjuicio de sus derechos, ya que cumplen con cancelar oportunamente los beneficios de ley de sus colaboradores. v. Señalan que al momento de evaluar la razonabilidad y proporcionalidad de la sanción a imponer, la resolución cuestionada también debió tener en consideración el actual contexto económico por el que atraviesa el país, ocasionado por la pandemia de Covid- 19, pues, a través del Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, se declaró el Estado de Emergencia a nuestro país, disponiéndose el aislamiento de la población y la suspensión de actividades empresariales; dicha situación ha ocasionado el cierre de muchos negocios y por ende, han perdido una gran cartera de clientes, encontrándose afectados económicamente como la gran mayoría de las empresas que vienen subsistiendo a la pandemia; sin embargo, sostienen que, ninguno de dichos argumentos han sido valorados al momento de graduar la sanción a imponer, lo cual vulnera su derecho a la motivación de las resoluciones administrativas. vi. Por último, solicitan se declare fundado el recurso de revisión y se declare la nulidad de la resolución de intendencia, y se ordene el archivo definitivo del procedimiento sancionador.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre los precedentes administrativos de observancia obligatoria

administrativos de observancia obligatoria (…)”, constituyendo fuente de Derecho, de conformidad con el numeral 2.8 del artículo V de la norma en mención.

“6.8 Así, los expedientes sancionadores que se tramitan en el Sistema de Inspección del Trabajo no son, sin embargo, unos que permitan distinguir imputaciones que solamente contengan casos “muy graves”, “graves” o bien “leves”, siendo habitual que en los casos sometidos a este Tribunal se encuentren imputaciones que contemplen infracciones calificadas normativamente como “muy graves” y alguna o algunas más de distinto grado. Ante este tipo de plataformas impugnatorias, el Tribunal de Fiscalización Laboral se encuentra obligado a distinguir lo que es materia de su estricta competencia de aquello que no lo es, conforme con la normativa glosada. 6.9 En ciertos casos —como el que es objeto de la presente resolución—el recurso de revisión propone el análisis de infracciones a la labor inspectiva consistentes en el incumplimiento de la medida de requerimiento contenidas en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT10, pero las materias objeto de la medida de requerimiento son calificadas por la normativa como faltas “graves” o “leves”, lo que deposita a tales causas fuera de la competencia material de este Tribunal. 6.10 De esta forma, la evaluación de los recursos de revisión interpuestos contra sanciones administrativas por inejecución de medidas de requerimiento deberá circunscribirse a un análisis estrictamente referido a la proporcionalidad, razonabilidad y legalidad de tales medidas, sin invadir una competencia administrativa vedada, como son las infracciones calificadas como graves y leves, que en expedientes como el presente, han adquirido firmeza con la expedición (y notificación) de la resolución de segunda instancia” (el resaltado es nuestro).

“6.17. Sobre la base de lo previsto en el literal a) del artículo 16 y el inciso 18.1 del artículo 18 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral (Decreto Supremo Nº 004-2017- TR), tras el control de admisibilidad del recurso de revisión interpuesto, a cargo de la autoridad emisora de la decisión impugnada, este órgano de revisión tiene el deber de efectuar el control de procedencia del recurso. Así, se declarará la improcedencia del recurso de revisión en los siguientes supuestos: i) Cuando el acto impugnado no corresponda a resoluciones de segunda instancia que se pronuncian sobre la imposición de sanciones;

ii) Cuando la infracción materia de sanción que se impugna, no esté tipificada como muy grave en el RLGIT; o iii) Cuando el recurso de revisión no se sustente en la inaplicación, o aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria emitidos por este Tribunal.

Disponiéndose la entrada en vigencia del mismo a partir del día siguiente de su publicación.

Sobre la infracción a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT

el inspector que ha realizado el requerimiento. Sobre ello, el numeral 13.5 del artículo 13 del RLGIT establece que, dichas medidas, se adoptan dentro del plazo establecido para la realización de las actuaciones de investigación o comprobatorias a que se refieren los numerales 13.3 y 13.4 del artículo 13 del mismo reglamento.

Figura 01: Numeral 7.14.5 de la Directiva N° 001-2020-SUNAFIL

10 Aprobada por Resolución de Superintendencia N° 031-2020-SUNAFIL, del 03 de febrero de 2020.

Figura 02:

Advirtiéndose que el incumplimiento de dicha medida constituiría infracción a la labor inspectiva, sancionable con una multa. Sin embargo, conforme consta en los hechos constatados en el Acta de Infracción, la impugnante no cumplió con lo dispuesto en la medida de requerimiento.

Infracción, y conforme lo han determinado las instancias de mérito, al evaluar y valorar todas las documentales presentadas.

Sobre la aplicación del principio de razonabilidad y proporcionalidad

“las infracciones son sancionadas administrativamente con multas administrativas y el cierre temporal, de conformidad con lo previsto en el artículo 39-A de la presente ley. Las sanciones a imponer por la comisión de infracciones de normas legales en materia de relaciones laborales, de seguridad y salud en el trabajo y de seguridad social a que se refiere la presente Ley, se gradúan atendiendo a los siguientes criterios generales: a) Gravedad de la falta cometida. b) Número de trabajadores afectados. c) Tipo de empresa. El Reglamento establece la tabla de infracciones y sanciones, y otros criterios especiales para la graduación” (énfasis añadido).

11 Ahora artículo 248 del TUO de la LPAG: “La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales:

población y la suspensión de actividades empresariales; dicha situación ha ocasionado el cierre de muchos negocios y por ende, han perdido una gran cartera de clientes, encontrándose afectados económicamente como la gran mayoría de las empresas que vienen subsistiendo a la pandemia; sin embargo, sostienen que, ninguno de dichos argumentos han sido valorados al momento de graduar la sanción a imponer, lo cual vulnera su derecho a la motivación de las resoluciones administrativas.

“ésta se circunscribe a un acontecimiento ajeno a la persona y a la voluntad de quien la invoca, de manera tal que esa relevante circunstancia constituye una traba insalvable para el cumplimiento de una obligación. En ese sentido, se está ante un

12 Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, aprobada por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS Artículo 257.- Eximentes y atenuantes de responsabilidad por infracciones 1.- Constituyen condiciones eximentes de la responsabilidad por infracciones las siguientes: a) El caso fortuito o la fuerza mayor debidamente comprobada. (…)

13 MORÓN URBINA, Juan Carlos. “Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General”. Tomo II. Gaceta Jurídica. Décimo Segunda Edición. Octubre 2017. Pp. 508.

escenario en el que el sujeto no ha desarrollado una acción propia que haya sido determinante en la configuración de la infracción. Comúnmente, se señala que la fuerza mayor está vinculada a hechos de la naturaleza, ajenos a la esfera de control del sujeto involucrado.” 14

Sobre el debido procedimiento administrativo y la debida motivación 6.27 Sobre el particular, el numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG precisa lo siguiente:

“Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo” (énfasis añadido).

14 MORON URBINA, Juan Carlos (2019). “Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General.” Lima: Gaceta Jurídica Editores. 4 Edición. Tomo II. Página 517.

“2. El Tribunal Constitucional estima oportuno recordar, conforme lo ha manifestado en reiterada y uniforme jurisprudencia, que el debido proceso, como principio constitucional, está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Vale decir que cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea este administrativo -como en el caso de autos- o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal” (énfasis añadido).

Información Adicional

N° Materia Conducta Infractora Tipificación legal y calificación Relaciones Laborales No efectuar el pago de la CTS al trabajador Castillo Chorres Deivy Jean correspondiente al periodo 01 de noviembre de 2019 al 30 de abril de 2020 y desde el 01 de mayo de 2020 hasta el 31 de octubre de 2020. Numeral 24.5 del artículo 24 del RLGIT

GRAVE Relaciones Laborales No efectuar el pago de la CTS por el periodo trunco al trabajador Castillo Chorres Deivy Jean correspondiente al periodo 01 de noviembre de 2020 al 13 de diciembre de 2020. Numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT

GRAVE Relaciones Laborales No pagar las vacaciones truncas al trabajador Castillo Chorres Deivy Jean. Numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT

GRAVE Relaciones Laborales No pagar la gratificación trunca por navidad al trabajador Castillo Chorres Deivy Jean. Numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT

GRAVE Labor Inspectiva No cumplir oportunamente con la medida inspectiva de requerimiento afectando al trabajador Castillo Chorres Deivy Jean. Numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT

MUY GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral- SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley de Procedimiento Administrativo General aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR.

SE RESUELVE:

PRIMERO. – Declarar, INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA NORTE, en contra la Resolución de Intendencia N° 3-2023-SUNAFIL/IRE-TUM, de fecha 11 de abril de 2023, emitida por la Intendencia Regional de Tumbes, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 130-2022- SUNAFIL/IRE-TUM, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. – CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 3-2023-SUNAFIL/IRE-TUM, en el extremo referido a la infracción muy grave a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT.

TERCERO. - Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa en las materias de su competencia.

CUARTO. - Notificar la presente resolución a INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA NORTE, y a la Intendencia Regional de Tumbes, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

MANUEL GONZALO DE LAMA LAURA Presidente

20250416MCR - HR 86058-2023