Ingeniería Proyectos y Montajes Propamat Sociedad Anónima Cerrada — Res. 869-2025

Antecedentes

1 Se deja constancia de que dicha denominación figura en la Partida Electrónica N° 12379475 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima, motivo por el cual será empleada en adelante en la presente resolución. Esta información puede ser vista a través del portal web: https://www.sunarp.gob.pe/bus-personas- juridicas.asp. Por consiguiente, toda referencia obrante a nombre “INGENIERIA PROYECTOS Y MONTAJES PROPAMAT S.A.C.” se deberá entender que es dirigida a “INGENIERIA PROYECTOS Y MONTAJES PROPAMAT SOCIEDAD ANONIMA CERRADA”. 2 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Remuneraciones (Sub Materia: Gratificaciones); Bonificación no remunerativa (Sub materia: Incluye todas); Jornada, horario de trabajo y descansos remunerados (Sub Materia: Vacaciones); Compensación por tiempo de servicios (Sub Materia: Depósito de CTS). PAREDES MORALES Luis Gabriel FAU 20555195444 soft

sanción económica a la impugnante por la comisión, entre otras, de una (01) infracción muy grave en materia de relaciones laborales, por no acreditar el pago de la remuneración por descanso adquirido y no gozado, ni acreditó el pago de la respectiva indemnización vacacional por no haber disfrutado el descanso vacacional correspondiente al periodo vencido 2016-2017, con intereses legales, así como no acreditar el pago íntegro de la remuneración vacacional simple correspondiente al periodo simple 2017-2018, ni acreditar el pago íntegro de la remuneración vacacional trunca correspondiente al periodo trunco 2018-2019; y una (01) infracción muy grave a la labor inspectiva, por no cumplir oportunamente con el requerimiento de la adopción de todas las medidas en orden al cumplimiento de la normatividad sociolaboral vigente.

3 En aplicación de lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 259° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS se establece que, en el supuesto que la infracción no hubiera prescrito, el órgano competente evaluará el inicio de un nuevo procedimiento sancionador. El procedimiento caducado administrativamente no interrumpe la prescripción.

2022, multó a la impugnante por la suma de S/. 43,868.00, por haber incurrido en las siguientes infracciones:

- Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por no acreditar el pago de la gratificación legal correspondiente a los periodos vencidos de julio 2018 y periodo trunco de diciembre 2018 e intereses legales, a favor del extrabajador, tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24° del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/. 6,908.00.

- Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por no acreditar el pago de la bonificación extraordinaria correspondiente a los periodos vencidos de julio 2018 y periodo trunco de diciembre 2018 e intereses legales, a favor del extrabajador, tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24° del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/. 6,908.00.

- Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por no acreditar el depósito de la Compensación por Tiempo de Servicios, correspondiente a los periodos vencidos de mayo 2018, noviembre 2018 y el periodo trunco mayo 2019 con sus respectivos intereses legales, a favor del extrabajador, tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24° del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/. 6,908.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de relaciones laborales, por no acreditar el pago de la remuneración vacacional del periodo 2017-2018, ni acreditó el pago íntegro de la remuneración vacacional trunca correspondiente al periodo 2018- 2019, con los respectivos intereses legales, a favor del extrabajador, tipificada en el numeral 25.6 del artículo 25° del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/. 11,572.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir con la medida inspectiva de requerimiento de fecha 22 de enero de 2021, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46° del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/. 11,572.00.

i. La resolución apelada incurre en un grave error al afirmar que la inspeccionada habría incurrido en una infracción laboral por la omisión en el pago de períodos que fueron cancelados. No se ha realizado un análisis exhaustivo de los hechos ni de los medios probatorios obrantes en el expediente, configurándose una falta de motivación y vulneración al debido procedimiento, lo que genera la nulidad de los

actos administrativos impugnados. En efecto, no se ha precisado cuáles habrían sido los supuestos descuentos indebidos, en qué fechas se habrían realizado ni respecto de qué conceptos, lo cual vulnera gravemente el derecho de defensa. Indica que, presentó documentación idónea que acredita los pagos efectuados, los cuales no han sido expresamente desvirtuados en la resolución apelada. No obstante, se impone sanción de manera genérica, sin detenerse a verificar qué descuentos fueron objeto de cuestionamiento ni su impacto en cada uno de los beneficios sociales supuestamente impagos, omitiéndose la debida valoración de los medios probatorios presentados. Más aún, los descuentos efectuados fueron autorizados por el propio extrabajador. ii. Se ha vulnerado, el Principio de Non Bis In Ídem, al haberse impuesto dos sanciones distintas basadas en un único supuesto de hecho. En efecto, una primera infracción se imputa a raíz del presunto incumplimiento de obligaciones legales en matera de beneficios sociales, y una segunda infracción se fundamenta en la supuesta inobservancia de la medida inspectiva de requerimiento relacionada con dichos beneficios. No obstante, ambas sanciones tienen como origen el mismo hecho, el supuesto incumplimiento en el pago de beneficios sociales. En tal sentido, se pretende sancionar doblemente por un mismo hecho, lo cual resulta jurídicamente inadmisible. iii. Respecto al pago de la gratificación de julio 2018 se cumple con adjuntar la boleta a efectos de acreditar el pago íntegro del concepto materia de sanción, asimismo, sobre la gratificación trunca de diciembre de 2018 se cumple con la adjuntar la liquidación de beneficios sociales donde consta el pago directo, así como la constancia de transferencia, en virtud del acuerdo celebrado por el extrabajador. De igual manera, respecto al adeudo por el concepto de bonificación extraordinaria, se adjunta la boleta donde se cumple con el pago de la bonificación y la liquidación de beneficios sociales donde se adjunta el pago y la constancia de transferencia de la bonificación trunca. De igual manera, sobre el concepto de vacaciones y compensación por tiempo de servicios también se adjunta la liquidación de beneficios sociales donde consta el pago de dichos conceptos, así como su constancia de transferencia incluidos los intereses, en virtud del acuerdo celebrado con el extrabajador. Debiendo desestimarse la multa impuesta al no tener ningún concepto de adeudo por parte de la inspeccionada.

i. Respecto a los alegatos reiterados esbozados en los numerales i) y iii) previos, corresponde señalar que, éstos ya fueron debidamente analizados y desvirtuados por la autoridad de primera instancia en los considerandos 28 al 31 de la resolución apelada, los cuales se comparten plenamente. En efecto, tal como se señala en dichos considerandos, de la documentación obrante en fojas 43 de expediente sancionador se aprecia que la supuesta autorización para el descuento efectuado al extrabajador no fue emitida con anterioridad al convenio individual celebrado el 31 de enero de 2019, sino que data del 14 de abril de 2021. Por tanto, dicha autorización resulta posterior al convenio celebrado entre las partes y, sobre todo, posterior a la extinción del vínculo laboral. ii. Esta situación evidencia que los incumplimientos ya se habían materializado al momento de la suscripción del referido convenio y que el descuento de S/. 17,037.72 ya se había ejecutado sin contar con una autorización válida y previa, calificándose

como un acto unilateral. En ese sentido, dicho descuento carece de sustento legal al haber afectado derechos de carácter irrenunciable, en contravención de normas de jerarquía superior, como el artículo 2° del Decreto Supremo N° 012-92-TR, el artículo 23° y el numeral 2 del artículo 26° de la Constitución Política del Perú. iii. Adicionalmente, respecto a las boletas de pago y constancias de transferencias presentadas por la inspeccionada, si bien tales documentos se encuentran en el expediente, no acreditan la legalidad del referido descuento, ya que este no se realizó de manera previa al convenio ni dentro del marco legal correspondiente, sino de forma extemporánea y unilateral, reiterándose así su carácter irregular. iv. En virtud de lo expuesto, se concluye que las infracciones imputadas se adecuan plenamente al tipo infractor previsto en la normativa vigente, respetándose los Principios de Tipicidad y Legalidad. El pronunciamiento emitido por la primera instancia se encuentra debidamente motivado, al contener una descripción detallada de los hechos que sustentan la sanción, sin vulneración del debido procedimiento ni del derecho de defensa, el cual fue oportunamente ejercido por la inspeccionada mediante sus escritos. En consecuencia, se mantiene la responsabilidad administrativa atribuida y, con ello, la validez de las sanciones impuestas. v. Por otra parte, en relación al alegato del numeral ii) previo, si bien la inspeccionada sostiene que se habría vulnerado el Principio de Non Bis In Ídem, al habérsele impuesto dos sanciones por un mismo hecho. Sobre el particular, corresponde precisar lo dispuesto en el numeral 11 del artículo 248° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, establece que: “No se podrán imponer sucesiva o simultáneamente una pena y una sanción administrativa por el mismo hecho en los casos en que se aprecie la identidad del sujeto, hecho y fundamento. Dicha prohibición se extiende también a las sanciones administrativas, salvo la concurrencia del supuesto de continuación de infracciones a que se refiere el inciso 7”. vi. En ese sentido, a fin de verificar la configuración de la alegada vulneración al Principio de Non Bis In Ídem, corresponde efectuar el análisis correspondiente a los tres elementos exigidos por la norma: identidad de sujeto, de hecho y de fundamento: a) Identidad de sujeto: En efecto, se verifica que ambas infracciones han sido imputadas a un mismo administrado, “Ingeniería Proyectos y Montajes Propamat S.A.C.”, por lo que este elemento se encuentra cumplido. b) Identidad de hechos: Este extremo no se configura. Las conductas que dieron origen a las infracciones son distintas en su naturaleza y momento de ocurrencia. La infracción por el incumplimiento de obligaciones sociolaborales se refiere a hechos acontecidos con anterioridad a la intervención inspectiva, mientras que la infracción por incumplimiento de medida inspectiva de requerimiento se configura con posterioridad, en el marco del procedimiento inspectivo iniciado,

ante la omisión de adoptar las acciones necesarias para dar cumplimiento a lo requerido. Se trata, por tanto, de hechos diferenciados y autónomos. c) Identidad de fundamentos: Tampoco se configura. Las infracciones imputadas tutelan bienes jurídicos distintos. Mientras que el incumplimiento de normas sociolaborales afecta derechos fundamentales del trabajador en el marco de la relación laboral —vinculados a su protección frente a situaciones de desigualdad estructural—, la inobservancia de la medida de requerimiento atenta contra el deber de colaboración con la labor inspectiva, cuyo bien jurídico protegido es el funcionamiento eficaz del sistema de inspección del trabajo. No existe, entonces, coincidencia en el fundamento de ambas sanciones. vii. En consecuencia, al no concurrir la triple identidad exigida por el numeral 11 del artículo 248° de Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, no se configura la vulneración al Principio Non Bis In Ídem alegada por la inspeccionada. Por el contrario, las infracciones han sido correctamente individualizadas, con precisión en sus elementos constitutivos, respetando el Principio de Tipicidad y el debido procedimiento administrativo. En ese marco, los argumentos expuestos en el recurso de apelación resultan insuficientes para desvirtuar la infracción determinada en primera instancia, correspondiendo confirmar la resolución apelada en todos sus extremos.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

4 Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1.- Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), en adelante Sunafil, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.

5 Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…). 6 Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa. 7 Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Decreto Supremo que aprueba la Sección Primera del Reglamento de Organización y Funciones de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. 8 Decreto Supremo N° 004-2017-TR, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.

Del Recurso De Revisión

9 De conformidad con lo preceptuado en el artículo 14° del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR. 10 Ver, por ejemplo, las Sentencias recaídas en los Expedientes N° 3741-2004-PA, 615-2009-PA/TC, 6136-2009-PA/TC, 6785-2006-PA/TC, 2608-2009-PA/TC, 6132-2008-PA/TC, 3792-2009-PA/TC y 2597-2009-PA/TC.

segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas.

De La Interposición Del Recurso De Revisión Por Parte De Ingenieria Proyectos Y Montajes Propamat Sociedad Anonima Cerrada

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 07 de noviembre de 2022, INGENIERIA PROYECTOS Y MONTAJES PROPAMAT SOCIEDAD ANONIMA CERRADA fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 1679-2022-SUNAFIL/ILM, señalando los siguientes alegatos:

i. Se ha inaplicado el numeral 2 del artículo 2° de la LGIT, toda vez que el descuento había sido autorizado por el supuesto afectado de forma previa; por lo que, se ha quedado saldado el pago de beneficios sociales a favor del extrabajador. ii. Se debe aplicar el Principio de Presunción de Veracidad, tipificado en el artículo IV del TUO de la LPAG, esto porque se ha cumplido fielmente con el pago de los beneficios sociales de acuerdo a ley, efectuando los descuentos previamente autorizados y luego validado por escrito. iii. Se ha vulnerado las normas que garantizan el derecho a un debido procedimiento, toda vez que se ha sustentado en argumentos carentes de sustento fáctico alguno.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre la naturaleza y finalidad del recurso de revisión

“Artículo 49.- Recursos administrativos Los recursos administrativos del procedimiento administrativo sancionador son aquellos previstos en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS. El Recurso de revisión es de carácter excepcional y se interpone ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral. El Reglamento determina las demás condiciones para el ejercicio de los recursos administrativos”.

“(…) la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, y sus normas modificatorias”. (Énfasis añadido).

“6.17. Sobre la base de lo previsto en el literal a) del artículo 16 y el inciso 18.1 del artículo 18 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral (Decreto Supremo N° 004-2017-TR), tras el control de admisibilidad del recurso de revisión interpuesto, a cargo de la autoridad emisora de la decisión impugnada, este órgano de revisión tiene el deber de efectuar el control de procedencia del recurso. Así, se declarará la improcedencia del recurso de revisión en los siguientes supuestos: i) Cuando el acto impugnado no corresponda a resoluciones de segunda instancia que se pronuncian sobre la imposición de sanciones; ii) Cuando la infracción materia de sanción que se impugna, no esté tipificada como muy grave en el RLGIT; o iii) Cuando el recurso de revisión no se sustente en la inaplicación, o aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria emitidos por este Tribunal.

Sobre la medida inspectiva de requerimiento

la normatividad legal vigente, se abonen las remuneraciones y beneficios laborales pendientes de pago, entre otras.

“6.9 En ciertos casos —como el que es objeto de la presente resolución—el recurso de revisión propone el análisis de infracciones a la labor inspectiva consistentes en el incumplimiento de la medida de requerimiento contenidas en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT10, pero las materias objeto de la medida de requerimiento son calificadas por la normativa como faltas “graves” o “leves”, lo que deposita a tales causas fuera de la competencia material de este Tribunal. 6.10 De esta forma, la evaluación de los recursos de revisión interpuestos contra sanciones administrativas por inejecución de medidas de requerimiento deberá circunscribirse a un análisis estrictamente referido a la proporcionalidad, razonabilidad y legalidad de tales medidas, sin invadir una competencia administrativa vedada, como son las infracciones calificadas como graves y leves, que en expedientes como el presente, han adquirido firmeza con la expedición (y notificación) de la resolución de segunda instancia”. (Énfasis añadido).

Así como a la luz de los alcances establecidos en la Resolución de Sala Plena N° 009-2023- SUNAFIL/TFL, el cual dispone que:

“6.26 La medida La medida inspectiva de requerimiento, al ser una “orden dispuesta por la inspección de trabajo para el cumplimiento de las normas sociolaborales y de seguridad y salud en el trabajo”11, debe contener un mandato claro y su entendimiento debe regirse por la razonabilidad, el deber de colaboración y la buena fe procedimental. En ese sentido, la medida de requerimiento debe cumplir con expresar el ámbito subjetivo y objetivo, siendo estos extremos suficientes para producir el resultado esperado por la medida: la rectificación de una situación antijurídica. a) Ámbito subjetivo: En primer lugar, debe individualizar a los trabajadores afectados por el incumplimiento reprochado al sujeto inspeccionado; b) Ámbito objetivo: En segundo lugar, a) debe identificar la afectación resultante de un comportamiento imputable al empleador —como ocurre en el caso de autos, al describirse el número de horas en sobretiempo laboradas, así como su incumplimiento en el pago— y, b) establecer cómo es que debe cumplirse dicha medida, es decir, qué acciones debe ejecutar el inspeccionado a fi n de revertir la conducta reprochada. En ese sentido, el ámbito objetivo de la medida de requerimiento no se agota con la mención de la normativa legal vigente afectada o inobservada por el sujeto

11 Artículo 2° del Decreto Supremo N° 004-2006-TR.

inspeccionado, sino que incluye el mandato de su cumplimiento, en la forma y modo esperado. (…)”.

Figura N° 01

12 Esto al momento de las actuaciones inspectivas realizadas.

Sobre la infracción al numeral 25.6 del artículo 25° del RLGIT

13 Constitución Política del Perú de 1993 Artículo 2.- Toda persona tiene derecho: (…). 22. A la paz, a la tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y al descanso, así como a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida.

Artículo 25.- La jornada ordinaria de trabajo es de ocho horas diarias o cuarenta y ocho horas semanales, como máximo. En caso de jornadas acumulativas o atípicas, el promedio de horas trabajadas en el período correspondiente no puede superar dicho máximo. Los trabajadores tienen derecho a descanso semanal y anual remunerados. Su disfrute y su compensación se regulan por ley o por convenio.

precisa que los derechos laborales reconocidos por ley o por tratados internacionales son indisponibles por su naturaleza imperativa. En igual sentido, mediante los precedentes administrativos de observancia obligatoria establecidos en los numerales 6.39 al 6.40 de la Resolución de Sala Plena N° 010-2023-SUNAFIL/TFL, se ha delimitado con claridad el contenido del Principio de Irrenunciabilidad de derechos, señalándose lo siguiente:

“6.39 En virtud del reconocimiento de la irrenunciabilidad de derechos como principio jurídico, esta Sala debe afirmar que no se advierte un parámetro significativo que permita reconocer que su aplicación deba ser afectada en el caso en concreto, de manera que el empleador pueda ser exonerado de la responsabilidad administrativa que le concierne al no haber inscrito a su personal en la planilla electrónica como trabajadores y en el régimen de seguridad social en pensiones y salud correspondientes. 6.40 En línea con lo analizado, el administrado no puede alegar que la supuesta renuncia de sus trabajadores a un derecho indisponible, pueda aliviarle de sus responsabilidades legales como empleador. Al respecto, cabe señalar que el principio de culpabilidad tiene un estándar debido de cumplimiento, ya que el empleador es el centro de imputación de responsabilidad laboral para el cumplimiento de las obligaciones laborales, tales como la observancia de los deberes de registro que la normativa laboral imperativa ha establecido. De esa forma, siendo un comportamiento exigible bajo estándares de diligencia razonables, el empleador no puede exonerarse del cumplimiento del deber de formalizar a su personal bajo un pretexto de acuerdo unilateral ni bilateral sustentado en la renuncia de derechos fundamentales”. (Énfasis añadido).

14 Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del procedimiento administrativo general, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS

prescritos del extrabajador afectado, remuneración vacacional correspondiente al periodo 2017-2018 y remuneración vacacional trunca del periodo 2018-2019, determinó la existencia de la conducta infractora materia de análisis, proponiendo sanción al administrado por incurrir en una infracción muy grave tipificada en el numeral 25.6 del artículo 25° del RLGIT.

Artículo 252.- Prescripción 252.1 La facultad de la autoridad para determinar la existencia de infracciones administrativas, prescribe en el plazo que establezcan las leyes especiales, sin perjuicio del cómputo de los plazos de prescripción respecto de las demás obligaciones que se deriven de los efectos de la comisión de la infracción. En caso ello no hubiera sido determinado, dicha facultad de la autoridad prescribirá a los cuatro (4) años. 252.2 EI cómputo del plazo de prescripción de la facultad para determinar la existencia de infracciones comenzará a partir del día en que la infracción se hubiera cometido en el caso de las infracciones instantáneas o infracciones instantáneas de efectos permanentes, desde el día que se realizó la última acción constitutiva de la infracción en el caso de infracciones continuadas, o desde el día en que la acción cesó en el caso de las infracciones permanentes. EI cómputo del plazo de prescripción sólo se suspende con la iniciación del procedimiento sancionador a través de la notificación al administrado de los hechos constitutivos de infracción que les sean imputados a título de cargo, de acuerdo a lo establecido en el artículo 255, inciso 3. Dicho cómputo deberá reanudarse inmediatamente si el trámite del procedimiento sancionador se mantuviera paralizado por más de veinticinco (25) días hábiles, por causa no imputable al administrado. 252.3 La autoridad declara de oficio la prescripción y da por concluido el procedimiento cuando advierta que se ha cumplido el plazo para determinar la existencia de infracciones. Asimismo, los administrados pueden plantear la prescripción por vía de defensa y la autoridad debe resolverla sin más trámite que la constatación de los plazos. En caso se declare la prescripción, la autoridad podrá iniciar las acciones necesarias para determinar las causas y responsabilidades de la inacción administrativa, solo cuando se advierta que se hayan producido situaciones de negligencia.

2017-2018 y el pago de la remuneración vacacional trunca del periodo 2018-2019, cuando el tipo legal contemplado en el numeral 25.6 del RLGIT establece claramente que la conducta sancionable se fundamenta en: “El incumplimiento de las disposiciones relacionadas con la jornada de trabajo, refrigerio, trabajo en sobretiempo, trabajo nocturno, descanso vacacional y otros descansos, licencias, permisos y el tiempo de trabajo en general”. (Énfasis añadido). Sin embargo, la autoridad instructora subsumió tal conducta en una falta que no contiene claramente los elementos objetivos y subjetivos, siendo tal acto confirmado tanto por la autoridad sancionadora de primera y segunda instancia; lo que constituye una afectación al Principio de Tipicidad previsto en el numeral 4 del artículo 248° del TUO de la LPAG y al Principio de Predictibilidad o de confianza legítima amparado en el numeral 1.15 del artículo IV del citado cuerpo normativo

De la vulneración al Principio del Debido Procedimiento

“Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo”. (Énfasis añadido).

“Artículo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales: (…) 2. Debido procedimiento. - No se pueden imponer sanciones sin que se haya tramitado el procedimiento respectivo, respetando las garantías del debido procedimiento. Los

procedimientos que regulen el ejercicio de la potestad sancionadora deben establecer la debida separación entre la fase instructora y la sancionadora, encomendándolas a autoridades distintas”.

“(…) 2. El Tribunal Constitucional estima oportuno recordar, conforme lo ha manifestado en reiterada y uniforme jurisprudencia, que el debido proceso, como principio constitucional, está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Vale decir que cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea este administrativo -como en el caso de autos- o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal”. (Énfasis añadido).

“(…) 5. Tal como ya lo tiene expresado este Tribunal en uniforme y reiterada jurisprudencia, el derecho al debido proceso tiene un ámbito de proyección sobre cualquier tipo de proceso o procedimiento, sea éste judicial, administrativo o entre particulares. Así, se ha establecido que el derecho reconocido en el inciso 3) del artículo 139 de la Constitución no sólo tiene un espacio de aplicación en el ámbito "judicial", sino también en el ámbito administrativo" y, en general, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ha sostenido, puede también extenderse a "cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional, (el que) tiene la obligación de adoptar resoluciones apegadas a las garantías del debido proceso legal, en los términos del artículo 8 de la Convención Americana". (Caso Tribunal Constitucional del Perú, párrafo 71). De igual modo la Corte Interamericana sostiene –en doctrina que ha hecho suya este Colegiado en la sentencia correspondiente al Exp. N° 2050-2002-AA/TC– que "si bien el artículo 8° de la Convención Americana se titula “Garantías Judiciales”, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto, sino al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a efectos de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos"(párrafo 69). (…)” (Énfasis añadido).

“(…). 4. Este Tribunal ha tenido oportunidad de expresar su posición respecto a la motivación de los actos administrativos, expresando que: “[…][E]l derecho a la motivación de las resoluciones administrativas es de especial relevancia. Consiste en el derecho a la certeza, el cual supone la garantía de todo administrado a que las sentencias estén motivadas, es decir, que exista un razonamiento jurídico explícito entre los hechos y las leyes que se aplican. […] La motivación de la actuación administrativa, es decir, la fundamentación con los razonamientos en que se apoya es una exigencia ineludible para todo tipo de actos administrativos, imponiéndose las mismas razones para exigirla tanto respecto de actos emanados de una potestad reglada como discrecional. El tema de la motivación del acto administrativo es una cuestión clave en el ordenamiento jurídico-administrativo, y es objeto central de control integral por el juez constitucional de la actividad administrativa y la consiguiente supresión de los ámbitos de inmunidad jurisdiccional. Constituye una exigencia o condición impuesta para la vigencia efectiva del principio de legalidad, presupuesto ineludible de todo Estado de derecho. A ello, se debe añadir la estrecha vinculación que existe entre la actividad administrativa y los derechos de las personas. Es indiscutible que la exigencia de motivación suficiente de sus actos es una garantía de razonabilidad y no arbitrariedad de la decisión administrativa. En esa medida, este Tribunal debe enfatizar que la falta de motivación o su insuficiencia constituye una arbitrariedad e ilegalidad, en la medida en que es una condición impuesta por la Ley N° 27444. Así, la falta de fundamento racional suficiente de una actuación administrativa es por sí sola contraria a las garantías del debido procedimiento administrativo.” (STC 00091-2005-PA, fundamento 9, párrafos 3, 5 a 8, criterio reiterado en STC 294-2005-PA, STC 5514-2005-PA, entre otras). Adicionalmente se ha determinado en la STC 8495-2006-PA/TC que: “un acto administrativo dictado al amparo de una potestad discrecional legalmente establecida resulta arbitrario cuando sólo expresa la apreciación individual de quien ejerce la competencia administrativa, o cuando el órgano administrativo, al adoptar la decisión, no motiva o expresa las razones que lo han conducido a adoptar tal decisión. De modo que, motivar una decisión no sólo significa expresar únicamente bajo qué norma legal se expide el acto administrativo, sino, fundamentalmente, exponer en forma sucinta –pero suficiente– las razones de hecho y el sustento jurídico que justifican la decisión tomada”. (Énfasis añadido).

del caso y donde se expongan las razones jurídicas que justifiquen su adopción; no siendo admisibles como motivación las fórmulas que, por su contradicción, no resulten esclarecedoras para la motivación del acto.

Sobre los presuntos vicios de motivación en el procedimiento administrativo sancionador

15 Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo (…) 1.11. Principio de verdad material. - En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse de ellas. En el caso de procedimientos trilaterales la autoridad administrativa estará facultada a verificar por todos los medios disponibles la verdad de los hechos que le son propuestos por las partes, sin que ello signifique una sustitución del deber probatorio que corresponde a estas. Sin embargo, la autoridad administrativa estará obligada a ejercer dicha facultad cuando su pronunciamiento pudiera involucrar también al interés público”.

“7. El derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales es una garantía del justiciable frente a la arbitrariedad judicial y garantiza que las resoluciones no se encuentren justificadas en el mero capricho de los magistrados, sino en datos objetivos que proporciona el ordenamiento jurídico o los que se derivan del caso. Sin embargo, no todo ni cualquier error en el que eventualmente incurra una resolución judicial constituye automáticamente la violación del contenido constitucionalmente protegido del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales. Así, en el Exp. N.° 3943-2006-PA/TC y antes en el voto singular de los magistrados Gonzales Ojeda y Alva Orlandini (Exp. N.° 1744-2005-PA/TC), este Colegiado Constitucional ha precisado que el contenido constitucionalmente garantizado de este derecho queda delimitado, entre otros, en los siguientes supuestos: a) Inexistencia de motivación o motivación aparente. Está fuera de toda duda que se viola el derecho a una decisión debidamente motivada cuando la motivación es inexistente o cuando la misma es solo aparente, en el sentido de que no da cuenta de las razones mínimas que sustentan la decisión o de que no responde a las alegaciones de las partes del proceso, o porque solo intenta dar un cumplimiento formal al mandato, amparándose en frases sin ningún sustento fáctico o jurídico. b) Falta de motivación interna del razonamiento. La falta de motivación interna del razonamiento [defectos internos de la motivación] se presenta en una doble dimensión; por un lado, cuando existe invalidez de una inferencia a partir de las premisas que establece previamente el Juez en su decisión; y, por otro lado, cuando existe incoherencia narrativa, que a la postre se presenta como un discurso absolutamente confuso incapaz de transmitir, de modo coherente, las razones en las que se apoya la decisión. (…) c) Deficiencias en la motivación externa; justificación de las premisas. El control de la motivación también puede autorizar la actuación del juez constitucional cuando las premisas de las que parte el Juez no han sido confrontadas o analizadas respecto de su validez fáctica o jurídica. (…) d) La motivación insuficiente. Se refiere, básicamente, al mínimo de motivación exigible atendiendo a las razones de hecho o de derecho indispensables para asumir que la decisión está debidamente motivada (…) e) La motivación sustancialmente incongruente. El derecho a la debida motivación de las resoluciones obliga a los órganos judiciales a resolver las pretensiones de las partes de manera congruente con los términos en que vengan planteadas, sin cometer, por lo tanto, desviaciones que supongan modificación o alteración del debate procesal (incongruencia activa). (…) f) Motivaciones cualificadas. - Conforme lo ha destacado este Tribunal, resulta indispensable una especial justificación para el caso de decisiones de rechazo de la demanda, o cuando, como producto de la decisión jurisdiccional, se afectan derechos fundamentales como el de la libertad. (…)” (Énfasis añadido).

bien da la apariencia de motivación al citar normas y reiterar los hechos constatados por el personal inspectivo, no analiza y subsume la infracción imputada a la impugnante en el tipo infractor correspondiente, deviniendo en que su decisión carece de sustento jurídico alguno.

“Artículo 10.- Causales de nulidad Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes: (…) 2. El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los supuestos de conservación del acto a que se refiere el artículo 14”. (Énfasis añadido).

16 Fundamento jurídico 14, Exp. N° 02098-2010-PA/TC. 17 Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS Artículo 10.- Causales de nulidad Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes: 1. La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias.

Sobre la potestad del Tribunal para declarar la nulidad de los actos emitidos por las autoridades conformantes del Sistema de Inspección del Trabajo

(…)”

Información Adicional

N° Materia Conducta infractora Tipificación legal y clasificación Relaciones laborales No acreditar el pago de la gratificación legal correspondiente a los periodos vencidos de julio 2018 y el periodo trunco de diciembre 2018 e intereses legales, a favor del extrabajador. Numeral 24.4 del artículo 24° del RLGIT GRAVE Relaciones laborales No acreditar el pago de la bonificación extraordinaria correspondiente a los periodos vencidos de julio 2018 y el periodo trunco de diciembre 2018 e intereses legales, a favor del extrabajador. Numeral 24.4 del artículo 24° del RLGIT GRAVE Relaciones laborales No acreditar el depósito de la Compensación por Tiempo de Servicios, correspondiente a los periodos vencidos de mayo 2018, noviembre 2018 y el periodo trunco mayo 2019, con sus respectivos intereses legales, favor del extrabajador. Numeral 24.4 del artículo 24° del RLGIT GRAVE Labor inspectiva No dar cumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento. Numeral 46.7 del artículo 46° del RLGIT MUY GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR;

SE RESUELVE:

PRIMERO. – Declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de revisión interpuesto por INGENIERIA PROYECTOS Y MONTAJES PROPAMAT SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, en contra de la Resolución de Intendencia N° 1679-2022-SUNAFIL/ILM, de fecha 13 de octubre de 2022, emitida por la Intendencia de Lima Metropolitana, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 324-2021-SUNAFIL/ILM, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. – Declarar la NULIDAD PARCIAL de la Resolución de Sub Intendencia N° 876-2022- SUNAFIL/ILM/SISA3, de fecha 25 de julio de 2022 y, la de los sucesivos actos y actuaciones en el procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador en el extremo referente a la infracción muy grave en materia de relaciones laborales, tipificada en el numeral 25.6 del artículo 25° del RLGIT.

TERCERO. – RETROTRAER el procedimiento administrativo sancionador al momento en que se produjo el vicio, esto es, a la emisión de la Resolución de Sub Intendencia N° 876-2022- SUNAFIL/ILM/SISA3, de fecha 25 de julio de 2022, a fin de que la instancia competente emita un nuevo pronunciamiento, en el extremo referente a la infracción muy grave en materia de relaciones laborales, tipificada en numeral 25.6 del artículo 25° del RLGIT, considerando los alcances señalados en la presente resolución.

CUARTO. – CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 1679-2022-SUNAFIL/ILM, de fecha 13 de octubre de 2022, en el extremo referente a la infracción muy grave a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46° del RLGIT.

QUINTO. – Declarar agotada la vía administrativa, respecto al extremo referente de la infracción muy grave a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46° del RLGIT, debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa en la materia de su competencia.

SEXTO. – Remitir los actuados a la Intendencia de Lima Metropolitana, y a la Gerencia General de la SUNAFIL, a fin de que, de considerarlo conveniente, procedan conforme a sus atribuciones y de acuerdo con lo señalado en el considerando 6.57 de la presente resolución.

SÉPTIMO. – Notificar la presente resolución a INGENIERIA PROYECTOS Y MONTAJES PROPAMAT SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, y a la Intendencia de Lima Metropolitana, para sus efectos y fines pertinentes.

OCTAVO. – Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

LUIS GABRIEL PAREDES MORALES

20250716MABJ – HR: 290399-2020