Industrias Mendoza S.R.L — Res. 658-2024

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Participación en las Utilidades (Sub materia: Pago); y, Certificado de trabajo (Sub materia: Incluye todas). soft 20555195444 soft DE LAMA LAURA Manuel Gonzalo FAU 20555195444 soft

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir con enviar la información solicitada por la inspectora auxiliar comisionada mediante requerimiento de información notificado a la casilla electrónica del inspeccionado, en fecha 07 de junio de 2021, cuya fecha máxima de entrega fue el 14 de junio de 2021, tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 11,572.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir con enviar la información solicitada por la inspectora auxiliar comisionada mediante requerimiento de información notificado a la casilla electrónica del inspeccionado, en fecha 17 de junio de 2021, cuya fecha máxima de entrega fue el 24 de junio de 2021, tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 11,572.00.

i. Refieren que no han recibido alerta por correo electrónico y servicio de mensajería, por parte de la SUNAFIL, que se ha comprometido a enviarles, de acuerdo a ley; por tanto, su derecho a la defensa se ha visto vulnerado, al no tener conocimiento previo y oportuno de la medida de requerimiento que les imponía determinadas obligaciones, es así que, el sistema informático de notificación electrónica de la SUNAFIL, no podrá acreditar el envío de las alertas por correo electrónico y/o servicio de mensajería, con ello, corroboran que se ha vulnerado el artículo 6 del Decreto Supremo N° 003-2020-TR.

ii. Precisan que, como bien lo ha señalado el Tribunal de Fiscalización Laboral, que no es un requisito de validez de la notificación en casilla electrónica la emisión de alertas; sin embargo, SUNAFIL no puede negar que la misma ley que establece el uso obligatorio de la casilla electrónica dispone la comunicación de alertas cada vez que se le notifique un documento al administrado. Lo que conlleva a una nulidad por afectación al debido procedimiento y derecho de defensa.

iii. Invocan la Resolución N° 034-2020-SUNAFIL/TFL-Primera Sala, Resolución N° 547- 2021-SUNAFIL/TFL-Primera Sala, Resolución N° 548-2021-SUNAFIL/TFL-Primera Sala, mayoritaria del TFL donde se considera que por el artículo 6, la Administración comunicará al usuario cada vez que se le notifique un documento a la casilla electrónica, mediante la alerta al correo electrónico y/o servicio de mensajería. Por lo que, en aquellos casos en los cuales el inspector emplea la notificación electrónica, y no se tiene constancia del envío de la alerta de tal comunicación por correo electrónico, deberá dejar sin efecto la sanción impuesta.

i. Que, el artículo 6 del Decreto Supremo N° 003-2020-TR, publicado en el diario oficial El Peruano el 14 de enero de 2020, prescribe que la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) asigna al usuario una casilla electrónica en el Sistema Informático de Notificación Electrónica, la cual se constituye en un domicilio digital obligatorio para la notificación de los actos administrativos y/o actuaciones emitidas en el marco de sus funciones y competencias que correspondan ser informadas al administrado, por lo que, era de previo conocimiento del sujeto inspeccionado el uso obligatorio de la casilla electrónica asignada.

ii. Sin perjuicio de ello, señalar que, sobre las alertas de notificaciones a la casilla electrónica al empleador, éstas se envían de manera automática cuando se notifica un documento, pero para que reciba las alertas debe tener por lo menos un correo registrado en su casilla electrónica; por lo que, es obligatorio que el empleador ingrese a la casilla electrónica. Asimismo, indicar que la notificación llega a los correos desde que se registró el correo en su casilla electrónica.

iii. Por tanto, en aplicación al Principio de Impulso de Oficio, se procedió a recabar información por parte del sistema búsqueda de notificaciones y alertas de la SUNAFIL, perteneciente al área de soporte técnico, visualizándose con ello que la empresa, antes de las notificaciones cuestionadas en la presente resolución, registró dos contactos, disponiendo los datos identificatorios como documento de identidad, nombre completo, correo electrónico y teléfono, contactos en condición de ACTIVO, al momento de realizarse las dos notificaciones en fecha 07 y 17 de junio de 2021.

iv. En tal sentido, conforme a la información brindada por el área de soporte técnico de la SUNAFIL, se advierte que el sujeto inspeccionado recibió las alertas de

2 Notificada a la impugnante el 05 de diciembre de 2022. Véase folio 67 del expediente sancionador.

comunicación previa, en fechas 07 y 17 de junio de 2021, a los dos correos electrónicos dispuestos por el administrado.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 4“Ley N° 29981 Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia.” 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6“Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 7“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa.

del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

Del Recurso De Revisión

El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias”8.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE INDUSTRIAS MENDOZA S.R.L.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 29 de diciembre de 2022, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 222-2022-SUNAFIL/IRE-CAL, señalando los siguientes alegatos:

i. Refieren que, la Intendencia Regional hace una interpretación errónea y desventajosa, al señalar que no son necesarias las alertas al correo electrónico y/o mensajes de texto, cuando la notificación se ha realizado a través de la casilla electrónica, inaplicando el principio de predictibilidad, de acuerdo a las diversas resoluciones emitidas por el Tribunal de Fiscalización Laboral.

ii. No obstante, precisan que, desde la fase instructora hasta el recurso de apelación, han argumentado que no habrían sido alertados, a través de los correos electrónicos y/o mensajes de texto que fueron consignados en su oportunidad; a razón de ello, a través de la Resolución de Intendencia impugnada, exhibe las supuestas notificaciones a los correos electrónicos notificados, que, por cierto, se encuentran mal redactados; asimismo, señalan que tampoco se exhiben las alertas en los mensajes de textos de los celulares.

8 Artículo 14 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2017-TR.

iii. Alegan que la Intendencia Regional pretende argumentar que, si bien no es una obligatoriedad las alertas al correo electrónico y/o mensajes de texto, en la Resolución de Intendencia impugnada logran exhibir presuntamente la notificación a través de estos medios.

iv. Al respecto, advierten que, el 14 de mayo de 2021, ingresaron por primera vez a la casilla electrónica, declarando 03 contactos con sus datos tales como: DNI, nombre completo, correo electrónico y teléfono. Es así que, a partir de esa fecha se autorizó a la Autoridad Inspectiva de Trabajo realizar las notificaciones, a través de la casilla electrónica, realizando las alertas correspondientes a los correos electrónicos y mensaje de texto de los números de teléfonos consignados.

v. Sin embargo, sostienen que, de las capturas de pantallas se puede verificar que presuntamente se notificaron a 02 correos electrónicos correspondientes a Omar Briones y a Karim Mendoza, no considerando en la notificación a la señorita Stefanny Huamanchumo; asimismo, advierten que, los correos electrónicos a la que presuntamente enviaron los requerimientos de información se encuentran mal redactados, por tanto, la notificación carece de validez al no haber sido notificado de manera correcta, vulnerándose el derecho de defensa y debido procedimiento.

vi. A razón de ello, evidencian que la Intendencia Regional del Callao ha venido notificando a Stefanny Huamanchumo, a través del correo stefanny.huamanchumo@grupomendozaperu.com, la misma que estuvo registrada en la casilla electrónica, conjuntamente con los señores Omar Briones y Karim Mendoza. En tal sentido, señalan que la Intendencia Regional del Callao solo exhibe, convenientemente, los correos que notificaron, que, por cierto, estuvieron mal redactados, y no al total de los contactos que se tenían registrados; ante esta situación solicitan considerar estas evidencias presentadas.

vii. Por otro lado, solicitan realizar la revisión de las notificaciones a través de los mensajes de texto que han consignado en la casilla electrónica, las cuales, hasta la fecha, ni en primera y segunda instancia, han logrado exhibir, por lo que, se ha vulnerado el principio de imparcialidad y el principio de buena fe procedimental.

viii. Sobre las alertas de la casilla electrónica, no solamente deberán realizarse a través de correos electrónicos, sino también a través de los mensajes de texto, por ello, consignaron 03 número telefónicos para que se alertaran, y así se encontraran notificados adecuadamente respecto a los requerimientos de información, situación que no ocurrió.

ix. Conforme a lo establecido por el artículo 26 del TUO de la LPAG, solicitan desestimar la validez de las notificaciones que no se realizaron de manera adecuada, y que no cumplieron con alertar a través del correo electrónico, y que tampoco se hicieron las alertas a través de los mensajes de texto a los números telefónicos que se registraron en la casilla electrónica.

x. Manifiestan que no recibieron las alertas, tal como lo dispone el artículo 6 del Decreto Supremo N° 003-2020-TR, alertas por correo electrónico y/o el sistema de mensajería, lo que conlleva a una nulidad por afectación al debido procedimiento y derecho de defensa.

xi. Señalan que, se cuenta con diversas resoluciones emitidas el año 2021 y 2022, por el Tribunal de Fiscalización Laboral, que respaldan la posición de validar una notificación por medio de la casilla electrónica. En consecuencia, se trata de un requisito concurrente con el establecido en el artículo 11 del Decreto Supremo N° 003-2020-TR.

xii. Cuestionan una doble imposición de multa por incumplimiento al numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT, en tanto que, la inspectora de trabajo no ha actuado bajo el cumplimiento del principio de razonabilidad, debido a que se observa los requerimientos de entrega de información solicitada mediante un primer requerimiento de información notificado vía casilla electrónica, y la otra por el incumplimiento de entrega de información solicitada mediante un segundo requerimiento de información notificado vía casilla electrónica, sin que se tenga respuesta y sin procederse a generarse la alerta que el artículo 6 del Decreto Supremo N° 003-2020-TR, ha previsto. Señalan que, en tales casos, no cabría amparar la segunda sanción, por configurar un exceso de punición.

xiii. Sostienen que, el proceder con un segundo depósito del acto de comunicación ante la casilla electrónica por un mismo hecho investigado, cuando existió un primero, sin que haya existido respuesta alguna, no parece ser una práctica subsumible dentro de la aplicación de la razonabilidad como límite subyacente de las actuaciones del poder público.

xiv. Por último, precisan que, debe considerarse la sanción por la infracción por el primer requerimiento de información notificado el 07 de junio de 2021, tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT, y dejar sin efecto la sanción por la infracción por el segundo requerimiento de información notificado el 17 de junio de 2021, pues el segundo acto descrito no satisface un examen de proporcionalidad e idoneidad para el caso concreto.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre el deber de colaboración a la labor inspectiva 6.1 Sobre el particular, el TUO de la LPAG establece que “la autoridad administrativa, los administrados, sus representantes o abogados y, en general, todos los partícipes del procedimiento realizan sus respectivos actos procedimentales guiados por el respeto mutuo, la colaboración y la buena fe. La autoridad administrativa no puede actuar contra sus propios actos, salvo los supuestos de revisión de oficio contemplados en la presente Ley. Ninguna regulación del procedimiento administrativo puede interpretarse

de modo tal que ampare alguna conducta contra la buena fe procedimental”9 (énfasis añadido).

9 TUO de la LPAG, Título Preliminar, Artículo IV, Numeral 1.8. 10 TUO de la LPAG, Título Preliminar, “Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 1.4. Principio de razonabilidad. - Las decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen obligaciones, califiquen infracciones, impongan sanciones, o establezcan restricciones a los administrados, deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fi n de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido.”

comprobar que las disposiciones legales se observan correctamente y, en particular, para requerir información, solo o ante testigos, al sujeto inspeccionado o al personal de la empresa sobre cualquier asunto relativo a la aplicación de las disposiciones legales, así como a exigir la identificación, o razón de su presencia, de las personas que se encuentren en el centro de trabajo inspeccionado”. En similar sentido, el artículo 11 del mismo dispositivo legal establece que “las actuaciones inspectivas de investigación se desarrollan mediante requerimiento de información por medio de sistemas de comunicación electrónica, visita de inspección a los centros y lugares de trabajo, mediante requerimiento de comparecencia del sujeto inspeccionado ante el inspector actuante para aportar documentación y/o efectuar las aclaraciones pertinentes o mediante comprobación de datos o antecedentes que obren en el Sector Público” (énfasis añadido).

Sobre las notificaciones realizadas mediante casilla electrónica

11 TUO de la LPAG, Artículo 20.- Modalidades de notificación

misma que complementa los alcances de la notificación en la casilla electrónica, aprobando la obligatoriedad de la notificación vía casilla electrónica.

a. El objeto del citado cuerpo normativo regula el uso obligatorio de la notificación vía casilla electrónica (artículo 1º). b. La casilla electrónica se constituye como un domicilio digital obligatorio para efectos de la notificación (artículo 6º, primer párrafo). c. La SUNAFIL tiene la carga de comunicar al usuario cada vez que se le notifique un documento a través de alertas dirigidas al correo electrónico y/o mediante el servicio de mensajería (artículo 6º, segundo párrafo). d. Los usuarios tienen la obligación de revisar periódicamente la casilla electrónica asignada a efectos de tomar conocimiento de los documentos y/o actos administrativos que se les notifiquen (numeral 8.1 del artículo 8º). e. El contenido de la notificación vía casilla electrónica debe contener cinco elementos, sin que —entre ellos— se haya previsto a la alerta referida antes (artículo 9º). f. La validez de la notificación se produce con el depósito del documento en la casilla electrónica (numeral 11.1 del artículo 11º).

“(…) 20.4. (...) La entidad que cuente con disponibilidad tecnológica puede asignar al administrado una casilla electrónica gestionada por esta, para la notificación de actos administrativos, así como actuaciones emitidas en el marco de cualquier actividad administrativa, siempre que cuente con el consentimiento expreso del administrado. Mediante decreto supremo del sector, previa opinión favorable de la Presidencia del Consejo de Ministros y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, puede aprobar la obligatoriedad de la notificación vía casilla electrónica. En ese caso, la notificación se entiende válidamente efectuada cuando la entidad la deposite en el buzón electrónico asignado al administrado, surtiendo efectos el día que conste haber sido recibida, conforme a lo previsto en el numeral 2 del artículo 25”.

instructivos que datan de julio de 202012, los que se han replicado en diversos otros medios, incluyendo las redes sociales.

“Sólo puede reputarse "publicitada" una norma cuando hay la posibilidad de que sea conocida por todos por haberse usado los medios necesarios para su divulgación. Esa posibilidad, precisamente, produce un efecto jurídico fundamental: el precepto se convierte en norma ya que por la "publicidad" (que es el resultado, estado o calidad) el precepto alcanza, simultáneamente, "existencia" en el mundo del derecho”13.

“7. No cabe duda entonces que el requisito de la publicidad, tanto de las leyes como de las normas con rango de ley, tiene por objeto la difusión de su contenido de manera que todos tengan conocimiento de aquella y pueda exigirse su cumplimiento obligatorio, dentro del ámbito territorial correspondiente”.

- A folio 18, se aprecia el documento denominado “Requerimiento de Información para las actuaciones inspectivas de investigación”, de fecha 07 de junio de 2021; y a folios 19 la “Constancia de Notificación Vía Casilla Electrónica”, notificada en la Casilla Electrónica de la impugnante el mismo 07 de junio de 2021, con lo cual se deja constancia del depósito del referido documento, conforme se puede apreciar a continuación:

12 Al respecto, véase el siguiente enlace el cual se encuentra en la cuenta institucional de YouTube de SUNAFIL denominado: “Guía del usuario para el envío de respuestas a las cartas inductivas”, de fecha 27 de julio de 2020: https://www.youtube.com/watch?v=ZvndX6G6yfE&t=2s 13 PANIAGUA CORAZAO, Valentín (1987). La publicidad y publicación de las normas del Estado (El caso de los Decretos Supremos no publicados). THEMIS Revista de Derecho (6), 18. Recuperado a partir de https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/themis/article/view/11489.

Figura 01:

- Así también, se aprecia a folio 22, el documento denominado “Requerimiento de Información para las actuaciones inspectivas de investigación”, de fecha 17 de junio de 2021; y a folios 23 la “Constancia de Notificación Vía Casilla Electrónica”, notificada en la Casilla Electrónica de la impugnante el mismo 17 de junio de 2021, con lo cual se deja constancia del depósito del referido documento, conforme se puede apreciar a continuación:

Figura 02:

“13. En ese sentido, reconociendo la discrepancia existente (la que habría de resolverse en cuanto haya más Salas del TFL implementadas), la Primera Sala mínimamente ha consensuado un supuesto de responsabilidad administrativa: si, luego de la consulta con la Oficina General de Tecnologías de la Información y

Comunicaciones (OGTIC) de la SUNAFIL, se identifica que la fecha de ingreso del usuario de la casilla electrónica (entiéndase, el administrado) es previa o simultánea al requerimiento de información que fue objeto del procedimiento sancionador y el usuario no cumplió con registrar sus datos de contacto respectivos (a través de los cuales se depositarían las alertas complementarias a la notificación por vía de la casilla electrónica).

14. En tal supuesto, resulta procedente la sanción por incumplimiento del requerimiento o de los requerimientos de información que se hubieren depositado en la casilla electrónica. De esta forma, es factible la sanción encausada por el inciso 46.3 del artículo 46 del RLGIT contra el administrado que, por omisión culposa, deja de registrar el contacto respectivo en la casilla electrónica, impidiendo de esa forma la comunicación a la que se refiere el segundo párrafo del artículo 6 del Decreto Supremo Nº 003-2020-TR”.

Figura 3: Registro de contacto

Figura 4:

Acceso a casilla electrónica

Notificación Electrónica se constituye en un domicilio digital obligatorio para la notificación de los actos administrativos y/o actuaciones emitidas en el marco de sus funciones y competencias que correspondan ser informadas al administrado. Así también, resulta imprescindible resaltar que la misma norma se ha puesto en el supuesto que exista imposibilidad de efectuar la notificación por casilla electrónica, en cuyo caso, y como excepción, se deberán utilizar las otras modalidades de notificación establecidas en el TUO de la LPAG.

Figura 5: Alertas al correo electrónico

Sobre la supuesta vulneración al debido procedimiento

“Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo” (énfasis añadido).

“2. El Tribunal Constitucional estima oportuno recordar, conforme lo ha manifestado en reiterada y uniforme jurisprudencia, que el debido proceso, como principio constitucional, está concebido como el cumplimiento de todas las

garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Vale decir que cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea este administrativo -como en el caso de autos- o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal” (énfasis añadido).

Información Adicional

N° Materia Conducta infractora Tipificación legal y calificación Labor inspectiva No cumplir con enviar la información solicitada por la inspectora auxiliar comisionada mediante requerimiento de información notificado a la casilla electrónica del inspeccionado, en fecha 07 de junio de 2021, cuya fecha máxima de entrega fue el 14 de junio de 2021. Numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT

MUY GRAVE Labor inspectiva No cumplir con enviar la información solicitada por la inspectora auxiliar comisionada mediante requerimiento de información notificado a la casilla electrónica del inspeccionado, en fecha 17 de junio de 2021, cuya fecha máxima de entrega fue el 24 de junio de 2021. Numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT

MUY GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR;

SE RESUELVE:

PRIMERO. - Declarar INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por INDUSTRIAS MENDOZA S.R.L., en contra de la Resolución de Intendencia N° 222-2022-SUNAFIL/IRE-CAL, de fecha 01 de diciembre de 2022, emitida por la Intendencia Regional del Callao, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 500-2021-SUNAFIL/IRE- CAL, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. - CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 222-2022-SUNAFIL/IRE-CAL, en todos sus extremos. TERCERO. - Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa CUARTO. - Notificar la presente resolución a INDUSTRIAS MENDOZA S.R.L., y a la Intendencia Regional del Callao, para sus efectos y fines pertinentes. QUINTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

MANUEL GONZALO DE LAMA LAURA

20240710MCR - HR 1805-2023