Industrial Controls S.A.C — Res. 721-2022

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre lo siguiente: Jornada, horario de trabajo y descansos remunerados (sub materia: vacaciones); participación en las utilidades (sub materia: pago). CABALLERO SEGA Katty Angelica FAU 20555195444 soft 20555195444 soft 20555195444 soft

- Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por no realizar el pago de las utilidades correspondientes al año 2017 a la ex trabajadora SHENNA ISABEL VIERA LEANDRO, tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 6,751.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir con la medida inspectiva de requerimiento en el plazo otorgado: 05 de octubre de 2020, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 11,309.00.

i. El procedimiento administrativo sancionador ha incurrido en caducidad, desde la notificación de la Orden de Inspección Nº 2105-2020-SUNAFIL/IRE-CAL, de fecha 25 de agosto de 2020, el Acta de Infracción Nº 205-2020-SUNAFIL/IRE-CAL, de fecha 05 de octubre de 2020 y la imputación de cargos, ha transcurrido más de nueve meses. Por lo que, se debe declarar la nulidad de este proceso. ii. No es posible que se continue un proceso que ha incurrido en caducidad. iii. Se ha vulnerado el debido proceso, en sus manifestaciones de derecho a la valoración de las pruebas y a la debida motivación de las resoluciones administrativas; por lo que se debe estimar la nulidad propuesta. iv. No consta en el acta, la negativa del sujeto inspeccionado para presentar la documentación requerida, o que no se haya adoptado las medidas necesarias para el cumplimiento de las supuestas infracciones, tampoco se ha comprobado fehacientemente la comisión de las infracciones descritas. v. Se ha vulnerado la debida motivación, pues el acta de infracción para determinar la infracción solo se respalda en la entrevista con quien le atendió en dicha diligencia.

2 Ver folios 08 del expediente sancionador.

i. La imputación de cargos fue notificada al sujeto inspeccionado el 07 de mayo de 2021, y la Resolución de Sub Intendencia Nº 792-2021-SUNAFIL/IRE-CAL/SIRE, fue notificada el 27 de octubre de 2021; en consecunecia no ha operado la caducidad administrativa, ya que la notificación de la Resolución de Sub Intendencia fue realizada dentro del plazo legal (antes de los 9 meses para que opere la caducidad); razón por la cual lo argumentado por la inspeccionada carece de fundamento. ii. El 18 de setiembre de 2020, se emitió la medida de requerimiento, solicitando que el sujeto inspeccionado cumpla con adoptar las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia del pago de utilidades; llegado el día de la verificación del cumplimiento de esta medida, esto es, el 05 de octubre de 2020 se advirtió que el sujeto inspeccionado no cumplió con esta. Por tanto, se configuro la infracción grave en materia de relaciones laborales por el incumplimiento al pago de utilidades en perjuicio de la extrabajadora Shenna Isabel Viera Leandro. iii. El argumento del impugnante referido a que no se ha valorado los medios probatorios presentados, carece de sustento, pues no aportó ninguna documental que acredite el pago de utilidades del año de 2017 a favor de la extrabajadora afectada. iv. El pronunciamiento emitido por la autoridad instructora, así como de la sancionadora, se encuentran debidamente motivadas, pues justificaron las razones de su decisión para considerar la comisión de la infracción por parte de la inspeccionada, analizando los argumentos de defensa señalados por el sujeto inspeccionado. v. Por los fundamentos expuestos, no se advierte que se haya configurado ninguna de las causales de nulidad previstas en el artículo 10 del TUO de la LPAG, por lo que se estima pertinente no ha lugar la nulidad deducida por la impugnante.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 Notificada a la impugnante el 20 de diciembre de 2021.

Ley, que, para el cumplimiento de sus fines, la SUNAFIL contará dentro de su estructura orgánica con un Tribunal de Fiscalización Laboral.

Del Recurso De Revisión

4 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 5“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia.” 6 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 7“Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL. Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. 8“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

mediante una ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días, respectivamente.

9 Decreto Supremo N° 016-2017-TR, artículo 14

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE INDUSTRIAL CONTROLS S.A.C.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

i. Se ha afectado el principio de non bis in idem, que garantiza el derecho a no ser sancionado dos veces o más ante una misma infracción; siendo que en el presente caso se han emitido dos órdenes de inspecciones sobre el mismo denunciante: Shenna Isabel Viera Leandro contra el mismo sujeto inspeccionado e igual objeto de inspección. Por lo que, se debe declarar la ineficacia de la orden de inspección Nº 2105-2020-SUNAFIL/IRE-CAL., en estricto respeto del debido proceso. ii. Se ha vulnerado la garantía a un debido procedimiento administrativo, en sus manifestaciones del derecho a la valoración de las pruebas ya la debida motivación de las resoluciones administrativas; por lo que se debe estimar la nulidad propuesta.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre una vulneración al principio de non bis in ídem

10 Ver Sentencia del Tribunal Constitucional del 16 de abril de 2003, recaída en el Expediente N° 2050-2002-AA/TC, así como la Sentencia del Tribunal Constitucional del 24 de mayo de 2013, recaída en el Expediente N° 02704-2012- PHC/TC

“La propia norma nos expresa que para la exclusión de la segunda pretensión punitiva del Estado (plasmada en un procedimiento o sanción concurrente o sucesiva) tiene que acreditarse que entre ella y la primera deba apreciarse una triple identidad de “sujeto, hecho y fundamento”, dado que, si no apareciera alguno de estos elementos comunes, si sería posible jurídicamente la acumulación de acciones persecutorias en contra del administrado. Por ello, en todos los casos, los presupuestos de operatividad para la exclusión de la segunda pretensión sancionadora son tres:

- La identidad subjetiva o de persona (eadem personae) consistente en que ambas pretensiones punitivas sean ejercidas contra el mismo administrado, independientemente de cómo cada una de ellas valore su grado de participación o forma de culpabilidad imputable. No se refiere a la identidad del agraviado o sujeto pasivo (…) - La identidad de hecho u objetiva (eadem rea) consiste en que el hecho o conducta incurridas por el administrado deba ser la misma en ambas pretensiones punitivas, sin importar la calificación jurídica que las normas les asignen o el presupuesto de hecho que las normas contengan. No es relevante el nomen juris o como el legislador haya denominado a la infracción o título de imputación que se les denomine, sino la perspectiva fáctica de los hechos u omisiones realizados. - Finalmente, la identidad causal o de fundamento (eadem causa petendi) consiste en la identidad en ambas incriminaciones, esto es, que exista superposición exacta entre los bienes jurídicos protegidos y los intereses tutelados por las distintas normas sancionadoras, de suerte tal que si los bienes jurídicos que se persiguen resultan ser heterogéneos existirá diversidad de fundamento, mientras que, si son iguales, no procederá la doble punición (…)”11 (énfasis añadido).

a) Identidad de Sujetos: INDUSTRIAL CONTROLS S.A.C. b) Identidad de Hechos: La Orden de Inspección Nº 264-2020-SUNAFIL/IRE-CAL, de fecha 27 de enero de 2020, concluyó con la emisión del Acta de Infracción Nº 116-2020- SUNAFIL/IRE-CAL, que atribuye a la empresa INDUSTRIAL CONTROLS S.A.C. la infracción muy grave a la labor inspectiva por la inasistencia del sujeto inspeccionado a una

11 MORON URBINA, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Lima: Gaceta Jurídica, 2015, p. 790.

comparecencia, tipificada en el numeral 46.10 del artículo 46 del RLGIT. Mientras que la Orden de Inspección Nº 2105-2020-SUNAFIL/IRE-CAL, de fecha 25 de agosto de 2020, concluyó con la emisión del Acta de Infracción Nº 205-2020-SUNAFIL/IRE-CAL, que atribuye a la empresa INDUSTRIAL CONTROLS S.A.C., la infracción muy grave a la labor inspectiva, por incumplir la medida inspectiva de requerimiento, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT, una infracción muy grave en materia de relaciones laborales por el no pago de la indemnización vacacional periodo 2015/2016, tipificada en el numeral 25.6 del artículo 25 del RLGIT y una infracción grave en materia de relaciones laborales por no cumplir con el pago de utilidades de los periodos 2015, 2016 y 2017. De lo expuesto, se puede apreciar que, los hechos imputados a la inspeccionada en estas dos órdenes de inspección, no constituyen un mismo hecho.

c) Identidad de Fundamentos: Ambas órdenes de inspección se sustentan en la denuncia efectuada por la ex trabajadora Shenna Isabel Viera Leandro

“7.12.4.2 Dentro de los tres (3) días hábiles de emitida la citada acta el inspector comisionado, mediante un documento dirigido a su Supervisor Inspector o quien haga sus veces, debe informar sobre la necesidad de generar una nueva orden de inspección destinada a verificar aquellas materias que fueron impedidas de ser constatadas como consecuencia de la infracción a la labor inspectiva. 7.12.4.3 Igual regla es de aplicación si la inspección no ha podido desarrollarse como consecunecia de la comisión de otro tipo de infracciones a la labor inspectiva distintas a la negativa injustificada o impedimento de ingreso al centro de trabajo”.

12 vigente a los hechos materia de inspección.

Respecto de la presunta vulneración a los principios del Debido Procedimiento, derecho de defensa y motivación, valoración probatoria-

“6.11 Sobre el particular, debemos señalar que en el procedimiento administrativo se debe observar las reglas que lo informan y regulan, entre ellas la del debido procedimiento. Conforme ha precisado el Tribunal Constitucional Peruano, dicha obligación radica en la Constitución Política del Perú, que en su artículo 139 establece como un derecho de la función jurisdiccional, aplicable en sede administrativa, la “observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional”13. 6.12 Asimismo, el TUO de la LPAG es clara en señalar en el numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar que los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo,

13 Fundamento 12 de la Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente 4944-2011-AA, “el derecho al debido proceso previsto por el artículo 139.9° de la Constitución Política del Perú, aplicable no sólo a nivel judicial sino también en sede administrativa e incluso entre particulares, supone le cumplimiento de todas las garantías, requisitos y normas de orden público que deben observarse en las instancias procesales de todos los procedimientos, incluidos los administrativos y conflictos entre privados, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto que pueda afectarlos”.

comprendiéndose entre estos el derecho “a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten”. 6.13 La misma norma consagrada dicho derecho como un elemento de validez del acto administrativo, de modo que su ausencia determinaría su nulidad14, así como también lo consagra como uno de los principios rectores de toda actuación administrativa15. 6.14 De lo señalado, se desprende que la Administración tiene el deber de producir sus decisiones mediante el cumplimiento de las reglas que conforman el procedimiento, de modo que es flagrantemente violatorio de este principio, la producción de actos administrativos de plano o sin escuchar a los administrados”16. 6.15 Así, el principio del debido procedimiento se constituye como garante de una serie de derechos procesales de los administrados, dentro de los cuales se encuentra el derecho a ofrecer y producir pruebas, y que las mismas sean debidamente valoradas por la Administración (…)”

“(...) por el derecho a ofrecer medios probatorios que se consideren necesarios, a que estos sean admitidos, adecuadamente actuados, que se asegure la producción o conservación de la prueba a partir de la actuación anticipada de los medios probatorios y que éstos sean valorados de manera adecuada y con la motivación debida, con el fin de darle el mérito probatorio que tenga en la sentencia. La valoración de la prueba debe estar debidamente motivada por escrito, con la finalidad de que el justiciable pueda comprobar si dicho mérito ha sido efectiva y adecuadamente realizado” (énfasis añadido).

14 TUO de la LPAG, Artículo 10: “Son vicio del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes: 1. La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias. 2. El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los supuestos de conservación del acto a que se refiere el artículo 14. (…)” 15 TUO de la LPAG, Título Preliminar, artículo II.- Contenido: 1. La presente Ley contiene normas comunes para las actuaciones de la función administrativa del Estado y, regula todos los procedimientos administrativos desarrollados en las entidades, incluyendo los procedimientos especiales. 2. Las leyes que crean y regulan los procedimientos especiales no podrán imponer condiciones menos favorables a los administrados que las previstas en la presente Ley. 3. Las autoridades administrativas, al reglamentar los procedimientos especiales, cumplirán con seguir los principios administrativos, así como los derechos y deberes de los sujetos del procedimiento, establecidos en la presente Ley. 16 Juan Morón Urbina, Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General, Tomo I (Lima: Grijley, 2019), 83. 17 Cfr. numeral 2 del artículo 248 del TUO de la LPAG.

18 Cfr. numeral 2 del artículo 248 del TUO de la LPAG.

establecidas por el órgano resolutivo en su fundamentación; 2) justificación de las premisas externas, que aluden al respaldo probatorio de los hechos y sobre el derecho considerado por el órgano al resolver; 3) la suficiencia, que refiere a que se hayan expuesto razones que sustenten lo decidido en función de los problemas relevantes determinados y necesarios para la resolución del caso; y 4) la congruencia, como elemento que permite establecer si las razones especiales requeridas para adoptar determinada decisión se encuentran recogidas en la resolución en concreto.

Información Adicional

N° MATERIA CONDUCTA INFRACTORA TIPO LEGAL Y CALIFICACIÓN Relaciones Laborales No realizar el pago de las utilidades correspondientes al año 2017 a la ex trabajadora SHENNA ISABEL VIERA LEANDRO. Numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT GRAVE Labor Inspectiva Por no cumplir con la medida inspectiva de requerimiento, en el plazo otorgado: 05/10/2020 Numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT MUY GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral- SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley de Procedimiento Administrativo General aprobado por

el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR.

SE RESUELVE:

PRIMERO. - Declarar INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por INDUSTRIAL CONTROLS S.A.C., en contra de la Resolución de Intendencia N° 254-2021-SUNAFIL/IRE-CAL, emitida por la Intendencia Regional del Callao, procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador Nº 135-2021-SUNAFIL/IRE-CAL, por los fundamentos expuestos en la presente resolución. SEGUNDO. - CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 254-2021-SUNAFIL/IRE-CAL, en el extremo referente a la infracción muy grave a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT.

TERCERO. - Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa. CUARTO. - Notificar la presente resolución a INDUSTRIAL CONTROLS S.A.C., y a la Intendencia Regional del Callao, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. - Remitir los actuados a la Intendencia Regional del Callao.

SEXTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

Presidente KATTY ANGELICA CABALLERO SEGA