Incalpaca Textiles Peruanos de Export S.A — Res. 9-2025

Mediante Orden de Inspección N° 82-2022-SUNAFIL/IRE-AQP, se dio inicio a las actuaciones inspectivas de investigación, con el objeto de verificar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral de la normativa en materia de relaciones laborales y labor inspectiva1, que culminaron con la emisión del Acta de Infracción N° 111-2022- SUNAFIL/IRE-AQP (en adelante, el Acta de Infracción), mediante la cual se propuso sanción económica a la impugnante por la comisión, entre otra, de dos (02) infracciones muy graves, por no otorgar la licencia con goce de remuneraciones e incumplir con la medida de requerimiento.

Que, mediante Imputación de Cargos N° 284-2022- SUNAFIL/IRE-AQP/SIAI, de fecha 28 de marzo de 2022, notificado el 30 de marzo de 2022, se dio inicio a la etapa instructiva, remitiéndose el Acta de Infracción y otorgándose un plazo de cinco (5) días hábiles para

De conformidad con el literal g) del numeral 53.2 del artículo 53 del RLGIT, la autoridad instructora emitió el Informe Final de Instrucción N° 704-2022-SUNAFIL/IRE-AQP/SIFN, de fecha 27 de setiembre de 2022, (en adelante, el Informe Final), que determinó la existencia de las conductas infractoras imputadas a la impugnante, recomendando continuar con el procedimiento administrativo sancionador. Por lo cual procedió a remitir el Informe Final y los actuados a la Sub Intendencia de Resolución de la Intendencia Regional de Arequipa, la cual mediante Resolución de Sub Intendencia N° 759-2022-SUNAFIL/IRE-SISA-AQP, de fecha 11 de noviembre de 2022, notificada a la impugnante el 14 de noviembre de 2022, multó a la impugnante por la suma de S/ 31,418.00, por haber incurrido en las siguientes infracciones:

Con fecha 05 de diciembre de 2022, la impugnante interpuso recurso de apelación contra la Resolución de Sub Intendencia N° 759-2022-SUNAFIL/IRE-SISA-AQP, argumentando lo siguiente:

Mediante Resolución de Intendencia N° 057-2023-SUNAFIL/IRE-AQP, de fecha 20 de febrero de 20232, la Intendencia Regional de Arequipa declaró infundado el recurso de apelación interpuesto por la impugnante, por considerar los siguientes puntos:

Con fecha 17 de marzo de 2023, la impugnante presentó ante la Intendencia Regional de Arequipa, el recurso de revisión en contra de la Resolución de Intendencia N° 057-2023- SUNAFIL/IRE-AQP.

La Intendencia Regional de Arequipa admitió a trámite el recurso de revisión y elevó los actuados al Tribunal de Fiscalización Laboral, mediante Memorándum N° 790-2023-

Mediante el artículo 1 de la Ley N° 299813, se crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (en adelante, SUNAFIL), disponiéndose en el artículo 7 de la misma Ley que, para el cumplimiento de sus fines, la SUNAFIL contará dentro de su estructura orgánica con un Tribunal de Fiscalización Laboral.

Asimismo, de conformidad con el artículo 15 de la Ley N° 299814, en concordancia con el artículo 41 de la Ley General de Inspección del Trabajo5 (en adelante, LGIT), el artículo 17 del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR6,y el artículo 2 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR7 (en adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

El artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley de N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG) establece que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de estos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe de otorgarle esta facultad al administrado mediante una ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días respectivamente.

Así, el artículo 49 de la LGIT, modificada por el Decreto Legislativo N° 1499, define al recurso de revisión como un recurso administrativo del procedimiento administrativo sancionador con carácter excepcional, interpuesto ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos de que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral, estableciéndose en el artículo 55 del RLGIT, modificado por Decreto Supremo N° 016- 2017-TR, que los requisitos de admisibilidad y procedencia se desarrollarían en el Reglamento del Tribunal.

El Reglamento del Tribunal establece que la finalidad del recurso de revisión es “la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias”8.

En ese sentido, es el mismo reglamento el que delimita la competencia del Tribunal a las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias, estableciéndose en el artículo 17 del Reglamento del Tribunal que se encuentra facultado para rectificar, integrar, excluir e interpretar la resolución emitida por la

En esta línea argumentativa, la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral comprende también la adecuación a la Constitución, a las leyes y al derecho, de conformidad con el principio de legalidad, que debe de caracterizar al comportamiento de las autoridades administrativas.

De la revisión de los actuados, se ha identificado que la INCALPACA TEXTILES PERUANOS DE EXPORT S.A., presentó el recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia Nº 057-2023-SUNAFIL/IRE-AQP, emitida por la Intendencia Regional de Arequipa, que confirmó la sanción impuesta de S/ 31,418.00, por la comisión, entre otra, de dos (02) infracciones MUY GRAVES, tipificadas en el numeral 25.6 del artículo 25 y el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT, dentro del plazo legal de quince (15) días hábiles, computados a partir del 27 de febrero de 2023, el primer día hábil siguiente de la notificación de la citada resolución.

Así, al haberse identificado que el recurso interpuesto por el solicitante cumple con los requisitos jurídicos, previstos en el ordenamiento jurídico corresponde analizar los argumentos planteados por la INCALPACA TEXTILES PERUANOS DE EXPORT S.A.

En el caso materia de análisis, se ha sancionado a la impugnante por la comisión de la infracción prevista en el numeral 25.6 del artículo 25 del RLGIT, referente a no haberle otorgado licencia con goce de haber en el contexto de estado de emergencia, a pesar de que la trabajadora se encontraba en el grupo de riesgo por su condición médica al haberse detectado cáncer, ordenó unilateralmente que la trabajadora tenga una licencia sin goce de haber.

Dicha situación, se dejó constancia en los considerandos 4.9 y 4.10 del Acta de Infracción, donde el inspector comisionado señala lo siguiente:

Sobre ello, cabe precisar que durante la pandemia generada por el COVID-19, y a efectos de proteger a la población, el Estado adopto una serie de medidas, promulgándose el Decreto de Urgencia N° 026-2020.

El artículo 16 del Decreto de Urgencia N° 026-2020, dispone que: “El trabajo remoto se caracteriza por la prestación de servicios subordinada con la presencia física del trabajador en su domicilio o lugar de aislamiento domiciliario, utilizando cualquier medio o mecanismo que posibilite realizar las labores fuera del centro de trabajo, siempre que la naturaleza de las labores lo permita”.

Siendo que el artículo 20 del dispositivo normativo bajo examen, establece que:

Cuando la naturaleza de las labores no sea compatible con el trabajo remoto y mientras dure la emergencia sanitaria por el COVID-19, el empleador debe otorgar una licencia con goce de haber sujeta a compensación posterior”- énfasis agregado-.

Siendo que la Resolución Ministerial 84-2020-MINSA que hace referencia el Decreto de Urgencia N°026-2020, establecía que el grupo de riesgo lo conforman, entre otros, aquellos que padezcan de cáncer, conforme se detalla a continuación:

Por su parte la Resolución Ministerial N° 972-2020/MINSA, así como sus modificatorias, establecía:

De acuerdo con Sarzo Tamayo9 la licencia conferida por el Decreto de Urgencia N° 026- 2020 y 029-2020, se distingue del modo siguiente de otras licencias conferidas por el ordenamiento jurídico sociolaboral, precisando que:

Así, se aprecia que como medida excepcional dado el contexto de Emergencia Sanitaria se estableció el trabajo remoto o de no ser compatible, se disponía el otorgamiento de la licencia con goce de haber sujeta a compensación. El cual, es “obligatorio” en los casos de los trabajadores incluidos en el grupo de riesgo, para ellos, el trabajo remoto resulta obligatorio y de no ser compatible con las funciones realizadas por él, se deberá otorgar la licencia con goce de haber sujeta a compensación posterior.

En ese orden de ideas, está probado de los actuados desde la fase inspectiva y sancionadora que la trabajadora afectada en el periodo materia de imputación era una paciente de cáncer; por tanto, según la normativa legal vigente en noviembre y diciembre de 2021 y, enero y febrero de 2022, la trabajadora se encontraba dentro del grupo de riesgo por padecer dicha enfermedad.

Por tanto, los alegatos referidos a que la condición de salud de la trabajadora afectada no determinaba que se encuentre dentro del grupo de riesgo carece de sustento fáctico y jurídico, en consecuencia, debe ser desestimado.

Con relación a la Directiva Administrativa N° 321-MINSA/DGIESP-2021, aprobada por la Resolución Ministerial N° 1275-2021-MINSA, todos los argumentos dirigidos en este extremo deben ser desestimado, pues, ellos están dirigidos a determinar los factores de riesgo para el contagio de la Covid-19, materia que no es objeto de la imputación. Siendo que la responsabilidad administrativa en el presente caso se sustenta en que pese a encontrarse la trabajadora afectada como parte del grupo de riesgo al que hace referencia una norma de orden público- Decreto de Urgencia N° 026-2020- la inspeccionada no ha dado cumplimiento el mandato expreso que contiene el artículo 20 de dicho dispositivo normativo.

Y es que este dispuso que cuando la naturaleza de las labores no sea compatible con el trabajo remoto y mientras dure la emergencia sanitaria por el COVID-19, el empleador debe otorgar una licencia con goce de haber sujeta a compensación posterior. En ese sentido, podemos concluir que deben realizar trabajo remoto los trabajadores que formen parte del grupo de riesgo o de lo contrario se les debe otorgar licencia con goce de haber sujeto a compensación, pese a lo cual la inspeccionada no acató un mandato de orden público, conforme los hechos constatados en el Acta de Infracción y acogidos por las instancias de mérito.

Ahora bien, en el presente caso es pertinente señalar que la trabajadora afectada se encontraba dentro del grupo de riesgo para COVID-19, puesto que, padecía cáncer, tal como se puede observar del Informe Médico, conforme se puede apreciar a continuación: Figura 05:

Sobre el particular, debemos mencionar que la Inspeccionada decidió enviar a su trabajadora a una licencia sin goce de haber, señalando en su Informe legal N° 022- 2021-MMDN/AJE, lo siguiente:

En ese orden de ideas, el no conferir la licencia con goce de haber a la trabajadora evidencia claramente incumplimiento a una norma de orden público laboral, como es, el Decreto de Urgencia N° 26-2020, vigente al momento de los hechos materia de imputación. Por consiguiente, la Inspeccionado no ha cumplido con su deber de prevención, responsabilidad y protección al trabajador.

En consecuencia, los argumentos esgrimidos por la Inspeccionada no desvirtúan las infracciones en las que ha incurrido, hechos que han sido plenamente detallados en el Acta de infracción correspondiente, resultado de las actuaciones realizadas por el personal inspectivo durante la etapa investigatoria.

Ahora bien, en la resolución impugnada, se comprueba que, el órgano sancionador ha expuesto las razones de hecho y de derecho para concluir que la inspeccionada ha incumplido con las disposiciones establecidas en el Decreto de Urgencia N° 026-2020; y con ello ha incurrido en una infracción muy grave en materia de relaciones laborales conforme a lo establecido en el numeral 25.6 del artículo 25 del RLGIT.

Por todas las razones que anteceden, corresponde desestimar los alegatos referidos al inaplicación del artículo 37.3 del Decreto Supremo N°013-2019-TR, pues, no es materia de imputación sobre los Criterios para el Informe Médico de Calificación de Incapacidades, sino la aplicación de una norma dictada en un contexto de Emergencia Sanitaria- Decreto de Urgencia N° 026-2020 y en cuyo supuesto de hecho se encontraba la trabajadora afectada (grupo de riesgo); por lo que, correspondía que se le confiera la licencia con goce de haber sujeta a compensación.

Sin embargo, al incumplir con dicha normativa sociolaboral, el sujeto inspeccionado incurrió en la infracción muy grave, materia de sanción, tipificada en el numeral 25.6 del artículo 25 del RLGIT. En consecuencia, corresponde confirmar la sanción impuesta en este extremo.

El numeral 5.3 del inciso 5 del artículo 5 de la LGIT, los inspectores del trabajo están investidos de autoridad y facultados para requerir al sujeto responsable que, en un plazo determinado, adopte medidas en orden al cumplimiento de la normativa del orden sociolaboral, incluso con su justificación ante el inspector que ha realizado el requerimiento. Sobre ello, el inciso 13.5 del artículo 13 del RLGIT establece que, dichas medidas, se adoptan dentro del plazo establecido para la realización de las actuaciones de investigación o comprobatorias a que se refiere los numerales 13.3 y 13.4 del artículo 13 del mismo reglamento.

El numeral 20.3 del artículo 20 del RLGIT, ha establecido que las medidas de requerimiento son órdenes dispuestas, por la inspección del trabajo, para el cumplimiento de las normas sociolaborales y de seguridad y salud en el trabajo. Así como que éstas pueden consistir en ordenar al empleador, siempre que se fundamente en el incumplimiento de la normatividad legal vigente, que en relación con un trabajador se le registre en planillas, se abonen las remuneraciones y beneficios laborales pendientes de pago, entre otras.

Así las cosas, corresponde indicar que la naturaleza jurídica de la medida inspectiva de requerimiento es la de ser una disposición ordenada por el servidor – inspector de trabajo- que puede tener como objeto el revertir los efectos de la ilegalidad de la conducta cometida por el inspeccionado de manera previa al inicio del procedimiento sancionador (medida de requerimiento en modalidad de subsanación de una infracción determinada por la inspección del trabajo),10 existiendo otra variante por la que los inspectores conminan al sujeto inspeccionado a adecuar su comportamiento a lo prescrito en las normas de trabajo (medida de requerimiento en modalidad de rectificación de una infracción determinada por la inspección del trabajo).

Por ello, la inspeccionada tiene la carga de dar cumplimiento a lo ordenado por la autoridad inspectiva, caso contrario, su incumplimiento constituye infracción a la labor inspectiva, sancionable con multa, según lo dispuesto por el artículo 36 de la LGIT y el artículo 46 numeral 46.7 del RLGIT.

En esa línea argumentativa, de conformidad con el precedente administrativo de observancia obligatoria aprobado mediante Resolución de Sala Plena N° 002-2022-SUNAFIL/TFL, publicado el 06 de mayo de 2022, en el diario oficial El Peruano, la evaluación de los alegatos relativos a las medidas inspectivas de requerimiento deben de encontrarse vinculadas bajo los siguientes aspectos:

De autos, se observa que la medida inspectiva de requerimiento de fecha 01 de marzo de 2022, ordenó a la recurrente que cumpla en un plazo máximo de tres días hábiles, con la adopción de las medidas requeridas, bajo apercibimiento de multa en caso de incumplimiento.

En este punto, cabe invocar, lo dispuesto en el precedente administrativo de observancia obligatoria, contenida en la Resolución de Sala Plena N° 009-2023-SUNAFIL/TFL, publicado el 11 de junio de 2022 en el diario oficial El Peruano, referida a los elementos de la medida de requerimiento se dispuso:

En el presente caso, del numeral 4.11 de los hechos constatados del Acta de Infracción, se advierte que, el inspector al realizar la revisión de los actuados determinó que no se acreditó el cumplimiento con lo ordenado en la medida inspectiva.

Así, conforme lo dispuesto en Resolución de Sala Plena N° 009-2023-SUNAFIL/TFL, se verifica que la medida inspectiva de requerimiento satisface el ámbito subjetivo en su emisión, al individualizar a la trabajadora que considera afectada y el elemento subjetivo, al identificar la infracción detectada; además, determina el modo de su cumplimiento.

Lo cual satisface la naturaleza de esta, al tener por objeto revertir los efectos de la ilegalidad de la conducta cometida por el inspeccionado; por lo que, su emisión ha respetado y observado el principio de legalidad y, por ende, su proporcionalidad y razonabilidad, al amparo del artículo 14 de la LGIT; observando, además, lo dispuesto en el numeral 17.2 del artículo 17 del RLGIT; en consecuencia, no se advierte ninguna afectación en su emisión.

En tal sentido, en el caso analizado, se ha verificado que la recurrente no cumplió dentro del plazo y en los términos ordenados con lo dispuesto en la medida inspectiva de requerimiento; por lo que, se encuentra acreditado que la impugnante ha incurrido en una (01) infracción muy grave a la labor inspectiva, tipificada, adecuadamente, en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT, conforme lo establecido por las instancias de mérito, sin que la impugnante haya desvirtuado lo determinado por la autoridad administrativa; en consecuencia, se debe confirmar este extremo.

Respecto a que se estaría vulnerando el debido procedimiento, debemos precisar que el artículo 44° inciso a) de la LGIT establece como uno de los principios del procedimiento sancionador la Observancia al Debido Proceso, “por el que las partes gozan de todos los derechos y garantías inherentes al procedimiento sancionador, de manera que les permita exponer sus argumentos de defensa, ofrecer pruebas y obtener una decisión motivada por parte de la Autoridad Administrativa de Trabajo debidamente fundada en hechos y en derecho”.

Sobre el particular, del análisis de la Resolución de Intendencia se evidencia que la autoridad de segunda instancia, en sus fundamentos se ha pronunciado sobre los aspectos alegados en el recurso de apelación planteado por la Inspeccionada, en consideración a los hechos corroborados en las actuaciones inspectivas. Adicionalmente, no se identifica una pretendida vulneración del derecho al debido procedimiento, en tanto no sólo se ha garantizado la debida notificación, motivación de las actuaciones y documentos emitidos por la autoridad competente, sino que se ha valorado y merituado cada uno de los argumentos de defensa y la información remitida, evidenciándose que se confirma sanción por la omisión proscrita, correspondiendo no amparar el referido recurso.

En el presente caso, es preciso mencionar que, no se ha producido la vulneración al principio de razonabilidad12, toda vez que, si bien el principio de razonabilidad establecido en el

En tal sentido, tal como se expuesto, la multa impuesta a la Inspeccionada ha sido impuesta respetando el principio de razonabilidad. Por los considerandos expuestos, no puede ampararse lo alegado por la Inspeccionada en este extremo. Ni se afectó el principio de legalidad en los términos alegados por la recurrente. VII. INFORMACIÓN ADICIONAL 7.1. Finalmente, a título informativo se señala que, conforme fluye del expediente remitido, las multas subsistentes como resultado del procedimiento administrativo sancionador sería la que corresponde a las siguientes infracciones:

Cabe precisar que este detalle se provee a título informativo y cualquier error de hecho o de derecho durante la tramitación del expediente que resultara en un error, omisión o imprecisión en las materias, cantidad, conducta, tipificación legal, clasificación o cuantía, resulta de exclusiva responsabilidad de la Intendencia respectiva.