Inca Tops S.A — Res. 752-2023

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Planillas o registros que la sustituyan (Sub materia: Entrega de boleta de pago al trabajador y sus formalidades); y, Remuneraciones (Sub materia: Pago de la remuneración (Sueldos y salarios). 2 Véase folio 44 del expediente inspectivo. 20555195444 soft 20555195444 soft DE LAMA LAURA Manuel Gonzalo FAU 20555195444 soft instructiva, remitiéndose el Acta de Infracción y otorgándose un plazo de cinco (05) días hábiles para la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal e) del numeral 53.2 del artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT).

- Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por no cumplir con pagar íntegra y oportunamente las remuneraciones que tienen derechos los trabajadores detallados en el cuadro N° 1 del Acta de Infracción, tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 14,196.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir con lo dispuesto en la medida inspectiva de requerimiento de fecha 20 de diciembre de 2019, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 18,900.00.

i. Que, se han vulnerado las garantías mínimas del debido procedimiento administrativo, especialmente en la etapa en la que se propone una sanción. ii. Se advierte una inexistente valoración de los argumentos expuestos por la inspeccionada a lo largo del procedimiento inspectivo. iii. Señalan que la resolución apelada debe quedar sin efecto al carecer de una debida motivación, al motivarse una propuesta de multa sólo en apariencia, no se garantiza el derecho de la inspeccionada a un debido procedimiento, donde la imputación de una infracción responda a supuestos de hecho bajo los cuales se busque favorecer a una de las partes. iv. Que, se vulneró su derecho a una decisión motivada y fundada en derecho como una garantía del debido procedimiento. v. Alegan que no existe un deber de pagar por el concepto de “otras actividades”. vi. Que, la medida inspectiva de requerimiento emitida es ambigua, dado que no ha identificado claramente las infracciones, así como el incumplimiento de requisitos formales establecidos en la Directiva N° 001-2016-SUNAFIL-INII. vii. Por último, precisan que debe aplicarse la eximente de responsabilidad señalada en el literal e) del artículo 257 del TUO de la LPAG.

i. Respecto a que no existe el deber de pagar por el concepto de “otras actividades”; del anexo obrante a folios 18 del expediente inspectivo, así como de los descargos presentados y el escrito del recurso de apelación, se denota que es la propia inspeccionada que reconoce que a las trabajadoras comprendidas en la investigación se les asignaron funciones distintas a las que habitualmente realizaban, lo que se corrobora además con las boletas de pago. ii. Por tanto, la inspeccionada debe considerar que los días que las trabajadoras laboraron realizando actividades diferentes a sus labores habituales bajo su subordinación, estas actividades debieron pagarse conforme a la remuneración diaria en función a la remuneración mínima vital, es decir S/ 31.00 por día laborado. iii. Que, las trabajadoras comprendidas en la inspección son trabajadoras a destajo, siendo así, la contraprestación por los servicios prestados es en función a la producción que ellas realizaron respecto de sus labores habituales, en consecuencia, las labores diferentes a las habituales merecen la contraprestación que corresponda por el trabajo efectivo de servicios, hecho que no se refleja de las boletas de pago de remuneración del mes de mayo de 2019, máxime si se advierte de las boletas de pago de remuneraciones que tienen una jornada de trabajo determinada. iv. Sobre la supuesta ambigüedad de la medida inspectiva de requerimiento, se verifica que el inspector comisionado, con el fin de garantizar el cumplimiento de las normas sociolaborales objeto de fiscalización, detalló y describió de forma, clara, precisa y concisa los hechos o actos constitutivos de infracciones sociolaborales, referidos al pago íntegro de remuneraciones, las normas vulneradas, los periodos de comisión de las infracciones, la obligación normativa que exige su cumplimiento, señaló quiénes eran las trabajadoras afectadas con tales incumplimientos; además, señaló de manera clara y precisa el mandato específico que la inspeccionada debía cumplir, así como el plazo para el cumplimiento. En tal sentido, no se advierte ambigüedad en la medida inspectiva de requerimiento e incumplimientos de los requisitos alegados. v. Respecto a la vulneración al debido procedimiento, efectuada la revisión de autos, se advierte que los argumentos expuestos por el inspector comisionado, se contrasta con los documentos probatorios obtenidos y las alegaciones esgrimidas por la inspeccionada en sus descargos, con el fin de verificar si la inspeccionada cumplió con pagar las remuneraciones correspondientes a las trabajadoras comprendidas en la investigación. vi. Asimismo, la autoridad de primera instancia se ha basado íntegramente en los hechos comprobados por la autoridad inspectiva en el expediente de actuaciones

3 Notificada a la impugnante el 16 de junio de 2022, véase folio 84 del expediente sancionador. inspectivas, así como en la documentación que aportó la inspeccionada a través de sus descargos. vii. Ahora bien, en cuanto a la motivación que alega la inspeccionada, este Despacho considera que tanto la medida inspectiva de requerimiento, el Acta de Infracción, así como el pronunciamiento de primera instancia, se encuentran debidamente motivados, en tanto, se han detallado los hechos que motivaron la sanción, precisando las normas vulneradas y determinándose que la inspeccionada incurrió en responsabilidad administrativa que amerita sanción; por tanto, se puede colegir que en ningún extremo se configuraría la falta de motivación tal como lo refiere la inspeccionada. viii. Sobre la aplicación de la eximente de responsabilidad, conforme lo desarrollado en el acápite “Del incumplimiento del pago de remuneraciones de las trabajadoras afectadas” de la presente resolución, habiéndose determinado que la autoridad de primera instancia emitió la resolución apelada observando el debido procedimiento, basando su decisión en los hechos verificados por la autoridad inspectiva durante el procedimiento inspectivo, así como lo alegado por la inspeccionada, no correspondiendo, por tanto, aplicar la eximente de responsabilidad incoada por la inspeccionada, al no advertirse el error inducido por la Administración o la disposición administrativa confusa o ilegal.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

4 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 5 “Ley N° 29981, Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…)”. 6 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…)

del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR7, y el artículo 2 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR8 (en adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

Del Recurso De Revisión

El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 7 “Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 8 “Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.” 2017-TR, que los requisitos de admisibilidad y procedencia se desarrollarían en el Reglamento del Tribunal.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE INCA TOPS S.A.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 07 de julio de 2022, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 172-2022-SUNAFIL/IRE-AQP, señalando los siguientes alegatos:

i. Refieren que se han vulnerado las garantías mínimas del debido procedimiento administrativo, especialmente en la etapa en la que se propone una sanción. Sobre el particular, señalan que basta con revisar el contenido del Acta de Infracción, Informe Final de Instrucción, Resolución de Sub Intendencia para corroborar que, si bien el Intendente enumera los argumentos y observaciones que presentaron a lo largo del procedimiento, en el análisis no se pronuncia sobre la validez de todos sus argumentos.

9 Artículo 14 del Decreto Supremo N° 016-2017-TR.

ii. Alegan que, si bien es cierto en el numeral 21 se mencionan algunos de sus argumentos, luego de una revisión integra de la resolución se advierte una valoración aparente de los argumentos expresados por la empresa, pues se han restringido a enumerar sus argumentos, sin haber realizado una valoración jurídica sobre la validez de ellos. iii. Por ejemplo, señalan que en la Resolución de Intendencia se ha enumerado en el párrafo 3.13, una lista de detalles por lo que, se sostiene que la medida inspectiva sería clara y precisa, por lo que, gozaría de toda validez; sin embargo, el pronunciamiento ha sido lato y no ha permitido dar respuesta plena a nuestros argumentos. iv. Refieren que se ha vulnerado el derecho a una decisión motivada, en tanto se aprecia una insuficiente e inexistente valoración de los argumentos expuestos para acreditar la falta de un incumplimiento bajo los parámetros señalados por la Autoridad Administrativa de Trabajo. v. Que, la Intendencia no ha considerado que no tenían la obligación de pagar un concepto de “otras actividades” ya que las trabajadoras realizaron funciones dentro del marco de su jornada normal y no un excedente o adicional. El Intendente ha omitido entonces valorar con un criterio de razonabilidad que no existían funciones disponibles en mayo de 2019 y se tuvieron que dar otras actividades para que las trabajadoras pudieran completar su jornada. Por tanto, la Resolución de Intendencia deberá quedar sin efecto al carecer de una debida motivación. vi. Alegan que existe ambigüedad en el requerimiento, en tanto que, resulta legal, razonable, el hecho que se indique con claridad en qué debe consistir dicho cumplimiento. En esta medida, lo contrario implicaría dejar en indefensión al administrado llamado a cumplir con dicho requerimiento en tanto este podría pasar a ser evaluado sin mayor parámetro por la Administración y entender el mismo como incumplido, cumplido parcialmente o incluso cumplido en exceso. vii. Asimismo, señalan que el requerimiento no cuenta con una motivación suficiente para ordenar el otorgamiento de contraprestación o remuneración que se debió percibir en cada periodo y por cada colaborador, tampoco se indica el monto que deberá pagarse a cada trabajador. viii. Indican que no resulta posible verificar una motivación adecuada para arribar a la conclusión de que existe un adeudo a los colaboradores y el periodo al que este se refería. Para ello se encuentran referencias en la medida inspectiva de requerimiento sobre la ausencia en las boletas de pago sobre los conceptos “otras actividades” u “otras act.”, lo que por sí mismo, no puede entenderse como incumplimiento si no viene precedida de un análisis que permita verificar dicha situación. ix. Por otro lado, precisan que no se puede verificar de la medida de requerimiento los montos que debieron otorgarse a cada colaborador, lo cual deja en situación de desventaja al administrado, al no poder tener certeza de la validez de un eventual cálculo y si esto pudiera conllevar a que se entienda o no cumplida la medida de requerimiento. x. Señalan que respecto a su argumento referido a lo establecido en la Directiva N° 001-2016- SUNAFIL-INII, no se advierte un análisis jurídico al respecto; en tanto la medida inspectiva debe delimitar en forma clara y precisa los hechos que constituyen infracciones sociolaborales, puesto que, a partir de ellos, el equipo inspectivo actuante determina un mandato; por tanto, se entiende que no existe una vinculación fáctico-jurídica entre lo determinado en el requerimiento y el Acta de Infracción; del mismo modo, también existía el deber imperativo de identificar la normativa sociolaboral vulnerada de conformidad con el RLGIT, lo que no se advierte, en tanto no hay ninguna referencia a la normativa sociolaboral supuestamente vulnerada, ni mucho menos el tipo infractor que consigna el RLGIT, omisión que vulnera los derechos del inspeccionado. xi. Por tanto, alegan que ante una medida inspectiva de requerimiento que no identificó claramente las infracciones, así como el incumplimiento de requisitos formales establecidos en la Directiva, no era posible que cumplan con el deber de colaboración, por lo que, corresponde la aplicación de la causal de eximente de responsabilidad, establecida en el literal e) del artículo 257 del Decreto Supremo N° 004-2019-JUS.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre la infracción grave

"Artículo 49.- Recursos administrativos Los recursos administrativos del procedimiento administrativo sancionador son aquellos previstos en el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004- 2019-JUS. El Recurso de revisión es de carácter excepcional y se interpone ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral. El Reglamento determina las demás condiciones para el ejercicio de los recursos administrativos”.

“la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal.

El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias” (énfasis añadido).

De la infracción a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT

“6.8 Así, los expedientes sancionadores que se tramitan en el Sistema de Inspección del Trabajo no son, sin embargo, unos que permitan distinguir imputaciones que solamente contengan casos “muy graves”, “graves” o bien “leves”, siendo habitual que en los casos sometidos a este Tribunal se encuentren imputaciones que contemplen infracciones calificadas normativamente como “muy graves” y alguna o algunas más de distinto grado. Ante este tipo de plataformas impugnatorias, el Tribunal de Fiscalización Laboral se encuentra obligado a distinguir lo que es materia de su estricta competencia de aquello que no lo es, conforme con la normativa glosada. 6.9 En ciertos casos —como el que es objeto de la presente resolución—el recurso de revisión propone el análisis de infracciones a la labor inspectiva consistentes en el incumplimiento de la medida de requerimiento contenidas en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT, pero las materias objeto de la medida de requerimiento son calificadas por la normativa como faltas “graves” o “leves”, lo que deposita a tales causas fuera de la competencia material de este Tribunal. 6.10 De esta forma, la evaluación de los recursos de revisión interpuestos contra sanciones administrativas por inejecución de medidas de requerimiento deberá circunscribirse a un análisis estrictamente referido a la proporcionalidad, razonabilidad y legalidad de tales medidas, sin invadir una competencia administrativa vedada, como son las infracciones calificadas como graves y leves, que en expedientes como el presente, han adquirido firmeza con la expedición (y notificación) de la resolución de segunda instancia” (énfasis añadido).

Figura 1: Numeral 7.14.5 de la Directiva N° 001-2020-SUNAFIL

10 Aprobada por Resolución de Superintendencia N° 031-2020-SUNAFIL, del 03 de febrero de 2020.

Sobre la supuesta vulneración al debido procedimiento

“Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser

notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo” (énfasis añadido).

“2. El Tribunal Constitucional estima oportuno recordar, conforme lo ha manifestado en reiterada y uniforme jurisprudencia, que el debido proceso, como principio constitucional, está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Vale decir que cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea este administrativo -como en el caso de autos- o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal” (énfasis añadido).

Información Adicional

N° Materia Conducta Infractora Tipificación legal y clasificación Relaciones laborales No cumplir con pagar íntegra y oportunamente las remuneraciones que tienen derechos los trabajadores detallados en el cuadro N° 1 del Acta de Infracción. Numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT

GRAVE Labor Inspectiva No cumplir con lo dispuesto en la medida inspectiva de requerimiento de fecha 20 de diciembre de 2019. Numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT

MUY GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR;

SE RESUELVE:

PRIMERO. - Declarar INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por INCA TOPS S.A., en contra de la Resolución de Intendencia N° 172-2022-SUNAFIL/IRE-AQP, de fecha 14 de junio de 2022, emitida por la Intendencia Regional de Arequipa, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 279-2020-SUNAFIL/IRE-AQP, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. - CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 172-2022-SUNAFIL/IRE-AQP, en el extremo referente a la infracción muy grave a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT.

TERCERO. - Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa.

CUARTO. - Notificar la presente resolución a INCA TOPS S.A., y a la Intendencia Regional de Arequipa, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

MANUEL GONZALO DE LAMA LAURA

20230809MCR