Iesa S.A — Res. 1423-2025

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Planillas o registro que la sustituyan (Sub materias: Registro trabajadores y otros en la planilla; y Alta, modificación y baja en el T-Registro); Desnaturalización de la relación laboral (Sub materia: Incluye todas); Registro de control de asistencia (Sub materia: Incluye todas); Contratos de trabajo (Sub materia: Formalidades); y Jornada, horario de trabajo y descansos remunerados (Sub materia: Jornada y horario de trabajo).

denominado “OPERATIVO DE FISCALIZACIÓN PERÚ FORMAL RURAL FORMALIZACIÓN LABORAL MAYO 2022”.

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de relaciones laborales, por no contar con los registros de control de asistencia conforme a los dispositivos legales, tipificada en el numeral 25.19 del artículo 25 del RLGIT.

i. Dispone de un registro permanente de control de asistencia de su personal, implementado mediante el empleo de las denominadas "tarjeta tareo personal", que cumple con todos los requisitos y formalidades estipuladas en el artículo 2 del Decreto Supremo N.º 004-2006-TR, las cuales son llenadas personalmente por sus trabajadores. ii. La presencia de información errónea o enmendaduras identificadas por los inspectores de trabajo en algunas de las tarjetas de tarea se debe al manejo inadecuado de dichas tarjetas por parte de los propios trabajadores. iii. A pesar de su obligación de contar con un registro de control de asistencia conforme a los requisitos legales y de garantizar la integridad e inalterabilidad del mismo, no se puede dejar de tener en cuenta que en este caso quienes alteraron o afectaron la integridad del registro de asistencia fueron los propuestos supuestos trabajadores afectados, quienes con su indebido actuar e incumplimiento de obligaciones laborales lo hicieron incurrir en error. iv. La infracción que se le imputa y por la cual se solicita la aplicación de una sanción está relacionada a un hecho determinante de un tercero o a la imprudencia de aquel que supuestamente ha sufrido el perjuicio. v. Con el fin de prevenir la recurrencia de este tipo de situaciones, ha instalado un sistema de registro digital de control de asistencias en sus tres lugares de ingreso de personal o sedes (El Porvenir, Atacocha y Malauchaca).

i. El empleador es el encargado del registro de asistencias, y debió implementar las medidas adecuadas de seguridad para prevenir la información errónea o enmendaduras identificadas durante las actuaciones inspectivas realizadas por los inspectores de trabajo actuantes. ii. A pesar de intentar atribuir la responsabilidad a los propios trabajadores afectados, teniendo en cuenta que la responsabilidad de llevar el registro de asistencias recae en el empleador, la justificación presentada por la apelante no la exime de responsabilidad. iii. Las tarjetas de tarea no pueden considerarse equivalentes a un registro de asistencia. Además, no es posible trasladar la responsabilidad de adulteración, deterioro o pérdida a un tercero responsable, ya que la normativa en vigencia claramente estipula que esta responsabilidad recae en el empleador. iv. A pesar de las medidas implementadas por la apelante, las cuales reconocen su deber de asegurar la integridad e inalterabilidad del registro de asistencia, no es posible considerar que la infracción haya sido subsanada ni eximir de responsabilidad. v. La resolución no cuestiona en ningún momento que la información proporcionada por la apelante sea falsa; sin embargo, esto no exonera de las responsabilidades y ni de la conducta infractora imputadas a la apelante.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

2 Notificada el 23 de agosto de 2023. 3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad

Ley que, para el cumplimiento de sus fines, la SUNAFIL contará dentro de su estructura orgánica con un Tribunal de Fiscalización Laboral.

Del Recurso De Revisión

Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 4“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia.” 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6“Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 7“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

mediante ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días respectivamente.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE IESA S.A.

8 Artículo 14 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por el Decreto Supremo N°004-2017-TR.

confirmó la sanción impuesta de S/ 36,248.00, por la comisión de una (1) infracción MUY GRAVE en materia de relaciones laborales, tipificada en el numeral 25.19 del artículo 25 del RLGIT, dentro del plazo legal de quince (15) días hábiles, computados a partir del primer día hábil siguiente de la notificación de la citada resolución; esto es, el 24 de agosto de 2023.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con escrito de fecha 13 de setiembre de 2023, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 025-2023-SUNAFIL/IRE-PAS, señalando los siguientes alegatos:

i. Cumplió con registrar la asistencia de los trabajadores a través de las hojas de tareo, logrando la finalidad del registro de asistencia, esto es, registrar el tiempo laborado por los trabajadores. ii. La resolución impugnada ha aplicado a rajatabla el artículo 2 del D.S. 004-2006-TR, al exigir cumplir estrictamente cada uno de los requisitos exigidos en dicho artículo, sin tomar en consideración que cumplió con el bien público que se busca tutelar con dicha norma, esto es, con registrar la asistencia de los trabajadores a través de las tarjetas de tareo, las cuales constituyen un soporte físico permitido para llevar el registro de asistencia. iii. No se trata de un tema de seguridad para prevenir información errónea o de un deterioro que haya sido previsible, sino de la responsabilidad que tienen los trabajadores al momento de registrar su asistencia en el tareo, es decir, la debida diligencia que deben tener al colocar todos sus datos, lo cual también es un deber de su parte, pues al ser ellos quienes llenan la información, deben hacerlo de forma adecuada. Sin perjuicio de lo cual, la intención no es trasladarle la responsabilidad a los trabajadores, como afirma la resolución impugnada, sino establecer que en el caso de autos existió un error u omisión de parte de los mismos trabajadores. iv. La resolución impugnada afirma que no se pueden igualar un registro de asistencia a una hoja de tareo, interpretando erradamente el artículo 2 del decreto supremo 004- 2006-TR, en tanto la tarjeta de tareo no es más que un soporte físico en donde se consignan todos los datos exigidos por el referido artículo 2. v. Se debe aplicar el principio de razonabilidad, pues se está multando a pesar de que ha cumplido con la finalidad del bien público a tutelar, es decir, con registrar la asistencia de los trabajadores a través de las tarjetas de tareo.

Análisis Del Recurso De Revisión

“6.17. Sobre la base de lo previsto en el literal a) del artículo 16 y el inciso 18.1 del artículo 18 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral (Decreto Supremo Nº 004-2017-TR), tras el control de admisibilidad del recurso de revisión interpuesto, a cargo de la autoridad emisora de la decisión impugnada, este órgano de revisión tiene

el deber de efectuar el control de procedencia del recurso. Así, se declarará la improcedencia del recurso de revisión en los siguientes supuestos:

i) Cuando el acto impugnado no corresponda a resoluciones de segunda instancia que se pronuncian sobre la imposición de sanciones; ii) Cuando la infracción materia de sanción que se impugna, no esté tipificada como muy grave en el RLGIT; o iii) Cuando el recurso de revisión no se sustente en la inaplicación, o aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria emitidos por este Tribunal.

debido procedimiento9, no correspondiendo pronunciarse sobre los alegatos que no se encuentren en dichos presupuestos.

Sobre el derecho al debido procedimiento administrativo

“Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo” (énfasis añadido).

Artículo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa

La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales: (…) 2. Debido procedimiento. - No se pueden imponer sanciones sin que se haya tramitado el procedimiento respectivo, respetando las garantías del debido procedimiento. Los procedimientos que regulen el ejercicio de la potestad sancionadora deben establecer la debida separación entre la fase instructora y la sancionadora, encomendándolas a autoridades distintas.

9 Resolución de Sala Plena N° 008-2023-SUNAFIL/TFL, publicado el 9 de mayo de 2023. “(…) 29. Por ello, es importante señalar que toda afectación o invocación al debido procedimiento por parte de los recurrentes –y en general a alguno de los principios identificados en el Título Preliminar del TUO de la LPAG– debe de encontrarse vinculada con una infracción de naturaleza muy grave, como parte del presupuesto de la competencia material de este Tribunal, además, de encontrarse debidamente fundamentada y delimitada por el solicitante de un recurso extraordinario (conforme se detalló en los fundamentos 6.17 a 6.19 de la Resolución de Sala Plena N° 003- 2022-SUNAFIL/TFL). 30. Por el contrario, aquellos recursos de revisión que contengan la invocación a situaciones que pueda evidenciar la vulneración al debido procedimiento, así como a otro principio reconocido por el TUO de la LPAG pero que verse sobre infracciones que no son de competencia de este Tribunal o que no se encuentren debidamente fundamentada y delimitada en el recurso extraordinario, deberán ser declarados como improcedentes.”

pruebas y obtener una decisión por parte de la Autoridad Administrativa de Trabajo debidamente fundada en hechos y en derecho (…)”.

“2. El Tribunal Constitucional estima oportuno recordar, conforme lo ha manifestado en reiterada y uniforme jurisprudencia, que el debido proceso, como principio constitucional, está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Vale decir que cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea este administrativo -como en el caso de autos- o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal” (énfasis añadido).

“Tal como ya lo tiene expresado este Tribunal en uniforme y reiterada jurisprudencia, el derecho al debido proceso tiene un ámbito de proyección sobre cualquier tipo de proceso o procedimiento, sea éste judicial, administrativo o entre particulares. Así, se ha establecido que el derecho reconocido en el inciso 3) del artículo 139.° de la Constitución no sólo tiene un espacio de aplicación en el ámbito "judicial", sino también en el ámbito administrativo" y, en general, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ha sostenido, puede también extenderse a "cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional, (el que) tiene la obligación de adoptar resoluciones apegadas a las garantías del debido proceso legal, en los términos del artículo 8° de la Convención Americana". (Caso Tribunal Constitucional del Perú, párrafo 71). De igual modo la Corte Interamericana sostiene – en doctrina que ha hecho suya este Colegiado en la sentencia correspondiente al Exp. N.º 2050-2002-AA/TC– que "si bien el artículo 8° de la Convención Americana se titula “Garantías Judiciales”, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto, sino al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a efectos de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos"(párrafo 69). (…)” (énfasis agregado)

Sobre la presunta vulneración a la motivación de las resoluciones

“4. Este Tribunal ha tenido oportunidad de expresar su posición respecto a la motivación de los actos administrativos, expresando que:

“[…][E]l derecho a la motivación de las resoluciones administrativas es de especial relevancia. Consiste en el derecho a la certeza, el cual supone la garantía de todo administrado a que las sentencias estén motivadas, es decir, que exista un razonamiento jurídico explícito entre los hechos y las leyes que se aplican. […]

La motivación de la actuación administrativa, es decir, la fundamentación con los razonamientos en que se apoya es una exigencia ineludible para todo tipo de actos administrativos, imponiéndose las mismas razones para exigirla tanto respecto de actos emanados de una potestad reglada como discrecional.

El tema de la motivación del acto administrativo es una cuestión clave en el ordenamiento jurídico-administrativo, y es objeto central de control integral por el juez constitucional de la actividad administrativa y la consiguiente supresión de los ámbitos de inmunidad jurisdiccional.

Constituye una exigencia o condición impuesta para la vigencia efectiva del principio de legalidad, presupuesto ineludible de todo Estado de derecho. A ello, se debe añadir la estrecha vinculación que existe entre la actividad administrativa y los derechos de las personas. Es indiscutible que la exigencia de motivación suficiente de sus actos es una garantía de razonabilidad y no arbitrariedad de la decisión administrativa.

En esa medida, este Tribunal debe enfatizar que la falta de motivación o su insuficiencia constituye una arbitrariedad e ilegalidad, en la medida en que es una condición impuesta por la Ley N.° 27444. Así, la falta de fundamento racional suficiente de una actuación administrativa es por sí sola contraria a las garantías del debido procedimiento administrativo.” (STC 00091-2005-PA, fundamento 9, párrafos 3, 5 a 8, criterio reiterado en STC 294-2005-PA, STC 5514-2005-PA, entre otras).

Adicionalmente se ha determinado en la STC 8495-2006-PA/TC que: “un acto administrativo dictado al amparo de una potestad discrecional legalmente establecida resulta arbitrario cuando sólo expresa la apreciación individual de quien ejerce la competencia administrativa, o cuando el órgano administrativo, al adoptar la decisión, no motiva o expresa las razones que lo han conducido a adoptar tal decisión. De modo que, motivar una decisión no sólo significa expresar únicamente bajo qué norma legal se expide el acto administrativo, sino, fundamentalmente, exponer en forma sucinta – pero suficiente– las razones de hecho y el sustento jurídico que justifican la decisión tomada” (énfasis añadido)

Sobre los presuntos vicios de motivación en el procedimiento administrativo sancionador

10 “Dictan disposiciones sobre el registro de control de asistencia y de salida en el régimen laboral de la actividad privada”, publicado el 06 de abril de 2006 en el diario oficial El Peruano. 11 Artículo 2 del Decreto Supremo N° 004-2006-TR 12 Sobre este deber, se puede tomar como referencia jurisprudencial lo desarrollado por el Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el EXP. N.º 02111-2010-PA/TC- LIMA: “En ese sentido, el informe reconoce a la debida diligencia como un componente esencial del mencionado deber empresarial, definiéndola como “aquel conjunto de medidas que debe tomar una empresa para tener conocimiento, prevenir y responder a los efectos negativos que su actuación produce sobre los derechos humanos” [Proteger, respetar y remediar…, op. cit., párrafo 56]. Esas medidas incluyen: la adopción de una política de derechos humanos al interior de la corporación, medidas de evaluación de los impactos, mecanismos de integración de las políticas en toda la organización, y finalmente, procedimientos de vigilancia y control de las medidas implementadas. Finalmente, el informe señala que la debida diligencia no tiene un alcance fijo o inamovible, sino que puede variar según las circunstancias, por lo que, para determinarlo, las empresas deberán tener en cuenta los siguientes factores: a) el contexto del país en el que tienen lugar sus operaciones; b) los efectos de sus actividades sobre los derechos humanos según el contexto; y c) si pueden contribuir al abuso de los derechos por medio de relaciones vinculadas (es decir, en su relación con sus socios mercantiles, proveedores, organismos estatales y otros actores no estatales).”

“6.10 La jurisprudencia constitucional ha enfatizado que la obligación de registro del control de asistencia implica que los empleadores observen la debida diligencia en su manejo, pues la normativa invocada no solo prevé que se habilite el registro físico o digital del control de asistencia, sino también que se realice las acciones necesarias para que el mismo cumpla su finalidad, pues constituye un deber de la inspeccionada en su implementación, el adecuado llevado, control y supervisión continua del registro del control de asistencia.

“6.11 En estricto sentido, la marcación ex post del horario de trabajo no implica que, de forma necesaria, deba concluirse que se ha vulnerado el contenido imperativo de las obligaciones de registro ordenadas al empleador en el Decreto Supremo Nº 004- 2006-TR. En efecto, en ejercicio de su facultad fiscalizadora, el empleador puede determinar qué trabajadores han incumplido el deber de completar el registro diario y ordenar las rectificaciones correspondientes, bajo el principio de razonabilidad y proporcionalidad, dentro de una inmediatez exigible que denote un comportamiento diligente respecto del deber jurídico establecido por la legislación laboral. Sobre el particular, este Tribunal recuerda que es exigible a la Administración Pública el desarrollar una fundamentación debida de las decisiones

adoptadas, más aún en sede sancionadora. Así, la garantía de motivación bien cumplida permite desvirtuar adecuadamente a la presunción de licitud para imputar y sancionar adecuadamente un ilícito administrativo laboral.

derecho en un caso particular. Asimismo, es preciso sustentar adecuadamente la aplicación, interpretación o integración normativa que corresponda a la absolución de las alegaciones planteadas por los administrados que cumplan con ser razonablemente relevantes en la discusión jurídica que un recurso administrativo o escrito de descargos pueda proponer, conforme a los precedentes o jurisprudencia constitucionalmente aplicables a cada caso.” (énfasis añadido)

“25.19. No contar con el registro de control de asistencia, respecto de uno o más trabajadores, o que, teniéndolo, no contenga información mínima, o impedir o sustituir al trabajador en el registro de su tiempo de trabajo”.

“(…) Con fecha 25/05/2022 se procedió a la revisión de los correos electrónicos institucionales de los inspectores actuantes, a efectos de recepcionar la documentación remitida por la inspeccionada que no fue presentada en la visita inspectiva de fecha 19/05/2022. La inspeccionada remitió la relación de personal, relación de asistencia de la guardia “A”, tareo de la guardia “A” y un modelo de contrato de trabajo, a través del correo electrónico (…), del día 19/05/2022 a las 21:45 horas, procediéndose al análisis respectivo a efectos de verificar las materias de la presente orden de inspección. De la documentación remitida por la inspeccionada en fecha 19/05/2022 y de las actuaciones inspectivas realizadas por el equipo inspectivo, se ha determinado lo siguiente: a) La inspeccionada cuenta con los horarios de trabajo: 1) Turno día: De 06:45 am a 06:15 pm, teniendo como hora de refrigerio de 11:00 am a 1:00 pm, y Tumo Noche: de 06:15 am a 06:45 am, teniendo como hora de refrigerio de 11:00 am a 01:00 am. b) Teniendo en cuenta la hora de la visita de inspección (10:05 a 16:15 horas), la documentación solicitada se ha referido al Registro de Asistencia correspondiente al Turno día (es decir, de 06:45 am a 06:15 pm, teniendo como hora de refrigerio de 11:00 am a 1:00 pm).

c) De acuerdo a lo indicado en las letras a) y b) precedentes y la documentación remitida por la inspeccionada, se tiene que ha exhibido doscientos seis (206) “Tarjetas Tareo Personal”, de las cuales se pudo verificar lo siguiente: 1. Que, de los registros de asistencia presentados por la inspeccionada, consignaban en algunos el llenado de la hora de salida y otros la firma de forma anticipada a la hora de salida del turno día. 2. Que, de los registros de asistencia presentados por la inspeccionada, se encontró un registro previamente llenado y firmado con su hora de ingreso del día posterior a la visita (es decir, el 20/05/2022). 3. Que algunos de los registros de asistencia presentados por la inspeccionada se encontraban con liquid paper (corrector), en su hora de salida y firma. 4. Que, de los registros de asistencia presentados por la inspeccionada correspondiente al día 19/05/2022, indicaba como "FALTA" de algunos trabajadores; sin embargo, se contradice con lo verificado durante el recorrido, ya que fueron encontrados y registrados durante la visita. 5. Finalmente, se tiene que algunos trabajadores que fueron entrevistados durante la visita, la inspeccionada no cumple con acreditar el Registro de asistencia.”

“Del descargo presentado por el sujeto inspeccionado, debemos de mencionar que si bien el sujeto inspeccionado nos da cuenta que los hechos imputables corren a cuenta de los trabajadores ya que por su actuar afectaron a la empresa, debemos de mencionar que, si bien los trabajadores pueden realizar actos que puedan perjudicar a la empresa, esos actos una vez tomados en conocimiento deben de ser puestos a disposición o criterios de la oficina de recursos humanos o las quien haga las veces, dado que los actuares repetitivos pueden convertirse en costumbre; por otro lado, de advertido dichos hechos, el empleador debe de procurar que los mismos no se vuelvan a repetir, poniendo más énfasis en ello. Mencionamos lo mismo porque los actos no solo corren a cuenta de los trabajadores, sino también del descuido del empleador, como observamos en este caso en concreto. De lo argumentado por el inspeccionado, podemos llegar a la conclusión de que es la primera vez que toman conocimiento de la alterabilidad del Registro de Control de Asistencia de su personal o, en tal caso, podemos interpretar que no se supervisa a cabalidad las hojas de tareo del personal, más aún, teniendo en cuenta que a la fecha de la visita inspectiva las hojas de tareo lo realizaban de manera manual”.

“En relación al argumento presentado por la apelante en el que afirma disponer de un registro permanente de control de asistencia de su personal a través de las denominadas "tarjeta tareo personal", resulta necesario tener en consideración los reiterados pronunciamientos emitidos por el Tribunal de Fiscalización Laboral en relación al uso de hojas o tarjetas de tarea. Esta instancia ha diferenciado claramente estos documentos como simples, los cuales no cumplen con los requisitos esenciales que la legislación laboral establece con respecto al registro de asistencia. (…) De acuerdo con ello, en el caso particular que se está analizando, se puede constatar, al examinar las tarjetas de tarea presentes en el expediente, una disparidad en los datos registrados en relación a los campos exigidos en el artículo 2 del Decreto Supremo Nº 004-2006-TR. Por ejemplo, en el campo de las tarjetas denominado "Trabajador", algunas tarjetas incluyen solamente apellidos, mientras que otras presentan apellidos y nombres. Además, no se identifica ni el nombre, denominación o razón social de la apelante en dichas tarjetas, sino únicamente el imagotipo de la entidad.

En virtud de lo expuesto, no se considera válido el argumento presentado por la apelante en relación a la existencia de un registro de asistencias. En consecuencia, se mantiene la atribución de una infracción muy grave en materia de relaciones laborales, la cual se encuentra tipificada en el numeral 25.19 del artículo 25 de la LGIT. Dicho numeral establece: "no contar con el registro de control de asistencia, o impedir o sustituir al trabajador en el registro de su tiempo de trabajo". Por consiguiente, resulta apropiado confirmar la infracción tipificada en este aspecto.”

Cabe señalar que, en ambos casos, se sostiene que la conducta infractora incurrida es por no “contar con los registros de control de asistencia conforme a los dispositivos legales”; sin embargo, si en los referidos documentos se están validando las “hojas de tareo” como documentos suficientes para constituir el registro de control de asistencia, por lo que, en ese entendido, el análisis de la conducta infractora se centraría en el análisis de su contenido. Así, ante este último supuesto, se verifica que los hechos expuestos por los comisionados comprenden una serie de conductas diferenciadas, que podrían constituir más de uno de los supuestos del tipo infractor, y respecto del cual no se advierte mayor desarrollo por la instancia de sanción.

13 “6.20 Bajo ese entendimiento, consolidado en la corriente resolutiva del Tribunal de Fiscalización Laboral, se reitera que el registro de asistencia válido de acuerdo con las disposiciones legales vigentes es aquel que, conforme con el

constituye precedente vinculante para el sistema inspectivo, no exime a las instancias de efectuar un análisis integral de los medios probatorios.

Cabe señalar que en la referida resolución también se efectúa pronunciamiento respecto a las aparentes alteraciones del contenido de las hojas de tareo, resultando contradictorio si previamente a ello se establece que las mismas no constituyen un registro de control de asistencia.

artículo 3º del Decreto Supremo Nº 004-2006-TR, “puede ser llevado en soporte físico o digital, adoptándose medidas de seguridad que no permitan su adulteración, deterioro o pérdida”. En ese sentido resulta pertinente diferenciar el registro del control de asistencia y el tareo, ya que el primero constituye una obligación legal del empleador, al que la norma reserva una serie de características que debe cumplir para considerarlo válido, siendo materia de fiscalización por parte de la Autoridad Administrativa de Trabajo; mientras que el tareo es un documento de gestión interna del empleador, donde los trabajadores suelen registrar la ejecución de sus actividades diarias. Por tanto, dada la naturaleza del fenómeno objeto de registro y control – el cumplimiento de la jornada laboral - esta instancia de revisión deja constancia de que no contar con el registro de control de asistencia constituye una infracción de carácter insubsanable, por no poder retrotraerse el tiempo registrado (o el que se hubiere trabajado y no se haya registrado) a una verdad comprobable. (…)” 14 Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo “(...) 1.2. Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. (…) 1.11. Principio de verdad material. - En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse de ellas. En el caso de procedimientos trilaterales la autoridad administrativa estará facultada a verificar por todos los medios disponibles la verdad de los hechos que le son propuestos por las partes, sin que ello signifique una sustitución del deber probatorio que corresponde a estas. Sin embargo, la autoridad administrativa estará obligada a ejercer dicha facultad cuando su pronunciamiento pudiera involucrar también al interés público.”

constitucionalmente establecidos. Del mismo modo, la conducta de la Administración debe ser objetiva y clara en cuanto a la determinación de los hechos.

“7. El derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales es una garantía del justiciable frente a la arbitrariedad judicial y garantiza que las resoluciones no se encuentren justificadas en el mero capricho de los magistrados, sino en datos objetivos que proporciona el ordenamiento jurídico o los que se derivan del caso. Sin embargo, no todo ni cualquier error en el que eventualmente incurra una resolución judicial constituye automáticamente la violación del contenido constitucionalmente protegido del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales.

Así, en el Exp. N.º 3943-2006-PA/TC y antes en el voto singular de los magistrados Gonzales Ojeda y Alva Orlandini (Exp. N.º 1744-2005-PA/TC), este Colegiado Constitucional ha precisado que el contenido constitucionalmente garantizado de este derecho queda delimitado, entre otros, en los siguientes supuestos:

a) Inexistencia de motivación o motivación aparente. Está fuera de toda duda que se viola el derecho a una decisión debidamente motivada cuando la motivación es inexistente o cuando la misma es solo aparente, en el sentido de que no da cuenta de las razones mínimas que sustentan la decisión o de que no responde a las alegaciones de las partes del proceso, o porque solo intenta dar un cumplimiento formal al mandato, amparándose en frases sin ningún sustento fáctico o jurídico.

b) Falta de motivación interna del razonamiento. La falta de motivación interna del razonamiento [defectos internos de la motivación] se presenta en una doble dimensión; por un lado, cuando existe invalidez de una inferencia a partir de las premisas que establece previamente el Juez en su decisión; y, por otro lado, cuando existe incoherencia narrativa, que a la postre se presenta como un discurso absolutamente confuso incapaz de transmitir, de modo coherente, las razones en las que se apoya la decisión. Se trata, en ambos casos, de identificar el ámbito constitucional de la debida motivación mediante el control de los argumentos utilizados en la decisión asumida por el Juez o Tribunal; sea desde la perspectiva de su corrección lógica o desde su coherencia narrativa.

c) Deficiencias en la motivación externa; justificación de las premisas. El control de la motivación también puede autorizar la actuación del juez constitucional cuando las premisas de las que parte el Juez no han sido confrontadas o analizadas respecto de su validez fáctica o jurídica. Esto ocurre por lo general en los casos difíciles, como los

identifica Dworkin, es decir, en aquellos casos donde suele presentarse problemas de pruebas o de interpretación de disposiciones normativas. La motivación se presenta en este caso como una garantía para validar las premisas de las que parte el Juez o Tribunal en sus decisiones. Si un Juez, al fundamentar su decisión: 1) ha establecido la existencia de un daño; 2) luego, ha llegado a la conclusión de que el daño ha sido causado por “X”, pero no ha dado razones sobre la vinculación del hecho con la participación de “X” en tal supuesto, entonces estaremos ante una carencia de justificación de la premisa fáctica y, en consecuencia, la aparente corrección formal del razonamiento y de la decisión podrán ser enjuiciadas por el juez [constitucional] por una deficiencia en la justificación externa del razonamiento del juez. (…)

d) La motivación insuficiente. Se refiere, básicamente, al mínimo de motivación exigible atendiendo a las razones de hecho o de derecho indispensables para asumir que la decisión está debidamente motivada. Si bien, como ha establecido este Tribunal en reiterada jurisprudencia, no se trata de dar respuestas a cada una de las pretensiones planteadas, la insuficiencia, vista aquí en términos generales, sólo resultará relevante desde una perspectiva constitucional si es que la ausencia de argumentos o la “insuficiencia” de fundamentos resulta manifiesta a la luz de lo que en sustancia se está decidiendo.

e) La motivación sustancialmente incongruente. El derecho a la debida motivación de las resoluciones obliga a los órganos judiciales a resolver las pretensiones de las partes de manera congruente con los términos en que vengan planteadas, sin cometer, por lo tanto, desviaciones que supongan modificación o alteración del debate procesal (incongruencia activa). Desde luego, no cualquier nivel en que se produzca tal incumplimiento genera de inmediato la posibilidad de su control. El incumplimiento total de dicha obligación, es decir, el dejar incontestadas las pretensiones, o el desviar la decisión del marco del debate judicial generando indefensión, constituye vulneración del derecho a la tutela judicial y también del derecho a la motivación de la sentencia (incongruencia omisiva). Y es que, partiendo de una concepción democratizadora del proceso como la que se expresa en nuestro texto fundamental (artículo 139º, incisos 3 y 5), resulta un imperativo constitucional que los justiciables obtengan de los órganos judiciales una respuesta razonada, motivada y congruente de las pretensiones efectuadas; pues precisamente el principio de congruencia procesal exige que el juez, al momento de pronunciarse sobre una causa determinada, no omita, altere o se exceda en las peticiones ante él formuladas.

f) Motivaciones cualificadas. - Conforme lo ha destacado este Tribunal, resulta indispensable una especial justificación para el caso de decisiones de rechazo de la demanda, o cuando, como producto de la decisión jurisdiccional, se afectan derechos fundamentales como el de la libertad. En estos casos, la motivación de la sentencia opera como un doble mandato, referido tanto al propio derecho a la justificación de la decisión como también al derecho que está siendo objeto de restricción por parte del Juez o Tribunal.” (énfasis agregado)

taxativamente consideradas en el precitado artículo por no tratarse de una motivación insuficiente o parcial sino una aparente. Por ello, conforme al numeral 2 del artículo 10° del TUO de la LPAG, el acto deviene en nulo.

Artículo 10.- Causales de nulidad Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes: (…) 2. El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los supuestos de conservación del acto a que se refiere el artículo 14. (énfasis agregado)

Sobre la potestad del Tribunal para declarar la nulidad de los actos emitidos por las autoridades conformantes del Sistema de Inspección del Trabajo

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR; SE RESUELVE:

PRIMERO. – Declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de revisión interpuesto por IESA S.A., y, en consecuencia, NULA la Resolución de Sub Intendencia N° 105-2023-SUNAFIL/IRE-SISA-PAS, de fecha 25 de mayo de 2023, y la de los sucesivos actos y actuaciones emitidas en el procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 038-2023- SUNAFIL/IRE-PAS, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. – RETROTRAER el procedimiento administrativo sancionador al momento en que se produjo el vicio, esto es, a la emisión de la Resolución de Sub Intendencia N° 105-2023- SUNAFIL/IRE-SISA-PAS, de fecha 25 de mayo de 2023, a fin de que la instancia competente emita un nuevo pronunciamiento, considerando los alcances señalados en la presente resolución.

TERCERO. - Remitir los actuados a la Intendencia Regional de Pasco y a la Gerencia General de la SUNAFIL, a fin que, de considerarlo conveniente, procedan conforme a sus atribuciones y de acuerdo con lo señalado en el considerando 6.40 de la presente resolución.

CUARTO. - Notificar la presente resolución a IESA S.A., y a la Intendencia Regional de Pasco, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

20251015CEC – HR 178210-2023