Iberica de Mantenimiento S.A — Res. 683-2025

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Planillas o registros que la sustituyan (Submateria: Alta, modificación y baja en el T-Registro); Desnaturalización de la relación laboral (Submateria: Incluye todas); Jornada, horario de trabajo y descansos remunerados (Submateria: Jornada y horario de trabajo, horas extras, vacaciones, no goce de vacaciones). DE LAMA LAURA Manuel Gonzalo FAU 20555195444 soft 20555195444 soft

trabajadores con contratos a plazo indeterminado, por no acreditar el pago de las vacaciones, por no cumplir íntegra y oportunamente con la medida de requerimiento.

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de relaciones laborales, por no cumplir con las disposiciones relacionadas con la desnaturalización de la contratación sujetos a modalidad; tipificada en el numeral 25.5 del artículo 25 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 28,350.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de relaciones laborales, por no cumplir con el pago de la remuneración vacacional de los periodos 2017 y 2018, tipificada en el numeral 25.6 del artículo 25 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 41,580.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir con la medida inspectiva de requerimiento del 08 de mayo de 2019 incumplimiento de la medida de requerimiento, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 41,580.00.

i. A la fecha de imputación de cargos, diez (10) trabajadores decidieron desvincularse voluntariamente, por lo cual, si bien tal hecho no supuso ni acredita que se haya cumplido con el cambio a indeterminado, sin embargo, no se ha tomado en cuenta que, si tales trabajadores cesaron antes de tomar conocimiento del inicio del procedimiento sancionador, no era posible cambiar su status. Asimismo, dado que se produjo su cese voluntario y, teniendo en cuenta que los beneficios laborales son iguales para trabajadores a plazo fijo y a indeterminado, no ha habido un perjuicio económico para los mismos. ii. Respecto a los trabajadores los señores Alanya, Canales y Cerna, se ha cumplido con efectuar la subsanación de las faltas antes del informe de imputación de cargos, razón por la cual la autoridad instructora debió cumplir con lo señalado

por el artículo 17 del RLGIT y no solo limitarse a enunciar que un solo trabajador había realizado la modificación sin evaluar ni calibrar dicha subsanación. iii. El trabajador el señor Meza ingresó el 28 de marzo de 2019 para reemplazar al trabajador el señor Cabellos por el plazo de un (01) mes, de acuerdo con lo señalado por su propio contrato de trabajo a plazo determinado. Dicha contratación se originó debido al descanso médico del señor Mamani, por lo que tuvo que ausentarse de su puesto de trabajo. Por tal motivo, el trabajador Meza Pérez no podía ser considerado como indeterminado. iv. La empresa declara haber subsanado las infracciones detectadas por la Autoridad competente con anterioridad al 13 de agosto de 2021, por lo que se solicita acceder al beneficio contemplado en el artículo 40 de la LGIT correspondiente a una reducción de multa al 30% de la multa originalmente impuesta respecto de solo diez (10) trabajadores. v. Se solicita, además, que el monto de la multa respecto a la desnaturalización de los contratos sujetos a modalidad, debe ser atenuada, en razón a criterios de gravedad de la falta y número de trabajadores realmente afectados. vi. La empresa expresa, respecto al incumplimiento con el pago de la remuneración vacacional, que los descansos vacacionales fueron correctamente abonados, esto es, con anterioridad incluso a la fiscalización realizada (antes del Acta de infracción), conforme se puede observar de las autorizaciones de vacaciones. Asimismo, señala que los pagos por remuneración vacacional siempre fueron realizados, conforme se puede observar de los reportes bancarios que se presentan, los cuales no fueron exhibidos en el marco de la fiscalización, ya que está entendió que las boletas de vacaciones eran suficientes para acreditar el cumplimiento, máxime si la inspectora de trabajo no solicitó que se presentarán los reportes de movimientos bancarios en el marco de la fiscalización. vii. La empresa declara que no se pueden imponer sucesiva o simultáneamente una pena y una sanción administrativa por el mismo hecho en los casos en que se aprecie la identidad del sujeto, hecho y fundamento, situación que se manifiesta en el presente caso (Non Bis In Idem). viii. En relación al tipo infractor establecido en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT, este obedece a un “no cumplimiento oportuno”, esto es, a un cumplimiento que no es realizado en el momento que corresponde. En el caso concreto, en la fecha señalada para el cumplimiento (23 de mayo de 2019) y para dicha fecha, se habría cumplido con presentar la información con la que la empresa contaba y consideraba idónea para el cumplimiento de su obligación. Sin embargo, la incorporación del concepto “la totalidad de lo requerido” adolece de total tipicidad y es una antojadiza interpretación que realiza, del tipo infractor, tanto la inspectora como las autoridades sancionadoras, por lo que se estaría vulnerando el principio de tipicidad y el de legalidad.

ix. La resolución apelada es nula, toda vez que la Autoridad Instructora no realizó un análisis razonable ni proporcional respecto del real cumplimiento de las obligaciones al no parecerle suficiente las pruebas aportadas, sin requerir las transacciones; más bien inmediatamente propone multa con lo que va en contra de la finalidad de la fiscalización en materia laboral. x. Por otra parte, no se realiza ningún tipo de análisis de las razones por las cuales las pruebas presentadas no causan convicción del cumplimiento de las obligaciones laborales ya que lejos de valorarlas, se limita a enumerarlas señalando que no le generan convicción. Asimismo, resulta ser tan superficial el análisis que realiza de la causal probatoria que ni siquiera tomó en consideración un análisis individualizado de cada trabajador, como realmente corresponde para proponer una sanción económica tan elevada: tales son los casos del señor Meza que tenía un contrato a todas luces por suplencia.

i. Preliminarmente, en torno a la extinción de los contratos de trabajo de catorce (14) trabajadores a la fecha de imputación de cargos, de la revisión de los actuados, se advierte la presentación de nueve (09) “Constancias de Baja de Trabajador” (Formulario 1604-3, 6 por renuncia y 3 por término de la obra o servicio) 1 y seis (6) cartas de renuncia2 (respecto al extrabajador el señor Bonilla se presentó carta de renuncia y constancia de baja de trabajador). ii. Sin embargo, dichos documentos no desvirtúan la infracción ni lo eximen de responsabilidad en tanto que, cuando se iniciaron las actuaciones inspectivas, estos mantenían vínculo laboral con el inspeccionado a través de contratos de trabajo sujetos a modalidad que, conforme a lo señalado en el numeral 4.14 y 4.15 de los Hechos Constatados en el Acta de Infracción por el personal inspectivo, estos fueron desnaturalizados, por lo que el estado de extrabajadores no enerva la responsabilidad incurrida, toda vez que no fueron considerados con vínculo laboral indefinido, conforme lo requirió el personal inspectivo en estricto cumplimiento a las disposiciones establecidas por ley en su oportunidad. iii. De la revisión de los anexos presentados en el recurso impugnatorio3, se verifica un total de once (11) trabajadores de los que fueron modificadas su situación laboral a contrato indeterminado. En el caso del trabajador Pedro Arturo Cerna Rojas, se modificó el contrato a plazo fijo a contrato a plazo indeterminado antes de la notificación de la Imputación de Cargos, es decir, antes del 30 de diciembre de 2020, tal como se aprecia de la Cédula de Notificación N° 60584-2020, que obra a folios 13 de autos; por lo que corresponde la eximente de responsabilidad conforme al inciso f) del numeral 1) del artículo 257 del TUO de la LPAG. Por tanto, se revoca la sanción impuesta respecto a dicho trabajador. iv. Del resto de los trabajadores, la modificación es posterior a la notificación de la imputación de cargos, lo que configuraría una subsanación y reducción de multa conforme al artículo 40 de la LGIT. Sin embargo, para la aplicación de dicha reducción, se debe acreditar la subsanación total de la infracción, lo que no ha sucedido en el presente caso. v. Respecto a la contratación del extrabajador el señor Meza, de la revisión del documento denominado “Contrato de Trabajo Sujeto a Modalidad”, además del

2 Notificada a la impugnante el 05 de septiembre de 2022, véase folio 325 del expediente sancionador.

anexo denominado “Constancia de Baja de Trabajador” (Formulario 1604-3)5 de fecha 02 de mayo de 2019, en el que se detalla que la fecha de baja del extrabajador el señor Meza fue el 28 de abril de 2019, el cual coincide con la fecha de término del contrato antes mencionado, en vista de ello, dichos documentos acreditan la causa objetiva determinante de la contratación modal y se justificó el nacimiento de la relación laboral sujeta a modalidad de naturaleza temporal por suplencia con el extrabajador Meza. De esta manera, en virtud del Principio de Presunción de Veracidad contenido en el artículo IV numeral 1.7 del TUO LPAG, corresponde revocar la sanción impuesta en dicho extremo respecto a tal trabajador; y teniendo en cuenta lo señalado en el considerando 3.4; así, el número total de trabajadores afectados queda en veintiséis (26), situación que no altera el monto de la multa impuesta, toda vez que no se ha modificado la tabla de cuantía establecido en el artículo 48 del RLGIT. vi. De la revisión de la documentación presentada, obra a folios 121, 124, 126 al 300 del expediente sancionador los documentos denominados “Solicitud y Autorización de Vacaciones”, los cuales no constituyen un medio idóneo para acreditar el cumplimiento del pago de la obligación, considerando que dichos documentos no acreditan, por sí mismos, el pago de la remuneración vacacional adeudada por el inspeccionado. Además de ello, obra a folios 52 al 123, las copias del “Detalle de Pagos Masivos”, que pormenoriza el nombre de beneficiario, número de cuenta de abono ordenada, el monto de abono, fecha y resultado de la operación, en el cual se señalan los estados “abono ok”, “op enviada al banco de destino”, “cuenta de abono cancelada”, “no identificado” y “no se ejecutó”. Ahora bien, se debe considerar que, la conducta que se le imputa al inspeccionado es por no cumplir con el pago de la remuneración vacacional por los periodos 2017 y 2018. Es decir, el pago efectuado debía acreditar que correspondía a ese concepto. Sin embargo, de la lectura de la sección “Tipo de Pago” de los mencionados documentos, se consigna los conceptos por “Pago de Haberes” y “CTS Soles” que, si bien datan de fechas anteriores a la notificación de Imputación de Cargos, dichos conceptos no son materia del procedimiento sancionador. Por tal motivo, el inspeccionado no ha aportado algún medio probatorio adicional, que acredite que los montos detallados por cada trabajador en los documentos presentados sean los correspondientes por el pago de la remuneración vacacional. En razón a ello, con la documentación presentada no se acredita el cumplimiento, por parte del inspeccionado, de sus obligaciones sociolaborales. vii. Sobre la medida inspectiva de requerimiento, si bien se acredita su incumplimiento, debido a que se ha dejado sin efecto la sanción por no cumplir con las disposiciones relacionadas con la desnaturalización de la contratación sujetos a modalidad respecto a los trabajadores, los señores Cerna y Meza, conforme a lo expuesto en los considerandos 3.3, 3.4 y 3.7 de dicha resolución, no corresponde sancionar por el incumplimiento del requerimiento con relación

a estos dos (02) trabajadores, por lo que el incumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento se mantiene y se sustenta solamente en el extremo del incumplimiento por parte del inspeccionado de lo requerido sobre desnaturalización laboral y vacaciones, en perjuicio de ochenta y ocho (88) trabajadores. viii. En el presente caso no ha existido transgresión al principio Non Bis In Idem, toda vez que los hechos y fundamentos constitutivos de las infracciones, atribuidas al inspeccionado en el presente procedimiento, son distintos. ix. No se verifica la existencia de causales de nulidad que recaigan en la resolución apelada conforme al artículo 10 del TUO de la LPAG; cabe hacer énfasis, por ende, que resulta infundada cualquier pretensión de nulidad planteada contra la resolución apelada, al haberse justificado las razones de su decisión y tipificado debidamente las infracciones materia de análisis, sin vulnerar los principios que alude la inspeccionada en su recurso de apelación.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 4“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia.” 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.”

del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR6, y el artículo 2 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR7 (en adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

Del Recurso De Revisión

6“Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL. Artículo 17. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia.” 7“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE IBERICA DE MANTENIMIENTO S.A. SUCURSAL DEL PERU

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 23 de septiembre de 2022, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 1470-2022-SUNAFIL/ILM, señalando los siguientes alegatos:

i. En cuanto a la desnaturalización de los contratos a plazo fijo de 28 trabajadores, con fecha 07 de enero de 2021 se presentaron los descargos adjuntando los siguientes documentos: “2) constancia de actualización y modificación, 3)

8 Artículo 14 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2017- TR.

constancia de baja, 4) cartas de renuncia y 5) contratos a plazo indeterminado. Se Indicó que 16 trabajadores ya habían cesado por renuncias”. ii. Con fecha 30 de junio de 2021, se notificada el Informe de Instrucción N° 1233- 2021/SUNAFIL/ILM/AI, el cual señala en su Punto 6 que no se ha acreditado el registro de la planilla electrónica: a. Respecto de los 12 trabajadores que aún se encuentran en planilla se inscribieron en la planilla el 06 y 07 de enero y el trabajador el señor Cerna el 10 de octubre de 2019. b. Respecto de los 16 trabajadores cesados señala que no se acreditó que hayan sido colocados como indeterminados. c. En consecuencia, el sujeto inspeccionado acredita el registro en su planilla electrónica de doce (12) trabajadores, sin embargo, no acredita el cumplimiento de manera íntegra de los veintiocho (28) trabajadores, por lo tanto, no desvirtúa la infracción imputada. iii. Se notifica el 21 de julio de 2021, la Resolución Sancionadora 530-2021 señalando, sobre este punto, que efectivamente se advierte la configuración de la infracción en materia de relaciones laborales, concretamente por no cumplir con las disposiciones relacionadas con la desnaturalización de los contratación sujetos a modalidad; más aún señala que, LA EMPRESA no ha efectuado su respectivo descargo ni ha aportado pruebas con la que desestime la infracción determinada por la Autoridad Instructora en este extremo. iv. La resolución de segunda instancia determinó que, en torno a la extinción de los contratos de trabajo de 14 trabajadores, a la fecha de imputación de cargos, dichos documentos no desvirtúan la infracción ni eximen responsabilidad en tanto que, cuando se iniciaron las actuaciones inspectivas, estos mantenían vínculo laboral. Del mismo modo, verifica que 11 trabajadores vieron modificada su situación laboral a contrato indeterminado; sin embargo, la modificación es posterior a la notificación de la imputación de cargos y acta de infracción, lo que configuraría la subsanación y reducción de multa. Por último, en relación con los trabajadores, los señores Cerna y Meza señalan que corresponde revocar la sanción impuesta, pero que ello “no altera la cuantía” de la multa impuesta. v. En relación a lo señalado, se advierte que la multa impuesta no es razonable ni proporcional: − A la fecha de imputación de cargos, fecha en que inicia el procedimiento sancionador (30 de diciembre de 2020), dieciséis (16) trabajadores/as sobre los cuales se había realizado la fiscalización ya se encontraban sin vínculo laboral por lo que era imposible que cambiar su condición. Es decir, era imposible jurídicamente intentar cumplir con el requerimiento efectuado. Asimismo, no posible perder de vista que, de 14 de los trabajadores que se encuentran en dicha condición, 10 cesaron por total voluntad presentando sus respectivas renuncias, por

lo que no se le produjo ninguna afectación económica, es decir, no se produjo uno de los criterios que deben ser analizado al momento de imponerse una multa, conforme a lo establecido en el artículo 248 del TUO de la LPAG. − A la fecha de imputación de cargos, fecha en que inicia el procedimiento sancionador (30 de diciembre de 2020), tres (03) trabajadores ya habían cumplido con subsanar la infracción detectada. Respecto de ellos no se dice nada en la resolución, ni menos aún se considera al momento de analizar la graduación efectuada para imponer la multa. − Se modificó la condición a contrato a plazo indeterminado de ocho (08) trabajadores hasta antes del vencimiento del plazo de interponer el recurso de apelación (13 de agosto de 2021), por lo que se solicita acceder al beneficio contemplado en el artículo 40 de la LGIT correspondiente una reducción de multa. vi. Conforme se puede observar del cuadro inserto en el escrito de revisión, a la fecha de la imputación de cargos, diez (10) trabajadores renunciaron, es decir, 10 trabajadores decidieron desvincularse voluntariamente de LA EMPRESA. Así, si bien tal hecho no supuso ni acredita que se haya cumplido con el cambio a indeterminado, sin embargo, no fue tomado en cuenta que, si tales trabajadores cesaron antes de tomar conocimiento del inicio del procedimiento sancionador, no fue posible cambiar su status. Asimismo, dado que se produjo voluntariamente su cese y, teniendo en cuenta que los beneficios laborales son iguales para trabajadores trabajo fijo y a indeterminado, no ha habido un perjuicio económico para los trabajadores. vii. Además, existen tres (03) trabajadores señalados en el escrito de revisión, respecto de los cuales se cumplió con efectuar la subsanación de la falta antes del informe de imputación de cargos, razón por la cual la autoridad instructora debió cumplir con lo señalado por el artículo 17 del RLGIT. viii. Sin embargo, la autoridad recurrida se limitó a señalar que un solo trabajador había cambiado su condición (sin referirse a los otros) e indicando “sorprendentemente” que ello en nada alteraba la multa. Dicha posición muestra la total lejanía del pronunciamiento con la finalidad del procedimiento fiscalizador. ix. Además, existe un grupo de ocho (08) trabajadores respecto de los cuales se cumplió con la modificación a contratación a plazo indeterminado, es decir, respecto de los cuales se cumplió con subsanar la infracción hasta antes del vencimiento del plazo para interponer apelación (13 de agosto de 2021). Tal como se puede observar, la empresa ha tenido la intencionalidad de cumplir con lo señalado por la Autoridad competente y lo ha hecho dentro del plazo previsto en el literal b) del artículo 40 de la LIGT. En dicho sentido, solo de los trabajadores el señor Julca, con cese en 28 de febrero de 2020 y el señor Vera, con cese en 28 de febrero de 2020, se puede indicar que es imposible subsanar las infracciones detectadas. x. Respecto a todo lo indicado, los hechos señalados han sido dejados de lado por las autoridades competentes al momento de merituar la sanción, más aún si claramente el artículo 38 de la LGIT señala los criterios de graduación de las sanciones. Por tanto, se puede concluir que, de haberse evaluado razonable y proporcionalmente con los criterios establecidos legalmente, y a la luz de los hechos descritos, la multa que correspondía ser impuesta debió ser atenuada pues no se habla de una falta que revista una gravedad extrema ni se ha generado un perjuicio económico a los trabajadores.

xi. Sobre el incumplimiento del pago de la remuneración vacacional a 62 trabajadores y la falta de la debida motivación en el medio probatorio aportado. Al respecto, los descargos a la imputación de cargo fueron presentados con fecha 07 de enero de 2021, donde se señaló que: “[Se] cumplió oportunamente con presentar todas las boletas de pago vacaciones de los periodos 2017 y 2018 en forma física y digital, los mismos que fueran entregados a la Inspectora de Trabajo Ofelía Taledo López sin que medie observación por parte de la Inspectora, adjunto a la presente la constancia de actuaciones inspectivas de investigación del 23 de mayo del 2019. Sin perjuicio de ello, adjunto remitimos copias de todas las boletas de pago de vacaciones de los periodos 2017 y 2018.” xii. Con fecha 30 de junio de 2021, se notifica el Informe de Instrucción el cual señala, en su Punto III.3 que no se ha acreditado el pago de las vacaciones por los periodos 2017 y 2018, puesto que: a. Las boletas de vacaciones no se encuentran debidamente suscritas. b. No se adjunta las constancias de transferencias bancarias que acrediten los pagos. xiii. Finalmente se notifica el 21 de julio de 2021, la Resolución Sancionadora 530- 2021, concluyendo que se ha configurado la infracción en materia de relaciones laborales, concretamente por no cumplir con las disposiciones relacionadas con el pago de la remuneración vacacional; más aún si la empresa no ha efectuado su respectivo descargo ni ha aportado pruebas con la que desestime la infracción determinada por la Autoridad Instructora en este extremo. Es de indicar que, tanto en la apelación como a lo largo del presente procedimiento, la empresa ha presentado los documentos internos que sustentan las fechas del otorgamiento de los descansos vacacionales, tanto las boletas de pago como las autorizaciones y solicitudes de vacaciones. xiv. Además, en el último recurso se ha presentado el documento denominado “Detalle de Pagos Masivos” , respecto del cual la autoridad de segunda instancia indica que, si bien se consignan los conceptos de pago de haberes y CTS Soles, los que datan de fechas anteriores a la notificación de la Imputación de Cargos, dichos conceptos no son materia del procedimiento sancionador, concluyendo que no se aportan medios probatorios adicionales que acrediten que los montos detallados por cada trabajador sean los correspondientes por el pago de la remuneración vacacional. xv. Dichas conclusiones demuestran una clara despreocupación por verificar el real cumplimiento de las obligaciones laborales y evidencia su búsqueda exclusiva por sancionar, considerando que: − Las cuentas en la que los trabajadores reciben sus pagos son: 1) cuentas de pago de haberes, y 2) cuentas de CTS. − En dicho sentido, tomando en consideración que por pago de haberes se refiere a los pagos que mensualmente se realizan (remunerativo o no,

beneficio social legal, colectivo, etc.), sería impensable que las empresas efectúen depósitos bajo la modalidad de trabajador por trabajador, con un único voucher de depósito por cada uno de ellos − Por tanto, la empresa solicitó el detalle de las transferencias totales por los periodos requeridos. Si bien dicha información es amplia, pues representa la totalidad de las transferencias, sin embargo, la dificultad para la revisión de la documentación de ninguna manera podría originar que el medio de prueba consistente en “Detalle de Pagos Masivos” no haya sido valorado o haya sido visto superficialmente. − Dada la dificultad evidente de su revisión, se solicitó un documento más acotado con menos movimientos que hiciera fácil la revisión, el cual se adjunta al presente recurso. Dicho documento contiene la misma información y división entre haberes y CTS, pero con menos líneas de reportes de otras acciones e interacciones bancarias empresariales. Dicho medio de prueba acredita fehacientemente que los depósitos consignados en las boletas de pago, en los meses que figuran, han sido debidamente pagados. xvi. Por tanto, se solicita que se valore los medios de prueba de conformidad con lo señalado en el criterio normativo aprobado por la Resolución de Superintendencia N° 016-2020-SUNAFIL. xvii. En relación a la Medida Inspectiva de Requerimiento, la imputación de cargos, en el párrafo 22 [del Informe Final], señala que la medida se tomó en fecha 23 de mayo de 2019; sin embargo, en la resolución sancionadoras se indica que, el administrado, no cumplió con la medida adoptada el 08 de mayo de 2019. Además, la misma autoridad de primera instancia ha precisado que, de la revisión de los documentos obrantes en autos, se advierte la configuración de la infracción a la labor inspectiva, concretamente por no haber cumplido con lo ordenado, más aún si el administrado, al formular su descargo, no ha efectuado cuestionamiento alguno ni ha aportado pruebas con las que desestime la infracción determinada por la Autoridad instructora en dicho extremo. xviii. Las constantes referencias cruzadas del 08 y 23 de mayo de 2019 para identificar la supuesta fecha del hecho infractor no hace más que evidenciar el superficial análisis que se ha realizado del caso materia del presente recurso. xix. Se ha vulnerado el principio del Non Bis In Idem, configurándose la triple identidad: a) identidad de sujetos: contra el mismo administrado, b) identidad de hechos: por un lado habría incumplimiento de disposiciones laborales (las cuales, además, estamos cuestionando aquí en referencia a los supuestos no pagos de vacaciones que fueron oportunamente pagados) y, de otro lado, estaría el no acatar una orden dada al inspeccionado [sobre el cumplimiento de dichas obligaciones laborales], c) en relación a los bienes jurídicos protegidos estaría el de “proteger los bienes jurídicos del Sistema de Inspección del Trabajo.” xx. Se ha vulnerado el principio de tipicidad y legalidad, en relación a la infracción tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. La misma sanciona un no cumplimiento oportuno; sin embargo, en el presente caso, si se ha cumplido con presentar la información con la que la empresa contaba y consideraba idónea para el cumplimiento de su obligación. Se incorpora el concepto de “la totalidad de lo requerido”, el cual adolece de tipicidad. En relación a la vulneración al principio de tipicidad, el artículo 36 de la LGIT claramente establece que “no cumplir con la totalidad de una medida de requerimiento" no constituye una infracción. xxi. La resolución, además, es nula por infracción al debido proceso, considerando que confirma las tres infracciones concretas, pero no ha tomado en cuenta los

argumentos respecto a la gradualidad de la sanción prevista legalmente ni las pruebas presentadas en torno al cumplimiento de las obligaciones en materia de descanso vacacional. xxii. Respecto al primer argumento la empresa, conforme se la narración cronológica, procuró realizar los cambios solicitados (en el caso de la contratación indeterminada) dentro de las fechas indicadas (trasladando a la totalidad de trabajadores que les fue materialmente posible a plazo indeterminado hasta antes de la fecha de imputación de cargos). Asimismo, no ha sido valorado ni merituado que la totalidad de trabajadores que aún se encontraban con vínculo laboral vigente fueron registrados como indeterminados, no merituándose a fin de disponer razonablemente la sanción. xxiii. Sobre el segundo argumento, la resolución recurrida no realiza ningún tipo de análisis de las razones por las cuáles las pruebas presentadas no causan convicción del cumplimiento de las obligaciones laborales pues, lejos de valorarlas (asignándole determinado valor probatorio), se limita a señalar que “no se está verificando lo depositado en las cuentas de haberes”, lo cual denota un análisis bastante superficial del medio probatorio. Siguiendo con los ejemplos de una vista superficial del caso, se solicita respecto de los trabajadores, los señores Vastillo, Cochachin y Hernández, la acreditación de adeudos supuestamente por el 2017 y 2018 cuando sus fechas de ingresos recién fueron el 02 de enero de 2017, por lo que recién tendrían derecho a ganar para el periodo 2018, lo cual lleva a señalar que se realizó un pobre análisis de las pruebas presentadas. xxiv. Al respecto, se debe considerar que la etapa de investigación concluye con el Acta de Infracción, iniciándose el Procedimiento Sancionador, el mismo que se sustenta en principios tanto de los procedimientos administrativos generales, como en los sancionadores, los cuales han sido vulnerados. Así se vulnera el principio de razonabilidad, principio de verdad material, razonabilidad, tipicidad, Non Bis In Idem. xxv. Se debe considerar lo señalado en la Resolución de Sala Plena N° 001-2021- SUNAFIL/TFL-Primera Sala, donde se establece que, para la aplicación del criterio en él recogido, siempre será determinante el examen de la motivación que consta en el Acta de Infracción. xxvi. Se reitera la solicitud de aplicación de la reducción de la multa al 30% del monto impuesto, una vez que el monto haya sido recalculado en función de los puntos señalados en la impugnación, de acuerdo al artículo 40 de la LGIT.

Análisis Del Recurso De Revisión

De la vulneración al principio del debido procedimiento

“Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten…” (énfasis añadido).

“2. El Tribunal Constitucional estima oportuno recordar, conforme lo ha manifestado en reiterada y uniforme jurisprudencia, que el debido proceso, como principio constitucional, está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Vale decir que cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea este administrativo -como en el caso de autos- o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal” (énfasis añadido).

“Tal como ya lo tiene expresado este Tribunal en uniforme y reiterada jurisprudencia, el derecho al debido proceso tiene un ámbito de proyección sobre cualquier tipo de proceso o procedimiento, sea éste judicial, administrativo o entre particulares. Así, se ha establecido que el derecho reconocido en el inciso 3) del artículo 139° de la Constitución no sólo tiene un espacio de aplicación en el ámbito "judicial", sino también en el ámbito administrativo" y, en general, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ha sostenido, puede también extenderse a "cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional, (el que) tiene la obligación de adoptar resoluciones apegadas a las garantías del debido proceso legal, en los términos del artículo 8° de la Convención Americana". (Caso Tribunal Constitucional del Perú, párrafo 71). De igual modo la Corte Interamericana sostiene –en doctrina que ha hecho suya este Colegiado en la sentencia correspondiente al Exp. N° 2050-2002-AA/TC– que "si bien el artículo 8° de la Convención Americana se titula “Garantías Judiciales”, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto, sino al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a efectos de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos"(párrafo 69). (…)” (énfasis añadido).

Código Procesal Constitucional9. A este entender, en la Sentencia recaída en el Expediente N° 00312-2011-AA, estableció una serie de elementos vinculados a la motivación de los actos administrativos, resaltando la definición de la naturaleza jurídica de la motivación de actos administrativos: una garantía constitucional que busca evitar la arbitrariedad de la Administración. Señalando, además, lo siguiente:

“4. Este Tribunal ha tenido oportunidad de expresar su posición respecto a la motivación de los actos administrativos, expresando que:

“[…][E]l derecho a la motivación de las resoluciones administrativas es de especial relevancia. Consiste en el derecho a la certeza, el cual supone la garantía de todo administrado a que las sentencias estén motivadas, es decir, que exista un razonamiento jurídico explícito entre los hechos y las leyes que se aplican. […]

La motivación de la actuación administrativa, es decir, la fundamentación con los razonamientos en que se apoya es una exigencia ineludible para todo tipo de actos administrativos, imponiéndose las mismas razones para exigirla tanto respecto de actos emanados de una potestad reglada como discrecional.

El tema de la motivación del acto administrativo es una cuestión clave en el ordenamiento jurídico-administrativo, y es objeto central de control integral por el juez constitucional de la actividad administrativa y la consiguiente supresión de los ámbitos de inmunidad jurisdiccional.

Constituye una exigencia o condición impuesta para la vigencia efectiva del principio de legalidad, presupuesto ineludible de todo Estado de derecho. (…)

En esa medida, este Tribunal debe enfatizar que la falta de motivación o su insuficiencia constituye una arbitrariedad e ilegalidad, en la medida en que es una condición impuesta por la Ley N.° 27444. Así, la falta de fundamento racional suficiente de una actuación administrativa es por sí sola contraria a las garantías del debido procedimiento administrativo.” (STC 00091-2005-PA, fundamento 9, párrafos 3, 5 a 8, criterio reiterado en STC 294-2005-PA, STC 5514-2005-PA, entre otras).

Adicionalmente se ha determinado en la STC 8495-2006-PA/TC que: “un acto administrativo dictado al amparo de una potestad discrecional legalmente establecida resulta arbitrario cuando sólo expresa la apreciación individual de quien ejerce la competencia administrativa, o cuando el órgano administrativo, al adoptar la decisión, no motiva o expresa las razones que lo han conducido a adoptar tal decisión. De modo que, motivar una decisión no sólo significa expresar únicamente bajo qué norma legal se expide el acto administrativo, sino, fundamentalmente, exponer en forma sucinta

9 Numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG “Los jueces interpretan y aplican las leyes o toda norma con rango de ley y los reglamentos según los preceptos y principios constitucionales conforme a la interpretación que resulte de las resoluciones del Tribunal Constitucional”.

–pero suficiente– las razones de hecho y el sustento jurídico que justifican la decisión tomada” (énfasis añadido).

Sobre la presunta vulneración a la motivación de las resoluciones

10 “TUO de la LPAG Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo (…) 1.11. Principio de verdad material. - En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse de ellas. En el caso de procedimientos trilaterales la autoridad administrativa estará facultada a verificar por todos los medios disponibles la verdad de los hechos que le son propuestos por las partes, sin que ello signifique una sustitución del deber probatorio que corresponde a estas. Sin embargo, la autoridad administrativa estará obligada a ejercer dicha facultad cuando su pronunciamiento pudiera involucrar también al interés público”.

serie de elementos vinculados a la motivación de los actos administrativos, resaltando la definición de la naturaleza jurídica de la motivación de actos administrativos: una garantía constitucional que busca evitar la arbitrariedad de la Administración. Señaló, además, lo siguiente:

“4. Este Tribunal ha tenido oportunidad de expresar su posición respecto a la motivación de los actos administrativos, expresando que: “[…][E]l derecho a la motivación de las resoluciones administrativas es de especial relevancia. Consiste en el derecho a la certeza, el cual supone la garantía de todo administrado a que las sentencias estén motivadas, es decir, que exista un razonamiento jurídico explícito entre los hechos y las leyes que se aplican. […] La motivación de la actuación administrativa, es decir, la fundamentación con los razonamientos en que se apoya es una exigencia ineludible para todo tipo de actos administrativos, imponiéndose las mismas razones para exigirla tanto respecto de actos emanados de una potestad reglada como discrecional. El tema de la motivación del acto administrativo es una cuestión clave en el ordenamiento jurídico-administrativo, y es objeto central de control integral por el juez constitucional de la actividad administrativa y la consiguiente supresión de los ámbitos de inmunidad jurisdiccional. Constituye una exigencia o condición impuesta para la vigencia efectiva del principio de legalidad, presupuesto ineludible de todo Estado de derecho. A ello, se debe añadir la estrecha vinculación que existe entre la actividad administrativa y los derechos de las personas. Es indiscutible que la exigencia de motivación suficiente de sus actos es una garantía de razonabilidad y no arbitrariedad de la decisión administrativa. En esa medida, este Tribunal debe enfatizar que la falta de motivación o su insuficiencia constituye una arbitrariedad e ilegalidad, en la medida en que es una condición impuesta por la Ley N° 27444. Así, la falta de fundamento racional suficiente de una actuación administrativa es por sí sola contraria a las garantías del debido procedimiento administrativo.” (STC 00091-2005-PA, fundamento 9, párrafos 3, 5 a 8, criterio reiterado en STC 294-2005-PA, STC 5514-2005-PA, entre otras). Adicionalmente se ha determinado en la STC 8495-2006-PA/TC que: “un acto administrativo dictado al amparo de una potestad discrecional legalmente establecida resulta arbitrario cuando sólo expresa la apreciación individual de quien ejerce la competencia administrativa, o cuando el órgano administrativo, al adoptar la decisión, no motiva o expresa las razones que lo han conducido a adoptar tal decisión. De modo que, motivar una decisión no sólo significa expresar únicamente bajo qué norma legal se expide el acto administrativo, sino, fundamentalmente, exponer en forma sucinta – pero suficiente– las razones de hecho y el sustento jurídico que justifican la decisión tomada” (énfasis añadido).

“La falta de motivación equivale a una falta de fundamentación y afecta la validez del acto, ya que la Administración Pública no puede obrar arbitrariamente. Las decisiones de las entidades deben expresar los motivos de hecho y de derecho que concurren para determinar la legitimidad del acto. Por dicha razón, la ausencia de motivación constituye un vicio transcendente, que no es susceptible de enmienda, no siendo posible la aplicación de la conservación del acto” (énfasis añadido).

“El derecho a la motivación de las resoluciones administrativas es de especial relevancia. Consiste en el derecho a la certeza, el cual supone la garantía de todo administrado a que las sentencias estén motivadas, es decir, que exista un razonamiento jurídico explícito entre los hechos y las leyes que se aplican” (énfasis añadido).

Sobre los presuntos vicios de motivación en el procedimiento administrativo sancionador

11 “TUO de la LPAG Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo (…) 1.11. Principio de verdad material. - En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse de ellas. En el caso de procedimientos trilaterales la autoridad administrativa estará facultada a verificar por todos los medios disponibles la verdad de los hechos que le son propuestos por las partes, sin que ello signifique una sustitución del deber probatorio que corresponde a estas. Sin embargo, la autoridad administrativa estará obligada a ejercer dicha facultad cuando su pronunciamiento pudiera involucrar también al interés público”. 12 GUZMÁN NAPURÍ, Christian. Manual del Procedimiento Administrativo General. 3era ed. Lima: Instituto Pacifico, 2017. p. 348.

Sobre la infracción por no cumplir con registrar contratos a plazo indeterminado: − De la relación de los 28 trabajadores, actualmente dieciséis (16) trabajadores ya no laboran en la empresa. Se adjuntaron bajas el T Registro o Liquidación de Beneficios Sociales. − Respecto a los 12 trabajadores restantes, actualmente se hallan laborando y se encuentran registrados con contratos de trabajo a plazo indeterminado para lo cual se adjunta el Registro de la Planilla Electrónica.

Sobre la infracción por no efectuar el pago de vacaciones: − Se adjunta copia de todas las boletas de pago de vacaciones de los periodos 2017 y 2018, correspondiente a los 63 colaboradores contenidos en el cuadro 2 página 9 de 12 y 10 de 12 del Acta de Infracción.

Sobre la infracción por no acreditar el cumplimiento de la medida de requerimiento: − Se adjunta constancia de actuaciones inspectivas de investigación del 08 de mayo de 2019, donde acredita ampliación de plazo concedido por la inspectora de trabajo.

13 Ver de los folios 14 al 28 del expediente administrativo sancionador. 14 Ver de los folios 29 a 33 del expediente sancionador. 15 Alanya Huamán Luis Fernando, Bonilla Gutiérrez Dick Erick, Canales Saldaña Melecio Samuel, Cerna Rojas Pedro Arturo, Diaz Lloctun Johan, Espinoza Cancho María del Pilar, Pisco Tuanama Gilmer, Pucamayo Pacheco Cesar Augusto, Ramos Olazábal Jorge Yoel, Rochabrum Izquierdo Elena del Rosario, Urdanivia Abad Juan Manuel y Mamani Cabellos Luis Miguel,

2019. Del mismo modo, en relación a otros dieciséis (16) trabajadores, la revisión de sus constancias de baja en de la planilla electrónica permiten advertir que estas se realizaron entre abril de 2019 y diciembre de 2020, a excepción del trabajador el señor Hidalgo, cuya baja fue realizada con fecha 04 de enero de 2021.

Figura N° 01

Figura N° 02

Figura N° 03

16 Punto vii y viii del acápite V. Fundamentos del Recurso de Revisión del presente pronunciamiento. 17 Punto ix del acápite V. Fundamentos del Recurso de Revisión del presente pronunciamiento. 18 Punto x del acápite V. Fundamentos del Recurso de Revisión del presente pronunciamiento.

vacacionales, tanto las boletas de pago como las autorizaciones y solicitudes de vacaciones19.

19 Punto xiii del acápite V. Fundamentos del Recurso de Revisión del presente pronunciamiento. 20 Punto xiv al xvi del acápite V. Fundamentos del Recurso de Revisión del presente pronunciamiento. 21 Fundamento 3.2 de la resolución venida en grado. 22 Con excepción del trabajador Bonilla Gutiérrez Dick Erick, 23 En CD a folios 37 del expediente de actuaciones inspectivas de investigación. 24 En CD a folios 65 del expediente de actuaciones inspectivas de investigación.

en el procedimiento sancionador25, no bastando tampoco, para el presente caso, la referencia genérica a que se había revisado la documentación que obra en autos. En este extremo, no he dejar de señalarse que, tratándose del pago de dichos beneficios (vacaciones) que se corresponden a cada trabajador de manera particular, la referencia genérica al cumplimiento del “(…) pago de las vacaciones de los periodos 2017 y 2018” requería un análisis adicional por parte de la instancia de sanción a fin de determinar el periodo incumplido por cada afectado, a fin de merituar posteriormente los medios aportados por la impugnante, todo ello con el objeto de determinar el cumplimiento o no de dichas obligaciones y establecer la responsabilidad en los alcances que le correspondan. No se advierte, sin embargo, que la Sub Intendencia de Sanción haya realizado dicho análisis.

25 Argumento que se expone en el punto xi del acápite V. Fundamentos del Recurso de Revisión del presente pronunciamiento. 26 Ferrer Beltrán, Jordi (2003). Derecho a la prueba y racionalidad de las decisiones judiciales. En: Jueces para la democracia. Nº 47. Madrid- España, pág. 28.

medios de prueba, las partes tienen el derecho a que el juez los admita. La admisión de un medio de prueba es la decisión a través de la cual un juez decide incorporar un medio de prueba al proceso (…)”. Sobre la valoración de los medios de prueba, sostiene este autor: “Es el derecho que tienen la partes a que, al momento de emitir sentencia, el juez analice los medios de prueba que han sido actuados en el proceso (…)”27.

27 Priori Posada, Giovanni F. 2019. El proceso y la tutela de los derechos. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú, Fondo Editorial. 28 Expediente Nº 6712-2005/HC/TC 29 LGIT, Artículo 45.- Trámite del procedimiento sancionador “El procedimiento se ajusta al siguiente trámite: a) El procedimiento sancionador se inicia sólo de oficio, a mérito de Actas de Infracción por vulneración del ordenamiento jurídico sociolaboral, así como de Actas de Infracción a la labor inspectiva. (…) d) Vencido el plazo y con el respectivo descargo o sin él, la Autoridad, si lo considera pertinente, practicará de oficio las actuaciones y diligencias necesarias para el examen de los hechos, con el objeto de recabar los datos e información necesaria para determinar la existencia de responsabilidad de sanción. (…)” . 30 TUO de la LPAG, Artículo 174.- Actuación probatoria “174.1 Cuando la administración no tenga por ciertos los hechos alegados por los administrados o la naturaleza del procedimiento lo exija, la entidad dispone la actuación de prueba, siguiendo el criterio de concentración procesal, fijando un período que para el efecto no será menor de tres días ni mayor de quince, contados a partir de su planteamiento. Sólo podrá rechazar motivadamente los medios de prueba propuestos por el administrado, cuando no guarden relación con el fondo del asunto, sean improcedentes o innecesarios.” 31 TUO de la LPAG, Artículo 177.- Medios de prueba “177.1 Los hechos invocados o que fueren conducentes para decidir un procedimiento podrán ser objeto de todos los medios de prueba necesarios, salvo aquellos prohibidos por disposición expresa. En particular, en el procedimiento administrativo procede: 1. Recabar antecedentes y documentos. 2. Solicitar informes y dictámenes de cualquier tipo. 3. Conceder audiencia a los administrados, interrogar testigos y peritos, o recabar de las mismas declaraciones por escrito. 4. Consultar documentos y actas. 5. Practicar inspecciones oculares.”

evidencia que la Resolución de Intendencia N° 1470-2022-SUNAFIL/ILM, carece de una debida motivación, afectando con ello el principio y derecho del debido procedimiento.

32 Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo “(...) 1.2. Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. (…) 1.11. Principio de verdad material. - En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse de ellas. En el caso de procedimientos trilaterales la autoridad administrativa estará facultada a verificar por todos los medios disponibles la verdad de los hechos que le son propuestos por las partes, sin que ello signifique una sustitución del deber probatorio que corresponde a estas. Sin embargo, la autoridad administrativa estará obligada a ejercer dicha facultad cuando su pronunciamiento pudiera involucrar también al interés público.”

establece: “Para efectos del récord vacacional se considera como días efectivos de trabajo los siguientes: a) La jornada ordinaria mínima de cuatro horas”.

33 De folios 59 a 62 del expediente de actuaciones inspectivas de investigación.

Figura N° 04

“7. El derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales es una garantía del justiciable frente a la arbitrariedad judicial y garantiza que las resoluciones no se encuentren justificadas en el mero capricho de los magistrados, sino en datos objetivos que proporciona el ordenamiento jurídico o los que se derivan del caso. Sin embargo, no todo ni cualquier error en el que eventualmente incurra una resolución judicial constituye automáticamente la violación del contenido constitucionalmente protegido del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales. Así, en el Exp. N.º 3943-2006-PA/TC (…) ha precisado que el contenido constitucionalmente garantizado de este derecho queda delimitado, entre otros, en los siguientes supuestos: a) Inexistencia de motivación o motivación aparente. Está fuera de toda duda que se viola el derecho a una decisión debidamente motivada cuando la motivación es inexistente o cuando la misma es solo aparente, en el sentido de que no da cuenta de las razones mínimas que sustentan la decisión o de que no responde a las alegaciones de las partes del proceso, o porque solo intenta dar un cumplimiento formal al mandato, amparándose en frases sin ningún sustento fáctico o jurídico.

b) Falta de motivación interna del razonamiento. La falta de motivación interna del razonamiento [defectos internos de la motivación] se presenta en una doble dimensión; por un lado, cuando existe invalidez de una inferencia a partir de las premisas que establece previamente el Juez en su decisión (…) c) Deficiencias en la motivación externa; justificación de las premisas. El control de la motivación también puede autorizar la actuación del juez constitucional cuando las premisas de las que parte el Juez no han sido confrontadas o analizadas respecto de su validez fáctica o jurídica. Esto ocurre por lo general en los casos difíciles, como los identifica Dworkin, es decir, en aquellos casos donde suele presentarse problemas de pruebas o de interpretación de disposiciones normativas. (…) d) La motivación insuficiente. Se refiere, básicamente, al mínimo de motivación exigible atendiendo a las razones de hecho o de derecho indispensables para asumir que la decisión está debidamente motivada. (…) e) La motivación sustancialmente incongruente. El derecho a la debida motivación de las resoluciones obliga a los órganos judiciales a resolver las pretensiones de las partes de manera congruente con los términos en que vengan planteadas, sin cometer, por lo tanto, desviaciones que supongan modificación o alteración del debate procesal (incongruencia activa). (…) f) Motivaciones cualificadas. - Conforme lo ha destacado este Tribunal, resulta indispensable una especial justificación para el caso de decisiones de rechazo de la demanda, o cuando, como producto de la decisión jurisdiccional, se afectan derechos fundamentales como el de la libertad. (…).” (énfasis agregado)

“Artículo 10.- Causales de nulidad Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes: (…) 2. El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los supuestos de conservación del acto a que se refiere el artículo 14. (énfasis agregado)”.

De la potestad del Tribunal para declarar la nulidad de los actos emitidos por las autoridades conformantes del Sistema de Inspección del Trabajo

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral- SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley de Procedimiento Administrativo General aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR.

SE RESUELVE:

PRIMERO. - Declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de revisión interpuesto por IBERICA DE MANTENIMIENTO S.A. SUCURSAL DEL PERU, y, en consecuencia, NULA la Resolución de Sub Intendencia N° 530-2021-SUNAFIL/ILM/SIRE3, de fecha 19 de julio de 2021, y la de los sucesivos actos y actuaciones emitidas en el procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 2863-2019-SUNAFIL/ILM, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. - RETROTRAER el procedimiento administrativo sancionador al momento en que se produjo el vicio, esto es, a la emisión de la Resolución de Sub Intendencia N° 530-2021- SUNAFIL/ILM/SIRE3, de fecha 19 de julio de 2021, a fin de que la instancia competente emita un nuevo pronunciamiento, considerando los alcances señalados en la presente resolución.

TERCERO. - Notificar la presente resolución a IBERICA DE MANTENIMIENTO S.A. SUCURSAL DEL PERU, y a la INTENDENCIA DE LIMA METROPOLITANA, para sus efectos y fines pertinentes.

CUARTO. - Remitir los actuados a la INTENDENCIA DE LIMA METROPOLITANA, y a la Gerencia General de la SUNAFIL, a fin de que, de considerarlo conveniente, procedan conforme a sus atribuciones y de acuerdo con lo señalado en el considerando 6.63 de la presente resolución.

QUINTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

MANUEL GONZALO DE LAMA LAURA Presidente

20260618RZR- HR: 117089-2023

VOTO SINGULAR DEL VOCAL MANUEL GONZALO DE LAMA LAURA

Sin perjuicio de la decisión que se ha adoptado por unanimidad respecto de declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de revisión interpuesto por IBERICA DE MANTENIMIENTO S.A. SUCURSAL DEL PERU en contra la Resolución de Intendencia N° 1470-2022-SUNAFIL/ILM, de fecha 01 de setiembre de 2022, emitida por la Intendencia de Lima Metropolitana, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 2863-2019-SUNAFIL/ILM, discrepo de la posición mayoritaria referente a la infracción tipificada en el numeral 25.6 del artículo 25 del RLGIT.

Sintetizó el sustento de mi posición en las siguientes consideraciones:

1. El artículo 25 de la Constitución Política del Perú establece que las vacaciones son el derecho que tiene el trabajador a suspender la prestación de sus servicios durante cierto número de días al año, sin pérdida de la remuneración, cuyo disfrute y compensación es regulada por ley o convenio. Nótese que, desde la norma constitucional se precisa que este descanso es remunerado.

2. Atendiendo al mandato constitucional referido, el artículo 11 del Decreto Supremo N° 012-92-TR, Reglamento del Decreto Legislativo Nº 713 sobre descansos remunerados de trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada, prescribe que: “Tienen derecho a descanso vacacional el trabajador que cumpla una jornada ordinaria mínima de cuatro (04) horas, siempre que haya cumplido dentro del año de servicios el récord previsto en el artículo 10 del Decreto Legislativo”.

3. Así, el descanso vacacional implica el otorgamiento de un tiempo al trabajador para que pueda dedicarlo al descanso, recreación, entre otro tipo de actividades distintas al trabajo. La doctrina, ha indicado al respecto que la finalidad del descanso vacacional apunta a facilitar un período de tiempo de descanso para permitir la recuperación física y psíquica del trabajador, como que pueda disfrutar de períodos de ocio y esparcimiento34.

4. Atendiendo a ello, en mi opinión la infracción por no cumplir con el pago de la remuneración vacacional sería la recogida en el numeral 25.6 del artículo 25 del RLGIT y no la contenida en el numeral 24.4 de la misma norma, en razón a que el derecho a las vacaciones, cuando se cumple con el récord vacacional correspondiente y el año de servicios, se encuentra comprendida por dos (02) elementos concurrentes e inescindibles: el goce efectivo del descanso físico y el pago de la remuneración vacacional, los cuales deberían otorgarse en conjunto. De este modo, los casos donde

34 Cfr. Gorelli Juan (2014). “Elementos delimitadores del derecho a vacaciones”. Themis (65), p. 61.

no se ha cumplido con una de estas condiciones se subsumiría en el mencionado tipo infractor muy grave.

5. Considero ello, dado que la finalidad de la norma que regula este beneficio social es justamente contemplar que ambos conceptos (pago y descanso) conforman un solo derecho. Justamente, por esa razón, por ejemplo, el artículo 16 del Decreto Legislativo Nº 713 dispone que la remuneración vacacional será abonada al trabajador antes del inicio del descanso, lo cual es reafirmado por el artículo 19 del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 713 (Decreto Supremo Nº 012-092-TR).

6. En la misma línea, es pertinente mencionar que el artículo 20 del Decreto Legislativo Nº 713 indica que el empleador está obligado a hacer constar expresamente en el libro de planillas, la fecha del descanso vacacional, y el pago de la remuneración correspondiente, como si se trataran de dos aspectos que tienen que cumplirse en simultáneo para configurar el otorgamiento íntegro de este derecho. Cómo se aprecia, entonces, todos estos preceptos manifiestan que el goce del descanso vacacional tendría que estar acompañado del pago de la remuneración correspondiente (remuneración vacacional).

7. En este orden de ideas, cuando los artículos 10 y 17 Decreto Legislativo Nº 713, referidos al fraccionamiento y adelanto de vacaciones, respectivamente, permiten estas situaciones especiales, no solo habilitan que los descansos correspondientes sean otorgados, sin estar acompañados del pago de la remuneración vacacional. En ese sentido, tanto el fraccionamiento de las vacaciones como el adelanto de las mismas tienen que estar vinculados con el pago remunerativo correspondiente.

8. En virtud de lo expuesto, considero que el goce del descanso vacacional se encuentra ligado inescindiblemente al pago de la remuneración vacacional, lo cual significa que ambos derechos están íntimamente unidos, siendo de esta manera inevitable su otorgamiento en conjunto y, por ende, contrario a la normativa de la materia, su dación por separado.

Por estos fundamentos, sustento mi voto referente a la infracción tipificada en el numeral 25.6 del artículo 25 del RLGIT

MANUEL GONZALO DE LAMA LAURA

20250618RZR- HR: 117089-2023