I.E. Santisimo Salvador — Res. 1010-2023

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Remuneraciones (Sub materia: Pago de la remuneración (sueldos y salarios), Gratificaciones y Pago de bonificaciones). 20555195444 soft DE LAMA LAURA Manuel Gonzalo FAU 20555195444 soft 20555195444 soft

- Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por no acreditar el pago íntegro de la remuneración correspondiente a los periodos laborados de los trabajadores comprendidos en el cuadro N° 02 del Acta de infracción, tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 6,908.00.

- Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por no acreditar el pago íntegro y oportuno conforme a las leyes de las gratificaciones de los periodos laborados de los trabajadores comprendidos en el Cuadro N° 02 del Acta de infracción, tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 6,908.00.

- Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por no acreditar el pago íntegro conforme la ley de bonificación extraordinaria sobre las gratificaciones correspondientes a los periodos laborados de los trabajadores comprendidos en el Cuadro N° 02 del Acta de infracción, tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 6,908.00.

- (01) infracción MUY GRAVE en materia de relaciones laborales, por no acreditar el pago íntegro por el concepto de vacaciones correspondientes a los periodos laborados de los trabajadores comprendidos en el Cuadro N° 02 del Acta de infracción, tipificada en el numeral 25.6 del artículo 25 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 11,572.00.

- Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por no acreditar el pago íntegro de la compensación por tiempo de servicios trunca correspondiente al periodo noviembre 2020 de los trabajadores, tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 6,908.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir con lo dispuesto en la medida inspectiva de requerimiento, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 11,572.00.

i. Respecto al pago de remuneraciones, el eje de dicha infracción se centra en que la reducción consensuada de la remuneración no puede acordarse por debajo de la remuneración mínima vital, ello en tanto, los convenios suscritos con el personal reflejarían una reducción a S/ 300.00; no obstante, la Sub Intendencia de Resolución no ha analizado correctamente los convenios presentados ante la entidad, toda vez que en el documento aclaratorio se precisó que los S/ 300.00 se otorgaron en aras de apoyar la economía del trabajador, convenio que esclarece que, durante el periodo materia de investigación, los trabajadores no prestaron servicios efectivos, por lo que el ingreso pagado por esos periodos, se constituyó en un apoyo económico al trabajador y no así en un concepto que deba ser considerado remuneración para efectos de las restricciones legales que impone la norma vigente, invocando para ello el principio de legalidad las garantías mínimas del debido procedimiento administrativo. ii. La Sub Intendencia de Resolución, cita indebidamente las disposiciones del D.S. N° 011-2020-TR y el D.U N° 038-2020, toda vez que, en principio, dichas normas fueron emitidas en aras de disponer condiciones previas a ser cumplidas en caso se opte por una suspensión perfecta; no obstante, no existió intención de la institución de recurrir a esta medida, por lo menos en dicho periodo, por lo que estas normas no son aplicables al caso en concreto, que al citar el literal d) del numeral 4.1 que hace referencia a la reducción remunerativa, no se ha considerado que dicha disposición estaba orientada para personal que se encontraba realizando trabajo efectivo; alegando que se ha acreditado el pago oportuno de las remuneraciones del personal observado y durante los meses de julio a diciembre 2020 no existió obligación de pagar una remuneración al haber operado la suspensión perfecta según D.U. N° 038-2020 y la suspensión pactada en convenio con ambos colaboradores. iii. La Sub Intendencia de Resolución sostiene que para el cálculo de la gratificación de Navidad 2020, debió considerarse los meses de agosto, setiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2020, al respecto debe tenerse en cuenta que en ambos casos se materializó una suspensión imperfecta de labores desde el 10 de julio de 2020 hasta el 30 de diciembre de 2020, de ese modo los trabajadores estuvieron suspendidos de forma imperfecta desde el 10 de julio de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2020, lo que deja claro, que durante el periodo computable de la gratificación por Navidad no existió servicio efectivo alguno, en tanto, la gratificación se devenga por los periodos efectivos de labores, lo

que no existió en el presente caso, no obstante, la Institución de buena fe decidió abonar una suma a manera de consideración, sin que exista obligación de hacerlo. iv. Respecto al descanso vacacional, se cumplió con acreditar el pago de vacaciones truncas respecto de María Johani Larico Vilca, no obstante respecto a los trabajadores Santiago Wilder, Mariciela Ticona, y Yuy Geraldine, en tanto no coinciden los depósitos y la liquidación, señalan que más allá de que los depósitos no coincidan, debe considerarse que los montos depositados son superiores a los consignados en la liquidación de beneficios sociales por la que no puede considerarse como un incumplimiento, que, de las liquidaciones de beneficios sociales que obran en el expediente inspectivo, a los trabajadores presuntamente afectados, independientemente del descuento por vacaciones adelantadas (que reiteran ha sido objeto de subsanación) se les abonó a título de remuneración un periodo efectivo de 60 días de labor. v. Respecto al punto anterior, la decisión se tomó considerando que a la fecha de extinción del vínculo no se tenía certeza de la decisión de la Autoridad Administrativa de Trabajo respecto a la solicitud de suspensión perfecta iniciada del 11 de mayo de 2020 al 9 de julio de 2020, no obstante a raíz de la decisión final de la Autoridad de Trabajo se convalidó las solicitudes de suspensión iniciadas, por lo que el pago efectuado en las liquidaciones a título de remuneración por 60 días se constituyó, desde el plano jurídico en un pago indebido, pese a ello se decidió asumir este saldo entregado indebidamente conforme al Art. 57° del D.S. N° 01-97-TR, todo ello a través del convenio que en su oportunidad adjuntaron. vi. Que, presentaron nuevas liquidaciones aclarando el monto de suma graciosa y delimitando los conceptos de vacaciones truncas que coinciden con los efectivamente liquidados por la SIRE, respecto al trabajador Romil Kokin Zegarra se menciona que para el cálculo se consideró la suma de S/ 300.00 como remuneración computable, lo que no sería válido; no obstante, erradamente, en el numeral 76 de la resolución de primera instancia, se considera que el periodo computable de vacaciones truncas es de 8 meses y 3 días, cuando el trabajador estuvo en suspensión perfecta desde el 11 de mayo al 9 de julio de 2020 autorizado por la GRTPE y en suspensión de su vínculo laboral desde el 10 de julio hasta el 31 de diciembre de 2020, por lo que el periodo no puede ser considerado como computable para el cumplimiento del récord vacacional, porque el referido trabajador no cumplió con ese récord. vii. Respecto al pago de la Compensación por Tiempo de Servicios una vez más la SIRE ignora sus convenios, los mismos que acreditan una suspensión del vínculo laboral con los trabajadores Romil Kokin Zegarra y Veronica Mariela desde el 10 de julio de 2020 al 31 de diciembre de 2020, en tanto, la SIRE pretende sostener que el periodo computable es de 6 meses, sin considerar que durante este periodo y para éstos dos trabajadores solo hubo 11 días laborados en mayo 2020 para ambos casos, por lo que debe tenerse en cuenta que el periodo computable no es el considerado por la SIRE, debiendo reducirse el monto siendo cubierto por aquel pagado en la liquidación de beneficios sociales. viii. Sin perjuicio de los argumentos esgrimidos en los apartados precedentes en caso se determine que las subsanaciones son posteriores a la imputación de cargos solicitan de forma expresa la reducción de la multa propuesta al 30%.

i. De la revisión de la resolución apelada, así como del convenio invocado, se verifica que se ha efectuado una fundamentación y análisis del documento en cuestión, concluyendo que las remuneraciones pagadas en la suspensión imperfecta de labores acordada en los meses de julio a diciembre de 2020 de ninguna forma puede ser reducidas a menos de una remuneración mínima vital mensual, posición con la que este despacho concuerda, en tanto debe tenerse en cuenta lo establecido en el artículo 26° del Decreto de Urgencia N° 29-20202, así como lo prescrito en el artículo 4° del Decreto Supremo N° 011-2020-TR, el mismo que establece, entre otros puntos, que en el caso de que se pacte la reducción de remuneración, esta no puede ser inferior a la remuneración mínima vital, que también ha sido invocado y subsumido al caso concreto en la resolución apelada y en la medida inspectiva de requerimiento en el extremo, de que éstos de ninguna manera podían considerar una reducción a la suma de S/ 300.00, en concordancia con ello, tenemos lo prescrito en el literal b) del numeral 26.2 del artículo 26 del Decreto de Urgencia 029-2020 que no autoriza que las partes acuerden reducir la remuneración por debajo de una remuneración mínima vital, más bien señala, que el empleador y el trabajador por mutuo acuerdo pueden pactar la forma de la compensación de la suspensión imperfecta de labores durante el estado de emergencia. ii. En ese orden, queda desvirtuado lo alegado por la inspeccionada, puesto que sí llegó a un acuerdo de reducción con las referidas trabajadoras para una continuidad del servicio al empleador, sobre el que se le hizo el pago de remuneraciones, es decir en los términos de dicho convenio, por lo que, como ya lo hemos referido en los puntos precedentes la reducción acordada no podía bajo ninguna circunstancia ser por debajo de la remuneración mínima vital, siendo gravoso y abusivo considerar que dicha reducción sea a la suma de S/ 300.00, máxime si posterior a ello presenta un documento aclaratorio en el que pretende hacer ver que dicho pago es en apoyo al trabajador, como lo ha referido en sus descargos. iii. De ello se denota, una vez más que la suspensión imperfecta celebrada entre las partes (respecto a las dos trabajadoras) y la respectiva medida de reducción de remuneraciones, contraviene las normas dadas ante el Estado de Emergencia Nacional decretado por el Covid -19, por lo que el cálculo efectuado sobre el monto de S/300.00 no correspondía, para el presente caso, como bien ha sido señalado y expuesto en la resolución apelada.

2 Notificada a la impugnante el 22 de julio de 2022, véase folio 90 del expediente sancionador.

iv. En el caso del trabajador Santiago Wilder Chávez Cassa, se ha determinado, en el punto 60 de la resolución apelada, que la inspeccionada ha subsanado la infracción atribuida respecto del trabajador afectado, no obstante, al haber sido esta subsanación posterior a la imputación de cargos no corresponde eximir a la inspeccionada de su responsabilidad, máxime, cuando la infracción prevalece sobre las otras dos trabajadoras inmersas en el incumplimiento de esta materia. v. Al respecto, la inspeccionada incide nuevamente en los mismos alegatos ya expuestos en sus descargos de primera instancia sobre este extremo, los mismos que fueron atendidos y absueltos en la resolución apelada, fundamentos con los que este despacho concuerda. Sin perjuicio de ello, es preciso señalar que lo que alega, respecto a que en el numeral 76, la Sub Intendencia de Resolución considera que el periodo computable de vacaciones truncas es de 8 meses y 3 días, cuando el trabajador estuvo en suspensión perfecta desde el 11 de mayo al 9 de julio de 2020 autorizado por la GRTPE y en suspensión de su vínculo desde el 10 de julio hasta el 31 de diciembre de 2020, por lo que el periodo no puede ser considerado como computable para el cumplimiento de! récord vacacional, porque el referido trabajador no cumplió con ese récord; no obstante, ha quedado establecido, de la liquidación y depósitos presentados en el procedimiento inspectivo, así como el sancionador, que éstos pagos no son congruentes entre sí, máxime, si no concuerdan con el monto consignado como "vacaciones truncas", en ese sentido no se cuenta con documento y/o prueba idónea por parte de la inspeccionada, que desvirtúe ese extremo, respecto al pago de vacaciones. vi. La inspeccionada incide en no reconocer que la reducción efectuada es contraria a ley, y que como ya lo hemos analizado y valorado de manera reiterada en el presente caso, los cálculos efectuados por la inspeccionada no son los correctos, al haber tomado como base para los mismos el monto de S/ 300.00 y pretende hacer ver que no hubo una prestación de servicio; así la inspeccionada no reconoce la continuidad laboral durante el periodo julio (10 de julio al 31 de julio) a diciembre de 2020, el mismo que de las investigaciones efectuadas durante toda la tramitación del presente procedimiento ha quedado determinado como el periodo sobre el cual la inspeccionada no cumplió con el pago íntegro de los beneficios sociales que han sido materia de análisis. vii. Al respecto, a folios 104 a 108 del expediente inspectivo, obra la medida inspectiva de requerimiento mediante la cual se le otorgó a la inspeccionada el plazo de tres (3) días hábiles, para que acredite el pago de beneficios laborales que comprenden el pago íntegro de la remuneración, pago de la gratificación legal, bonificación extraordinaria, Compensación por Tiempo de Servicios vacaciones, correspondientes a los periodos descritos en el referido documento; por lo que, siendo que en este extremo la inspeccionada no ha presentado argumentación alguna, prevalece lo determinado en la resolución apelada en tanto se puede confirmar, que la inspeccionada, fue válidamente notificada con la medida inspectiva de requerimiento el 7 de mayo de 2021; sin embargo, pese haber tenido la posibilidad de subsanar las infracciones advertidas, hizo caso omiso a los apercibimientos consignados en la misma, en caso de incumplimiento. viii. En el presente caso se advierte que la inspeccionada si bien es cierto ha subsanado su conducta infractora, respecto al trabajador Santiago Wilder Chávez Cassa, también es verdad que esta subsanación, no la ha realizado por la totalidad de los trabajadores afectados y estando a que la norma invocada se aplica siempre y

cuando la inspeccionada acredite la subsanación de la infracción, puede hacerse efectiva la reducción de multa, no obstante, en el presente caso, se ha realizado una subsanación parcial, no se le podría otorgar este beneficio porque no ha cumplido con acreditar la subsanación de infracciones respecto a todos los trabajadores afectados, tal es así, que en el fundamento 61 de la resolución apelada, se tiene que para el presente caso no resulta aplicable, dicho beneficio. ix. En conclusión, prevalece, lo determinado en la resolución apelada, en este extremo, por lo que, se ratifica que la inspeccionada incurrió en cinco infracciones en materia de relaciones laborales y en una infracción contra la labor inspectiva, perjudicando al número de trabajadores descritos en el Cuadro N' 1 del numeral 4.3 del Acta de Infracción, y por ello la Sub Intendencia de Resolución impuso la sanción correspondiente, no existiendo agravio alguno que pudiera ocasionarse con la resolución apelada, al haber sido expedida conforme a ley, sin adolecer de vicios de nulidad y con la fundamentación adecuada; en consecuencia, corresponde desestimar el recurso interpuesto en todos sus extremos y confirmar la sanción impuesta.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.”

III. DEL RECURSO DE REVISIÓN 3.1 El artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG), establece que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de éstos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe de otorgarle esta facultad al administrado mediante una ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días, respectivamente. 3.2 Así, el artículo 49 de la LGIT, modificado por el Decreto Legislativo N° 1499, define al recurso de revisión como un recurso administrativo del procedimiento administrativo

4 “Ley N° 29981, Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…)”. 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6“Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 7 “Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

sancionador con carácter excepcional, interpuesto ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos de que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral, estableciéndose en el artículo 55 del RLGIT, modificado por Decreto Supremo N° 016- 2017-TR, que los requisitos de admisibilidad y procedencia se desarrollarían en el Reglamento del Tribunal. 3.3 El Reglamento del Tribunal establece que la finalidad del recurso de revisión es “la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias”8. 3.4 En ese sentido, es el mismo reglamento el que delimita la competencia del Tribunal a las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias, estableciéndose en el artículo 17 del Reglamento del Tribunal que se encuentra facultado para rectificar, integrar, excluir e interpretar la resolución emitida por la segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas. 3.5 En esta línea argumentativa, la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral comprende también la adecuación a la Constitución, a las leyes y al derecho, de conformidad con el principio de legalidad, que debe de caracterizar al comportamiento de las autoridades administrativas.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE I.E. SANTISIMO SALVADOR

8 Decreto Supremo N° 016-2017-TR, artículo 14.

computados a partir del día hábil siguiente de la notificación de la citada resolución; es decir, el 23 de julio de 2022.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 14 de agosto de 2022, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 205-2022-SUNAFIL/IRE-AQP, señalando los siguientes alegatos:

i. La imposición de una sanción carece de todo tipo de sustento atendiendo a que la misma, es el resultado de una serie de inobservancias legales que transgrede los derechos que nos corresponden como administrados, y por tanto el derecho a un debido procedimiento; causa suficiente para imponer el presente recurso, considerando que la revisión puede interponerse en aquellos casos en los que se inaplica o aplica erróneamente las normas de derecho laboral. ii. Señala que, en este caso, no se ha analizado correctamente los convenios presentados ante la entidad, toda vez que, en el documento aclaratorio, se precisó que estos S/ 300.00 se otorgaron en aras de apoyar la economía del trabajador. En efecto, dicho convenio esclarece que, durante el periodo en cuestión los trabajadores no prestaron servicios efectivos, por lo que el ingreso pagado durante dichos meses se constituyó en un apoyo económico al trabajador y no así en un concepto que deba ser considerado remuneración para efectos de las restricciones legales que impone la norma vigente. iii. Menciona que, debe tenerse en cuenta que la SIRE cita indebidamente las disposiciones del DS 011-2020-TR y el Decreto de Urgencia N° 038-2020, toda vez que, en principio, dichas normas fueron emitidas en aras de disponer condiciones previas a ser cumplidas en caso se opte por una SUSPENSION PERFECTA adoptada según su propio marco legal. No obstante, no existió intención de la Institución de recurrir a esta medida - por lo menos en dicho periodo- por lo que dichas normas no son aplicables al caso en concreto. iv. Asimismo, conviene tener en cuenta que se cita el literal d) del numeral 4.1. al hacer referencia a la reducción remunerativa, sin considerar que dicha disposición estaba orientada si bien a reducir el salario, para personal que se encontraba realizando trabajo efectivo. No existe disposición alguna que refleje el accionar de la compañía (suspensión imperfecta con pago de ingreso) por lo que, en el marco de una imputación concreta, no puede multarse a la Institución si no existe disposición legal que proscriba nuestro accionar. v. Respecto a las observaciones contenidas en el numeral 32, específicamente en el mes de JUL2020, la diferencia entre el neto a pagar según boletas y el pago masivo se centran en que en la boleta se incluyó el pago de /a gratificación. No obstante, estos pagos se ejecutan en planillas diferenciadas por lo que no puede sostenerse que esta diferencia es determinante para sostener la comisión de la infracción, ello en tanto, reiteramos, no se ejecutó servicio alguno durante esos meses. vi. Indica que, la gratificación se devenga, por los periodos efectivos de labores, de ahí que, en tanto durante el semestre materia de cómputo no existía una prestación efectiva de servicios, no se devenga gratificación alguna. No obstante, como lo han

aclarado, sin perjuicio de ello, la Institución decidió abonar de buena fe una suma a manera de consideración sin que exista obligación de hacerlo, reiteramos ello porque durante el periodo computable JUL -DIC no existió una prestación efectiva de servicio. vii. En ese sentido, la afirmación de la SIRE (numeral 54) es totalmente errada, en tanto no puede incluirse periodos para el cómputo en los que no existieron servicios efectivos. viii. De este modo, considerando que la propia SIRE reconoce que la infracción del trabajador Santiago Wilder Chávez ha sido subsanada corresponde a su despacha determinar, en este caso, que no corresponde la imposición de multa respecto a este extremo, en tanto se cumplió de forma efectiva con la norma legal vigente. ix. Más allá de que los depósitos no coincidan, debe tenerse en cuenta que los montos depositados son superiores a los consignados en la liquidación de beneficios sociales motivo por el cual no puede considerarse estas diferencias como un incumplimiento, más aún si, en las liquidaciones corregidas que presentamos se aclaró cada remuneración vacacional percibida que coincide con las liquidadas por la IRE. x. En efecto, como lo señalan en sus descargos y recurso de apelación, de las liquidaciones de beneficios sociales que obran el expediente inspectivo, a los trabajadores presuntamente afectados, independientemente del descuento por vacaciones adelantadas (que, reiteran ha sido objeto de subsanación) se le abonó a título de remuneración un periodo efectivo de 60 días de labor. xi. Esta decisión se tomó, considerando que a la fecha de extinción del vínculo no se tenía certeza de la decisión de la Autoridad Administrativa de Trabajo respecto a la solicitud de suspensión perfecta iniciada del 11 de mayo de 2020 al 09 de julio de 2020 (toda vez que incluso las primeras resoluciones fueron desfavorables). xii. No obstante, a raíz de la decisión final de la AAT se convalido las solicitudes de suspensión iniciadas, por lo que el pago efectuado en las liquidaciones a título de remuneración por 60 días se constituyó, desde el plano jurídico, en un pago indebido. xiii. Menciona que, se presentaron nuevas liquidaciones aclarando el monto de suma graciosa y delimitando los conceptos de Vacaciones Truncas que coinciden con los efectivamente liquidados por la SIRE por lo que no puede sostenerse que la infracción persiste si de los documentos entregados se aprecia el cumplimiento efectivo de la obligación. xiv. Ahora bien, respecto al trabajador Romil Kokin Zegarra se menciona que para el cálculo se consideró la suma de S/ 300.00 como remuneración computable que es materia de cuestionamiento, por lo que no sería válido, No obstante, erradamente, en el numeral 76, la SIRE considera que el periodo computable de vacaciones

truncas es de 8 meses y 2 días, cuando, como lo hemos señalado, el trabajador estuvo en suspensión perfecta desde el 11MAY2020 al 09JUL2020 autorizado por la GRTPE y en suspensión de su vínculo desde el 10JUL2020 hasta el 31DiC2020, por lo que el periodo no puede ser considerado como periodo computable para el cumplimiento del récord vacacional. xv. Sin embargo, al momento de resolver el procedimiento y como consta de la resolución impugnada, la Intendencia Regional de Arequipa al margen de considerar nuestros argumentos se limitó a recoger los mismos argumentos expuestos a lo largo del procedimiento para justificar la existencia de una infracción. xvi. Siendo esto así, se aprecia que en el presente caso la Intendencia emitió un pronunciamiento que ni siquiera identifica la supuesta infracción contenida en el presente caso. xvii. Atendiendo a ello, parece importante remitirnos a los actuados del procedimiento para determinar cuál sería el supuesto imputado en el presente caso, para a partir de ello, demostrar que nuestra representada cumplió con la normativa laboral vigente y que la sanción impuesta es el resultado de una inadecuada motivación. xviii. Consecuentemente, debe tenerse en cuenta que el periodo computable no es el considerado por la SIRE, debiendo reducirse el monto siendo cubierto por aquel pagado en las LBS. xix. Asimismo, reitera que en sus LBS obra el pago de una suma graciosa, que, de conformidad con el DS 01-97-TR es compensable con cualquier deuda, por lo que, de determinarse un remanente, solicitamos que esta sea compensada con este último pago a efectos de evitar la imposición de una multa. xx. De la lectura de los argumentos vertidos a lo largo del acta de infracción, la cual fue considerada por la intendencia para valorar la comisión de esta infracción, se aprecia que el inspector actuante se limita a indicar las razones que justificarían la comisión de las infracciones relativas al pago de beneficios sociales (CTS, vacaciones, remuneración y gratificaciones), omitiendo detallar los hechos y razones que configurarían la infracción en materia de inspección de trabajo. xxi. Bajo este entendido, en su escrito de descargos frente a la imputación de cargos efectuada, se dejó expresa constancia que dicha ambigüedad al momento de emitir el acta de infracción y la consecuente imputación de cargos, más allá de no hacer entendible las razones que justificaban el inicio a un procedimiento sancionador representaban una limitación a nuestro derecho de defensa, al ser que su empresa no podría realizar un análisis que le permita defenderse de los cargos imputados. xxii. Pese a ello, a lo largo del procedimiento la autoridad no hizo mención a los argumentos expresados, limitándose a indicar que la infracción habría sido cometida por lo expresado en el acta de infracción, justificando así una vulneración al debido procedimiento, que prescribe entre otros, el derecho a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; supuestos que no podrían efectuarse al no haberse precisado cuales serían los hechos que configurarían dicha infracción. xxiii. De esta manera, considerar la validez de la medida inspectiva de requerimiento, acogiendo con ello la emisión de una sanción, es una actuación contraria al debido procedimiento, que se sustenta en el hecho de que se pretende sancionar pecuniariamente a su empresa por el incumplimiento de una medida de requerimiento, que nunca debió ser emitida.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre las infracciones graves

“Artículo 49.- Recursos administrativos (…) El Recurso de revisión es de carácter excepcional y se interpone ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral. El Reglamento determina las demás condiciones para el ejercicio de los recursos administrativos.”

“(…) la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. (…)”.

artículo 14 del reglamento citado, por lo que no corresponde que esta Sala se pronuncie por lo alegado por la impugnante en relación a las infracciones graves.

Sobre el derecho al debido procedimiento administrativo sancionador

“2. El Tribunal Constitucional estima oportuno recordar, conforme lo ha manifestado en reiterada y uniforme jurisprudencia, que el debido proceso, como principio constitucional, está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Vale decir que cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea este administrativo -como en el caso de autos- o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal” (énfasis añadido). 6.8. En el mismo sentido, el Tribunal Constitucional, en el fundamento jurídico 5 de la sentencia recaída en el expediente N° 02098-2010-AA/TC, señaló que no solo existe base constitucional o jurisprudencial para la configuración y desarrollo del derecho al debido procedimiento, sino que existe sustento convencional, a saber:

“Tal como ya lo tiene expresado este Tribunal en uniforme y reiterada jurisprudencia, el derecho al debido proceso tiene un ámbito de proyección sobre cualquier tipo de proceso o procedimiento, sea éste judicial, administrativo o entre particulares. Así, se ha establecido que el derecho reconocido en el inciso 3) del artículo 139 de la Constitución no sólo tiene un espacio de aplicación en el ámbito "judicial", sino también en el ámbito “administrativo" y, en general, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ha sostenido, puede también extenderse a "cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional, (el que) tiene la obligación de adoptar resoluciones apegadas a las garantías del debido proceso legal, en los términos del artículo 8 de la Convención Americana". (Caso

Tribunal Constitucional del Perú, párrafo 71). De igual modo la Corte Interamericana sostiene –en doctrina que ha hecho suyo este Colegiado en la sentencia correspondiente al Exp. Nº 2050-2002-AA/TC– que "si bien el artículo 8 de la Convención Americana se titula “Garantías Judiciales”, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto, sino al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a efectos de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos"(párrafo 69). (…)” (énfasis añadido).

busca evitar la arbitrariedad de la Administración. Señaló el Tribunal Constitucional, además, lo siguiente:

“4. Este Tribunal ha tenido oportunidad de expresar su posición respecto a la motivación de los actos administrativos, expresando que: “[…] [E]l derecho a la motivación de las resoluciones administrativas es de especial relevancia. Consiste en el derecho a la certeza, el cual supone la garantía de todo administrado a que las sentencias estén motivadas, es decir, que exista un razonamiento jurídico explícito entre los hechos y las leyes que se aplican. […] La motivación de la actuación administrativa, es decir, la fundamentación con los razonamientos en que se apoya es una exigencia ineludible para todo tipo de actos administrativos, imponiéndose las mismas razones para exigirla tanto respecto de actos emanados de una potestad reglada como discrecional. El tema de la motivación del acto administrativo es una cuestión clave en el ordenamiento jurídico-administrativo, y es objeto central de control integral por el juez constitucional de la actividad administrativa y la consiguiente supresión de los ámbitos de inmunidad jurisdiccional. Constituye una exigencia o condición impuesta para la vigencia efectiva del principio de legalidad, presupuesto ineludible de todo Estado de Derecho. A ello, se debe añadir la estrecha vinculación que existe entre la actividad administrativa y los derechos de las personas. Es indiscutible que la exigencia de motivación suficiente de sus actos es una garantía de razonabilidad y no arbitrariedad de la decisión administrativa. En esa medida, este Tribunal debe enfatizar que la falta de motivación o su insuficiencia constituye una arbitrariedad e ilegalidad, en la medida en que es una condición impuesta por la Ley N° 27444. Así, la falta de fundamento racional suficiente de una actuación administrativa es por sí sola contraria a las garantías del debido procedimiento administrativo.” (STC 00091-2005-PA, fundamento 9, párrafos 3, 5 a 8, criterio reiterado en STC 294-2005-PA, STC 5514-2005-PA, entre otras). Adicionalmente se ha determinado en la STC 8495-2006-PA/TC que: “un acto administrativo dictado al amparo de una potestad discrecional legalmente establecida resulta arbitrario cuando sólo expresa la apreciación individual de quien ejerce la competencia administrativa, o cuando el órgano administrativo, al adoptar la decisión, no motiva o expresa las razones que lo han conducido a adoptar tal decisión. De modo que, motivar una decisión no sólo significa expresar únicamente bajo qué norma legal se expide el acto administrativo, sino, fundamentalmente, exponer en forma sucinta –pero suficiente– las razones de hecho y el sustento jurídico que justifican la decisión tomada” (énfasis añadido).

del presente expediente: 1) coherencia interna, para comprobar que lo decidido se deriva de premisas establecidas por el órgano resolutivo en su fundamentación; 2) justificación de las premisas externas, que aluden al respaldo probatorio de los hechos y sobre el derecho considerado por el órgano al resolver; 3) la suficiencia, que refiere a que se hayan expuesto razones que sustenten lo decidido en función de los problemas relevantes determinados y necesarios para la resolución del caso; y 4) la congruencia, como elemento que permite establecer si las razones especiales requeridas para adoptar determinada decisión se encuentran recogidas en la resolución en concreto.

Sobre la infracción a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT

“Las medidas inspectivas de advertencia y requerimiento se reflejarán por escrito en la forma y modelo oficial que se determine reglamentariamente, debiendo notificarse al sujeto inspeccionado a la finalización de las actuaciones de investigación o con posterioridad a las mismas. Cuando el inspector actuante compruebe la existencia de una infracción al ordenamiento jurídico sociolaboral, requerirá al sujeto responsable de su comisión la adopción, en un plazo determinado, de las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las disposiciones vulneradas. En particular y en materia de prevención de riesgos laborales, requerirá que se lleven a cabo las modificaciones necesarias en las instalaciones, en el montaje o en los métodos de trabajo para garantizar el derecho a la seguridad y salud de los trabajadores. Los requerimientos que se practiquen se entienden siempre sin perjuicio de la posible extensión de acta de infracción y de la sanción que, en su caso, pueda imponerse”.

“Si en el desarrollo de las actuaciones de investigación o comprobatorias se advierte la comisión de infracciones, los inspectores del trabajo emiten medidas de advertencia, requerimiento, (…), según corresponda, a fin de garantizar el cumplimiento de las normas objeto de fiscalización” (énfasis añadido).

9 Entendemos que ella se refiere en el considerando 6.7 de la Resolución N° 018-2021-SUNAFIL/TFL-Primera Sala, del 08 de junio de 2021, recaída en el Expediente N° 1098-2016-SUNAFIL/ILM/SIRE4.

que los inspectores conminan al sujeto inspeccionado a adecuar su comportamiento a lo prescrito en las normas de trabajo (medida de requerimiento en modalidad de rectificación de una infracción determinada por la inspección del trabajo). Por ello, la inspeccionada tiene la carga de dar cumplimiento a lo ordenado por la autoridad inspectiva, caso contrario, su incumplimiento constituye infracción a la labor inspectiva, sancionable con multa, según lo dispuesto por el artículo 36 de la LGIT y el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT.

“(..) 6.9 En ciertos casos —como el que es objeto de la presente resolución—el recurso de revisión propone el análisis de infracciones a la labor inspectiva consistentes en el incumplimiento de la medida de requerimiento contenidas en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT, pero las materias objeto de la medida de requerimiento son calificadas por la normativa como faltas “graves” o “leves”, lo que deposita a tales causas fuera de la competencia material de este Tribunal.

normativa vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo, tras analizar la documentación presentada por el sujeto inspeccionado a lo largo del procedimiento inspectivo. Emisión que resulta razonable, pues la materia de inspección está orientada al cumplimiento de la normativa en materia sociolaboral, dentro de las actuaciones inspectivas derivadas de la Orden de Inspección N° 926-2021- SUNAFIL/IRE-AQP; por ende, se observa la razonabilidad, proporcionalidad y legalidad de la medida inspectiva de requerimiento. No obstante, se aprecia de los hechos constatados en el Acta de Infracción y determinados por la autoridad sancionadora, que la impugnante no cumplió con lo requerido y en los términos ordenados por la autoridad administrativa.

Sobre el pago de la remuneración vacacional

orden de ideas, se acredita la inobservancia de la obligación de pago de dicho beneficio social.

10 Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 17.- Facultades del Tribunal de Fiscalización Laboral

Laboral, Decreto Supremo Nº 004-2017-TR, debe encontrarse sujeto a la verificación de que tal canalización del procedimiento sancionador a través del tipo reglamentario correcto, en este caso, la infracción grave en materia de relaciones laborales tipificada en el inciso 24.4 del artículo 24 del RLGIT, que sanciona la conducta referida a: “No pagar u otorgar íntegra y oportunamente las remuneraciones y los beneficios laborales a los que tienen derecho los trabajadores por todo concepto, incluidos los establecidos por convenios colectivos, laudos arbitrales, así como la reducción de los mismos en fraude a la ley”, pues, en esta se subsume la conducta de la impugnante, referida al incumplimiento del pago de remuneración vacacional trunca por el periodo laborado, conforme se ha podido determinar de los medios probatorios exhibidos por la impugnante.

Al evaluar el fondo del recurso de revisión, el Tribunal está facultado para rectificar, integrar, excluir e interpretar la resolución emitida por la segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas

en los numerales 63 al 80 de la Resolución de Sub Intendencia N° 126-2022- SUNAFIL/IRE-ARE/SIRE.

N° Materia Conducta Infractora Normas vulneradas Tipificación legal y clasificación Trab. Afecta dos Multa impuesta Relaciones laborales No acreditar el pago íntegro por el concepto de vacaciones correspondiente s a los periodos laborados de los trabajadores comprendidos en el Cuadro N° 02 del Acta de infracción. Decreto Legislativo Nº 713 y Decreto supremo N° 012-92-TR.

Numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT. GRAVE 1.57 UIT (*)

S/ 6,908.00 (*) Vigente al momento de configurar la falta, conforme el D.S. N° 392‐2020‐EF, es de S/. 4,400.00.

11 Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 14.- Materias impugnables El recurso de revisión tiene por finalidad la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal.

Información Adicional

N° Materia Conducta Infractora Tipificación legal y clasificación Relaciones Laborales No acreditar el pago íntegro de la remuneración correspondiente a los periodos laborados de los trabajadores comprendidos en el cuadro N° 02 del Acta de infracción. Numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT

GRAVE

Relaciones Laborales No acreditar el pago íntegro y oportuno conforme a las leyes de las gratificaciones de los periodos laborados de los trabajadores comprendidos en el Cuadro N° 02 del Acta de infracción. Numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT

GRAVE

Relaciones Laborales No acreditar el pago íntegro conforme la ley de bonificación extraordinaria sobre las gratificaciones correspondientes a los periodos laborados de los trabajadores comprendidos en el Cuadro N° 02 del Acta de infracción. Numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT

GRAVE

Relaciones Laborales No acreditar el pago íntegro por el concepto de vacaciones correspondientes a los periodos laborados de los trabajadores comprendidos en el Cuadro N° 02 del Acta de infracción. Numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT

GRAVE

Relaciones Laborales No acreditar el pago íntegro de la compensación por tiempo de servicios trunca correspondiente al periodo noviembre 2020 de los trabajadores. Numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT

GRAVE

Labor Inspectiva No cumplir con lo dispuesto en la medida inspectiva de requerimiento. Numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT

MUY GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR;

SE RESUELVE:

PRIMERO. – Declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de revisión interpuesto por I.E. SANTISIMO SALVADOR, en contra de la Resolución de Intendencia N° 205-2022-SUNAFIL/IRE-AQP, de fecha 20 de julio de 2022, emitida por la Intendencia Regional de Arequipa, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 330-2021-SUNAFIL/IRE- AQP, por los fundamentos expuestos en la presente resolución. SEGUNDO. – ADECUAR la sanción impuesta mediante la Resolución de Sub Intendencia N° 126- 2022-SUNAFIL/IRE-ARE/SIRE, de fecha 23 de febrero de 2022, confirmada a través de la Resolución de Intendencia N° 205-2022-SUNAFIL/IRE-AQP, referida a la infracción muy grave en materia de relaciones laborales, tipificada en el numeral 25.6 del artículo 25 del RLGIT, considerando dicha infracción como grave, según lo dispuesto en el numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT; en consecuencia, la sanción impuesta asciende a la suma de S/ 6,908.00 (Seis mil novecientos ocho con 00/100 soles). TERCERO. - CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 205-2022-SUNAFIL/IRE-AQP, en el extremo referente a la infracción tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. CUARTO. - Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa. QUINTO. - Notificar la presente resolución a I.E. SANTISIMO SALVADOR, y a la Intendencia Regional de Arequipa, para sus efectos y fines pertinentes.

SEXTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

MANUEL GONZALO DE LAMA LAURA

20231018MLA