Hudbay Perú S.A.C — Res. 1351-2025

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Participación en las utilidades (Sub Materia: Pago; Hoja de liquidación y sus formalidades).

hábiles para la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal e) del numeral 53.2 del artículo 53° del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR y modificatorias (en adelante, el RLGIT).

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por la negativa del sujeto inspeccionado de facilitar al inspector de trabajo la información y documentación necesaria para el desarrollo de sus funciones, la misma que fue requerida en fecha 14 de setiembre de 2022 cuyo incumplimiento fue verificado en fecha 03 de octubre de 2022, tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46° del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/. 241,638.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por la negativa del sujeto inspeccionado de facilitar al inspector de trabajo la información y documentación necesaria para el desarrollo de sus funciones, la misma que fue requerida en fecha 13 de octubre de 2022 cuyo incumplimiento fue verificado en fecha 14 de noviembre de 2022, tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46° del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/. 241,638.00.

i. Sostiene que la resolución apelada no aborda aspectos fundamentales del caso, vinculados a las evidencias y argumentos aportados, basándose en afirmaciones carentes de sustento y hechos inexistentes. En relación con la presunta infracción del numeral 46.3 del artículo 46° del RLGIT, dicha norma tiene por finalidad sancionar las conductas que evidencien un comportamiento obstructivo e injustificadamente opuesto a la labor de investigación. En el presente caso, no se configuró tal conducta, pues no existió motivo razonable ni objetivo para atribuir esta falta. ii. Respecto al cumplimiento del primer requerimiento de información, la información fue cargada oportunamente en la casilla electrónica. Dado el peso de algunos documentos y la incompatibilidad de formato con la casilla, también se compartió la documentación a través de un enlace de Google Drive, accesible sin inconvenientes para cualquier usuario. La eventual dificultad del inspector para acceder a estos documentos no puede atribuirse a la empresa, considerando que se trataba de un medio permitido conforme al Protocolo N°005-2020- SUNAFIL/INII, que prioriza el uso de tecnologías de la información en las inspecciones laborales durante la emergencia sanitaria. iii. Asimismo, durante la comparecencia del 19 de octubre de 2022, el inspector solicitó expresamente el envío de información a través de su correo electrónico institucional, solicitud que fue atendida oportunamente. Por tanto, la finalidad

del procedimiento inspectivo se cumplió plenamente y no existió denegación, omisión o conducta obstructiva que justifique la aplicación del numeral 46.3 del artículo 46° del RLGIT. Además, la resolución apelada incurre en imprecisiones al no identificar específicamente los documentos a los que supuestamente no pudo acceder el inspector. iv. En cuanto al segundo requerimiento de información, se presentó oportunamente la información solicitada con fecha 13 de octubre de 2022, antes de la comparecencia presencial. La constancia de actuaciones inspectivas reconoce la entrega de la información mediante la casilla electrónica, sin observaciones. Durante la comparecencia del 19 de octubre de 2022, no se requirió complementar ni reenviar el registro de control de asistencia. Posteriormente, el 21 de octubre de 2022, se enviaron por correo electrónico únicamente documentos vinculados al primer requerimiento, los cuales no incluían el registro de asistencia. v. La imputación basada en la supuesta falta de presentación del registro de 18 trabajadores, en un universo de 1035 trabajadores, vulnera el Principio de Tipicidad y evidencia arbitrariedad en la sanción. Además, el inspector contaba con la información necesaria para verificar el reparto de utilidades, ya que en el primer requerimiento se presentó un documento Excel denominado “días laborados 2021”, que detallaba el tiempo efectivamente trabajado por todos los trabajadores, incluyendo aquellos mencionados en el segundo requerimiento. vi. En consecuencia, la resolución impugnada carece de un análisis adecuado y valoración de los medios probatorios presentados, parte de premisas falsas y no identifica con precisión los documentos supuestamente no entregados, por lo que resulta manifiestamente nula.

i. Para el análisis de la presente resolución se considerarán únicamente los documentos y alegatos pertinentes y congruentes con las infracciones detectadas por los inspectores de trabajo. Los administrados tienen derecho a que las decisiones consideren los principales argumentos jurídicos y de hecho que sean relevantes para la resolución del caso, sin que ello implique obligación de atender todos los planteamientos presentados. ii. De acuerdo con el artículo 220° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el recurso de apelación procede cuando la impugnación se sustenta en distinta interpretación de las pruebas o en cuestiones de puro

derecho. Bajo este marco, se examinan los extremos controvertidos señalados por la impugnante. iii. En relación con la primera infracción, no se evidenció conducta obstructiva ni opuesta a la labor inspectiva. La información solicitada fue cargada oportunamente en la casilla electrónica y, debido a limitaciones técnicas en algunos documentos, también se facilitó un enlace de Google Drive, accesible sin inconvenientes. La imposibilidad de acceso atribuible a herramientas tecnológicas no es responsabilidad del administrado, conforme a precedentes del Tribunal de Fiscalización Laboral. iv. El Acta de Infracción no especificó qué documentos no pudieron visualizarse, limitándose a una captura de pantalla de un único archivo. El Informe Final de Instrucción y la resolución impugnada replican esta imprecisión, sin identificar de manera clara los documentos supuestamente faltantes, lo que impide fundamentar la sanción. v. La Resolución de Sala Plena N° 001-2021-SUNAFIL/TFL establece que la infracción del numeral 46.3 del artículo 46° del RLGIT aplica únicamente cuando la conducta del administrado frustre la fiscalización. En el presente caso, no se evidenció tal frustración ni se justificó objetivamente la imputación, por lo que no procede considerar la conducta como infracción en este extremo. vi. Respecto a la segunda infracción, la información solicitada el 13 de octubre de 2022 fue presentada previamente a la comparecencia mediante la casilla electrónica, sin observaciones de la autoridad. El registro de control de asistencia no fue requerido durante dicha comparecencia y, por tanto, no se omitió su presentación. vii. La sanción se calculó considerando a 1,035 trabajadores, aunque la supuesta omisión solo afectaba a 18 trabajadores. Esta discrepancia vulnera el Principio de Tipicidad y refleja arbitrariedad en la determinación de la infracción. La autoridad contaba con información suficiente, incluyendo un detalle de días laborados en Excel, para verificar el reparto de utilidades. viii. La actuación inspectiva adicional del 13 de octubre de 2022 se justificó por inconsistencias detectadas en la información previamente presentada. La solicitud de documentación adicional permitió al inspector corroborar los datos y verificar el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el pago de utilidades, configurando la infracción de manera objetiva y sustentada. ix. Los hechos constatados por los inspectores se presumen ciertos conforme a la LGIT, sin perjuicio de las pruebas que los administrados puedan aportar. En este caso, la falta de presentación completa de la información afectó directamente la verificación de la materia objeto de inspección, justificando la calificación de la conducta como infracción. x. La resolución apelada realizó un análisis adecuado de los medios probatorios en relación con la segunda infracción, estableciendo de manera suficiente la existencia de la conducta infractora. Por el contrario, no se acreditó la frustración de la función inspectiva en la primera infracción, lo que exime al administrado de responsabilidad en ese extremo. xi. En consecuencia, se ratifica la sanción respecto al incumplimiento de facilitar la información solicitada el 13 de octubre de 2022, modificándose el monto a S/. 241,638.00 (Doscientos cuarenta y un mil seiscientos treinta y ocho con 00/100 soles), considerando la proporcionalidad y la afectación real de la función inspectiva. xii. La aplicación de la sanción se realiza en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 41 de la LGIT, modificado por la Primera Disposición Complementaria Modificatoria de la Ley N° 29981, garantizando el respeto a los Principios de

Legalidad, Tipicidad, Razonabilidad y congruencia entre los hechos constatados y la decisión adoptada.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

2 Así como escrito de fecha 06 de noviembre de 2023. 3 Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1.- Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), en adelante Sunafil, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias. 4 Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…). 5 Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento.

LGIT), el artículo 17° del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR6, y el artículo 2° del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR7 (en adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

Del Recurso De Revisión

El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa. 6 Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Decreto Supremo que aprueba la Sección Primera del Reglamento de Organización y Funciones de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. 7 Decreto Supremo N° 004-2017-TR, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.

infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, y sus normas modificatorias”8.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE HUDBAY PERU S.A.C.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 15 de setiembre de 2023, HUDBAY PERU S.A.C., fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 195-2023-SUNAFIL/IRE CUS, señalando los siguientes alegatos:

i. Manifiesta que, el Acta de Infracción acusó de haber negado facilitar la información requerida en los requerimientos de los días 14 de setiembre de 2022 y 13 de octubre de 2022. Sin embargo, la empresa no cometió ninguna falta, y las imputaciones presentan defectos que las hacen nulas. La resolución impugnada

8 Artículo 14° del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR.

revocó la sanción por la primera conducta, debido a que no precisó los documentos a los que supuestamente no pudo acceder el inspector y los archivos compartidos mediante enlace podían abrirse y descargarse sin inconvenientes. Además, no se indicó de manera puntual ni suficiente la repercusión de la supuesta imposibilidad de acceso, vulnerándose la razonabilidad del fundamento. ii. La resolución impugnada resulta incongruente, ya que las mismas irregularidades advertidas en la primera imputación se replican en la segunda. La aplicación del numeral 46.3 del artículo 46° del RLGIT es errónea, dado que la negativa, como denegatoria o rechazo, no se configura; el Tribunal de Fiscalización Laboral, a través de resoluciones como la N° 062-2021-SUNAFIL/TFL-Primera Sala y la N° 634-2022-SUNAFIL/TFL-Primera Sala, ha determinado que la conducta de presentar la información no constituye negativa ni obstaculización de la labor inspectiva. iii. Con respecto al requerimiento de fecha 13 de octubre de 2022, se cumplió con presentar la información solicitada previamente a la comparecencia presencial y mediante casilla electrónica. El registro de control de asistencia, correspondiente a agosto a diciembre de 2021, fue entregado junto con un documento Excel denominado “días laborados 2021” y las boletas de pago de enero a julio de 2021. Durante la comparecencia del 19 de octubre de 2022, el inspector no solicitó complementar ni reenviar la información del segundo requerimiento. iv. La resolución impugnada cambió el sustento respecto a la supuesta insuficiencia de la información, señalando que el registro solo incluía a tres personas, sin que tal análisis conste en el acta de infracción, lo que vulnera el derecho de defensa y el Principio de Tipicidad. Tampoco se consideró que los documentos eran accesibles y visualizables, y que el inspector pudo contactarse con la empresa o con el área informática de SUNAFIL, conforme a los Principios de Buena Fe Procedimental, Veracidad y Verdad Material. v. Se advierte además que la sanción se calculó considerando a 1035 trabajadores afectados, cuando la supuesta falta de presentación se refería únicamente a 18 trabajadores. La resolución impugnada omite aplicar el artículo 14° de la LGIT, el artículo 17° del RLGIT y la Directiva sobre el ejercicio de la función inspectiva, así como el numeral 4 del artículo 248° del TUO de la LPAG, done se vulnera con los Principios de Tipicidad, Predictibilidad y Seguridad Jurídica. vi. Por otra parte, la resolución impugnada no valoró adecuadamente los medios probatorios presentados ni los argumentos de la empresa, vulnerando el derecho al debido procedimiento, a la motivación y a la valoración de la prueba. Se incumple lo previsto en el literal a) del artículo 44° de la LGIT y en los precedentes de la Resolución de Sala Plena N° 002-2023-SUNAFIL/TFL, que establecen que el derecho a la prueba se agota con su valoración, no solo con su presentación. vii. Los resoluciones emitidas por el Tribunal de Fiscalización Laboral, incluyendo las Resoluciones N° 226-2021-SUNAFIL/TFL-Primera Sala, N° 457-2023-SUNAFIL/TFL- Primera Sala y N° 237-2023-SUNAFIL/TFL-Primera Sala, distinguen claramente entre negativa, entrega tardía y presentación adecuada de información, confirmando que la conducta de la empresa no se subsume en el numeral 46.3 del artículo 46° del RLGIT. La segunda imputación es igualmente imprecisa, ya que no se identifican los documentos que supuestamente no fueron descargables, ni se agotaron mecanismos complementarios de investigación. viii. Por todo lo expuesto, la conducta de la empresa no constituye negativa ni obstaculización a la labor inspectiva, la aplicación del numeral 46.3 del artículo 46° del RLGIT es inapropiada, y la resolución impugnada adolece de falta de coherencia interna, motivación deficiente, vulneración del debido

procedimiento, de los Principios de Tipicidad, Predictibilidad y Valoración de la prueba. En consecuencia, se solicita que la sanción impuesta sea dejada sin efecto.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre el deber de colaboración a la labor inspectiva

Asimismo, con respecto a la función inspectiva señala que, esta es entendida como: “la actividad que comprende el ejercicio de la vigilancia y exigencia del cumplimiento del ordenamiento sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo, (…)”. Bajo este marco, el comportamiento del inspector comisionado debe orientarse al cumplimiento de las funciones establecidas en la LGIT y su reglamento, tutelando el fin perseguido por dichas normas y debiendo adoptar medidas y acciones en el marco del Principio de Razonabilidad9.

9 Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del procedimiento administrativo general aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 1.4. Principio de razonabilidad. - Las decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen obligaciones, califiquen infracciones, impongan sanciones, o establezcan restricciones a los administrados, deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido.

facultado para desempeñar en su integridad todos los cometidos de la función inspectiva con sujeción a los principios establecidos en la LGIT.

• Se aprecia el documento denominado “Requerimiento de Comparecencia” de fecha 13 de octubre de 2022, notificado en la misma fecha, con el cual se deja constancia del depósito del referido documento, conforme se aprecia a continuación:

Figura N° 01 Requerimiento de comparecencia de fecha 13 de octubre de 2022

• Sin embargo, en el día y hora programada, la impugnante en su calidad de sujeto inspeccionado, asistió a la comparecencia programada como ha sido recogido en el numeral 4.10.2 del acápite IV Hechos Constatados del Acta de Infracción, aportando parte de la documentación solicitada la misma que consta en el expediente digital.

10 Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del procedimiento administrativo general aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…)

la información ofrecida o en su defecto cursar nuevas actuaciones inspectivas a fin de verificar correctamente la documentación e información ofrecida, agotando los medios disponibles a efectos de llegar a la verdad material. Por lo que, su inacción no puede trasladarse como consecuencia sancionadora al administrado.

“6.19. En tal sentido, con el objeto de contradecir el principio de licitud, que protege la actuación de los administrados, y acreditar fehacientemente los hechos, a la ocurrencia de alguna infracción a la normativa sociolaboral, la Administración debe determinar el cumplimiento del principio de verdad material.19 Así, conforme esta directriz, la autoridad administrativa competente debe verificar suficientemente los hechos que sirven de motivo para sus respectivas decisiones, esto es, la determinación de multas u obligaciones al sujeto inspeccionado; para lo cual, la autoridad fiscalizadora y sancionadora deben evaluar ampliamente la prueba directa e indirecta actuada en el expediente, así como extender todas las medidas razonables para satisfacer la carga probatoria que recae sobre la Administración, junto con la exigible participación necesaria del deber de colaboración de los sujetos inspeccionados, conforme a Ley. 6.20. En efecto, en el marco del procedimiento de fiscalización y sancionador se deben obtener los indicios suficientes o elementos de convicción que permitan la comprobación de alguna infracción a las normas de trabajo que sean pasibles de sanción. Esto resulta necesario para poder sostener una imputación de responsabilidad administrativa al sujeto inspeccionado, para lo cual se deben agotar los medios conferidos por el TUO de la LPAG, la LGIT y el RLGIT, citados precedentemente. 6.21. Cabe precisar que esta carga de la prueba que recae sobre la administración para determinar el reproche administrativo al sujeto inspeccionado atiende al derecho

fundamental de prueba que tiene este para ofrecer los medios de prueba que considere pertinentes para sustentar sus alegaciones. Tales actuados, cuando efectivamente sean pertinentes para la determinación de si existe responsabilidad administrativa o no, deberán ser analizados y valorados por la autoridad administrativa al resolver si corresponde o no la determinación de una sanción. 6.22. Lo señalado anteriormente, no implica que la mera alegación del principio/derecho a la presunción de licitud por parte del administrado, sea sustento suficiente para desvirtuar la comisión de infracción o infracciones imputadas; por el contrario, si durante el desarrollo del procedimiento la administración sustenta la responsabilidad del sujeto inspeccionado, la carga de la prueba se traslada a éste, por lo que podrá desestimar los reproches administrativos alegados o la configuración de algún eximente de responsabilidad, a través de la presentación de los medios de prueba que considere oportunos; correspondiendo a la administración resolver sobre la base de la valoración conjunta de las pruebas aportadas al procedimiento”. (Énfasis añadido).

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR.

SE RESUELVE:

PRIMERO. – Declarar FUNDADO el recurso de revisión interpuesto por HUDBAY PERU S.A.C., en contra de la Resolución de Intendencia N° 195-2023-SUNAFIL/IRE CUS, de fecha 28 de agosto de 2023, emitida por la Intendencia Regional de Cusco, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 640-2022-SUNAFIL/IRE-CUS, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. – DEJAR SIN EFECTO la sanción impuesta mediante Resolución de Sub Intendencia N° 458-2023-SUNAFIL/IRE CUSCO-SISA, de fecha 16 de junio de 2023, confirmada a través de la Resolución de Intendencia N° 195-2023-SUNAFIL/IRE CUS, en todos sus extremos.

TERCERO. – Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa en las materias de su competencia.

CUARTO. – Notificar la presente resolución a HUDBAY PERU S.A.C., y a la Intendencia Regional de Cusco, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. – Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

20251001MABJ – HR: 136964-2022