Hotelería Peruana S.A.C — Res. 833-2023

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Equipos de protección personal (Sub materia: Incluye todas); Formación e información sobre seguridad y salud en el trabajo (Sub materia: Incluye todas); y, Planes y Programas de Seguridad y Salud en el Trabajo (Sub materia: Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo. 2 Véase folio 757 del expediente inspectivo. soft DE LAMA LAURA Manuel Gonzalo FAU 20555195444 soft 20555195444 soft

remitiéndose el Acta de Infracción y otorgándose un plazo de cinco (05) días hábiles para la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal e) del numeral 53.2 del artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT).

- Una (01) infracción GRAVE en materia de seguridad y salud en el trabajo, por no acreditar haber realizado la entrega de los equipos de protección personal de acuerdo a lo establecido en el IPER del inspeccionado, tipificada en el numeral 27.9 del artículo 27 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 6,908.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por el incumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 11,572.00.

i. Señalan que, no se puede desconocer que cumplieron con acreditar la entrega de equipos de protección personal (EPPs) a sus trabajadores, a través de los registros fotográficos y de los registros escritos (declaraciones juradas), y por ello no corresponde sancionarlos, en tanto que el artículo 2 de la Resolución Ministerial N° 050-2013-TR, establece que los formatos aprobados por dicha norma “son de carácter referencial”, en virtud al artículo 34 del RLGIT; en ese sentido, la norma no ordena que el registro cumpla una formalidad específica o si este tiene que ser escrito, visual, auditivo o mixto, sino que de manera expresa señala que sus formatos son referenciales. ii. Por tanto, resulta ilegal exigir al administrado, formalidades que la norma no prevé, vulnerándose el principio de legalidad, debido procedimiento, informalismo, eficacia y simplicidad, tipificados en el TUO de la Ley N° 27444; la Administración esta vulnerado el derecho a probar, conforme lo regulado en el artículo 177 del TUO de la LPAG. iii. Que, sí han cumplido con entregar los EPPs acreditados mediante la presentación de los medios probatorios presentados a lo largo del procedimiento inspectivo y sancionador, entre ellos, registros fotográficos y declaraciones juradas del 29 de mayo de 2022 y 05 de noviembre de 2021. iv. Por último, alegan que la resolución incurre en error de hecho y de derecho, ya que se estaría sancionando por omitir una simple formalidad, toda vez que, la entrega de EPPs y la atención a la medida de requerimiento, han sido -en esencia- cumplidas conforme se aprecia con las declaraciones juradas; la infracción debería

ser calificada como leve, conforme lo establecido en el artículo 26 del RLGIT, por lo cual las infracciones resultan irracionales, ilegales e incongruentes.

i. Que, como se desprende del artículo 1 de la Resolución Ministerial N° 050-2013- TR, en efecto, se aprueban formatos referenciales pero que contienen información mínima que deben contener los registros obligatorios del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, que se tienen como anexo 1, extremo normativo que es reiterado en el artículo 2 al señalar la información mínima que deben contener dichos registros, conforme lo regulado en el artículo 33 del Reglamento. ii. Que, el hecho materia de infracción según el análisis en etapa de instrucción y de sanción está referida únicamente a la idoneidad del documento; sin embargo, no se debe dejar de lado que tanto las declaraciones juradas como las fotografías presentadas por el sujeto inspeccionado indefectiblemente acreditan un hecho. iii. No obstante, a diferencia de los establecido en primera instancia, este despacho considera que si bien prueban un hecho (entrega de equipos de protección personal en algún momento incierto), en forma inidónea éstos además son insuficientes, en vista de que la Resolución Ministerial N° 050-2013-TR, al establecer una disposición de información mínima; tanto las declaraciones juradas como las fotografías no permiten verificar la fecha de entrega de los equipos de protección personal, tampoco permite conocer qué equipo de protección personal se entregó, menos aún la fecha de renovación, más aun considerando que el sujeto inspeccionado sí presentó dicho registro en la etapa inspectiva, pero únicamente respecto de la trabajadora Quispe Ttito Casilda, ni ninguna sobre los otros ocho afectados; motivo por el cual, al verificar las nuevas declaraciones juradas presentadas como descargo al Informe Final de Instrucción, nuevamente omiten señalar la fecha de entrega y la fecha de renovación de los mismos, impidiendo corroborar la suficiencia de dichos medios probatorios, consecuentemente, corroborando el incumplimiento de una disposición normativa en la Resolución Ministerial N° 050-2013-TR, como es la información mínima que debe contener el registro para acreditar su cumplimiento.

3 Notificada a la impugnante el 30 de junio de 2022, véase folio 77 del expediente sancionador.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

4 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 5 “Ley N° 29981, Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…)”. 6 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 7 “Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 8 “Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

Del Recurso De Revisión

9 Artículo 14 del Decreto Supremo N° 016-2017-TR.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE HOTELERIA PERUANA S.A.C.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 20 de julio de 2022, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 0120-2022-SUNAFIL/IRE CUS, señalando los siguientes alegatos:

i. Refieren que se ha aplicado erróneamente la Resolución Ministerial N° 050-2013-TR, en tanto que, para la IRE, indefectiblemente se ha acreditado un hecho, el cual vendría a ser la presentación de EPPs a los trabajadores; razón por la cual, lo que resuelve resulta inconsistente y afecta de manera debida el derecho al debido procedimiento, ya que ante una evidente y manifiesta acreditación, la IRE desconoce el valor probatorio de los mismos. ii. Asimismo, precisan que, el artículo 2 de la Resolución Ministerial N° 050-2013-TR, establece que los formatos aprobados “son de carácter referencial”, en virtud del artículo 34 del Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo; por lo cual, la norma no ordena que el registro cumpla una formalidad específica o si este tiene que ser escrito, visual, auditivo o mixto, lo cual no ha sido considerado ni aplicado; por el contrario pretende obligar a presentar los formatos aprobados por la Resolución Ministerial N° 050-2013-TR, lo que constituye una interpretación y aplicación errónea de lo establecido en la citada resolución. iii. Cuestiona la inaplicación de los principios de informalismo, eficacia y simplicidad, en tanto, la Resolución de Intendencia recoge el criterio de la Autoridad Inspectiva de favorecer la exigencia de una formalidad no obligatoria por sobre la finalidad misma del procedimiento, vulnerando así los derechos del administrado; por lo cual, limitar la acreditación de la entrega de los EPPs a la exclusiva presentación de los registros según los formatos de la Resolución Ministerial N° 050-2013-TR, resulta de una inaplicación de los principios citados. iv. Invocan lo establecido por la Primera Sala del Tribunal de Fiscalización Laboral, respecto a la finalidad de la medida de requerimiento, que es la de revertir los efectos de la ilegalidad de la conducta cometida; la cual, en su caso, vendría a ser el acreditar la entrega de los EPPs, lo cual ha sido cumplido con las declaraciones juradas. No obstante, se está entendiendo a la medida de requerimiento como el cumplimiento de una formalidad independiente de su fondo, lo cual, es el resultado de la inaplicación de los principios de informalismo, eficacia y simplicidad.

v. Alegan que se ha inaplicado el derecho a la prueba y lo establecido en el artículo 177 del TUO de la LPAG; toda vez que, se ampara el hecho de que se exija un formato de registro como único medio probatorio válido para acreditar la entrega de los EPPs. En ese sentido, con la Resolución de Intendencia se está inaplicando el derecho a la prueba, en tanto permite ofrecer todo tipo de pruebas (declaraciones juradas) para acreditar las alegaciones; sino que los limita a presentar un tipo de formato en específico. vi. Asimismo, señalan que, se han aplicado erróneamente los artículos 27.9 y 46.7, y se ha inaplicado el artículo 26.5 del RLGIT, en tanto que no han incumplido ninguna disposición de la que se derive un riesgo grave para la seguridad o salud de los trabajadores. En todo caso, señalan que, en el supuesto negado de que los formatos publicados por la Resolución Ministerial N° 050-2013-TR, sean obligatorios, el omitir presentarlos vendría a ser un incumplimiento de un aspecto de forma, que no quita que los trabajadores hayan recibido los EPPs, tal como lo han señalado en las declaraciones juradas. vii. Respecto a la medida de requerimiento, sí cumplieron con la misma, en tanto que las autoridades inspectivas y sancionadoras consideran un supuesto incumplimiento, únicamente respecto a la omisión de una formalidad. En todo caso, la infracción debería ser calificada como leve, conforme a lo establecido en el artículo 26 del RLGIT. viii. Por último, alegan que se han inaplicado los principios de legalidad y debido procedimiento, en razón de encontrarse motivada en aplicación errónea e inaplicación de normas y principios del derecho administrativo y laboral.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre la infracción grave

"Artículo 49.- Recursos administrativos Los recursos administrativos del procedimiento administrativo sancionador son aquellos previstos en el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004- 2019-JUS.

El Recurso de revisión es de carácter excepcional y se interpone ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral. El Reglamento determina las demás condiciones para el ejercicio de los recursos administrativos”.

“la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias” (énfasis añadido).

De la infracción a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT

que éstas pueden consistir en ordenar al empleador, siempre que se fundamente en el incumplimiento de la normatividad legal vigente, la paralización o prohibición inmediata de trabajo o tareas por inobservancia de la normativa sobre prevención de riesgos laborales, entre otras.

“6.8 Así, los expedientes sancionadores que se tramitan en el Sistema de Inspección del Trabajo no son, sin embargo, unos que permitan distinguir imputaciones que solamente contengan casos “muy graves”, “graves” o bien “leves”, siendo habitual que en los casos sometidos a este Tribunal se encuentren imputaciones que contemplen infracciones calificadas normativamente como “muy graves” y alguna o algunas más de distinto grado. Ante este tipo de plataformas impugnatorias, el Tribunal de Fiscalización Laboral se encuentra obligado a distinguir lo que es materia de su estricta competencia de aquello que no lo es, conforme con la normativa glosada. 6.9 En ciertos casos —como el que es objeto de la presente resolución—el recurso de revisión propone el análisis de infracciones a la labor inspectiva consistentes en el incumplimiento de la medida de requerimiento contenidas en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT, pero las materias objeto de la medida de requerimiento son calificadas por la normativa como faltas “graves” o “leves”, lo que deposita a tales causas fuera de la competencia material de este Tribunal. 6.10 De esta forma, la evaluación de los recursos de revisión interpuestos contra sanciones administrativas por inejecución de medidas de requerimiento deberá circunscribirse a un análisis estrictamente referido a la proporcionalidad, razonabilidad y legalidad de tales medidas, sin invadir una competencia administrativa vedada, como son las infracciones calificadas como graves y leves,

que en expedientes como el presente, han adquirido firmeza con la expedición (y notificación) de la resolución de segunda instancia” (énfasis añadido).

Figura 01: Numeral 7.14.5 de la Directiva N° 001-2020-SUNAFIL

Figura 02:

10 Aprobada por Resolución de Superintendencia N° 031-2020-SUNAFIL, del 03 de febrero de 2020.

Debiendo acreditar con documentación idónea el levantamiento de las observaciones indicadas en los hechos verificados, advirtiéndose que el incumplimiento de dicha medida constituiría infracción a la labor inspectiva, sancionable con una multa. Sin embargo, conforme consta en los hechos constatados en el Acta de Infracción, la impugnante no cumplió en su totalidad con lo dispuesto en la medida de requerimiento.

evidenciando el incumplimiento de lo dispuesto en la Resolución Ministerial N° 050- 2013-TR, como es la información mínima que debe contener el citado registro para acreditar su cumplimento (énfasis añadido). En consecuencia, no cabe acoger los argumentos expuestos en este extremo por la impugnante.

Sobre la supuesta vulneración al debido procedimiento

“Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo” (énfasis añadido).

“2. El Tribunal Constitucional estima oportuno recordar, conforme lo ha manifestado en reiterada y uniforme jurisprudencia, que el debido proceso, como principio constitucional, está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Vale decir que cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea este administrativo -como en el caso de autos- o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal” (énfasis añadido).

como principio y derecho material, de los derechos de defensa y a la prueba, así como el cumplimiento de la garantía de la debida motivación.

Información Adicional

N° Materia Conducta Infractora Tipificación legal y clasificación Seguridad y Salud en el Trabajo No acreditar haber realizado la entrega de los equipos de protección personal de acuerdo a lo establecido en la IPER del inspeccionado. Numeral 27.9 del artículo 27 del RLGIT

GRAVE

Labor Inspectiva El incumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento. Numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT

MUY GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR;

SE RESUELVE:

PRIMERO. - Declarar INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por HOTELERIA PERUANA S.A.C., en contra de la Resolución de Intendencia N° 0120-2022-SUNAFIL/IRE CUS de fecha 28 de junio de 2022, emitida por la Intendencia Regional del Cusco, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 0743-2021-SUNAFIL/IRE- CUS, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. - CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 0120-2022-SUNAFIL/IRE CUS, en el extremo referente a la infracción muy grave a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT.

TERCERO. - Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa.

CUARTO. - Notificar la presente resolución a HOTELERIA PERUANA S.A.C., y a la Intendencia Regional del Cusco, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

MANUEL GONZALO DE LAMA LAURA

20230829MCR