Hotel Laguna Seca S.A — Res. 840-2023

Mediante Orden de Inspección N° 1298-2021-SUNAFIL/IRE-CAJ, se dio inicio a las actuaciones inspectivas de investigación, con el objeto de verificar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral1, que culminaron con la emisión del Acta de Infracción N° 21-2022- SUNAFIL/IRE-CAJ (en adelante, el Acta de Infracción), mediante la cual se propuso sanción económica a la impugnante por la comisión, entre otra, de cuatro (04) infracciones muy graves, por no registrar en planilla electrónica, así como por no inscribir en seguridad social en salud ni pensiones e incumplir con la medida de requerimiento; en mérito al operativo de formalización y NSL 9 DICIEMBRE 2021-IRE-CAJ.

Que, mediante Imputación de Cargos N° 080-2022-SUNAFIL/IRE-CAJ/SIAI, de fecha 23 de febrero de 2022, notificada el 25 de febrero de 2022, se dio inicio a la etapa instructiva,

De conformidad con el literal g) del numeral 53.2 del artículo 53° del RLGIT, la autoridad instructora emitió el Informe Final de Instrucción N° 112-2022-SUNAFIL/IRE-CAJ/SIAI, de fecha 18 de febrero de 2022 (en adelante, el Informe Final), que determinó la existencia de las conductas infractoras imputadas a la impugnante, recomendando continuar con el procedimiento administrativo sancionador. Por lo cual procedió a remitir el Informe Final y los actuados a la Sub Intendencia de Resolución de la Intendencia Regional de Cajamarca, la cual mediante Resolución de Sub Intendencia N° 181-2022-SUNAFIL/IRE-CAJ/SIRE, de fecha 13 de abril de 2022, notificada el 09 de mayo de 2022, multó a la impugnante por la suma de S/ 127,834.00, por haber incurrido en las siguientes infracciones:

Con fecha 27 de mayo de 2022, la impugnante interpuso recurso de apelación contra la Resolución de Sub Intendencia N° 181-2022-SUNAFIL/IRE-CAJ/SIRE, argumentando lo siguiente:

Mediante Resolución de Intendencia N° 116-2022-SUNAFIL/IRE-CAJ, de fecha 01 de julio de 20222, la Intendencia Regional de Cajamarca declaró fundado en parte el recurso de apelación interpuesto por la impugnante, adecuando la multa impuesta a un total de S/ 9,798.00, por considerar los siguientes puntos:

Con fecha 22 de julio de 2022, la impugnante presentó ante la Intendencia Regional de Cajamarca el recurso de revisión en contra de la Resolución de Intendencia N° 116-2022- SUNAFIL/IRE-CAJ.

La Intendencia Regional de Cajamarca admitió a trámite el recurso de revisión y elevó los actuados al Tribunal de Fiscalización Laboral, mediante Memorándum N° 581-2022- SUNAFIL/IRE-CAJ, recibido el 26 de julio de 2022 por el Tribunal de Fiscalización Laboral.

Mediante el artículo 1 de la Ley N° 299813, se crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (en adelante, SUNAFIL), disponiéndose en el artículo 7 de la misma Ley que, para el cumplimiento de sus fines, la SUNAFIL contará dentro de su estructura orgánica con un Tribunal de Fiscalización Laboral.

Asimismo, de conformidad con el artículo 15 de la Ley N° 299814, en concordancia con el artículo 41 de la Ley General de Inspección del Trabajo5 (en adelante, LGIT), el artículo 17 del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR6, y el artículo 2 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado

El artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG) establece que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de éstos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe de otorgarle esta facultad al administrado mediante una ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días respectivamente.

Así, el artículo 49 de la LGIT, modificado por el Decreto Legislativo N° 1499, define al recurso de revisión como un recurso administrativo del procedimiento administrativo sancionador con carácter excepcional, interpuesto ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos de que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral, estableciéndose en el artículo 55 del RGLIT, modificado por Decreto Supremo N° 016-2017-TR, que los requisitos de admisibilidad y procedencia se desarrollarían en el Reglamento del Tribunal.

El Reglamento del Tribunal establece que la finalidad del recurso de revisión es “la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias”8.

En ese sentido, es el mismo reglamento el que delimita la competencia del Tribunal a las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias, estableciéndose en el artículo 17 del Reglamento del Tribunal que se encuentra facultado para

En esta línea argumentativa, la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral comprende también la adecuación a la Constitución, a las leyes y al derecho, de conformidad con el principio de legalidad, que debe de caracterizar al comportamiento de las autoridades administrativas.

De la revisión de los actuados, se ha identificado que HOTEL LAGUNA SECA S.A. presentó el recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 116-2022-SUNAFIL/IRE-CAJ, emitida por la Intendencia Regional de Cajamarca, que revocó en parte la Resolución de Sub Intendencia N° 181-2022-SUNAFIL/IRE-CAJ/SIRE, y adecuó la sanción impuesta a un monto total de S/ 9,798.00, por la comisión de dos (02) infracciones MUY GRAVES en materia a la seguridad social, tipificadas en el numeral 44-B.1 del artículo 44-B; una (01) infracción MUY GRAVE en materia de relaciones laborales, tipificada en el numeral 25.20 del artículo 25 del RLGIT y, una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT ; dentro del plazo legal de quince (15) días hábiles, computados a partir del día siguiente hábil de la notificación de la citada resolución; es decir, el 05 de julio de 2022.

Así, al haberse identificado que el recurso interpuesto por el solicitante cumple con los requisitos legales previstos en el Reglamento del Tribunal y en las normas antes citadas, corresponde analizar los argumentos planteados por HOTEL LAGUNA SECA S.A.

Debe observarse la naturaleza del recurso de revisión, el artículo 218 del TUO de la LPAG establece que su interposición se faculta por Ley o Decreto Legislativo, en cuyo contenido

En esa línea argumentativa, el artículo 55 del RLGIT establece que el recurso de revisión es un recurso de carácter excepcional, interpuesto ante la autoridad que resolvió en segunda instancia, siendo desarrolladas su procedencia y requisitos de admisibilidad en el Reglamento del Tribunal, tal y como se señaló en los puntos 3.4 de la presente resolución.

Respecto de la finalidad del recurso de revisión en específico, el artículo 14 del Reglamento del Tribunal establece que éste tiene por finalidad:

Entendiéndose, por parte de esta Sala, que la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral comprende también la adecuación a la Constitución, a las leyes y al derecho, de conformidad con el principio de legalidad, que debe de caracterizar al comportamiento de las autoridades administrativas.

En ese sentido, el análisis de los argumentos de la impugnante se realizará bajo la competencia del Tribunal, vinculada con las infracciones muy graves, e identificando si sobre éstas se han producido alguno de los supuestos previstos en el artículo 14 del reglamento citado en el numeral precedente. Por lo expuesto, no corresponde emitir pronunciamiento sobre alegatos efectuados por la impugnante vinculados a la infracción grave, pues no forman parte de la competencia de este tribunal.

Como parte de los alegatos del recurso de revisión, esta Sala ha identificado que la impugnante cuestiona en una presunta vulneración a la debida motivación, derecho de defensa, el cual constituye parte del debido procedimiento 9. Por ende, corresponde en primer término, emitir pronunciamiento sobre esta causal, dado los efectos nulificantes que posee en caso de advertirse su inobservancia en el presente procedimiento administrativo.

El debido procedimiento exige la debida motivación del acto administrativo, entendido como una garantía que tienen los administrados de exponer sus argumentos, ofrecer y actuar pruebas, que deberán ser tenidas en cuenta por la autoridad administrativa al decidir, para que esa decisión sea conforme a derecho.

En ese contexto, se establece como uno de los elementos esenciales que rigen el ejercicio de la potestad sancionadora administrativa10, el atribuir a la autoridad que emite el acto administrativo la obligación de sujetarse al procedimiento establecido y de respetar las garantías consustanciales a todo procedimiento administrativo. Sobre el particular, el artículo 44 inciso a) de la LGIT establece, como uno de los principios del procedimiento sancionador, la observancia al debido proceso, “por el que las partes gozan de todos los derechos y garantías inherentes al procedimiento sancionador, de manera que les permita exponer sus argumentos de defensa, ofrecer pruebas y obtener una decisión por parte de la Autoridad Administrativa de Trabajo debidamente fundada en hechos y en derecho”.

Por su parte, el numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG precisa, como integrante del principio del derecho al debido procedimiento administrativo, el “obtener una decisión motivada, fundada en derecho”. El principio al debido procedimiento tiene como uno de los elementos esenciales que rigen el ejercicio de la potestad sancionadora administrativa11, el atribuir a la autoridad que emite el acto administrativo la obligación de sujetarse al procedimiento establecido y a respetar las garantías consustanciales a todo procedimiento administrativo, dentro del cual se encuentra el deber de motivación de los actos administrativos.

Conforme a lo establecido en el numeral 4 del artículo 3 del TUO de la LPAG, “El acto administrativo debe estar debidamente motivado en proporción al contenido y conforme al ordenamiento jurídico”, motivación que deberá ser expresa, mediante una relación concreta y directa de los hechos probados relevantes del caso específico, y la exposición de las razones jurídicas y normativas que con referencia directa a las anteriores justifican el acto adoptado, tal y como lo establece el artículo 6 del TUO de la LPAG. Asimismo, el contenido del acto administrativo mencionado, como requisito de validez, implica que aquel deba comprender todas las cuestiones de hecho y derecho planteadas por los administrados tal y como lo prescribe el numeral 5.4 del artículo 5 del TUO de la LPAG.

En esa línea argumentativa, esta Sala identifica, desde un análisis formal, que tanto el acta de infracción, como el informe final, la Resolución de Sub Intendencia y la Resolución de Intendencia, han contemplado la argumentación y medios de prueba expuestas por la impugnante, advirtiéndose el cumplimiento de los requisitos referidos al cumplimiento del

Conforme con el fundamento jurídico 4 de la Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional del 8 de febrero de 2022 (expediente 349-2021-PA7TC), toda decisión judicial debe cumplir con cuatro requisitos para que cumpla con el deber de motivación, lo que lleva a contemplarlas en su extensibilidad al ámbito administrativo del presente expediente: 1) coherencia interna, para comprobar que lo decidido se deriva de premisas establecidas por el órgano resolutivo en su fundamentación; 2) justificación de las premisas externas, que aluden al respaldo probatorio de los hechos y sobre el derecho considerado por el órgano al resolver; 3) la suficiencia, que refiere a que se hayan expuesto razones que sustenten lo decidido en función de los problemas relevantes determinados y necesarios para la resolución del caso; y 4) la congruencia, como elemento que permite establecer si las razones especiales requeridas para adoptar determinada decisión se encuentran recogidas en la resolución en concreto.

Del examen efectuado por esta Sala sobre el procedimiento inspectivo y las resoluciones emitidas en el Procedimiento Sancionador, se puede observar que estos 4 elementos pueden ser satisfactoriamente comprobados, por lo que, de manera formal y material, el debido procedimiento ha sido respetado dentro del trámite del procedimiento sancionador. Por ende, se debe desestimar los argumentos referidos a cuestionar este extremo.

Por tales razones, la nulidad alegada por la impugnante no debe ser acogida, al no evidenciarse que se haya incurrido en alguna causal de nulidad contemplada en el artículo 10 del TUO de la LPAG

Sobre el particular, el artículo 4 del TUO de la LPCL, establece que “en toda prestación personal de servicios remunerados y subordinados, se presume la existencia de un contrato de trabajo a plazo indeterminado”. Así, existe un vínculo de naturaleza laboral cuando se presenten los siguientes tres (3) elementos: (i) prestación personal del servicio, (ii) remuneración, y (iii) subordinación; siendo este último el elemento distintivo entre el contrato de trabajo y el contrato de locación de servicios, el cual adopta una serie de manifestaciones cuyo descubrimiento nos lleva a concluir el carácter laboral de una relación contractual.

En el presente caso, se ha determinado conforme lo verificado de los documentos exhibidos ante la inspección laboral el registro de asistencia mediante el cual el señor Mendoza Revilla

En efecto, la fecha de inicio de la prestación de servicios, no ha sido cuestionada por la recurrente con otro medio de prueba suficiente que desvirtué su propio registro de asistencia que presentó ante la autoridad inspectiva. Por tanto, se verifica que la fecha de inicio del vínculo laboral es el 01 de diciembre de 2021.

En ese sentido el Decreto Supremo N° 018-2007-TR, mediante el cual se establecen disposiciones relativas al uso del documento denominado “Planilla Electrónica”, estableciendo en su artículo 4- A lo siguiente:

De la normativa expuesta se aprecia que es obligación del empleador registrar, entre otros, a sus trabajadores en el T-REGISTRO el mismo día de ingreso a prestar el servicio. Siendo una disposición de naturaleza legal, conforme lo dispuesto en el artículo 109 de la Constitución Política del Perú, no se puede alegar su desconocimiento. En ese sentido, se le recuerda a la impugnante, que como empleador tiene el deber de acatar todas las disposiciones legales vigentes en materia sociolaboral.

Sin embargo, de lo expuesto en el Acta de Infracción y de la Resolución de Sub Intendencia confirmada por la Resolución de Intendencia de Cajamarca, se verifica que el objeto de imputación se centra en la conducta de la impugnante de registrar en la planilla electrónica como fecha de inicio el 02 de diciembre de 2021, cuando el inicio de la relación laboral se desarrolló desde el 01 de diciembre de 2021; de allí la invocación en el numeral 4.12 del Acta de Infracción, como en el numeral 18 de la Resolución de Sub Intendencia Nº 181-2022-SUNAFIL/IRE-CAJ y el numeral 1 de la Resolución de Intendencia Nº 116-2022-SUNAFIL/IRE-CAJ, al registro de asistencia del mes de diciembre de 2021, en el que consta que la prestación de servicios inició el 01 de diciembre de 2021.

En ese sentido, estando acreditado el deber de la impugnante, esto es, la inscripción en la planilla desde la fecha de inicio de la relación laboral, esto es, que al momento de realizar su inscripción deba consignar la fecha de inicio del trabajador afectado; cuando el sujeto inspeccionado consigna en el registro de planillas como la fecha de inicio el 02 de diciembre de 2021, incurrió en una infracción en materia de relaciones laborales.

Por tanto, queda acreditada el incumplimiento al registro de planillas, desde la fecha de inicio laboral, pues, se consignó una distinta; dicha inobservancia configura la infracción imputada

Asimismo, deben desestimarse todos los argumentos referidos a cuestionar este extremo, así como la invocación de la Resolución Ministerial Nº 121-2011-TR, la cual ha sido debidamente absuelta en el numeral 1 de la Resolución de Intendencia Nº 116-2022-SUNAFIL/IRE-CAJ, en la que hace alusión al Anexo que contempla dicha Resolución Ministerial; por lo que, no se acoge los argumentos de defensa referidos a que este es de aplicación exclusiva para la administración, pues con dicho argumento lo que se pretende es desconocer las obligaciones que se han expuesto precedentemente por parte del empleador; específicamente, a registrar en planillas a su trabajador desde el inicio de la relación laboral; cuyo incumplimiento fue advertido por la autoridad inspectiva, motivo por el cual emitió la medida de requerimiento en la que se especifica el numeral 4.A del Decreto Supremo Nº 018-2007-TR, dando la oportunidad a la recurrente a que cumpla con su deber; pese a lo cual, la inspeccionada registró como fecha de inicio un día distinto al constatado por la autoridad inspectiva, conforme se ha expuesto en los numerales precedentes. En tal sentido, deben desestimarse todos los argumentos expuestos en este extremo.

Así, es preciso recordar que el derecho a la seguridad social, como derecho universal y progresivo de toda persona a la seguridad social, para su protección frente a las contingencias que precise la ley y para la elevación de su calidad de vida (artículo 10°12 de la Constitución) y, en particular, el derecho al libre acceso a las prestaciones de salud y pensiones (artículo 11°13 de la Constitución) forman parte del elenco de derechos constitucionales respecto de los cuales ninguna relación laboral puede, válidamente, limitar su ejercicio, conforme lo establece el propio artículo 23° de la Constitución.

La interpretación de los mencionados artículos debe efectuarse de conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los tratados internacionales sobre la misma materia ratificados por el Perú según el mandato de la cuarta disposición final y transitoria de la Constitución. En tal sentido y respecto de los tratados internacionales de derechos humanos en materia de seguridad social, se debe considerar lo siguiente:

Asimismo, el Tribunal Constitucional Peruano en los fundamentos 8 y 9 de la sentencia recaída en el expediente N° 1473-2009-PA/TC, recordó que, basándose en el artículo 10 de la Constitución, que reconoce el régimen de seguridad social, el artículo 11 reconoce el derecho al acceso con libertad a las prestaciones pensionarias, en los siguientes términos: "El Estado garantiza el libre acceso a prestaciones de salud y a pensiones, a través de entidades públicas, privadas o mixtas. Supervisa asimismo su eficaz funcionamiento (…)".

De mismo modo, en el fundamento 7 del expediente N° 00016-2020-PI/TC el Tribunal Constitucional, señala:

De la normativa supranacional y nacional, así como de la jurisprudencia emitida por el Tribunal Constitucional, se aprecia que existe un bloque de constitucionalidad y legalidad, referidas a que todo trabajador tiene el derecho humano fundamental a la seguridad social en pensiones y salud; el cual es adquirido por el trabajador desde el inicio de la relación laboral. En consecuencia, constituye una obligación de los empleadores, que, desde el ingreso de un trabajador a laborar a un centro de trabajo, sea incorporado al Sistema de Seguridad Social de Pensiones de su elección, ya sea al Sistema Nacional de Pensiones (SNP) o en el Sistema Privado de Pensiones (SPP)14.

En similar sentido ha indicado el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la guía de obligaciones del empleador al iniciar una relación laboral15 en la que de forma clara señala que, entre otras obligaciones, el empleador la obligación de la inscripción al Seguro de Salud y de Pensiones, se da desde el inicio del vínculo laboral.

En atención a las consideraciones antes expuestas, se advierte como correlato de la existencia del vínculo laboral, al trabajador afectado le asistía los derechos legalmente establecidos, entre los que encontramos los derechos de la seguridad social en pensiones y salud desde el momento que ingresó a laborar, verificándose que la impugnante no ha cumplido con la misma.

Siendo que la inspeccionada no ha logrado desvirtuar su propio registro de asistencia en la que se aprecia el registro de ingreso y salida, así como la rúbrica de este en dicho documento exhibido ante la inspección de trabajo; el registro en el sistema de seguridad social en pensiones y salud, debió ser desde la fecha de la prestación de servicios, esto es, 01 de diciembre de 2021; y no como lo ha realizado, esto es, 02 de diciembre de 202116. Configurando con ello una conducta infractora a la seguridad social en salud y pensiones, pues, no basta con inscribir al trabajador consignando una fecha distinta al inicio de la relación laboral, sino que esta debe ser desde iniciado el vínculo, en el caso de autos, el 01 de diciembre de 2021, conforme lo ha señalado, debidamente, la Resolución de Intendencia Nº 116-2022-SUNAFIL/IRE-CAJ, numeral 4. Por lo que, se debe confirmar las multas impuestas por las infracciones a la seguridad social, tipificadas en el numeral 44-B.1 del artículo 44-B del RLGIT.

Debe indicarse que la materia de imputación según se desprende del acta de infracción en el numeral 4.12 del Acta de Infracción, no se sustenta en la existencia de un plazo para su inscripción en la seguridad social en pensiones y salud, sino en que la fecha consignada no se condice con la fecha real de inicio del trabajador afectado, pues indica “hecho que no se ajusta a la verdad, toda vez que el trabajador en mención aparece en el registro permanente de control de asistencia, cuyas marcaciones de ingreso y salida, además de sus firmas, se reflejan en el periodo del 01 al 17 de diciembre de 2021; lo cual denota infracción a las normas sociolaborales por la inspeccionada, en particular, sobre el registro en la planilla electrónica y la seguridad social en salud y pensiones del trabajador MENDOZA REVILLA AUGUSTO RUBEN (…)”.

De allí que los argumentos de la recurrente orientados a cuestionar la aplicación normativa e interpretación legal, efectuada por las instancias de mérito carecen de sustento con los hechos materia de imputación. Por lo que, deben ser desestimados todos los argumentos dirigidos

Con relación a lo alegado por la impugnante, es preciso traer a colación al artículo 38 de la LGIT, que establece los tipos de sanciones y criterios de la graduación de las sanciones, “las infracciones son sancionadas administrativamente con multas administrativas y el cierre temporal, de conformidad con lo previsto en el artículo 39-A de la presente ley. Las sanciones a imponer por la comisión de infracciones de normas legales en materia de relaciones laborales, de seguridad y salud en el trabajo y de seguridad social a que se refiere la presente Ley, se gradúan atendiendo a los siguientes criterios generales: a) Gravedad de la falta cometida. b) Número de trabajadores afectados. c) Tipo de empresa. El Reglamento establece la tabla de infracciones y sanciones, y otros criterios especiales para la graduación”.

En ese sentido, el artículo 47 del RLGIT, dispuso además de los criterios de graduación señalados en la LGIT, que la determinación de la sanción debe respetar los principios de razonabilidad y proporcionalidad según lo dispuesto por el artículo 24617 numeral 3) del TUO de la LPAG. Considerando ello, en la resolución sancionadora, al momento de realizar la imposición de la sanción de multa, se realiza ello, en base a lo sustentado y de acuerda a la normativa vigente, cabe indicar que los montos de las multas contenidas en la tabla del RLGIT son fijas y predeterminadas, sin que la autoridad sancionadora pueda imponer otro valor distinto, por lo que, corresponde no acoger este extremo del recurso de revisión.

Respecto a la Interpretación errónea del numeral 48.1 del artículo 48 del RLGIT. Debemos señalar que, conforme se verifica que la resolución impugnada, dicho alegado ya fue absuelto, toda vez que también fue alegado en el recurso de apelación, fundamentos que esta Sala comparte. Así, como se ha señalado previamente y se desprende de los actuados, la constatación de la falta reprochada se produce recién con la emisión del Acta de Infracción; toda vez que es con esta mediante el cual la autoridad inspectiva determina la configuración o no, de una o más infracciones y en el presente caso se verifica que la fecha de este es el 27 de enero de 2022, tomándose como dicho año la de constatación de las infracciones imputadas, conforme lo señala el numeral 18 al 19 de la Resolución de Intendencia Nº 116- 2022-SUNAFIL/IRE-CAJ . En tal sentido, no corresponde acoger dicho extremo del recurso de revisión

El numeral 5.3 del inciso 5 del artículo 5 de la LGIT, los inspectores del trabajo están investidos de autoridad y facultados para requerir al sujeto responsable que, en un plazo determinado, adopte medidas en orden al cumplimiento de la normativa del orden sociolaboral, incluso con

El numeral 20.3 del artículo 20 del RLGIT, ha establecido que las medidas de requerimiento son órdenes dispuestas, por la inspección del trabajo, para el cumplimiento de las normas sociolaborales y de seguridad y salud en el trabajo. Así como que éstas pueden consistir en ordenar al empleador, siempre que se fundamente en el incumplimiento de la normatividad legal vigente, que en relación con un trabajador se le registre en planillas, se abonen las remuneraciones y beneficios laborales pendientes de pago, entre otras.

Así las cosas, corresponde indicar que la naturaleza jurídica de la medida inspectiva de requerimiento es la de ser una disposición ordenada por el servidor – inspector de trabajo- que puede tener como objeto el revertir los efectos de la ilegalidad de la conducta cometida por el inspeccionado de manera previa al inicio del procedimiento sancionador (medida de requerimiento en modalidad de subsanación de una infracción determinada por la inspección del trabajo),18 existiendo otra variante por la que los inspectores conminan al sujeto inspeccionado a adecuar su comportamiento a lo prescrito en las normas de trabajo (medida de requerimiento en modalidad de rectificación de una infracción determinada por la inspección del trabajo). Por ello, la inspeccionada tiene la carga de dar cumplimiento a lo ordenado por la autoridad inspectiva, caso contrario, su incumplimiento constituye infracción a la labor inspectiva, sancionable con multa, según lo dispuesto por el artículo 36 de la LGIT y el artículo 46 numeral 46.7 del RLGIT.

En esa línea argumentativa, de conformidad con el precedente administrativo de observancia obligatoria aprobado mediante Resolución de Sala Plena N° 002-2022-SUNAFIL/TFL, publicado el 06 de mayo de 2022, en el diario oficial El Peruano, la evaluación de los alegatos relativos a las medidas inspectivas de requerimiento deben de encontrarse vinculadas bajo los siguientes aspectos:

De autos, se observa que la medida inspectiva de requerimiento de fecha 28 de diciembre de 2021, ordenó a la recurrente que cumpla en un plazo máximo de tres (03) días hábiles, con la adopción de las medidas requeridas, bajo apercibimiento de multa en caso de incumplimiento.

En similar sentido, se observa la proporcionalidad, razonabilidad y legalidad de la medida inspectiva de requerimiento, en tanto fue emitida como dentro de las actuaciones inspectivas derivadas de la Orden de Inspección N° 1298-2021-SUNAFIL/IRE-CAJ, y con relación a los hallazgos que posteriormente fueron consolidadas en el Acta de Infracción. En tal sentido, el recurso de revisión no desvirtúa la sanción aplicada respecto de la infracción muy grave a la labor inspectiva, por no cumplir con la medida inspectiva de requerimiento. Sin que la impugnante acredite su total cumplimiento en, dentro del plazo otorgado y en los términos dictados por el inspector comisionado, conforme consta en el Acta de Infracción.

En efecto, no resulta suficiente para tener por cumplido esta medida el solo presentar documentación referida al trabajador o trabajadores señalados en este, si no que estos deben de acreditar dar cumplimiento dentro del plazo conferido y en los términos dictados en ella; lo cual no se ha evidenciado.

En tal sentido, la medida de requerimiento solicitada por el inspector comisionado resulta conforme al principio de razonabilidad, debida motivación y legalidad, pues la materia de inspección está orientada al cumplimiento de la normativa sociolaboral. En consecunecia, se deben desestimar los argumentos dirigidos a cuestionar este extremo; toda vez que conforme el numeral 4.12 de los hechos constatados del acta de infracción, se evidencia que el impugnante no cumplió con acreditar todas las acciones dispuestas en la medida de requerimiento. Por ende, se encuentra acreditado que la impugnante ha incurrido en una (01) infracción muy grave a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT; por lo que tampoco se afectó el principio de tipicidad ni legalidad en este extremo.

Por tanto, estando a que la autoridad administrativa cumplió con el estándar de prueba fijado para el procedimiento administrativo sancionador, esto es, la determinación de la infracción incurrida por parte del sujeto inspeccionado, luego de la valoración presentada en la fase inspectiva y sancionadora; correspondía al sujeto inspeccionado, en ejercicio de su derecho de contradicción y defensa, presentar los medios documentales que sustenten su alegato, esto es, haber cumplido con lo dispuesto en la medida inspectiva de requerimiento; sin embargo, no se aprecia el mismo. Lo que evidencia, el incumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento, la cual constituye una infracción a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. Así, se advierte, que la inspección de trabajo ha acreditado la culpabilidad de la impugnante y en consecunecia desvirtuado el principio de licitud.

Por las consideraciones antedichas, no cabe acoger los argumentos expuestos por la impugnante dirigidos a cuestionar este extremo.

Finalmente, a título informativo se señala que, conforme fluye del expediente remitido, las multas subsistentes como resultado del procedimiento administrativo sancionador serían las que corresponden a las siguientes infracciones:

Cabe precisar que este detalle se provee a título informativo y cualquier error de hecho o derecho durante la tramitación del expediente que resultara en un error, omisión o imprecisión en las materias, cantidad, conducta, tipificación legal, clasificación o cuantía, resulta de exclusiva responsabilidad de la Intendencia respectiva.