Hortifrut – Perú S.A.C — Res. 946-2023

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Remuneraciones (Sub materia: Pago de la remuneración (Sueldos y salarios); Jornada, Horario de Trabajo y Descansos remunerados (Sub materia: Vacaciones); Compensación por tiempo de servicio (Sub materia: Depósito de CTS); Verificación de regímenes especiales y grupos específicos (Sub materia: Otros regímenes); y, Remuneraciones (Sub materia: Gratificaciones). 20555195444 soft 20555195444 soft DE LAMA LAURA Manuel Gonzalo FAU 20555195444 soft

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por la negativa a facilitar el requerimiento de información solicitada de fecha 14 de enero de 2021, tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 11,572.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por la negativa a facilitar el requerimiento de información solicitada de fecha 20 de enero de 2021, tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 11,572.00.

i. Que, el debido procedimiento no se limita simplemente a garantizar que el administrado pueda exponer sus argumentos de defensa en el tiempo debido; sino también implica ser inspeccionado por parte de la Autoridad Administrativa de Trabajo debidamente fundada en hecho y derecho. ii. Se ha vulnerado el principio de culpabilidad toda vez que existe una falta de antijuricidad de la supuesta conducta imputada. En ese sentido, se esta sancionando a la empresa por la demora de entrega de información solicitada a través de requerimientos de información del 14 y 20 de enero de 2021. Siendo la demora un problema en el funcionamiento de la casilla electrónica SUNAFIL como fue expuesto en los descargos de imputación de cargos, no siendo motivo para retrasar o interferir las investigaciones, al haber cumplido con realizar el pago de la liquidación de beneficios sociales del trabajador, sin que se adeude monto alguno. iii. Existe un error en la tipificación de la infracción, en el sentido que, la empresa inspeccionada ni siquiera ha tenido oportunidad de manifestar el acto a favor o en contra de la investigación desarrollada en su contra, por lo cual se identifica la vulneración de principios sustanciales como el de legalidad y probidad en el proceso inspectivo, motivo por el cual el superior jerárquico con adecuado criterio al advertir la vulneración de tipicidad en la presente causa al calificar incorrectamente la conducta sancionable. No se ha corroborado la existencia de negatividad de entregar

información sino de una omisión que ha retrasado el ejercicio de las funciones inspectivas, correspondiendo a una tipificación de la conducta según el artículo 45.2; en el sentido que, al remitir la información se cumplió con las materias objeto de fiscalización de la orden de inspección, las cuales refieren al cumplimiento de la normativa sociolaboral, teniendo un retardo en la presentación de la información solicitada por la inspectora comisionada, por lo tanto, solicitan que se modifique dichas infracciones las que deberán enmarcarse a lo establecido en el artículo 45° numeral 45.2 del RLGIT. iv. La documentación fue debidamente presentada, considerando desproporcional e irrazonable sancionar con la tardía presentación de documentos, con la misma gravedad que la no presentación de los mismos, tal como se podrá verificar de la documentación que obra en el expediente sancionador, por lo que el despacho debe tener en cuenta que la empresa inspeccionada en ningún momento trató de violentar la norma establecida en el Reglamento de la Ley de Inspección de Trabajo N° 28806 pues, el inspector pudo constatar que cumplieron con todas sus obligaciones laborales, habiendo presentado también en el procedimiento sancionador. v. Finalmente, solicitan la reducción de la multa, conforme lo establecido por el inciso a) del Artículo 40° de la LGIT – Ley N° 28806: “Las multas previstas en esta Ley se reducen en los siguientes casos: a) Al treinta por ciento (30%) de la multa originalmente propuesta o impuesta cuando se acredite la subsanación de infracciones detectadas, desde la notificación del acta de infracción y hasta antes del plazo de vencimiento para interponer el recurso de apelación (…)”, al aplicar el reconocimiento de responsabilidad de la empresa, la cual debe ser expresa por escrito y sin sobrepasar el plazo de un año para subsanar las infracciones, al haber subsanado en mas de una oportunidad, (mediante correo de fecha 15.02.2021 los descargos a la imputación y al presente escrito); por lo que, presentan su reconocimiento de la infracción imputada.

i. El Decreto Supremo N° 003-2020-TR establece de forma expresa cuando la notificación de un documento, realizada por casilla electrónica, toma validez, siendo lo señalado en el artículo 11 del cuerpo normativo en mención: “11.1 La notificación se entiende válidamente efectuada con el depósito del documento en la casilla electrónica asignada al usuario”. ii. Aunando a ello, se puede afirmar que la alerta consignada en el artículo 6, del cuerpo normativo en mención, implica una carga a la Administración Pública pero no se observan fundamentos que permitan determinar que se trate de una condición de validez para las notificaciones practicadas vía casilla electrónica, mas aún cuando es la

2 Notificada a la impugnante el 18 de julio de 2022. Véase folios 79 del expediente sancionador.

misma norma quien señala la obligación del administrado de revisar periódicamente la casilla electrónica a fin de obtener el correcto conocimiento de los documentos notificados y cumplir con su deber al ejercicio de la labor inspectiva. Entonces, resulta imperativo que la administrada ejerza sus obligaciones, no con la finalidad de otorgar validez al procedimiento inspectivo o sancionador, sino con la necesidad que la misma pueda hacer valer sus derechos y evitar futuras contravenciones a las normas legales. iii. En ese sentido, en el presente caso, a la fecha de la realización de las actuaciones materia de autos, iniciada con la Orden de Inspección N° 187-2021-SUNAFIL/IRE-LIB, la normativa referente a la implementación de la Casilla Electrónica de Sunafil ya se encontraba en plena vigencia; por tanto, en base a ello y a las consideraciones antes señaladas, el despacho determina que el personal comisionado a efectuado las notificaciones de requerimiento de información válidamente, tal y como se acredita con las notificaciones electrónicas obrantes en el expediente de actuaciones inspectivas, quedando en la obligación del administrado, de revisar periódicamente la casilla electrónica asignada con la finalidad de evitar posibles eventualidades e infracciones al ejercicio de la labor inspectiva. iv. La empresa señaló que, se debió a la demora por el problema en el funcionamiento de la casilla electrónica de SUNAFIL, como fue expuesto en los descargos de imputación de cargos, no siendo motivos para retrasar o interferir las investigaciones, al haber cumplido con realizar el pago de la liquidación por beneficios sociales del trabajador, sin que se adeude monto alguno. Para acreditar lo señalado, la empresa presentó el print de pantalla de un correo electrónico de fecha 15 de febrero de 2021 dirigido al correo electrónico del personal inspectivo comisionado y adicionalmente, el correo de fecha 22 de febrero de 2021 de respuesta de dicho servidor a la empresa. v. Sin embargo, conforme se puede verificar de los mismos, el Acta de Infracción N° 036- 2021-SUNAFIL/IRE-LIB fue emitida el 26 de enero de 2021, fecha que coincide con la conclusión de las actuaciones inspectivas; por tanto, el correo presentado con fecha posterior no acredita que la empresa hubiere cumplido con remitir la información requerida, dentro del plazo otorgado por el inspector, siendo que dichos plazos, vencieron los días 19 de enero de 2021 y 25 de enero de 2021, respectivamente. vi. Aunado a ello, la empresa no presentó sustento alguno que acredite el impedimento o problema que habría presentado el sistema de casilla electrónica, dentro del plazo oportuno; y si intentó atender los requerimientos de manera posterior, obviamente el sistema no va a permitir el ingreso de información alguna, al haberse vencido el plazo de su atención; por tanto, se desestimó dicho extremo. vii. Sobre el extremo referido a que existe un error en la tipificación de la infracción, en el sentido que la empresa inspeccionada ni siquiera ha tenido oportunidad de manifestar el acto a favor o en contra de la investigación desarrollada en su contra, por lo cual se identifica la vulneración de principios sustanciales como el de legalidad y probidad en el proceso inspectivo; se verifica que el personal comisionado señaló de forma precisa en el numeral 4.11 del Acta de Infracción N°036-2021-SUNAFIL/IRE-LIB que no se pudo determinar la existencia de incumplimiento en la normativa sociolaboral por parte de la inspeccionada, por lo que evidentemente no genera un retraso o perturbación a la labor inspectiva del personal inspectivo sino una clara frustración de las investigaciones correspondientes; por lo tanto, no corresponde adecuar a la conducta de la inspeccionada en tanto se advierte una clara negativa de entregar información al inspector de trabajo. viii. Además, se debe precisar que conforme al numeral 3) de la Resolución de Criterios Aplicables en la inspección de Trabajo, aprobada por Resolución N° 029-2009- MPTE/2.11.4, señala que las infracciones a la labor inspectiva son insubsanables; por lo que, la documentación remitida por la inspeccionada, posterior al plazo consignado, no significaría una subsanación a la infracción incurrida.

ix. Se concluye, que se ha acreditado que la inspeccionada incurrió en infracción a la labor inspectiva, y a razón de ello la Sub Intendencia de Resolución impuso la sanción respectiva; por tanto, quedan desvirtuados los argumentos formulados por la administrada, no existiendo agravio alguno que pudiera ocasionarse con la resolución apelada, al haber sido expedida conforme a Ley y con la fundamentación apropiada.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 4 “Ley N° 29981, Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…)”. 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento.

del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR6, y el artículo 2 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR7 (en adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

Del Recurso De Revisión

El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6 “Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 7 “Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias”8.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE HORTIFRUT - PERU S.A.C. (HORTIFRUT - TAL S.A.C.)

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 08 de agosto de 2022, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 168-2022-SUNAFIL/IRE-LIB, señalando los siguientes alegatos:

i. Refieren que se ha inaplicado el artículo 248.10 del TUO de LPAG, en razón que no se ha cometido una conducta antijurídica, precisando que, en el caso de las personas

8 Decreto Supremo N° 016-2017-TR, artículo 14.

jurídicas como la Empresa, no se puede determinar en estricto la existencia de dolo, la culpabilidad se identificaría con el llamado “déficit de organización”, de modo que su conducta sería reprochable cuando no se tomaron las medidas suficientes para impedir que se cometa una infracción. ii. Respecto a los dos requerimientos de información, de fechas 14 y 20 de enero del 2021, señalan que no pudieron revisar la información requerida por el Inspector, ya que no fueron notificados de manera adecuada; en tanto que, no recibieron la alerta de notificación al correo electrónico o mensaje de texto en la cual se señale el depósito de los requerimientos de información, los cuales son exigencias mínimas establecidas en la norma. iii. Alegan que, en efecto, al momento de los requerimientos de información no contaban con un correo electrónico registrado en el sistema de la casilla electrónica. Por ello, no tienen responsabilidad al no responder a los requerimientos, ya que la Administración no cumplió con las exigencias establecidas en la norma. Por lo tanto, en atención a lo establecido en el artículo 16 del TUO de la LPAG, los requerimientos de información de fechas 14 y 20 de enero del 2021 son ineficaces y no han generado un efecto u obligación, lo que tiene como consecuencia que no se pueda sancionar por su incumplimiento. iv. En ese sentido, señalan que no se ha aplicado el artículo 248.10 del TUO de la LPAG, en tanto no se está ante una conducta antijurídica; por tanto, requieren que se solicite a la OGTIC, la verificación correspondiente para confirmar estas afirmaciones. v. Asimismo, señalan que se ha inaplicado el artículo 1.11 del artículo IV del TUO de la LPAG; en razón que no se han cumplido con realizar todas las diligencias posibles para determinar la responsabilidad de la empresa. En tal sentido, se ha evidenciado que el Inspector, al ver presuntamente obstaculizado la etapa de investigación del procedimiento inspectivo, no recurrió a otras medidas de investigación cuando ello resulta ser obligación; así como tampoco agotó los medios necesarios para la debida continuación del procedimiento inspectivo y tampoco ha emitido pronunciamiento alguno sobre la controversia de origen por una presunta falta de colaboración, cerrando la investigación antes de que el plazo venciera para ello. vi. Refieren que, el Inspector inició las investigaciones el 14 de enero de 2021 con la revisión de la documentación sobre la denuncia del señor Morales. En ese sentido, el plazo máximo de investigación era de 20 días hábiles para dilucidar el correcto pago de la liquidación de beneficios sociales, por lo que en dicho plazo el Inspector debía realizar los mayores esfuerzos posibles para verificar el cumplimiento de las obligaciones de la Empresa. No obstante, el Inspector emitió el Acta de Infracción el 26 de enero del 2021, cuando tenía 16 días calendarios adicionales para recabar información, emitir un nuevo requerimiento de información o contactarse con algún miembro de la Empresa. En esa línea, las fechas demuestran que ante el uso de nuevos medios de comunicación se hubiera podido recabar la información, ya que la Empresa revisaba periódicamente la casilla electrónica. Por ello, solicitan el archivo del presente procedimiento, debido a que existe una causal de nulidad por contravenir a la Constitución, a las leyes y a las normas reglamentarias, contenido en el numeral 1 del artículo 10 del TUO de la LPAG. vii. Alegan que, la Resolución de Intendencia ha realizado una aplicación errónea del artículo 46.3 del RLGIT, vulnerando el principio de tipicidad, debido a que, decidieron continuar con la propuesta de sanción por presuntamente haber cometido una infracción tipificada en el numeral 3 del artículo 46 del RLGIT. Sin embargo, no hay forma de que la presunta conducta infractora pueda subsumirse dentro del tipo infractor ello debido a que: i) nunca existió una negativa por parte de la Empresa de entregar la información y ii) el inspector pudo realizar otras acciones como requerimientos presenciales para poder continuar con la inspección.

viii. Por último, alegan que, la Resolución de Intendencia inaplicó el numeral 1.4 del Articulo IV del TUO de la LPAG, sobre el principio de razonabilidad, en razón de que, se han imputado dos (2) incumplimientos como conductas independientes que finalmente constituyen un mismo ilícito por supuestamente obstruir a la Labor Inspectiva; esto sería la consecuencia establecida en el numeral 3 del artículo 46 del RLGIT.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre la infracción a la labor inspectiva

9 TUO de la LPAG, Título Preliminar, Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo. “1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 1.4. Principio de razonabilidad. - Las decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen obligaciones, califiquen infracciones, impongan sanciones, o establezcan restricciones a los administrados, deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido.”

documentación y/o efectuar las aclaraciones pertinentes o mediante comprobación de datos o antecedentes que obren en el Sector Público” (énfasis añadido).

“En cumplimiento de las órdenes de inspección recibidas, los inspectores o equipos designados iniciarán las actuaciones de investigación mediante alguna de las siguientes modalidades: (…) d) Requerimiento de información por medio de sistemas de comunicación electrónica: la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), como autoridad central del Sistema de Inspección del Trabajo, regula mediante resolución de superintendencia los mecanismos de implementación correspondientes”.

Sobre la notificación por casilla electrónica

“Para efectos de lo dispuesto en el presente decreto supremo se consideran las definiciones siguientes: 5.1 Casilla electrónica: es el buzón electrónico asignado al usuario, creado en el Sistema Informático de Notificación Electrónica de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), cuyo propósito es el trámite seguro y confiable de las notificaciones en el marco de los procedimientos administrativos y actuaciones de la Superintendencia Nacional de Fiscalización

10 LGIT, Artículo 16.- Actas de Infracción “(…) Los hechos constatados por los inspectores actuantes que se formalicen en las actas de infracción observando los requisitos que se establezcan, se presumen ciertos sin perjuicio de las pruebas que en defensa de sus respectivos derechos e intereses puedan aportar los interesados. (…).” 11 LGIT, Artículo 47.- Carácter de las Actas de Infracción “Los hechos constatados por los servidores de la Inspección del Trabajo que se formalicen en las Actas de Infracción observando los requisitos establecidos, merecen fe, sin perjuicio de las pruebas que puedan aportar los sujetos responsables, en defensa de sus respectivos derechos e intereses.

Laboral (SUNAFIL). La casilla electrónica se constituye en un domicilio digital obligatorio”.

“La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) asigna al usuario una casilla electrónica en el Sistema Informático de Notificación Electrónica, la cual se constituye en un domicilio digital obligatorio para la notificación de los actos administrativos y/o actuaciones emitidas en el marco de sus funciones y competencias que correspondan ser informadas al administrado. La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) comunica al usuario cada vez que se le notifique un documento a la casilla electrónica a través de las alertas del Sistema Informático de Notificación Electrónica, en su correo electrónico y/o mediante el servicio de mensajería”.

a) Revisar periódicamente la casilla electrónica asignada a efectos de tomar conocimiento de los documentos y/o actos administrativos que se le notifique. b) Mantener operativo su correo electrónico y/o servicio de mensajería, a efectos de recibir las alertas del Sistema Informático de Notificación Electrónica. c) Mantener la confidencialidad y adoptar las medidas de seguridad en el uso del nombre de usuario y la clave de acceso a la casilla electrónica que se le asigne.

12 Conforme se corrobora en la carpeta de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, del 1 de agosto de 2020, se encuentra publicada la Resolución de Superintendencia N° 114-2020-SUNAFIL.

“20.4. La entidad que cuente con disponibilidad tecnológica puede asignar al administrado una casilla electrónica gestionada por esta, para la notificación de actos administrativos, así como actuaciones emitidas en el marco de cualquier actividad administrativa, siempre que cuente con el consentimiento expreso del administrado. Mediante decreto supremo del sector, previa opinión favorable de la Presidencia del Consejo de Ministros y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, puede aprobar la obligatoriedad de la notificación vía casilla electrónica. En ese caso, la notificación se entiende válidamente efectuada cuando la entidad la deposite en el buzón electrónico asignado al administrado, surtiendo efectos el día que conste haber sido recibida, conforme a lo previsto en el numeral 2 del artículo 25”.

“Artículo 11.- Validez y efecto de la notificación vía casilla electrónica

Artículo 12.- Imposibilidad de uso de la notificación vía casilla electrónica 12.1 Cuando las unidades orgánicas, los órganos desconcentrados de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) y la Intendencia de Lima Metropolitana a cargo del procedimiento o actuación administrativa se vean imposibilitadas de efectuar la notificación vía casilla electrónica utilizando el Sistema Informático de Notificación Electrónica, usan las otras modalidades de notificación previstas en el artículo 20 del Texto Único Ordenado de la Ley N°

27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, de acuerdo al orden de prelación previsto en dicho artículo”.

Sobre el presente caso concreto

- A folio 02 del expediente inspectivo, se aprecia el documento denominado “Requerimiento de Información para las actuaciones inspectivas de investigación”, de fecha 14 de enero de 2021; y a folios 04 la “Constancia de Notificación Vía Casilla Electrónica”, notificada en la Casilla Electrónica de la impugnante el mismo 14 de enero de 2021, con lo cual se deja constancia del depósito del referido documento, conforme se puede apreciar a continuación:

Figura N° 01:

- Así también, se aprecia a folio 07, el documento denominado “Requerimiento de Información para las actuaciones inspectivas de investigación”, de fecha 20 de enero de 2021; y a folios 09, la “Constancia de Notificación Vía Casilla Electrónica”, notificada en la Casilla Electrónica de la impugnante el mismo 20 de enero de 2021,

con lo cual se deja constancia del depósito del referido documento, conforme se puede apreciar a continuación:

Figura N° 02:

“13. En ese sentido, reconociendo la discrepancia existente (la que habría de resolverse en cuanto haya más Salas del TFL implementadas), la Primera Sala mínimamente ha consensuado un supuesto de responsabilidad administrativa: si, luego de la consulta con la Oficina General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (OGTIC) de la SUNAFIL, se identifica que la fecha de ingreso del usuario de la casilla electrónica (entiéndase, el administrado) es previa o simultánea al requerimiento de información que fue objeto del procedimiento sancionador y el usuario no cumplió con registrar sus datos de contacto respectivos (a través de los cuales se depositarían las alertas complementarias a la notificación por vía de la casilla electrónica). 14. En tal supuesto, resulta procedente la sanción por incumplimiento del requerimiento o de los requerimientos de información que se hubieren depositado en la casilla electrónica. De esta forma, es factible la sanción encausada por el inciso 46.3 del artículo 46 del RLGIT contra el administrado que, por omisión culposa, deja de registrar el contacto respectivo en la casilla electrónica, impidiendo de esa forma la comunicación a la que se refiere el segundo párrafo del artículo 6 del Decreto Supremo Nº 003-2020-TR”.

Figura N° 03: Registro de contacto

Figura N° 04: Acceso a la casilla electrónica

13 TUO de la LPAG, Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo “1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 1.11. Principio de verdad material. - En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse de ellas”.

profundidad y diligencia que corresponde en el marco de la finalidad y objetivo de la Inspección del Trabajo.

Sobre el principio de razonabilidad y proporcionalidad

“Las infracciones son sancionadas administrativamente con multas administrativas y el cierre temporal, de conformidad con lo previsto en el artículo 39-A de la presente ley. Las sanciones a imponer por la comisión de infracciones de normas legales en materia de relaciones laborales, de seguridad y salud en el trabajo y de seguridad social a que se refiere la presente Ley, se gradúan atendiendo a los siguientes criterios generales: a) Gravedad de la falta cometida. b) Número de trabajadores afectados. c) Tipo de empresa. El Reglamento establece la tabla de infracciones y sanciones, y otros criterios especiales para la graduación”.

independientes, a pesar de que finalmente constituirían una misma acción infractora. Sobre el particular, cabe precisar que, conforme a lo dispuesto en el numeral 7.15.9. de la Directiva N° 001-2020-SUNAFIL/INII, “Directiva sobre el ejercicio de la función inspectiva”, aprobada por Resolución de Superintendencia N° 216-2021-SUNAFIL, aplicable al caso: “Tratándose de hechos que configuren infracción a la labor inspectiva, por cada hecho verificado se propone una multa, teniendo en cuenta que al ser conductas independientes deben sancionarse por separado”. Por tanto, no corresponde acoger este extremo del recurso.

Información Adicional

N° Materia Conducta Infractora Tipificación legal y clasificación Labor Inspectiva La negativa a facilitar el requerimiento de información solicitada de fecha 14 de enero de 2021. Numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT

MUY GRAVE Labor Inspectiva La negativa a facilitar el requerimiento de información solicitada de fecha 20 de enero de 2021. Numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT

MUY GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral- SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley de Procedimiento Administrativo General aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR;

SE RESUELVE:

PRIMERO. - Declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de revisión interpuesto por HORTIFRUT - PERU S.A.C (HORTIFRUT - TAL S.A.C.), en contra de la Resolución de Intendencia N° 168-2022- SUNAFIL/IRE-IB, de fecha 12 de julio de 2022, emitida por la Intendencia Regional de La Libertad, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 127-2021-SUNAFIL/IRE-LIB, en el extremo referido a la invocación del principio de verdad material, conforme a los fundamentos expuestos en los considerandos 6.21 al 6.26 de la presente resolución.

SEGUNDO. - CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 168-2022-SUNAFIL/IRE-LIB, respecto de las infracciones muy graves a la labor inspectiva, tipificadas en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT, conforme a los fundamentos expuestos en los considerandos 6.1 al 6.20 de la presente resolución TERCERO. - Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa. CUARTO. - Notificar la presente resolución a HORTIFRUT - PERU S.A.C (HORTIFRUT - TAL S.A.C.), y a la Intendencia Regional de La Libertad, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

MANUEL GONZALO DE LAMA LAURA

20230928MCR