Holiday S.R.L — Res. 926-2025

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Remuneraciones (Submateria: Pago de bonificaciones y Gratificaciones), Jornada, horario de trabajo y descansos remunerados (Submateria: Vacaciones), Certificado de trabajo (Submateria: Incluye todas) y, Compensación por tiempo de servicios (Submateria: Depósito de CTS). PAREDES MORALES Luis Gabriel FAU 20555195444 soft

del numeral 53.2 del artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT).

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no asistir a la comparecencia programada para el día 24 de junio de 2019; tipificada en el numeral 46.10 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 3,234.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no asistir a la comparecencia programada para el día 05 de julio de 2019; tipificada en el numeral 46.10 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 3,234.00.

i. Solicita se declare la nulidad de la resolución apelada, pues no se tomó conocimiento de las comunicaciones remitidas por la autoridad inspectiva, motivo por el cual no presentó la información y documentación solicitada en los requerimientos de información; por lo que, de acuerdo con el numeral 7.2 y 7.7.1 de la Resolución de Superintendencia N° 103-2020-SUNAFIL, la autoridad inspectiva pudo hacer uso de otros medios de tecnología de la información para realizar las notificaciones respectivas con el propósito que se tomará conocimiento.

i. En el Acta de Infracción, el personal inspectivo señaló que le fue notificada válidamente las citaciones de comparecencia, las cuales fueron recibidas por el Sr. César Bravo en su calidad de trabajador. Sin embargo, dicha persona no es necesariamente representante de la empresa o que trabaje en la parte administrativa (contador, secretaria, etc.). Dicha persona no labora en el domicilio fiscal ubicado en Calle Los Talladores N° 207 Urb. El Artesano, distrito de Ate, sino al frente, en otro local que no se encuentra señalado como tal, que es lo que exige la norma para que sea válida la notificación. ii. Por ello, el Ministerio de Trabajo debió reordenar los requerimientos de comparecencia a fin de evitar nulidades. De acuerdo al subnumeral 20.1.1 del numeral 20.1 del artículo 20 del TUO de la LPAG, en concordancia con el numeral

2 Notificada a la impugnante el 26 de octubre de 2022, véase folio 48 del expediente sancionador.

(fundamento 17) y, además, es compatible con el Lineamiento 013-2008, que faculta a declarar la nulidad de oficio de las actas de infracción. En tal sentido, si no se ha notificado debidamente a la impugnante los requerimientos de comparecencia, según los alcances del TUO de la LPAG, no es coherente que tal conducta se tipifique en el numeral 46.10 del artículo 46 del RLGIT. vii. Al haberse dispuesto la notificación de los requerimientos de comparecencia en contravención del TUO de la LPAG se ha configurado la nulidad establecida en el numeral 1 del artículo 10 del TUO de la LPAG. La impugnante se encontraba imposibilitada de conocer el contenido de dichos requerimientos, así también apersonarse a las citas programadas, generando una sanción indebida. Por ende, se debe retrotraer el acto declarado nulo; además, son nulas también todas las actuaciones posteriores, inclusive lo actuado en forma posterior a la emisión del Acta de Infracción. viii. No debe perderse de vista que el Acta de Infracción es el resultado de la actividad de fiscalización realizada por el personal inspectivo, como parte del conjunto de actos y diligencias de investigación, supervisión, control o inspección sobre el cumplimiento de las obligaciones, prohibiciones y otras limitaciones exigibles a los administrados, derivados de una norma legal o reglamentaria, bajo un enfoque de cumplimiento normativo, de prevención del riesgo, de gestión del riesgo y tutela de los bienes jurídicos protegidos, conforme a lo dispuesto en el numeral 239.1 del artículo 239 del TUO de la LPAG. En similar sentido, la Dirección General de Desarrollo y Ordenamiento Jurídico del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, mediante la Consulta Jurídica N° 005-2017-JUS/DGDOJ. ix. En atención a las consideraciones antes expuestas, cabe señalar que la nulidad no es invocable respecto del Acta de Infracción al no constituir un acto administrativo, debiendo tener presente que aquella contiene una propuesta de sanción por la comisión de las infracciones detectadas en la etapa de actuaciones inspectivas, que se encuentra sujeta a evaluación en el procedimiento sancionador a través de los órganos competentes. Si bien la primera sala del Tribunal de Fiscalización Laboral tiene una posición distinta al considerar que se tratan de actos administrativos de trámite que pueden ser declarados nulos por estar vinculados con las actuaciones administrativas realizadas en las etapas posteriores, la jurisprudencia administrativa emitida al respecto no tiene carácter de precedente de observancia obligatoria; por lo que, la segunda instancia se aparta de ella, motivando debidamente las razones de tal proceder. x. En cuanto a la validez de las notificaciones de los requerimientos de comparecencia, pese a que el Sr. César Bravo no tenía la condición de representante legal, sí tenía algún puesto en la organización de la impugnante, que le permitía tomar decisiones por sí mismo al haber proporcionado la información laboral del extrabajador al personal inspectivo en las oportunidades en que se le entrevistó, dejándose constancia de sus manifestaciones en las constancias que obran a fojas 06 y 09 del expediente investigatorio. También, las notificaciones de los requerimientos de comparecencia han cumplido con los parámetros del numeral 21.4 del artículo 21 del TUO de la LAPG. Asimismo, no tiene asidero lo sostenido sobre a que las diligencias de notificación se hayan realizado en un local distinto al domicilio fiscal, toda vez que la autoridad sancionadora pudo determinar que las notificaciones se llevaron a cabo en el domicilio fiscal de la impugnante, conforme los citatorios que obren en el expediente investigatorio. Por lo tanto, no resulta procedente el pedido de rehacer las notificaciones de dichos requerimientos de comparecencia, por haber surtidos sus efectos. xi. Por otro lado, para la eficacia de las notificaciones, la legislación no establece que el notificador o quien sus veces deba cerciorarse de que estos sean puestos a

conocimiento de la impugnante en caso sean recibidos por persona distinta a su representante legal. Por el contrario, basta el cumplimiento de las formalidades y requisitos legales para que surta sus efectos, resultando esperable que la impugnante deba prever acciones internas que permitan a sus trabajadores conocer el procedimiento a seguir en caso de ser notificados con los requerimientos de comparecencia, a fin de continuar con el procedimiento inspectivo sin sanciones posteriores por inasistencias, lo que en el caso de autos no se encuentra demostrado. xii. En ese contexto, no se le puede responsabilizar a la autoridad inspectiva de un aspecto que no se encuentra bajo su control, máxime si aquella ha cumplido con realizar las mismas en el domicilio que consta en el expediente y por medio de una persona que tiene relación con la impugnante, recabando sus datos personales conforme a ley. xiii. Precisa que, en el procedimiento no se encuentra en discusión que las notificaciones realizadas por el personal inspectivo respecto a los citatorios se deban regir por lo dispuesto en el TUO de la LPAG, pues sus disposiciones legales han servido de parámetro para que el inferior en grado pueda analizar la validez de las notificaciones efectuadas, lo que ha sido corroborado por la intendencia. xiv. En consecuencia, se concluye que los requerimientos de comparecencia de fecha 13 de junio de 2019 y 02 de julio de 2019 han sido válidamente notificados; por lo que, la impugnante se encontraba en la obligación de asistir a las diligencias, máxime si se le informó por escrito y bajo apercibimiento que de no hacerlo podría ocasionarle la aplicación de sanciones por infracción a la labor inspectiva. Pese a ello, la impugnante no asistió a las comparecencias programadas, sin que se haya demostrado de que no pudo tener conocimiento de las mismas por alguna causa no imputable a ella. Por ende, resulta adecuada la tipificación que se ha realizado al subsumir estos hechos en el numeral 46.10 del artículo 46 del RLGIT. xv. De este modo, resulta infundada la nulidad planteada contra los actos de notificación de los requerimientos de comparecencia y los actos posteriores, incluyendo la resolución apelada.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamie0’nto jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 4 “Ley N° 29981, Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…)”. 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6 “Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 7 “Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

Del Recurso De Revisión

8 Artículo 14 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por el Decreto Supremo N°004-2017- TR.

por la segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE HOLIDAY S.R.L.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 11 de noviembre de 2022, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 1734-2022-SUNAFIL/ILM, señalando los siguientes alegatos:

i. Sobre la caducidad del procedimiento sancionador: El procedimiento administrativo sancionador inició cuando el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo ejercía dicha función, el cual mediante su área de inspección emitió la Orden de Inspección N° 2356-2019-MTPE/1/20.4 que culminó con el Acta de Infracción N° 791-2019-MTPE/1/20.4 de fecha 05 de julio de 2019, que propuso la sanción económica al entonces sujeto inspeccionado por no haber asistido a la comparecencia programada para el día 24 de junio de 2019 y 05 de julio de 2019. Sin embargo, luego de más de dos (02) años, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL emite la resolución de primera instancia, que posteriormente fue objeto de apelación. ii. Siendo así, la autoridad administrativa demoró en pronunciarse superando los nueve (09) meses del plazo de caducidad; por lo que, se está incurriendo en la inaplicación del artículo 259 del TUO de la LPAG, considerando que la caducidad del procedimiento sancionador se computa desde la fecha de emisión del Acta de Infracción y vencía el 05 de abril de 2020. Sin embargo, al haberse emitido de fecha 09 de setiembre de 2022 se evidencia que la autoridad de primera instancia no cumplió con resolver el procedimiento antes del vencimiento del plazo mencionado; por tanto, se determina que el procedimiento sancionador a la emisión de la resolución de primera instancia, se encontraba caduco al haber transcurrido dos (02) años, dos (02) meses y cuatro (04) días. iii. Por otro lado, precisa que, en la Directiva N° 001-2017-SUNAFIL/INII, Directiva que regula el procedimiento sancionador del sistema de inspección de trabajo, aprobado por Resolución de Superintendencia N° 171-2017-SUNAFIL, señala que la

caducidad es declarada de oficio o a pedido de parte. También, la impugnante hace mención de la Resolución N° 054-2021-SUNAFIL/TFL-Primera Sala. iv. Sobre la incorrecta interpretación del artículo 9 de la LGIT: El motivo que, actualmente, utiliza el personal inspectivo para multar al empleador no se encuentra recogido en la LGIT, sino tan solo ha sido regulada mediante el RLGIT, siendo que en ningún artículo de la LGIT se establece que el no cumplimiento del requerimiento solicitado por el personal inspectivo constituya obstrucción a la labor inspectiva. Precisa que, el artículo 9 de la LGIT hace mención sobre el acto de colaboración en las actuaciones inspectivas, pero en las acciones definidas como actos de colaboración no se encuentra regulado que el incumplimiento al requerimiento solicitado por el personal inspectivo sea considerado como una acción de no colaboración. Por otro lado, indica que, en el sistema de inspección de trabajo tiene principios ordenadores sobre los cuales se rige; sin embargo, no se menciona el Principio del Debido Procedimiento, principio que sí lo encuentran en la Ley N° 27444- Ley del Procedimiento Administrativo General; por lo que, este principio se puede subsumir en el Principio de Lealtad contemplado en la LGIT. v. Como consecuencia de esta supuesta falta de colaboración u obstrucción se les pretende multas causándoles un grave perjuicio económico, ya que no se encuentra expresamente tipificado en la LGIT, sino en el RLGIT, lo cual a todas luces es una extralimitación de la habilitación legal en la medida que un reglamento, para efectos de su interpretación o integración normativa, debe supeditarse a la ley, conforme el literal d), numeral 24 del artículo 2 del TUO de la LPAG, concordado con el literal a) del mismo numeral y el numeral 1.1 del artículo IV del TUO de la LPAG. vi. De otra parte, dice que el Decreto Legislativo N° 1272 considera que el procedimiento inspectivo laboral es un tipo de procedimiento administrativo sancionador. En ese sentido, el procedimiento inspectivo laboral se encuentra dentro del ámbito del derecho administrativo sancionador, el cual es una rama del derecho eminentemente garantista del administrado. Por lo tanto, la inspección de trabajo se encuentra obligada a cautelar los derechos del administrado, incluso durante la etapa de actuaciones inspectivas.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre el plazo máximo para resolver el procedimiento administrativo sancionador y la caducidad administrativa 6.1 Con la publicación9 del Decreto Legislativo N° 1272, Decreto Legislativo que modifica la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y deroga la Ley N° 29060, Ley del Silencio Administrativo, se optó por introducir al régimen administrativo, entre otros, la figura de la caducidad, como “una solución generada por el legislador para afrontar los casos en los que los procedimientos iniciados por los órganos competentes quedan paralizados afectando los derechos de los administrados involucrados”10.

“(…) 53.4.2 El plazo máximo para resolver el procedimiento sancionador es de nueve (9) meses calendarios contados desde la fecha de la notificación de la imputación de cargos. Este plazo puede ser ampliado de manera excepcional, como máximo por tres (3) meses calendario, debiendo el órgano competente emitir una resolución debidamente sustentada, justificando la ampliación del plazo, previo a su vencimiento. (…)” 6.5 En dicho contexto normativo, de la revisión de los actuados, se evidencia el inicio del presente procedimiento administrativo sancionador a través de la notificación de la Imputación de Cargos N° 255-2022-SUNAFIL/ILM/AI2 de fecha 18 de febrero de 2022, notificado debidamente a la impugnante el 24 de febrero de 2022. Asimismo, se advierte que la Resolución de Sub Intendencia N° 1069-2022-SUNAFIL/ILM/SISA2 emitida el 09 de setiembre de 2022, fue notificada el 12 de setiembre de 2022. En consecuencia, se

9 Se publicó en el Diario Oficial El Peruano, el 21 de diciembre de 2016. 10 LÓPEZ RAMÓN, Fernando, “La caducidad del procedimiento de ofi cio”. En Revista de Administración Pública, Num. 194, Madrid, mayo-agosto, 2014, p. 17. Citado por la Guía práctica sobre el procedimiento administrativo sancionador. Actualizada con el Texto Único Ordenado de la Ley N.° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, junio, 2017, p. 54. 11 GÓMEZ TOMILLO, Manuel y Iñigo SANZ RUBIALES, Derecho Administrativo Sancionador. Parte general. Teoría General y Práctico del Derecho Penal Administrativo. 2.a ed., Pamplona: Editorial Aranzadi S.A, p. 771

advierte que la Resolución de Sub Intendencia fue notificada sin superar los nueve (09) meses que señala el numeral 259.1 del artículo 259 del TUO de la LPAG12, razón por la cual el procedimiento administrativo sancionador no ha caducado.

12 Artículo 259.- Caducidad administrativa del procedimiento sancionador 1. El plazo para resolver los procedimientos sancionadores iniciados de oficio es de nueve (9) meses contados desde la fecha de notificación de la imputación de cargos. Este plazo puede ser ampliado de manera excepcional, como máximo por tres (3) meses, debiendo el órgano competente emitir una resolución debidamente sustentada, justificando la ampliación del plazo, previo a su vencimiento. La caducidad administrativa no aplica al procedimiento recursivo. Cuando conforme a ley las entidades cuenten con un plazo mayor para resolver la caducidad operará al vencimiento de este. 2. Transcurrido el plazo máximo para resolver, sin que se notifique la resolución respectiva, se entiende automáticamente caducado administrativamente el procedimiento y se procederá a su archivo.

3. La caducidad administrativa es declarada de oficio por el órgano competente. El administrado se encuentra facultado para solicitar la caducidad administrativa del procedimiento en caso el órgano competente no la haya declarado de oficio. 4. En el supuesto que la infracción no hubiera prescrito, el órgano competente evaluará el inicio de un nuevo procedimiento sancionador. El procedimiento caducado administrativamente no interrumpe la prescripción. 5. La declaración de la caducidad administrativa no deja sin efecto las actuaciones de fiscalización, así como los medios probatorios que no puedan o no resulte necesario ser actuados nuevamente. Asimismo, las medidas preventivas, correctivas y cautelares dictadas se mantienen vigentes durante el plazo de tres (3) meses adicionales en tanto se disponga el inicio del nuevo procedimiento sancionador, luego de lo cual caducan, pudiéndose disponer nuevas medidas de la misma naturaleza en caso se inicie el procedimiento sancionador.

la Intendencia de Lima Metropolitana, se prosiga con el trámite del procedimiento según su estado a la fecha de dicha transferencia.

Sobre las inasistencias a las diligencias de comparecencias

Artículo 77.- Cambios de competencia por motivos organizacionales

Si durante la tramitación de un procedimiento administrativo, la competencia para conocerlo es transferida a otro órgano o entidad administrativa por motivos organizacionales, en éste continuará el procedimiento sin retrotraer etapas ni suspender plazos. 14 Énfasis añadido. 15 “Artículo 11.- Modalidades de actuación Las actuaciones inspectivas de investigación se desarrollan mediante visita de inspección a los centros y lugares de trabajo, mediante requerimiento de comparecencia del sujeto inspeccionado ante el inspector actuante para aportar

“Artículo 17.- Capacidad de obrar ante la Inspección del Trabajo La capacidad de obrar ante la Inspección del Trabajo y su acreditación se rige por las normas de derecho privado. Las personas jurídicas, de naturaleza pública o privada, actuarán por medio de quienes, al tiempo de la actuación inspectiva, ocupen los órganos de su representación o la tengan conferida, siempre que lo acrediten con arreglo a ley.

Las actuaciones inspectivas se seguirán con los sujetos obligados al cumplimiento de las normas, que podrán actuar por medio de representante, debidamente acreditado ante el inspector actuante, con el que se entenderán las sucesivas actuaciones. El representante no podrá eludir la declaración sobre hechos o circunstancias con relevancia inspectiva que deban ser conocidos por el representado. La intervención mediante representante sin capacidad o insuficientemente acreditado se considerará inasistencia, cuando se haya solicitado el apersonamiento del sujeto obligado. (…)”16”. (énfasis añadido)

documentación y/o efectuar las aclaraciones pertinentes o mediante comprobación de datos o antecedentes que obren en el sector público”. 16 Énfasis nuestro.

Figura Nº 01:

Figura Nº 02

“Solo constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía. Las disposiciones reglamentarias de desarrollo pueden especificar o graduar aquellas dirigidas a identificar las conductas o determinar sanciones, sin constituir nuevas conductas sancionables a las previstas legalmente, salvo los casos en que la ley o Decreto Legislativo permita tipificar infracciones por norma reglamentaria. A través de la tipificación de infracciones no se puede imponer a los administrados el cumplimiento de obligaciones que no estén previstas previamente en una norma legal o reglamentaria, según corresponda. (…)” (énfasis añadido)

establece las infracciones y las sanciones respectivas, considerando lo establecido en la ley. Por ejemplo, en el presente caso se tiene lo dispuesto en el artículo 36, 37 y 38 de la LGIT, que a letra dicen:

“Artículo 36.- Infracciones a la labor inspectiva Son infracciones a la labor inspectiva las acciones u omisiones de los sujetos obligados, sus representantes, personas dependientes o de su ámbito organizativo, sean o no trabajadores, contrarias al deber de colaboración por parte de los sujetos inspeccionados por los Supervisores-Inspectores, Inspectores del Trabajo o Inspectores Auxiliares, establecidas en la presente Ley y su Reglamento. Tales infracciones pueden consistir en: (…) 3. La inasistencia a la diligencia, cuando las partes hayan sido debidamente citadas, por el Inspector del Trabajo o la Autoridad Administrativa de Trabajo y éstas no concurren. Artículo 37.- Gravedad de las infracciones Las infracciones de acuerdo a su gravedad serán determinadas en el Reglamento de la Ley, (…) No podrá imponerse sanción económica por infracción que no se encuentre previamente tipificada y contenida en el Reglamento. Artículo 38.- Tipos de sanciones y criterios de graduación de las sanciones (…) Las sanciones a imponer por la comisión de infracciones de normas legales en materia de relaciones laborales, de seguridad y salud en el trabajo y de seguridad social a que se refiere la presente Ley, se gradúan atendiendo a los siguientes criterios generales: a) Gravedad de la falta cometida. b) Número de trabajadores afectados. c) Tipo de empresa. El Reglamento establece la tabla de infracciones y sanciones, y otros criterios especiales para la graduación.”

gravamen. La actividad administrativa de fiscalización puede generar un procedimiento administrativo posterior, esto es, el procedimiento administrativo sancionador en el caso que se determine la comisión de infracción. Por consiguiente, el procedimiento administrativo sancionador tiene como sustento la realización de la actividad de fiscalización, como ocurre en el presente caso.

Información Adicional

N° Materia Conducta infractora Tipificación legal y clasificación Labor Inspectiva No asistir a la comparecencia programada para el día 24 de junio de 2019. Numeral 46.10 del artículo 46 del RLGIT MUY GRAVE Labor Inspectiva No asistir a la comparecencia programada para el día 05 de julio de 2019. Numeral 46.10 del artículo 46 del RLGIT MUY GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR.

SE RESUELVE:

PRIMERO. – Declarar, INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por HOLIDAY S.R.L., en contra de la Resolución de Intendencia N° 1734-2022-SUNAFIL/ILM, de fecha 24 de octubre de 2022, emitida por la Intendencia de Lima Metropolitana, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 041-2022-SUNAFIL/ILM, por los fundamentos expuestos en la presente resolución. SEGUNDO. – CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N°1734-2022-SUNAFIL/ILM, en todos sus extremos. TERCERO. - Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa, en la materia de su competencia.

CUARTO. - Notificar la presente resolución a HOLIDAY S.R.L., y a la Intendencia de Lima Metropolitana, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

LUIS GABRIEL PAREDES MORALES

20250730SPDC - HR: 196481-2022