Hipermercados Tottus S.A — Res. 1304-2025

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: compensación por tiempo de servicios (sub materia: depósito de CTS), remuneraciones (sub materias: remuneración convencional -sueldos y salarios-, gratificaciones y pago de bonificaciones), jornada, horario de trabajo y descansos remunerados (sub materias: vacaciones y horas extras) y registro de control de asistencia (sub materia: incluye todas). PAREDES MORALES Luis Gabriel FAU 20131370301 soft instructiva, remitiéndose el Acta de Infracción y otorgándose un plazo de cinco (05) días hábiles para la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal e) del numeral 53.2 del artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT).

- Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por no acreditar el pago de las remuneraciones mensuales laborados desde el 01 de enero de 2018 hasta el 01 de setiembre de 2021, en función a la remuneración mínima vital, tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT. Imponiéndole una multa de S/ 7,222.00.

- Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por no acreditar el pago de gratificación legal de los periodos de fiestas patrias y navidad 2018, 2019 y 2020, fiestas patrias 2021 y gratificación trunca de navidad de 2021, tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT. Imponiéndole una multa de S/ 7,222.00.

- Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por no acreditar el pago de la compensación por tiempo de servicio de los periodos mayo y noviembre 2018, 2019 y 2020, mayo de 2021 y CTS trunca de noviembre de 2021, tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT. Imponiéndole una multa de S/ 7,222.00.

- Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por no acreditar el pago de la bonificación extraordinaria de las gratificaciones legales de los periodos fiestas patrias y navidad de 2018, 2019 y 2020, fiestas patrias 2021 y bonificación extraordinaria trunca de navidad 2021, tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT. Imponiéndole una multa de S/ 7,222.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de relaciones laborales, por no acreditar el pago íntegro de vacaciones, tipificada en el numeral 25.6 del artículo 25 del RLGIT. Imponiéndole una multa de S/ 12,098.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a labor inspectiva, por el incumplimiento de la medida de requerimiento notificada el 30 de diciembre de 2020, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa de S/ 12,098.00.

2 Corregida mediante Resolución de Intendencia N° 190-2023-SUNAFIL/IRE-CAL, respecto a los extremos correspondientes al tipo legal, calificación y multa impuesta de la infracción por no acreditar el pago referente a la bonificación extraordinaria, asimismo, la omisión de la conducta infractora referente a las vacaciones.

i. Se desconoce que este tipo de contratos laborales existe la posibilidad de realizar trabajo en sobretiempo, así la Resolución 942-2022-SUNAFIL/TFL Primera Sala concluye que es válido el trabajo en sobretiempo en los contratos a tiempo parcial, siempre que esto sea excepcional, razonable y no habitual lo cual al considerar lo señalado en la Resolución 447-2021-SUNAFIL/TFL-Primera Sala, se manifiesta que es un criterio jurisprudencial adaptado por Sunafil. ii. La labor que realizaba la beneficiaria fuera de su horario de trabajo se encuentra justificado como trabajo en sobretiempo, Sunafil no justifica adecuadamente su posición sobre evaluar el presente caso como si fuera una desnaturalización del contrato parcial de trabajo ¿Cuál es el criterio para que SUNAFIL justifique por qué no considera que este caso versa sobre trabajo a sobretiempo? En realidad, este no ha sido expuesto por la Autoridad Administrativa de Trabajo. Esto denota que nos encontramos ante un acto administrativo con una motivación aparente, pues solo intenta dar un cumplimiento formal al mandato. Por tanto, consideramos que la resolución es nula. iii. La resolución cuestionada se tiene que la entidad asume que el contrato de trabajo a tiempo parcial debe realizarse bajo plazos de 5 o 6 veces a la semana, a fin de calcular el promedio de jornada de trabajo, el cual siempre debe ser menor a 4 horas, sin embargo, en la legislación laboral peruana no existe norma jurídica que impida que, en el contrato a tiempo parcial, se disponga que el trabajador podrá laborar menos de 5 días a la semana. iv. Ninguna norma vigente impide que, de forma convencional, se pueda ajustar el contrato a tiempo parcial para llevar a cabo la jornada laboral por menos de 5 días a la semana. Es más, esto es reconocido por la misma Sunafil en la resolución cuestionada, pues ahí se señala que no resulta pertinente definir si es posible prestar servicios más allá de las cuatro horas diarias en el marco del contrato a tiempo parcial, sino que se debe verificar que, en promedio, las labores realizadas por la beneficiaria no hayan excedido las 4 horas al día. v. No corresponde sancionar a la empresa por el supuesto incumplimiento con el pago de beneficios sociales, entre los que se incluye la compensación por tiempo de servicios, la gratificación legal, la bonificación extraordinaria, y sobre todo las vacaciones, respecto a los tres primeros, esto se debe a que la legislación laboral no contempla estos beneficios sociales a favor de los trabajadores contratados a tiempo parcial, mientras que, respecto a las vacaciones el convenio de la OIT 52 obliga a los empleadores a otorgar, al menos seis días de descanso vacacional. vi. Se ha interpuesto una doble sanción a la empresa, por no cumplir con el pago de remuneración y de los beneficios sociales a la trabajadora beneficiaria, vulnerando el principio de non bis in ídem, interponiéndose también una sanción por un supuesto incumplimiento en materia de labor inspectiva, alegando que no hemos cumplido con la medida inspectiva de requerimiento que involucraba, en si misma el pago de la remuneración y de los beneficios sociales, lo cual carecería de sentido, ya que ambas sanciones surgen del mismo hecho, colocándose una doble sanción por el mismo hecho ya que la medida de requerimiento era en realidad el pago de lo ya señalado, por ello, en el supuesto hipotético que se determine que nuestra conducta es infractora, deberá sancionarnos con un única multa, pues estamos ante una sola conducta.

i. De la evaluación realizada por la autoridad sancionadora, se tiene que la inspeccionada mediante Contrato de Trabajo a Tiempo Parcial pactó con la trabajadora Aparcana Manrique Fara Ines, que está cumpliría el horario de trabajo, en promedio, menos o igual a veintitrés horas y treinta minutos (23:30) semanales, en jornadas y horarios rotativos sujetos a variaciones por parte de la inspeccionada, en razón de la naturaleza del servicio o las necesidades operativas de ésta, siendo siempre inferior a cuatro (4) horas diarias en promedio. ii. De la información plasmada en el Registro de Control de Asistencia presentada por la propia inspeccionada, conforme lo cita el considerando 4.13 de la resolución apelada, dichas reglas respecto a la jornada y horario deben aplicarse semana a semana, de acuerdo a lo establecido por la inspeccionada en la semana correspondiente, sin embargo, en determinadas semanas la trabajadora laboró menos de cinco días a la semana y en otras tuvo jornadas de cinco días o seis días a la semana, en las que el personal inspectivo verificó que el promedio de horas diarias trabajadas superaron las cuatro horas, superando así el promedio establecido en el primer párrafo del artículo 31 del Decreto Supremo N° 004 97-TR. iii. Conforme a la imputación realizada por la Autoridad Inspectiva, lo que ha sido corroborado por la Autoridad Instructora en el considerando 17 del Informe Final de Instrucción, las semanas en que se advierte la prestación de servicios por más de cuatro (4) horas diarias en promedio, considerando las jornadas semanales de menos de 5, 5 ó 6 días, superan en exceso las 30 semanas que señala el sujeto inspeccionado (151 semanas según la Autoridad Instructora y verificado por la Subintendencia); siendo que, dicha recurrencia en el exceso de tiempo que supera la prestación de servicios más allá de las cuatro (4) horas diarias en promedio, no puede considerarse excepcional, razonable y no habitual, como manifiesta el sujeto inspeccionado, no habiendo el mismo demostrado el carácter excepcional de dichas disposiciones (trabajar más allá de 4 horas diarias en promedio), advirtiéndose que claramente no resulta razonable que de 282 semanas de trabajo, en más de la mitad de ellas (151), se hayan registrado esas “horas extras”. iv. Llegado el día de verificación del cumplimiento de la citada medida de requerimiento, la inspeccionada no cumplió con lo requerido, toda vez que presentó carta señalando: “A través del presente informe, reiteramos que, para nosotros como empresa no existe ningún incumplimiento, dado que, de la revisión interna de nuestro registro de asistencia, no hemos detectado ningún motivo que desnaturalice la relación que mantuvimos con la extrabajadora en una jornada de 24 horas semanales como máximo, por lo que, su contrato inicio y culmino con una contratación a tiempo parcial con dicha jornada, de acuerdo con la normativa laboral vigente (…)”. Con lo cual no mostró documento que acredite el cumplimiento de sus obligaciones laborales a favor de la señora Aparcana Manrique Fara Ines.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 4 “Ley N° 29981, Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…)”. 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6 “Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL. Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. 7 “Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

Del Recurso De Revisión

El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.” 8 Artículo 14 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por el Decreto Supremo N°004-2017- TR.

segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE HIPERMERCADOS TOTTUS S.A.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 11 de setiembre de 2023, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 190-2023-SUNAFIL/IRE-CAL, señalando los siguientes alegatos:

i. SUNAFIL ha vulnerado el derecho de defensa de la empresa, pues en la Resolución de Sub Intendencia N° 578-2023-SUNAFIL/IRE-CAL/SISA cometió un error material, ya que consignó erróneamente información respecto a la información por no acreditar el pago de bonificación extraordinaria; asimismo, omitió informar sobre la conducta infractora referente a las vacaciones. Dicho error constituye una vulneración al derecho de defensa, al haber afectado los derechos fundamentales de la empresa y trasladar la responsabilidad de dicho error a la misma. ii. Existe falta de motivación y error en la tipificación al imputar las infracciones, al crear cuatro sub tipos de faltas con el propósito de multarse reiteradamente por la misma infracción, la regulada en el artículo 24, inciso 4 del RLIT. SUNAFIL no puede modificar las infracciones ni tienen la facultad de modificar las normas establecidas con rango de ley, lo cual vulnera el Principio de Legalidad y el Principio de Tipicidad, al pretender sancionar a la empresa por cuatro sub infracciones bajo un idéntico supuesto de hecho. iii. Se ha utilizado un supuesto de hecho que no coincide con la conducta supuestamente infractora para sancionar a la empresa respecto a la falta de pago por vacaciones, pues de la descripción del artículo 25.6 del RLGIT, se cuestiona el no otorgamiento de vacaciones al trabajador beneficiado, lo cual no sucede en el presente caso. Por otro lado, el 24.4 del RLGIT sanciona el incumplimiento de pago de los beneficios sociales por todo concepto, lo cual incluye la remuneración vacacional. De este modo, se ha configurado un error al tipificar de forma errónea la sanción propuesta. iv. SUNAFIL confunde los conceptos más esenciales del Principio Ne Bis In Ídem, pues señala que, si bien entre las infracciones de orden jurídico laboral y de naturaleza inspectiva existe identidad de sujeto, no ocurre lo mismo en los hechos y fundamentos, ya que invisibiliza el hecho material que sustenta las infracciones sobre la desnaturalización del contrato de trabajo a tiempo parcial y que los bienes jurídicos protegidos de la labor inspectiva no han resultado descritos en la autoridad impugnada. Cuando la Autoridad Administrativa de Trabajo incluye la sanción por incumplimiento en materia de labor inspectiva, coloca una doble sanción sobre el mismo hecho, pues la medida inspectiva de requerimiento exigida por la Autoridad Administrativa de Trabajo era, en realidad, el pago de lo ya señalado. v. La Autoridad Administrativa de Trabajo señala que escapa de su función delimitar si, para el caso en concreto, es posible que en el contrato a tiempo parcial se permita tener jornadas de trabajo menores a los cinco días a la semana; sin embargo, por otro lado, la entidad administrativa incluye, como parte de su justificación para alegar la supuesta desnaturalización del contrato de trabajo a tiempo parcial, jornadas semanales que se llevaron a cabo fuera de los cinco días a la semana, a pesar de que estas no llegaban a una hora adicional y no excedían el máximo de 23 horas y 30 minutos establecido convencionalmente. Las supuestas horas trabajadas en exceso se dieron en diferentes semanas, más no de forma seguidas, por lo cual resulta evidente que no hubo una constancia en el exceso de horas. vi. La Autoridad Administrativa de Trabajo lesionó uno de los principios de la potestad sancionadora administrativa, el debido procedimiento. Este principio se encuentra consagrado en el numeral 2 del artículo 248 del TUO de la LPAG y que de manera innegable está vinculado de manera directa con todos los principios que se consagran en el artículo 139 de nuestra Carta Magna.

Análisis Del Recurso De Revisión

los fundamentos contenidos en este puedan ser conocidos y evaluados por el Tribunal, no basta que la resolución recurrida contenga la imposición de sanciones por infracciones muy graves, sino que su impugnación debe ceñirse estrictamente a los presupuestos básicos establecidos en el artículo 14 del Reglamento del Tribunal, esto es: 1) Debe cuestionar al menos una infracción tipificada y calificada como muy grave, en el RLGIT, o en caso de omisión, el razonamiento empleado es suficiente para deducir ello, y; 2) Este cuestionamiento debe sustentarse necesariamente, en la inaplicación, o aplicación o interpretación errónea de las normas que rigen el derecho laboral, y/o en el apartamiento inmotivado de algún precedente de observancia obligatoria emitido por este Tribunal, que haya incidido directa o indirectamente, en la determinación de las infracciones. 6.19. Y es que, en ciertos casos, se aprecia la existencia de recursos de revisión donde, impugnándose una resolución que confirma la imposición de una sanción económica por la comisión de alguna infracción tipificada como muy grave en el RLGIT; no se cuestiona expresamente dicha infracción de forma directa o siquiera indirecta (cuando no se plantea algún razonamiento que pueda permitir deducir ello). Tal situación implica que tales recursos promueven asuntos fuera de la competencia material de este Tribunal, debiendo este órgano colegiado declarar la improcedencia, conforme a la normativa que rige su actuación.

Sobre el derecho al debido procedimiento administrativo

9 Resolución de Sala Plena N° 008-2023-SUNAFIL/TFL, publicado el 9 de mayo de 2023. “(…) 29. Por ello, es importante señalar que toda afectación o invocación al debido procedimiento por parte de los recurrentes –y en general a alguno de los principios identificados en el Título Preliminar del TUO de la LPAG– debe de encontrarse vinculada con una infracción de naturaleza muy grave, como parte del presupuesto de la competencia material de este Tribunal, además, de encontrarse debidamente fundamentada y delimitada por el solicitante de un recurso extraordinario (conforme se detalló en los fundamentos 6.17 a 6.19 de la Resolución de Sala Plena N° 003- 2022-SUNAFIL/TFL). 30. Por el contrario, aquellos recursos de revisión que contengan la invocación a situaciones que pueda evidenciar la vulneración al debido procedimiento, así como a otro principio reconocido por el TUO de la LPAG pero que verse sobre infracciones que no son de competencia de este Tribunal o que no se encuentren debidamente fundamentada y delimitada en el recurso extraordinario, deberán ser declarados como improcedentes.” el análisis respectivo desde la aplicación del principio del debido procedimiento y su relación con la validez de los actos administrativos emitidos en el marco de la presente causa.

“1.2. Principio del debido procedimiento.- Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo.”

“Artículo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales: (…) 2. Debido procedimiento.- No se puede imponer sanciones sin que se haya tramitado el procedimiento respectivo, respetando las garantías del debido procedimiento. Los procedimientos que regulen el ejercicio de la potestad sancionadora deben establecer la debida separación entre la fase instructora y la sancionadora, encomendándolas a autoridades distintas.”

Constitucional o jurisprudencial para la configuración y desarrollo del derecho al debido procedimiento, sino que existe sustento Convencional, a saber:

“Tal como ya lo tiene expresado este Tribunal en uniforme y reiterada jurisprudencia, el derecho al debido proceso tiene un ámbito de proyección sobre cualquier tipo de proceso o procedimiento, sea éste judicial, administrativo o entre particulares. Así, se ha establecido que el derecho reconocido en el inciso 3) del artículo 139.° de la Constitución no sólo tiene un espacio de aplicación en el ámbito "judicial", sino también en el ámbito administrativo" y, en general, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ha sostenido, puede también extenderse a "cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional, (el que) tiene la obligación de adoptar resoluciones apegadas a las garantías del debido proceso legal, en los términos del artículo 8° de la Convención Americana". (Caso Tribunal Constitucional del Perú, párrafo 71). De igual modo la Corte Interamericana sostiene – en doctrina que ha hecho suya este Colegiado en la sentencia correspondiente al Exp. N.º 2050-2002-AA/TC– que "si bien el artículo 8° de la Convención Americana se titula “Garantías Judiciales”, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto, sino al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a efectos de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos"(párrafo 69). (…)” (énfasis agregado)

Sobre la presunta vulneración al principio de tipicidad

“Artículo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales: (…) 4. Tipicidad.- Solo constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía. Las disposiciones reglamentarias de desarrollo pueden especificar o graduar aquellas dirigidas a identificar las conductas o determinar sanciones, sin constituir nuevas conductas sancionables a las previstas legalmente, salvo los casos en que la ley o Decreto Legislativo permita tipificar infracciones por norma reglamentaria. A través de la tipificación de infracciones no se puede imponer a los administrados el cumplimiento de obligaciones que no estén previstas previamente en una norma legal o reglamentaria, según corresponda. En la configuración de los regímenes sancionadores se evita la tipificación de infracciones con idéntico supuesto de hecho e idéntico fundamento respecto de aquellos delitos o faltas ya establecidos en las leyes penales o respecto de aquellas infracciones ya tipificadas en otras normas administrativas sancionadoras.

“i) Exige que la norma describa los elementos esenciales del hecho que califica como infracción sancionable, con un nivel de precisión suficiente que permita a cualquier ciudadano de formación básica comprender sin dificultad lo que se está proscribiendo bajo amenaza de sanción en una determinada disposición legal (de acuerdo con el principio de taxatividad); ii) En un segundo nivel -esto es, en la fase de la aplicación de la norma- la exigencia de que el hecho concreto imputado al autor se corresponda exactamente con el descrito previamente en la norma. Si tal correspondencia no existe, ordinariamente por ausencia de algún elemento esencial, se produce la falta de tipificación de los hechos, de acuerdo con el denominado principio de tipicidad en sentido estricto10.”

10 NIETO GARCÍA, Alejandro. Derecho Administrativo Sancionador. 1ra Reimpresión, 2017. Madrid: Editorial Tecnos, p. 269.

inspeccionada no haya cumplido con su otorgamiento dentro del periodo que correspondía su goce.

Sobre la medida de requerimiento

“(...) 6.9 En ciertos casos —como el que es objeto de la presente resolución—el recurso de revisión propone el análisis de infracciones a la labor inspectiva consistentes en el incumplimiento de la medida de requerimiento contenidas en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT10, pero las materias objeto de la medida de requerimiento son calificadas por la normativa como faltas “graves” o “leves”, lo que deposita a tales causas fuera de la competencia material de este Tribunal. 6.10 De esta forma, la evaluación de los recursos de revisión interpuestos contra sanciones administrativas por inejecución de medidas de requerimiento deberá circunscribirse a un análisis estrictamente referido a la proporcionalidad, razonabilidad y legalidad de tales medidas, sin invadir una competencia administrativa vedada, como son las infracciones calificadas como graves y leves, que en expedientes como el presente, han adquirido firmeza con la expedición (y notificación) de la resolución de segunda instancia” (énfasis añadido).

cuanto a la determinación de la desnaturalización de la relación laboral, como fundamento para emitir la medida inspectiva de requerimiento y requerir el pago de beneficios sociales u otros, así tenemos:

“6.32. Por tanto, cuando en la realización de las actuaciones inspectivas los comisionados adviertan la existencia de una relación de carácter laboral sobre la que las partes celebraron un tipo de contrato de servicios distinto al correspondiente (locación de servicios, comisión mercantil, etcétera), deben procurar requerir información necesaria u obtener la misma, haciendo uso de las amplias facultades reconocidas en favor de la inspección del trabajo, a fin de poder determinar la verdadera naturaleza jurídica de dicha relación11. 6.33. De comprobarse la existencia de los elementos esenciales del contrato de trabajo (esto es, que la relación existente entre el supuesto afectado y la inspeccionada sea de naturaleza laboral), debe justificarse la naturaleza subordinada del vínculo jurídico existente, lo que requiere de un análisis de tipo cualitativo que explique la interacción entre los indicios concurrentes.12 Dicha fundamentación puede estar establecida de manera clara y suficiente en la medida inspectiva de requerimiento o en un documento previo de la fiscalización al que ésta haga referencia. En cualquiera de estos escenarios, el inspector actuante deberá considerar, según corresponda, el requerimiento de subsanación de las infracciones que haya determinado como consecuencia de su investigación y que correspondan a los efectos jurídicos propios del reconocimiento del vínculo existente como uno de tipo laboral (por ejemplo: pago de beneficios sociales, registro en la seguridad social en salud y en pensiones). En sentido contrario, resulta evidente que la mencionada medida inspectiva no podría contener un mandato dirigido al pago de beneficios sociales si, previamente, la inspección no ha expuesto las razones que justifican la calificación de la relación entre la inspeccionada y el supuesto afectado como una de naturaleza laboral.” (el resaltado es propio).

11 Resolución de Sala Plena No 001-2023-SUNAFIL/TFL, del 05 de enero de 2023, Resolución de Sala Plena N° 021- 2024-SUNAFIL/TFL, del 22 de noviembre de 2024. 12 Expediente N° 02069-2009-PA/TC, del 25 de marzo de 2010, en el fundamento cuatro, el Tribunal Constitucional señala que para determinar si existió una relación de trabajo entre las partes encubierta mediante un contrato civil, debe evaluarse si en los hechos se presentaron, en forma alternativa y no concurrente, alguno de los siguientes rasgos de laboralidad, que a continuación se detalla: “a) control sobre la prestación desarrollada o la forma en que ésta se ejecuta; b) integración de la demandante en la estructura organizacional de la Sociedad; c) la prestación fue ejecutada dentro de un horario determinado; d) la prestación fue de cierta duración y continuidad; e) suministro de herramientas y materiales a la demandante para la prestación del servicio; f) pago de remuneración a la demandante; y, g) reconocimiento de derechos laborales, tales como las vacaciones anuales, las gratificaciones y los descuentos para los sistemas de pensiones y de salud”. Figura Nº 01

13 Como el caso de la Resolución N° 447-2021-SUNAFIL/TFL-Primera Sala. 14 Como el caso de la Casación Nº 1729-2021, de fecha 07 de marzo de 2024: “36. Como se tiene anotado el párrafo pertinente del artículo invocado por la parte demandada (artículo 4 del Decreto Supremo N.° 003-97-TR) no reviste mayor complejidad en ser interpretada por cuanto establece en forma literal que se puede suscribir contratos a tiempo parcial sin limitación alguna, pero esto debe ser concatenado con lo previsto en el artículo 11 del reglamento de la ley de fomento Decreto Supremo N.° 001-96-TR referido a que la jornada laboral no debe superar cuatro horas diarias pues de ser así se preferirá la contratación a tiempo indeterminado con una jornada normal.”14 (el resaltado es propio).

vulneración de la debida motivación al verificarse que la imputación de la infracción por el presunto incumplimiento de la medida de requerimiento se sostiene sobre la base de una fundamentación aparente, lo cual debilita la imputación generada en contra de la administrada.

“Artículo 10.- Causales de nulidad Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes: (…) 2. El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los supuestos de conservación del acto a que se refiere el artículo 14.” (énfasis agregado)

15 Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo “(...) 1.2. Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. (…) 1.11. Principio de verdad material. - En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse de ellas. En el caso de procedimientos trilaterales la autoridad administrativa estará facultada a verificar por todos los medios disponibles la verdad de los hechos que le son propuestos por las partes, sin que ello signifique una sustitución del deber probatorio que corresponde a estas. Sin embargo, la autoridad administrativa estará obligada a ejercer dicha facultad cuando su pronunciamiento pudiera involucrar también al interés público.”

16 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. Tomo V, Buenos Aires: Editorial Heliasta, p. 549. 17 Morón Urbina, J (2019). Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444. Lima: Gaceta Jurídica S.A., Décimo Cuarta Edición, Tomo I, p. 269. 18 “Artículo 13.- Alcances de la nulidad (…) 13.2 La nulidad parcial del acto administrativo no alcanza a las otras partes del acto que resulten independientes de la parte nula, salvo que sea su consecuencia, ni impide la producción de efectos para los cuales, no obstante, el acto pueda ser idóneo, salvo disposición legal en contrario.”

erróneamente la información del tipo legal, calificación y multa impuesta de la infracción por no acreditar el pago referente a la bonificación extraordinaria, y la omisión de la conducta infractora referente a las vacaciones.

Artículo 10.- Causales de nulidad Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes: 1. La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias. 2. El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los supuestos de conservación del acto a que se refiere el artículo 14 (…)

Artículo 14.- Conservación del acto 14.1 Cuando el vicio del acto administrativo por el incumplimiento a sus elementos de validez, no sea trascendente, prevalece la conservación del acto, procediéndose a su enmienda por la propia autoridad emisora. 14.2 Son actos administrativos afectados por vicios no trascendentes, los siguientes: 14.2.1 El acto cuyo contenido sea impreciso o incongruente con las cuestiones surgidas en la motivación. 14.2.2 El acto emitido con una motivación insuficiente o parcial. 14.2.3 El acto emitido con infracción a las formalidades no esenciales del procedimiento, considerando como tales aquellas cuya realización correcta no hubiera impedido o cambiado el sentido de la decisión final en aspectos importantes, o cuyo incumplimiento no afectare el debido proceso del administrado. 14.2.4 Cuando se concluya indudablemente de cualquier otro modo que el acto administrativo hubiese tenido el mismo contenido, de no haberse producido el vicio. 14.2.5 Aquellos emitidos con omisión de documentación no esencial. 14.3 No obstante la conservación del acto, subsiste la responsabilidad administrativa de quien emite el acto viciado, salvo que la enmienda se produzca sin pedido de parte y antes de su ejecución.

Sobre la potestad del Tribunal para declarar la nulidad de los actos emitidos por las autoridades conformantes del Sistema de Inspección del Trabajo

19 “Artículo 14. Materias impugnables (…) El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias.”

Administración regulada en el Sistema Administrativo de Gestión de los Recursos Humanos y conforme al Título V del TUO de la LPAG.

Información Adicional

N° Materia Conducta infractora Tipificación legal y clasificación Relaciones Laborales No acreditar el pago de remuneraciones mensuales. Numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT GRAVE Relaciones Laborales No acreditar el pago a la compensación por tiempo de servicio. Numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT GRAVE Relaciones Laborales No acreditar el pago de la gratificación legal. Numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT GRAVE Relaciones Laborales No acreditar el pago de la bonificación extraordinaria. Numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT GRAVE

POR TANTO Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral- SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley de Procedimiento Administrativo General aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR;

SE RESUELVE: PRIMERO. – Declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de revisión interpuesto por HIPERMERCADOS TOTTUS S.A., en contra de la Resolución de Intendencia N° 190-2023- SUNAFIL/IRE-CAL, emitida por la Intendencia Regional del Callao, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 070-2022-SUNAFIL/IRE- CAL, por los fundamentos expuestos en la presente resolución. SEGUNDO. – Declarar la NULIDAD PARCIAL de la Resolución de Sub Intendencia N° 578-2023- SUNAFIL/IRE-CAL/SISA, de fecha 14 de abril de 2023, y la de los sucesivos actos y actuaciones en el procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 070- 2022-SUNAFIL/IRE-CAL, en el extremo referente a la infracción muy grave en materia de relaciones laborales, tipificada en el numeral 25.6 del artículo 25 del RLGIT y una infracción muy grave a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. TERCERO.- RETROTRAER el procedimiento administrativo sancionador al momento en que se produjo el vicio, esto es, a la emisión de la Resolución de Sub Intendencia N° 578-2023- SUNAFIL/IRE-CAL/SISA, de fecha 14 de abril de 2023, a fin de que la instancia competente emita un nuevo pronunciamiento, en el extremo referente a la infracción muy grave en materia de relaciones laborales, tipificada en el numeral 25.6 del artículo 25 del RLGIT y una infracción muy grave a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT, considerando los alcances señalados en la presente resolución. CUARTO.- Remitir los actuados a la Intendencia Regional del Callao, y a la Gerencia General de la SUNAFIL, a fin de que, de considerarlo conveniente, procedan conforme a sus atribuciones y conforme a lo señalado en el fundamento 6.46 de la presente resolución. QUINTO. - Notificar la presente resolución a HIPERMERCADOS TOTTUS S.A., y a la Intendencia Regional del Callao, para sus efectos y fines pertinentes. SEXTO.- Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

LUIS GABRIEL PAREDES MORALES

20250924RLSH HR: 178766-2023