Hidmor Servicios Generales S.R.L — Res. 76-2023

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Remuneraciones (Sub materia: Pago de remuneración (sueldos y salarios)); y, Desnaturalización de la relación laboral (Sub materia: incluye todas). 2 Véase folios 71 al 73 del expediente inspectivo. soft 10:56:02-0500

- Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por no acreditar el pago de la remuneración correspondiente al periodo de 01 de junio al 21 de junio de 2021, en perjuicio del ex trabajador Franco Joseph Tello Velásquez, tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 1,980.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir con la medida inspectiva de requerimiento emitida y notificada en fecha 22 de octubre de 2021, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 6,776.00.

i. Que, la autoridad sancionadora de primera instancia no ha motivado adecuadamente su resolución, al realizar un copia y pega de la autoridad instructora, al hacer suyo su análisis y pronunciamiento, el cual contiene suposiciones subjetivas.

ii. En esa línea, señala que, el realizar ello, ha hecho que convalide los argumentos de la autoridad instructora sobre la existencia de una relación de naturaleza laboral que, a su criterio, es parte de un análisis subjetivo. Por ello, con la finalidad de sustentar la no validez de la Orden de Inspección, vuelve a mencionar sus argumentos que expuso anteriormente en los cuales señala que no existió una relación de ese tipo.

iii. Respecto a la presunta existencia de los elementos de un contrato de trabajo, en específico el de subordinación, la impugnante, previamente define a la subordinación como un vínculo jurídico por el cual se desprenden dos factores: un deber y un poder. En el primero, el deber de obediencia recae sobre el trabajador el cual, en este caso, debe cumplir con el servicio de atención médica con el proceso que crea conveniente y entregar el producto final. Por su parte, en el segundo, el empleador está en capacidad de dirigir el servicio que ha contratado, dar las

instrucciones que correspondan para que se efectúe la actividad y, por último, fiscalizar el cumplimiento de sus instrucciones. Como consecuencia, si ve que el trabajador no cumple con lo establecido, estará en sus facultades advertir, sancionar o incluso terminar el contrato; lo cual, señala que en este caso no ocurre ya que solo se verificaba el cumplimiento del servicio para el pago, existiendo autonomía en el desarrollo del mismo.

iv. Por ende, la impugnante sostiene que no ha existido un análisis profundo de la verificación de los elementos para determinar los elementos de laboralidad, a raíz que, desde un inicio, el trabajador denunciante no prueba la concurrencia de los requisitos que configuran la existencia de un contrato de naturaleza permanente. Siendo ello así, también sostiene que la SUNAFIL no es competente para fiscalizar la relación existente de los locadores de servicios.

v. Con respecto a la determinación de la existencia laboral, la impugnante precisa que, del contrato de locación de servicios, se observa que la remuneración no es fija, pues se estipula que sea de S/ 200.00 por 6 horas, o el equivalente a seis horas, que podría darse en un día o en una semana, de acuerdo al requerimiento y necesidad del servicio que los clientes requieran; por ende, no tenía horario permanente y establecido. Advierte, incluso, que el trabajador denunciante tiene trabajo fijo en el Hospital Regional de Cajamarca.

vi. Que, respecto al cumplimiento del pago de la remuneración correspondiente al período de 01 de junio al 21 de junio de 2021 señalado en la medida inspectiva de requerimiento, alega que ello es imposible en tanto que esa persona no sería trabajador, sino un prestador de servicios.

vii. En cuanto a la aplicación del artículo 50 del RLGIT al momento de la imposición de la sanción (reiteración en la comisión de una infracción), el impugnante alega que no resulta aplicable dicha disposición, ya que la norma indica que debe ser una infracción del mismo tipo y calificación ya sancionada anteriormente, por lo que, del análisis, se observa que no tiene el mismo origen de la inspección, ni la misma norma sancionable; es decir, como primer punto no son los mismos hechos donde se genera el incumplimiento, ni el mismo afectado.

viii. Finalmente, reitera que SUNAFIL no es competente para atender denuncias con respecto a servicios prestados con contrato de locación de servicios, ya que debería haberse iniciado, en su defecto, una verificación de los hechos para poder determinar, si efectivamente cumplía con todos los elementos de laboralidad para llamarse trabajador. Por lo tanto, el Acta de Infracción sería nula de pleno derecho, por cuanto habría vulnerado los principios del debido proceso, de presunción de

veracidad, de legalidad y de proporcionalidad, al iniciar este procedimiento administrativo, bajo suposiciones, los cuales resultan, a todas luces, insuficientes y parcializados pues al momento de la valoración probatoria, a fin de producir certeza respecto de si se cometió o no una infracción, se debe considerar que estos medios probatorios deben ser contrastados por otros idóneos y pertinentes, y tal decisión motivada, tal es el caso del mérito probatorio.

i. La Intendencia expresa que coincide con el razonamiento que consta en el Acta de Infracción (punto 4.6 al 4.12), que integra correctamente los indicios de laboralidad anotados para establecer la existencia de una relación de trabajo subordinado, cuestión que no ha logrado ser desvirtuada por la impugnante a lo largo del procedimiento sancionador; es decir, que, de la lectura del documento del contrato civil, se advierte que el trabajador afectado estaba sometido a un horario de trabajo de seis (6) horas al día y que la actividad de médico evaluador (brevetes) está estrictamente vinculada a la naturaleza misma de las actividades que desempeña la empresa y que, de manera también expresa, se menciona en la Carta S/N de fecha 29 de septiembre emitida por el Gerente General, el señor Luis Alberto Hidalgo Montesinos. Dichas tareas, además, tuvieron una continuidad, durante el periodo 01 de junio al 21 de junio de 2021.

ii. Asimismo, precisa que, aun cuando formalmente la impugnante contaba con un contrato de locación de servicio celebrado entre ella y el trabajador afectado; se ha acreditado la existencia de los elementos esenciales de una relación laboral, correspondiendo con ello el cumplimiento del pago de la remuneración del periodo del 01 de junio al 21 de junio de 2021 a favor del trabajador afectado. Asimismo, queda acreditado también que incumplió con el requerimiento efectuado por la inspectora comisionada y, en consecuencia, todos los incumplimientos por los cuales se le ha sancionado.

iii. En cuanto al argumento que el trabajador denunciante labora en el Hospital Regional con horario completo y además está realizando estudios de especialización en la Universidad Nacional de Cajamarca; la Intendencia señala que no adjunta documento que respalde su argumento, más aún, habiéndose determinado el vínculo laboral con el trabajador afectado, correspondía a la impugnante acreditar lo señalado.

iv. Concluye que las actuaciones inspectivas se ha desarrollado bajo la modalidad de requerimiento de información por medio de sistemas de comunicación electrónica, por lo que se debe entender que, una vez conocidos los hechos, la inspectora comisionada ha evaluado y constatado que los documentos presentados por la impugnante, no acreditan el cumplimiento de la obligación requerida.

v. Respecto a la aplicación del artículo 50 del RLGIT al momento de la imposición de la sanción (reiteración en la comisión de una infracción), expone que la impugnante registra en la Sub Intendencia de Resolución de la IRE Cajamarca, los siguientes expedientes sancionadores: i) Exp. Sancionador N° 206-2020-

3 Notificada a la impugnante el 14 de marzo de 2022, véase folio 84 del expediente sancionador.

SUNAFIL/IRE-CAJ con RSI N° 063-2021-SUNAFIL/IRE-CAJ/SIRE por la infracción tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT, y ii) Exp. Sancionador N° 218- 2020-SUNAFIL/IRE-CAJ con RSI N° 087-2021-SUNAFIL/IRE-CAJ/SIRE por la infracción tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. Por lo que, concluye que en los referidos expedientes sancionadores las conductas infractoras confrontadas guardan identidad de incumplimiento (medida inspectiva de requerimiento) y, en consecuencia, igualdad en la gravedad de su calificación (muy grave). Ello ha ocurrido también en el presente caso, pues la conducta infractora guarda identidad de incumplimiento e igualdad en la gravedad de su calificación, razón por la cual, la Intendencia aplica la reiteración al caso concreto.

vi. Asimismo, señala que la medida inspectiva de requerimiento, al tener el carácter de insubsanable, hace que las infracciones a la labor inspectiva sean de comisiones inmediatas e insubsanables, lo que implica que se configuran y consuman en el momento en el que se realizaron, no siendo factible retrotraer en el tiempo y enmendar dicha conducta. Por ende, se ha cumplido con las condiciones descritas en el numeral 7) del artículo 248 del TUO de la LPAG, no correspondiendo que la autoridad competente inste al ahora impugnante a demostrar el cese de la infracción.

vii. En tal sentido, luego del análisis efectuado en la presente resolución, no aprecia vulneración alguna al deber de motivación, debido procedimiento, principio de razonabilidad y proporcionalidad, legalidad, presunción de veracidad.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

4 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad

misma Ley, que, para el cumplimiento de sus fines, la SUNAFIL contará dentro de su estructura orgánica con un Tribunal de Fiscalización Laboral.

Del Recurso De Revisión

Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 5 “Ley N° 29981, Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…)”. 6 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 7 “Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 8 “Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días, respectivamente.

9 Decreto Supremo N° 016-2017-TR, artículo 14.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE HIDMOR SERVICIOS GENERALES S.R.L.

Con fecha 04 de abril de 2022, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 041-2022-SUNAFIL/IRE-CAJ, señalando los siguientes alegatos:

i. Refiere que los preceptos evaluados por la inspectora comisionada al momento de tipificar las infracciones, que han sido plasmadas en el análisis de la resolución impugnada, ha vulnerado el contenido del derecho al debido proceso, que es el obtener una respuesta razonada, motivada y congruente.

ii. Manifiesta que el elemento fundamental del trabajador independiente es la “autonomía”, esbozando definiciones sobre la contratación por locación de servicios y citando el artículo 1764° del Código Civil.

iii. Alega que, en el presente caso, no se da el elemento de subordinación porque el empleador solo verificó el cumplimiento del servicio para el pago del mismo, existiendo autonomía durante su desarrollo.

iv. Refiere que no ha existido un análisis profundo de los elementos de laboralidad, y no se prueba la concurrencia de los requisitos que configuran la existencia de un contrato de naturaleza permanente.

v. Expresa que no hay órdenes que cumplir, sino servicios de conocimiento que prestar de acuerdo a la necesidad de lo requerido por el cliente. A modo de ejemplo, en el contrato, se puede observar que la remuneración no es fija; por el contrario, se abona la cantidad de S/ 200.00 por 6 horas, por lo que, luego de cumplir dicho período de tiempo e informar del servicio cumplido, se procedía a dar la conformidad y realizarse el pago. Así, se evidencia que no tenía un horario permanente y establecido, lo cual se condice con lo señalado por la inspectora actuante.

vi. Alega que no podía cumplir con la medida de requerimiento, puesto que es imposible que se le exija dar cumplimiento del pago de remuneración a una persona que no sería trabajador, sino un prestador de servicios.

vii. Menciona que no califica la reincidencia en el presente caso, puesto que se observa que el nacimiento del proceso inspectivo no es por una infracción del mismo tipo y calificación ya sancionada anteriormente. Asimismo, alega se ha vulnerado el principio a la razonabilidad en la aplicación de infracciones y sanciones.

viii. Resalta que la SUNAFIL no es competente para atender denuncias con respecto a servicios prestados, con contrato de locación de servicios, ya que debería haberse iniciado en su defecto una verificación de los hechos para poder determinar, si efectivamente cumplía con todos los elementos de laboralidad para llamarse trabajador.

ix. Considera se ha afectado el principio del debido proceso, el principio de presunción de veracidad, principio de legalidad y el principio de proporcionalidad.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre la presunta vulneración del derecho al debido procedimiento administrativo

“Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad

competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo” (énfasis añadido).

“2. El Tribunal Constitucional estima oportuno recordar, conforme lo ha manifestado en reiterada y uniforme jurisprudencia, que el debido proceso, como principio constitucional, está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Vale decir que cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea este administrativo -como en el caso de autos- o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal” (énfasis añadido).

“Tal como ya lo tiene expresado este Tribunal en uniforme y reiterada jurisprudencia, el derecho al debido proceso tiene un ámbito de proyección sobre cualquier tipo de proceso o procedimiento, sea éste judicial, administrativo o entre particulares. Así, se ha establecido que el derecho reconocido en el inciso 3) del artículo 139 de la Constitución no sólo tiene un espacio de aplicación en el ámbito "judicial", sino también en el ámbito administrativo" y, en general, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ha sostenido, puede también extenderse a "cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional, (el que) tiene la obligación de adoptar resoluciones apegadas a las garantías del debido proceso legal, en los términos del artículo 8 de la Convención Americana". (Caso Tribunal Constitucional del Perú, párrafo 71). De igual modo la Corte Interamericana sostiene –en doctrina que ha hecho suyo este Colegiado en la sentencia correspondiente al Exp. Nº 2050-2002-AA/TC– que "si bien el artículo 8 de la Convención Americana se titula “Garantías Judiciales”, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto, sino al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a efectos de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos"(párrafo 69). (…)” (énfasis agregado).

Sobre la presunta vulneración a la motivación de las resoluciones 6.7. Con relación al derecho o garantía de la motivación de las decisiones que afecten los intereses de la impugnante, es importante recalcar que el principio de debido procedimiento se encuentra relacionado con la exigencia de la debida motivación del acto administrativo. Lo anterior se desprende de la necesidad de que sea una garantía a favor de los administrados de exponer sus argumentos, ofrecer y producir pruebas y, a su vez, a obtener una decisión por parte de la autoridad administrativa motivada y fundada en derecho.

jurisprudenciales al respecto. A este entender, la sentencia recaída en el Expediente N° 00312-2011-AA/TC recopiló una serie de elementos vinculados a la motivación de los actos administrativos, resaltando la definición de la naturaleza jurídica de la motivación de actos administrativos: una garantía constitucional que busca evitar la arbitrariedad de la Administración. Señaló el Tribunal Constitucional, además, lo siguiente:

“4. Este Tribunal ha tenido oportunidad de expresar su posición respecto a la motivación de los actos administrativos, expresando que:

“[…] [E]l derecho a la motivación de las resoluciones administrativas es de especial relevancia. Consiste en el derecho a la certeza, el cual supone la garantía de todo administrado a que las sentencias estén motivadas, es decir, que exista un razonamiento jurídico explícito entre los hechos y las leyes que se aplican. […] La motivación de la actuación administrativa, es decir, la fundamentación con los razonamientos en que se apoya es una exigencia ineludible para todo tipo de actos administrativos, imponiéndose las mismas razones para exigirla tanto respecto de actos emanados de una potestad reglada como discrecional. El tema de la motivación del acto administrativo es una cuestión clave en el ordenamiento jurídico-administrativo, y es objeto central de control integral por el juez constitucional de la actividad administrativa y la consiguiente supresión de los ámbitos de inmunidad jurisdiccional. Constituye una exigencia o condición impuesta para la vigencia efectiva del principio de legalidad, presupuesto ineludible de todo Estado de derecho. A ello, se debe añadir la estrecha vinculación que existe entre la actividad administrativa y los derechos de las personas. Es indiscutible que la exigencia de motivación suficiente de sus actos es una garantía de razonabilidad y no arbitrariedad de la decisión administrativa. En esa medida, este Tribunal debe enfatizar que la falta de motivación o su insuficiencia constituye una arbitrariedad e ilegalidad, en la medida en que es una condición impuesta por la Ley N° 27444. Así, la falta de fundamento racional suficiente de una actuación administrativa es por sí sola contraria a las garantías del debido procedimiento administrativo.” (STC 00091-2005-PA, fundamento 9, párrafos 3, 5 a 8, criterio reiterado en STC 294-2005-PA, STC 5514-2005-PA, entre otras).

Adicionalmente se ha determinado en la STC 8495-2006-PA/TC que: “un acto administrativo dictado al amparo de una potestad discrecional legalmente establecida resulta arbitrario cuando sólo expresa la apreciación individual de quien ejerce la competencia administrativa, o cuando el órgano administrativo, al adoptar la decisión, no motiva o expresa las razones que lo han conducido a adoptar tal decisión. De modo que, motivar una decisión no sólo significa expresar únicamente bajo qué norma legal se expide el acto administrativo, sino, fundamentalmente, exponer en forma sucinta –pero suficiente– las razones de hecho y el sustento jurídico que justifican la decisión tomada” (énfasis añadido).

que justifiquen su adopción; no siendo admisibles como motivación las fórmulas que, por su contradicción, no resulten esclarecedoras para la motivación del acto.

Sobre la infracción grave

manera expresa tal facultad, encontrándose en la ley especial de la materia, la LGIT, específicamente el artículo 49 la siguiente redacción: "Artículo 49.- Recursos administrativos Los recursos administrativos del procedimiento administrativo sancionador son aquellos previstos en el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004- 2019-JUS. El Recurso de revisión es de carácter excepcional y se interpone ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral. El Reglamento determina las demás condiciones para el ejercicio de los recursos administrativos.”

“(…) la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019- 2006-TR, y sus normas modificatorias” (énfasis añadido).

De lo precisado entonces, se tiene que a este Tribunal, no le corresponde emitir pronunciamiento sobre los argumentos expuestos por la impugnante en torno a la infracción grave en materia de relaciones laborales, impuesta por no acreditar el pago de la remuneración correspondiente al periodo de 01 de junio al 21 de junio de 2021, así como, a los argumentos relacionados en torno a la evaluación de los elementos de laboralidad que determinaron la existencia de un contrato de trabajo, y no una contratación por locación de servicios conforme lo establece el artículo 1764 del Código Civil, desarrollados en su recurso de revisión.

Sobre la infracción a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT y la supuesta vulneración de los principios de legalidad, presunción de veracidad, razonabilidad, y proporcionalidad

“Las medidas inspectivas de advertencia y requerimiento se reflejarán por escrito en la forma y modelo oficial que se determine reglamentariamente, debiendo notificarse al sujeto inspeccionado a la finalización de las actuaciones de investigación o con posterioridad a las mismas. Cuando el inspector actuante compruebe la existencia de una infracción al ordenamiento jurídico sociolaboral, requerirá al sujeto responsable de su comisión la adopción, en un plazo determinado, de las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las disposiciones vulneradas. En particular y en materia de prevención de riesgos laborales, requerirá que se lleven a cabo las modificaciones necesarias en las instalaciones, en el montaje o en los métodos de trabajo para garantizar el derecho a la seguridad y salud de los trabajadores. Los requerimientos que se practiquen se entienden siempre sin perjuicio de la posible extensión de acta de infracción y de la sanción que, en su caso, pueda imponerse” (énfasis añadido).

“Si en el desarrollo de las actuaciones de investigación o comprobatorias se advierte la comisión de infracciones, los inspectores del trabajo emiten medidas de advertencia, requerimiento, cierre temporal del área de una unidad económica o de una unidad económica, paralización o prohibición de trabajos o tareas, según corresponda, a fin de garantizar el cumplimiento de las normas objeto de fiscalización” (énfasis añadido).

“6.8 Así, los expedientes sancionadores que se tramitan en el Sistema de Inspección del Trabajo no son, sin embargo, unos que permitan distinguir imputaciones que solamente contengan casos “muy graves”, “graves” o bien “leves”, siendo habitual que en los casos sometidos a este Tribunal se encuentren imputaciones que contemplen infracciones calificadas normativamente como “muy graves” y alguna o algunas más de distinto grado. Ante este tipo de plataformas impugnatorias, el Tribunal de Fiscalización Laboral se encuentra obligado a distinguir lo que es materia de su estricta competencia de aquello que no lo es, conforme con la normativa glosada. 6.9 En ciertos casos —como el que es objeto de la presente resolución— el recurso de revisión propone el análisis de infracciones a la labor inspectiva consistentes en el incumplimiento de la medida de requerimiento contenidas en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT, pero las materias objeto de la medida de requerimiento son calificadas por la normativa como faltas “graves” o “leves”, lo que deposita a tales causas fuera de la competencia material de este Tribunal. 6.10 De esta forma, la evaluación de los recursos de revisión interpuestos contra sanciones administrativas por inejecución de medidas de requerimiento deberá circunscribirse a un análisis estrictamente referido a la proporcionalidad, razonabilidad y legalidad de tales medidas, sin invadir una competencia administrativa vedada, como son las infracciones calificadas como graves y leves, que en expedientes como el presente, han adquirido firmeza con la expedición (y notificación) de la resolución de segunda instancia” (énfasis añadido).

Figura 1: Numeral 7.14.5 de la Directiva N° 001-2020-SUNAFIL/INII

10 Aprobada por Resolución de Superintendencia N° 031-2020-SUNAFIL, del 03 de febrero de 2020.

“Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: 1.1. Principio de legalidad. - Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas. (…) 1.4. Principio de razonabilidad. - Las decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen obligaciones, califiquen infracciones, impongan sanciones, o establezcan restricciones a los administrados, deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido. (…) 1.7. Principio de presunción de veracidad.- En la tramitación del procedimiento administrativo, se presume que los documentos y declaraciones formulados por los administrados en la forma prescrita por esta Ley, responden a la verdad de los hechos que ellos afirman. Esta presunción admite prueba en contrario”.

ejecución a la labor inspectiva en materias sociolaborales y de seguridad y salud en el trabajo.

instancia. Por lo tanto, al no advertir afectación a los principios de presunción de veracidad, legalidad, razonabilidad ni proporcionalidad, corresponde declarar infundado el recurso de revisión en este extremo, en tanto la impugnante no acreditó el cumplimiento de las medida inspectiva de requerimiento, conforme lo han determinado las instancias de mérito, al evaluar y valorar todas las documentales presentadas.

seguridad y salud en el trabajo, y de acuerdo, al literal c) del artículo 12 de la LGIT, dichas diligencias pueden tener su origen en una denuncia.

Ahora bien, en el presente caso, se iniciaron las actuaciones inspectiva en mérito a la denuncia presentada por el trabajador Franco Joseph Tello Velásquez, quien solicitó verificar el cumplimiento de normas y disposiciones sociolaborales en cuanto al pago de sus remuneraciones y su solicitud de renuncia. Por consiguiente, al presentarse esta denuncia, se permitió que la SUNAFIL cuente con competencia para fiscalizar el incumplimiento de las disposiciones relacionadas con la contratación, cualquiera que sea la denominación de los contratos, no siendo amparable la supuesta falta de competencia y las vulneraciones que de ésta se derivarían.

Información Adicional

N° Materia Conducta infractora Tipificación legal y clasificación Relaciones Laborales No acreditar el pago de la remuneración correspondiente al periodo de 01 de junio al 21 de junio de 2021, en perjuicio del ex trabajador Franco Joseph Tello Velásquez. Numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT

GRAVE Labor inspectiva No cumplir con la medida inspectiva de requerimiento emitida y notificada en fecha 22 de octubre de 2021. Numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT

MUY GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral- SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019- 2006-TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley de Procedimiento Administrativo General aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR;

SE RESUELVE:

PRIMERO. – Declarar INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por HIDMOR SERVICIOS GENERALES S.R.L., en contra de la Resolución de Intendencia N° 041-2022-SUNAFIL/IRE-CAJ, de fecha 11 de marzo de 2022, emitida por la Intendencia Regional de Cajamarca, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 503-2021- SUNAFIL/IRE-CAJ/SIAI., por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. – CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 041-2022-SUNAFIL/IRE-CAJ, en el extremo referente a la infracción muy grave a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT.

TERCERO. - Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa.

CUARTO. - Notificar la presente resolución a HIDMOR SERVICIOS GENERALES S.R.L. y a la Intendencia Regional de Cajamarca, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. – Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

Presidente

20230125JCR