Hermes Transportes Blindados S.A — Res. 695-2022

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre la siguiente materia: Hostigamiento y Actos de Hostilidad (Sub materia: Otros hostigamientos). CABALLERO SEGA Katty Angelica FAU 20555195444 soft 20555195444 soft 20555195444 soft

y dio inicio al procedimiento sancionador, otorgándole un plazo de quince (15) días hábiles para la formulación de los descargos que estimen pertinentes, conforme el literal c) del artículo 45 de la Ley N° 28806- Ley General de Inspección de Trabajo (en adelante, la LGIT). 1.3 Posteriormente, la Sub Dirección de Inspección Laboral, Seguridad y Salud en el Trabajo de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción de Empleo mediante la Resolución Sub Directoral N° 99-2017-CUSCO/DRTPE-DPSCL-SDILSST, de fecha 02 de mayo de 2017, notificada el 15 de agosto de 2017, multó a la impugnante por la suma de S/ 6,912.50, con reducción al 35%, por haber incurrido en una (01) infracción MUY GRAVE en materia de relaciones laborales, tipificada en el numeral 25.14 del artículo 25 del RLGIT.

i. En la Resolución Sub Directoral N° 99-2017-CUSCO/DRTPE-DPSCL-SDILSST, nos encontramos frente a un caso de inexistencia de motivación o motivación aparente, debido a que se limitan a señalar los hechos sin haberlos verificado, basándose en declaraciones. ii. En función a ello pretende evidenciar un supuesto “acto contra la moral y de alguna forma el cual afecta su estabilidad en el empleo”, transgrediendo el ordenamiento jurídico y el derecho a la debida motivación. iii. Actualmente los señores Edwin Umasi Latorre y Claudio Rómulo Huatani Arriola vienen prestando servicios de forma habitual, tal como lo acreditamos con las hojas de programación adjuntas al presente, correspondiente a los últimos 30 días, documentación que evidencia nuestro ánimo de cumplir la normatividad vigente y además lo señalado en el Cuarto considerando de la citada Resolución, que dispone “que el sujeto inspeccionado cumpla con subsanar, las obligaciones en materia de relaciones laborales”. iv. El artículo 30 del TUO de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, establece el procedimiento que debe seguir todo trabajador sujeto al régimen de la actividad privada frente a un supuesto acto de hostilidad. Dicho procedimiento descrito, no ha sido utilizado por los trabajadores, no existiendo alguna comunicación por parte de ellos solicitando el cese de supuestos actos de hostilidad, demostrándose de esta manera que los supuestos hechos verificados por los inspectores comisionados no fueron considerados por los propios trabajadores como actos de hostilidad. v. No se ha señalado cómo es que se establece como multa propuesta el importe de S/ 6,912.00, señalando únicamente que no es de aplicación lo establecido en la Única Disposición Complementaria Transitoria de la Ley antes acotada. Tampoco se ha tomado en consideración que el inciso 1 y 2 del artículo 4 del Decreto Supremo N° 10-2014-TR, establece que cuando el sujeto inspeccionado no subsana las infracciones imputadas o sancionadas se deberá fijar la multa en un valor máximo del 35% del valor original de la multa determinada, de acuerdo al artículo 48 del RLGIT.

i. Revisada la resolución materia de apelación se advierte que concurren omisiones que afectan la validez y eficacia de la misma, toda vez que hay ausencia de un

pronunciamiento objetivo respecto a todos los aspectos planteados en el descargo al acta de infracción. ii. De la apelada se advierte que, en el considerando cuarto se hace descripción textual de las observaciones al acta de infracción planteados en el descargo, sin embargo, hay una evidente omisión de analizar y evaluar el descargo en general; dicho descargo sin el sustento legal y objetivo es declarado infundado. iii. Asimismo, se advierte que en el cuadro de sanciones se considera a un solo trabajador afectado, cuando en todo el procedimiento se ha efectivizado siendo 3 trabajadores afectados, que son los mismos que solicitaron la intervención inspectiva. iv. Por tanto, se evidencia la concurrencia de un indebido proceso y el derecho de defensa del administrado, y que definitivamente no puede ser subsanado ni evaluado en esta instancia, toda vez que deben ser absueltos en la primera instancia, a fin de avalar el pronunciamiento en la misma.

i. El procedimiento sancionador ha caducado, considerando que en fecha 22 de setiembre de 2016 se inició el procedimiento sancionador mediante Auto N° 789-2016-GR- CUSCO/DRTPE-SDISST, y con fecha 15 de agosto de 2018, se emite la Resolución Sub Directoral N° 99-2017-CUSCO/DRTPE-DPSCL-SDILSST; sin embargo, con fecha 25 de agosto de 2017 se resuelve declarar la nulidad de la Resolución Sub Directoral N° 99- 2017-CUSCO/DRTPE-DPSCL-SDILSST, disponiendo se emita nueva resolución, por lo que hasta la fecha han transcurrido más de tres años que no se ha resuelto el procedimiento sancionador. ii. Respecto a los supuestos actos de hostilidad, la resolución no realiza un análisis fáctico jurídico de cómo las acciones tomadas con respecto a los trabajadores Edwin Umasi La Torre, Claudio Rómulo Huaitani y Wilson Gerundas Mora pueden ser subsumidas en un acto que atente contra la moral, es por ello que no ha existido una debida motivación, que genera la nulidad de la resolución de primera instancia; así, con fecha 12 de octubre

de 2016 se presentaron los descargos al acta de infracción, en la que fundamentamos nuestra inconformidad con dos puntos fundamentales: Incompetencia del inspector para conocer actos de hostilidad en el empleo y la no existencia de comunicación previa por parte de los trabajadores, acusando actos de hostilidad contra la empresa, sin embargo, no se han analizado ni evaluado nuestros argumentos, lo que genera omisiones que afectan la validez de la resolución materia del presente recurso.

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de relaciones laborales, por los actos de hostilidad y el hostigamiento sexual, así como cualquier otro acto que afecte la dignidad del trabajador o el ejercicio de sus derechos constitucionales, tipificada en el numeral 25.14 del artículo 25 del RLGIT.

i. No se observó que el procedimiento sancionador caducó conforme lo dispuesto en el artículo 237-A de la Ley N° 27444. ii. Cabe precisar que ha operado la prescripción, de acuerdo a lo normado en el artículo 51 del Decreto Supremo N° 019-2016-TR. iii. No se observó la incompetencia del inspector auxiliar para conocer el procedimiento. iv. El procedimiento sancionador no está adecuado a las normas vigentes, se desarrolló un procedimiento con menos etapas a las establecidas en el TUO de la LPAG. v. En la realidad no se configura el acto de hostilidad, no se justifica cómo se configuraría el acto de hostilidad que fue imputado por el inspector auxiliar.

2 Notificada a la impugnante el 10 de setiembre de 2021, véase folio 109 del expediente sancionador.

i. Considerando la fecha de la Resolución Sub Directoral N° 99-2017-CUSCO/DRTPE- DPSCL-SDILSST, al 15 de agosto de 2017, no corresponde la aplicación del plazo de caducidad, más aun considerando que a la fecha de notificación de dicho acto resolutivo, no se hallaba vigente la disposición normativa de la caducidad, toda vez que, esta figura jurídica recién fue regulada a partir de la vigencia del Decreto Legislativo N° 1272 (Decreto Legislativo que modifica la Ley N° 27444), en cuya quinta disposición complementaria transitoria señala “Para la aplicación de la caducidad prevista en el artículo 237-A de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, se establece un plazo de un (01) año, contado desde la vigencia del presente Decreto Legislativo, para aquellos procedimientos sancionadores que a la fecha se encuentran en trámite”; por lo que, es recién a partir del 21 de diciembre de 2017 que lo previsto respecto al plazo de caducidad, cobra vigencia en nuestro ordenamiento jurídico. ii. Con respecto a la prescripción del procedimiento, el plazo de prescripción se calcula desde la notificación del inicio del procedimiento sancionador, esto es el 22 de septiembre de 2016, habiendo transcurrido a la fecha 03 años y 11 meses, evidenciándose que no ha operado la prescripción. iii. Conforme al desarrollo del procedimiento, en dicha oportunidad se encontraba vigente la Resolución de Superintendencia N° 039-2016, que aprobaba la Directiva N° 01-2016- SUNAFIL/INII, sobre reglas generales para el ejercicio de la función inspectiva, observándose que en el presente caso se tenían designados en la Orden de Inspección N° 318-2016-DPSC, al Inspector Edgar Olayunca Anchari y al Inspector Auxiliar Rubén Dario Iwaki Trujillano. Siendo así, se verifica de las actuaciones inspectivas, que el Inspector Auxiliar desarrolló sus funciones con el Inspector de Trabajo, advirtiendo la actuación conjunta. iv. De la verificación de la Orden de Inspección N° 318-2016-DPSC, ésta fue emitida el 26 de abril de 2016, es decir, fuera de los alcances de adecuación regulado en el TUO de la LPAG. v. El artículo 16 de la LGIT, establece que: “Los hechos constatados por los inspectores actuantes que se formalicen en las actas de infracción observando los requisitos que se establezcan, se presumen ciertos sin perjuicio de las pruebas que en defensa de sus respectivos derechos e intereses”, en concordancia con el artículo 47 del mismo cuerpo normativo.

3 Notificada a la impugnante el 15 de diciembre de 2021, véase folio 144 del expediente sancionador.

vi. En ese sentido, al no existir documento alguno que desvirtúe lo señalado por el equipo inspector comisionado, se presumen los hechos constatados como ciertos, pues por declaración del señor Salvador Segura Lozada, Director de Hermes Sucursal Cusco y el señor César Enrique Llorente, apoderado de la empresa inspeccionada y conforme a lo señalado por el equipo inspectivo comisionado se dice que: “Los trabajadores eran convocados diariamente de lunes a sábado a las 08:00 am a su centro de labores, donde permanecían hasta la hora de salida, pero sin que su jefe inmediato les asignara tarea alguna (…)”. En consecuencia, existe suficiente motivación fáctica y jurídica para ratificar la sanción impuesta; aclarando que, en el procedimiento sancionador se ha verificado el cumplimiento del debido procedimiento, se ha resguardado el derecho de defensa y se ha actuado acorde al Principio de Legalidad, Razonabilidad y Proporcionalidad.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

4 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 5“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia.” 6 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.”

Supremo N° 010-2022-TR7, y el artículo 2 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR8 (en adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

Del Recurso De Revisión

7“Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL. Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. 8“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias9.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE LA EMPRESA HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 06 de enero de 2022, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 233-2021-SUNAFIL/IRE CUS, señalando lo siguiente alegatos: i. La Resolución de Intendencia no da respuesta a los argumentos que exponemos en nuestra apelación, en lugar de ello vuelve a reproducir los argumentos con los que se pretende sustentar la Resolución de Sub Intendencia N° 606-2021-SUNAFIL/IRE CUSCO, sin aplicar las normas que sustentan nuestro derecho a un debido procedimiento. Por tanto, no cuenta con la motivación mínima que exige para su validez, vulnerando nuestro derecho al debido procedimiento. ii. En el año 2021 se dispuso el retorno del estado del procedimiento hasta el inicio de la etapa sancionadora; por lo que, es aplicable al caso lo dispuesto por el artículo 237-A del TUO de la LPAG, y lo establecido en su Quinta Disposición Complementaria

9 Decreto Supremo N° 016-2017-TR, art. 14

Transitoria. Como la norma entró en vigencia el 22 de diciembre de 2016, SUNAFIL tenía un año para emitir la resolución de primera instancia, plazo que venció el 21 de diciembre de 2017; sin embargo, no se emitió ninguna resolución, ya que, fue recién el 18 de diciembre de 2019 que se emitió la Resolución Sub Directoral N° 368-2019- CUSCO/DRTPE-DPSCL-SDILSST, la cual posteriormente fue declarada nula. iii. En consecuencia, si el procedimiento sancionador inició el 17 de junio de 2016 y se emitió la Resolución de Sub Intendencia de Resolución N° 606-2021-SUNAFIL/IRE CUSCO, en fecha 06 de octubre de 2021, por acción y responsabilidad de SUNAFIL, el procedimiento sancionador duró más de 5 años; por lo que, operó la caducidad. iv. Sin perjuicio que operó la caducidad por las nulidades que generó SUNAFIL, si los hechos denunciados se habrían ejecutado en marzo 2016, al reiniciar el procedimiento en más de una oportunidad, operó la prescripción a nuestro favor, ya que la Resolución N° 165-2021-SUNAFIL/IRE CUS, se emitió el 07 de setiembre de 2021, es decir, luego de más de 4 años de los hechos. En el presente caso, desde la fecha en que los denunciantes acusaron la presunta ejecución de actos de hostilidad hasta la fecha de apelación, pasaron más de 4 años, motivo por el cual, la facultad para determinar la existencia de infracciones administrativas prescribió. v. Por tanto, la resolución no aplicó el artículo 51 del RLGIT, y de manera ilegal considera que el plazo de prescripción se computa desde el inicio del procedimiento sancionador, lo que no es correcto, ya que, el artículo 252.2 del TUO de la LPAG, establece que el plazo de prescripción se computa desde el día en que se cometió una infracción. vi. Reiteramos que no se configura alguno de los supuestos tipificados en el literal g) del artículo 30 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, ni cuál sería la obligación que habríamos incumplido, conforme lo establece el numeral 25.14 del artículo 25 del RLGIT. vii. De acuerdo con los documentos que obran en el expediente inspectivo, con la decisión que adoptamos respecto de los tres denunciantes, mientras se realizaban investigaciones en ejercicio de nuestra facultad de dirección, no se ejecutó ningún acto que tenga por objeto lesionar la relación laboral y provocar el retiro de los trabajadores. Siendo ello así, no es cierto que a partir de los hechos citados por los denunciantes se puedan configurar los supuestos (actos contra la moral o aquellos que afecten la dignidad), regulados en el literal g) del artículo 30 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. VI. ANÁLISIS DEL RECURSO DE REVISIÓN

Sobre la caducidad del procedimiento administrativo sancionador

ACTUACIONES FECHA DE NOTIFICACIÓN Inicio Auto N° 789-2016-GR CUSCO/RTPE-DPSCL-SDILSST 22/09/2016 Fin Resolución Sub Directoral N° 99-2017- CUSCO/DRTPE-DPSCL-SDILSST 15/08/2017

Sobre la prescripción de la infracción detectada

TEMA VOTACIÓN ACUERDO La prescripción administrativa UNANIMIDAD El plazo de prescripción de cuatro (4) años para determinar la existencia de infracciones en materia sociolaboral, es aplicable para

todos los hechos constitutivos de infracción, incluso si ocurrieron antes del 16 de marzo de 2017.

Sobre los elementos constitutivos de los actos de hostilidad 6.15 Previamente a los alegatos que nos ocupan, esta Sala considera pertinente exponer ciertas consideraciones sobre la configuración del acto de hostilidad, y cómo, a través de su comisión, se afecta la dignidad del trabajador. Ello, en aras de identificar si - en el presente caso- ha concurrido la infracción que se sanciona.

“a) El poder de dirección, el cual contiene las facultades de organización (que versan sobre las órdenes e instrucciones generales o particulares, mediante las cuales se instrumenta la implementación de los recursos empresariales en orden a la consecución de sus objetivos) y de control de los trabajadores (que supone el empleo de los medios necesarios para comprobar que el trabajador ha cumplido sus obligaciones); b) El poder disciplinario (que se refiere a la facultad de sancionar, en caso de incumplimiento de obligaciones laborales, la cual se constituye como una especie de corolario de las facultades de organización y control); y, c) El poder de variación o ius variandi, el cual supone la posibilidad para el empresario de actualizar los contenidos específicos de la prestación laboral de cada trabajador, conforme a las necesidades que impongan las circunstancias de la empresa, del propio puesto de trabajo o de los procedimientos técnicos aplicables; siendo estas características las que lo dotan de un carácter restrictivo10”.

10 Cfr. MOLERO MANGLANO, Carlos; SÁNCHEZ-CERVERA VALDÉS, José Manuel y otros. Manual de Derecho del Trabajo. 5ta. Edición. Navarra. Editorial Aranzadi. 2005, pp. 270-273.

arbitrarias. Se trata, por tanto, de la comparación de dos intensidades o grados en la afectación de un derecho fundamental y de la legitimidad de la medida acatada en uso del poder de dirección. De esta manera, se advierte que todo acto de hostilidad implica un uso desmedido de la facultad de dirección, al cual se encuentra sujeto el trabajador, por la relación de subordinación-dependencia existente en el contrato laboral.

“Se ha establecido sobre el elemento subjetivo del cese de acto de hostilidad invocado, “propósito de ocasionarle perjuicio al trabajador”, que se satisface ofreciendo los indicios y medios de prueba idóneos que permitan advertir que el ejercicio de la facultad de dirección o ius variandi por parte del empleador no se ha sujetado a los límites que impone el principio de razonabilidad, sino que por el contrario haciendo uso abusivo del mismo menoscaban y denigran los derechos fundamentales de los trabajadores; lo que justifica la necesidad de exigir la acreditación de dicha” (énfasis añadido).

"Por virtud del principio de razonabilidad se exige que la medida restrictiva se justifique en la necesidad de preservar, proteger o promover un fin constitucionalmente valioso. Es la protección de fines constitucionalmente relevantes la que, en efecto, justifica una intervención estatal en el seno de los derechos fundamentales. Desde esta perspectiva, la restricción de un derecho fundamental satisface el principio de razonabilidad cada vez que esta persiga garantizar un fin legítimo y, además, de rango constitucional” (énfasis añadido).

- Se ha verificado que los trabajadores Edwin Umasi La Torre, Claudio Rómulo Huaitani Arriola y Wilson Gerundas Mora, fueron sancionados con suspensión sin goce de haber por tres días, como consecuencia de que en fecha 17 de febrero de 2016, los tres trabajadores se encontraban en servicio en la localidad de Andahuaylas, circunstancias

11 Casación Laboral N° 25294-2018 LIMA NORTE. 12 Exp. 2235-2004-AA/TC, Fundamento 6, segundo párrafo.

en las que no contestaron el RPC brindado por la empresa, incumpliendo de esta manera sus obligaciones de trabajo.

- Posteriormente se verifica que los trabajadores mencionados desde los hechos acontecidos por los que fueron sancionados, fueron sometidos a una situación de “Stand By” (sin asignación de funciones, pero asistiendo a su centro de trabajo) conforme lo manifestó el señor Salvador Segura Lozada, director de HERMES Sucursal Cusco y el señor César Enrique Llorente Vilchez, apoderado de la empresa inspeccionada; hasta que se determine, por parte del empleador su situación final. Es decir, conforme se verifica de las hojas de citación diaria, los trabajadores eran convocados diariamente de lunes a sábado a las 08:00 a.m. a su centro de labores, ubicado en la Urb. Manahuanunca, donde permanecían hasta la hora de salida, pero sin que su jefe inmediato les asignara tarea alguna, situación que según se ha verificado, no se les ha comunicado de manera formal, por ser esta una práctica que no se encuentra pre establecida en el Reglamento Interno de Trabajo de la empresa u otro documentos, hechos que afectan la dignidad de los trabajadores. Lo que también se puede apreciar

- Por último, se ha tomado conocimiento que actualmente, los trabajadores recurrentes se encuentran dentro de un procedimiento de despido, por lo que se encuentran exonerados de la asistencia a su centro de labores.

las declaraciones efectuadas por los trabajadores dentro del procedimiento de investigación efectuado por la impugnante, a raíz del incumplimiento de obligaciones en el servicio foráneo en la ciudad de Andahuaylas el 17 de febrero de 2016; por medio de las cuales la impugnante, efectúa la notificación formal para conocimiento de la falta laboral cometida, al no haber cumplido con contestar el RPC brindado por la empresa, y atender las llamadas efectuadas por el señor Dante Grados Gonzales (Ex Director de la Sucursal Cusco), habiendo precisado en el citado documento que dicha conducta fue realizada por los señores Edwin Umasi La Torre, Claudio Rómulo Huaitani Arriola, pese a tener conocimiento que durante el desarrollo de los servicios foráneos, resulta de vital importancia mantener constante comunicación con la base, esto con la finalidad de salvaguardar tanto los valores que se encuentran bajo custodia de la empresa, así como la vida del personal que se halla ejecutando el servicio. En lo que corresponde al trabajador Wilson Gerundas Mora, se siguió el mismo procedimiento; sin embargo, la falta laboral cometida con fecha 17 de febrero de 2016, se refiere al haber excedido en el tiempo para hacer uso del horario de refrigerio (desayuno). Se verifica la precisión efectuada por la impugnante al trabajador, que pone en conocimiento el actuar irresponsable, al haber dejado pasar un tiempo excesivamente considerable (1 hora y 30 minutos) para proceder a relevar a su compañero Claudio Rómulo Huaitani Arriola.

I. Incumplimiento del servicio contratado con nuestro cliente (Scotiabank). II. Exposición al peligro de los valores de nuestros clientes. III. Incumplimiento de los procedimientos operativos establecidos por la empresa. IV. Quebrantamiento de la buena fe laboral.

Sobre la supuesta vulneración al debido procedimiento

externas, que aluden al respaldo probatorio de los hechos y sobre el derecho considerado por el órgano al resolver; 3) la suficiencia, que refiere a que se hayan expuesto razones que sustenten lo decidido en función de los problemas relevantes determinados y necesarios para la resolución del caso; y 4) la congruencia, como elemento que permite establecer si las razones especiales requeridas para adoptar determinada decisión se encuentran recogidas en la resolución en concreto.

Información Adicional

N° Materia Conducta Infractora Tipificación legal y clasificación Relaciones Laborales Actos de hostilidad y el hostigamiento sexual, así como cualquier otro acto que afecte la dignidad del trabajador o el ejercicio de sus derechos constitucionales. Numeral 25.14 del artículo 25 del RLGIT

MUY GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral- SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley de Procedimiento Administrativo General aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR;

SE RESUELVE:

PRIMERO. – Declarar, por mayoría, INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A., contra la Resolución de Intendencia N° 233-2021-SUNAFIL/IRE CUS, de fecha 13 de diciembre de 2021, emitida por la Intendencia Regional de Cusco, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 001-2016- SUNAFIL/IRE-CUS, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. – CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 233-2021-SUNAFIL/IRE CUS, en todos sus extremos.

TERCERO. - Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa.

CUARTO. - Notificar la presente resolución a HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A., y a la Intendencia Regional de Cusco, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. - Remitir los actuados a la Intendencia Regional de Cusco.

SEXTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral –SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

Presidente KATTY ANGÉLICA CABALLERO SEGA

VOTO EN DISCORDIA DE LA VOCAL DESIRÉE BIANCA ORSINI WISOTZKI

Con el debido respeto por la opinión de mis colegas vocales, discrepo de la posición mayoritaria con la que se ha resuelto el recurso de revisión interpuesto por la impugnante.

Sintetizo el sustento de mi posición en las siguientes consideraciones:

1. En el presente caso, se ha sancionado a la impugnante por la comisión de la infracción prevista en el numeral 25.14 del artículo 25 del RLGIT, referente a haber incurrido en actos de hostilidad en contra de los trabajadores Edwin Umasi La Torre, Claudio Rómulo Huaitani Arriola y Wilson Gerundas Mora, al haber sido sometidos a una situación de “Stand By” (sin asignación de funciones, pero asistiendo a su centro de trabajo); hasta que se determine, por parte del empleador su situación final.

2. De la revisión de los actuados, se evidencia que, la permanencia de los trabajadores sin prestar labor efectiva con goce de haber, se encontró justificada en el procedimiento de investigación iniciado por la impugnante, en razón del incumplimiento de la obligación con el cliente Scotiabank en el servicio foráneo en la ciudad de Andahuaylas el 17 de febrero

de 2016, que fue notificado a los trabajadores inicialmente como una falta laboral el 22 de marzo de 2016, y luego de realizada las investigaciones por el área legal de la empresa por más de un mes, en el lugar de los hechos (Andahuaylas), tuvo como consecuencia la determinación de una falta grave por parte de los trabajadores, pese a que los mismos tenían pleno conocimiento del deber de disposición para con la empresa en el cumplimiento de su servicio desde el inicio de la jornada laboral (08:00 a.m.), más aún teniendo en consideración la naturaleza de los servicios que brinda la impugnante, tales como la seguridad, puntualidad y efectividad de las transacciones que sus clientes realizan a través de la misma. En tal sentido, no se configura la infracción por actos de hostilidad contra los trabajadores denunciantes, tipificado en el numeral 25.14 del artículo 25 del RLGIT.

Por estos fundamentos, mi voto es porque el recurso de revisión sea declarado FUNDADO.