Hermes Transportes Blindados S.A — Res. 627-2025

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Discriminación en el trabajo (Sub materia: Por filiación sindical) y Relaciones Colectivas (Sub materia: Libertad sindical (licencia sindical, cuota sindical, entre otros)). DE LAMA LAURA Manuel Gonzalo FAU 20555195444 soft 20555195444 soft

remitiéndose el Acta de Infracción y otorgándose un plazo de cinco (05) días hábiles para la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal e) del numeral 53.2 del artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT).

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de relaciones laborales, por incurrir en actos de discriminación sistemáticos por motivo de la libertad sindical en perjuicio de los trabajadores afectados, tipificada en el numeral 25.17 del artículo 25 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/. 346,698.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de relaciones laborales, por incurrir en prácticas antisindicales que afectan la libertad sindical en perjuicio de los trabajadores afectados, tipificada en el numeral 25.10 del artículo 25 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/. 346,698.00.

i. Solicitan declarar nula la resolución apelada por incumplir con el contenido mínimo exigido en el artículo 54 del RLGIT, al no precisar los hechos constitutivos de infracción ni su calificación ni cuantificación adecuada. Cuestionando el uso indebido del numeral 1 del artículo 48 del RLGIT, ya que la conducta imputada no se refiere a la constitución de un sindicato, sino a prácticas supuestamente antisindicales posteriores, por lo que debió aplicarse otro criterio de cálculo. Además, se advierte que los hechos datan del año 2017, año previo al inicio de la inspección. ii. Alegan que, existe un proceso judicial con la misma materia (posible despido antisindical), lo cual debió conllevar al archivo del procedimiento administrativo por vulneración del principio de no duplicidad de instancias (artículo 139.2 de la Constitución) y el artículo 75.2 del TUO de la LPAG. Enfatizando que SUNAFIL carece de competencia para calificar el despido como nulo, incausado o arbitrario. iii. Aducen que, se infringe la Directiva N° 001-2020-SUNAFIL/INII, que prevé el cierre de la orden de inspección en caso de controversia judicial sobre la materia, lo cual aplica en este caso al haberse judicializado los despidos supuestamente ilegales. iv. Sostienen que, la resolución impugnada no analiza adecuadamente los medios probatorios respecto a la supuesta discriminación por asignación de puestos (Garita 6 y Torreón). Señalando que estos cambios respondieron a una solicitud

expresa de los trabajadores de no realizar horas extras, lo cual justifica su reubicación funcional. v. Cuestionan que, se haya considerado la supuesta precariedad de condiciones de seguridad como un acto hostil, cuando esta materia no fue objeto de inspección ni competencia del procedimiento. Además que, una inspección previa ya había determinado que no existían observaciones sobre la Garita 6. vi. Asimismo, adjuntan como prueba una declaración que desmiente que no existieran labores efectivas en esas áreas. Aunque se afirma que “no se atiende al público”, nunca se dijo que no existía actividad o función alguna. vii. Alegan que, la autoridad utilizó una muestra de 215 trabajadores sin identificar quiénes eran ni brindar detalles sobre su remuneración, afectando el derecho de defensa. Además, de abordar sin competencia la materia de igualdad salarial. viii. Argumentan que, no se configura una discriminación conforme al Convenio 111 de la OIT, ya que no existe un motivo prohibido ni una conducta discriminatoria. Las diferencias salariales se deben a horas extras voluntarias realizadas por trabajadores no sindicalizados, mientras que los sindicalizados solicitaron laborar solo 8 horas diarias.

i. Respecto a lo alegado por la inspeccionada sobre la existencia de una cuestión judicial previa, señalan que no se configuran los supuestos del artículo 75 del TUO de la LPAG, dado que la resolución del caso administrativo no requiere un pronunciamiento previo del Poder Judicial, ni existe identidad estricta de sujetos, hechos y fundamentos entre ambos procedimientos. Además, no existe mandato judicial que inhiba a la autoridad administrativa de continuar con el procedimiento sancionador. ii. Así, la existencia de un proceso judicial en curso no limita las competencias de la SUNAFIL, conforme al artículo 74.2 del TUO de la LPAG y el artículo 3 del RLGIT. En tal sentido, no se habría vulnerado la Directiva N° 001-2020-SUNAFIL/INII. iii. En la misma línea, precisan que en el presente procedimiento no se está calificando el despido como arbitrario o nulo, sino determinando si existió una afectación a la libertad sindical, por lo que, corresponde desestimar lo argumentado por la inspeccionada. iv. Respecto a lo alegado por la inspeccionada sobre una supuesta falta de análisis de medios probatorios, verificaron que en el expediente sancionador no se

2 Véase folio 193 del expediente sancionador.

adjuntaron documentos adicionales que desvirtúen los hechos constatados por los inspectores, los cuales gozan de presunción relativa de certeza conforme a los artículos 162 y 473 del RLGIT. Al no haberse presentado prueba idónea que contradiga lo verificado en el procedimiento inspectivo, corresponde desestimar lo alegado. v. Asimismo, si bien la inspeccionada menciona que la asignación de puestos fue a solicitud de los trabajadores, dicho argumento fue valorado por la autoridad administrativa, sin que ello enerve lo consignado en el Acta de Infracción, en la que se acreditó que únicamente los trabajadores afiliados al sindicato SUNTRAHERMES fueron asignados de forma exclusiva a los puestos “Garita 6” y “Torreón”. Así la manifestación sobre la naturaleza del puesto no desvirtúa lo constatado por el personal inspectivo, más aún al no haber prueba objetiva que sustente tal alegación. vi. En cuanto a la alegación referida a la falta de competencia inspectiva sobre condiciones de seguridad y salud en el trabajo, se advierte que la finalidad del procedimiento no fue fiscalizar dicha materia, sino verificar posibles actos de discriminación por motivos sindicales. En virtud del artículo 5 de la LGIT, los inspectores tienen atribución para realizar diligencias que permitan comprobar el cumplimiento de la normativa sociolaboral, tal como ocurrió en el presente caso. vii. En la misma línea, respecto a las declaraciones del señor Carlos Barreda, estas fueron recogidas en más de una diligencia inspectiva, acreditándose que los trabajadores afiliados al sindicato mencionados en autos eran los únicos que rotaban en los puestos cuestionados y que en dichas áreas no se realizaban labores efectivas, conforme consta en el acta de fecha 22 de octubre de 2020. En consecuencia, no corresponde acoger ese extremo del recurso de apelación. viii. En cuanto a lo alegado por la inspeccionada sobre la supuesta imprecisión de la información relacionada a diferencias salariales, se advierte que el considerando 40 de la resolución apelada hace referencia expresa al cuadro de trabajadores, remitido por la propia inspeccionada el 27 de enero de 2021, por lo que, dicho análisis no carece de sustento. Además, la evaluación de esa información fue pertinente en tanto vinculada a la determinación de una posible afectación a la libertad sindical. ix. Asimismo, precisan que, el presente procedimiento sancionador garantizó el derecho de defensa, otorgando a la inspeccionada los plazos y medios necesarios para presentar sus descargos y ejercer su derecho de contradicción, conforme al procedimiento previsto en el artículo 53 del RLGIT, por lo que, corresponde desestimar este extremo del recurso de apelación. x. Respecto a lo señalado por la inspeccionada sobre la inexistencia de discriminación, se advierte que la resolución apelada recoge lo concluido por la autoridad instructora en el Informe Final, donde se acreditó la concurrencia de los tres elementos requeridos para calificar un acto como discriminatorio: i) un trato desigual, al asignar exclusivamente a trabajadores sindicalizados a puestos con condiciones precarias y sin funciones efectivas, además de percibir una remuneración inferior; ii) un motivo prohibido, como es la afiliación sindical; y iii) un objetivo lesivo, al restringir su derecho a condiciones adecuadas de trabajo y remuneración. En consecuencia, lo alegado por la inspeccionada no desvirtúa lo verificado por los inspectores; por lo que, desestimaron ese extremo del recurso de apelación. xi. En relación con el cálculo de la multa impuesta por la infracción tipificada en el numeral 25.10 del artículo 25 del RLGIT, se advierte que no aplicaron correctamente lo dispuesto en el numeral 48.1-B, inciso ii), del artículo 48 del

mismo reglamento, el cual establece que, para ese tipo de infracción, la multa debe calcularse en función del número de trabajadores afiliados al sindicato afectado, aplicando la tabla No MYPE con una sobretasa del 50%. Así, verificado el expediente, identificaron que la cantidad de trabajadores afiliados al sindicato conforme al Acta de Constitución obrante en el folio 33, es de 62 personas. En consecuencia, revocaron ese extremo de la resolución apelada y adecuaron el cálculo de la multa conforme a dicho criterio normativo.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 4“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia.” 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras

artículo 17 del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR6, y el artículo 2 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR7 (en adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

Del Recurso De Revisión

(…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6 “Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 7 “Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, y sus normas modificatorias”8.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A.

8 Artículo 14 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por el Decreto Supremo N°004-2017-TR

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 13 de setiembre de 2022, la impugnante presentó su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 1414-2022-SUNAFIL/ILM. Asimismo, el 10 de mayo de 2024 presentó un escrito complementario al referido recurso, señalando los siguientes alegatos: i. Que, se ha realizado una incorrecta interpretación del numeral 2 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú, correspondiendo declarar el archivo del procedimiento analizado sin pronunciamiento sobre el fondo en tanto existe un conflicto con la función jurisdiccional, toda vez que los presuntos trabajadores afectados iniciaron procesos judiciales sobre los mismos hechos y derechos, e incluso alegando la misma supuesta vulneración por la cual en instancia administrativa se pretende sancionar a la administrada. Así, en los referidos procesos judiciales iniciados, se discute la supuesta existencia de actos antisindicales que originaron los despidos realizados. ii. En la misma línea, aducen que, se ha interpretado incorrectamente el numeral 2 del artículo 75 del TUO de la LPAG, dado que en la resolución impugnada se afirma - erróneamente- que la materia discutida en el poder judicial sobre nulidad de despidos, no tiene incidencia alguna en el procedimiento analizado. Lo cual es incorrecto, en tanto existiría incongruencia si la SUNAFIL sanciona a la impugnante por la supuesta existencia de actos antisindicales que motivaron el despido de los trabajadores, empero el Poder Judicial reconoce la validez de dichos despidos. iii. Asimismo, afirman que, en el caso concreto, sí se presenta la triple identidad requerida por el mencionado artículo 75 del TUO de la LPAG, toda vez que: i) la materia discutida en ambas vías es la presunta existencia de actos antisindicales que habrían motivado el despido, el cual fue calificado como nulo por los extrabajadores afectados; ii) los hechos en cuestión coinciden, al referirse al supuesto despido por prácticas antisindicales; y iii) los sujetos involucrados en ambos procedimientos son los mismos, es decir, los trabajadores afectados y la impugnante. iv. En tal sentido, teniendo en cuenta la normativa citada, así como la existencia acreditada de las demandas judiciales presentadas por los ex trabajadores afectados, correspondería que la Autoridad Administrativa se inhiba. v. En la misma línea, recalca que corresponde aplicar el criterio señalado en la Resolución N° 144-2021-SUNAFIL/TFL-Primera Sala, en el cual se dispone la suspensión del procedimiento tramitado hasta la obtención de una sentencia con carácter de cosa juzgada. vi. Por otro lado, sostienen que, se inaplicó el Convenio N° 111 de la OIT, dado que, en el caso concreto, la supuesta discriminación no se encuentra basada en uno de los motivos prohibidos contenidos en la Constitución; por lo que, no se puede afirmar la existencia de un acto de discriminación. Asimismo, sostienen que la diferencia remunerativa se debe a que los trabajadores afectados no realizaron horas extras, según dejaron constar en la solicitud cursada. vii. Así, señalan que es posible establecer distinciones objetivas y razonables entre los trabajadores, tales como la ejecución de horas extras, las cuales en este caso se encuentran sujetas a la necesidad del servicio de traslado de valores y a la negativa de los trabajadores afectados a brindarlas. viii. De la misma forma, se advierte que, la resolución recurrida incurre en error, en tanto se concluye que los despidos realizados son injustificados, afectándose directamente la conformación y constitución del sindicato; aun cuando la potestad de calificar un despido solo les corresponde a los jueces, mas no a la inspección del trabajo. ix. Por otra parte, en el escrito de “téngase presente”, ingresado de forma posterior al recurso de revisión, adjuntan dos (02) sentencias judiciales vinculadas a los procesos iniciados por los trabajadores afectados a raíz del despido suscitado, que al haberse

declarado como INFUNDADAS, señalan no correspondería se acoja su propuesta de multa.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre el conflicto de competencias por la tramitación del proceso judicial

9 Véase el siguiente enlace: https://dle.rae.es/avocar

10 “Decreto Supremo N° 017-93-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial Artículo 4.- Cumplimiento obligatorio de las decisiones judiciales Toda persona y autoridad está obligada a acatar y dar cumplimiento a las decisiones judiciales o de índole administrativa, emanadas de autoridad judicial competente, en sus propios términos, sin poder calificar su contenido o sus fundamentos, restringir sus efectos o interpretar sus alcances, bajo la responsabilidad civil, penal o administrativa que la ley señala. Ninguna autoridad, cualquiera sea su rango o denominación, fuera de la organización jerárquica del Poder Judicial, puede avocarse al conocimiento de causas pendientes ante el órgano jurisdiccional. No se puede dejar sin efecto resoluciones judiciales con autoridad de cosa juzgada, ni modificar su contenido, ni retardar su ejecución, ni cortar procedimientos en trámite, bajo la responsabilidad política, administrativa, civil y penal que la ley determine en cada caso. Esta disposición no afecta el derecho de gracia. (…) Artículo 13.- Suspensión del procedimiento administrativo Cuando en un procedimiento administrativo surja una cuestión contenciosa, que requiera de un pronunciamiento previo, sin el cual no puede ser resuelto el asunto que se tramita ante la administración pública, se suspende aquel

por la autoridad que conoce del mismo, a fin que el Poder Judicial declare el derecho que defina el litigio. Si la autoridad administrativa se niega a suspender el procedimiento, los interesados pueden interponer la demanda pertinente ante el Poder Judicial. Si la conducta de la autoridad administrativa provoca conflicto, éste se resuelve aplicando las reglas procesales de determinación de competencia, en cada caso.” 11 “Constitución Política del Perú Artículo 139.- Principios de la Administración de Justicia (…) 2. La independencia en el órgano jurisdiccional: Ninguna autoridad puede avocarse a causas pendientes ante el órgano jurisdiccional ni interferir en el ejercicio de sus funciones. Tampoco puede dejar sin efecto resoluciones que han pasado en autoridad de cosa juzgada, ni cortar procedimientos en trámite, ni modificar sentencias ni retardar su ejecución. Estas disposiciones no afectan el derecho de gracia ni la facultad de investigación del Congreso, cuyo ejercicio no debe, sin embargo, interferir en el procedimiento jurisdiccional ni surte efecto jurisdiccional alguno.” 12 “TUO de la LPAG, Artículo 75.- Conflicto con la función jurisdiccional 75.1 Cuando, durante la tramitación de un procedimiento, la autoridad administrativa adquiere conocimiento que se está tramitando en sede jurisdiccional una cuestión litigiosa entre dos administrados sobre determinadas relaciones de derecho privado que precisen ser esclarecidas previamente al pronunciamiento administrativo, solicitará al órgano jurisdiccional comunicación sobre las actuaciones realizadas.”

“7.3. FINALIZACIÓN DE LAS ACTUACIONES INSPECTIVAS POR CUESTION LITIGIOSA EN SEDE JUDICIAL 7.3.1. En caso el inspector comisionado tome conocimiento que se está tramitando una cuestión litigiosa en sede judicial, acreditada por el empleador con el auto admisorio de la demanda, sobre los mismos hechos, sujetos y fundamentos que los correspondientes a las actuaciones inspectivas, y que requiera ser esclarecida previamente a estas diligencias, debe disponer su término y comunicar al Supervisor Inspector para el archivo o cierre de la orden de inspección. 7.3.2. Para este efecto, se entiende que, en el caso correspondiente a las actuaciones inspectivas y el proceso judicial, existe identidad: – De sujeto, cuando corresponden al mismo empleador y trabajador o trabajadores. – De hechos, cuando se refieran a iguales obligaciones sociolaborales y/o de seguridad y salud en el trabajo, e iguales periodos, en caso dichas obligaciones sean periódicas. – De fundamento, cuando ambos busquen el cumplimiento de las obligaciones antes mencionadas. 7.3.3. Si en el caso asignado al personal inspectivo, se advierte que, del total de trabajadores involucrados en la investigación, sólo respecto de algunos se configure la identidad descrita en el párrafo precedente, corresponde finalizar en relación a estos las actuaciones inspectivas (lo que se consigna en el documento resultado de la inspección), continuando dichas actuaciones respecto de los demás trabajadores. 7.3.4. La Inspección del Trabajo puede tomar conocimiento de la existencia de la cuestión litigiosa mediante una comunicación con documento de fecha cierta realizada por la propia autoridad judicial, por el sujeto inspeccionado o un tercero con interés legítimo.”

13 Ibídem, “(…) 75.2 Recibida la comunicación, y sólo si estima que existe estricta identidad de sujetos, hechos y fundamentos, la autoridad competente para la resolución del procedimiento podrá determinar su inhibición hasta que el órgano jurisdiccional resuelva el litigio.” 14 El inciso 11 del artículo 248 del TUO de la LPAG señala que “no se podrán imponer sucesiva o simultáneamente una pena y una sanción administrativa por el mismo hecho en los casos en que se aprecie la identidad del sujeto, hecho y fundamento. Dicha prohibición se extiende también a las sanciones administrativas, salvo la concurrencia del supuesto de continuación de infracciones a que se refiere el inciso 7.” 15 Estos componentes son reiterados, entre otras, por la Sentencia del Tribunal Constitucional del 6 de marzo de 2018 recaída en el expediente 68849-2015-PA/TC, Fj. 12.

“El principio non bis in ídem tiene una doble configuración: por un lado, una versión sustantiva y, por otro, una connotación procesal:

a) Desde el punto de vista material, el enunciado según el cual, “(...) nadie puede ser castigado dos veces por un mismo hecho (...)”, expresa la imposibilidad de que recaigan dos sanciones sobre el mismo sujeto por una misma infracción, puesto que tal proceder constituiría un exceso del poder sancionador, contrario a las garantías propias del Estado de Derecho. Su aplicación, pues, impide que una persona sea sancionada o castigada dos (o más veces) por una misma infracción cuando exista identidad de sujeto, hecho y fundamento.

b) En su vertiente procesal, tal principio significa que “(...) Nadie pueda ser juzgado dos veces por los mismos hechos(...)”, es decir, que un mismo hecho no pueda ser objeto de dos procesos distintos o, si se quiere, que se inicien dos procesos con el mismo objeto. Con ello se impide, por un lado, la dualidad de procedimientos (por ejemplo, uno de orden administrativo y otro de orden penal) y, por otro, el inicio de un nuevo proceso en cada uno de esos órdenes jurídicos (dos procesos administrativos con el mismo objeto, por ejemplo)”.

encuentra necesariamente vinculado al primero, ya que ambos tienen órdenes distintos”16.

16 Morón Urbina, J. (2019). Comentarios a la Ley de Procedimiento Administrativo General. Tomo II., 14va edición, Lima: Gaceta Jurídica S.A., p. 467. 17 “LGIT, Artículo 16.- Actas de Infracción Las Actas de Infracción por vulneración del ordenamiento jurídico sociolaboral, así como las actas de infracción por obstrucción a la labor inspectiva, se extenderán en modelo oficial y con los requisitos que se determinen en las normas reguladoras del procedimiento sancionador. Los hechos constatados por los inspectores actuantes que se formalicen en las actas de infracción observando los requisitos que se establezcan, se presumen ciertos sin perjuicio de las pruebas que en defensa de sus respectivos derechos e intereses puedan aportar los interesados. El mismo valor y fuerza probatoria tendrán los hechos comprobados por la Inspección del Trabajo que se reflejen en los informes, así como en los documentos en que se formalicen las medidas inspectivas que se adopten.” 18 Ibidem, “Artículo 47.- Carácter de las Actas de Infracción Los hechos constatados por los servidores de la Inspección del Trabajo que se formalicen en las Actas de Infracción observando los requisitos establecidos, merecen fe, sin perjuicio de las pruebas que puedan aportar los sujetos responsables, en defensa de sus respectivos derechos e intereses.”

19 Véase en: https://cej.pj.gob.pe/cej/forms/busquedaform.html

Sobre la afectación a la libertad sindical

- El derecho a fundar organizaciones sindicales. - El derecho de libre afiliación, desafiliación y reafiliación en las organizaciones sindicales existentes. - El derecho a la actividad sindical. - El derecho de las organizaciones sindicales a ejercer libremente las funciones que la Constitución y las leyes le asignen, en defensa de los intereses de sus afiliados. Ello comprende la reglamentación interna, la representación institucional, la autonomía en la gestión, etc. - El derecho a que el Estado no interfiera –salvo el caso de violación de la Constitución o la ley- en las actividades de las organizaciones sindicales24.

“todos aquellos derechos de actividad o medios de acción que resulten necesarios, dentro del respeto a la Constitución y la ley, para que la organización sindical cumpla los objetivos que a su propia naturaleza corresponde, esto es, el desarrollo, protección y defensa de los

20 “Artículo 28.- Derecho colectivo del trabajo. Derecho de sindicación, negociación colectiva y derecho de huelga El Estado reconoce los derechos de sindicación, negociación colectiva y huelga. Cautela su ejercicio democrático: 1. Garantiza la libertad sindical (…)”. 21 STC N° 008-2005-PI/TC, fundamento 26. 22 VILLAVICENCIO RIOS, A. (2010). La libertad sindical en el Perú: fundamentos, alcances y regulación. Lima, PLADES, p. 87. 23 Ob. Cit. Págs. 87 – 89. 24 STC N° 008-2005-PI/TC, fundamento 26.

derechos e intereses, así como el mejoramiento social, económico y moral de sus miembros. Por consiguiente, cualquier acto que se oriente a impedir o restringir de manera arbitraria e injustificada la posibilidad de acción o la capacidad de obrar de un sindicato resulta vulneratorio del derecho de libertad sindical”25 (énfasis añadido).

“1. Los trabajadores deberán gozar de adecuada protección contra todo acto de discriminación tendiente a menoscabar la libertad sindical en relación con su empleo. 2. Dicha protección deberá ejercerse especialmente contra todo acto que tenga por objeto: (a) sujetar el empleo de un trabajador a la condición de que no se afilie a un sindicato o a la de dejar de ser miembro de un sindicato; (b) despedir a un trabajador o perjudicarlo en cualquier otra forma a causa de su afiliación sindical o de su participación en actividades sindicales fuera de las horas de trabajo o, con el consentimiento del empleador, durante las horas de trabajo. (énfasis añadido).

“Artículo 2 1. Las organizaciones de trabajadores y de empleadores deberán gozar de adecuada protección contra todo acto de injerencia de unas respecto de las otras, ya se realice directamente o por medio de sus agentes o miembros, en su constitución, funcionamiento o administración. 2. Se consideran actos de injerencia, en el sentido del presente artículo, principalmente, las medidas que tiendan a fomentar la constitución de organizaciones de trabajadores dominadas por un empleador o una organización de empleadores, o a sostener económicamente, o en otra forma, organizaciones de trabajadores, con objeto de colocar

25 STC Exp. 1469-2002-AA.TC, fundamento 5. 26 Aprobado por Resolución Legislativa N° 13281, del 09 de diciembre de 1959. 27 Aprobado por Resolución Legislativa N° 14712, del 18 de noviembre de 1963, en vigor desde el 11 de marzo de 1995.

estas organizaciones bajo el control de un empleador o de una organización de empleadores”28.

“27. Esta facultad se manifiesta en dos planos: el intuito persona y el plural. La libertad sindical intuito persona plantea dos aspectos: - Aspecto positivo: Comprende el derecho de un trabajador a constituir organizaciones sindicales y a afiliarse a los sindicatos ya constituidos. Dentro de ese contexto se plantea el ejercicio de la actividad sindical. - Aspecto negativo: Comprende el derecho de un trabajador a no afiliarse o a desafiliarse de una organización sindical. La libertad sindical plural plantea tres aspectos: - Ante el Estado: Comprende la autonomía sindical, la personalidad jurídica y la diversidad sindical. - Ante los empleadores: Comprende el fuero sindical y la proscripción de prácticas desleales. - Ante las otras organizaciones sindicales: Comprende la diversidad sindical, la proscripción de las cláusulas sindicales, etc29”.

“El sistema de protección de la libertad sindical en su conjunto, no es otra cosa, en definitiva, que la “reducción” o concreción de la noción abstracta de libertad sindical al medio concreto y real en que ésta se debe ejercer: el fuero sindical, las facultades o prerrogativas sindicales y la proscripción de las prácticas desleales, de los actos de injerencia y de cualquier acto antisindical, forman parte de ella: pero al mismo tiempo son requisitos de eficacia de ella, en este sentido, la garantizan, la hacen posible en el mundo real, la “concretan”, la “efectivizan”»30”. (énfasis añadido).

“Artículo 30.- El fuero sindical garantiza a determinados trabajadores no ser despedidos ni trasladados a otros establecimientos de la misma empresa, sin justa causa debidamente demostrada o sin su aceptación. (énfasis añadido).

No es exigible el requisito de aceptación del trabajador cuando su traslado no le impida desempeñar el cargo de dirigente sindical”.

“(…) la regulación reseñada consagra un fuero sindical doblemente restringido, puesto que en lo subjetivo está referido sólo los dirigentes sindicales, y ni siquiera a todos ellos sino a un número reducido, y en lo objetivo sólo se protege respecto de dos actos antisindicales: los despidos y traslados sin causa justa debidamente comprobada o sin aceptación; siendo por ello claro que el agente infractor previsto por el legislador es sólo el empleador. Bien es cierto que tanto los sujetos protegidos son los más expuestos y que las conductas proscritas

28 Énfasis agregado Énfasis agregado. SANGUINETI RAYMOND, Wilfredo (1993). Lesión de la libertad sindical y comportamientos antisindicales. Madrid: Centro de publicaciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, página 19. Villavicencio Ríos, A. (1999). La protección de la libertad sindical y su regulación (limitada y simbólica) en el Perú. IUS ET VERITAS, 9(19), 222-237. Recuperado a partir de https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/iusetveritas/article/view/15869

son las más graves, pero también hay que concordar en que la acotación del ámbito de la protección exclusivamente a éstos (…)”. (énfasis añadido).

“ 25.10 La realización de actos que afecten la libertad sindical del trabajador o de la organización de trabajadores, tales como aquellos que impiden la libre afiliación a una organización sindical, promuevan la desafiliación de la misma, impidan la constitución de sindicatos, obstaculicen a la representación sindical, utilicen contratos de trabajo sujetos a modalidad para afectar la libertad sindical, la negociación colectiva y el ejercicio del derecho de huelga, o supuestos de intermediación laboral fraudulenta, o cualquier otro acto de interferencia en la organización de sindicatos”.

“4.1 En cuanto a, la materia relaciones colectivas: libertad sindical, se ha verificado que el sujeto inspeccionado ha ejercido prácticas antisindicales afectando la libertad sindical de sus trabajadores, conforme se detalla a continuación:

NOMBRE MOTIVO FECHA DE CESE Chumacero Cruz, Saúl Fernando Renuncia 03/01/2020 Heredia Rodríguez, Octavio (Secretario general SUNTRA Hermes) Despido 15/07/2020 Romero Carampa, José Miguel Renuncia 21/07/2020 Jiménez López, Wilfredo Antonio Despido 23/10/2020 Flores Murrieta, Luis Orlando Despido 27/10/2020 Flores Vera, César Manuel Despido 27/10/2020 García Francia, Omar Vicente Despido 27/10/2020 Huayhua Solis, Reynaldo (Secretario de defensa legal) Despido 27/10/2020 Neciosup Córdova, Manuel Alexander Despido 27/10/2020 Ore Huarcaya, Ever (Secretaria de seguridad social y salud en el trabajo) Despido 27/10/2020 Ticuña Bustamante, Abel (Secretaria de actas y archivos) Despido 27/10/2020 Larrea Estela, Jorge Alberto Renuncia 02/11/2020 De la Cruz Carrillo, Aparicio Renuncia 15/12/2020 Torres Vera, Silvio Nicanor Renuncia 15/12/2020 Portilla Urquia, Irwin Jhair Renuncia 20/12/2020 Bernal Jiménez, José Santiago Renuncia 13/01/2021

laboral, sin ser este derecho limitado o mutilado. Así mismo, se imputan el incumplimiento de obligaciones de trabajo y la inobservancia de las disposiciones contenidas en el Reglamento Interno de Trabajo, las que para constituir falta grave deben suponer el quebrantamiento de la buena fe laboral, lo que en los casos materia de análisis no ha sucedido, siendo que las faltas ventiladas no se han demostrado hayan generado un perjuicio concreto al sujeto inspeccionado, así como dichas faltas per se no generan una relación laboral insostenible, no habiendo sido demostrado dicha magnitud por el empleador, por lo que el despido por esta causa fue una medida desproporcionada, de ser incumplimientos laborales, como lo señala el sujeto inspeccionado, estos pudieron sancionarse de manera progresiva y razonable, pero no, atribuirle la sanción más drástica de la relación laboral, como es el despido, o la finalización de la relación laboral. (…)”

32 D.S. N° 010-2003-TR, TUO de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo: “Artículo 4.- El Estado, los empleadores y los representantes de uno y otros deberían abstenerse de toda clase de actos que tiendan a coactar, restringir o menoscabar, en cualquier forma, el derecho de sindicalización de los trabajadores, y de intervenir en modo alguno en la creación, administración o sostenimiento de las organizaciones sindicales que éstos constituyen”.

“27. Del texto de la demanda se advierte que el accionante alega que la demandada a incurrido en despido nulo al haberle cesado su relación laboral alegando faltas graves inexistentes, cuando su despido se dio únicamente por ser sindicalizado; en referencia corresponde analizar el nexo causal, constituye un hecho aceptado por ambas partes la existencia del Sindicato Unitario Nacional de Trabajadores de la Empresa Hermes Transportes Blindados, tal como se advierte de la Constancia de Inscripción Automática, Expediente N°80582-2017-MTPE/1/20.2, emitido por la Sub Dirección de Registros Generales del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (fojas 160), advirtiéndose que a la fecha de su despido el actor ya estuvo afiliado al sindicato tal como se observa de las boletas de pago de los meses de agosto y setiembre de 2020 (folio 15 y 552); entonces queda claro que el accionante se encontraba ya sindicalizado. (…) 29. En la presente litis, se advierte que el demandante ha acreditado que la parte demandada pretendió impugnar los estatutos Sindicales del Sindicato Unitario Nacional de trabajadores de la Empresa Hermes, sentencia de vista que confirma infundada la disolución del sindicato (folios 286 a 296); de lo descrito se infiere que la empresa al querer disolver el sindicato, lo que ha buscado es que no exista la conformación del sindicato dentro de la empresa demandada, pues, como se sabe la finalidad de un sindicato es proteger y garantizar el bienestar común de sus afiliados a través del convenio o contrato colectivo sobre las condiciones de trabajo y por medio de una serie de acciones que se

desarrollan frente al empleador, y pretender la demandada la disolución del convenio colectivo al cual pertenece el demandante, dicho propósito tendría como finalidad acortar sus derechos laborales, al no poder ya exigir los beneficios, aumentos remunerativos y otros a favor de los trabajadores sindicalizados; configurándose así, un indicio razonable de que el demandante desde la fecha de su afiliación al sindicato, ha sido objeto de represalias de manera constante y recurrente por parte de la demandada; aunado a ello, el actor en la audiencia de conciliación en el minuto 38:00 a 39:30 indica lo siguiente: Qué la demandada a mí me llamaba en propia oficina como yo tenía un pequeño préstamo me decía, flores yo te hago el préstamo si te desafilias del sindicato (…), versión que no ha sido negado por la demandada, de lo que se infiere que el demandante desde que se afilió al sindicato, la relación laboral ya no era armónica, sino más bien, el empleador incurría constantemente en represalias o actos de hostilización de manera continua al ser excluido de los trabajadores que si hacían labores en sobre tiempo, lo que igualmente sucedía con los otros trabajadores sindicalizados, más aún si el demandante en la audiencia de conciliación indicó que antes de su afiliación al sindicato, realizaba labores en sobretiempo, la que se corrobora con las boletas de pago que obran en autos; también el demandante ha acreditado que el Dirigente Sindical de trabajadores ya había sido despedido, así como otros trabajadores que tuvieron la condición de afiliados al sindicato, conforme se aprecia de la carta Notarial de despido de todos ellos (de folios 186 a 190); siendo así, estos indicios, permiten deducir al colegido que la extinción del vínculo laboral del actor estuvo motivado por la represalia del empleador, frente al ejercicio de las actividades sindicales por el demandante, configurándose con ello la causal prevista en el inciso a) del artículo 29° de la LPCL; en consecuencia debe declararse fundada la demanda de nulidad de despido por dicha causal”. (énfasis añadido).

Sobre el derecho al debido procedimiento administrativo

“Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden,

de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo” (énfasis añadido).

“Artículo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales: (…) 2. Debido procedimiento. - No se pueden imponer sanciones sin que se haya tramitado el procedimiento respectivo, respetando las garantías del debido procedimiento. Los procedimientos que regulen el ejercicio de la potestad sancionadora deben establecer la debida separación entre la fase instructora y la sancionadora, encomendándolas a autoridades distintas.” (énfasis añadido).

“2. El Tribunal Constitucional estima oportuno recordar, conforme lo ha manifestado en reiterada y uniforme jurisprudencia, que el debido proceso, como principio constitucional, está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Vale decir que cualquier actuación u

omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea este administrativo -como en el caso de autos- o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal” (énfasis añadido).

“Tal como ya lo tiene expresado este Tribunal en uniforme y reiterada jurisprudencia, el derecho al debido proceso tiene un ámbito de proyección sobre cualquier tipo de proceso o procedimiento, sea éste judicial, administrativo o entre particulares. Así, se ha establecido que el derecho reconocido en el inciso 3) del artículo 139.° de la Constitución no sólo tiene un espacio de aplicación en el ámbito "judicial", sino también en el ámbito administrativo" y, en general, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ha sostenido, puede también extenderse a "cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional, (el que) tiene la obligación de adoptar resoluciones apegadas a las garantías del debido proceso legal, en los términos del artículo 8° de la Convención Americana". (Caso Tribunal Constitucional del Perú, párrafo 71). De igual modo la Corte Interamericana sostiene –en doctrina que ha hecho suya este Colegiado en la sentencia correspondiente al Exp. N.º 2050-2002-AA/TC– que "si bien el artículo 8° de la Convención Americana se titula “Garantías Judiciales”, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto, sino al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a efectos de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos"(párrafo 69). (…)” (énfasis agregado)

Sobre la presunta vulneración a la motivación de las resoluciones

“4. Este Tribunal ha tenido oportunidad de expresar su posición respecto a la motivación de los actos administrativos, expresando que:

“[…][E]l derecho a la motivación de las resoluciones administrativas es de especial relevancia. Consiste en el derecho a la certeza, el cual supone la garantía de todo administrado a que las sentencias estén motivadas, es decir, que exista un razonamiento jurídico explícito entre los hechos y las leyes que se aplican. […]

La motivación de la actuación administrativa, es decir, la fundamentación con los razonamientos en que se apoya es una exigencia ineludible para todo tipo de actos administrativos, imponiéndose las mismas razones para exigirla tanto respecto de actos emanados de una potestad reglada como discrecional.

El tema de la motivación del acto administrativo es una cuestión clave en el ordenamiento jurídico-administrativo, y es objeto central de control integral por el juez constitucional de la actividad administrativa y la consiguiente supresión de los ámbitos de inmunidad jurisdiccional.

Constituye una exigencia o condición impuesta para la vigencia efectiva del principio de legalidad, presupuesto ineludible de todo Estado de derecho. A ello, se debe añadir la estrecha vinculación que existe entre la actividad administrativa y los derechos de las personas. Es indiscutible que la exigencia de motivación suficiente de sus actos es una garantía de razonabilidad y no arbitrariedad de la decisión administrativa.

En esa medida, este Tribunal debe enfatizar que la falta de motivación o su insuficiencia constituye una arbitrariedad e ilegalidad, en la medida en que es una condición impuesta por la Ley N.° 27444. Así, la falta de fundamento racional suficiente de una actuación administrativa es por sí sola contraria a las garantías del debido procedimiento administrativo.” (STC 00091-2005-PA, fundamento 9, párrafos 3, 5 a 8, criterio reiterado en STC 294-2005-PA, STC 5514-2005-PA, entre otras).

Adicionalmente se ha determinado en la STC 8495-2006-PA/TC que: “un acto administrativo dictado al amparo de una potestad discrecional legalmente establecida resulta arbitrario cuando sólo expresa la apreciación individual de quien ejerce la competencia

administrativa, o cuando el órgano administrativo, al adoptar la decisión, no motiva o expresa las razones que lo han conducido a adoptar tal decisión. De modo que, motivar una decisión no sólo significa expresar únicamente bajo qué norma legal se expide el acto administrativo, sino, fundamentalmente, exponer en forma sucinta –pero suficiente– las razones de hecho y el sustento jurídico que justifican la decisión tomada” (énfasis añadido)

Sobre los presuntos vicios de motivación incurrido en el caso concreto

- Solo los mencionados seis (06) trabajadores sindicalizados laboran en los puestos de trabajo denominados Garita 6 y Torreón, donde no se brindan labores efectivas dado que no se atiende al público. - Dichos puestos de trabajo cuentan con condiciones de seguridad y salud deficientes toda vez que no cuentan con una adecuada ventilación, son de difícil acceso, entre otros. - Los trabajadores que laboran allí no realizan trabajo en sobretiempo, lo que genera un perjuicio económico en ellos al verse disminuida su remuneración.

Figura N° 01:

Figura N° 02:

Figura N° 03:

“(…) 6.26. Del marco normativo y doctrinario expuesto, se aprecia dos tipos de discriminación, la primera contenida en una conducta de diferenciación que se sustenta en un motivo

prohibido, esto es, la acción u omisión del agente en contra del trabajador (a) por motivos históricamente vedados, como la raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social. La segunda, sustentada en “cualquiera otra distinción33” o como la Constitución Política de 1993 señala “cualquier otra índole”, es decir, que se funde en un supuesto distinto a los expresamente proscritos por nuestro ordenamiento constitucional y supranacional. Comportamientos que, además, deben tener como efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el trabajo. 6.34. En tal sentido, esta Sala entiende que la infracción prevista por el legislador en el numeral 25.17 del artículo 25 del RLGIT, fue redactada buscando evitar la configuración de conductas discriminatorias relacionadas a la comprobación de comportamientos antijurídicos sustentados en razones históricamente vedadas, esto es, aquel comportamiento que se sustente o funde en razones basadas en “el origen, raza, color, sexo, edad, idioma, religión, opinión, ascendencia nacional, origen social, condición económica, ejercicio de la libertad sindical, discapacidad, portar el virus HIV”, conductas que de forma expresa han sido recogidas y enunciadas en nuestra norma fundamental (inciso 2 del artículo 2 de la Constitución Política y en el Convenio Nº 111 de la OIT). De ahí que tales comportamientos, repudiables para el orden constitucional en el ámbito laboral, conlleven niveles de imposición de sanciones administrativas severamente agravadas, ya que para el cálculo de una multa por esta infracción se contempla al total de los trabajadores del sujeto inspeccionado, conforme se aprecia de la redacción del artículo 48.1-C34 del RLGIT. 6.35. Por tanto, este escalamiento de mayor punición administrativa a este tipo de comportamientos, debidamente comprobados por la administración, solo está autorizado cuando se determina un comportamiento discriminatorio que alude a una discriminación estricta de este concepto, vale decir que incide en un motivo prohibido, de acuerdo a lo establecido en los considerandos 6.8, 6.21, 6.25, 6.26 y 6.34 de la presente resolución. De esta manera, se sienta como criterio vinculante que los casos de discriminación salarial que se basen comprobadamente en motivos prohibidos bajo actos u omisiones de discriminación directa o indirecta, deben ser tratados con la regla punitiva referida para el cálculo de una sanción mayor. Por su parte, los atentados contra el principio de igualdad, que sean determinados sin que se compruebe la discriminación directa o indirecta por motivos prohibidos, como, por ejemplo, el injustificado trato desigual salarial entre dos homólogos, debe sancionarse invocando solamente el artículo 25.17, calculándose la sanción con remisión a la tabla de multas contemplada en el inciso 48.1 del artículo 48º del RLGIT”. (énfasis añadido).

33 Término acuñado en el artículo 1 del Convenio N° 111 de la OIT y en el numeral 2 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú. 34 RLGIT, “Artículo 48.1-C Tratándose de las infracciones tipificadas en los numerales 25.16 y 25.17 del artículo 25; el numeral 28.10 y 28.11 del artículo 28, cuando cause muerte o incapacidad parcial o total permanente; y los numerales 46.1, 46.12, 46.13 y 46.14 del artículo 46 del presente Reglamento, únicamente para el cálculo de la multa a imponerse, se considera como trabajadores afectados al total de trabajadores de la empresa. (…)”.

a la aplicación coordinada del principio de tipicidad y de culpabilidad (recogidos en los incisos 435 y 1036, respectivamente, del artículo 248 del TUO de la LPAG), lo cual satisface un estándar razonable para la imputación de responsabilidad administrativa en este tipo de casos.

35 “TUO de la LPAG Artículo 248 (…) 4. Tipicidad. - Solo constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía. Las disposiciones reglamentarias de desarrollo pueden especificar o graduar aquellas dirigidas a identificar las conductas o determinar sanciones, sin constituir nuevas conductas sancionables a las previstas legalmente, salvo los casos en que la ley o Decreto Legislativo permita tipificar infracciones por norma reglamentaria. A través de la tipificación de infracciones no se puede imponer a los administrados el cumplimiento de obligaciones que no estén previstas previamente en una norma legal o reglamentaria, según corresponda. En la configuración de los regímenes sancionadores se evita la tipificación de infracciones con idéntico supuesto de hecho e idéntico fundamento respecto de aquellos delitos o faltas ya establecidos en las leyes penales o respecto de aquellas infracciones ya tipificadas en otras normas administrativas sancionadoras”. 36 “TUO de la LPAG Artículo 248 (…) 10. Culpabilidad. - La responsabilidad administrativa es subjetiva, salvo los casos en que por ley o decreto legislativo se disponga la responsabilidad administrativa objetiva”.

“7. El derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales es una garantía del justiciable frente a la arbitrariedad judicial y garantiza que las resoluciones no se encuentren justificadas en el mero capricho de los magistrados, sino en datos objetivos que proporciona el ordenamiento jurídico o los que se derivan del caso. Sin embargo, no todo ni cualquier error en el que eventualmente incurra una resolución judicial constituye automáticamente la violación del contenido constitucionalmente protegido del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales. (…) a) Inexistencia de motivación o motivación aparente. Está fuera de toda duda que se viola el derecho a una decisión debidamente motivada cuando la motivación es inexistente o cuando la misma es solo aparente, en el sentido de que no da cuenta de las razones mínimas que sustentan la decisión o de que no responde a las alegaciones de las partes del proceso, o porque solo intenta dar un cumplimiento formal al mandato, amparándose en frases sin ningún sustento fáctico o jurídico. b) Falta de motivación interna del razonamiento. La falta de motivación interna del razonamiento [defectos internos de la motivación] se presenta en una doble dimensión; por un lado, cuando existe invalidez de una inferencia a partir de las premisas que establece previamente el Juez en su decisión; y, por otro lado, cuando existe incoherencia narrativa, que a la postre se presenta como un discurso absolutamente confuso incapaz de transmitir, de modo coherente, las razones en las que se apoya la decisión. (…) c) Deficiencias en la motivación externa; justificación de las premisas. El control de la motivación también puede autorizar la actuación del juez constitucional cuando las premisas de las que parte el Juez no han sido confrontadas o analizadas respecto de su validez fáctica o jurídica. (…) d) La motivación insuficiente. Se refiere, básicamente, al mínimo de motivación exigible atendiendo a las razones de hecho o de derecho indispensables para asumir que la decisión está debidamente motivada. Si bien, como ha establecido este Tribunal en reiterada jurisprudencia, no se trata de dar respuestas a cada una de las pretensiones planteadas, la insuficiencia, vista aquí en términos generales, sólo resultará relevante desde una perspectiva constitucional si es que la ausencia de argumentos o la “insuficiencia” de fundamentos resulta manifiesta a la luz de lo que en sustancia se está decidiendo. e) La motivación sustancialmente incongruente. El derecho a la debida motivación de las resoluciones obliga a los órganos judiciales a resolver las pretensiones de las partes de manera congruente con los términos en que vengan planteadas, sin cometer, por lo tanto, desviaciones que supongan modificación o alteración del debate procesal (incongruencia activa). (…) f) Motivaciones cualificadas. - Conforme lo ha destacado este Tribunal, resulta indispensable una especial justificación para el caso de decisiones de rechazo de la demanda, o cuando, como producto de la decisión jurisdiccional, se afectan derechos fundamentales como el de la libertad. En estos casos, la motivación de la sentencia opera como un doble mandato, referido tanto al propio derecho a la justificación de la decisión como también al derecho que está siendo objeto de restricción por parte del Juez o Tribunal.” (énfasis agregado).

37 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. Tomo V, Buenos Aires: Editorial Heliasta, p. 549. 38 Artículo 13.- Alcances de la nulidad (…)

Sobre la potestad del Tribunal para declarar la nulidad de los actos emitidos por las autoridades conformantes del Sistema de Inspección del Trabajo

Intendencia N° 213-2022-SUNAFIL/ILM/SIRE5, de fecha 15 de febrero de 2022, y de los actos o actuaciones vinculados al extremo declarado nulo, conforme a los fundamentos expuestos en los numerales precedentes de la presente resolución.

Información Adicional

N° Materia Conducta infractora Tipificación legal y clasificación Relaciones Laborales Por incurrir en prácticas antisindicales que afectan la libertad sindical en perjuicio de los trabajadores afectados. Numeral 25.10 del artículo 25 del RLGIT MUY GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR;

SE RESUELVE:

PRIMERO. – Declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de revisión interpuesto por HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A., contra la Resolución de Intendencia N° 1414-2022- SUNAFIL/ILM, emitida por la Intendencia de Lima Metropolitana dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 604-2021-SUNAFIL/ILM, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. - Declarar la NULIDAD PARCIAL de la Resolución de Sub Intendencia N° 213-2022- SUNAFIL/ILM/SIRE5, de fecha 15 de febrero de 2022, y la de los sucesivos actos y actuaciones en el procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 604- 2021-SUNAFIL/ILM, en el extremo referente a la infracción muy grave en materia de relaciones laborales, tipificada en el numeral 25.17 del artículo 25 del RLGIT.

TERCERO. - RETROTRAER el procedimiento administrativo sancionador al momento en que se produjo el vicio, esto es, a la emisión de la Resolución de Sub Intendencia N° 213-2022- SUNAFIL/ILM/SIRE5, de fecha 15 de febrero de 2022, a fin de que la instancia competente emita un nuevo pronunciamiento en el extremo referente a la infracción muy grave en materia de relaciones laborales, tipificada en el numeral 25.17 del artículo 25 del RLGIT, considerando los alcances señalados en la presente resolución.

CUARTO. – CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 1414-2022-SUNAFIL/ILM, en el extremo referente a la infracción muy grave en materia de relaciones laborales, tipificada en el numeral 25.10 del artículo 25 del RLGIT.

QUINTO. – Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia, respecto a la infracción muy grave en materia de relaciones laborales, tipificada en el numeral 25.10 del artículo 25 del RLGIT.

SEXTO. – Notificar la presente resolución a HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A., y a la Intendencia de Lima Metropolitana, para sus efectos y fines pertinentes.

SETIMO. - Remitir los actuados a la Intendencia de Lima Metropolitana y a la Gerencia General de la SUNAFIL, a fin que, de considerarlo conveniente, procedan conforme a sus atribuciones y de acuerdo con lo señalado en el considerando 6.97 de la presente resolución.

OCTAVO. – Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

MANUEL GONZALO DE LAMA LAURA Presidente

20250604VLFR - HR 231051-2020