Hermes Transportes Blindados S.A — Res. 543-2023

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre la siguiente materia: Desnaturalización de la relación laboral (Sub materia: incluye todas), y, Hostigamiento y actos de hostilidad (Sub materia: otros hostigamientos). 20555195444 soft 20555195444 soft

remitiéndose el Acta de Infracción y otorgándose un plazo de cinco (05) días hábiles para la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal e) del numeral 53.2 del artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT).

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de relaciones laborales, al haberse desnaturalizado el contrato de trabajo intermitente y sus prórrogas, al tenor del supuesto previsto en el inciso d) del artículo 77 del D.S. N° 003-97-TR, tipificada en el numeral 25.5 del artículo 25 del RLGIT.

i. La resolución materia de apelación adolece de una grave causal de nulidad, pues en su emisión no ha tomado en cuenta el contenido mínimo requerido por el D.S. 019- 2006-TR para este tipo de resoluciones. En tal sentido, a pesar de que el Sub Intendente se encontraba obligado a observar el contenido mínimo indicado en el artículo 54 de la norma antes citada, al momento de emitir la resolución, de forma arbitraria e ilegal emitió la misma sin observar dichos requisitos para su emisión. Dentro de la sanción emitida por el inspector, tampoco se indicó la correcta cuantificación sobre la cual se debería haber calculado la propuesta de multa, pues la sanción está vinculada a una extrabajadora y no a 9 trabajadores, pero nuevamente se señala la existencia de 9 afectados que hasta el momento desconocen. Lo expuesto en los párrafos precedentes determina sin lugar a dudas la evidente nulidad de la Resolución de Sub Intendencia, pues no se cumple con el contenido mínimo, de conformidad con las disposiciones legales vigentes que le resultarían aplicables. ii. Se les sanciona por un error de tipeo dentro de los contratos que nunca se materializó porque la ejecución de los contratos intermitentes fue correcta, sin embargo, al mismo tiempo considera que ellos no deben probar que su empresa contrató a la trabajadora bajo simulación bastando el texto de un contrato que ya dijeron tuvo un error en su redacción. Asimismo, destaca que la sola opinión de una persona o entidad respecto de la ejecución de un servicio por parte de un trabajador no es mérito suficiente para descartar sus argumentos de existir alguna duda respecto de la veracidad de los hechos indicados, la misma debería ser absuelta con otra prueba que acredite su veracidad o falsedad, caso contrario se deberá valorar sus declaraciones de conformidad con el principio de licitud. iii. Que, cumplió con consignar una cláusula bastante detallada del origen de la contratación de la denunciante, lo cual puede ser corroborado de la lectura del contrato de trabajo sujeto a modalidad y el contrato de locación de servicios suscrito con el Banco de la Nación, ambas presentadas por su empresa, en los cuales, el

superior podrá prever que se encuentra presente la causa objetiva que justificó su contratación intermitente y la misma tiene sustento en la realidad. iv. En ese sentido, toda vez que la única observación hecha por los inspectores, en virtud de la cual disponen la aplicación de una multa, se refiere a unas líneas dentro del contrato que nunca se efectivizaron en la realidad, resultaba fundamental que en el informe final se identifique cuáles son las pruebas que ello ocurrió, de tal forma que se pudiera constatar y contradecir dicho argumento, a efectos de no ser vulnerado su derecho de defensa.

i. De la lectura de la resolución sancionadora se advierte que la autoridad sancionadora ha incurrido en un error material de digitación, en el cuadro contenido en el considerando 31 de la mencionada resolución, respecto del número de los trabajadores afectados, el cual no tiene incidencia en el cálculo de la sanción impuesta a la inspeccionada al no encontrarse acreditada en el REMYPE laboral, por lo que, se procede a realizar la corrección del cuadro en mención. ii. Se concluye que al ser un error material el cual es meramente formal, toda vez que no cambia el fondo de lo resuelto por el inferior en grado, este error material debe corregirse en ese sentido, debiendo quedar como trabajadores afectados solo uno. Siendo ello así, dicho error material no puede ser considerado como causal de nulidad, siendo que no altera de forma sustancial el contenido de la resolución venida en grado de apelación. iii. En los contratos presentados se hace una indicación genérica de la causa objetiva, sin detallar ni explicar el motivo de la contratación de la trabajadora, puesto que, si bien en el contrato primigenio y sus renovaciones señala su cargo, las labores asignadas y las normas que la contiene, dicha información general no puede constituirse en la causa objetiva, lo cual pretende justificar la inspeccionada con sus argumentos y documentación presentada. iv. En el contrato suscrito entre la denunciante y el sujeto inspeccionado se ha consignado en primer término , una causa objetiva genérica, debiendo ser específica, además, se ha acordado la realización de otras labores o la ocupación de otro puesto de trabajo, por lo que se concluye que dicho contrato se habría desnaturalizado, siendo uno de naturaleza indeterminado, habiéndose acreditado la existencia de fraude o las normas que regulan la contratación modal, por parte de la inspeccionada, respecto de los contratos celebrados con la trabajadora afectada. v. En tal sentido, la Intendencia Regional considera que el pronunciamiento de la autoridad de primera instancia, se encuentra debidamente motivada, toda vez que expuso las razones que justifican su decisión para considerar la comisión de la

2 Notificada a la impugnante el 23 de mayo de 2022, véase folio 63 del expediente sancionador.

infracción por parte de la inspeccionada, analizando cada uno de los argumentos de defensa señalados en el escrito de descargo, sin que la inspeccionada haya logrado desvirtuar la infracción por lo que se sancionó, habiéndose efectuado el correspondiente razonamiento lógico – jurídico, conforme lo determina el numeral 48.1 del artículo 48 de la LGIT y el numeral 6.1 del artículo 6 de la Ley N° 27444. vi. La resolución venida en grado de apelación tampoco ha vulnerado el principio de legalidad ni el principio del debido procedimiento administrativo u otro alegado por la inspeccionada, toda vez que el acta de infracción cumple con el contenido mínimo exigido por el artículo 46 de la LGIT, concordante con el artículo 54 del RLGIT.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 4 “Ley N° 29981, Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…)”. 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6 “Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.”

Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR7 (en adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

Del Recurso De Revisión

7 “Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias”8.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 06 de junio de 2022, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 086-2022-SUNAFIL/IRE-CAJ, señalando los siguientes alegatos:

i. Sobre la contravención de las normas que garantizan el derecho a un debido procedimiento La Resolución de Intendencia incurre en una infracción normativa, relativa a la vulneración del principio regulado en el inciso 1.2 del numeral 1 del Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que consiste en la contravención de las normas que garantizan el derecho a un debido procedimiento, toda vez que ésta resolvió la presente controversia sustentándose en argumentos carentes de sustento fáctico alguno. De esta manera, sostiene que la Resolución objeto del presente recurso vulnera su derecho constitucional a la debida motivación de las resoluciones judiciales, consagrado en el artículo 139º, inciso 5) de la Constitución Política de 1993, así como el artículo 122º, inciso 1.2 del numeral 1 y numeral 6 del Decreto Supremo N° 004-

8 Decreto Supremo N° 016-2017-TR, artículo 14.

2019-JUS, pues no establece el sustento fáctico y probatorio que acredite la comisión de las infracciones imputadas. Refiere que las instancias previas la sanciona por un error de tipeo dentro de los contratos que NUNCA se materializó porque la ejecución de los contratos intermitentes fue correcta; hecho que no ha sido analizado en la resolución materia de revisión. En virtud del principio de licitud, el Intendente debe presumir que los administrados actúan apegados a sus deberes mientras no cuenten con evidencia en contrario (como por ejemplo que la supuesta afectada laboró en otras actividades diferentes a las contratadas), y efectivamente dentro del proceso no existe dicha evidencia, prueba de ello, el Inspector no ha indicado el detalle de estas en el Acta de Infracción, en el Informe Final de Instrucción, en la Resolución de Sub Intendencia y mucho menos en la Resolución de Intendencia. En este caso corresponde se aplique el Principio de Presunción de Veracidad, tipificado en el artículo IV del Título Preliminar de la Ley de Procedimiento Administrativo General N° 27444. ii. Sobre la interpretación errónea de una norma de derecho material En el caso de su representada, tal como señalan haber acreditado a lo largo del presente procedimiento, la contratación sujeta a modalidad sustentada en la intermitencia del servicio prestado a favor del Estado Peruano se encuentra vinculada al pago de los programas sociales, tales como Pensión 65 y Juntos. Al respecto, precisa que, la norma no indica que se deba consignar el cliente al que se le presta el servicio, como sí ocurre con los contratos por obra o servicio, lo que determina la validez de la contratación temporal bajo la causal de intermitencia. Por tal razón, se encuentra dentro del supuesto de hecho regulado en la norma aplicable, pues sus trabajadores fueron contratados con motivo del servicio intermitente originado por el pago de prestaciones sociales, de acuerdo con el calendario aprobado por el Estado, y dentro del plazo máximo que reconoce la ley para esta modalidad contractual. En atención a lo expuesto, resulta evidente que, al momento de resolver, la entidad ha interpretado incorrectamente las normas de derecho material contenidas en el artículo 72 del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo No. 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, configurándose la causal de revisión invocada.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre el derecho al debido procedimiento administrativo

“Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo” (énfasis añadido).

“2. El Tribunal Constitucional estima oportuno recordar, conforme lo ha manifestado en reiterada y uniforme jurisprudencia, que el debido proceso, como principio constitucional, está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Vale decir que cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea este administrativo -como en el caso de autos- o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal” (énfasis añadido).

“Tal como ya lo tiene expresado este Tribunal en uniforme y reiterada jurisprudencia, el derecho al debido proceso tiene un ámbito de proyección sobre cualquier tipo de proceso o procedimiento, sea éste judicial, administrativo o entre particulares. Así, se ha establecido que el derecho reconocido en el inciso 3) del artículo 139 de la Constitución no sólo tiene un espacio de aplicación en el ámbito "judicial", sino también en el ámbito administrativo" y, en general, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ha sostenido, puede también extenderse a "cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional, (el que) tiene la obligación de adoptar resoluciones apegadas a las garantías del debido proceso legal, en los términos del artículo 8 de la Convención Americana". (Caso Tribunal Constitucional del Perú, párrafo 71). De igual modo la Corte Interamericana sostiene –en doctrina que ha hecho suyo este Colegiado en la sentencia correspondiente al Exp. N° 2050-2002-AA/TC– que "si bien el artículo 8 de la Convención Americana se titula “Garantías Judiciales”, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto, sino al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a efectos de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier

tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos"(párrafo 69). (…)” (énfasis añadido).

“6. Debe recordarse, correlativamente, que las garantías constitucionales consagradas en el artículo 139 de la Constitución y en el artículo 4 del Código Procesal Constitucional, son de aplicación, en la medida en que resulten compatibles con su naturaleza, a los procedimientos administrativos sancionadores. Entre dichas garantías cabe incluir específicamente el derecho a la defensa, que proscribe cualquier estado o situación de indefensión; el derecho a conocer los cargos que se formulan contra el sometido a procedimiento administrativo sancionador; el derecho a no declarar contra sí mismo; el derecho a la asistencia de letrado o a la autodefensa; el derecho a utilizar los medios de prueba adecuados para la defensa; el derecho a la última palabra, entre otros.

7. Con respecto del derecho de defensa este Tribunal en reiterada jurisprudencia ha precisado que este derecho tiene una doble dimensión: una material, referida al derecho del imputado de ejercer su propia defensa desde el mismo instante en que toma conocimiento de que se le atribuye la comisión de determinado hecho delictivo; y otra formal, que supone el derecho a una defensa técnica, esto es, al asesoramiento y patrocinio de un abogado defensor de su elección desde que la persona es citada o detenida por la autoridad y durante todo el tiempo que dure la investigación preliminar o el proceso mismo. En ambos casos se garantiza el derecho de no ser postrado a un estado de indefensión en cualquier etapa del proceso, inclusive, como ya se dijo, en la etapa preliminar. Así, las garantías mínimas que se exigen en el proceso penal son extrapolables, con matices atendiendo a las propias circunstancias de cada caso, al proceso administrativo sancionador, sobre todo en lo que respecta al derecho de defensa (cfr. STC 2050- 2002-AA/TC, fundamento 12)” (énfasis añadido).

conocimiento de la infracción imputada. Sin embargo, los demás aspectos del derecho serán analizados en los considerandos posteriores.

Sobre la presunta violación a la motivación de las resoluciones

“4. Este Tribunal ha tenido oportunidad de expresar su posición respecto a la motivación de los actos administrativos, expresando que:

“[…] [E]l derecho a la motivación de las resoluciones administrativas es de especial relevancia. Consiste en el derecho a la certeza, el cual supone la garantía de todo administrado a que las sentencias estén motivadas, es decir, que exista un razonamiento jurídico explícito entre los hechos y las leyes que se aplican. […]

La motivación de la actuación administrativa, es decir, la fundamentación con los razonamientos en que se apoya es una exigencia ineludible para todo tipo de actos administrativos, imponiéndose las mismas razones para exigirla tanto respecto de actos emanados de una potestad reglada como discrecional.

El tema de la motivación del acto administrativo es una cuestión clave en el ordenamiento jurídico-administrativo, y es objeto central de control integral por

9 Cfr. numeral 2 del artículo 248 del TUO de la LPAG.

el juez constitucional de la actividad administrativa y la consiguiente supresión de los ámbitos de inmunidad jurisdiccional.

Constituye una exigencia o condición impuesta para la vigencia efectiva del principio de legalidad, presupuesto ineludible de todo Estado de derecho. A ello, se debe añadir la estrecha vinculación que existe entre la actividad administrativa y los derechos de las personas. Es indiscutible que la exigencia de motivación suficiente de sus actos es una garantía de razonabilidad y no arbitrariedad de la decisión administrativa.

En esa medida, este Tribunal debe enfatizar que la falta de motivación o su insuficiencia constituye una arbitrariedad e ilegalidad, en la medida en que es una condición impuesta por la Ley N° 27444. Así, la falta de fundamento racional suficiente de una actuación administrativa es por sí sola contraria a las garantías del debido procedimiento administrativo.” (STC 00091-2005-PA, fundamento 9, párrafos 3, 5 a 8, criterio reiterado en STC 294-2005-PA, STC 5514-2005-PA, entre otras).

Adicionalmente se ha determinado en la STC 8495-2006-PA/TC que: “un acto administrativo dictado al amparo de una potestad discrecional legalmente establecida resulta arbitrario cuando sólo expresa la apreciación individual de quien ejerce la competencia administrativa, o cuando el órgano administrativo, al adoptar la decisión, no motiva o expresa las razones que lo han conducido a adoptar tal decisión. De modo que, motivar una decisión no sólo significa expresar únicamente bajo qué norma legal se expide el acto administrativo, sino, fundamentalmente, exponer en forma sucinta –pero suficiente– las razones de hecho y el sustento jurídico que justifican la decisión tomada” (énfasis añadido).

la Administración Pública, conforme al principio de verdad material10 (énfasis añadido).

“La falta de motivación equivale a una falta de fundamentación y afecta la validez del acto, ya que la Administración Pública no puede obrar arbitrariamente. Las decisiones de las entidades deben expresar los motivos de hecho y de derecho que concurren para determinar la legitimidad del acto. Por dicha razón, la ausencia de motivación constituye un vicio transcendente, que no es susceptible de enmienda, no siendo posible la aplicación de la conservación del acto”12 (énfasis añadido).

Sobre la desnaturalización del contrato de trabajo y la supuesta inaplicación del artículo 63 del Decreto Supremo N° 003-97-TR

10 “TUO de la LPAG, Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo (…) 1.11. Principio de verdad material. - En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse de ellas. En el caso de procedimientos trilaterales la autoridad administrativa estará facultada a verificar por todos los medios disponibles la verdad de los hechos que le son propuestos por las partes, sin que ello signifique una sustitución del deber probatorio que corresponde a estas. Sin embargo, la autoridad administrativa estará obligada a ejercer dicha facultad cuando su pronunciamiento pudiera involucrar también al interés público”. 11 Guzmán Napurí, C. (2017). Manual del Procedimiento Administrativo General. 3era ed., Lima: Instituto Pacifico, 348. 12 El subrayado no es del original.

“Contrato intermitente Artículo 64.-

Los contratos de servicio intermitente son aquellos celebrados entre un empleador y un trabajador, para cubrir las necesidades de las actividades de la empresa que por su naturaleza son permanentes pero discontinuas.

Estos contratos podrán efectuarse con el mismo trabajador, quien tendrá derecho preferencial en la contratación, pudiendo consignarse en el contrato primigenio tal derecho, el que operará en forma automática, sin necesidad de requerirse de nueva celebración de contrato o renovación.”

“Artículo 65.- En el contrato escrito que se suscriba deberá consignarse con la mayor precisión las circunstancias o condiciones que deben observarse para que se reanude en cada oportunidad la labor intermitente del contrato.”

13 SANGUINETI RAYMOND, W. (2008). Los Contratos de trabajo de duración determinada. Gaceta Jurídica. Lima, p. 82.

realizaría la recurrente se efectúa de manera discontinua pero permanente, como se visualiza a continuación:

Figura N° 01

Sobre la vulneración del principio de licitud y presunción de veracidad 6.31. Respecto al principio de presunción de licitud, el numeral 9 del artículo 248 del TUO de la LPAG señala que “las entidades deben presumir que los administrados han actuado apegados a sus deberes mientras que no cuenten con evidencia en contrario”. El referido principio se deriva del principio constitucional a la presunción de inocencia prevista en el literal e) del inciso 24 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú, el cual señala que toda persona es considerada inocente mientras no se haya declarado judicialmente su responsabilidad.

14 TUO de la LPAG, Título Preliminar, Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo “1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (...) 1.7. Principio de presunción de veracidad. - En la tramitación del procedimiento administrativo, se presume que los documentos y declaraciones formulados por los administrados en la forma prescrita por esta Ley, responden a la verdad de los hechos que ellos afirman. Esta presunción admite prueba en contrario”. 15 MORON URBINA, J.C. (2014). Comentarios de la Ley del Procedimiento Administrativo. Editorial Gaceta Jurídica. Décima Edición, pp. 79-81. Citado en fundamento 8 de la Sentencia Casación N° 4943-2015 LIMA, Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República.

encuadrable en las infracciones establecidas en el Acta de Infracción, cumpliendo con un estándar de carga de la prueba objetiva.

Información Adicional

N° Materia Conducta Infractora Tipificación legal y clasificación Relaciones Laborales Desnaturalizar el contrato de trabajo intermitente y sus prórrogas, al tenor del supuesto previsto en el inciso d) del artículo 77 del D.S. N° 003-97-TR. Numeral 25.5 del artículo 25 del RLGIT

MUY GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral- SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley de Procedimiento Administrativo General aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR;

SE RESUELVE:

PRIMERO. - Declarar INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A., en contra de la Resolución de Intendencia N° 086-2022-SUNAFIL/IRE-CAJ, de fecha 20 de mayo de 2022, emitida por la Intendencia Regional de Cajamarca, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 017-2022- SUNAFIL/IRE-CAJ/SIAI, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. - CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 086-2022-SUNAFIL/IRE-CAJ, en todos sus extremos.

TERCERO. - Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa.

CUARTO. - Notificar la presente resolución a HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. y a la Intendencia Regional de Cajamarca, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

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