Hermes Transportes Blindados S.A — Res. 141-2024

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Bonificación no remunerativa (Sub materia: Incluye todas), Licencia con goce de haber (Sub materia: Incluye todas), y, Remuneraciones (Sub materias: Gratificaciones y Pago de la remuneración (sueldos y salarios)). 20555195444 soft 20555195444 soft DE LAMA LAURA Manuel Gonzalo FAU 20555195444 soft

numeral 53.2 del artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT).

- Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por no acreditar el pago íntegro de la remuneración correspondiente a los meses de noviembre y diciembre de 2020 y enero de 2021, a favor de los trabajadores Milagros Tarazona Jerónimo, Erick Júnior Bernal Farfán y Robinson Tomas Espinoza Huamán, tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/. 6,908.00.

- Una (1) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por no acreditar el pago íntegro de las gratificaciones legales correspondiente al periodo diciembre 2020, a favor de los trabajadores Milagros Tarazona Jerónimo, Erick Júnior Bernal Farfán y Robinson Tomas Espinoza Huamán, tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/. 6,908.00.

- Una (1) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por no pagar íntegramente las bonificaciones extraordinarias correspondiente al periodo diciembre 2020 a favor de los trabajadores Milagros Tarazona Jerónimo, Erick Júnior Bernal Farfán y Robinson Tomas Espinoza Huamán, tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/. 6,908.00.

- Una (1) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir con la medida inspectiva de requerimiento de fecha 9 de febrero de 2021, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/. 11,572.00.

i. La resolución apelada incurre en graves errores al afirmar que la empresa no desvirtúa la sanción propuesta, utilizando argumentos carentes de sustento fáctico y jurídico y sin analizar los medios probatorios que obran en autos. Es evidente que existe deficiencia en la motivación de la resolución apelada al no valorar adecuadamente el proceso de compensación de horas dejadas de laborar, desconociendo que los trabajadores tenían tres opciones para compensar y que ellos eligieron la que deseaban en base a la información proporcionada (según correos que obran en autos). La empresa no decidió de manera unilateral, sino que accedió a lo elegido por los

2 Véase folio 51 del expediente sancionador.

trabajadores en base al acuerdo verbal celebrado con ellos. La empresa propuso a sus trabajadores un esquema de compensación que no afecte su sustento de vida, lo cual fue aceptado a fin de proceder a los descuentos que son materia de análisis, A pesar de que la autorización efectuada fue previa y expresa por parte de ellos, el inspector pretende afirmar lo contrario, sin que su teoría del caso haya sido corroborada o negada por los trabajadores. En este caso, corresponde que se aplique el principio de presunción de veracidad, que implica que se debe tomar como ciertas las declaraciones de la en aras de la buena fe; por lo que no existe duda de que se ha cumplido fielmente su deber de acordar los esquemas de compensación conforme lo regula el numeral 26.2 literal b) del artículo 26 del Decreto de Urgencia N° 029-2020. Como puede verse se ha vulnerado su derecho a la motivación de las resoluciones, quedando en evidencia que no existe un análisis lógico-jurídico; por lo que la resolución apelada debe ser declarada nula.

ii. En el supuesto negado de que se considere la existencia de las infracciones en materia de relaciones laborales, la imposición de sanción por infracción a la labor inspectiva atenta contra el principio de non bis in ídem regulado en el numeral 10 del artículo 230 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. Se pretende afirmar la existencia de dos tipos de infracciones (con distinto nombre) en atención a un solo hecho, cuando ambas infracciones se originan en un mismo supuesto de hecho y tienen el mismo fundamento. Es un único hecho el supuesto no pago de remuneraciones y beneficios sociales a los trabajadores, que justifica la imposición de dos sanciones bajo calificaciones distintas (incumplimiento de disposiciones sociolaborales y del requerimiento inspectivo) pese a que el derecho que se pretende tutelar es el mismo, esto es el cumplimiento de las disposiciones sociolaborales (pago de beneficios sociales).

iii. La resolución apelada incurre en grave error relativa a la interpretación del marco legal aplicable a la compensación de las licencias con goce de haber dadas a los trabajadores en la emergencia sanitaria ocasionada por el brote de la COVID-19. En el Acta de Infracción, el informe Final y la resolución apelada, se señala que no se puede ejecutar la compensación de la remuneración anticipada pagada a través de las licencias con goce de haber compensable respecto de nada diferente a las horas extras. Sin embargo, de una lectura conjunta del numeral 26.2 del artículo 26 del Decreto de Urgencia N° 029-2020 y el inciso 4.1 del artículo 4 del Decreto Supremo N° 011-2020- TR es jurídicamente posible que las partes acuerden cualquier esquema de compensación respetando e! marco legal vigente. Por ende, la compensación no deberá efectuarse únicamente sobre horas extras, sino a través de cualquier medida acordada por las partes, incluida la compensación con el pago de remuneraciones, siempre que exista un acuerdo con el trabajador. Además, es pacifica la doctrina respecto a que son legales los descuentos si el trabajador los autoriza, lo que no está

prohibido en el numeral 26.2 del artículo 26 del Decreto de Urgencia N” 029-2020, al establecer que se aplica lo que acuerden las partes, sin ninguna formalidad a ser ejecutada para dicho acuerdo; por lo que resultara más que suficiente que sea previo y expreso. Dicha interpretación errónea tiene incidencia directa en la resolución apelada al no tener sustento objetivo para que se concluya responsabilidad por las infracciones, debiendo declararse la inexistencia de estas y disponer la inmediata conclusión del procedimiento.

iv. Un hecho que no ha sido valorado es la naturaleza de las remuneraciones compensables entregadas y las modalidades de compensación que existen en el ordenamiento antes de la pandemia. La remuneración tiene carácter contraprestativo. Antes de la emergencia sanitaria, la regla era que se remunera el trabajo efectuado; a falta de trabajo, no existe obligación de remunerar. Sin embargo, en el marco de la emergencia sanitaria, se publicó el Decreto de Urgencia N° 029-2020, en cuyo artículo 26 se estableció que los empleadores que no estaban exonerados de la cuarentena (servicios denominados no esenciales) debían implementar el trabajo remoto o, en su defecto, otorgar una licencia con goce de haber en función a lo que acuerden las partes. A falta de acuerdo corresponde la compensación de horas posterior a la vigencia del estado de emergencia nacional. Previamente, el artículo 20 numeral 20.2 del Decreto de Urgencia N° 026-2020 dispuso que, tratándose del grupo de riesgo, cuando la naturaleza de las labores no sea compatible con el trabajo remoto y mientras dure la emergencia sanitaria, el empleador debe otorgar una licencia con goce de haber sujeta a compensación posterior. Aquí nació el error sobre la compensación que efectuó, ya que el pago realizado cumple con las siguientes características: al trabajador se le otorgó remuneración adelantada que debe ser compensada, tiene sin lugar a duda naturaleza compensable, y las partes acordaron un esquema de compensación que incluía la compensación de las horas con el pago de la segunda quincena del mes de noviembre. Lamentablemente, este argumento tampoco fue correctamente valorado, vulnerando su derecho a la defensa.

v. La remuneración adelantada a los trabajadores no constituye un pago per se, pues este solo ocurre cuando está vinculado necesariamente a la prestación de servicios. En el marco de la emergencia sanitaria, se emitió el Decreto Supremo N° 011-2020-TR, en cuyo artículo 4 numeral 4.1 literal e) se corrobora que el empleador puede adoptar (no dice acordar) medidas distintas a las vacaciones, reducción del sueldo y/o jornada siempre que estén reguladas por el marco legal vigente y permitan conservar el empleo.

vi. La compensación aplicada también tiene asidero en el artículo 1288 del Código Civil, aplicable supletoriamente a la relación laboral. El empleador valoriza en remuneración las horas o días dejados de laborar durante la emergencia nacional y propone al trabajar compensar tales horas con sueldos o gratificaciones futuras, eventualmente con descuentos de porcentajes de tales beneficios, excepto con la CTS y las utilidades. La alternativa de compensación es válida respecto de las gratificaciones y todo otro concepto remunerativo que no haya sido originado en convenio colectivo.

3 Notificada a la impugnante el 28 de marzo de 2022, véase folio 79 del expediente sancionador.

i. De lo expuesto precedentemente, esta Intendencia no advierte que el inferior en grado haya incurrido en alguna causal de nulidad vinculada con la motivación de su pronunciamiento, toda vez que la inspeccionada no ha demostrado haber puesto en conocimiento directamente a los trabajadores afectados las propuestas de compensación, entre las que se incluya el descuento en sus remuneraciones, y menos aún la autorización para que se realice esta forma de compensación por las licencias con goce de haber otorgadas durante el estado de emergencia nacional y sanitaria ocasionada por la COVID-19. La inspeccionada arguye que este proceso de compensación se habría realizado en forma verbal; sin embargo, de ser el caso, le corresponde acreditarlo a través de los medios probatorios que permite la ley, y no solo afirmarlo sin el respaldo fáctico correspondiente; no obstante, lo único que se ha aportado en el presente procedimiento son imágenes de correos electrónicos que no demuestran el acuerdo de partes respecto a la forma de compensación de las licencias con goce de haber haya sido por medio de descuentos en las remuneraciones y beneficios laborales por los periodos fiscalizados.

ii. Sobre la interpretación dada al artículo 26 numeral 26.2 del Decreto de Urgencia N° 029-2020, la autoridad sancionadora, recogiendo lo desarrollado en el Informe Final, señaló que "ambas partes podían convenir que la licencia con goce no esté sujeto a compensación o a que ambos determinen ¡a oportunidad y la forma de compensar, siempre que no afectara normas imperativas ni el Principio de irrenunciabilidad de derechos", lo que es correcto conforme a la normativa antes expuesta. Sin embargo, a continuación, añadió que: "se colige que resulta aplicable la compensación de horas dejadas de laborar durante la emergencia sanitaria siempre y cuando exista previo acuerdo entre empleador y trabajador, y en caso de no haber acuerdo, dichas horas se compensarán al término del estado de emergencia", dando entender que solo es posible acordar la compensación con tiempo de trabajo, que también se ha dejado entrever en el considerando 29 de la resolución apelada al señalar que: "la figuro de la licencia con goce con recuperación de horas implica un acuerdo previo entre empleador y trabajador", cuando solo es una de las opciones que tienen las partes; por lo que este extremo del pronunciamiento venido en grado debe ser revocado. Sin perjuicio de lo anterior, pese a este yerro, el inferior en grado no ha descartado en su análisis otras formas de compensación distintas a la recuperación de horas, al indicarse en el considerando 31 de la resolución apelada lo siguiente; "esto instancia comparte el criterio adoptado por la Autoridad Instructora, en cuanto a que, no obra medio probatorio alguno que acredite un acuerdo referido a la compensación de licencias con goce de haber, en donde los trabajadores Milagros Tarazona Jerónimo, Erick Júnior Bernal Farfán y Robinson Tomas Espinazo Human (sic) hayan manifestado

de modo expreso sus voluntades de aceptar un descuento remunerativo". En tal sentido, eliminado el extremo que se revoca, se elimina cualquier error en la interpretación de las normas relacionadas con la licencia con goce de haber y su compensación.

iii. En el presente caso, la autoridad sancionadora no ha negado que se puedan aplicar descuentos a las remuneraciones siempre que exista autorización expresa de los trabajadores afectados, pero esta condición no ha sido acreditada por la inspeccionada, quien desde el inicio del procedimiento sancionador más bien ha señalado a las autoridades de primera instancia que hubo aceptación tácita de los mismos, lo cual no tiene asidero Jurídico conforme se desprende del considerando 30 de la resolución apelada.

iv. Asimismo, con relación a si las partes acordaron un esquema de compensación de las licencias con goce de haber, en el punto 4.11 de los Hechos Constatados del Acta de Infracción, se determinó que: "no consta que el empleador haya celebrado un acuerdo con los trabajadores Milagros Tarazona Jerónimo, Erick Júnior Bernal Farfán y Robinson Tomás Espinazo Huamán, teniendo en cuenta además que conforme al Decreto Supremo N° 008-2021-PCM, el gobierno dispuso Ío ampliación del estado de emergencia por todo el mes de febrero del 2021", lo que tampoco fue demostrado en el transcurso del procedimiento sancionador como se ha abordado en los considerandos 29 y 31 de la resolución apelada.

v. Por ende, no puede sostenerse que no se haya valorado adecuadamente los argumentos planteados por la inspeccionada, en tanto esta no demostró que se acordaron con los trabajadores afectados un esquema de compensación que incluía la compensación de las horas con el pago de la segunda quincena del mes de noviembre de 2020, como arguye en su recurso de apelación.

vi. Con relación a lo mencionado en el punto vi) del resumen del recurso de apelación, tampoco se ha desconocido en el presente procedimiento que la inspeccionada pueda realizar descuentos en los beneficios laborales como las gratificaciones y bonificación extraordinaria de diciembre de 2020 si es que se acordó como forma de compensación de las licencias con goce de haber otorgadas a los trabajadores afectados; sin embargo, estos descuentos no pueden presumirse , sino que deben ser expresamente autorizados por los ellos, lo cual tampoco ha sucedido.

vii. La inspeccionada no ha demostrado que concurra la identidad de sujetos, hechos y fundamentos en el presente caso a efectos de que se revoque la infracción a la labor inspectiva cometida; por ello, debe desestimarse lo solicitado.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

4 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 5“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…)” 6 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 7“Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 8“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno.

del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

Del Recurso De Revisión

Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.” 9 Artículo 14 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2017-TR. 10 Ver, por ejemplo, las Sentencias recaídas en los Expedientes N° 3741-2004-PA, 615-2009-PA/TC, 6136-2009-PA/TC, 6785-2006-PA/TC, 2608-2009-PA/TC, 6132-2008-PA/TC, 3792-2009-PA/TC y 2597-2009-PA/TC.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 18 de abril de 2022, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 486-2022-SUNAFIL/ILM, señalando los siguientes alegatos:

i. Sobre la contravención de las normas que garantizan el derecho a un debido procedimiento, indica que, la Resolución de Intendencia de fecha 25 de marzo de 2022, incurre en una infracción normativa, relativa a la vulneración del principio regulado en el inciso 1.2 del artículo N° 1 del Decreto Supremo N® 004-2019-JUS (aplicable supletoriamente al presente procedimiento), que consiste en la contravención de las normas que garantizan el derecho a un debido procedimiento,

toda vez que ésta resolvió la presente controversia sustentándose en argumentos carentes de sustento fáctico alguno.

ii. De esta manera, la Resolución objeto del presente recurso vulnera su derecho constitucional a la debida motivación de las resoluciones judiciales, consagrado en el artículo 139°, inciso 5) de la Constitución Política de 1993, así como el artículo 122°, inciso 1.2 del artículo N° 1 y articulo N° 6 del Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, pues no establece el sustento fáctico y probatorio que acredite la comisión de las infracciones imputadas.

iii. El Tribunal podrá verificar que desde el inicio del procedimiento inspectivo nunca se informó que los trabajadores habían negado haber llegado a dicho acuerdo, siendo recién en esta instancia (y sin prueba alguna que les permita corroborar lo indicado por el intendente) que se desglosa dicho argumento para contradecir su postura.

iv. A afirmar que los supuestos afectados negaron el acuerdo, dejándolos en indefensión pues desconocían ello, y no hemos podido solicitarles alguna explicación de las supuestas afirmaciones dadas, que repite desconoce hasta el día de hoy.

v. Como ya se había informado y sostenido desde un principio, su empresa propuso a los trabajadores un esquema de compensación de tal forma que el mismo no afecte el sustento de vida de todos los colaboradores, dicho esquema fue aceptado por los trabajadores y en virtud de dicha autorización previa y expresa, procedimos con los descuentos que ahora están siendo materia de análisis.

vi. A pesar de que la autorización efectuada para los descuentos de los tres trabajadores analizados fue previa y expresa por parte de ellos, los Inspectores ahora pretenden afirmar lo contrario.

vii. De esta manera, no queda duda de que su empresa contaba con la autorización expresa para efectuar los descuentos que válidamente aplicó.

viii. Aunado a ello, en este caso corresponde se aplique el Principio de Presunción de Veracidad, tipificado en el artículo IV del Título Preliminar de la Ley de Procedimiento Administrativo General N° 27444.

ix. Claro está, la Intendencia ha emitido una Resolución sin motivación externa, a tal efecto, el Tribunal Constitucional ha precisado en que ocasiones no se presenta una debida motivación cuando se presenta algunas de las situaciones siguientes: Deficiencias en la motivación externa, justificación de las premisas: las premisas de las que se parte no han sido confrontadas o analizadas respecto de su validez fáctica o jurídica.

x. Sustenta las deficiencias en la motivación externa en el sentido que las premisas de las que parte la Intendencia para alegar el incumplimiento de obligaciones no han sido confrontadas, ni puestas en conocimiento nuestro desde el inicio de la investigación, a efectos de poder defendemos y no ver vulnerado nuestros derechos.

xi. Sobre la interpretación errónea de una norma de derecho material, señala que, la Resolución objeto del presente recurso contiene una infracción normativa relativa a la interpretación errónea de las normas nacionales que establecen el marco legal aplicable al principio “Non bis in ídem”.

xii. El Tribunal deberá advertir que la imposición de las sanciones propuestas vulnera el mencionado principio, v el Intendente ha interpretado mal los alcances de la norma antes citada, pues resulta evidente que pretende afirmar la existencia de dos infracciones (con distinto nombre) en atención a un solo hecho, cuando lo cierto es que ambas infracciones propuestas contra su representada se originarían en un mismo supuesto hecho y tienen el mismo fundamento.

xiii. En ese sentido, el Tribunal deberá tener en cuenta que, ambas infracciones han sido denominadas de distinta manera, pero es un solo supuesto hecho el que determina la imposición de ambas multas, y el fundamento de ambas sanciones, es decir el derecho que se pretende tutelar es el mismo: el cumplimiento de las disposiciones aplicables en materia de relaciones laborales (pago de beneficios sociales.

xiv. En atención a lo expuesto, resulta evidente que, al momento de resolver, la entidad ha interpretado incorrectamente las normas de derecho material contenidas en el artículo 230° de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, configurándose la causal de revisión invocada por su parte.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre las infracciones graves

"Artículo 49.- Recursos administrativos Los recursos administrativos del procedimiento administrativo sancionador son aquellos previstos en el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004- 2019-JUS.

El Recurso de revisión es de carácter excepcional y se interpone ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral. El Reglamento determina las demás condiciones para el ejercicio de los recursos administrativos.”

“…la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias” (énfasis añadido).

De la licencia con goce de haber en el Estado de Emergencia Sanitaria 6.7. El Decreto de Urgencia N° 029-2020 estableció que las medidas aplicables a las empresas del sector privado que realizaran actividades que no fueran esenciales y que no pudiesen aplicar el trabajo remoto, durante la vigencia del estado de emergencia nacional, están obligadas a otorgar una licencia con goce de haber a sus trabajadores y servidores civiles, de carácter “compensable”. En el sector público la compensación de horas debe realizarse al finalizar el estado de emergencia, salvo que el trabajador “opte por otro mecanismo compensatorio”11 En cambio, en el sector privado la compensación debe realizarse de acuerdo a lo que pacten las partes y, en caso de no llegar a un acuerdo, “corresponde la compensación de horas posterior a la vigencia del Estado de Emergencia Nacional”12.

11 Art. 26.1 a) 12 Art. 26 b).

autorizase el reinicio de actividades y/o no pudieran realizar sus labores en forma presencial ni remota, debía aplicarse una licencia con goce de haber compensable, es decir, que se imponía al empleador la obligación de pagar la remuneración y al trabajador, la de trabajar las horas pagadas cuando se autorizase al reinicio de actividades de la empresa. En este caso, de acuerdo con la mencionada norma, debía celebrarse necesariamente un pacto entre la empresa y el trabajador, para establecerla compensación mientras estuviera vigente el Estado de Emergencia Sanitaria. Y, de no llegar a un acuerdo, el trabajo debe prestarse una vez finalizado el Estado de Emergencia, de acuerdo con lo que el empleador determine.

13 Constitución del Perú, Artículo 24.- Derechos del trabajador.- El trabajador tiene derecho a una remuneración equitativa y suficiente, que procure, para él y su familia, el bienestar material y espiritual. 14 PACHECO ZERGA, Luz. "Los elementos esenciales del contrato de trabajo." Revista de Derecho, Nº. 13 (2012): 29-54.

de trabajo y por el carácter “compensable” de la mencionada licencia con goce de haber. En consecuencia, procedía el descuento de sus beneficios sociales e, inclusive, en caso de haberlo, de las utilidades a las que tuviera derecho.

“Sobre el particular, debe tenerse presente que las remuneraciones de los trabajadores, al amparo de lo dispuesto en el artículo 26°, inciso 2), de la Constitución Política del Perú, son irrenunciables e intangibles, y sólo se podrán afectar las planillas de pago por orden judicial o por un descuento aceptado por el trabajador. Por consiguiente, al haberse recortado el pago de las remuneraciones de la recurrente, se han transgredido los derechos constitucionales invocados”. (el énfasis es añadido)

15 Cfr. Ley de Productividad y Competitividad Laboral (LPCL), art. 6. 16 Cfr. Decreto Legislativo 713. 17 Cfr. Ley 27735. 18 Cfr. TUO del Dec. Leg. 650. 19 Cfr. Dec. Leg. 892. 20 Cfr. Dec. Leg. 892. Art. 6.

“Siendo así, el instrumento idóneo para que el trabajador autorice los descuentos de sumas de dinero a sus beneficios sociales debe ser uno en el que el trabajador realice una manifestación de voluntad. Pero incluso en este caso, debe evaluarse el que no se atente contra normas imperativas y por ello indisponible para el trabajador”.

Sobre la medida de requerimiento

“Las medidas inspectivas de advertencia y requerimiento se reflejarán por escrito en la forma y modelo oficial que se determine reglamentariamente, debiendo notificarse al sujeto inspeccionado a la finalización de las actuaciones de investigación o con posterioridad a las mismas. Cuando el inspector actuante compruebe la existencia de una infracción al ordenamiento jurídico sociolaboral, requerirá al sujeto responsable de su comisión la adopción, en un plazo determinado, de las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las disposiciones vulneradas. En particular y en materia de prevención de riesgos laborales, requerirá que se lleven a cabo las modificaciones necesarias en las instalaciones, en el montaje o en los métodos de trabajo para garantizar el derecho a la seguridad y salud de los trabajadores. Los requerimientos que se practiquen se entienden siempre sin perjuicio de la posible extensión de acta de infracción y de la sanción que, en su caso, pueda imponerse”.

“Si en el desarrollo de las actuaciones de investigación o comprobatorias se advierte la comisión de infracciones, los inspectores del trabajo emiten medidas de advertencia, requerimiento, (…), según corresponda, a fin de garantizar el cumplimiento de las normas objeto de fiscalización” (énfasis añadido).

efectos de la ilegalidad de la conducta cometida por el inspeccionado de manera previa al inicio del PAS.

Sobre el debido procedimiento, la presunta vulneración a la motivación de las resoluciones y la presunción de veracidad 6.33. Con relación al derecho o garantía de la motivación de las decisiones que afecten los intereses de la impugnante, es importante recalcar que el principio de debido procedimiento se encuentra relacionado con la exigencia de la debida motivación del acto administrativo. Lo anterior se desprende de la necesidad de que sea una garantía a favor de los administrados de exponer sus argumentos, ofrecer y producir pruebas y, a su vez, a obtener una decisión por parte de la autoridad administrativa motivada y fundada en derecho.

“4. Este Tribunal ha tenido oportunidad de expresar su posición respecto a la motivación de los actos administrativos, expresando que:

“[…] El derecho a la motivación de las resoluciones administrativas es de especial relevancia. Consiste en el derecho a la certeza, el cual supone la garantía de todo administrado a que las sentencias estén motivadas, es decir, que exista un razonamiento jurídico explícito entre los hechos y las leyes que se aplican. […]

La motivación de la actuación administrativa, es decir, la fundamentación con los razonamientos en que se apoya es una exigencia ineludible para todo tipo de actos administrativos, imponiéndose las mismas razones para exigirla tanto respecto de actos emanados de una potestad reglada como discrecional.

El tema de la motivación del acto administrativo es una cuestión clave en el ordenamiento jurídico-administrativo, y es objeto central de control integral por el juez constitucional de la actividad administrativa y la consiguiente supresión de los ámbitos de inmunidad jurisdiccional.

Constituye una exigencia o condición impuesta para la vigencia efectiva del principio de legalidad, presupuesto ineludible de todo Estado de derecho. A ello, se debe añadir la estrecha vinculación que existe entre la actividad administrativa y los derechos de las personas. Es indiscutible que la exigencia de motivación suficiente de sus actos es una garantía de razonabilidad y no arbitrariedad de la decisión administrativa.

En esa medida, este Tribunal debe enfatizar que la falta de motivación o su insuficiencia constituye una arbitrariedad e ilegalidad, en la medida en que es una condición impuesta por la Ley N° 27444. Así, la falta de fundamento racional suficiente de una actuación administrativa es por sí sola contraria a las garantías del debido procedimiento administrativo.” (STC 00091-2005-PA, fundamento 9, párrafos 3, 5 a 8, criterio reiterado en STC 294-2005-PA, STC 5514-2005-PA, entre otras).

Adicionalmente, se ha determinado en la STC 8495-2006-PA/TC que: “un acto administrativo dictado al amparo de una potestad discrecional legalmente establecida resulta arbitrario cuando sólo expresa la apreciación individual de quien ejerce la competencia administrativa, o cuando el órgano administrativo, al adoptar la decisión, no motiva o expresa las razones que lo han conducido a adoptar tal decisión. De modo que, motivar una decisión no sólo significa expresar únicamente bajo qué norma legal se expide el acto administrativo, sino, fundamentalmente, exponer en forma sucinta –pero suficiente– las razones de hecho y el sustento jurídico que justifican la decisión tomada” (énfasis añadido).

impuestas responden al incumplimiento de la impugnante, lo cual se encuentra comprobado.

Sobre la aplicación del principio de non bis in ídem

“El non bis in ídem es un principio que informa la potestad sancionadora del Estado, el cual impide –en su formulación material- que una persona sea sancionada o castigada dos (o más veces) por una misma infracción cuando exista identidad de sujeto, hecho y fundamento”.

“No se podrán imponer sucesiva o simultáneamente una pena y una sanción administrativa por el mismo hecho en los casos en que se aprecie la identidad del sujeto, hecho y fundamento. Dicha prohibición se extiende también a las sanciones administrativas, salvo la concurrencia del supuesto de continuación de infracciones a que se refiere el inciso 7”.

“La propia norma nos expresa que para la exclusión de la segunda pretensión punitiva del Estado (plasmada en un procedimiento o sanción concurrente o sucesiva) tiene que acreditarse que entre ella y la primera deba apreciarse una triple identidad de “sujeto, hecho y fundamento”, dado que, si no apareciera alguno de estos elementos comunes, si sería posible jurídicamente la acumulación de acciones persecutorias en contra del administrado. Por ello, en todos los casos, los presupuestos de operatividad para la exclusión de la segunda pretensión sancionadora son tres:

- La identidad subjetiva o de persona (eadem personae) consistente en que ambas pretensiones punitivas sean ejercidas contra el mismo administrado, independientemente de cómo cada una de ellas valore su grado de participación o

21 TUO de la LPAG, Artículo IV. (…) “1.7. Principio de presunción de veracidad.- En la tramitación del procedimiento administrativo, se presume que los documentos y declaraciones formulados por los administrados en la forma prescrita por esta Ley, responden a la verdad de los hechos que ellos afirman. Esta presunción admite prueba en contrario.” 22 Ver Sentencia del Tribunal Constitucional del 16 de abril de 2003, recaída en el Expediente N° 2050-2002-AA/TC, así como la Sentencia del Tribunal Constitucional del 24 de mayo de 2013, recaída en el Expediente N° 02704-2012- PHC/TC.

forma de culpabilidad imputable. No se refiere a la identidad del agraviado o sujeto pasivo (…). - La identidad de hecho u objetiva (eadem rea) consiste en que el hecho o conducta incurridas por el administrado deba ser la misma en ambas pretensiones punitivas, sin importar la calificación jurídica que las normas les asignen o el presupuesto de hecho que las normas contengan. No es relevante el nomen juris o como el legislador haya denominado a la infracción o título de imputación que se les denomine, sino la perspectiva fáctica de los hechos u omisiones realizados. - Finalmente, la identidad causal o de fundamento (eadem causa petendi) consiste en la identidad en ambas incriminaciones, esto es, que exista superposición exacta entre los bienes jurídicos protegidos y los intereses tutelados por las distintas normas sancionadoras, de suerte tal que si los bienes jurídicos que se persiguen resultan ser heterogéneos existirá diversidad de fundamento, mientras que, si son iguales, no procederá la doble punición (…)”23 (énfasis añadido).

a) Identidad de Sujetos: HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. b) Identidad de Hechos: Los hechos que se le atribuyen a la inspeccionada se centran, por un lado, en una conducta contra la labor inspectiva y, por otro lado, una conducta contraria a la materia sociolaboral, sancionables en forma independiente, por cuanto las infracciones a la labor inspectiva son de comisión inmediata e insubsanables, lo que implica que se configuran y consuman en el momento en el que se realizaron, no siendo factible retrotraer en el tiempo y enmendar dicha conducta. En ese sentido, el incumplimiento relacionado a la labor inspectiva, es por no acreditar el cumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento de fecha 09 de febrero de 2021 dentro del plazo concedido de tres (03) días hábiles

Es así como, conforme se menciona en el numeral 4.15 del Acta de Infracción, el inspector dejó constancia de que el sujeto no cumplió con lo ordenado en la medida inspectiva de requerimiento. Ahora bien, en este caso las infracciones laborales cometidas por la impugnante, se configuran por las siguientes conductas:

a. No pagar íntegramente la remuneración correspondiente a los meses de noviembre y diciembre de 2020 y enero de 2021, a favor de los

23 MORON URBINA, J.C. (2015). Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Lima: Gaceta Jurídica, p. 790.

trabajadores Milagros Tarazona Jerónimo, Erick Júnior Bernal Farfán y Robinson Tomas Espinoza Huamán. b. No pagar íntegramente las gratificaciones legales de navidad 2020 a favor de los trabajadores Milagros Tarazona Jerónimo, Erick Júnior Bernal Farfán y Robinson Tomas Espinoza Huamán. c. No pagar íntegramente las bonificaciones extraordinarias de diciembre de 2020 a favor de los trabajadores Milagros Tarazona Jerónimo, Erick Júnior Bernal Farfán y Robinson Tomas Espinoza Huamán. En esa línea argumentativa, el incumplimiento de cada uno constituye un acto independiente y distinto, como ocurre en el presente caso. c) Identidad de Fundamentos: La obligación cuyo incumplimiento se sanciona tiene diferentes fundamentos: por una parte, una infracción a la labor inspectiva por el incumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento, lesionando los artículos 5 y 36 de la LGIT, y el artículo 18 del RLGIT, y por las infracciones en materia de relaciones laborales, al incumplir lo dispuesto en el numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT.

a lo descrito, no consta que el empleador haya celebrado un acuerdo con los trabajadores Milagros Tarazona Jerónimo, Erick Júnior Bernal Farfán y Robinson Tomás Espinoza Huamán, teniendo en cuenta además que conforme al Decreto Supremo N° 008- 2021- PCM, el gobierno dispuso la ampliación del estado de emergencia por todo el mes de febrero del 2021. Por consiguiente, no cabe acoger este extremo del recurso.

Información Adicional

N° Materia Conducta infractora Tipificación legal y clasificación Relaciones Laborales No pagar íntegramente la remuneración correspondiente a los meses de noviembre y diciembre de 2020 y enero de 2021, a favor de los trabajadores Milagros Tarazona Jerónimo, Erick Júnior Bernal Farfán y Robinson Tomas Espinoza Huamán. Numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT

GRAVE Relaciones Laborales No pagar íntegramente las gratificaciones legales de navidad 2020 a favor de los trabajadores Milagros Tarazona Jerónimo, Erick Júnior Bernal Farfán y Robinson Tomas Espinoza Huamán. Numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT

GRAVE Relaciones Laborales No pagar íntegramente las bonificaciones extraordinarias de diciembre de 2020 a favor de los trabajadores Milagros Tarazona Jerónimo, Erick Júnior Bernal Farfán y Robinson Tomas Espinoza Huamán. Numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT

GRAVE Labor Inspectiva No cumplir con la medida inspectiva de requerimiento de fecha 9 de febrero de 2021. Numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT

MUY GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR; SE RESUELVE:

PRIMERO. - Declarar INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A., en contra de la Resolución de Intendencia N° 486-2022-SUNAFIL/ILM, emitida por la Intendencia de Lima Metropolitana, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 569-2021-SUNAFIL/ILM, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. – CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 486-2022-SUNAFIL/ILM, en el extremo referente a la infracción muy grave a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. TERCERO. -Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa. CUARTO.. - Notificar la presente resolución a HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A., y a la Intendencia de Lima Metropolitana, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

MANUEL GONZALO DE LAMA LAURA

20240207MLA