Hermes Transportes Blindados S.A — Res. 1356-2025

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre la siguiente materia: Desnaturalización de la Relación Laboral (Submateria: Incluye todas). numeral 53.2 del artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT).

Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de relaciones laborales, por la desnaturalización de los contratos de trabajo sujeto a modalidad por incremento de actividad de fechas 11 de febrero de 2020 y 23 de julio de 2021 y sus respectivas prórrogas, tipificada en el numeral 25.5 del artículo 25 del RLGIT.

i. Sobre la indebida imputación de responsabilidad administrativa, la Resolución impugnada adolece de vicios sustanciales al sancionar por no haber cumplido con las disposiciones vinculadas a la utilización de contratos sujetos a modalidad. Dicho error, cometido por el inspector, se vincula al hecho que este erróneamente consideras la existencia de fraude en virtud de la revisión de documentos que ellos mismos solicitaron, y la falta de información que nunca fue solicitada. Así, se pretende multar por documentos que nunca fueron solicitados en la inspección, es decir, nunca se requirió presenta la información que ahora dicen que falta, a pesar que a la empresa si se le pidió un informe donde se detalla los incrementos que justificaron la contratación de la supuesta falta detectada. ii. Los contratos suscritos con la trabajadora afectada se celebraron conforme al artículo 57 de la LPCL, bajo la modalidad de incremento de actividades, siendo plenamente válidos. Es decir, se consideró oportuno que el inspector valorara los documentos presentados los cuales acreditan que la empresa tuvo un incremento de actividades, no solo a nivel local, en este caso en la ciudad de Cajamarca, sino como la propia resolución lo reconoce el incremento fue a nivel nacional. Por ello, los inspectores han incurrido en una manifiesta vulneración del principio de Primacía de la Realidad, regulado en el numeral 2 del artículo 2° de la Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, pues pretende imponer una sanción en base a supuestas conclusiones que ni siquiera han sido debidamente constatadas a lo largo de todas las actuaciones inspectivas realizadas, por el contrario, corresponden a un requerimiento que nunca fue hecho a nuestra la y que en esta instancia se nos requiere. iii. En ese sentido, toda vez que la única observación hecha por los inspectores, en virtud de la cual disponen la aplicación de una multa, se refiere a unos documentos que no fueron materia de requerimiento, resultaba fundamental que en el acta de infracción se identifique cuáles son las pruebas de que se habría usado fraudulentamente la modalidad contractual, de tal forma que se pudiera constatar y contradecir dicho argumento, a efectos de no ver vulnerado su derecho de defensa. Por ende, ha quedado debidamente acreditado que nuestra empresa no

incurrió en ninguna causal de desnaturalización del contrato, por lo que, no es posible que se nos multe por un supuesto incumplimiento de las disposiciones relacionadas con la contratación a plazo determinado, y por lo tanto no justifica la afirmación de una supuesta infracción. iv. Asimismo, se afirma la supuesta existencia de una infracción laboral con motivo de la supuesta inobservancia de las disposiciones normativas vinculadas a la contratación laboral sujeta a modalidad, en el presente caso afirma la supuesta afectación de la trabajadora cuyos contratos de trabajo se deberían considerar como de duración indeterminada. El principal argumento del inspector consiste en el hecho que la impugnante no habría cumplido con indicar y justificar adecuadamente las causas objetivas determinantes para la contratación de la trabajadora bajo la modalidad de incremento de actividades, por lo que los mismos se encontrarían desnaturalizados. v. Desde una perspectiva formal, se verifica la existencia de todos los requisitos d validez establecidos en el artículo 72 ° del TUO del DL 728. Así, la empresa cumplió con celebrar los contratos por escrito y por triplicado, asimismo se consignó en cada uno de ellos los periodos que comprendían su duración. De igual forma se consignó la causa objetiva que le dio origen al contrato, el mismo que se encuentra estipulado en la primera y segunda cláusula de estos y que ha sido resumida en la propia Acta de Infracción. vi. En estricta observancia de la regulación aplicable a este tipo de contrato (contrato de trabajo sujeto a la modalidad por incremento de actividades, regulado en el artículo 57° de la LPCL), y luego de la verificación de la existencia de dicha causa objetiva, la representada vio conveniente suscribir este tipo de contratos para la contratación de personas con motivo del incremento en las labores de nuestra empresa, por lo cual ha surgido la necesidad de contratar mayor personal para poder cumplir con los requerimientos de nuestros clientes, los mismos que no pueden ser cubiertos por personal permanente. vii. Así, tal como su Despacho podrá advertir de los contratos de trabajo que obran en autos, la causa objetiva de “incremento de actividades” que justificó la celebración de los contratos con la actora se encontró debidamente indicada en los mismos, haciéndose referencia no sólo a la invocación de dicha causa como sustento de la contratación, sino además describiendo detalladamente el sustento fáctico que justificó la celebración de este tipo de contratos de trabajo. Así, se justificó la contratación como su cese. En tal sentido, es claro que el contrato de trabajo de la denunciante no ha sido desnaturalizado en absoluto, debido a que la causa objetiva consignada en el contrato tiene asidero en incremento de nuestras actividades debidamente detalladas y acreditas con los Informes que la propia entidad nos solicitó. viii. Es importante indicar, además, que no existe norma alguna que establezca determinado nivel de detalle respecto de la causa objetiva invocada como sustento de la contratación, por lo que el detalle incluido por nuestra empresa en los contratos revisados por el inspector ha cumplido en exceso con las normas legales que regulan la contratación a plazo fijo. Por tal razón, nos encontramos dentro del supuesto de hecho regulado en la norma aplicable, pues nuestros trabajadores fueron contratados con motivo del incremento de actividades que venía afrontando nuestra empresa. Por ende, el Superior Jerárquico deberá prever que siempre nuestra representada CUMPLIÓ con justificar la causa objetiva de su contratación junto con los demás requerimientos impuestos por la ley (celebración por escrito del contrato, presentación ante la Autoridad Administrativa de Trabajo, etc.), y lo más importante, que la misma tiene un correlato con la realidad. ix. La resolución de primera instancia es nula por vulnerar el principio a un debido procedimiento administrativo, relacionado con la motivación de las resoluciones que constituye un principio y un derecho fundamental consagrado en el numeral 5 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú y conforme a lo señalado en los artículos 3 y 6 del TUO de la LPAG. La motivación constituye una garantía constitucional del administrado que busca evitar la arbitrariedad de la Administración al emitir actos administrativos. En ese sentido, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, en el artículo IV del Título Preliminar establece que el debido procedimiento es uno de los principios del procedimiento administrativo. En atención a este, se reconoce que los administrados gozan de todos los derechos y garantías inherentes al debido procedimiento administrativo, que comprende el derecho a exponer sus argumentos, a ofrecer y producir pruebas y a obtener una decisión motivada y fundada en Derecho. x. En el caso concreto, la resolución impugnada materia de apelación incurre en graves errores al afirmar que nuestra empresa no desvirtúa la sanción propuesta, utilizando argumentos carentes de sustento factico y jurídico, así como, sin analizar correctamente los medios probatorios de acuerdo con lo argumentado por nuestra empresa. No obstante, tal como su Despacho podrá advertir de los contratos de trabajo que obran en autos, la causa objetiva de “incremento de actividades” que justificó la celebración de los contratos con la actora se encontró debidamente indicada en los mismos, haciéndose referencia no sólo a la invocación de dicha causa como sustento de la contratación, sino además describiendo detalladamente el sustento fáctico que justificó la celebración de este tipo de contratos de trabajo. xi. De igual forma, cabe precisar que, si se había presentado la información solicitada en el Acta de Infracción, donde se detalló: “el sujeto inspeccionado, en su escrito de descargo respecto a las prórrogas de contrato, sólo aporta datos numéricos de incremento de las ventas, más no los acredita con documentos idóneos de contabilidad directamente relacionados con el centro de trabajo donde ha sido contratada la recurrente. Además, las declaraciones juradas anuales de los años 2018 y 2019, de ninguna forma justifica la causa objetiva de los contratos de la recurrente que fueron suscritos en los años 2020 y 2021.” Por tal motivo, como anexos del escrito de descargos presentados se presentó documentación adicional, por lo que se rechaza la falta de pruebas pues habíamos adjuntados las que nos solicitó la entidad en el Acta de Infracción, por lo que, deberán tener por cierta la información contenida en ellos, en virtud del Principio de Presunción de Veracidad, tipificado en el artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG.

i. Respecto a la documentación analizada, existen serias deficiencias en la causa objetiva de los contratos celebrados con la trabajadora afectada y su relación con el incremento de actividades, ello a razón de que alude de manera genérica al incremento de los servicios a los clientes. Sin embargo, esta ambigüedad contrasta con la cláusula primera del contrato, que detalla actividades específicas. Además, existe una discrepancia sustancial al hacer referencia al incremento del nivel de ventas, una realidad divergente de lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. Dicho artículo, en efecto, establece que la causa objetiva debe referirse al aumento de las actividades, no al crecimiento de ventas. Aunado a esto, no se ha justificado de forma congruente cómo el supuesto aumento en ventas se vincula causalmente con la necesidad de contratar un conserje para la sucursal en Cajamarca, especialmente considerando que el contrato habilita el desplazamiento del trabajador a nivel nacional. Esta omisión trae como consecuencia la desnaturalización del contrato en cuestión y sus prórrogas subsiguientes. En paralelo, el contrato de fecha 23 de julio 2021 (con vigencia desde 23/07/2021 hasta 31/10/2021). Asimismo, tampoco se respalda la causa objetiva de dicho contrato con documentación probatoria de un incremento de actividades de procesamiento de billetes y monedas, que era el supuesto propósito primordial del contrato, en contraposición a mencionar un incremento íntegro de ventas. ii. Así también, debe tenerse en cuenta además que, la inspeccionada respecto de las prórrogas contractuales, presenta únicamente datos numéricos relativos al aumento de ventas, sin el sustento de documentación contable vinculada directamente con la sucursal en la que la recurrente fue contratada (CAJAMARCA). Esta falta de documentación específica impide corroborar de manera efectiva la vinculación entre los incrementos reportados y la actividad laboral real. Adicionalmente, las declaraciones juradas anuales de los años 2018 y 2019 resultan insuficientes para respaldar adecuadamente la causa objetiva de los contratos suscritos en los años 2020 y 2021. Por ello se tiene que la inspeccionada hizo uso de contratos de trabajo sujetos a modalidad por incremento de actividad para evitar la contratación a tiempo indeterminado de la trabajadora afectada ello a razón de las irregularidades constatadas durante las actuaciones inspectivas y el presente procedimiento sancionador, siendo que se concluye que ha empleado estos contratos como una estrategia para evadir la obligación de brindar a la recurrente un vínculo laboral estable. Esta conducta, de acuerdo con el literal "e" del artículo 77 del Decreto Supremo N° 003-97-TR, constituye la desnaturalización del contrato de trabajo y

2 Notificada a la impugnante el 28 de agosto de 2023, ver expediente sancionador. evidencia una infracción de naturaleza insubsanable, debido a que la trabajadora afectada ya no mantiene vínculo laboral con la inspeccionada iii. De la falta de especificidad del lugar de prestación del servicio, se tiene que de los contratos modales suscritos por la trabajadora afectada no se ha establecido de manera exclusiva el establecimiento en el cual prestaría sus servicios. Dicha omisión resulta de suma relevancia para verificar que, efectivamente, se justifica la modalidad contractual alegada. En consecuencia, la prestación de servicios no estaría necesariamente circunscrita al departamento de Cajamarca sino a cualquier sede de la inspeccionada a nivel nacional, lo cual vulnera a todas luces los derechos de la recurrente, siendo que dicho análisis se resalta la necesidad imperante de que los contratos modales estén en estricta concordancia con los principios y propósitos para los cuales fueron concebidos en la normativa legal vigente. La falta de especificidad en cuanto al lugar de la prestación de servicios, conlleva la posibilidad de utilizar esta modalidad en situaciones que no se adecuan a la excepcionalidad que debe caracterizar este tipo de contratación, por lo que debe confirmarse la sanción venida en grado de apelación en todos sus extremos.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 4“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia.” 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…)

17 del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR6, y el artículo 2 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR7 (en adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

Del Recurso De Revisión

El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6“Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 7“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.” segunda instancia a efectos de que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral, estableciéndose en el artículo 55 del RGLIT, modificado por Decreto Supremo N° 016- 2017-TR, que los requisitos de admisibilidad y procedencia se desarrollarían en el Reglamento del Tribunal.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 19 de septiembre de 2023, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 085-2023-SUNAFIL/IRE-CAJ, señalando los siguientes alegatos:

8 Artículo 14 del Reglamento del Tribunal Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por el Decreto Supremo N°004-2017-TR.

i. Existe una contravención de las normas que garantizan el Derecho a un Debido Procedimiento. Así, la motivación de las resoluciones constituye un principio y un derecho fundamental que se encuentra consagrado en el numeral 5 del artículo 139 de la Constitución y en los artículos 3 y 6 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS. ii. La motivación constituye una garantía constitucional del administrado que busca evitar la arbitrariedad de la Administración al emitir actos administrativos. En ese sentido, el artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG establece que el debido procedimiento es uno de los principios del procedimiento administrativo. En atención a este, se reconoce que los administrados gozan de todos los derechos y garantías inherentes al debido procedimiento administrativo, que comprende el derecho a exponer sus argumentos, a ofrecer y producir pruebas y a obtener una decisión motivada y fundada en Derecho. iii. En el caso concreto, la resolución impugnada materia de apelación incurre en graves errores al afirmar que nuestra empresa no desvirtúa la sanción propuesta, utilizando argumentos carentes de sustento factico y jurídico, así como, sin analizar correctamente los medios probatorios de acuerdo con lo argumentado por la empresa. iv. En los contratos de trabajo que obran en autos, la causa objetiva de “incremento de actividades”, que justificó la celebración de los contratos con la actora, se encontró debidamente indicada en los mismos, haciéndose referencia no sólo a la invocación de dicha causa como sustento de la contratación, sino además describiendo detalladamente el sustento fáctico que justificó la celebración de este tipo de contratos de trabajo. v. De igual forma, cabe precisar que, si habíamos presentado la información solicitada en el Acta de Infracción, donde se detalló que el sujeto inspeccionado, en su escrito de descargo respecto a las prórrogas de contrato, sólo aporta datos numéricos de incremento de las ventas, más no los acredita con documentos idóneos de contabilidad directamente relacionados con el centro de trabajo donde ha sido contratada la recurrente. Además, las declaraciones juradas anuales de 9 los años 2018 y 2019, de ninguna forma justifica la causa objetiva de los contratos de la recurrente que fueron suscritos en los años 2020 y 2021. vi. Así, como anexo al escrito de descargo se presentó: - ANEXO 1-D: Copia simple de la Declaración Jurada Anual del Impuesto a la Renta de nuestra empresa por el año 2021, con la finalidad de acreditar el incremento de actividades que sufrió toda nuestra empresa y justifica la contratación de la supuesta afectada. - ANEXO 1-E: Copia simple de los contratos de prestación de servicios de traslado de valores suscritos con Boticas IP y Financiera Confianza, con la finalidad de acreditar el incremento de actividades que sufrió toda nuestra empresa y justifica la contratación de la supuesta afectada. - ANEXO 1-F: Copia simple del informe sobre incremento de ventas elaborado por nuestro Gerente de Gestión Humana. - ANEXO 1-G: Copia simple del informe sobre el decrecimiento de ventas elaborado por nuestro Gerente de Gestión Humana. vii. Por tanto, se rechaza la falta de pruebas pues se adjuntaron las que solicitó la entidad en el Acta de Infracción, por lo que, deberán tener por cierta la información contenida en ellos, en virtud del Principio de Presunción de Veracidad, tipificado en el artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG. viii. La resolución de intendencia vulnera el ejercicio de defensa del administrado, ya que confirma la desnaturalización de los contratos sin desarrollar las razones, ni justificar correctamente la motivación de dicha decisión. De la revisión de dicho numeral 5 de la resolución de Intendencia, podemos advertir que la misma confirma que nuestra empresa ha presentado medios de prueba idóneos en el presente proceso, pues los mismos han servido para confirmar el aumento de ventas en la compañía con la siguiente afirmación: “debe tenerse en cuenta además que, la inspeccionada respecto de las prórrogas contractuales, presenta únicamente datos numéricos relativos al aumento de ventas”. Sin embargo, prosigue con la siguiente contradicción, “Esta falta de documentación específica impide corroborar de manera efectiva la vinculación entre los incrementos reportados y la actividad laboral real.” ix. Sin embargo, la misma resolución confirma que la empresa cumplió con presentar la documentación que ha demostrado el aumento de ventas; sin embargo, incurre en un grave error al sancionar por supuestamente no haber cumplido con las disposiciones vinculadas a la utilización de contratos sujetos a modalidad. El gravísimo error cometido se vincula al hecho que éste erróneamente considera la existencia de fraude en virtud de la revisión de documentos que ellos mismos solicitaron, y ahora mencionan falta de información, la misma que nunca fue solicitada. x. En esa línea, se podrá verificar que se nos pretende multar por documentos que nunca fueron solicitados en la inspección, es decir, nunca se nos requirió presentar la información que ahora dicen que falta, a pesar de que la empresa si ha cumplido con señalar los incrementos que justificaron la contratación de la supuesta afectada. En efecto, los inspectores han declarado una supuesta inobservancia a las disposiciones en materia de contratos temporales, en base a argumentos que en realidad no han sido constatados en absoluto, pues NEGAMOS que se haya declarado información incorrecta respecto de los incrementos sufridos por la empresa y que justificaron la contratación de la trabajadora. xi. Así, se debe tener presente lo señalado de manera expresa en el artículo 57° de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, donde se señala que una nueva actividad puede ser también el incremento de las ya existentes dentro de la empresa. Por tanto, los inspectores incurren en una manifiesta vulneración del principio de Primacía de la Realidad, regulado en el numeral 2 del artículo 2 de la LGIT, al pretender imponer una sanción en base a supuestas conclusiones que ni siquiera han sido debidamente constatadas a lo largo de todas las actuaciones inspectivas realizadas. Así, se corresponden con un requerimiento que nunca fue hecho a la empresa y que, en esta instancia, se ha requerido. xii. En ese sentido, toda vez que la única observación hecha por los inspectores, en virtud de la cual disponen la aplicación de una multa, se refiere a unos documentos que no fueron materia de requerimiento, resultaba fundamental que en el acta de infracción se identifique cuáles son las pruebas de que se habría usado fraudulentamente la modalidad contractual, de tal forma que se pudiera constatar

y contradecir dicho argumento, a efectos de no ver vulnerado nuestro derecho de defensa. xiii. Por ende, ha quedado debidamente acreditado que la empresa no incurrió en ninguna causal de desnaturalización del contrato, por lo que, no es posible que se nos multe por un supuesto incumplimiento de las disposiciones relacionadas con la contratación a plazo determinado, y por lo tanto no justifica la afirmación de una supuesta infracción. xiv. Asimismo, se afirma la supuesta existencia de una infracción laboral con motivo de la supuesta inobservancia de las disposiciones normativas vinculadas a la contratación laboral sujeta a modalidad, en el presente caso afirma la supuesta afectación de la trabajadora cuyos contratos de trabajo se deberían considerar como de duración indeterminada porque considera que se “ha utilizado los contratos de trabajo sujetos a modalidad por incremento de actividad para eludir la contratación a tiempo indeterminado de la recurrente, esto es, que sin que concurran las causas objetivas establecidas en la ley utilizó la contratación modal para evitar la contratación permanente de la recurrente”. xv. El principal argumento de la resolución impugnada consiste en el hecho de que nuestra representada no habría cumplido con indicar y justificar adecuadamente las causas objetivas determinantes para la contratación de la trabajadora bajo la modalidad de “incremento de actividades”, por lo que los contratos suscritos se encontrarían desnaturalizados. Así, la empresa cumplió con celebrar los contratos por escrito y por triplicado, asimismo se consignó en cada uno de ellos los periodos que comprendían su duración. De igual forma se consignó la causa objetiva que le dio origen al contrato, el mismo que se encuentra estipulado en la primera y segunda cláusula de estos y que ha sido resumida en la propia Acta de Infracción. xvi. Al haberse incrementado las actividades ya existentes en la empresa, con motivo del requerimiento de sus clientes, se generó además una mayor necesidad de personal en el área en la cual laboró la demandante, en atención a este incremento de actividades debidamente indicado y justificado en los contratos de trabajo a plazo fijo suscritos. Claro está, la Intendencia ha emitido una Resolución sin motivación interna ni externa. xvii. Como puede verse, entonces, se ha vulnerado indubitablemente nuestro derecho fundamental de motivación de resoluciones, quedando en evidencia que no existe un análisis lógico-jurídico que lleve al Intendente a la imposición de la multa que hemos desvirtuado a través del presente escrito, por lo que la Resolución de Intendencia debe ser declarada NULA.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre la afectación a la motivación

9 “Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas (…)” (énfasis añadido). 10 Cfr. numeral 2 del artículo 248 del TUO de la LPAG.

Sobre la desnaturalización de los contratos modales sujetos a fiscalización

“En toda prestación personal de servicios remunerados y subordinados, se presume la existencia de un contrato de trabajo a plazo indeterminado. El contrato individual de trabajo puede celebrarse libremente por tiempo indeterminado o sujeto a modalidad. El primero podrá celebrarse en forma verbal o escrita y el segundo en los casos y con los requisitos que la presente Ley establece. También puede celebrarse por escrito contratos en régimen de tiempo parcial sin limitación alguna” (Énfasis añadido).

“Los contratos de trabajo a que se refiere este Título necesariamente deberán constar por escrito y por triplicado, debiendo consignarse en forma expresa su duración, y las causas objetivas determinantes de la contratación, así como las demás condiciones de la relación laboral” (énfasis añadido).

“(…) La Autoridad Administrativa de Trabajo puede ordenar la verificación posterior de la veracidad de los datos consignados en la copia a que se refiere el párrafo precedente, a efectos de lo dispuesto en el inciso d) del Artículo 77, sin perjuicio de la multa que se puede imponer al empleador por el incumplimiento incurrido” (énfasis añadido).

11 TUO de la LPAG: Artículo 6: Motivación del acto administrativo (…) “6.3 No constituye causal de nulidad el hecho de que el superior jerárquico de la autoridad que emitió el acto que se impugna tenga una apreciación distinta respecto de la valoración de los medios probatorios o de la aplicación o interpretación del derecho contenida en dicho acto. Dicha apreciación distinta debe conducir a estimar parcial o totalmente el recurso presentado contra el acto impugnado” (énfasis agregado). 6.10. Por su parte, el literal d) del artículo 77 del TUO de la LPCL, precisa que:

“Los contratos de trabajo sujetos a modalidad se considerarán como de duración indeterminada: a) Si el trabajador continúa laborando después de la fecha de vencimiento del plazo estipulado, o después de las prórrogas pactadas, si estas exceden del límite máximo permitido; b) Cuando se trata de un contrato para obra determinada o de servicio específico, si el trabajador continúa prestando servicios efectivos, luego de concluida la obra materia de contrato, sin haberse operado renovación; c) Si el titular del puesto sustituido, no se reincorpora vencido el término legal o convencional y el trabajador contratado continuare laborando; d) Cuando el trabajador demuestre la existencia de simulación o fraude a las normas establecidas en la presente ley” (énfasis añadido).

6.13.De este modo, los contratos sujetos a modalidad son figuras contractuales atípicas cuya validez requiere la existencia de una causa objetiva concreta, verificable y directamente vinculada con las funciones asignadas al trabajador. Además, deben respetarse los plazos máximos legales y demás requisitos exigibles, siendo que su uso indebido puede configurar simulación o fraude, desnaturalizando así el vínculo temporal.

“Artículo 57.- El contrato temporal por inicio de una nueva actividad es aquel celebrado entre un empleador y un trabajador originados por el inicio de una nueva actividad empresarial. Su duración máxima es de tres años.

Se entiende como nueva actividad, tanto el inicio de la actividad productiva, como la posterior instalación o apertura de nuevos establecimientos o mercados, así como el inicio de nuevas actividades o el incremento de las ya existentes dentro de la misma empresa” (énfasis añadido).

“En primer lugar, la existencia de una efectiva ampliación de las actividades a las que se dedica la empresa, con exclusión de los supuestos de mera introducción de cambios en los procesos o líneas de producción ya existentes. En segundo lugar, dicha ampliación deberá suponer la introducción de un elemento innovador, dotado de un nivel no habitual de riesgo o incertidumbre en cuanto a su aceptación en el mercado, sin que sea suficiente, en consecuencia, el inicio o la continuación de una actividad ya experimentada cuya rentabilidad ha podido ser comprobada previamente o no es dudosa. Finalmente, dado que lo requerido es la contratación de nuevo personal, es evidente que la empresa que va a desarrollar la actividad habrá de ser una de nueva creación o una ya existente, pero que con su personal habitual no está en condiciones de llevarla a cabo”.

“6.29 Debe tenerse en cuenta que, considerando el tenor de las normas antes citadas, en el régimen laboral peruano resulta factible la celebración amplia de contratos modales de diferente naturaleza, siendo necesario que en cada supuesto se encuentre plenamente determinada la causa objetiva, que justifique su celebración. Sin embargo, si el inicio de la relación laboral se realizó al amparo de un contrato modal en el que no se haya especificado —o no se ha explicado suficiente ni adecuadamente la causa objetiva que justifique dicha contratación— aquella tendrá naturaleza indeterminada, por lo que, los contratos modales celebrados con posterioridad y de manera continua (renovaciones, prórrogas, adendas o similares), que sí especifique una causa objetiva, no podrán cambiar la naturaleza indeterminada de la relación laboral ya existente.

12 Sanguinetti, W. (2008). Los contratos de trabajo de duración determinada. Gaceta Jurídica. explicarse adecuada y suficientemente, por qué la causa señalada motiva una contratación sujeta a modalidad determinada” (énfasis añadido).

“8.1.3 El Inspector comisionado, entre otros, podrá solicitar los siguientes documentos: a) Contrato de trabajo escrito. b) Documentos que acrediten la causa objetiva prevista en el contrato de trabajo. c) Relación del personal de la empresa detallando las áreas y puestos de trabajo. d) Organigrama de la empresa o cualquier documento que permite identificar la estructura organizacional de la empresa.” (énfasis añadido)

13 Publicada en el cuadernillo de Normas del Diario Oficial El Peruano de fecha 09 de junio de 2016.

“[1] Constancia de alta y baja del T- Registro. [2] Boletas de pago de remuneraciones de todo el periodo laborado. [3] Liquidación de beneficios sociales y acreditar el pago. [4] Contratos de trabajo de todo el periodo laborado. [5] Documentos que acreditan representación (carta poder, vigencia de poder, DNI). [6] Hoja de liquidación de participación de utilidades periodo 2020 y 2021 y acreditación de pago. [7] Informe firmado por el responsable del área que corresponda, adjuntando documentos idóneos con el que se pruebe la causa objetiva de los contratos sujeto a modalidad celebrado con la recurrente”. (énfasis añadido).

“[1] Informe firmado por el responsable del área que corresponda, adjuntando todos los documentos idóneos con el que se pruebe la causa objetiva de los contratos sujeto a modalidad celebrado con la recurrente. Esto es que lo que ha descrito en la causa objetiva debe ser probado documentalmente, procesando los datos de dichas documentales hasta llegar al incremento del porcentaje de venta que indica en cada causa objetiva. (…)” (énfasis añadido)

Figura N° 01 Causa objetiva conforme a los contratos - Periodo 11 de febrero de 2020 al 31 de enero de 2021

Figura N° 02 Causa objetiva conforme a los contratos periodo 23 de julio de 2021 al 31 de mayo de 2022

“4.12 Como se aprecia en el texto del contrato, la causa objetiva consignada hace referencia de manera genérica a un incremento de todos los servicios que presta a sus clientes; sin embargo, no especifica en qué medida se han

incrementado esas actividades (las señaladas en la cláusula primera del contrato), sino, por el contrario, hace referencia al incremento del nivel de ventas; situaciones totalmente distintas. El artículo 57 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral señala se refiere expresamente a un incremento de las actividades y no al incremento del nivel de ventas. Al margen de ello, tampoco justifica cómo es que el alegado incremento de ventas se relaciona causalmente con la necesidad de contratar un conserje, precisamente para la sucursal de Cajamarca, pero al mismo tiempo se especifica en el contrato que el trabajador podrá ser destacado a cualquier lugar de la república.

“4.15 Con respecto a la causa objetiva descrita en el párrafo anterior, nos remitimos a lo señalado en el hecho constatado 4.12 del presente documento, dado que ambos contratos tienen similar configuración. Por otro lado, el sujeto inspeccionado no presenta ningún documento que acredite la causa objetiva consignada en el contrato; es decir, no acredita documentalmente el incremento de las actividades de procesamiento de billetes y monedas para las cuales fue contratada la recurrente, sino que, de manera general hace alusión a un incremento de ventas, no obstante que cuenta con diversas actividades. Por lo tanto, este contrato, y sus respectivas prórrogas, se encuentra desnaturalizado.

“9.1.1.4. En caso de inicio de nuevas actividades o incremento de las actividades ya existentes, el Inspector comisionado, además de los documentos antes señalados, podrá solicitar la siguiente documentación:

a) Licencia de funcionamiento municipal y/o autorización de la autoridad competente respecto de la nueva actividad que desarrolla. b) Registro de compras y ventas. c) Guías de remisión. d) Facturas y/o comprobantes de pago”.

“6.19. En tal sentido, con el objeto de contradecir el principio de licitud, que protege la actuación de los administrados, y acreditar fehacientemente los hechos, a la ocurrencia de alguna infracción a la normativa sociolaboral, la Administración debe determinar el cumplimiento del principio de verdad material.19 Así, conforme esta directriz, la autoridad administrativa competente debe verificar suficientemente los hechos que sirven de motivo para sus respectivas decisiones, esto es, la determinación de multas u obligaciones al sujeto inspeccionado; para lo cual, la autoridad fiscalizadora y sancionadora deben evaluar ampliamente la prueba directa e indirecta actuada en el expediente, así como extender todas las medidas razonables para satisfacer la carga probatoria que recae sobre la Administración, junto con la exigible participación necesaria del deber de colaboración de los sujetos inspeccionados, conforme a Ley.

14 TUO de la LPAG Artículo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales: (…) 9. Presunción de licitud. - Las entidades deben presumir que los administrados han actuado apegados a sus deberes mientras no cuenten con evidencia en contrario.

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR;

SE RESUELVE:

PRIMERO. - Declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de revisión interpuesto por HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A., en contra de la Resolución de Intendencia N° 085-2023- SUNAFIL/IRE-CAJ, de fecha 24 de agosto de 2023, emitida por la Intendencia Regional de Cajamarca dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 109-2023-SUNAFIL/IRE-CAJ, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. - DEJAR SIN EFECTO la sanción impuesta mediante la Resolución de Sub Intendencia N° 178-2023-SUNAFIL/IRE-CAJ/SISA, de fecha 19 de junio de 2023, confirmada a través de la Resolución de Intendencia N° 085-2023-SUNAFIL/IRE-CAJ, en todos sus extremos.

TERCERO. - Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa en las materias de su competencia.

CUARTO. - Notificar la presente resolución a HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A., y a la Intendencia Regional de Cajamarca, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

20251001RZR - HR 181387-2023