Guvi Servis E.I.R.L — Res. 1118-2023

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Planes y programas de seguridad y salud en el trabajo (Sub materia: Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo); y, Equipos de protección personal (Sub materia: Incluye todas). 20555195444 soft DE LAMA LAURA Manuel Gonzalo FAU 20555195444 soft 20555195444 soft

- Una (01) infracción GRAVE en materia de seguridad y salud en el trabajo, por no acreditar el registro de los trabajadores: Adelmo Calua Cueva y Fernando Mendoza Mendoza en la nómina de trabajadores según el riesgo de exposición al SRASCoV-2 (muy alto, alto, mediano o bajo), así como el registro de la modificación del plan en el sistema integrado de información para COVID-19 (SICOVID-empresas) o por correo remitido a empresa@minsa.gob.pe, tipificada en el numeral 27.7 del artículo 27 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 2,070.00.

- Una (01) infracción GRAVE en materia de seguridad y salud en el trabajo, por no acreditar haber entregado EPP contra la COVID-19, a favor de algunos trabajadores comprendidos en la investigación, en el mes de enero de 2022 (periodo de investigación), tipificada en el numeral 27.9 del artículo 27 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 2,070.00

- Una (01) infracción GRAVE a la labor inspectiva, por no remitir la información solicitada mediante requerimiento de información de fecha 14 de febrero de 2022, tipificada en el numeral 45.2 del artículo 45 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 5,796.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir con la adopción de todos los extremos de la medida de requerimiento notificado el 21 de marzo de 2022, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 3,542.00.

i. Consideran excesiva la multa que se propone, toda vez que, en principio, la naturaleza jurídica de la medida inspectiva de requerimiento es la de ser una medida correctiva que tiene como finalidad el poder revertir los efectos de la ilegalidad de la conducta cometida por el inspeccionado de manera previa al inicio del procedimiento sancionador.

ii. Que, se debe dejar sin efecto la multa interpuesta en atención al principio de razonabilidad y principio de culpabilidad.

iii. Aclaran que, se ha acreditado la subsanación de las infracciones que se les atribuyen, puesto que los trabajadores Adelmo Calua Cueva y Fernando Mendoza Mendoza, han sido agregados en la nómina de trabajadores según el riesgo de exposición, con la aprobación de modificación del Plan, el cual consta en el Acta de fecha 28 de marzo de 2022.

iv. Alegan que esto se debería tomar en cuenta, ya que se han subsanado las infracciones y no se ha motivado correctamente, respecto del por qué no se han considerado tales acciones a la hora de arribar al cálculo de la multa interpuesta.

v. Refieren que, con fecha 20 de abril de 2022 se envió el registro de la modificación del plan en el sistema integrado de información para Covid-19 (SICOVID-Empresas), habiendo subsanado las omisiones al momento de la modificación, el cual fue remitido al correo del MINSA.

vi. Respecto de los equipos de protección personal, se debe mencionar que los trabajadores sí recibieron oportunamente los equipos de protección contra la Covid- 19, en el mes de enero de 2022, lo cual se acredita con el Anexo 1-D, consistente en la declaración jurada de los trabajadores supuestamente afectados, donde declaran haber recibido los EPPs; sin embargo, estos no firmaron el cargo de recepción, comprobándose que no se puso en riesgo o se afectó la seguridad y salud de estos, por lo que, la infracción nunca se cometió; no obstante, por temas de descoordinación interna y emergencia sanitaria, no se pudo acreditar oportunamente.

vii. Finalmente, manifiestan que, se ha recibido a nivel de casilla electrónica la notificación, la cual únicamente es prueba de una recepción de la notificación a nivel electrónico, sin embargo, no recibieron las alertas a través del correo electrónico y/o al sistema de mensajería, tal como lo dispone el artículo 6 del Decreto Supremo N° 003-2020-TR. Asimismo, al no tenerse una válida notificación, se debe concluir que no se ha configurado la infracción imputada.

2 Notificada a la impugnante el 31 de agosto de 2022.

i. Respecto a la inclusión de los trabajadores afectados en la nómina de trabajadores según el riesgo de exposición al SARS COV-2, con la aprobación de modificación del Plan de fecha 28 de marzo de 2022; de la revisión del expediente inspectivo y sancionador, no se verifica que haya cumplido con dicha subsanación, aunado a ello, de la lectura del acta señalada, en ningún punto se verifica lo afirmado por la misma.

ii. De la entrega de Equipos de Protección Personal (EPPs), es preciso señalar el artículo 60 de la LSST. Asimismo, es obligación del empleador realizar la entrega de los equipos de protección personal, en ese sentido, era la inspeccionada quien debía acreditar que efectivamente realizó la entrega a sus trabajadores, lo cual no ocurrió, pues, de la revisión del expediente inspectivo no se ha podido verificar que la inspeccionada haya acreditado la entrega de equipos de protección personal a los trabajadores afectados en el periodo fiscalizado (enero-2022), más aún al haber presentado Declaraciones Juradas con fecha posterior (abril 2022).

iii. Lo señalado se determina como un hecho insubsanable, pues no puede ser revertido de forma posterior, lo cual fue consignado por el personal inspectivo en el Anexo de Hechos Insubsanables de fecha 25 de marzo de 2022.

iv. Del requerimiento de información de fecha 14 de febrero de 2022, debe hacerse de conocimiento a la inspeccionada que, mediante Decreto Supremo N° 003-2020-TR, se aprobó el uso obligatorio de la notificación vía casilla electrónica.

v. Por lo que, se concluye que la infracción a la labor inspectiva por no remitir la información respecto del requerimiento de fecha 14 de febrero de 2022, dentro del plazo señalado por el inspector comisionado, ha sido debidamente determinado y se ajusta al tenor del tipo legal por el cual se sancionó a la inspeccionada, con expresión de la normativa vulnerada en atención al principio de tipicidad y legalidad.

vi. Asimismo, se ha podido verificar que la inspeccionada habría cumplido con registrar el dato de contacto de su personal a fin de que se le envíe las alertas respecto a la notificación en la casilla electrónica. Tal es así, se pueda apreciar que dicho registro data del 21 de enero de 2022, por lo que, carece de veracidad que no haya recibido las alertas electrónicas.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 4“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia.” 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6“Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL. Artículo 17. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia.” 7“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno.

del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

III. DEL RECURSO DE REVISIÓN 3.1 El artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG), establece que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de éstos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe de otorgarle esta facultad al administrado mediante una ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días, respectivamente.

Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.” 8 Decreto Supremo N° 016-2017-TR, artículo 14.

derecho, de conformidad con el principio de legalidad, que debe de caracterizar al comportamiento de las autoridades administrativas.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE GUVI SERVIS E.I.R.L.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 12 de setiembre de 2022, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 139-2022-SUNAFIL/IRE-CAJ, señalando los siguientes alegatos:

i. Respecto a la emisión de la medida de requerimiento, que da origen a la falta muy grave, refieren que, sobre el extremo de no acreditar el registro de los trabajadores Adelmo Calua Cueva y Fernando Mendoza Mendoza en la nómina de trabajadores según el riesgo de exposición al SRAS-CoV-1 (muy alto, alto, mediando o bajo); el Tribunal de Fiscalización Laboral en la Resolución N° 145-2021-SUNAFIL/TFL- Primera Sala, aclaró que, si en el proceso de inspección laboral observa una falta calificada como insubsanable no podrá emitir medida de requerimiento, lo que se encuentra en concordancia con la Directiva N° 001-2016-SUNAFIL.

ii. En tal sentido, señalan que no se debió emitir la medida inspectiva de requerimiento siendo que el incumplimiento en materia de seguridad y salud en el trabajo era una infracción de carácter insubsanable, y de lo señalado en el numeral 6.14 de la citada resolución, si el inspector ya tenía certeza de la no realización de los monitoreos era imposible solicitar su presentación.

iii. Alegan que, lo mismo sucede con acreditar el registro de modificación del plan en el sistema integrado de información para Covid-19. Al respecto, precisan que, sin

perjuicio de lo señalado, cumplieron con enviar el plan y ello no ha sido valorado a fin de reducir o revalorar el monto respecto de este punto.

iv. Respecto del alegado no cumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento, refieren que, el Tribunal en el fundamento 6.24 de la Resolución N° 145-2021- SUNAFIL/TFL-Primera Sala, señala que, se debe tener en cuenta que el requerimiento tiene un carácter unitario, por lo que, el administrado no puede elegir cumplir solo alguna o algunas de las órdenes impartida, sino la totalidad de las mismas. Por tanto, el administrado tiene derecho a resistirse a un requerimiento cuando viole el artículo 14 de la LGIT.

v. Manifiestan que, si bien la entidad advirtió la existencia de una infracción en cuanto a prevención de riesgos laborales, solo debió requerir que se lleven a cabo las modificaciones necesarias en las instalaciones en el montaje o en los métodos de trabajo para garantizar el derecho a la seguridad y salud de los trabajadores, lo cual no realizó la entidad y con lo que sí cumplieron.

vi. No obstante, refieren que se vulneró el principio de legalidad, al solicitar la subsanación sobre estas presuntas conductas infractoras a la seguridad y salud en el trabajo, pues la norma es clara al señalar que la entidad únicamente podía requerir que se lleven a cabo las modificaciones necesarias ya señaladas.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre las infracciones graves

"Artículo 49.- Recursos administrativos Los recursos administrativos del procedimiento administrativo sancionador son aquellos previstos en el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004- 2019-JUS. El Recurso de revisión es de carácter excepcional y se interpone ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral. El Reglamento determina las demás condiciones para el ejercicio de los recursos administrativos”.

admisibilidad en el Reglamento del Tribunal, tal y como se señaló en el punto 3.4 de la presente resolución.

“…la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019- 2006-TR, y sus normas modificatorias” (énfasis añadido).

Sobre la infracción a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT

“6.8 Así, los expedientes sancionadores que se tramitan en el Sistema de Inspección del Trabajo no son, sin embargo, unos que permitan distinguir imputaciones que solamente contengan casos “muy graves”, “graves” o bien “leves”, siendo habitual que en los casos sometidos a este Tribunal se encuentren imputaciones que contemplen infracciones calificadas normativamente como “muy graves” y alguna o algunas más de distinto grado. Ante este tipo de plataformas impugnatorias, el Tribunal de Fiscalización Laboral se encuentra obligado a distinguir lo que es materia de su estricta competencia de aquello que no lo es, conforme con la normativa glosada. 6.9 En ciertos casos —como el que es objeto de la presente resolución—el recurso de revisión propone el análisis de infracciones a la labor inspectiva consistentes en el incumplimiento de la medida de requerimiento contenidas en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT, pero las materias objeto de la medida de requerimiento son calificadas por la normativa como faltas “graves” o “leves”, lo que deposita a tales causas fuera de la competencia material de este Tribunal. 6.10 De esta forma, la evaluación de los recursos de revisión interpuestos contra sanciones administrativas por inejecución de medidas de requerimiento deberá circunscribirse a un análisis estrictamente referido a la proporcionalidad, razonabilidad y legalidad de tales medidas, sin invadir una competencia administrativa vedada, como son las infracciones calificadas como graves y leves, que en expedientes como el presente, han adquirido firmeza con la expedición (y notificación) de la resolución de segunda instancia” (énfasis añadido).

Figura N° 01: Numeral 7.14.5 de la Directiva N° 001-2020-SUNAFIL

9 Aprobada por Resolución de Superintendencia N° 031-2020-SUNAFIL, del 03 de febrero de 2020.

Figura N° 02:

Advirtiéndose que el incumplimiento de dicha medida constituiría infracción a la labor inspectiva, sancionable con una multa. Sin embargo, conforme consta en los hechos constatados en el Acta de Infracción, la impugnante no cumplió íntegramente con lo dispuesto en la medida de requerimiento.

incumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento, la cual constituye una infracción a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT.

trabajo de carácter subsanable, en mérito a la emisión de la medida inspectiva de requerimiento, y en relación a lo constatado por el personal inspectivo, que fue consolidado en el Acta de Infracción. De lo expuesto, se desprende que no corresponde la aplicación de lo resuelto en dicho proceso que motivó la emisión de la resolución invocada por la impugnante, toda vez que no coincide con lo discutido en el presente caso. Por ende, todos los argumentos dirigidos en este extremo deben ser desestimados.

Sobre la solicitud de informe oral

“Décimo Sexto.- De igual manera este Tribunal en constante jurisprudencia ha precisado que el derecho a no quedar en estado de indefensión se conculca cuando a los titulares de los derechos e intereses legítimos se les impide ejercer los medios legales suficientes para su defensa; pero no cualquier imposibilidad de ejercer estos medios produce un estado de indefensión que atenta contra el contenido constitucionalmente protegido del derecho, sino que es constitucionalmente relevante cuando se genera una indebida y arbitraria actuación del órgano que investiga o juzga al individuo. Este hecho se produce cuando al justiciable se le impide, de modo injustificado argumentar a favor de sus derechos e intereses legítimos (Exp. N.º 0582-2006-PA/TC; Exp. N.º 5175- 2007-HC/TC, entre otros)".

“Décimo Octavo.- Sobre el particular es importante precisar que el recurrente cuestiona el hecho de que se le haya privado o impedido ejercer su derecho de defensa por medio del informe oral; sin embargo, ello no constituye una vulneración de este derecho constitucional toda vez que no significó un

10 Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS “Artículo IV.-Principios del procedimiento administrativo 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 1.2. Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten.

impedimento para el ejercicio del derecho de defensa del recurrente, ya que este Colegiado en reiterada jurisprudencia se ha pronunciado a este respecto manifestando que en los supuestos en que el trámite de los recursos sea eminentemente escrito, no resulta vulneratorios del derecho de defensa la imposibilidad del informe oral; dado que el accionante ha podido presentar sus alegatos por escrito a fin de sustentar su impugnación. En consecuencia, no se ha producido vulneración alguna del derecho constitucional de defensa del recurrente".

“No resulta vulneratorio del derecho de defensa, la imposibilidad de realizar el informe oral, siempre que el interesado haya tenido la oportunidad de ejercer el derecho de defensa por escrito a través de un informe”.

“28. Por tanto, si bien los administrados pueden solicitar una audiencia ante las Salas del Tribunal de Fiscalización Laboral, dicho elemento no es indispensable ni necesario para la ejecución de las competencias que el ordenamiento jurídico le ha asignado a la instancia de revisión. 29. Así, tomando en cuenta casos anteriores tales como los analizados en las Resoluciones N° 002-2021, 019-2021, 126-2021, 210-2021 y 401-2021- SUNAFIL/TFL-Primera Sala, este Tribunal puede prescindir del informe oral, sin que ello constituya una vulneración de los derechos de los administrados, debido a que éstos han podido presentar sus argumentos por escrito, así como todo documento u otro instrumento de prueba, que les haya permitido fundamentar sus actos y/o pronunciamientos”.

6.27Por consiguiente, esta Sala considera que cuenta con elementos suficientes para resolver el caso, pudiendo prescindir del informe oral, sin que ello constituya una vulneración de los derechos de los administrados, debido a que éstos han podido presentar sus argumentos por escrito, así como todo documento u otro instrumento de prueba, que les haya permitido fundamentar sus actos y/o pronunciamientos.

Información Adicional

N° Materia Conducta Infractora Tipificación legal y calificación Seguridad y Salud en el Trabajo No acreditar el registro de los trabajadores: Adelmo Calua Cueva y Fernando Mendoza Mendoza en la nómina de trabajadores según el riesgo de exposición al SRASCOV-2 (muy alto, alto, mediano o bajo), así como el registro de la modificación del plan en el sistema integrado de información para COVID-19 (SICOVID-empresas) o por correo remitido a empresa@minsa.gob.pe. Numeral 27.7 del artículo 27 del RLGIT

GRAVE Seguridad y Salud en el Trabajo No acreditar haber entregado EPP contra la COVID-19, a favor de algunos trabajadores comprendidos en la investigación, en el mes de enero de 2022 (periodo de investigación). Numeral 27.9 del artículo 27 del RLGIT

GRAVE Labor Inspectiva No remitir la información solicitada mediante requerimiento de información de fecha 14 de febrero de 2022. Numeral 45.2 del artículo 45 del RLGIT

GRAVE Labor Inspectiva No cumplir con la adopción de todos los extremos de la medida de requerimiento notificado el 21 de marzo de 2022. Numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT

MUY GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral- SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley de Procedimiento Administrativo General aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR.

SE RESUELVE:

PRIMERO. – Declarar, INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por GUVI SERVIS E.I.R.L., en contra la Resolución de Intendencia N° 139-2022-SUNAFIL/IRE-CAJ, de fecha 25 de agosto de 2022, emitida por la Intendencia Regional de Cajamarca, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 130-2022-PS/SUNAFIL/IRE- CAJ/SIRE, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. – CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 139-2022-SUNAFIL/IRE-CAJ, en el extremo referido a la infracción muy grave a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT.

TERCERO. - Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa.

CUARTO. - Notificar la presente resolución a GUVI SERVIS E.I.R.L., y a la Intendencia Regional de Cajamarca, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

MANUEL GONZALO DE LAMA LAURA

20231122MCR