Grupo Santa Elena S.A — Res. 941-2024

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Registro de control de asistencia (Sub materia: Incluye todas); Remuneraciones (Sub materia: Pago integro y oportuno de la remuneración convencional (Sueldos y salarios); Gratificaciones; y, Pago de bonificaciones); y, Jornada, horario de trabajo y descansos remunerados (Sub materia: Horas extras; Vacaciones, Trabajo nocturno; Descanso semanal obligatorio; y, Descanso en días feriados no laborales) 2 Véase folios 539 (reverso) y 540 del expediente inspectivo. soft DE LAMA LAURA Manuel Gonzalo FAU 20555195444 soft

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir la medida de requerimiento de fecha 16 de mayo de 2018, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT.

i. Refieren que han cumplido con todos los requerimientos realizados por el inspector de trabajo, por lo que, resulta contradictorio que después de 4 años de efectuado el requerimiento se multe alegando un supuesto incumplimiento.

ii. Reiteran que han cumplido con demostrar el cumplimiento de sus obligaciones sociolaborales, adjuntando las hojas de liquidación de compensación por tiempo de servicios, debidamente firmadas por la extrabajadora, relacionadas con los periodos requeridos, así como las cartas remitidas a la empresa Financiera CrediScotia, con la orden de depositar a la señora María del Pilar Montoya Hurtado, en su cuenta de CTS N° 15180014125; por lo que, se puede desprender que se ha acreditado en forma fehaciente el cumplimiento de su obligación.

iii. Reconocen que, lo único que no han podido presentar son los comprobantes de pago emitidos por la financiera, ya que dichos comprobantes son impresos en un papel muy delicado al tacto y en una tinta de muy mala calidad, que con el paso del tiempo se va borrando, por lo que, como han hecho de conocimiento, han presentado una solicitud formal con fecha 05 de abril de 2018 a la Financiera CrediScotia, la cual no ha sido atendida, a pesar de constantes requerimientos y exigencias, pero el inspector no ha ayudado a secundar dicho requerimiento, simplemente se limita a sancionar, pretendiendo que se pague una multa por un pago que sí se efectuó.

iv. Alegan que con fecha 11 de marzo de 2022 la agencia Financiera CrediScotia, ha respondido mediante correo remitiendo las constancias de depósitos efectuados por Avinka S.A., en mayo 2014, mayo y noviembre 2015 y mayo 2016, con lo cual se demuestra que han cumplido con todas las obligaciones respecto a la señora María del Pilar Montoya Hurtado.

v. Señalan que se encontraban imposibilitados de emitir las constancias de depósito, pues estos se han destruido con el tiempo, de esta manera, refieren que no puede imputársele una falta de cumplimiento del requerimiento, ya que como se ha señalado estaban imposibilitados de remitir los documentos solicitados.

i. Que, para determinar la prescripción de la infracción en materia de labor inspectiva, el cómputo del plazo debe efectuarse a partir de la fecha en que la infracción se hubiera cometido y el plazo de prescripción se hubiese iniciado; es decir, para el presente caso, la infracción derivada del incumplimiento de la medida de requerimiento se configuró el 22 de mayo de 2018, fecha de termino dictada por los inspectores, que coincide con la fecha de elaboración del Acta de Infracción.

ii. Así las cosas, desde el 22 de mayo de 2018, hasta la notificación de la resolución de sanción, el 21 de febrero de 2022, incluyendo los plazos de suspensión previstos en la Resolución de Superintendencia N° 074-2020-SUNAFIL, que suspendía los plazos desde el 23 de marzo de 2020 al 06 de mayo de 2020, prorrogándose hasta el 26 de junio de 2020, conforme a la Resolución de Superintendencia N° 087-2020-SUNAFIL, se tiene que el procedimiento administrativo sancionador se ha desarrollado en un plazo de tres (03) años, cinco (05) meses y veintiséis (26) días; es decir, dentro del plazo de prescripción.

iii. De lo descrito en el acta de infracción y los medios probatorios obrantes el autos se evidencia efectivamente que, a la fecha de la verificación de la medida inspectiva de requerimiento, 22 de mayo de 2018, la inspeccionada no ha cumplido con acreditar el pago de la CTS de los semestres mayo 2014, mayo 2015, noviembre 2015 y mayo 2016, ya que no adjunta las constancias de pago, transferencia o planilla de pago que acredite el pago a la trabajadora afectada, puesto que las cartas remitidas a la empresa Financiera CrediScotia, con la orden de depositar a la señora María del Pilar Montoya Hurtado, en su cuenta de CTS N° 15180014125, no acreditan el depósito de la CTS, por los periodos requeridos.

iv. Por otro lado, se advierte que la inspeccionada anexa copia del correo de fecha 11 de marzo de 2022 de la agencia Financiera CrediScotia, mediante el cual ha respondido remitiendo las constancias de los depósitos efectuados por Avinka S.A., en mayo 2014, mayo y noviembre 2015 y mayo 2016. Al respecto, es de tenerse en cuenta que, conforme lo analizado en los considerandos precedentes, la

3 Notificada a la impugnante el 11 de abril de 2022, véase folio 205 del expediente sancionador.

inspeccionada no acreditó el cumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento dentro del plazo otorgado por el personal comisionado, quedando acreditado el incumplimiento de la inspeccionada en lo que respecta a la medida de requerimiento, dado que, el hecho que haya llegado a presentar la información solicitada en una fecha posterior a la requerida por el personal inspectivo, no enerva el incumplimiento instantáneo de la medida inspectiva de requerimiento.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

4 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 5“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia.” 6 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 7“Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL. Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.

Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR8 (en adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

Del Recurso De Revisión

8“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias”9.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE GRUPO SANTA ELENA S.A.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 02 de mayo de 2022, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 586-2022-SUNAFIL/ILM, señalando los siguientes alegatos:

i. Refieren que se debe tener en cuenta que con fecha 17 de marzo de 2022 presentaron un escrito de ampliación del recurso de revisión, en el cual se adjuntaron las constancias de depósito de CTS, efectuadas por Avinka S.A., en mayo 2014, mayo y noviembre 2015 y mayo 2016, con lo cual cumplieron con demostrar que sí se habían cumplido con los depósitos de CTS, a favor de la señora María del Pilar Montoya, pero la autoridad administrativa sin una debida motivación emitió la Resolución de Intendencia N° 586- 2022-SUNAFIL/ILM, la cual declara infundado el recurso de apelación, y confirma la Resolución de Sub Intendencia N° 232-2022-SUNAFIL/ILM/SIRE4.

9 Artículo 14 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2017-TR.

ii. Alegan que han cumplido con todos los requerimientos realizados por el inspector de trabajo, por lo que, resulta contradictorio que después de 4 años de efectuado el requerimiento se multe alegando un supuesto incumplimiento.

iii. Reiteran que han cumplido con demostrar el cumplimiento de sus obligaciones sociolaborales, adjuntando las hojas de liquidación de compensación por tiempo de servicios, debidamente firmadas por la extrabajadora, relacionadas con los periodos requeridos, así como las cartas remitidas a la empresa Financiera CrediScotia, con la orden de depositar a la señora María del Pilar Montoya Hurtado, en su cuenta de CTS N° 15180014125; por lo que, se puede desprender que se ha acreditado en forma fehaciente el cumplimiento de su obligación.

iv. Precisan que, en todo procedimiento administrativo rige el principio de licitud; por lo que, durante el procedimiento administrativo se debió presumir que han actuado apegados a sus deberes mientras no cuenten con evidencia en contrario.

v. Reconocen que, lo único que no han podido presentar son los comprobantes de pago emitidos por la Financiera, ya que dichos comprobantes son impresos en un papel muy delicado al tacto y en una tinta de muy mala calidad, que con el paso del tiempo se va borrando; pero a pesar de ello, presentaron una solicitud formal con fecha 05 de abril de 2018 a la Financiera CrediScotia. Sin embargo, la autoridad administrativa sin mayor sustento y/o argumento consideró que los medios probatorios aportados eran insuficientes para acreditar el cumplimiento del depósito de la CTS de los periodos mayo 2014, mayo y noviembre 2015 y mayo 2016.

vi. Alegan que con fecha 11 de marzo de 2022 la agencia Financiera CrediScotia, ha respondido mediante correo electrónico, remitiendo las constancias de depósitos efectuados por Avinka S.A., en mayo 2014, mayo y noviembre 2015 y mayo 2016, con lo cual se demuestra que han cumplido con todas las obligaciones laborales respecto a la señora María del Pilar Montoya. Por tanto, manifiestan que, es desproporcionado e irrazonable considerar como insuficientes los medios probatorios aportados, sin explicar los motivos por los cuales la autoridad administrativa llega a dicha conclusión, vulnerándose el principio de razonabilidad, así como el derecho al debido proceso.

vii. Anotan que, la valoración de las pruebas que acreditan el cumplimiento de sus obligaciones laborales frente a la señora María del Pilar Montoya, no han sido consideradas de forma conjunta como corresponde. Señalan que el inspector de trabajo, al igual que la Sub Intendencia e Intendencia, se concentran solamente -de manera errada y bajo un análisis sesgado- sobre el comprobante de pago; a pesar de que, hay otros indicios que han sido presentados y no valorados; por lo que, observan un incumplimiento al debido proceso.

viii. Además, alegan que el incumplimiento por el que se les multa, carece de fundamentos sólidos, en tanto que, en ningún momento han tenido una actitud obstruccionista o de poca colaboración frente a los requerimientos del inspector de trabajo.

ix. Dejan constancia que han dado explicaciones desde un inicio al inspector de trabajo sobre la imposibilidad de cumplir con el requerimiento, en tanto que, se le ha explicado que los documentos solicitados se han destruido. Advierten que tampoco el inspector de trabajo ha secundado sus requerimientos formales a la institución bancaria, ya que ha tenido una actitud pasiva al momento de inspeccionar. Por tanto, sostienen que, su incumplimiento no es arbitrario.

x. Solicitan se consideren los principios de razonabilidad, verdad material; debido procedimiento, presunción de licitud, toda vez que, a pesar de haber acreditado con documentación fehaciente que han cumplido con el pago y depósito de la CTS de los periodos mayo 2014, mayo y noviembre 2015 y mayo 2016, a favor de la señora María del Pilar Montoya Hurtado, se les multa, lo cual resulta arbitrario, sobre todo si, han presentado toda la documentación requerida; por lo que, no puede pretenderse imputar la comisión de infracciones en base a meras subjetividades y sin sustento alguno.

xi. Advierten la existencia de contradicciones en la emisión de la Resolución de Intendencia, que hace que adolezca de vicios de nulidad, al vulnerarse los principios generales del derecho administrativo.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre la supuesta vulneración al debido procedimiento y motivación

10 “Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas (…)” (énfasis añadido).

motivación, lo que lleva a contemplarlas en su extensibilidad al ámbito administrativo del presente expediente: 1) coherencia interna, para comprobar que lo decidido se deriva de premisas establecidas por el órgano resolutivo en su fundamentación; 2) justificación de las premisas externas, que aluden al respaldo probatorio de los hechos y sobre el derecho considerado por el órgano al resolver; 3) la suficiencia, que refiere a que se hayan expuesto razones que sustenten lo decidido en función de los problemas relevantes determinados y necesarios para la resolución del caso; y 4) la congruencia, como elemento que permite establecer si las razones especiales requeridas para adoptar determinada decisión se encuentran recogidas en la resolución en concreto.

Sobre la infracción a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT

del orden sociolaboral, incluso con su justificación ante el inspector que ha realizado el requerimiento. Sobre ello, el numeral 13.5 del artículo 13 del RLGIT establece que, dichas medidas, se adoptan dentro del plazo establecido para la realización de las actuaciones de investigación o comprobatorias a que se refieren los numerales 13.3 y 13.4 del artículo 13 del mismo reglamento.

Figura 1: Numeral 7.14.5 de la Directiva N° 001-2020-SUNAFIL

11 Aprobada por Resolución de Superintendencia N° 031-2020-SUNAFIL, del 03 de febrero de 2020.

Figura N° 01:

Advirtiéndose que el incumplimiento de dicha medida constituiría infracción a la labor inspectiva, sancionable con una multa. Sin embargo, conforme consta en los hechos constatados en el Acta de Infracción, la impugnante no cumplió íntegramente con lo dispuesto en la medida de requerimiento.

12 Véase folios 537 del expediente inspectivo.

acreditó el pago íntegro de la Compensación por Tiempo de Servicios, a favor de la recurrente María del Pilar Montoya Hurtado, correspondiente a los periodos mayo 2014, mayo y noviembre 2015, mayo 2016, con los intereses legales correspondientes; por tanto, se evidencia que al término de las actuaciones inspectivas no se acreditó fehacientemente el cumplimiento del pago íntegro de la Compensación por Tiempo de Servicios por los citados periodos.

➢ Solicitud de fecha 12 de mayo de 201413, suscrita por el señor Luis Huamán Rivera, en calidad de jefe de Recursos Humanos, dirigida a Financiera CrediScotia, para que se sirvan depositar en la cuenta de CTS en soles N° 15180014125, de la extrabajadora María del Pilar Montoya Hurtado, el periodo correspondiente al semestre noviembre 2013 – abril 2014. ➢ Solicitud de fecha 12 de mayo de 201514, suscrita por el señor Luis Huamán Rivera, en calidad de jefe de Recursos Humanos, dirigida a Financiera CrediScotia, para que se sirvan depositar en la cuenta de CTS en soles N° 15180014125, de la extrabajadora María del Pilar Montoya Hurtado, el periodo correspondiente al semestre noviembre 2014 – abril 2015. ➢ Solicitud de 10 de noviembre de 201515, suscrita por el señor Luis Huamán Rivera, en calidad de jefe de Recursos Humanos, dirigida a Financiera CrediScotia, para que se sirvan depositar en la cuenta de CTS en soles N° 15180014125, de la extrabajadora María del Pilar Montoya Hurtado, el periodo correspondiente al semestre mayo 2015 – octubre 2015. ➢ Solicitud de fecha 11 de mayo de 201616, suscrita por el señor Luis Huamán Rivera, en calidad de jefe de Recursos Humanos, dirigida a Financiera CrediScotia, para que se sirvan depositar en la cuenta de CTS en soles N° 15180014125, de la extrabajadora María del Pilar Montoya Hurtado, el periodo correspondiente al semestre noviembre 2015 – abril 2016.

13 Véase folio 191 (reverso) del expediente sancionador. 14 Véase folio 192 del expediente sancionador. 15 Véase folio 192 (reverso) del expediente sancionador. 16 Véase folio 193 del expediente sancionador.

➢ Carta de fecha 05 de abril de 201817, suscrita por el Lic. Max Cipior Rivadeneira, en calidad de jefe de Recursos Humanos, dirigida a Financiera CrediScotia, solicitando se extienda una constancia con el detalle de los depósitos de la CTS (Compensación por Tiempo de Servicios) realizados a la cuenta CTS en soles N° 151800014125, de la extrabajadora María del Pilar Montoya Hurtado. ➢ Carta de fecha 11 de marzo de 202218, suscrita por la señora María Pía Cabrejos Mazuré, en representación del Grupo Santa Elena, dirigida a Financiera CrediScotia, solicitando una constancia con el detalle de los depósitos realizados en mayo 2014, mayo y noviembre 2015 y mayo 2016, en la cuenta bancaria CTS N° 151800014125, de la extrabajadora María del Pilar Montoya Hurtado. ➢ Correo electrónico de fecha 11 de marzo de 2022, con Asunto: “Soluciones al Cliente – CrediScotia Financiera S.A. – Carta respuesta Requerimiento N° 255-R-2022000015” remitido desde la dirección electrónica: Crediscotia.SolucionesalCliente@crediscotia.com.pe, y dirigido a la señora Elizabeth Bruno Carrasco con dirección electrónica: ebruno@santaelena.com.pe, por medio del cual se da respuesta al Requerimiento de la impugnante ingresado el 11 de marzo de 2022, conforme se aprecia a continuación:

Figura N° 02:

17 Véase folio 193 (reverso) del expediente sancionador. 18 Véase folio 191 del expediente sancionador.

Figura N° 03:

“6.19. En tal sentido, con el objeto de contradecir el principio de licitud, que protege la actuación de los administrados, y acreditar fehacientemente los hechos, a la ocurrencia de alguna infracción a la normativa sociolaboral, la Administración debe determinar el cumplimiento del principio de verdad material. Así, conforme esta directriz, la autoridad administrativa competente debe verificar suficientemente los hechos que sirven de motivo para sus respectivas decisiones, esto es, la determinación de multas u obligaciones al sujeto inspeccionado; para lo cual, la autoridad fiscalizadora y sancionadora deben evaluar ampliamente la prueba directa e indirecta actuada en el expediente, así como extender todas las medidas razonables para satisfacer la carga probatoria que recae sobre la Administración, junto con la exigible participación necesaria del deber de colaboración de los sujetos inspeccionados, conforme a Ley. 6.20. En efecto, en el marco del procedimiento de fiscalización y sancionador se deben obtener los indicios suficientes o elementos de convicción que permitan la comprobación de alguna infracción a las normas de trabajo que sean pasibles de sanción. Esto resulta necesario para poder sostener una imputación de responsabilidad administrativa al sujeto inspeccionado, para lo cual se deben agotar los medios conferidos por el TUO de la LPAG, la LGIT y el RLGIT, citados precedentemente. 6.21. Cabe precisar que esta carga de la prueba que recae sobre la administración para determinar el reproche administrativo al sujeto inspeccionado atiende al derecho fundamental de prueba que tiene este para ofrecer los medios de prueba que considere pertinentes para sustentar sus alegaciones. Tales actuados, cuando efectivamente sean pertinentes para la determinación de si existe responsabilidad administrativa o no, deberán ser analizados y valorados por la autoridad administrativa al resolver si corresponde o no la determinación de una sanción. 6.22. Lo señalado anteriormente, no implica que la mera alegación del principio/derecho a la presunción de licitud por parte del administrado, sea sustento suficiente para desvirtuar la comisión de infracción o infracciones imputadas; por el contrario, si durante el desarrollo del procedimiento la administración sustenta la responsabilidad del sujeto inspeccionado, la carga de la prueba se traslada a éste, por lo que podrá desestimar los reproches administrativos alegados o la configuración de algún eximente de responsabilidad, a través de la presentación de los medios de prueba que considere oportunos;

correspondiendo a la administración resolver sobre la base de la valoración conjunta de las pruebas aportadas al procedimiento”.

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral- SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley de Procedimiento Administrativo General aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 007-2013-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR. SE RESUELVE:

PRIMERO. - Declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de revisión interpuesto por GRUPO SANTA ELENA S.A., en contra de la Resolución de Intendencia N° 586-2022-SUNAFIL/ILM, de fecha 08 de abril de 2022, emitida por la Intendencia de Lima Metropolitana dentro del procedimiento

19 TUO de la LPAG, “Artículo IV. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 1.7. Principio de presunción de veracidad. - En la tramitación del procedimiento administrativo, se presume que los documentos y declaraciones formulados por los administrados en la forma prescrita por esta Ley, responden a la verdad de los hechos que ellos afirman. Esta presunción admite prueba en contrario.” 20 TUO de la LPAG, “Artículo 248. La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales: (…) 9. Presunción de licitud. - Las entidades deben presumir que los administrados han actuado apegados a sus deberes mientras no cuenten con evidencia en contrario”.

administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 1493-2018-SUNAFIL/ILM, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. - DEJAR SIN EFECTO la sanción impuesta mediante Resolución de Sub Intendencia N° 232-2022-SUNAFIL/ILM/SIRE4, de fecha 17 de febrero de 2022, confirmada a través de la Resolución de Intendencia N° 586-2022-SUNAFIL/ILM, en el extremo referente a la infracción muy grave a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. TERCERO. - Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa en las materias de su competencia. CUARTO. - Notificar la presente resolución a GRUPO SANTA ELENA S.A., y a la Intendencia de Lima Metropolitana, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

MANUEL GONZALO DE LAMA LAURA

20241009MCR - HR 82177-2017