Grupo Norte Facility Perú S.A.C — Res. 1039-2025

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Identificación de peligros y evaluación de riesgos (IPER); Equipos de protección personal; Formación e información sobre seguridad y salud en el trabajo; Estándares de higiene ocupacional (Sub materia: Agentes biológicos); Condiciones de seguridad: en lugares de trabajo, instalaciones civiles y maquinaria (Sub materia: condiciones de seguridad); Seguro complementario de trabajo de riesgo (Sub materia: Cobertura en Salud); Seguro complementario de trabajo de riesgo (Sub materia: Cobertura en invalidez – Sepelio).

incumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento y la inasistencia a comparecencia.

- Una infracción GRAVE en materia de SST, por no cumplir con la entrega de equipos de protección personal, a favor de los trabajadores detallados en el Cuadro N° 2 de la resolución de primera instancia, tipificada en el numeral 27.9 del artículo 27 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 18,900.00.

- Una infracción GRAVE en materia de SST, por no acreditar contar con un Registro de Monitoreo de Agentes Biológicos, tipificada en el numeral 27.6 del artículo 27 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 23,646.00.

- Una infracción GRAVE en materia de SST, por no acreditar haber contratado el

seguro complementario de trabajo de riesgo (cobertura en salud y cobertura invalidez – sepelio), a favor de la trabajadora (…), tipificada en el numeral 27.15 del artículo 27 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 5,670.00

- Una infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir con la medida inspectiva de requerimiento de fecha 02 de enero de 2019, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 41,580.00.

- Una infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por inasistencia del sujeto inspeccionado a la comparecencia programada para el 02 de enero de 2019 a horas 01:00, tipificada en el numeral 46.10 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 41,580.00.

i. De acuerdo al artículo 1 de la LGIT y artículo 4 del RLGIT, la finalidad del procedimiento inspectivo es el cumplimiento de las normas sociolaborales, no la multa en sí, pues conforme a lo señalado en el artículo 36 de la LGIT, no es la omisión en sí misma de los documentos formales de representación la que es sancionada, sino las acciones que se encuentren contrarias al deber de colaboración y la inasistencia en estricto, en ese sentido, las grandes multas que se proponen no es por un supuesto incumplimiento, sino por no cumplir con una medida inspectiva de requerimiento de obligaciones y por una supuesta inasistencia, es decir, por aspectos formales que no tienen nada que ver con el cumplimiento de la obligación del trabajador. ii. En el octavo hecho verificado del Acta de Infracción, señala que la empresa no ha cumplido haber entregado los equipos de protección personal bajo cargo, de acuerdo a la labor que desarrollan los operarios de limpieza destacados a la empresa Administradora Clínica Ricardo Palma SA, lo cual es erróneo, ya que, conforme a los registros adjuntos en el presente escrito, se han entregado al personal destacado diversos implementos para el desarrollo de sus actividades. iii. En el noveno hecho verificado del Acta de Infracción, señala que la empresa no ha cumplido con contar con el registro de monitoreo de agentes biológicos, a pesar de haberse adjuntado los documentos “proceso de prevención de riesgos profesionales”, normas de actuación en caso de fugas y derrames de productos químicos, asimismo, “proceso de prevención de riesgos profesionales — Almacenamiento de productos químicos”, no obstante, conforme al artículo 103 de la LSST y al artículo 34 del RLGIT, la empresa usuaria Administradora Clínica Ricardo Palma SA., es la que había implementado dicho registro, al ser una unidad

especializada que brinda servicios de hospitalización y ser propietaria de las instalaciones del centro de trabajo, por lo cual, la empresa inspeccionada siempre se ha sujetado al registro de monitoreo de agentes físicos y bilógicos que la empresa usuaria cuenta. iv. Si bien es cierto se omitió adquirir el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, a la trabajadora María Magdalena Velásquez, para el mes de diciembre de 2018; sin embargo, la trabajadora a excepción de dicho mes, siempre ha estado cubierta por el SCTR, adquirido por la empresa, además, conforme lo precisa el Inspector se le hizo alcanzar la Constancia de Aseguramiento de Pacífico EPS y Pacífico Seguros con vigencia del 01 al 31 de diciembre de 2018, con cobertura de pensión y salud, en ese sentido, la omisión no fue un acto intencional por dejar desprotegida a la trabajadora, la misma que siempre estuvo cubierta por el Seguro Social de EsSalud. v. Respecto a la no comparecencia del 02 de enero de 2019, conforme se precisa en la introducción del Acta de Infracción, el domicilio real se ubica en Calle Enrique Palacios N° 360, Int. 412, distrito de Miraflores, Lima, lugar donde se recepcionan las notificaciones y documentos formales; sin embargo, nunca se tuvo la visita de inspección de fecha 26 de diciembre de 2018, en la que supuestamente nos citaba para el 02 de enero de 2019, de otro lado, en el punto II del Acta de Infracción, se consigna como N° 4, la visita de inspección de fecha 26 de diciembre de 2018; sobre el cual, no se señala a que dirección efectuó dicha visita de inspección, por otro lado, conforme al décimo segundo de los hechos verificados, la empresa no asistió a la comparecencia programada para el 2 de enero de 2019, supuestamente entregada a la Supervisora Carmen Ynés Carbajal Tineo, si bien es trabajadora de la empresa, empero, no es representante de la empresa, razón por la cual, no se le puede entregar notificaciones en los lugares donde el Inspector la encuentre, ya que para ello se cuenta con un domicilio formal, en ese sentido, conforme al artículo 16 del TUO de la Ley N° 27444, en la que señala que el acto de notificación es eficaz a partir de la notificación legalmente realizada produce sus efectos y conforme al artículo 21 de dicha norma, la notificación personal se hará en el domicilio que conste en el expediente, siendo este, Calle Enrique Palacios N° 360, Int. 412, distrito de Miraflores, Lima, al cual nunca llegó dicha notificación de la comparecencia, por la que existe una vulneración al debido procedimiento y por ende, nula dicha comparecencia. vi. Se ha vulnerado el principio de razonabilidad al proponer una multa que hace peligrar la continuidad de la empresa, pues para la aplicación de una sanción no solo se debe analizar el hecho en concreto, sino criterios como la existencia o no de intencionalidad, el perjuicio causado, las circunstancias de la comisión de la infracción y la repetición en la comisión de infracciones, los mismos que no han sido analizados en absoluto a la luz de los hechos que acaecieron en el presente caso y que son recogidos en la propia Acta de Infracción, en suma no basta la mera motivación de los hechos sancionables, sino que debe estar complementada con la justificación de la medida a aplicar y su cuantía, en ese sentido, pretender la imposición de una exorbitante multa solo significa pretender peligrar la continuidad de las operaciones de la empresa y los puestos de trabajo que de manera formal ella mantiene, además, téngase presente que la multa equivale cerca de 141 remuneraciones mínimas vitales, cerca de 11 años de remuneraciones de un trabajador, por lo cual, que en esta situación de emergencia sanitaria lo único que se evidencia es que la empresa se sume a las empresas en estado de insolvencia y quiebra.

i. En el caso concreto se advierte que, de acuerdo al décimo primero de los hechos verificados del Acta de Infracción, la inspeccionada no acreditó haber cumplido el 08 de enero de 2019, la medida inspectiva de requerimiento adoptada el 02 de enero de 2019. Es de tenerse en cuenta que el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT, establece como infracción muy grave a la labor inspectiva la conducta referida a no cumplir oportunamente con el requerimiento de la adopción de medidas de orden al cumplimiento de la normativa sociolaboral y, toda vez que, conforme lo analizado, la inspeccionada no acreditó su cumplimiento dentro del plazo otorgado por el personal comisionado, quedando acreditado el incumplimiento de la inspeccionada en lo que respecta a la medida de requerimiento, pese a haber sido notificado válidamente y habérsele otorgado un plazo para que cumpla con subsanar la falta advertida. ii. La inspeccionada no asistió a la comparecencia programada para el 02 de enero de 2019, en las instalaciones de la Intendencia de Lima Metropolitana de la Sunafil, habiendo sido debidamente notificada mediante requerimiento de comparecencia efectuada el 26 de diciembre de 2019. Entonces, se evidencia de los actuados que la inspeccionada no concurrió a la diligencia referida, pese a que, en el requerimiento de comparecencia, se consignó que su inasistencia constituiría infracción a la labor inspectiva sancionable con multa. De la verificación de los actuados no se evidencia, por parte de la inspeccionada, la presentación de prueba alguna que la exima de responsabilidad por la infracción imputada. iii. La Autoridad de primera instancia, recogiendo los hechos verificados del Acta de Infracción, Informe Final y el descargo de la inspeccionada, en el considerando 16 de la resolución apelada, ha precisado tras su evaluación que, la inspeccionada no ha cumplido con acreditar la entrega de los equipos de protección personal de los trabajadores detallados en el Cuadro 2 de la resolución apelada, esto consistente en mascarillas quirúrgicas, guantes quirúrgicos, botines de seguridad, polo, pantalón y chaleco, correspondiente al puesto de trabajo como operarios de limpieza. Por consiguiente, este Despacho comparte lo determinado por la Autoridad de primera instancia, en tanto que en el procedimiento recursivo la inspeccionada tampoco ha desvirtuado los extremos advertidos por el inferior en grado. iv. Sobre el registro de monitoreo de agentes biológicos, se advierte que la autoridad de primera instancia ha emitido su pronunciamiento conforme a los hechos verificados en las actuaciones inspectivas de investigación, así como el análisis y

2 Notificada a la impugnante el 09 de noviembre de 2022, véase folio 133 del expediente administrativo sancionador.

conclusiones de la autoridad instructora, tomando en cuenta los argumentos y la documentación aportada por la inspeccionada, sobre los cuales en el considerando 22 de la resolución apelada ha precisado tras su evaluación que la inspeccionada no acreditó contar con el Registro de monitoreo de agentes biológicos con su informe donde se indique a que están expuestos los trabajadores destacados en el centro de trabajo de la empresa Administradora Clínica Ricardo Palma S.A., ubicada en el Av. Javier Prado Este N° 1066, distrito de San Isidro, afectando a los noventa y cuatro (94) trabajadores detallados en el Cuadro N° 1 de la resolución apelada, siendo que, la inspeccionada exhibió los documentos siguiente: Proceso prevención de riesgos profesionales — IT (CSC-PE) 06.4.01 Normas de actuación en caso de fugas y derrames de productos químicos y Proceso prevención de riesgos profesionales — IT (CSC-PE) 06.4.02 Almacenamiento de productos químicos. v. Compartiendo el análisis efectuado por la Autoridad de primera instancia en el considerando 25 de la resolución apelada, y en mérito a lo señalado en párrafos precedentes, corresponde a la inspeccionada la obligación de implementar el Registro de monitoreo de agentes biológicos; más aún, si la Administradora Clínica Ricardo Palma, constituye el centro de trabajo de la inspeccionada, donde son destacados sus trabajadores para el desempeño de sus labores, por lo que, la prevención de que la exposición a los agentes biológicos, en el centro de trabajo no generen daños a la salud de los trabajadores corresponde a la inspeccionada, toda vez que, la presencia de los contaminantes biológicos en el medio laboral y al contacto con las personas, puede derivar a una situación de riesgo biológico, siendo de vital importancia tener conocimiento de los mismos y llevar un registro de monitoreo correspondiente, a fin de evitar probables daños en la salud de los trabajadores, en ese sentido, los alegatos de la inspeccionada no desvirtúan los hechos verificados por el personal inspectivo, por lo que, ésta Intendencia fortifica el pronunciamiento del inferior en grado. vi. Sobre el seguro complementario de trabajo de riesgo, la inspeccionada en su alegato reconoce no haber dado cumplimiento de su obligación sociolaboral en éste extremo; no obstante, si bien la inspeccionada en la etapa inspectiva ha presentado documentación como Constancia de Aseguramiento de Pacífico EPS y Pacífico con vigencia del 01 al 31 de diciembre de 2018: Cobertura Pensión (Póliza N° 62059689) y Cobertura Salud (Contrato N° 85874); Comprobante de pago del mes de diciembre de 2018 de la cobertura pensión y cobertura salud; sin embargo, no logra desvirtuar o en su defecto subsanar la infracción en éste extremo, en tanto ningunos es propiamente la contratación del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR). Es así que, se puede corroborar que la inspeccionada no ha cumplido con subsanar la infracción imputada respecto a la mencionada trabajadora, por lo que, persiste la responsabilidad administrativa. vii. A fin de analizar la validez de la notificación del requerimiento de comparecencia del 02 de enero de 2019, debe señalarse que la Autoridad inspectiva recogió el nombre y número de DNI manifestado por la persona que se identificó como Supervisora de la inspeccionada , así como su firma, demostrándose que se habría realizado una debida notificación del requerimiento de comparecencia al amparo del artículo 21 numeral 21.4 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019- JUS (en adelante, TUO de la LPAG), que resulta aplicable al no haber estado presente la inspeccionada a la fecha de la visita inspectiva, asimismo, no se requiere que la inspeccionada le haya otorgado autorización a la Supervisora para atender a la Autoridad inspectiva y/o recibir la documentación que ésta emita, o alguna singular circunstancia, en atención a que es su obligación prestarles las facilidades para el cumplimiento de sus funciones en amparo del literal a) del artículo 9 de la LGIT.

viii. El inferior en grado impuso un multa total, cuyos montos correspondientes, han sido debidamente determinados, por cuanto se realizó en cumplimiento a lo prescrito por ley, al haberse calculado y graduado dichas multas en atención a la tabla de cuantía y aplicación de sanciones, que se encuentra prevista en el numeral 48.1 del artículo 48 del RLGIT, la cual tiene valores fijos, es decir, sin que la autoridad de primera instancia tenga discrecionalidad para imponer un monto diferente al establecido por el legislador, considerando además que la tabla de multas aplicada ha sido adecuada en función al principios de razonabilidad y proporcionalidad, conforme al artículo 1 del Decreto Supremo N° 015-2017-TR.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.”

Del Recurso De Revisión

4“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…)” 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6“Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL. Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. 7“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DEL GRUPO NORTE FACILITY PERU S.A.C.

8 Artículo 14 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por el Decreto Supremo N°004-2017-TR

RLGIT, dentro del plazo legal de quince (15) días hábiles, computados a partir ,primer día hábil siguiente de la notificación de la citada resolución; esto es, del 10 de noviembre de 2022.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 29 de noviembre de 2022, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 1844-2022-SUNAFIL/ILM, señalando los siguientes argumentos:

i. Se ha vulnerado el principio del debido procedimiento previsto en el numeral 1.2 del artículo II del Título Preliminar del TUO de la Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG). ii. La Intendencia Regional, en lo que respecta a la imputación que se nos atribuye por infracción a la labor inspectiva, motiva en forma aparente o insuficiente su decisión, pues lejos de analizar las observaciones o irregularidades denunciadas por nuestra parte, únicamente replica las mismas razones esbozadas por los órganos instructor y sancionador de 1era. instancia. iii. Que, de acuerdo a la señalo por la Intendencia —así como su inferior en grado— la impugnante habría incurrido en la infracción a la labor inspectiva prevista en el artículo 46, inciso 46.10 del RGLIT, por cuanto no cumplió con asistir a la diligencia de comparecencia programada para el día de 02/12/2019, a horas 1:00 p.m., pese a haber sido debidamente notificada con fecha 26/12/2018. iv. Lo afirmado por la Intendencia no es correcto, pues como propiamente ha quedado reconocido, el acto de notificación del requerimiento de comparecencia se realizó en la sede de nuestro cliente Administradora Ricardo Palma S.A., que funge temporalmente como nuestro centro de trabajo para el personal que se encuentra allí destacado. v. La Intendencia incurre en error de hecho al considerar como válida la notificación realizada en la sede de nuestro cliente Administradora Ricardo Palma S.A. ubicada en av. Javier Prado Este N° 1066, San Isidro — Lima, cuando nuestro domicilio real se encuentra en calle Enrique Palacios N° 360, interior N° 412, Miraflores — Lima, siendo en este último donde opera la administración de Grupo Norte. Por ende, resulta un despropósito que hayan sido notificados en un domicilio donde no se cuenta con personal administrativo autorizado, pero sobre todo capacitado para recibir este tipo de documentos de carácter legal, lo que nos hubiese permitido en forma oportuna prever la cita y asistir en la fecha y hora indicada. vi. Dicha posición se respalda en la jurisprudencia administrativa del Tribunal de Fiscalización Laboral, quien mediante Resolución N° 068-2021-SUNAFIL/TFL Primera Sala, de fecha 05 de julio de 2021.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre las infracciones Graves

cabe la interposición del recurso administrativo de revisión. Para el presente caso, el artículo 49 de la LGIT, ley especial de la materia, señala lo siguiente:

"Artículo 49.- Recursos administrativos Los recursos administrativos del procedimiento administrativo sancionador son aquellos previstos en el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004- 2019-JUS.

El Recurso de revisión es de carácter excepcional y se interpone ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral. El Reglamento determina las demás condiciones para el ejercicio de los recursos administrativos.”

“…la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias” (énfasis añadido).

valorar la subsanación de estas, por estar fuera de la competencia conferida por la LGIT y su reglamento, así como el artículo 14 del Reglamento del Tribunal.

Sobre la medida inspectiva de requerimiento

“(…) 6.9 En ciertos casos —como el que es objeto de la presente resolución—el recurso de revisión propone el análisis de infracciones a la labor inspectiva consistentes en el incumplimiento de la medida de requerimiento contenidas en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT10, pero las materias objeto de la medida de requerimiento son calificadas por la normativa como faltas “graves” o “leves”, lo que deposita a tales causas fuera de la competencia material de este Tribunal.

9 De acuerdo a las normas vigente a la fecha de las actuaciones inspectivas de investigación. 10 Considerando 6.7 de la Resolución N° 018-2021-SUNAFIL/TFL-Primera Sala, del 08 de junio de 2021, recaída en el Expediente N° 1098-2016-SUNAFIL/ILM/SIRE4

Figura N° 01

11 De folios 159 a 164 del expediente de actuaciones inspectivas.

“6.26 La medida inspectiva de requerimiento, al ser una “orden dispuesta por la inspección de trabajo para el cumplimiento de las normas sociolaborales y de seguridad y salud en el trabajo”12, debe contener un mandato claro y su entendimiento debe regirse por la razonabilidad, el deber de colaboración y la buena fe procedimental. En ese sentido, la medida de requerimiento debe cumplir con expresar el ámbito subjetivo y objetivo, siendo estos extremos suficientes para producir el resultado esperado por la medida: la rectificación de una situación antijurídica.

a) Ámbito subjetivo: En primer lugar, debe individualizar a los trabajadores afectados por el incumplimiento reprochado al sujeto inspeccionado;

b) Ámbito objetivo: En segundo lugar, a) debe identificar la afectación resultante de un comportamiento imputable al empleador —como ocurre en el caso de autos, al describirse el número de horas en sobretiempo laboradas, así como su incumplimiento en el pago— y, b) establecer cómo es que debe cumplirse dicha medida, es decir, qué acciones debe ejecutar el inspeccionado a fin de revertir la conducta reprochada. En ese sentido, el ámbito objetivo de la medida de requerimiento no se agota con la mención de la normativa legal vigente afectada o inobservada por el sujeto inspeccionado, sino que incluye el mandato de su cumplimiento, en la forma y modo esperado. (…)”. (énfasis añadido)

“6.26 La medida inspectiva de requerimiento, al ser una “orden dispuesta por la inspección de trabajo para el cumplimiento de las normas sociolaborales y de seguridad y salud en el trabajo”, debe contener un mandato claro y su entendimiento debe regirse por la razonabilidad, el deber de colaboración y la buena fe procedimental. En ese sentido, la medida de requerimiento debe cumplir con expresar el ámbito subjetivo y objetivo, siendo estos extremos suficientes para producir el resultado esperado por la medida: la rectificación de una situación antijurídica.

a) Ámbito subjetivo: En primer lugar, debe individualizar a los trabajadores afectados por el incumplimiento reprochado al sujeto inspeccionado; b) Ámbito objetivo: En segundo lugar, a) debe identificar la afectación resultante de un comportamiento imputable al empleador —como ocurre en el caso de autos, al describirse el número de horas en sobretiempo laboradas, así como su incumplimiento en el pago— y, b) establecer cómo es que debe cumplirse dicha medida, es decir, qué acciones debe ejecutar el inspeccionado a fin de revertir la conducta reprochada. En ese sentido, el ámbito objetivo de la medida de requerimiento no se agota con la mención de la normativa legal vigente afectada o inobservada por el sujeto inspeccionado, sino que incluye el mandato de su cumplimiento, en la forma y modo esperado. (…)”.

12 RLGIT, Numeral 20.3 del artículo 20.

Respecto a la inasistencia a la comparecencia del 02 de enero de 2019

Figura N° 02

13 A folios 157 del expediente de actuaciones inspectivas de investigación. 14 Ley General de Inspección del Trabajo, Ley N° 28806 “Artículo 5.- Facultades inspectivas En el desarrollo de las funciones de inspección, los inspectores del trabajo que estén debidamente acreditados, están investidos de autoridad y facultados para: 1. Entrar libremente a cualquier hora del día o de la noche, y sin previo aviso, en todo centro de trabajo, establecimiento o lugar sujeto a inspección y a permanecer en el mismo. Si el centro laboral sometido a inspección coincidiese con el domicilio de la persona física afectada, deberán obtener su expreso consentimiento o, en su defecto, la oportuna autorización judicial. Al efectuar una visita de inspección, deberán comunicar su presencia al sujeto inspeccionado o a su representante, así como al trabajador, al representante de los trabajadores o de la organización sindical, a menos que consideren que dicha comunicación pueda perjudicar la eficacia de sus funciones, identificándose con la credencial que a tales efectos se expida.” 15 A folios 9 del expediente de actuaciones inspectivas de investigación.

realizan sus labores el personal de la inspeccionada y se verificó las medidas de seguridad y salud en el trabajo”.

Figura N° 03

16 Obra a folios 156 del expediente de actuaciones inspectivas de investigación.

acreditado que el acto de notificación de dicho citatorio se dio con arreglo a lo establecido en el artículo 21 numeral 21.4 del TUO de la LPAG.

Sobre el derecho al debido procedimiento administrativo sancionador

“Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. (…)” (énfasis añadido).

“2. El Tribunal Constitucional estima oportuno recordar, conforme lo ha manifestado en reiterada y uniforme jurisprudencia, que el debido proceso, como principio constitucional, está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Vale decir que cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea este administrativo -como en el caso de autos- o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal” (énfasis añadido).

expediente: 1) coherencia interna, para comprobar que lo decidido se deriva de premisas establecidas por el órgano resolutivo en su fundamentación; 2) justificación de las premisas externas, que aluden al respaldo probatorio de los hechos y sobre el derecho considerado por el órgano al resolver; 3) la suficiencia, que refiere a que se hayan expuesto razones que sustenten lo decidido en función de los problemas relevantes determinados y necesarios para la resolución del caso; y 4) la congruencia, como elemento que permite establecer si las razones especiales requeridas para adoptar determinada decisión se encuentran recogidas en la resolución en concreto.

Información Adicional

N° Materia Conducta infractora Tipificación legal y clasificación Seguridad y Salud en el Trabajo El administrado no cumplió con la entrega de equipos de protección personal, a favor de los trabajadores detallados en el Cuadro N° 2 de la resolución de primera instancia. Numeral 27.9 del artículo 27° del RLGIT

GRAVE Seguridad y Salud en el Trabajo El administrado no acreditó contar con un Registro de Monitoreo de Agentes Biológicos Numeral 27.6 del artículo 27° del RLGIT

GRAVE Seguridad y Salud en el Trabajo El administrado no acreditó haber contratado el seguro complementario de trabajo de riesgo (cobertura en salud y cobertura invalidez – sepelio), a favor de la trabajadora (…) Numeral 27.15 del artículo 27° del RLGIT

GRAVE Labor inspectiva El administrado no cumplió con la medida inspectiva de requerimiento de fecha 02 de enero de 2019 Numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT

MUY GRAVE Labor inspectiva La inasistencia el sujeto inspeccionado a la comparecencia programada para el 02 de enero de 2019 a horas 01:00. Numeral 46.10 del artículo 46 del RLGIT

MUY GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral- SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley de Procedimiento Administrativo General aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR.

SE RESUELVE:

PRIMERO. - Declarar INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por el GRUPO NORTE FACILITY PERU S.A.C., en contra de la Resolución de Intendencia N° 1844-2022-SUNAFIL/ILM, de fecha 07 de noviembre de 2022, emitida por la Intendencia de Lima Metropolitana, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 3823- 2020-SUNAFIL/ILM, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. – CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 1844-2022-SUNAFIL/ILM, en el extremo referente a las infracciones muy graves a la labor inspectiva, tipificadas en los numerales 46.7 y 46.10 del artículo 46 del RLGIT.

TERCERO. - Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa en las materias de su competencia.

CUARTO. - Notificar la presente resolución al GRUPO NORTE FACILITY PERU S.A.C., y a la Intendencia de Lima Metropolitana, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

20250813RZR HR: 86815-2018