Grupo la Republica Publicaciones S.A — Res. 820-2023

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Discriminación en el trabajo (Sub materia: En la remuneración); Remuneraciones (Sub materia: Pago de la remuneración). soft DE LAMA LAURA Manuel Gonzalo FAU 20555195444 soft 20555195444 soft

- Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por efectuar pagos disminuidos con referencia a lo establecido en su política estructural salarial vigente, la que determina un pago de remuneración mínima para los trabajadores técnicos de mantenimiento eléctrico de S/ 2,000.00 soles, resultando afectados los trabajadores detallados en el cuadro N° 06 del acta de infracción por el periodo en el indicado, tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 6,908.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de relaciones laborales, por discriminación indirecta, ante la decisión aparentemente neutra, que ha provocado desventajas para unos trabajadores respecto de otros, sin que haya justificación objetiva ni razonable respecto de la diferencia remunerativa de los trabajadores comprendidos en la investigación con el cargo de técnico en mantenimiento mecánico detallados en el cuadro N° 15 del acta de infracción, tipificada en el numeral 25.17 del artículo 25 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 277,398.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir con lo dispuesto en la medida inspectiva de requerimiento notificada el 06 de abril de 2021 afectando al trabajador listado en el cuadro N° 16 del acta de infracción, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 11,572.00.

i. La resolución sancionadora imputa un acto de discriminación por un motivo de cualquier índole. Así no se verifica el acto específico, habiendo únicamente hecho un recuento de la situación remunerativa de un grupo de trabajadores. ii. Que, su estructura salarial presentada se encuentra sustentada estrictamente en lo que dispone la Ley N° 30709 y su reglamento. Así, la resolución sancionadora no señala de manera específica en qué ha consistido esa supuesta discriminación

indirecta, por cuanto el grupo de trabajadores afectados no forma parte de algún grupo colectivo protegido, del mismo modo que no establece si la discriminación remunerativa o diferencia salarial está basada en el sexo de la persona, etc.; entonces, se concluye y supone equivocadamente que hay discriminación por el hecho de que los trabajadores de una misma área no están percibiendo igual remuneración. iii. La nivelación de remuneraciones propuestas en el Informe Final de Instrucción en el cual se basa la Resolución sancionadora carece de sustento, por cuanto no se ha acreditado la supuesta discriminación salarial. Así, ni la ley ni las normas prohíben la diferencia de remuneraciones entre trabajadores siempre que esto no responda un acto de discriminación. iv. Respecto a la medida de requerimiento, aduce que constituye una arbitrariedad y un abuso de autoridad puesto que de manera unilateral la Inspectora de Trabajo ordenó el aumento de sueldo bajo la modificación del monto de la remuneración, siendo que la facultad de aumentar el sueldo la posee el Consejo Nacional del Trabajo; sin embargo, la Inspectora se irroga dicha facultad de manera indebida, no obstante, no haber verificado cuál es el acto discriminatorio en que la impugnante habría incurrido. v. La resolución sancionadora incurre en nulidad por ir en contra de la norma expresa en tanto se pretende la aplicación del artículo 48.1-C para extender la infracción a la totalidad de los trabajadores, sin tener en cuenta que dicho artículo fue modificado y por lo tanto ya no es de aplicación.

i. Conforme se puede dilucidar del análisis del expediente el Acta de Infracción, así como el Informe Final de Instrucción, ha cumplido con manifestarse respecto al supuesto configurante de infracción, con sujeción a lo reglado en la Directiva; habiéndose desarrollado la investigación inspectiva y el procedimiento sancionador dentro de los lineamientos de la legalidad y observando las garantías correspondientes, como son los principios administrativos.

ii. Del análisis de la carpeta inspectiva y sancionadora en concordancia con lo estipulado por la Inspectora actuante, se evidencia que en la política salarial de la impugnante se establecen factores de evaluación de los puestos de trabajo para la determinación de las categorías remunerativas; así los supuestos criterios de valoración en la progresión de la remuneración son la experiencia y los estudios de especialización que poseerían cada trabajador; sin embargo, conforme fue verificado por la

2 Notificada a la impugnante el 22 de junio de 2022, véase folio 80 del expediente sancionador.

Inspectora actuante dichos parámetros establecidos no coinciden efectivamente con la progresión señalada, al evidenciarse diferencia remunerativas que no estarían atribuidas al cumplimiento de dichos criterios, existiendo una desigualdad entre uno y otro trabajador técnicos de mantenimiento mecánico y eléctrico.

iii. Del análisis de los actuados en el expediente inspectivo no se advierte proporcionalidad en los incrementos remunerativos realizados en septiembre de 2014, vinculados con la antigüedad y experiencia; del mismo modo que de la revisión de los cuadros de categorías y funciones de 2017 -2018 y la política salarial se verificó que la impugnante no estableció los requisitos para que un trabajador pase de una base salarial mínima a una máxima; es decir no se determinó como requisito para la existencia de diferencias remunerativas entre trabajadores de un mismo puesto de trabajo, ni la antigüedad o experiencia muchos menos los estudios del trabajador, configurándose diferencias remunerativas injustificadas manifiestas.

iv. Se ha evidenciado actos atentatorios al derecho de igualdad en cuanto al pago de remuneraciones en contra de los trabajadores detallados en el cuadro Nº 15 del Acta de Infracción, verificándose la existencia de discriminación salarial por discriminación indirecta por parte de la impugnante, ello al no verificarse ni acreditarse criterios objetivos que justifiquen dicha diferenciación remunerativa.

v. Se efectuó un adecuado cálculo de la multa impuesta determinándose debidamente el número de los trabajadores afectados, careciendo de sustento jurídico lo alegado por la impugnante, no habiéndose incurrido en ninguna causal que acarree la nulidad.

vi. Se ha verificado el incumplimiento en materia de remuneraciones por parte de la impugnante respecto de los trabajadores, al haberse corroborado que les correspondió recibir una remuneración básica de acuerdo con la política de estructura salarial vigente, equivalente a S/2,000 soles.

vii. Al no haberse producido agravio alguno que devengue de la resolución sancionadora, al haber sido esta expedida conforme a ley, con la debida fundamentación y carente de ningún vicio que acarree su nulidad; desestima el recurso impugnatorio interpuesto en todos sus extremos y confirma la sanción impuesta.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad

Ley que, para el cumplimiento de sus fines, la SUNAFIL contará dentro de su estructura orgánica con un Tribunal de Fiscalización Laboral.

Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante Sunafil, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 4“Ley N° 29981, Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…)”. 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6“Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 7“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

Del Recurso De Revisión

8 Decreto Supremo N° 016-2017-TR, artículo 14.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE GRUPO LA REPUBLICA PUBLICACIONES S.A.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 11 de julio de 2022, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 177-2022-SUNAFIL/IRE-AQP, señalando los siguientes alegatos:

i. Que, la resolución impugnada insiste en el absurdo de penalizar a su representada por una supuesta discriminación salarial sin haber especificado en qué ha consistido la referida discriminación; limitándose a suponer que se ha producido la misma por el hecho de que hay dos o tres trabajadores que perciben diferente remuneración. No se ha determinado que la supuesta discriminación laboral imputada, responda a “origen, raza, color, sexo, edad, idioma, religión, opinión, ascendencia nacional, origen social, condición económica, ejercicio de la libertad sindical, discapacidad, portar el virus HIV”. ii. Se insiste en trasladar la carga de la prueba para que acredite que su conducta no es discriminatoria; cuando lo que señala la norma es que la Autoridad debe determinar si hay discriminación en base a determinados parámetros debidamente detallados (raza, color, etc.) "o de cualquier otra índole"; a fin de que el administrado pueda levantar las imputaciones. iii. Se deduce equivocadamente que la diferencia salarial es causada por una decisión discriminatoria del empleador, diferencia permitida por el ordenamiento jurídico. Las remuneraciones se encuentran en consideración a la estructura salarial presentada. iv. La Imputación de Cargos Nº 322-2021-SUNAFIL/SIAI-AQP se ha sustentado en fundamentos legales falsos y en hechos que nunca ocurrieron, tal es así que no

figuran en ninguna de las actuaciones inspectivas, pues señala como sustento para la aplicación de la sanción, los numerales 46.1, 46.12, 46.13 y 46.14 del artículo 46 del Reglamento. v. Se ha incurrido en nulidad al citar el artículo 48.1-C del RLGIT, el mismo que fue modificado por el artículo 1º del Decreto Supremo Nº 008-2020-TR; sin embargo, el artículo 25.17 del RLGIT, fue retirado del artículo 48.1-C, mediante D.S Nº 007- 2017-TR, publicado el 31 de mayo de 2017. vi. La facultad de aumentar el sueldo no la tiene ni el presidente de la República, ni un Juez, ni un Fiscal, así como tampoco el Ministro de Trabajo. Los aumentos de sueldos únicamente se refieren al Mínimo Vital y se disponen mediante acuerdo del Consejo Nacional del Trabajo; sin embargo, la Inspectora de Trabajo se arroga una facultad que no figura en nuestra legislación nacional, siendo la medida de requerimiento ilegal. vii. La recurrida infringe los principios de legalidad y verdad material, contemplados en los numerales 1.1 y 1.11 del artículo IV del Título Preliminar de la LPAG y de Tipicidad contemplado en el numeral 4, del artículo 248, del mismo cuerpo legal.

Análisis Del Recurso De Revisión

“6.17. Sobre la base de lo previsto en el literal a) del artículo 16 y el inciso 18.1 del artículo 18 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral (Decreto Supremo Nº 004-2017- TR), tras el control de admisibilidad del recurso de revisión interpuesto, a cargo de la autoridad emisora de la decisión impugnada, este órgano de revisión tiene el deber de efectuar el control de procedencia del recurso. Así, se declarará la improcedencia del recurso de revisión en los siguientes supuestos:

i) Cuando el acto impugnado no corresponda a resoluciones de segunda instancia que se pronuncian sobre la imposición de sanciones; ii) Cuando la infracción materia de sanción que se impugna, no esté tipificada como muy grave en el RLGIT; o iii) Cuando el recurso de revisión no se sustente en la inaplicación, o aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria emitidos por este Tribunal.

muy graves, sino que su impugnación debe ceñirse estrictamente a los presupuestos básicos establecidos en el artículo 14 del Reglamento del Tribunal, esto es: 1) Debe cuestionar al menos una infracción tipificada y calificada como muy grave, en el RLGIT, o en caso de omisión, el razonamiento empleado es suficiente para deducir ello, y; 2) Este cuestionamiento debe sustentarse necesariamente, en la inaplicación, o aplicación o interpretación errónea de las normas que rigen el derecho laboral, y/o en el apartamiento inmotivado de algún precedente de observancia obligatoria emitido por este Tribunal, que haya incidido directa o indirectamente, en la determinación de las infracciones.

9 Resolución de Sala Plena N° 008-2023-SUNAFIL/TFL, publicado el 9 de mayo de 2023. “(…) 29. Por ello, es importante señalar que toda afectación o invocación al debido procedimiento por parte de los recurrentes –y en general a alguno de los principios identificados en el Título Preliminar del TUO de la LPAG– debe de encontrarse vinculada con una infracción de naturaleza muy grave, como parte del presupuesto de la competencia material de este Tribunal, además, de encontrarse debidamente fundamentada y delimitada por el solicitante de un recurso extraordinario (conforme se detalló en los fundamentos 6.17 a 6.19 de la Resolución de Sala Plena N° 003- 2022-SUNAFIL/TFL). 30. Por el contrario, aquellos recursos de revisión que contengan la invocación a situaciones que pueda evidenciar la vulneración al debido procedimiento, así como a otro principio reconocido por el TUO de la LPAG pero que verse sobre infracciones que no son de competencia de este Tribunal o que no se encuentren debidamente fundamentada y delimitada en el recurso extraordinario, deberán ser declarados como improcedentes.”

Sobre los actos de discriminación laboral

"6. La aplicación, pues, del principio de igualdad no excluye el tratamiento desigual, por ello no se vulnera dicho principio cuando se establece una diferencia de trato, siempre que se realice sobre bases objetivas y razonables. 7. Estas precisiones deben complementarse con el adecuado discernimiento entre dos categorías jurídico-constitucionales, a saber, diferenciación y discriminación. En principio; debe precisarse que la diferenciación esta constitucionalmente admitida, atendiendo a que no todo trato desigual es discriminatorio; es decir, se estará frente a una diferenciación cuando el trato desigual se funde en causas objetivas y razonables. Por el contrario, cuando esa desigualdad de trato no sea razonable ni proporcional, se está frente a una discriminación y, por tanto, frente a una desigualdad de trato constitucionalmente intolerable" (énfasis añadido).

10 Constitución Política del Perú Artículo 2.- Derechos fundamentales de la persona Toda persona tiene derecho: (…) 2. A la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquiera otra índole. (…) “Artículo 26.- Principios que regulan la relación laboral En la relación laboral se respetan los siguientes principios: 1. Igualdad de oportunidades sin discriminación.” (…) Disposición Final y Transitoria de la Constitución Cuarta. - Las normas relativas a los derechos y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretan de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y con los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por el Perú. 11 Exp. N° 048-2004 PI/TC, fundamento 62.

12 BLUME MOORE, I. (2011). Mejoras salariales, principio de igualdad y no discriminación entre trabajadores. En: https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/iusetveritas/article/view/12090.

perjuicio de las pruebas que, en defensa de sus respectivos derechos e intereses, puedan aportar los interesados. Así, conforme se advierte del acta de infracción, se advierte que la comisionada determinó las conductas incurridas por la impugnante, desvirtuando lo alegado en un principio por ésta, referente a las aparentes causales de justificación para la existencia de diferencias remunerativas. En ese entendido, del acta de infracción se verifica que la comisionada constató que los criterios alegados por la impugnante como justificación son la “experiencia” y los “estudios”. Sin embargo, conforme se advierte de los numerales 4.42 a 4.63 de los hechos constatados en el acta de infracción, los referidos criterios no se encuentran plenamente acreditados; argumentos que también fueron materia de fundamentación en la medida inspectiva de requerimiento de fecha 06 de abril de 2021. Por lo tanto, corresponde a la impugnante aportar pruebas que desvirtúen los hechos ya constatados y acreditados por la comisionada, supuesto, que como se advierte de los actuados, no ha ocurrido, no correspondiendo acoger dicho extremo del recurso de revisión. Cabe señalar que, dicho alegato también fue absuelto por la instancia de apelaciones.

Sobre la infracción a la medida inspectiva de requerimiento

“Las medidas inspectivas de advertencia y requerimiento se reflejarán por escrito en la forma y modelo oficial que se determine reglamentariamente, debiendo notificarse al sujeto inspeccionado a la finalización de las actuaciones de investigación o con

posterioridad a las mismas. Cuando el inspector actuante compruebe la existencia de una infracción al ordenamiento jurídico sociolaboral, requerirá al sujeto responsable de su comisión la adopción, en un plazo determinado, de las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las disposiciones vulneradas. En particular y en materia de prevención de riesgos laborales, requerirá que se lleven a cabo las modificaciones necesarias en las instalaciones, en el montaje o en los métodos de trabajo para garantizar el derecho a la seguridad y salud de los trabajadores. Los requerimientos que se practiquen se entienden siempre sin perjuicio de la posible extensión de acta de infracción y de la sanción que, en su caso, pueda imponerse” (énfasis añadido).

13 LGIT, “Artículo 5.- Facultades inspectivas En el desarrollo de las funciones de inspección, los inspectores de trabajo que estén debidamente acreditados, están investidos de autoridad y facultados para: (…) 5.3 Requerir al sujeto responsable para que, en un plazo determinado, adopte medidas en orden al cumplimiento de la normativa del orden sociolaboral, incluso con su justificación ante el inspector que ha realizado el requerimiento.” 14 La entonces vigente “Directiva N° 001-2016-SUNAFIL/INII – Reglas generales para el ejercicio de la función inspectiva”, aprobada por Resolución de Superintendencia N° 039-2016-SUNAFIL establecía lo siguiente: Finalización de las Actuaciones Inspectivas (…) 7.7.2 Medidas Inspectivas (…) 7.7.2.7 En caso se verifiquen infracciones insubsanables no se emitirá medida inspectiva de requerimiento, debiendo dejar constancia del carácter insubsanable de la infracción en la respectiva constancia de actuaciones inspectivas y anexos. La calificación de un incumplimiento como insubsanable debe ser notificada al sujeto inspeccionado durante las actuaciones inspectivas de investigación y deben estar sustentadas en la imposibilidad de revertir los efectos del incumplimiento normativo o de la afectación del derecho, sustento que también debe ser consignado en el Acta de Infracción. La directiva actual (Directiva N° 001-2020-SUNAFIL/INII, aprobada por Resolución de Superintendencia N° 031-2020- SUNAFIL) consigna los mismos alcances en el numeral 7.14.8” 15 LGIT, “Artículo 36.- Infracciones a la labor inspectiva Son infracciones a la labor inspectiva las acciones u omisiones de los sujetos obligados, sus representantes, personas dependientes o de su ámbito organizativo, sean o no trabajadores, contrarias al deber de colaboración por parte de los sujetos inspeccionados por los Supervisores-Inspectores, Inspectores del Trabajo o Inspectores Auxiliares, establecidas en la presente Ley y su Reglamento. (…)”

sancionador16. En aquellos casos en los que el inspector tiene conocimiento de la insubsanabilidad de la conducta o de la imposibilidad del sujeto inspeccionado de cumplirla, su emisión -a consideración de esta Sala- atenta contra el Principio de Razonabilidad17.

16 Tal y como se señaló en el considerando 6.7 de la Resolución N° 018-2021-SUNAFIL/TFL-Primera Sala, del 08 de junio de 2021, recaída en el Expediente N° 1098-2016-SUNAFIL/ILM/SIRE4. 17 TUO de la LPAG, “Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 1.4. Principio de razonabilidad. - Las decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen obligaciones, califiquen infracciones, impongan sanciones, o establezcan restricciones a los administrados, deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido.” 18 Véase folio 99 del expediente inspectivo. 19 Numeral 3 de la Relación de Criterios Aplicables en la inspección de Trabajo, aprobado mediante Resolución Directoral N° 029-2009-MTPE/2/11.4.

Sobre el derecho al debido procedimiento administrativo sancionador

20 RLGIT, “Artículo 17.- Finalización de las actuaciones inspectivas (…) 17.2 Si en el desarrollo de las actuaciones de investigación o comprobatorias se advierte la comisión de infracciones, los inspectores del trabajo emiten medidas de advertencia, requerimiento, cierre temporal del área de una unidad económica o de una unidad económica, paralización o prohibición de trabajos o tareas, según corresponda, a fin de garantizar el cumplimiento de las normas objeto de fiscalización. La autoridad competente puede ordenar su seguimiento o control, mediante visita de inspección, comparecencia o comprobación de datos, para la verificación de su cumplimiento. Transcurrido el plazo otorgado para que el sujeto inspeccionado subsane las infracciones sin que éste las haya subsanado, se extiende el acta de infracción correspondiente, dando fin a la etapa de fiscalización. El acta de infracción hace las veces del informe al que aluden los dos últimos párrafos del artículo 13 de la Ley, debiendo contener como mínimo la información a que se refiere el artículo 54”.

“Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo” (énfasis añadido).

“2. El Tribunal Constitucional estima oportuno recordar, conforme lo ha manifestado en reiterada y uniforme jurisprudencia, que el debido proceso, como principio constitucional, está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Vale decir que cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea este administrativo -como en el caso de autos- o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal” (énfasis añadido).

“Tal como ya lo tiene expresado este Tribunal en uniforme y reiterada jurisprudencia, el derecho al debido proceso tiene un ámbito de proyección sobre cualquier tipo de proceso o procedimiento, sea éste judicial, administrativo o entre particulares. Así, se ha establecido que el derecho reconocido en el inciso 3) del artículo 139 de la Constitución no sólo tiene un espacio de aplicación en el ámbito "judicial", sino también en el ámbito “administrativo" y, en general, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ha sostenido, puede también extenderse a "cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional, (el que) tiene la obligación de adoptar resoluciones apegadas a las garantías del debido proceso legal, en los términos del artículo 8 de la Convención Americana". (Caso Tribunal Constitucional del Perú, párrafo 71). De igual modo la Corte Interamericana sostiene –en doctrina que ha hecho suyo este Colegiado en la sentencia correspondiente al Exp. Nº 2050-2002-AA/TC– que "si bien el artículo 8 de la Convención Americana se titula “Garantías Judiciales”, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto, sino al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a efectos de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos"(párrafo 69). (…)” (énfasis añadido).

procedimiento, debe analizarse el caso concreto en relación con las vulneraciones alegadas por la impugnante, respecto a la debida motivación.

“4. Este Tribunal ha tenido oportunidad de expresar su posición respecto a la motivación de los actos administrativos, expresando que: “[…] [E]l derecho a la motivación de las resoluciones administrativas es de especial relevancia. Consiste en el derecho a la certeza, el cual supone la garantía de todo administrado a que las sentencias estén motivadas, es decir, que exista un razonamiento jurídico explícito entre los hechos y las leyes que se aplican. […] La motivación de la actuación administrativa, es decir, la fundamentación con los razonamientos en que se apoya es una exigencia ineludible para todo tipo de actos administrativos, imponiéndose las mismas razones para exigirla tanto respecto de actos emanados de una potestad reglada como discrecional.

El tema de la motivación del acto administrativo es una cuestión clave en el ordenamiento jurídico-administrativo, y es objeto central de control integral por el juez constitucional de la actividad administrativa y la consiguiente supresión de los ámbitos de inmunidad jurisdiccional. Constituye una exigencia o condición impuesta para la vigencia efectiva del principio de legalidad, presupuesto ineludible de todo Estado de Derecho. A ello, se debe añadir la estrecha vinculación que existe entre la actividad administrativa y los derechos de las personas. Es indiscutible que la exigencia de motivación suficiente de sus actos es una garantía de razonabilidad y no arbitrariedad de la decisión administrativa. En esa medida, este Tribunal debe enfatizar que la falta de motivación o su insuficiencia constituye una arbitrariedad e ilegalidad, en la medida en que es una condición impuesta por la Ley N° 27444. Así, la falta de fundamento racional suficiente de una actuación administrativa es por sí sola contraria a las garantías del debido procedimiento administrativo.” (STC 00091-2005-PA, fundamento 9, párrafos 3, 5 a 8, criterio reiterado en STC 294-2005-PA, STC 5514-2005-PA, entre otras). Adicionalmente se ha determinado en la STC 8495-2006-PA/TC que: “un acto administrativo dictado al amparo de una potestad discrecional legalmente establecida resulta arbitrario cuando sólo expresa la apreciación individual de quien ejerce la competencia administrativa, o cuando el órgano administrativo, al adoptar la decisión, no motiva o expresa las razones que lo han conducido a adoptar tal decisión. De modo que, motivar una decisión no sólo significa expresar únicamente bajo qué norma legal se expide el acto administrativo, sino, fundamentalmente, exponer en forma sucinta –pero suficiente– las razones de hecho y el sustento jurídico que justifican la decisión tomada” (énfasis añadido).

inspector comisionado, quienes evaluaron los documentos presentados por la impugnante y los alegatos expuestos por la misma.

Información Adicional

N° Materia Conducta infractora Tipificación legal y clasificación Relaciones Laborales Efectuar pagos disminuidos con referencia a lo establecido en su política estructural salarial vigente, la que determina un pago de remuneración mínima para los trabajadores técnicos de mantenimiento eléctrico de S/ 2,000.00 soles, resultando afectados los trabajadores detallados en el cuadro N° 06 del acta de infracción por el periodo en el indicado. Numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT

GRAVE Relaciones Laborales Discriminación indirecta, ante la decisión aparentemente neutra, que ha provocado desventajas para unos trabajadores respecto de otros, sin que haya justificación objetiva ni razonable respecto de la diferencia remunerativa de los trabajadores comprendidos en la investigación con el cargo de técnico en mantenimiento mecánico detallados en el cuadro N° 15 del acta de infracción. Numeral 25.17 del artículo 25 del RLGIT

MUY GRAVE Labor Inspectiva No cumplir con lo dispuesto en la medida inspectiva de requerimiento notificada el 06 de abril de 2021 afectando al trabajador listado en el cuadro N° 16 del acta de infracción. Numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT MUY GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR;

SE RESUELVE:

PRIMERO.- Declarar INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por GRUPO LA REPUBLICA PUBLICACIONES S.A., en contra de la Resolución de Intendencia N° 177-2022-SUNAFIL/IRE-AQP, emitida por la Intendencia Regional de Arequipa, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente N° 326-2021-SUNAFIL/IRE-AQP, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. – CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 177-2022-SUNAFIL/IRE-AQP, en los extremos referentes a las infracciones muy graves, tipificadas en el numeral 25.17 del artículo 25, y numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. TERCERO. – Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa. CUARTO. - Notificar la presente resolución a GRUPO LA REPUBLICA PUBLICACIONES S.A., y a la Intendencia Regional de Arequipa, para sus efectos y fines pertinentes. QUINTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

MANUEL GONZALO DE LAMA LAURA

20230823CEC