Grupo Gurkas S.A.C — Res. 266-2021

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Reglamento Interno en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (RISST) y labor inspectiva: inasistencia a comparecencia programada para el 26 de octubre de 2018. PACHECO ZERGA Luz Imelda FAU 2055519 20555195444 soft

un plazo de cinco (05) días hábiles para la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal a) del inciso 2 del artículo 52 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT).

- Una infracción Muy Grave en materia de seguridad y salud en el trabajo, por no considerar en el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo-RISST los estándares de seguridad en las operaciones de control de ingreso de vehículos, constituyendo la causa del accidente de trabajo del señor Carlos Alexis Ferreyra Manchego; tipificada en el numeral 28.10 del artículo 28° del RLGIT.

- Una infracción Muy Grave contra la labor inspectiva, por no asistir a la diligencia de comparecencia programada para el 26 de octubre de 2018; tipificada en el numeral 46.10 del artículo 46° del RLGIT.

i. No fueron notificados con el informe final de instrucción, enterándose del procedimiento cuando recibieron la resolución que les impone la multa, por lo que solicitan la nulidad de la notificación y retrotraer el procedimiento hasta la señalada notificación.

ii. El acta de infracción no se encuentra debidamente motivada, por cuanto no es necesario que se desarrollen estándares de seguridad y salud en el trabajo respecto al ingreso de vehículos, pues el RISST establece que el servicio de vigilancia puede desarrollarse en múltiples lugares y en el presente caso el trabajador estuvo fuera de su puesto de trabajo.

iii. La resolución de apelada no se encuentra debidamente motivada, pues el accidente se produjo por la impericia del conductor del camión que aplastó al vigilante, sin embargo, no han desarrollado la causa ni la forma como se produjo el mismo, ni han determinado a los sujetos responsables; además, que no se ha emitido la medida inspectiva de requerimiento.

iv. La supuesta inasistencia a la comparecencia del 11 de diciembre de 2019, resulta maliciosa porque no fue notificada en su domicilio legal, consignado en las diligencias inspectivas, por lo que existe una causal de nulidad.

- De acuerdo al literal A del cuarto considerando de los hechos constatados del Acta de Infracción, se establece que la impugnante cuenta con un RISST (entregado al trabajador el 11 de abril de 2018, vigente al momento del accidente ocurrido el 19 de junio de 2018) que no contiene los estándares de seguridad en las operaciones de vigilancia de control de ingreso de vehículos, lo que afectó al trabajador en el accidente descrito, con resultados fatales.

- La conducta infractora se encuentra referida a la omisión en la descripción de operaciones y/o actividades sobre el control de ingreso de vehículos dentro de las instalaciones de la empresa Inversiones Marítimas Universales Perú S.A., las cuales no se encuentran plasmadas dentro de los estándares de seguridad y salud en las operaciones del RISST. Actividades que formaron parte de la actividad que desarrollaba el trabajador el día que ocurrió el accidente de trabajo, determinándose como causa del mencionado accidente por no tener conocimiento oportuno de los riesgos y/o peligros existentes en las actividades que realizaba, lo cual trajo como consecuencia el accidente que generó en el trabajador traumatismos internos y su muerte instantánea por aplastamiento.

- La responsabilidad del accidente de trabajo recae en el empleador, quién debe garantizar la seguridad y salud de los trabajadores en el desempeño de todos los aspectos relacionados a su labor, máxime si, de acuerdo al principio de responsabilidad, contenido en la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, es quien asume las implicancias económicas, legales y de cualquier otra índole a consecuencia de un accidente que sufra el trabajador en el ejercicio de sus funciones o a consecuencia de él, por lo que debió tener presente los riesgos previsibles asociados al desarrollo de las actividades que efectuaba el mencionado trabajador dentro de los estándares de seguridad y salud en el RISST.

- Respecto de la inasistencia a la comparecencia del 22 de octubre del 2018 la Inspectora comisionada designada en la Orden de Inspección N° 1470-2018-SUNAFIL/IRE-CAL emitió el Requerimiento de Comparecencia programado para el día 26 de octubre de 2018, a las 2:30 P.M., por medio del cual se solicitó a la inspeccionada GRUPO GURKAS S.A.C., la exhibición y/o presentación de documentos, a fin de cumplir con la finalidad de la Inspección del Trabajo, y verificar el cumplimiento de la normativa sociolaboral en relación al accidente de trabajo.

2 Notificada a la inspeccionada el 25 de junio de 2021, ver fojas 57 del expediente sancionador

- Dicha notificación fue recibida por el señor Pedro Julio Añazco Cabanillas, bajo el cargo de agente de seguridad, y efectuada en las instalaciones del centro de trabajo de la empresa Inversiones Marítimas Universales Perú S.A., ubicado en la Av. Néstor Gambeta N° 5502- Callao, lugar donde ocurrió el accidente de trabajo y donde el sujeto inspeccionado presta servicios en las actividades de seguridad privada, precisando además que la inasistencia constituiría obstrucción a la labor inspectiva sancionable con multa; sin embargo, no concurrió a pesar de tener pleno conocimiento de dicho citatorio.

- Respecto de la notificación del Informe Final, señalan que se efectuó en Av. Los Topacios N° 182, Urbanización San Antonio, Bellavista, Callao, bajo puerta con las referencias y/o características del domicilio, conforme lo visualizado en el cargo de cédula de notificación N° 00020932-2020 E, y Constancia de Segunda Visita, a folios seis (06) y siete (07) del expediente de inspección, diligencia de notificación que se encuentra convalidada con el escrito de descargo presentado por el inspeccionado dentro del plazo establecido de los cinco (05) días hábiles. y que fue recibida por un agente de seguridad; por lo que la notificación es válida

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 4“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…)” 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…)

Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 007-2013-TR6, y el artículo 2 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR7 (en adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

Del Recurso De Revisión

El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6“Decreto Supremo N° 007-2013-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL Artículo 15.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 7“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

del RGLIT, modificado por Decreto Supremo N° 016-2017-TR, que los requisitos de admisibilidad y procedencia se desarrollarían en el Reglamento del Tribunal.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DEL GRUPO GURKAS S.A.C.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Interpretación errónea del literal d) del artículo 74 del Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, aprobado por el Decreto Supremo N° 005-2012-TR

Señala que han sido sancionados, porque en el RISST no han considerado los estándares de seguridad y salud en el trabajo en las operaciones de vigilancia de control de ingreso de vehículos; sin embargo, no han tenido en cuenta que el trabajador afectado estuvo fuera de la garita de control donde realizaba sus labores de vigilancia; por lo que la resolución apelada ha

efectuado una interpretación extensiva del literal d) del artículo 74 de RLSST, por cuanto la norma solo se refiere a “los estándares de seguridad y salud en el trabajo en las operaciones”, por lo que se ha infringido el principio de tipicidad.

Interpretación errónea del literal 28.10 del artículo 28 del RLGIT

Señalan que para aplicar esta norma se requiere que su incumplimiento debe ser la causa del accidente de trabajo, en ese sentido el enunciado de este literal es que frente a la existencia de varias causas de un accidente se considera dentro del literal 28.10; sin embargo, sí se consideran que existen varias causas se debe tipificar la conducta como una infracción grave en materia de seguridad y salud en el trabajo, en atención del principio de razonabilidad; no obstante ello, la resolución de intendencia no ha desarrollado la verdadera causa del accidente, que es el mal accionar del conductor del camión, aludido en el acta de infracción, por lo tanto no podrían señalar que el RISST presentado sea la causa única del accidente de trabajo.

Interpretación errónea de la última parte del numeral 21.1 del artículo 21 del TUO de la Ley N° 27444 – Ley General del Procedimiento Administrativo General.

La resolución impugnada considera que no acudieron a la comparecencia programada a pesar de estar notificados en el domicilio que consta en el expediente, sin embargo, en el expediente inspectivo señalaron como domicilio en Calle Maximiliano Carranza N° 886 -888 – San Juan de Miraflores; al respecto se evidencia que este citatorio ha sido notificado a domicilio diferente al señalado en autos. Asimismo, ocurre con la notificación del Informe Final de Instrucción que habría sido notificado en las oficinas administrativas. En tal sentido la interpretación correcta del numeral 21.1 del artículo 21 del TUO de la LPAG debe notificarse en el domicilio señalado por la impugnante.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre la naturaleza y finalidad del recurso de revisión

8 “Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS

faculta a los administrados a interponer los recursos administrativos previstos en el artículo 218 del TUO de la LPAG9, pudiendo incluso “solicitar la nulidad de los actos administrativos que les conciernan por medio de los recursos administrativos previstos en el Título III Capítulo II de la presente Ley”10.

"Artículo 49.- Recursos administrativos Los recursos administrativos del procedimiento administrativo sancionador son aquellos previstos en el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019- JUS.

El Recurso de revisión es de carácter excepcional y se interpone ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral.

El Reglamento determina las demás condiciones para el ejercicio de los recursos administrativos”.

“La adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal.

El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que

Artículo 217. Facultad de contradicción 217.1 Conforme a lo señalado en el artículo 120, frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede su contradicción en la vía administrativa mediante los recursos administrativos señalados en el artículo siguiente, iniciándose el correspondiente procedimiento recursivo. (…)” 9 “Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS Artículo 218. Recursos administrativos 218.1 Los recursos administrativos son: a) Recurso de reconsideración b) Recurso de apelación Solo en caso que por ley o decreto legislativo se establezca expresamente, cabe la interposición del recurso administrativo de revisión. 218.2 El término para la interposición de los recursos es de quince (15) días perentorios, y deberán resolverse en el plazo de treinta (30) días.” 10 Numeral 1 del artículo 11 del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS.

sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias” (énfasis añadido).

De la falta de motivación de las resoluciones emitidas en el procedimiento administrativo sancionador

El principio del debido procedimiento administrativo se encuentra regulado en el artículo IV numeral 1.2. del Título Preliminar del T.U.O de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS.11

11 “Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo.”

de revisión en el proceso contencioso administrativo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 148 de la Carta Magna.

12 STC recaída en el Expediente N° 01412-2007-PA/TC, que señala: “Como ya lo ha expresado el Tribunal Constitucional en abundante sostenida jurisprudencia el debido proceso está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, en cuyo seno se alberga los actos administrativos, a fin de que las personas estén en la posibilidad de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado o de los particulares que pueda afectarlos. Queda claro, entonces, que la cláusula fundamental contenida en el artículo 139.3 de la Constitución Política del Perú, no es “patrimonio” exclusivo de los procesos jurisdiccionales, sino que el respeto del contenido del debido proceso se hace extensivo a los procesos administrativos públicos (como es el caso de autos) o privados”. (Fundamento 8). – “Dentro de la misma línea de razonamiento este Colegiado ha precisado que dentro de aquel conjunto de garantías mínimas que subyacen al debido proceso se encuentra el derecho a la motivación de las resoluciones, que adquiere vital preponderancia en el caso que nos ocupa, pues es este el derecho que el demandante reclama como vulnerado y por el cual acude a esta instancia en pos de tutela. Por su parte, la doctrina considera que la motivación supone la exteriorización obligatoria de las razones que sirven de sustento a una resolución de la administración”(Fundamento 10). – “En consecuencia debemos afirmar que el derecho a la motivación de las decisiones administrativas si bien no tiene un sustento constitucional directo, no es menos cierto que forma parte de aquella parcela de los derechos fundamentales innominados que integra la construcción constitucional del Estado que permite apartarse de toda aquella visión absoluta o autoritaria” (Fundamento 11). – “Hablar de un Estado Constitucional significa hablar de un modelo estatal en el que sus acciones están regidas por el Derecho, lo que trae como correlato que la actuación de la administración deberá dar cuenta de esta sujeción para alejar cualquier sospecha de arbitrariedad. Para lograr este objetivo, las decisiones de la administración deberán contener una adecuada motivación, tanto de los hechos como de la interpretación de las normas o el razonamiento realizado por el funcionario o colegiado, de ser el caso”. (Fundamento 12). – “Cuando en el considerando precedente se ha hecho referencia al término adecuada motivación, esta debe ser entendida como aquella que genera consecuencias positivas en un Estado de Derecho en el que la protección de los derechos fundamentales se rige como uno de sus principales pilares. Así, por un lado tenemos que una resolución debidamente motivada brinda seguridad jurídica a los administrados, y por otro, sirve como elemento de certeza a la autoridad administrativa que decide el procedimiento”. (Fundamento 13). 13 Ver fojas 10 del expediente inspectivo

documentos solicitados14, donde se verifica desde la carta poder, y otros documentos de gestión no especifica su dirección domiciliaria.

14 Ver fojas 11 a 99 del expediente inspectivo 15 Ver fojas 09 al 11 del expediente inspectivo 16 Ver fojas 32 a 36 del expediente sancionador 17 Ver fojas 22 del expediente sancionador 18 “Articulo 25. Vigencia de las notificaciones Las notificaciones surtirán efectos conforme a las siguientes reglas: (…) 2. Las cursadas mediante correo certificado, oficio, correo electrónico y análogos, el dia que conste haber sido recibidas.(…)”

“Artículo 10.- Causales de nulidad Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes: 1. La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias(…)” (énfasis añadido).

19 Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS “Artículo 26.- Notificaciones defectuosas 26.1 En caso que se demuestre que la notificación se ha realizado sin las formalidades y requisitos legales, la autoridad ordenará se rehaga, subsanando las omisiones en que se hubiesen incurrido, sin perjuicio para el administrado. (…)” 20 Sentencia recaída en el Expediente N° 02540-2012-PA/TC, del 18 de julio de 2014. En similar sentido, la sentencia recaída en el Expediente N° 01709-2011-PA/TC del 17 de marzo de 2011, en el fundamento 4 señala lo siguiente: “4. Que el Tribunal no comparte los pronunciamientos de las instancias judiciales, pues si bien la litis versa sobre actos emanados de la administración pública, no puede desconocerse que este Colegiado, en reiterada jurisprudencia, se ha pronunciado sobre el contenido y aplicación del debido proceso, precisando que “(…) los actos administrativos deben tener como requisito de validez la notificación con la finalidad que el administrado tenga la posibilidad de conocer el contenido de los actos administrativos, más aún en el caso que se apliquen sanciones o que se limiten los derechos del ciudadano”; incumplir este requisito vulnera el derecho de defensa. En el caso de autos no se aprecia la notificación al obligado de acuerdo a lo establecido por ley, y este Tribunal ya ha determinado que la vía del amparo resulta ser la idónea para la dilucidación de controversias como la de autos, en la cual se alega la falta de notificación de una multa.” 21 “Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 1.2. Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo. (…)”

notificación del informe final no se ha remitido a domicilio procesal señalado en autos, a fin de que surta efectos legales.

De la potestad del tribunal para declarar la nulidad de los actos emitidos en el procedimiento administrativo sancionador

22 Ver fojas 16 al 19 del expediente sancionador 23 Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS “Artículo 13.- Alcances de la nulidad 13.1 La nulidad de un acto sólo implica la de los sucesivos en el procedimiento, cuando estén vinculados a él. (…)”

POR TANTO:

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley N° 29981 – Ley que crea la Sunafil, el artículo 41 de la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, el artículo 259° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, y los artículos 15 y 17 del Decreto Supremo N° 007-2013-TR – Reglamento de Organización y Funciones de la Sunafil y sus modificatorias, y los artículos 2, 3 y 17 del Decreto Supremo N° 004-2017-TR – Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral,

SE RESUELVE:

PRIMERO.- Declarar NULO todo lo actuado hasta la notificación del Informe Final de Instrucción N° 424-2020-SUNAFIL/IRE-CAL/SIAI-IF, de fecha 13 de octubre de 2020, emitido por la Sub Intendencia de Actuaciones Inspectivas de la Intendencia Regional del Callao y, en consecuencia, RETROTRAER el procedimiento administrativo sancionador al momento en que se produjo el vicio, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO.- DEVOLVER todos los actuados a la Intendencia Regional del Callao para que proceda de acuerdo a sus atribuciones y conforme a lo señalado en el fundamento 6.22 de la presente resolución.

TERCERO.- Notificar la presente resolución a GRUPO GURKAS S.A.C. y a la Intendencia Regional del Callao, para sus efectos y fines pertinentes.

CUARTO.- Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

Documento firmado digitalmente

Documento firmado digitalmente Luis Erwin Mendoza Legoas

Desirée Bianca Orsini Wisotzki Presidente

Documento firmado digitalmente Luz Imelda Pacheco Zerga