Grupo Gerencial Asesoría y Servicios Integrales S.R.L — Res. 817-2025

Mediante Orden de Inspección N° 1052-2022-SUNAFIL/IRE-LAM, se dio inicio a las actuaciones inspectivas de investigación, con el objeto de verificar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral1, que culminaron con la emisión del Acta de Infracción N° 473-2022-SUNAFIL/IRE-LAM (en adelante, el Acta de Infracción), mediante la cual se propuso sanción económica a la impugnante por la comisión de, entre otras, una (01) infracción muy grave en materia de relaciones laborales y una (01) infracción muy grave a la labor inspectiva.

Que, mediante Imputación de Cargos N° 631-2022-SUNAFIL/IRE-LAM/SIFN, de fecha 06 de octubre de 2022, notificada el 13 de octubre de 2022, se dio inicio a la etapa instructiva, remitiéndose el Acta de Infracción y otorgándose un plazo de cinco (05) días

De conformidad con el literal g) del numeral 53.2 del artículo 53 del RLGIT, la autoridad instructora emitió el Informe Final de Instrucción N° 017-2023-SUNAFIL/IRE-LAM/SIFN, de fecha 13 de enero de 2023 (en adelante, el Informe Final), notificada el 6 de febrero de 2023, que determinó la existencia de las conductas infractoras imputadas a la impugnante, recomendando continuar con el procedimiento administrativo sancionador. Por lo cual, procedió a remitir el Informe Final y los actuados a la Subintendencia de Sanción de la Intendencia Regional de Lambayeque, la cual mediante Resolución de Sub Intendencia N° 088-2023-SUNAFIL/IRE-LAM/SISA, de fecha 06 de marzo de 2023, notificada el 25 de abril de 2023, le impuso sanción a la impugnante por la suma de S/ 31,418.00 , por haber incurrido en las siguientes infracciones:

Mediante escrito de fecha 16 de mayo de 2023, la impugnante presentó recurso de apelación contra la Resolución de Sub Intendencia N° 088-2023-SUNAFIL/IRE-LAM/SISA, de la cual se identifican los siguientes principales argumentos:

Mediante Resolución de Intendencia N° 152-2023-SUNAFIL/IRE LAMBAYEQUE, de fecha 30 de mayo de 2023 y notificado el 02 de junio de 2023, la Intendencia Regional de Lambayeque declaró infundado el recurso de apelación y confirmó la sanción contra la administrada, sobre la base de los siguientes principales fundamentos:

Con fecha 22 de junio de 2023, la impugnante presentó ante la Intendencia Regional de Lambayeque el recurso de revisión en contra de la Resolución de Intendencia N° 152- 2023-SUNAFIL/IRE LAMBAYEQUE.

La Intendencia Regional de Lambayeque elevó el recurso de revisión y los actuados al Tribunal de Fiscalización Laboral, mediante MEMORÁNDUM N° 864-2023- SUNAFIL/IRE-LAM recibido el 6 de julio de 2023, por el Tribunal de Fiscalización Laboral.

Mediante el artículo 1 de la Ley N° 299812, se crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (en adelante, SUNAFIL), disponiéndose en el artículo 7 de la misma Ley, que, para el cumplimiento de sus fines, la SUNAFIL contará dentro de su estructura orgánica con un Tribunal de Fiscalización Laboral.

El artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG), establece que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de éstos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe de otorgarle esta facultad al administrado mediante una ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días, respectivamente.

Así, el artículo 49 de la LGIT, modificado por el Decreto Legislativo N° 1499, define al recurso de revisión como un recurso administrativo del procedimiento administrativo sancionador con carácter excepcional, interpuesto ante la autoridad que resolvió en

El Reglamento del Tribunal establece que la finalidad del recurso de revisión es “la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias”7.

En ese sentido, es el mismo reglamento el que delimita la competencia del Tribunal a las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias, estableciéndose en el artículo 17 del Reglamento del Tribunal que se encuentra facultado para rectificar, integrar, excluir e interpretar la resolución emitida por la segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas.

En esta línea argumentativa, la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral comprende también la adecuación a la Constitución, a las leyes y al derecho, de conformidad con el principio de legalidad, que debe de caracterizar al comportamiento de las autoridades administrativas.

De la revisión de los actuados, se ha identificado que GRUPO GERENCIAL ASESORIA Y SERVICIOS INTEGRALES S.R.L., presentó el recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 152-2023-SUNAFIL/IRE LAMBAYEQUE , que confirmó la sanción impuesta de S/ 31,418.00 (Treinta y un mil cuatrocientos dieciocho con 00/100 soles) por la comisión, entre otra , una (01) infracción muy grave en materia de relaciones laborales, tipificada en el numeral 25.6 del artículo 25 del RLGIT y una (01) infracción muy grave a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT, dentro del plazo legal de quince (15) días hábiles, computados a partir del día hábil siguiente de la notificación de la citada resolución; esto es, el 05 de junio de 2023.

Así, al haberse identificado que el recurso interpuesto por el solicitante cumple con los requisitos legales previstos en el Reglamento del Tribunal y en las normas antes citadas, corresponde analizar los argumentos planteados por GRUPO GERENCIAL ASESORIA Y SERVICIOS INTEGRALES S.R.L.

Que, el artículo 25 de la Constitución Política del Perú establece que las vacaciones son el derecho que tiene el trabajador a suspender la prestación de sus servicios durante cierto número de días al año, sin pérdida de la remuneración habitual, cuyo disfrute y compensación es regulada por ley o convenio. Toda persona tiene derecho, después de un año de prestación de servicios continuos, a unas vacaciones anuales pagadas.

Cabe señalar que, el artículo 15 del Decreto Legislativo N° 713, que consolida la legislación sobre descansos remunerados de los trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada, establece que: “la remuneración vacacional es equivalente a la que el trabajador hubiera percibido habitualmente en caso de continuar laborando. Se considera remuneración, a este efecto, la computable para la compensación por tiempo de servicios, aplicándose analógicamente los criterios establecidos para la misma.”

El artículo 10 del Decreto Legislativo N° 713 señala que la falta de acumulación de los periodos vacacionales en su debida oportunidad no origina un derecho de acumulación, sino, que se le reconoce una reparación o compensación por el derecho adquirido y no gozado al considerar como irrecuperable la oportunidad del descanso vacacional.

Asimismo, el artículo 22 del citado cuerpo normativo, señala que los trabajadores que cesen después de cumplido el año de servicios y el correspondiente récord, sin haber disfrutado del descanso, tendrán derecho al abono íntegro de la remuneración vacacional. El récord trunco será compensado a razón de tanto dozavos y treintavos de la remuneración como meses y días computables hubiere laborado, respectivamente.

Así, el descanso vacacional implica el otorgamiento de tiempo al trabajador para que pueda dedicarlo al descanso, recreación, entre otro tipo de actividades distintas al trabajo. Por lo que, en consideración a ello, el trabajador que cumpla con una jornada

Cabe precisar que, para tipificar una conducta como infractora dentro del tipo sancionador por el numeral 25.6 del artículo 25 del RLGIT, el cual sanciona la falta de goce del derecho al descanso vacacional, se debe verificar que el trabajador(a), haya alcanzado el derecho al descanso vacacional anual, y segundo, que la inspeccionada no haya cumplido con su otorgamiento dentro del periodo que correspondía su goce.

El caso que nos aborda versa sobre la inspección de la materia de vacaciones, correspondiente al goce del periodo 2020-2021, al verificarse que el sujeto afectado ingresó el 27 de abril de 2020, por lo cual, para el 26 de abril de 2021 ya había adquirido la acumulación del récord vacacional para gozar de dicho derecho hasta el 27 de mayo del 2022. Sin embargo, en actuación inspectiva el administrado adjuntó boleta de pago del mes de mayo de 2022, mediante el cual pretende dar cuenta del otorgamiento del derecho vacacional solo por 16 días y no por los 30 que define la ley.

Al respecto, la tesis de defensa del administrado consiste, específicamente, en alegar que el sujeto afectado no ha acumulado el récord vacacional correspondiente, pues al iniciarse el estado de emergencia el 16 de marzo del 2020, para abril de 2021, el recurrente no laboró de manera efectiva los 260 días al año que la norma requiere, razón por la cual no le corresponde el goce vacacional; sin embargo, por discrecionalidad del empleador le otorgó 16 días.

Sobre el particular, al tratarse de un caso en el que el período discutido se sitúa en el estado de emergencia, resulta pertinente citar lo definido mediante el Decreto de Urgencia Nº 038-2020, el cual establece medidas complementarias para mitigar los efectos económicos causados a los trabajadores y empleadores ante el COVID-19 y otras medidas. Así tenemos:

En esa misma línea, resulta pertinente lo regulado por el Tribunal de Fiscalización Laboral, mediante Resolución de Sala Plena Nº 007-2022-SUNAFIL/TFL, de fecha 23 de octubre de 2022, según la cual establece como precedente administrativo de observancia obligatoria lo siguiente:

Sobre dicha base, se advierte que la tesis postulada por el administrado no puede ser acogida, pues la suspensión alegada constituye un procedimiento formal bajo impulso del empleador; por tanto, no puede ser presumida sino acreditada, aspecto no satisfecho por parte del impugnante en el proceso de inspección ni en el proceso administrativo.

De este modo, conforme bien han concluido las instancias precedentes, la acreditación de goce vacacional por parte del empleador en favor del sujeto afectado debía haberse generado por el correspondiente a todo el récord vacacional, esto es, los 30 días definidos por ley. Sin embargo, conforme lo reconoce el propio recurso impugnatorio de la administrada, dicha obligación no ha resultado satisfecha, ni en el plazo otorgado mediante medida de requerimiento en fecha 11 de julio de 2022, ni a lo largo del proceso administrativo sancionador. En ese sentido, este despacho resuelve confirmar

El numeral 5.3 del inciso 5 del artículo 5 de la LGIT, regula que los inspectores del trabajo están investidos de autoridad y facultados para requerir al sujeto responsable que, en un plazo determinado, adopte medidas en orden al cumplimiento de la normativa del orden sociolaboral, incluso con su justificación ante el inspector que ha realizado el requerimiento. Sobre ello, el numeral 13.5 del artículo 13 del RLGIT establece que, dichas medidas, se adoptan dentro del plazo establecido para la realización de las actuaciones de investigación o comprobatorias a que se refieren los numerales 13.3 y 13.4 del artículo 13 del mismo reglamento.

A su vez, el numeral 20.3 del artículo 20 del RLGIT, ha establecido que las medidas de requerimiento son órdenes dispuestas, por la inspección del trabajo, para el cumplimiento de las normas sociolaborales y de seguridad y salud en el trabajo. Así como que éstas pueden consistir en ordenar al empleador, siempre que se fundamente en el incumplimiento de la normatividad legal vigente, la paralización o prohibición inmediata de trabajo o tareas por inobservancia de la normativa sobre prevención de riesgos laborales, entre otras.

Así las cosas, corresponde indicar que la naturaleza jurídica de la medida inspectiva de requerimiento es la de ser una disposición ordenada por el servidor – inspector de trabajo- que puede tener como objeto el revertir los efectos de la ilegalidad de la conducta cometida por el inspeccionado de manera previa al inicio del procedimiento sancionador (medida de requerimiento en modalidad de subsanación de una infracción determinada por la inspección del trabajo), existiendo otra variante por la que los inspectores conminan al sujeto inspeccionado a adecuar su comportamiento a lo prescrito en las normas de trabajo (medida de requerimiento en modalidad de rectificación de una infracción determinada por la inspección del trabajo).

En esa línea de argumentación, de conformidad con el precedente administrativo de observancia obligatoria aprobado mediante Resolución de Sala Plena N° 002-2022- SUNAFIL/TFL, publicado el 06 de mayo de 2022, en el diario oficial El Peruano, la evaluación de los alegatos relativos a las medidas inspectivas de requerimiento deben de encontrarse vinculadas bajo los siguientes aspectos:

En ese sentido, respecto de la medida de requerimiento emitida en fecha 11 de julio de 2022, se verifica que ha resultado emitida dentro de los parámetros definidos precedentemente y otorgado un plazo adecuado y razonable para la acreditar su cumplimiento, conforme se visualiza a continuación:

Aún a pesar de ello, se ha logrado verificar el incumplimiento por parte de la administrada de lo ordenado por el comisionado, el cual constituía una solicitud ajustada a derecho y sobre el cual se pretendía restituir el derecho adquirido por parte del sujeto afectado. Sin embargo, sobre la base del proceder obstructivo de la impugnante dicha finalidad no ha podido ser satisfecha, por lo cual, se resuelve confirmar este extremo de la resolución impugnada.

Al respecto, resulta pertinente lo regulado por los numeral 13.3 y 13.4 del artículo 13 del RLGIT:

Dicho parámetro de se encuentra vinculado al artículo 13 de la LGIT, el cual establece que: “(…) Las actuaciones de investigación o comprobatorias deben realizarse en el plazo que se señale en cada caso concreto, sin que, con carácter general, puedan dilatarse más de treinta días hábiles, salvo que la dilación sea por causa imputable al sujeto inspeccionado. Cuando sea necesario o las circunstancias así lo aconsejen, puede autorizarse la prolongación de las actuaciones comprobatorias por el tiempo necesario hasta, su finalización, excepto en los casos cuya materia sea seguridad y salud en el trabajo (…).” ( Énfasis añadido).

De ese modo, la norma especial del sistema de inspección ha definido la necesidad y obligatoriedad de la actuación inspectiva dentro del plazo, lo cual involucra la materialización de actos de inspección y la emisión del acta de infracción. Sin perjuicio de ello, se precisa que en ninguna fuente se determina que un proceder contrapuesto a ello acarreará la nulidad de la actuación inspectiva, por tanto, la actuación fuera del plazo definido según orden de inspección, tendrá efectos en el servidor, más no trasladará sus efectos en las conclusiones que de la actuación inspectiva se obtengan.

En esa misma línea, la versión Nº 2 de la Directiva Nº 001-2017-SUNAFIL/INII, denominada “Directiva que Regula el Procedimiento Sancionador del Sistema de Inspección”, aprobada mediante Resolución de Superintendencia Nº 190-2021- SUNAFIL, de fecha 28 de junio de 2021, establece en su numeral 7.1.2.6. lo siguiente:

De acuerdo a ello, también se dispone para la autoridad de instrucción un plazo a fin de otorgar una respuesta al administrado en la etapa de instrucción, si bien se encuentra habilitada la posibilidad de extender el mismo, su retraso tampoco constituye causal de nulidad del acto administrativo; por tanto, la transgresión del mismo acarreará efectos en el proceder del servidor, más no en el resultado del proceso administrativo sancionador.

En esa línea, se desestima el argumento formulado por el administrado respecto a este extremo por no encontrar respaldo en el marco normativo del sistema de inspección, pues, independientemente que el cuerpo inspectivo o la autoridad de instrucción hayan transgredido los plazos en el desarrollo de la actuación inspectiva y la emisión del informe final de instrucción, respectivamente, no invalida el resultado del proceso propiamente. Así, la formulada en este extremo constituye una alegación sin efectos gravitantes en el proceso administrativo sancionador, por lo cual corresponde no acoger.

Finalmente, a título informativo se señala que, conforme fluye del expediente remitido, la multa subsistente —sin perjuicio del pronunciamiento que se emita como efecto de la nulidad desarrollada en la presente resolución—, como resultado del procedimiento administrativo sancionador, serían las que corresponden a las siguientes infracciones:

Cabe precisar que este detalle se provee a título informativo y cualquier error de hecho o de derecho durante la tramitación del expediente que resultara en un error, omisión o imprecisión en las materias, cantidad, conducta, tipificación legal, clasificación o cuantía, resulta de exclusiva responsabilidad de la Intendencia respectiva.