Grupo Gerencial Asesoría y Servicios Integrales S.R.L — Res. 678-2026

Mediante Orden de Inspección N° 3489-2021-SUNAFIL/IRE-AQP, se dio inicio a las actuaciones inspectivas de investigación, con el objeto de verificar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral, que culminaron con la emisión del Acta de Infracción N° 0021-2021-SUNAFIL/IRE-AQP (en adelante, el Acta de Infracción). En mérito a la denuncia formulada en aplicación del literal c) del artículo 12° de la Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo.

Que, mediante Imputación de Cargos N° 965-2022-SUNAFIL/IRE-AQP/SIFN, notificada el 28 de setiembre de 2022, se dio inicio a la etapa instructiva, remitiéndose el Acta de Infracción y otorgándose un plazo de cinco (05) días hábiles para la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal e) del numeral 53.2 del artículo 20555195444 soft

De conformidad con el literal g) del numeral 53.2 del artículo 53° del RLGIT, la Autoridad Instructora emitió el Informe Final de Instrucción N° 154-2023-SUNAFIL/IRE-AQP/SIFN, notificado el 22 de marzo de 2023 (en adelante, el Informe Final), que determinó la existencia de las conductas infractoras imputadas a la impugnante, recomendando continuar con el procedimiento administrativo sancionador. Por lo cual procedió a remitir el Informe Final y los actuados a la Sub Intendencia de Sanción de la Intendencia Regional de Arequipa, la que mediante Resolución de Sub Intendencia N° 683-2023-SUNAFIL/IRE- SISA-AQP, notificada el 28 de junio de 2023, multó a la impugnante por haber incurrido en las siguientes infracciones:

Con fecha 18 de julio de 2023, la impugnante interpuso recurso de apelación contra la Resolución de Sub Intendencia N° 683-2023-SUNAFIL/IRE-SISA-AQP, presentando argumentos en atención a lo dispuesto en el artículo 49° de la LGIT1, concordante con el

Mediante Resolución de Intendencia N° 46-2024-SUNAFIL/IRE-AQP, notificada el 06 de febrero de 2024, la Intendencia Regional de Arequipa, tras evaluar los argumentos expuestos, declaró infundado el recurso de apelación interpuesto por la impugnante, confirmando la sanción impuesta por la autoridad de primera instancia.

Con fecha 22 de febrero de 2024, la impugnante presentó ante la Intendencia Regional de Arequipa el recurso de revisión en contra de la Resolución de Intendencia N° 46-2024- SUNAFIL/IRE-AQP.

La Intendencia Regional de Arequipa admitió a trámite el recurso de revisión y elevó los actuados al Tribunal de Fiscalización Laboral, mediante memorando, recibido el 11 de marzo de 2024 por el Tribunal de Fiscalización Laboral.

Mediante el artículo 1° de la Ley N° 299814, se crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (en adelante, SUNAFIL), disponiéndose en el artículo 7° de la misma

Asimismo, de conformidad con el artículo 15° de la Ley N° 299815, en concordancia con el artículo 41° de la Ley General de Inspección del Trabajo6 y modificatorias (en adelante, LGIT), el artículo 17° del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR7, y el artículo 2° del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR8 (en adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

El artículo 217° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS y modificatorias (en adelante, TUO de la LPAG), establece que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo,

Así, el artículo 49° de la LGIT, modificado por el Decreto Legislativo N° 1499, define al recurso de revisión como un recurso administrativo del procedimiento administrativo sancionador con carácter excepcional, interpuesto ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos de que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral, estableciéndose en el artículo 55° del RLGIT, modificado por Decreto Supremo N° 016- 2017-TR, que los requisitos de admisibilidad y procedencia se desarrollarían en el Reglamento del Tribunal.

El Reglamento del Tribunal establece que la finalidad del recurso de revisión es “la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, y sus normas modificatorias”9.

En ese sentido, es el mismo reglamento el que delimita la competencia del Tribunal a las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, y sus normas modificatorias, estableciéndose en el artículo 17° del Reglamento del Tribunal que se encuentra facultado para rectificar, integrar, excluir e interpretar la resolución emitida por la segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas.

En este orden de ideas, resulta indispensable que el Tribunal revise el cumplimiento del ordenamiento jurídico en materia sociolaboral -tanto adjetivo como sustantivo-, así como vele por la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema de Inspección del Trabajo. La normativa adjetiva es aquella que garantiza a los administrados constituirse como sujetos del procedimiento administrativo dentro de la relación jurídico-procedimental establecida en el marco del Sistema de inspección del Trabajo. Cabe precisar que dicho

En esta línea argumentativa, la aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral comprende también la adecuación a la Constitución, a las leyes, al derecho, y de conformidad con el Principio de Legalidad, y que debe caracterizar al comportamiento de las autoridades administrativas.

De la revisión de los actuados, se ha identificado que el GRUPO GERENCIAL ASESORIA Y SERVICIOS INTEGRALES S.R.L., presentó el recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 46-2024-SUNAFIL/IRE-AQP, emitida por la Intendencia Regional de Arequipa, que confirmó la sanción impuesta por la comisión, entre otras, de una (01) infracción MUY GRAVE en materia de seguridad social, tipificada en el numeral 44-B.2 del artículo 44-B° del RLGIT, y de una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46° de la norma antes acotada; dentro del plazo legal de quince (15) días hábiles, computados a partir del primer día hábil siguiente de la notificación de la citada resolución; esto es, el 07 de febrero de 2024.

Así, al haberse identificado que el recurso interpuesto por el solicitante cumple con los requisitos legales previstos en el Reglamento del Tribunal y en las normas antes citadas, corresponde analizar los argumentos planteados por el GRUPO GERENCIAL ASESORIA Y SERVICIOS INTEGRALES S.R.L.

Respecto a la caducidad alegada, se debe tener en cuenta que el ejercicio de la potestad sancionadora por parte de la Administración Pública está supeditado, entre otros requisitos, al cumplimiento de un plazo legalmente establecido para su tramitación. La inobservancia de dicho plazo conlleva la extinción de la facultad sancionadora mediante la figura de la caducidad.

En atención a lo señalado por la impugnante, corresponde evaluar prima facie si en el presente procedimiento se ha configurado la causal de caducidad. En ese sentido, el artículo 259° del TUO de la LPAG establece lo siguiente:

En virtud de lo dispuesto por la norma citada, se entiende que el cómputo del plazo de caducidad del procedimiento sancionador no se inicia con la mera emisión de la imputación de cargos, sino a partir de su notificación, acto con el cual se formaliza el inicio del procedimiento. Este criterio resulta concordante con lo previsto en el numeral 53.4.2 del artículo 53° del RLGIT, el cual establece que el plazo máximo para resolver el procedimiento administrativo sancionador es de nueve (09) meses calendario contados desde la notificación de la imputación de cargos, pudiendo ser ampliado excepcionalmente hasta por tres (03) meses mediante decisión debidamente motivada. En consecuencia, si transcurre el plazo legal establecido para resolver sin que se haya notificado la resolución correspondiente, el procedimiento se considera automáticamente caducado.

En ese sentido, conforme a lo señalado anteriormente, se advierte que el procedimiento administrativo sancionador se inició el 28 de setiembre de 2022, con la notificación de la Imputación de Cargos N° 965-2022-SUNAFIL/IRE-AQP/SIFN. Por tanto, en aplicación del plazo máximo de nueve (09) meses calendario previsto en el numeral 53.4.2 del artículo 53° del RLGIT, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 259° del TUO de la LPAG, la autoridad sancionadora de primera instancia contaba hasta el 28 de junio de 2023 para emitir y notificar válidamente la resolución respectiva.

Cabe señalar que la Resolución de Sub Intendencia N° 683-2023-SUNAFIL/IRE-SISA-AQP fue notificada el 28 de junio de 2023. En ese sentido, se constata que dicha resolución fue emitida y notificada dentro del plazo legal de nueve (09) meses calendario, computado desde la notificación de la imputación de cargos, no evidenciándose que la autoridad administrativa haya excedido el plazo legalmente previsto para resolver el procedimiento administrativo sancionador.

En consecuencia, corresponde desestimar los alegatos de la impugnante referidos a la presunta caducidad del procedimiento administrativo sancionador, toda vez que, conforme a lo expuesto, el cómputo del plazo se inició con la notificación de la imputación de cargos y la autoridad sancionadora competente emitió y notificó la resolución de primera instancia dentro del plazo establecido en el numeral 53.4.2 del artículo 53° del RLGIT, en concordancia con el artículo 259° del TUO de la LPAG, no habiéndose configurado la caducidad alegada.

Sobre el particular, es preciso señalar que la naturaleza excepcional del recurso de revisión se encuentra regulada en el artículo 218° del TUO de la LPAG, el cual establece que para su interposición debe estar expresamente facultada por ley o decreto legislativo. En ese marco, la LGIT, como norma especial aplicable, contempla dicha facultad en su artículo 49°:

De igual forma, el artículo 55° del RLGIT establece que, el recurso de revisión es de carácter excepcional e interpuesto ante la autoridad que resolvió en segunda instancia. Asimismo, su procedencia y requisitos de admisibilidad se encuentran desarrollados en el Reglamento del Tribunal, tal como fue señalado en el punto 3.5 de la presente resolución.

Por su parte, el artículo 14° del Reglamento del Tribunal, establece que el recurso de revisión tiene por finalidad:

En esa misma línea, corresponde invocar los criterios establecidos en los fundamentos 6.17, 6.18 y 6.19 de la Resolución de Sala Plena N° 003-2022-SUNAFIL/TFL, vigente desde el 18 de agosto de 2022, mediante los cuales este Tribunal estableció como precedentes administrativos de observancia obligatoria, señalando que:

Lo anterior exige al administrado una mayor rigurosidad en la formulación de sus escritos de revisión, en la medida que, al tratarse de un recurso extraordinario, para que los fundamentos contenidos en este puedan ser conocidos y evaluados por el Tribunal, no basta que la resolución recurrida contenga la imposición de sanciones por infracciones muy graves, sino que su impugnación debe ceñirse estrictamente a los presupuestos básicos establecidos en el artículo 14 del Reglamento del Tribunal, esto es: 1) Debe cuestionar al menos una infracción tipificada y calificada como muy grave, en el RLGIT, o en caso de omisión, el razonamiento empleado es suficiente para deducir ello, y; 2) Este cuestionamiento debe sustentarse necesariamente, en la inaplicación, o aplicación o interpretación errónea de las normas que rigen el derecho laboral, y/o en el apartamiento inmotivado de algún precedente de observancia obligatoria emitido por este Tribunal, que haya incidido directa o indirectamente, en la determinación de las infracciones. 6.19. Y es que, en ciertos casos, se aprecia la existencia de recursos de revisión donde, impugnándose una resolución que confirma la imposición de una sanción económica por la comisión de alguna infracción tipificada como muy grave en el RLGIT; no se cuestiona expresamente dicha infracción de forma directa o siquiera indirecta (cuando no se plantea algún razonamiento que pueda permitir deducir ello). Tal situación implica que tales recursos promueven asuntos fuera de la competencia material de este Tribunal, debiendo éste órgano colegiado declarar la improcedencia, conforme a la normativa que rige su actuación. (…)”.

En ese sentido, el análisis de los argumentos de la impugnante se circunscribirá a los aspectos comprendidos dentro del ámbito de competencia del Tribunal, relacionados con la infracción calificada como muy grave e identificando si sobre ésta se ha producido alguno de los supuestos previstos en el artículo 14° del Reglamento del Tribunal, así como en los precedentes de observancia obligatoria emitidos por este Tribunal. En consecuencia, no corresponde a esta Sala pronunciarse sobre alegatos que no se encuentren dentro de esos presupuestos o que no estén vinculados a la infracción muy grave impuesta.

De acuerdo con las definiciones contempladas en el artículo 1° de la LGIT, la función inspectiva es la actividad que comprende el ejercicio de la vigilancia y exigencia del cumplimiento del ordenamiento sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo. En esa línea, el artículo 5° de la LGIT contempla las facultades inspectivas que los inspectores de trabajo están investidos de autoridad para ejercer durante el desarrollo de las funciones de inspección. Por ello, el numeral 5.5 del referido artículo 5° de la LGIT señala que los inspectores de trabajo adoptan, entre otras medidas según sea el caso, una vez finalizadas las diligencias inspectivas, el inicio del procedimiento administrativo sancionador mediante la extensión del Acta de Infracción.

Tomando en cuenta lo antes expuesto, se debe precisar que, el numeral 13.5 del artículo 13° del RLGIT señala que: “Las medidas a que se refiere el numeral 5 del artículo 5 de la Ley se adoptan dentro del plazo establecido para la realización de las actuaciones de investigación o comprobatorias a que se refiere los numerales 13.3 y 13.4 del artículo 13”. Ahora, de la revisión de los numerales 13.3 y 13.4 del artículo 13° del RLGIT, se advierte que la norma dispone que las actuaciones de investigación o comprobatorias deben realizarse dentro del plazo señalado en las ordenes de inspección, siendo el plazo máximo para su realización el de treinta (30) días hábiles, computándose desde la fecha en que se inicien las actuaciones inspectivas, y que la prórroga del plazo para el desarrollo de las actuaciones de investigación o comprobatorias, autorizada conforme a lo previsto en la Ley, se puede efectuar una sola vez y por el plazo máximo de treinta (30) días hábiles.

En el presente caso, de la revisión del expediente inspectivo se advierte que la Orden de Inspección N° 3489-2021-SUNAFIL/IRE-AQP, que dio origen al inicio de las actuaciones inspectivas de investigación o comprobatorias a la impugnante, y de la misma se evidencia que, el plazo otorgado fue de veinticinco días hábiles para el desarrollo de las actuaciones inspectivas. Asimismo, se verifica que las actuaciones inspectivas se iniciaron con el requerimiento de información de fecha 29 de diciembre de 2021, y que la última diligencia inspectiva —comprobación de datos— se efectuó el 01 de febrero de 2022, esto es, antes del vencimiento del plazo para el desarrollo de las actuaciones de investigación. En esa línea, el Acta de Infracción fue extendida el 01 de febrero de 2022, tomando en consideración el plazo señalado por la versión 02 de la Directiva N° 001-2020- SUNAFIL/INII, una vez concluidas las actuaciones inspectivas. Sin perjuicio de ello, se advierte que dicho documento fue suscrito en fecha 10 de febrero de 2022.

Sin embargo, si bien el numeral 13.5 del artículo 13° del RLGIT, dispone el plazo en el cual los inspectores de trabajo deben extender el Acta de Infracción, siendo este el plazo establecido para la realización de las actuaciones inspectivas; dicha disposición normativa no establece un plazo perentorio para la suscripción ni para la notificación del Acta de Infracción. Por lo tanto, no ha existido incumplimiento alguno por parte de los inspectores de trabajo sobre la obligación legal contenida en la disposición normativa antes acotada, como erróneamente alega la impugnante en su escrito que contiene su recurso de revisión.

Por otro lado, corresponde precisar que, al momento en que concluyen las actuaciones inspectivas, no existía norma expresa que señalara un plazo perentorio para notificar el Acta de Infracción, ni tampoco una disposición que estableciera un plazo perentorio para su suscripción; aunado a ello, si bien el numeral 24.1 del artículo 24° del TUO de la LPAG11, dispone que toda notificación debe practicarse a más tardar dentro del plazo de cinco (05) días a partir de la expedición del acto que se notifique. Es importante recalcar lo dispuesto en el artículo 15° del TUO de la LPAG que señala lo siguiente: “Los vicios incurridos en la ejecución de un acto administrativo, o en su notificación a los administrados, son independientes de su validez”, y lo consignado en el numeral 151.3 del artículo 151° del mismo cuerpo legal que precisa: “El vencimiento del plazo para cumplir un acto o cargo a la Administración, no exime de sus obligaciones establecidas atendiendo al orden público. La actuación administrativa fuera de término no queda afecta de nulidad, salvo que la ley expresamente así lo disponga por la naturaleza perentoria del plazo”.

En virtud de ello, la inobservancia del plazo legal no impide que las autoridades competentes que están a cargo del trámite del procedimiento administrativo sancionador realicen las actuaciones que sean necesarias a efectos que se proceda con la notificación del Acta de Infracción, máxime si la LGIT y el RLGIT no disponen como consecuencia jurídica la nulidad del acto administrativo por efectuar actuaciones fuera del plazo legal. En consecuencia, la demora en la extensión, suscripción y/o la notificación del Acta de Infracción no afecta su validez. Sin embargo, el retraso existente en el caso examinado es notable y permite a esta Sala recordar a las instancias administrativas correspondientes que tal situación puede suponer un desafío a la seguridad jurídica de administrados y terceros con interés por igual, por lo que deben tomarse medidas pertinentes para evitar tales dilaciones.

En atención a los fundamentos antes expuestos, se concluye que el Acta de Infracción no incurre en un vicio formal vinculado a su extensión que afecte su validez, al haber sido emitida dentro del plazo de las actuaciones inspectivas, conforme a lo previsto en el numeral 13.5 del artículo 13° del RLGIT. Sin perjuicio de ello, y considerando la naturaleza excepcional del recurso de revisión, corresponde precisar que el análisis de esta Sala se circunscribirá a las infracciones calificadas como muy graves, conforme a lo previsto en el artículo 14° del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, evaluándose en los apartados siguientes su conformidad con el ordenamiento jurídico.

Conforme lo establece el numeral 5.3 del inciso 5 del artículo 5° de la LGIT, los inspectores del trabajo están investidos de autoridad y facultados para requerir al sujeto responsable que, en un plazo determinado, adopte medidas en orden al cumplimiento de la normativa del orden sociolaboral, incluso con su justificación ante el inspector que ha realizado el requerimiento. Sobre ello, el numeral 13.5 del artículo 13° del RLGIT establece que, dichas medidas, se adoptan dentro del plazo establecido para la realización de las actuaciones de investigación o comprobatorias a que se refiere los numerales 13.3 y 13.4 del artículo 13° del citado reglamento.

A su vez, el numeral 20.3 del artículo 20° del RLGIT ha establecido que, las medidas de requerimiento son órdenes dispuestas por la inspección del trabajo para el cumplimiento de las normas sociolaborales y de seguridad y salud en el trabajo. Las mismas que pueden consistir en ordenar al empleador, siempre que se fundamente en el incumplimiento de la normatividad legal vigente, se le registre en planillas, se abonen las remuneraciones y beneficios laborales pendientes de pago, se establezca que el contrato de trabajo sujeto a modalidad es a plazo indeterminado y la continuidad del trabajador cuando corresponda, entre otras.

Como se evidencia de las normas glosadas, la naturaleza jurídica de la medida inspectiva de requerimiento es la de ser una medida correctiva que tiene como objeto revertir los efectos de la ilegalidad de la conducta cometida por el inspeccionado de manera previa al inicio del procedimiento administrativo sancionador.

En virtud de lo expuesto, corresponde al sujeto inspeccionado dar cumplimiento a lo ordenado por la autoridad inspectiva; caso contrario, su inobservancia o incumplimiento de la medida de requerimiento constituye una infracción a la labor inspectiva calificada como muy grave, conforme a lo previsto en el numeral 46.7 del artículo 46° del RLGIT, siendo sancionable con multa, de acuerdo a lo establecido en el artículo 36° de la LGIT.

Bajo esa línea argumentativa, y de conformidad con el precedente administrativo de observancia obligatoria aprobado mediante la Resolución de Sala Plena N° 002-2022- SUNAFIL/TFL, publicada el 06 de mayo de 2022 en el diario oficial El Peruano, la evaluación de los alegatos formulados en relación a la medida inspectiva de requerimiento deben efectuarse considerando los siguientes aspectos:

Así como a la luz de los alcances establecidos en la Resolución de Sala Plena N° 009-2023- SUNAFIL/TFL, el cual dispone que:

Es pertinente señalar que, mediante Resolución de Sala Plena N° 001-2021-SUNAFIL/TFL, que constituye precedente de observancia obligatoria, este Tribunal reconoce la naturaleza independiente de las infracciones contra la labor inspectiva, estableciendo que: “los actos o hechos que impiden o dificulten la labor inspectiva y que se consignan en el acta de infracción, constituyen infracciones que no tienen una naturaleza secundaria, adjunta ni dependiente respecto de posibles infracciones ocurridas y detectadas en la visita inspectiva, referentes a aspectos sustantivos objeto de control por la inspección del trabajo”. Por lo tanto, su configuración se realiza de manera independiente a las infracciones detectadas en relación con el ordenamiento jurídico sociolaboral o en materia de seguridad y salud en el trabajo.

En ese sentido, se aprecia que la medida inspectiva de requerimiento de fecha 17 de enero de 2022, obrante en el expediente digital, dispuso a la impugnante en su calidad de sujeto inspeccionado12, cumpla con realizar las siguientes obligaciones en un plazo máximo de diez (10) días hábiles:

En el presente caso, de acuerdo con los numerales 4.5, 4.6 y 4.7 del acápite IV. Hechos Constatados del Acta de Infracción, y considerando la verificación efectuada mediante el uso de tecnologías de la información13, el personal inspectivo concluyó que el administrado no cumplió con acreditar, dentro del plazo otorgado, el cumplimiento total de lo exigido en la medida inspectiva de requerimiento; por lo que, se configuró la infracción al numeral 46.7 del artículo 46° del RLGIT, al haberse considerado que la documentación presentada no desvirtúa la situación advertida por la autoridad inspectiva ni acredita el cumplimiento total de lo ordenado mediante dicha medida.

Asimismo, de la verificación realizada a la medida inspectiva de requerimiento se advierte que, ésta cumple con los Principios de Razonabilidad, Proporcionalidad y Legalidad, al haber sido emitida en el marco de las actuaciones inspectivas originadas por la Orden de Inspección N° 3489-2021-SUNAFIL/IRE-AQP, y en concordancia con los hallazgos verificados durante la etapa inspectiva y consolidadas en el Acta de Infracción correspondiente.

En consecuencia, el personal inspectivo ha aplicado correctamente lo dispuesto en el artículo 14° de la LGIT y en el numeral 17.2 del artículo 17° del RLGIT, los cuales señalan que para la extensión de una medida inspectiva de requerimiento resulta de vital importancia, la verificación de una infracción al ordenamiento jurídico sociolaboral. Tal supuesto se ha configurado en el presente caso, toda vez que, durante la fase inspectiva, se llevó a cabo una actuación probatoria adecuada, orientada a que la Administración Pública acredite fundadamente la existencia de la infracción imputada.

Es pertinente precisar que, el cumplimiento de una medida inspectiva de requerimiento exige la atención integral, oportuna y conforme a los términos expresamente establecidos por la autoridad inspectiva. Dado su carácter coercitivo, dicha medida impone la obligación de acatar en su totalidad el mandato contenido en ella, cumpliendo con cada extremo dentro del plazo señalado, sin que sea válido el cumplimiento fragmentario o condicionado a interpretaciones unilaterales del administrado.

En efecto, aunque la medida inspectiva de requerimiento pueda contener diversos mandatos específicos, cada uno de éstos responde a un incumplimiento específico y constituye una obligación autónoma que debe ser cumplida de manera independiente. A pesar de la eventual invalidez o cuestionamiento de alguno de los mandatos, no compromete la exigibilidad de los demás, asegurando la eficacia de la función inspectiva y la finalidad correctiva y preventiva del sistema. Siendo así, el administrado mantiene latente su deber de colaboración previsto en el artículo 9° de la LGIT, lo que implica dar

En el presente procedimiento administrativo sancionador, con relación a los mandatos pendientes de acreditación de la medida inspectiva de requerimiento, la impugnante sostuvo que las actuaciones ordenadas por la autoridad inspectiva habrían sido atendidas mediante la información y documentación presentada, así como las gestiones realizadas durante las actuaciones inspectivas. No obstante, tales alegaciones no desvirtúan el incumplimiento verificado, pues la medida inspectiva imponía al administrado la obligación de atender integralmente los mandatos dentro del plazo otorgado y conforme a las condiciones fijadas por la autoridad inspectiva, lo cual no fue observado en los términos requeridos.

En ese contexto, resulta pertinente tener en cuenta el precedente administrativo de observancia obligatoria contenido en los fundamentos 6.19, 6.20, 6.21 y 6.22 de la Resolución de Sala Plena N° 001-2023-SUNAFIL/TFL, el cual establece lo siguiente:

En efecto, en aplicación al precedente antes mencionado, corresponde señalar que el Principio de Verdad Material impone a la autoridad fiscalizadora y sancionadora la obligación de verificar de manera suficiente y objetiva los hechos que fundamentan sus decisiones. Ello implica una valoración integral de los medios probatorios –tanto directos como indirectos– incorporados al expediente, la cual debe estar debidamente documentada y motivada. En ese sentido, la carga probatoria que pesa sobre la Administración se satisface cuando esta actúa con diligencia en la obtención, incorporación y análisis de los elementos de convicción necesarios para sustentar la imputación de responsabilidad administrativa.

En atención a lo señalado en el numeral precedente, esta Sala advierte que la carga probatoria atribuida a la Administración quedó satisfecha mediante las actuaciones inspectivas realizadas y la valoración exhaustiva de la documentación incorporada durante la etapa inspectiva, las cuales permitieron constatar que la impugnante no acreditó el cumplimiento íntegro de los mandatos contenidos en la medida inspectiva de requerimiento, emitida dentro del marco legal y procedimental correspondiente. En consecuencia, correspondía a la impugnante presentar evidencia objetiva, clara y suficiente que demostrara el cumplimiento de los mandatos o la existencia de alguna circunstancia que excluyera su responsabilidad. Sin embargo, si bien la impugnante sostiene haber atendido lo dispuesto mediante la presentación de diversa documentación, de la valoración conjunta de los actuados no se advierte que dichos elementos resulten idóneos para acreditar de manera objetiva el cumplimiento del mandato en los términos exigidos por la citada medida inspectiva, lo que impide desvirtuar la constatación realizada por el personal inspectivo. En ese sentido, no se advierte que la medida inspectiva de requerimiento haya sido emitida sin sustento fáctico o jurídico, ni en contravención de los Principios de Legalidad y Razonabilidad. Por ello, las alegaciones formuladas por la impugnante en este extremo no resultan amparables.

En relación con lo alegado por la impugnante respecto a la supuesta irrazonabilidad del plazo otorgado mediante la medida inspectiva de requerimiento, así como a las circunstancias derivadas de la emergencia sanitaria por la COVID-19 que habrían afectado la prestación de servicios, corresponde precisar que tales argumentos no desvirtúan la validez ni la exigibilidad del mandato inspectivo. En efecto, el plazo de diez (10) días hábiles otorgado resulta razonable y proporcional en atención a la naturaleza de las obligaciones ordenadas, orientadas a la subsanación de incumplimientos previamente verificados, cuyo cumplimiento recae directamente en la esfera de organización y gestión del empleador. Asimismo, si bien la impugnante invoca la afectación de sus actividades por el contexto de la pandemia, no se advierte la acreditación de una imposibilidad objetiva, absoluta o insuperable que le haya impedido ejecutar los mandatos en los términos exigidos, máxime cuando la medida inspectiva fue emitida en un contexto de reanudación progresiva de actividades económicas. En ese sentido, las alegaciones formuladas constituyen justificaciones genéricas que no enervan el incumplimiento verificado, manteniéndose incólume la validez de la medida inspectiva de requerimiento y la configuración de la infracción imputada.

Conforme a lo anteriormente expuesto, corresponde mantener la sanción impuesta por la infracción tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46° del RLGIT, al haberse constatado que la impugnante incurrió en el incumplimiento de una medida inspectiva de requerimiento notificada el 17 de enero de 2022 por la autoridad inspectiva en el ejercicio de sus funciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14° de la LGIT y en el numeral 17.2 del artículo 17° del RLGIT. Dicha medida fue válidamente notificada y contenía un mandato expreso, razonable y proporcional, orientado a revertir la situación antijurídica previamente constatada durante la etapa inspectiva. Por tanto, al no advertirse vulneración alguna a los principios del procedimiento administrativo sancionador ni causal de nulidad, corresponde confirmar la sanción impuesta por la comisión de la referida infracción, desestimándose en consecuencia los alegatos formulados por la impugnante en cuanto se encuentran relacionados con el incumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento.

De conformidad con el artículo 10° de la Constitución Política del Perú, reconoce el derecho a la seguridad social, señalando que:

Sobre el particular, el artículo 29° del Texto Único Ordenado de la Ley del Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones, aprobado por Decreto Supremo N° 054-97- EF (en adelante, el Decreto Supremo N° 054-97-EF), establece que: “Los aportes al Fondo pueden provenir de los trabajadores dependientes, de los trabajadores independientes o de los empleadores. En el primer caso, los empleadores actúan como agentes retenedores”. (énfasis añadido)

Asimismo, el artículo 30° del Decreto Supremo N° 054-97-EF dispone lo siguiente:

En cuanto al abono de los aportes en la Cuenta Individual de Capitación del afiliado, el artículo 32° del Decreto Supremo N° 054-97-EF, dispone que:

De igual manera, el artículo 34° de la citada norma, prescribe que:

Respecto al pago, el artículo 35° del Decreto Supremo N° 054-97-EF, establece lo siguiente: “Cuando el empleador no cumpla con el pago oportuno de los aportes al Sistema Privado de Pensiones, deberá formular una "Declaración sin Pago" de los mismos, dentro del mismo plazo que tiene para efectuar el pago de los aportes del trabajador, utilizando el formato que designe la Superintendencia de AFP”.

En ese contexto, el numeral 44-B.2 del artículo 44-B° del RLGIT tipifica como infracción muy grave el no efectuar el pago de todo o parte de los aportes al Sistema Privado de Pensiones efectivamente retenidos de los trabajadores afiliados en la oportunidad que corresponda. En tal sentido, este tipo infractor se encuentra orientado a tutelar el adecuado cumplimiento de la obligación del empleador en su condición de agente retenedor, específicamente respecto del traslado oportuno a la entidad previsional de los montos previamente descontados al trabajador, lo que presupone necesariamente la existencia de una retención efectiva.

Por tanto, la configuración de la infracción tipificada en el numeral 44-B.2 del artículo 44- B° del RLGIT exige que se acredite que los aportes previsionales fueron efectivamente retenidos a los trabajadores y que, pese a ello, no fueron pagados dentro del plazo legal correspondiente. En ese sentido, no resulta suficiente verificar un incumplimiento en el pago de aportes al Sistema Privado de Pensiones, sino que es necesario demostrar la existencia previa de la retención, en tanto constituye el supuesto específico que define dicha infracción.

En el presente caso, se advierte que la imputación efectuada por la autoridad inspectiva se sustenta en la verificación del cumplimiento, entre otros, de las obligaciones previsionales del sujeto inspeccionado, específicamente respecto al pago de los aportes al Sistema Privado de Pensiones correspondientes al período de enero a diciembre de 2021. De acuerdo con lo consignado en el expediente, durante las actuaciones inspectivas se determinó el incumplimiento respecto de un conjunto de trabajadores, el cual, en el marco del procedimiento administrativo sancionador y a partir de la documentación presentada por la impugnante, fue posteriormente reducido. Sobre la base de dichas observaciones, la autoridad inspectiva concluye que no se habría cumplido con la obligación de pago de los aportes previsionales retenidos, calificando dicha conducta como infracción muy grave y subsumiéndola en el numeral 44-B.2 del artículo 44° del RLGIT. No obstante, se advierte que la Autoridad Sancionadora de primera instancia, al desarrollar la infracción, introduce un análisis vinculado al incumplimiento de la

En ese sentido, corresponde señalar, en primer término, que el Principio de Legalidad, recogido en el numeral 1.1 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, establece que las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución Política del Perú, la ley y el derecho, dentro de las facultades que les han sido atribuidas y de acuerdo con los fines para los cuales fueron conferidas. Este principio constituye un límite infranqueable al ejercicio de la potestad sancionadora, al imponer que toda actuación se sustente en lo previsto por el ordenamiento jurídico.

En estrecha relación, el Principio de Tipicidad, previsto en el numeral 4 del artículo 248° del TUO de la LPAG, establece que solo constituyen conductas sancionables administrativamente aquellas infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analógica. Este mandato de tipificación se proyecta en dos niveles:

Respecto al segundo nivel, cuya materia es la que nos ocupa, se denota que la tipicidad cumple una función garantista en el procedimiento administrativo sancionador, al circunscribir la actuación de la Administración y evitar que, mediante interpretaciones amplificadas, se incluyan conductas no previstas en el ordenamiento. Ello obliga a que, desde la imputación de cargos, la autoridad administrativa verifique con precisión si la conducta atribuida al administrado se subsume en el supuesto infractor definido por la norma.

Bajo dicho marco, resulta pertinente examinar con detenimiento el contenido de las infracciones muy graves en materia de seguridad social, contenida en el numeral 44-B.1

El numeral 44.B-2 del artículo 44-B° del RLGIT establece como infracción muy grave: “No efectuar el pago de todo o parte de los aportes al Sistema Privado de Pensiones efectivamente retenidos de los trabajadores afiliados en la oportunidad que corresponda”. Este supuesto sancionador se orienta a garantizar el cumplimiento oportuno de la obligación del empleador en su condición de agente retenedor, específicamente respecto del traslado a la entidad previsional de los aportes previamente descontados a los trabajadores, configurándose la infracción cuando, habiéndose efectuado dicha retención, no se cumple con su pago dentro del plazo legal correspondiente. (Énfasis añadido).

Por su parte, el numeral 44-B.1 del artículo 44-B° del RLGIT tipifica como infracción muy grave: “La falta de inscripción de trabajadores, u otras personas respecto de las que exista la obligación de inscripción, en el régimen de seguridad social en salud o en el régimen de seguridad social en pensiones, sean estos públicos o privados, incurriéndose en una infracción por cada trabajador afectado”. En este caso, el bien jurídico protegido es la incorporación oportuna de los trabajadores a los sistemas de seguridad social, garantizando su acceso a las prestaciones de salud y pensiones, configurándose la infracción cuando el empleador omite cumplir con dicha obligación de inscripción. (Énfasis añadido).

Siendo así, la lectura sistemática de ambos numerales permite concluir que regulan ámbitos distintos del bien jurídico protegido, es decir, supuestos autónomos. En efecto, mientras el numeral 44-B.1 del artículo 44° del RLGIT protege la incorporación oportuna de los trabajadores a los sistemas de seguridad social, garantizando su acceso a las prestaciones correspondientes; en cambio, el numeral 44-B.2 del mismo cuerpo normativo se circunscribe al cumplimiento de la obligación de pago de los aportes previsionales previamente retenidos, en su condición de agente retenedor. En tal sentido, la indebida confusión de ambos supuestos conllevaría a sancionar hechos bajo un tipo distinto al que corresponde por su naturaleza.

En consecuencia, la correcta subsunción de la conducta imputada debe seguir un análisis secuencial. En primer término, corresponde identificar si lo cuestionado se vincula con el incumplimiento de la obligación de inscripción en los regímenes de seguridad social, supuesto que se subsume en el numeral 44-B.1 del artículo 44° del RLGIT; o si, por el contrario, la conducta observada se circunscribe al no pago de aportes previsionales previamente retenidos, supuesto que corresponde al numeral 44-B.2 del citado cuerpo normativo. Solo superada esta delimitación, corresponde en segundo lugar examinar si los elementos esenciales del tipo infractor aplicado se encuentran debidamente acreditados en autos.

A partir de lo expuesto, resulta necesario precisar que, para efectos de la actuación inspectiva y del procedimiento administrativo sancionador, la subsunción de los hechos debe realizarse en función del bien jurídico protegido por cada tipo infractor. En esa línea, las conductas que impliquen el incumplimiento de la obligación de inscripción en los regímenes de seguridad social deben tipificarse bajo el numeral 44-B.1 del artículo 44° del RLGIT. Por el contrario, las conductas que se circunscriban al no pago de aportes previsionales previamente retenidos deben tipificarse bajo el numeral 44-B.2 del citado cuerpo normativo. Esta delimitación resulta exigible para la autoridad inspectiva y sancionadora, en la medida que garantiza una adecuada correspondencia entre los

En el caso concreto, se advierte que en el expediente se imputó a la impugnante el no acreditar el pago de los aportes previsionales retenidos, subsumiéndose la conducta en el numeral 44-B.2 del artículo 44° del RLGIT. No obstante, conforme a lo desarrollado en los considerandos precedentes, se verifica que la Autoridad Sancionadora de primera instancia sustentó su análisis en aspectos vinculados al incumplimiento de la obligación de inscripción en los regímenes de seguridad social, supuesto distinto al previsto en el referido numeral. En ese sentido, se advierte que la autoridad administrativa no ha desarrollado una motivación suficiente que permita sustentar adecuadamente la aplicación del tipo infractor invocado, generándose una inconsistencia entre los hechos imputados, el desarrollo argumentativo y la calificación jurídica efectuada.

A consideración de esta Sala, la imposición de una sanción sin haberse delimitado correctamente el tipo infractor aplicable genera serios cuestionamientos a la validez de la decisión adoptada en el presente caso. En esa línea de razonamiento, se advierte que la falta de correspondencia entre los hechos imputados, el desarrollo argumentativo y la tipificación efectuada evidencia una deficiencia en la motivación del acto administrativo, configurándose una vulneración al debido procedimiento.

Sobre el particular, el numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG precisa lo siguiente:

A su vez, el numeral 2 del artículo 248° del TUO de la LPAG señala que:

Concordante a ello, la LGIT, desarrolla en su artículo 44°, los principios generales del procedimiento sancionador, entre ellos: “(…) a) Observación del debido proceso, por el que las partes gozan de todos los derechos y garantías inherentes al procedimiento sancionador, de manera que les permita exponer sus argumentos de defensa, ofrecer pruebas y obtener una decisión por parte de la Autoridad Administrativa de Trabajo debidamente fundada en hechos y en derecho (…)”.

Por otro lado, el Tribunal Constitucional -máximo intérprete de la Constitución- se ha pronunciado en numerosas oportunidades en relación con el derecho al debido procedimiento, estableciendo una reiterada y uniforme jurisprudencia al respecto, como lo recuerda la Sentencia recaída en el Expediente N° 04289-2004-AA/TC:

En el mismo sentido, el Tribunal Constitucional, en el quinto fundamento jurídico de la Sentencia recaída en el Expediente N° 02098-2010-PA/TC señaló que, no solo existe base constitucional o jurisprudencial para la configuración y desarrollo del derecho al debido procedimiento, sino que existe sustento convencional, a saber:

Conforme a ello, dada la claridad expositiva del Tribunal Constitucional, así como de la norma contenida en el TUO de la LPAG y la LGIT, respecto de los alcances del derecho al debido procedimiento, debe analizarse al caso concreto en relación la vulneración alegada.

Con relación al derecho o garantía de la motivación de las decisiones que afecten los intereses de la impugnante, es importante recalcar que el Principio de Debido Procedimiento se encuentra relacionado con la exigencia de la debida motivación del acto administrativo. Lo anterior se desprende de la necesidad de que sea una garantía a favor de los administrados de exponer sus argumentos, ofrecer y producir pruebas y, a su vez, a obtener una decisión por parte de la autoridad administrativa motivada y fundada en derecho. (Énfasis añadido).

En ese contexto, en el mencionado principio se establece como uno de los elementos esenciales que rigen el ejercicio de la potestad sancionadora administrativa, el atribuir a la autoridad que emite el acto administrativo la obligación de sujetarse al procedimiento establecido y a respetar las garantías consustanciales a todo procedimiento administrativo.

Partiendo de ello, resulta relevante traer a colación el requisito de la motivación de las resoluciones, señalado en el numeral 4 del artículo 3° del TUO de la LPAG, en concordancia con el artículo 6° del citado instrumento; en virtud del cual, todo acto administrativo debe estar motivado en proporción al contenido y conforme al ordenamiento jurídico.

Por otra parte, el Tribunal Constitucional ha tenido la oportunidad de pronunciarse en más de una ocasión estableciendo criterios jurisprudenciales que deben ser tenidos en cuenta por quienes deban administrar justicia, al momento de resolver, de acuerdo al artículo VII del Código Procesal Constitucional. A este entender, en la Sentencia recaída en el Expediente N° 00312-2011-PA/TC, estableció una serie de elementos vinculados a la motivación de los actos administrativos, resaltando la definición de la naturaleza jurídica de la motivación de actos administrativos: una garantía constitucional que busca evitar la arbitrariedad de la Administración. Señalando, además, lo siguiente:

Así, las cosas, la motivación deberá ser expresa a efectos de que el acto administrativo que sustenta sea emitido a partir de una relación concreta y directa de los hechos probados relevantes del caso y donde se expongan las razones jurídicas que justifiquen su adopción; no siendo admisibles como motivación las fórmulas que, por su contradicción, no resulten esclarecedoras para la motivación del acto.

En efecto, nuestro ordenamiento jurídico ha establecido algunos alcances sobre la exigencia de la motivación de las resoluciones en el ámbito de la actuación administrativa, siendo que, en los numerales 1.2 y 1.11 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG se establecen dos reglas generales vinculadas a la motivación: (i) la obligación de la motivación en las decisiones que tome la Administración Pública, conforme al Principio del Debido Procedimiento; y, (ii) la obligación de verificar plenamente los hechos que sustentan la decisión adoptada por la Administración Pública, conforme al Principio de Verdad Material15.

Del marco expuesto se concluye que la motivación exige que, en la justificación de la decisión adoptada por parte de la Autoridad Administrativa respecto a la determinación de responsabilidad por conductas contra el ordenamiento administrativo, se realice la exposición de la valoración de los medios probatorios y/o argumentos que el administrado formule durante el desarrollo del procedimiento administrativo

Conforme se detalla en la Resolución de Sub Intendencia N° 683-2023-SUNAFIL/IRE-SISA- AQP, notificada el 28 de junio de 2023, no se efectuó una correcta subsunción de los hechos constatados en el tipo infractor imputado. Ello se advierte en la imputación referida al no acreditar el pago de los aportes previsionales retenidos, sustentada en la falta de acreditación del pago de dichos aportes. Sin embargo, en el desarrollo de la motivación, la autoridad sancionadora introduce un análisis vinculado al incumplimiento de la obligación de inscripción en los regímenes de seguridad social, el cual corresponde a un supuesto distinto. En ese sentido, la calificación realizada no resulta coherente con los hechos imputados, en tanto no se mantiene correspondencia entre el supuesto infractor aplicado y el desarrollo argumentativo efectuado. En consecuencia, se advierte que la subsunción realizada no responde adecuadamente al tipo infractor invocado, lo que genera un vicio de nulidad en la asignación de responsabilidad hacia la impugnante.

Es imperativo recalcar que las instancias del sistema responsables de la tramitación del procedimiento administrativo sancionador deben garantizar que la motivación comprenda todas las alegaciones de los administrados, analizando sus fundamentos de hecho y de derecho; así como sustentando adecuadamente la aplicación, interpretación o integración normativa que corresponda a la absolución de cada una de las alegaciones planteadas, conforme a los precedentes o jurisprudencia constitucionalmente establecidos.

Respecto de la forma específica del vicio del acto administrativo identificado, debe precisarse que el Tribunal Constitucional en reiterada jurisprudencia no solo ha identificado sino ratificado el contenido constitucionalmente garantizado del derecho a la debida motivación de las resoluciones, por ejemplo, en la Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 00728-2008-PHC/TC, precisa:

En consecuencia, esta Sala encuentra acreditada la vulneración al debido procedimiento, sustentada en una motivación aparente, la cual se configura ya que, si bien la Sub Intendencia de Sanción y la Intendencia respectiva dan la apariencia de motivación al citar normas y reiterar los hechos constatados por el personal inspectivo, no realizaron un análisis adecuado ni efectuaron una correcta subsunción de los hechos en la infracción muy grave imputada. En efecto, la autoridad administrativa, pese a haber imputado una conducta infractora vinculada al no pago de aportes previsionales retenidos correspondientes al período de enero a diciembre de 2021, subsumida en el numeral 44- B.2 del artículo 44° del RLGIT, la Autoridad Sancionadora de primera instancia, al emitir su resolución, desarrolló su análisis sobre la base de consideraciones referidas al incumplimiento de la obligación de inscripción en los regímenes de seguridad social en salud y pensiones, supuesto regulado en el numeral 44-B.1 del citado cuerpo normativo, sin efectuar una reconducción expresa de la motivación al tipo infractor imputado. Esta falta de correspondencia entre la imputación, el desarrollo argumentativo y la tipificación aplicada determina que la decisión emitida carezca de sustento jurídico suficiente, al no acreditarse de manera debida cómo los hechos atribuidos configuran la infracción imputada.

Cabe precisar que, realizado el análisis de conservación del acto conforme al artículo 14° del TUO de la LPAG16, el vicio resulta trascendente y no comprendido en las causales

En efecto, no resulta aplicable la conservación del acto prevista en el artículo 14° del TUO de la LPAG, dado que el vicio identificado trasciende la mera insuficiencia o parcialidad de la motivación, constituyendo una motivación aparente que afecta directamente la validez del procedimiento administrativo. La omisión de un análisis integral y razonado respecto de la correcta subsunción de los hechos constatados en el tipo infractor imputado —la infracción muy grave prevista en el numeral 44-B.2 del artículo 44° del RLGIT— constituye un defecto sustancial que compromete el núcleo del derecho al debido procedimiento, al no demostrarse de qué manera los hechos verificados se corresponden con el supuesto específico de no pago de aportes previsionales efectivamente retenidos.

En ese sentido, toda imputación debía sustentarse en un análisis completo de los hechos y del tipo infractor aplicable, verificando que los hechos atribuidos se ajusten correctamente al marco normativo. Sin embargo, en el presente caso, la Sub Intendencia de Sanción y la Intendencia competente no efectuaron dicho análisis integral, limitándose a reiterar los hechos constatados por el personal inspectivo, sin desarrollar de manera suficiente cómo éstos encuadraban en el tipo infractor aplicado, ni corregir la desviación advertida en la motivación.

En tal sentido, se configura la causal de nulidad prevista en el numeral 2 del artículo 10° del TUO de la LPAG, dado que se ha advertido un defecto en un requisito esencial de validez del acto administrativo consistente en la motivación, previsto en el numeral 4 del artículo 3° del TUO de la LPAG. Dicho requisito exige que todo acto administrativo debe estar debidamente motivado en proporción a su contenido y conforme al ordenamiento jurídico, considerando todos los elementos fácticos y jurídicos relevantes para la decisión.

En el caso concreto, aun cuando las actuaciones inspectivas recopilaron hechos vinculados al incumplimiento de las obligaciones previsionales, las instancias de mérito no efectuaron una valoración integral que permita concluir de manera razonada que dichos hechos configuraban el tipo infractor imputado, esto es, la infracción muy grave en materia de seguridad social prevista en el numeral 44-B.2 del artículo 44° del RLGIT. Por el contrario, la motivación incorpora consideraciones vinculadas al incumplimiento de la obligación de inscripción en los regímenes de seguridad social, supuesto que también constituye una infracción muy grave en materia de seguridad social, regulada en

El acto emitido con infracción a las formalidades no esenciales del procedimiento, considerando como tales aquellas cuya realización correcta no hubiera impedido o cambiado el sentido de la decisión final en aspectos importantes, o cuyo incumplimiento no afectare el debido proceso del administrado. 14.2.4 Cuando se concluya indudablemente de cualquier otro modo que el acto administrativo hubiese tenido el mismo contenido, de no haberse producido el vicio. 14.2.5 Aquellos emitidos con omisión de documentación no esencial. 14.3 No obstante la conservación del acto, subsiste la responsabilidad administrativa de quien emite el acto viciado, salvo que la enmienda se produzca sin pedido de parte y antes de su ejecución.

Por tanto, no resulta posible convalidar las actuaciones realizadas por la Sub Intendencia de Sanción ni por la Intendencia competente, en tanto ambas instancias omitieron efectuar una evaluación integral y razonada respecto de la correcta subsunción de los hechos constatados en el tipo infractor imputado, generándose una vulneración al debido procedimiento y a las garantías constitucionales y legales aplicables. Dicha omisión se manifiesta en la falta de correspondencia entre la imputación efectuada, el desarrollo argumentativo y la tipificación aplicada, lo que impide considerar que la decisión adoptada se encuentre debidamente sustentada.

Estando a lo expuesto, este Tribunal ha identificado que la Resolución de Sub Intendencia N° 683-2023-SUNAFIL/IRE-SISA-AQP, notificada el 28 de junio de 2023, confirmada por la Resolución de Intendencia N° 46-2024-SUNAFIL/IRE-AQP, incurren en vicio de nulidad en el extremo referido a la infracción muy grave en materia de seguridad social, vinculada al no pago de aportes previsionales retenidos. Ello obedece a que dichas instancias sustentaron su decisión en una motivación meramente aparente, sin efectuar un análisis integral, razonado y coherente que permita determinar de manera clara cómo los hechos atribuibles configuraban el tipo infractor imputado –la infracción muy grave en materia de seguridad social prevista en el numeral 44-B.2 del artículo 44-B del RLGIT–, incorporando, consideraciones ajenas a dicho supuesto, vinculadas al incumplimiento de la obligación de inscripción regulado en el numeral 44-B.1 del citado cuerpo normativo. La omisión de dicha valoración afecta directamente un requisito esencial de validez del acto administrativo: la debida motivación. En consecuencia, se configura un supuesto de nulidad contemplado en el numeral 2 del artículo 10° del TUO de la LPAG, al existir un vicio en el acto administrativo por motivación aparente.

Cabe indicar que la nulidad parcial de un acto administrativo se produce cuando el vicio que la causa afecta solo a una parte de dicho acto y no a su totalidad, siendo necesario que la parte afectada y el resto del acto administrativo sean claramente diferenciables e independientes para que se pueda seccionar solo la parte que adolece de nulidad17. Por tanto, cuando se afirma que existe un acto que sufre de nulidad parcial, también se afirma, implícitamente, que en ese mismo acto existe, necesariamente, un acto parcialmente válido, correspondiente a la parte que no adolece de vicio alguno o a la parte cuya validez no se encuentra en análisis. Tal situación se evidencia en el presente caso, en el que la nulidad se circunscribe al extremo referido a la infracción muy grave en

El artículo 15° de la Ley N° 29981 señala que el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. En ese sentido, el artículo 14° del Reglamento del Tribunal establece que la finalidad del recurso de revisión es “la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema”. Precisa, además, que se sustenta en la “inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal”.

En este expediente se han identificado vicios al debido procedimiento, al momento de motivar sobre la presunta infracción cometida por la impugnante, que acarrearon la imposición de multa por la infracción muy grave en materia de seguridad social prevista en el numeral 44-B.2 del artículo 44-B° del RLGIT.

Considerando lo expuesto, la Resolución de Sub Intendencia N° 683-2023-SUNAFIL/IRE- SISA-AQP, notificada el 28 de junio de 2023, ha sido emitida vulnerando el derecho al debido procedimiento administrativo, de conformidad con el numeral 12.1 del artículo 12° del TUO de la LPAG y los numerales 13.1 y 13.2 del artículo 13° del TUO de la LPAG; en tal sentido, dicha resolución carece de efectos y, en consecuencia, corresponde declarar la nulidad parcial de la citada resolución en los extremos relacionados con la infracción muy grave en materia de seguridad social, tipificada en el numeral 44-B.2 del artículo 44° del RLGIT, así como de los actos posteriores que deriven de dicho extremo, al haberse vulnerado los Principios de Debido Procedimiento y de Motivación.

Cabe mencionar que, la figura de la nulidad parcial permite anular una parte del acto y dejar intacta la otra, separando según la independencia que las mismas puedan brindar respecto de la otra parte. De igual manera permite reconocer otros efectos distintos al acto nulo18.

En tal sentido, subsisten los extremos de la Resolución de Sub Intendencia N° 683-2023- SUNAFIL/IRE-SISA-AQP, notificada el 28 de junio de 2023, así como de la Resolución de Intendencia N° 46-2024-SUNAFIL/IRE-AQP, no vinculados a la causal de nulidad antes señalada.

Conforme a lo anterior, se deberá retrotraer el procedimiento administrativo sancionador al momento en el cual se produjo el vicio inicial; esto es, al momento de emisión de la Resolución de Sub Intendencia N° 683-2023-SUNAFIL/IRE-SISA-AQP, a efectos que dicha instancia emita una nueva decisión respecto de la infracción muy grave

En consecuencia, corresponde remitir los actuados del presente procedimiento administrativo sancionador al Intendente respectivo y a la Gerencia General de SUNAFIL, a efectos que –de ser el caso– procedan conforme a sus competencias, en el marco del ejercicio de la potestad disciplinaria de la Administración regulada en el Sistema Administrativo de Gestión de los Recursos Humanos y conforme al Título V del TUO de la LPAG.

Finalmente, por las consideraciones antes dichas, no corresponde pronunciarse sobre los otros alegatos planteados en el recurso de revisión.

Finalmente, a título informativo se señala que, conforme fluye del expediente remitido, las multas subsistentes —sin perjuicio del pronunciamiento que se emita como efecto de la nulidad desarrollada en la presente resolución—, como resultado del procedimiento administrativo sancionador serían las que corresponden a las siguientes infracciones:

Cabe precisar que este detalle se provee a título informativo y cualquier error de hecho o de derecho durante la tramitación del expediente que resultara en un error, omisión o imprecisión en las materias, cantidad, conducta, tipificación legal, clasificación o cuantía, resulta de exclusiva responsabilidad de la Intendencia respectiva.