Grupo Gerencial Asesoría y Servicios Integrales S.R.L — Res. 603-2026

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Planillas o registros que la sustituyan (Sub materia: Entrega de boletas de pago al trabajador y sus formalidades); Seguridad Social (Sub materia: Declaración y pago de la seguridad social); Jornada, horario de trabajo y descansos remunerados (Sub materia: Vacaciones); Certificado de trabajo (Sub materia: Incluye todas); Compensación por tiempo de servicios (Sub materia: Depósito de CTS); Remuneraciones (Sub materias: Pago de la remuneración – Sueldos y Salarios; Gratificaciones; Pago de bonificaciones). 20555195444 soft

- Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por no acreditar el pago de gratificaciones legales del periodo laborado por las extrabajadoras, tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT.

- Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por no acreditar el pago de las bonificaciones extraordinarias del periodo laborado por las extrabajadoras, tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT.

- Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por no acreditar el pago de vacaciones del periodo laborado por las extrabajadoras, tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT.

- Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por no acreditar el pago de la compensación por tiempo de servicios – CTS, del periodo laborado por las extrabajadoras, tipificada en el numeral 24.5 del artículo 24 del RLGIT.

- Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por no acreditar el pago de la remuneración mensual, correspondiente al periodo laborado por las extrabajadoras, tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT.

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de seguridad social, por no acreditar el pago de los aportes efectivamente retenidos en régimen de seguridad social en pensiones, correspondiente al periodo laborado por las extrabajadoras, tipificada en el numeral 44-B.2 del artículo 44-B del RLGIT.

- Una (01) infracción LEVE en materia de relaciones laborales, por no acreditar entrega de boleta de pago de remuneraciones a favor de la afectada, tipificada en el numeral 23.2 del artículo 23 del RLGIT.

- Una (01) infracción LEVE en materia de relaciones laborales, por no acreditar la entrega de certificado de trabajo por el periodo laborado por las extrabajadoras, tipificada en el numeral 23.2 del artículo 23 del RLGIT.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no acreditar haber cumplido con lo ordenado mediante medida inspectiva de requerimiento de fecha 9 de agosto de 2022, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

2 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.”

Del Recurso De Revisión

3“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia.” 4 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 5“Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 6“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

sancionador con carácter excepcional, interpuesto ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos de que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral, estableciéndose en el artículo 55 del RLGIT, modificado por Decreto Supremo N° 016- 2017-TR, que los requisitos de admisibilidad y procedencia se desarrollarían en el Reglamento del Tribunal.

7 Artículo 14 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2017-TR. 8 Ver, por ejemplo, las Sentencias recaídas en los Expedientes N° 3741-2004-PA, 615-2009-PA/TC, 6136-2009-PA/TC, 6785-2006-PA/TC, 2608-2009-PA/TC, 6132-2008-PA/TC, 3792-2009-PA/TC y 2597-2009-PA/TC.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DEL GRUPO GERENCIAL ASESORIA Y SERVICIOS INTEGRALES S.R.L.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con escrito de fecha 22 de febrero de 2024, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 00012-2024-SUNAFIL/IRE-UCA, señalando los siguientes alegatos:

i. No ha sido notificado dos veces con el requerimiento de información, poniendo como excusa que ello era un actuar dilatorio por el solo hecho de pedir una sola vez una ampliación de plazo.

ii. En el Acta de Infracción, la Autoridad Inspectiva se ha limitado a describir los hechos ocurridos en orden cronológico, en una sola hoja, en donde no se refleja el análisis de derecho que ha hecho la SUNAFIL para determinar la imposición de la multa.

iii. El inspector debió otorgar un segundo requerimiento de información antes que priorizar una medida de requerimiento, más aún cuando debió advertir que la no contestación total se debió a los fundamentos expuestos en la solicitud de ampliación de plazo.

iv. El inspector debe tomar otras medidas previas a iniciar el procedimiento sancionador, lo que no ocurrió en el presente caso, pues el inspector solo emitió un requerimiento de información y luego de ello emitió una media de requerimiento con la finalidad de dar inicio posterior al procedimiento sancionador.

v. No se ha justificado ni motivado las infracciones imputadas. No hubo el mínimo esfuerzo por recabar la información y corroborar que en efecto no ha cumplido con los pagos antes de sancionar.

vi. Se ha vulnerado el principio de objetividad, razonabilidad y de non bis in ídem. Así, la única sanción sería por no remitir la información dentro del plazo otorgado.

vii. La autoridad instructora nunca analizó el escrito presentado por Mesa de Partes de fecha 09 de agosto de 2022, solo limitándose a señalar que dicho documento existe y fue recepcionado por la Autoridad Inspectiva, así como tampoco valoró bajo el principio de razonabilidad y verdad material dicho documento.

Análisis Del Recurso De Revisión

“6.17. Sobre la base de lo previsto en el literal a) del artículo 16 y el inciso 18.1 del artículo 18 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral (Decreto Supremo Nº 004-2017-TR), tras el control de admisibilidad del recurso de revisión interpuesto, a cargo de la autoridad emisora de la decisión impugnada, este órgano de revisión tiene el deber de efectuar el control de procedencia del recurso. Así, se declarará la improcedencia del recurso de revisión en los siguientes supuestos:

i) Cuando el acto impugnado no corresponda a resoluciones de segunda instancia que se pronuncian sobre la imposición de sanciones; ii) Cuando la infracción materia de sanción que se impugna, no esté tipificada como muy grave en el RLGIT; o iii) Cuando el recurso de revisión no se sustente en la inaplicación, o aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria emitidos por este Tribunal.

es: 1) Debe cuestionar al menos una infracción tipificada y calificada como muy grave, en el RLGIT, o en caso de omisión, el razonamiento empleado es suficiente para deducir ello, y; 2) Este cuestionamiento debe sustentarse necesariamente, en la inaplicación, o aplicación o interpretación errónea de las normas que rigen el derecho laboral, y/o en el apartamiento inmotivado de algún precedente de observancia obligatoria emitido por este Tribunal, que haya incidido directa o indirectamente, en la determinación de las infracciones. 6.19. Y es que, en ciertos casos, se aprecia la existencia de recursos de revisión donde, impugnándose una resolución que confirma la imposición de una sanción económica por la comisión de alguna infracción tipificada como muy grave en el RLGIT; no se cuestiona expresamente dicha infracción de forma directa o siquiera indirecta (cuando no se plantea algún razonamiento que pueda permitir deducir ello). Tal situación implica que tales recursos promueven asuntos fuera de la competencia material de este Tribunal, debiendo este órgano colegiado declarar la improcedencia, conforme a la normativa que rige su actuación.”

Sobre el derecho al debido procedimiento administrativo sancionador

“Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo” (énfasis añadido).

9 Resolución de Sala Plena N° 008-2023-SUNAFIL/TFL, publicado el 9 de mayo de 2023. “(…) 29. Por ello, es importante señalar que toda afectación o invocación al debido procedimiento por parte de los recurrentes –y en general a alguno de los principios identificados en el Título Preliminar del TUO de la LPAG– debe de encontrarse vinculada con una infracción de naturaleza muy grave, como parte del presupuesto de la competencia material de este Tribunal, además, de encontrarse debidamente fundamentada y delimitada por el solicitante de un recurso extraordinario (conforme se detalló en los fundamentos 6.17 a 6.19 de la Resolución de Sala Plena N° 003- 2022-SUNAFIL/TFL). 30. Por el contrario, aquellos recursos de revisión que contengan la invocación a situaciones que pueda evidenciar la vulneración al debido procedimiento, así como a otro principio reconocido por el TUO de la LPAG pero que verse sobre infracciones que no son de competencia de este Tribunal o que no se encuentren debidamente fundamentada y delimitada en el recurso extraordinario, deberán ser declarados como improcedentes.”

“2. El Tribunal Constitucional estima oportuno recordar, conforme lo ha manifestado en reiterada y uniforme jurisprudencia, que el debido proceso, como principio constitucional, está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Vale decir que cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea este administrativo -como en el caso de autos- o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal” (énfasis añadido).

“Tal como ya lo tiene expresado este Tribunal en uniforme y reiterada jurisprudencia, el derecho al debido proceso tiene un ámbito de proyección sobre cualquier tipo de proceso o procedimiento, sea éste judicial, administrativo o entre particulares. Así, se ha establecido que el derecho reconocido en el inciso 3) del artículo 139 de la Constitución no sólo tiene un espacio de aplicación en el ámbito "judicial", sino también en el ámbito “administrativo" y, en general, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ha sostenido, puede también extenderse a "cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional, (el que) tiene la obligación de adoptar resoluciones apegadas a las garantías del debido proceso legal, en los términos del artículo 8 de la Convención Americana". (Caso Tribunal Constitucional del Perú, párrafo 71). De igual modo la Corte Interamericana sostiene –en doctrina que ha hecho suyo este Colegiado en la sentencia correspondiente al Exp. Nº 2050-2002-AA/TC– que "si bien el artículo 8 de la Convención Americana se titula “Garantías Judiciales”, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto, sino al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a efectos de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos"(párrafo 69). (…)” (énfasis añadido).

“4. Este Tribunal ha tenido oportunidad de expresar su posición respecto a la motivación de los actos administrativos, expresando que: “[…] El derecho a la motivación de las resoluciones administrativas es de especial relevancia. Consiste en el derecho a la certeza, el cual supone la garantía de todo administrado a que las sentencias estén motivadas, es decir, que exista un razonamiento jurídico explícito entre los hechos y las leyes que se aplican. […] El tema de la motivación del acto administrativo es una cuestión clave en el ordenamiento jurídico-administrativo, y es objeto central de control integral por el juez constitucional de la actividad administrativa y la consiguiente supresión de los ámbitos de inmunidad jurisdiccional. Constituye una exigencia o condición impuesta para la vigencia efectiva del principio de legalidad, presupuesto ineludible de todo Estado de Derecho. A ello, se debe añadir la estrecha vinculación que existe entre la actividad administrativa y los derechos de las personas. Es indiscutible que la exigencia de motivación suficiente de sus actos es una garantía de razonabilidad y no arbitrariedad de la decisión administrativa. En esa medida, este Tribunal debe enfatizar que la falta de motivación o su insuficiencia constituye una arbitrariedad e ilegalidad, en la medida en que es una condición impuesta por la Ley N° 27444. Así, la falta de fundamento racional suficiente de una actuación administrativa es por sí sola contraria a las garantías del debido procedimiento administrativo.” (STC 00091-2005-PA, fundamento 9, párrafos 3, 5 a 8, criterio reiterado en STC 294-2005-PA, STC 5514-2005-PA, entre otras). Adicionalmente se ha determinado en la STC 8495-2006-PA/TC que: “un acto administrativo dictado al amparo de una potestad discrecional legalmente establecida resulta arbitrario cuando sólo expresa la apreciación individual de quien ejerce la competencia administrativa, o cuando el órgano administrativo, al adoptar la decisión,

no motiva o expresa las razones que lo han conducido a adoptar tal decisión. De modo que, motivar una decisión no sólo significa expresar únicamente bajo qué norma legal se expide el acto administrativo, sino, fundamentalmente, exponer en forma sucinta –pero suficiente– las razones de hecho y el sustento jurídico que justifican la decisión tomada” (énfasis añadido).

Asimismo, se verifica la notificación de la medida inspectiva de requerimiento del 9 de agosto de 2022, respecto de la cual la impugnante tampoco cumplió con presentar la documentación solicitada, que acredite la subsanación de las infracciones advertidas. En ese entendido, se advierte que el comisionado no solo recabó información durante las actuaciones inspectivas, sino que también solicitó la presentación de la misma por parte de la impugnante, la misma que no cumplió con lo requerido. Por lo que no resultan atendibles los referidos alegatos de la impugnante.

Cabe señalar que la realización de actuaciones inspectivas es potestad de los inspectores comisionados, los mismos que en mérito de las materias y la información recabada podrán adoptar las acciones que crean necesarias, de acuerdo a lo previsto en la LGIT y su reglamento. Así, no existe una obligación expresa de realizar un número determinado y/o limitado de actuaciones inspectivas, o realizar una sobre otra de manera excluyente, siendo potestad de los comisionados, en mérito al desarrollo de las actuaciones inspectivas, y con la finalidad del cumplimiento de la verificación de las materias, adoptar las acciones que crean necesarias para dicho fin. Por lo tanto, no se advierte la afectación alegada por la impugnante, no correspondiendo acoger dichos extremos del recurso de revisión.

constatados y aplicando la sanción correspondiente, de acuerdo a lo previsto en el RLGIT. Asimismo, se verifica que tanto las solicitudes como los escritos presentados por la impugnante durante las actuaciones inspectivas y el presente procedimiento administrativo sancionador fueron valorados por las instancias correspondientes; sin perjuicio de ello, se advierte que los mismos no desvirtúan las infracciones imputadas. En tal sentido, no corresponde acoger dichos extremos del recurso de revisión.

- La identidad subjetiva o de persona (eadem personae) consistente en que ambas pretensiones punitivas sean ejercidas contra el mismo administrado,

10 MORON URBINA, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Lima: Gaceta Jurídica, 2015, p. 790.

independientemente de cómo cada una de ellas valore su grado de participación o forma de culpabilidad imputable. No se refiere a la identidad del agraviado o sujeto pasivo (…) - La identidad de hecho u objetiva (eadem rea) consiste en que el hecho o conducta incurridas por el administrado deba ser la misma en ambas pretensiones punitivas, sin importar la calificación jurídica que las normas les asignen o el presupuesto de hecho que las normas contengan. No es relevante el nomen juris o como el legislador haya denominado a la infracción o título de imputación que se les denomine, sino la perspectiva fáctica de los hechos u omisiones realizados. - Finalmente, la identidad causal o de fundamento (eadem causa petendi) consiste en la identidad en ambas incriminaciones, esto es, que exista superposición exacta entre los bienes jurídicos protegidos y los intereses tutelados por las distintas normas sancionadoras, de suerte tal que si los bienes jurídicos que se persiguen resultan ser heterogéneos existirá diversidad de fundamento, mientras que, si son iguales, no procederá la doble punición (…)” (énfasis añadido).

a) Identidad de Sujetos: En las infracciones imputadas en el procedimiento sancionador, la pretensión punitiva se ejerce contra el sujeto inspeccionado “GRUPO GERENCIAL ASESORIA Y SERVICIOS INTEGRALES S.R.L.”. (énfasis añadido)

b) Identidad de Hechos: Los hechos que se le atribuyen a la inspeccionada se tratan de siete (7) conductas en materia de relaciones laborales, una (1) en materia de seguridad social y una (1) a la labor inspectiva, sancionables en forma independiente, de acuerdo a los fundamentos fácticos y jurídicos que las sustentan.

c) Identidad de Fundamentos: Las obligaciones cuyo incumplimiento se sanciona tienen diferentes fundamentos jurídicos; para el caso de las infracciones muy graves materia de análisis, se encuentran tipificadas en el numeral 44-B.2 del artículo 44-B del RLGIT y en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT, respectivamente.

Información Adicional

N° Materia Conducta infractora

Tipificación legal y clasificación Relaciones Laborales No acreditar el pago de gratificaciones legales del periodo laborado por las extrabajadoras.

Numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT GRAVE

Relaciones Laborales No acreditar el pago de las bonificaciones extraordinarias del periodo laborado por las extrabajadoras.

Numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT GRAVE

Relaciones Laborales No acreditar el pago de vacaciones del periodo laborado por las extrabajadoras.

Numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT GRAVE

Relaciones Laborales No acreditar el pago de la compensación por tiempo de servicios – CTS, del periodo laborado por las extrabajadoras.

Numeral 24.5 del artículo 24 del RLGIT GRAVE

Relaciones Laborales No acreditar el pago de la remuneración mensual, correspondiente al periodo laborado por las extrabajadoras.

Numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT GRAVE

Relaciones Laborales No acreditar entrega de boleta de pago de remuneraciones a favor de la afectada.

Numeral 23.2 del artículo 23 del RLGIT LEVE

Relaciones Laborales No acreditar la entrega de certificado de trabajo por el periodo laborado por las extrabajadoras.

Numeral 23.2 del artículo 23 del RLGIT LEVE

Seguridad Social No acreditar el pago de los aportes efectivamente retenidos en régimen de seguridad social en pensiones, correspondiente al periodo laborado por las extrabajadoras.

Numeral 44-B.2 del artículo 44-B del RLGIT MUY GRAVE

Labor Inspectiva No acreditar haber cumplido con lo ordenado mediante medida inspectiva de requerimiento de fecha 9 de agosto de 2022.

Numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT MUY GRAVE

POR TANTO Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR.

SE RESUELVE:

PRIMERO.– Declarar INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por el GRUPO GERENCIAL ASESORIA Y SERVICIOS INTEGRALES S.R.L., en contra de la Resolución de Intendencia N° 00012- 2024-SUNAFIL/IRE-UCA, notificada el 6 de febrero de 2024, emitida por la Intendencia Regional de Ucayali dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 002-2023-SUNAFIL/IRE-UCA, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO.– CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 00012-2024-SUNAFIL/IRE-UCA, notificada el 6 de febrero de 2024, en los extremos referidos a la infracción muy grave en materia de seguridad social, tipificada en el numeral 44-B.2 del artículo 44-B, y a la infracción muy grave a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT.

TERCERO.– Declarar agotada la vía administrativa, respecto a la infracción muy grave en materia de seguridad social, tipificada en el numeral 44-B.2 del artículo 44-B, y a la infracción muy grave a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT, debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa en la materia de su competencia.

CUARTO.- Notificar la presente resolución al GRUPO GERENCIAL ASESORIA Y SERVICIOS INTEGRALES S.R.L., y a la Intendencia Regional de Ucayali, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO.- Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

20260422CEC – HR 104229-2022