Grupo Gerencial Asesoría y Servicios Integrales S.R.L — Res. 578-2025

Mediante Orden de Inspección N° 0131-2022-SUNAFIL/IRE-LAM, se dio inicio a las actuaciones inspectivas de investigación, con el objeto de verificar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral1, que culminaron con la emisión del Acta de Infracción N° 026-2022-SUNAFIL/IRE-LAM (en adelante, el Acta de Infracción), mediante la cual se propuso sanción económica a la impugnante por la comisión, entre otras, una (01) infracción muy grave a la labor inspectiva, por el incumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento notificada el 31 de enero de 2022; en atención a la solicitud

Que, mediante Imputación de Cargos N° 220-2022/SUNAFIL/IRE-LAM/SIAI, de fecha 08 de abril de 2022, notificada el 13 de abril de 2022, se dio inicio a la etapa instructiva, remitiéndose el Acta de Infracción y otorgándose un plazo de cinco (5) días hábiles para la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal e) del numeral 53.2 del artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT).

De conformidad con el literal g) del numeral 53.2 del artículo 53 del RLGIT, la autoridad instructora emitió el Informe Final de Instrucción N° 254-2022/SUNAFIL/IRE-LAM/SIAI, de fecha 27 de abril del 2022 (en adelante, el Informe Final), que determinó la existencia de las conductas infractoras imputadas a la impugnante, recomendando continuar con el procedimiento administrativo sancionador. Por lo cual procedió a remitir el Informe Final y los actuados a la Sub Intendencia de Resolución de la Intendencia Regional de Lambayeque, la cual mediante Resolución de Sub Intendencia N° 338-2022- SUNAFIL/IRE-LAM/SIRE, de fecha 27 de mayo del 2022, notificada el 08 de junio de 2022, multó a la impugnante por la suma de S/ 33,764.00, por haber incurrido en las siguientes infracciones:

Con fecha 30 de junio de 2022, la impugnante interpuso un recurso impugnatorio, el cual fue adecuado a un recurso de reconsideración contra la Resolución de Sub Intendencia N° 338-2022-SUNAFIL/IRE-LAM/SIRE. En atención a ello, mediante Resolución de Sub Intendencia N° 605-2022-SUNAFIL/IRE-LAM/SIRE (R), de fecha 20 de julio de 2022, notificada el 18 de octubre del mismo año, se declaró fundado en parte dicho recurso, adecuándose la multa a S/ 28,708.60

Con fecha 09 de noviembre de 2022, la impugnante interpuso recurso de apelación contra la Resolución de Sub Intendencia N° 605-2022-SUNAFIL/IRE-LAM/SIRE (R), argumentando lo siguiente:

Mediante Resolución de Intendencia N° 131-2023-SUNAFIL/IRE-LAMBAYEQUE, de fecha 11 de mayo de 20232, la Intendencia Regional de Lambayeque declaró infundado el recurso interpuesto por la impugnante, por considerar los siguientes puntos:

Con fecha 02 de junio de 2023, la impugnante presentó ante la Intendencia Regional de Lambayeque, el recurso de revisión en contra de la Resolución de Intendencia N° 131- 2023-SUNAFIL/IRE-LAMBAYEQUE.

La Intendencia Regional de Lambayeque admitió a trámite el recurso de revisión y elevó los actuados al Tribunal de Fiscalización Laboral, mediante MEMORANDUM-000764- 2023-SUNAFIL/IRE-LAM, recibido el 12 de junio de 2023 por el Tribunal de Fiscalización Laboral.

Mediante el artículo 1 de la Ley N° 299813, se crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (en adelante, SUNAFIL), disponiéndose en el artículo 7 de la misma Ley, que, para el cumplimiento de sus fines, la SUNAFIL contará dentro de su estructura orgánica con un Tribunal de Fiscalización Laboral.

Asimismo, de conformidad con el artículo 15 de la Ley N° 299814, en concordancia con el artículo 41 de la Ley General de Inspección del Trabajo5 (en adelante, LGIT), el artículo 17 del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR6, y el artículo 2 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización

Así, el artículo 49 de la LGIT, modificado por el Decreto Legislativo N° 1499, define al recurso de revisión como un recurso administrativo del procedimiento administrativo sancionador con carácter excepcional, interpuesto ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos de que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral, estableciéndose en el artículo 55 del RLGIT, modificado por el Decreto Supremo N° 016- 2017-TR, que los requisitos de admisibilidad y procedencia se desarrollarían en el Reglamento del Tribunal.

El Reglamento del Tribunal establece que la finalidad del recurso de revisión es “la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la

En ese sentido, es el mismo reglamento el que delimita la competencia del Tribunal a las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias, estableciéndose en el artículo 17 del Reglamento del Tribunal que se encuentra facultado para rectificar, integrar, excluir e interpretar la resolución emitida por la segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas.

En esta línea argumentativa, la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral comprende también la adecuación a la Constitución, a las leyes y al derecho, de conformidad con el principio de legalidad, que debe de caracterizar al comportamiento de las autoridades administrativas.

De la revisión de los actuados, se ha identificado que el GRUPO GERENCIAL ASESORIA Y SERVICIOS INTEGRALES S.R.L., presentó el recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 131-2023-SUNAFIL/IRE-LAMBAYEQUE, que confirmó la sanción impuesta de S/ 28,708.60, por la comisión, entre otras, de una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, tipificada en los numerales 46.7 del RLGIT, dentro del plazo legal de quince (15) días hábiles, computados a partir del día hábil siguiente de la notificación de la citada resolución; el 16 de mayo de 2023.

Así, al haberse identificado que el recurso interpuesto por el solicitante cumple con los requisitos jurídicos, previstos en el ordenamiento jurídico corresponde analizar los argumentos planteados por el GRUPO GERENCIAL ASESORIA Y SERVICIOS INTEGRALES S.R.L. V. FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE REVISIÓN

El artículo VI del Título Preliminar del TUO de la LPAG, dispone que aquellos actos administrativos que resuelven casos particulares, “interpretando de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación, constituirán precedentes administrativos de observancia obligatoria (…)”, constituyendo fuente de Derecho, de conformidad con el numeral 2.8 del artículo V de la norma en mención.

De igual forma, el Reglamento del Tribunal, mediante los artículos 3, 22 y 23, señala que constituye una competencia del Tribunal de Fiscalización Laboral – a través de su Sala Plena– el establecimiento de precedentes de observancia obligatoria, bajo los criterios establecidos por el TUO de la LPAG (interpretación de modo expreso y con carácter general), obligatorio para las entidades del Sistema de Inspección del Trabajo cuando así se precise expresamente, y siempre que una norma con rango de ley o decreto supremo no establezca lo contrario, entrando en vigencia al día siguiente de su publicación en el diario oficial El Peruano, salvo que el Tribunal expresamente disponga su vigencia diferida.

En esa línea argumentativa, mediante Resolución de Sala Plena N° 002-2022 SUNAFIL/TFL del 22 de abril de 2022, publicado el 06 de mayo de 2022 en el diario oficial El Peruano, se aprobaron los siguientes precedentes de observancia obligatoria, vigentes desde el día siguiente de su publicación:

De igual modo, mediante Resolución de Sala Plena N° 003-2022-SUNAFIL/TFL de fecha 25 de julio de 2022, publicada el 17 de agosto en el diario oficial El Peruano, se resolvió establecer como precedentes administrativos de observancia obligatoria los siguientes criterios:

Lo anterior exige al administrado una mayor rigurosidad en la formulación de sus escritos de revisión, en la medida que, al tratarse de un recurso extraordinario, para que los fundamentos contenidos en este puedan ser conocidos y evaluados por el Tribunal, no basta que la resolución recurrida contenga la imposición de sanciones por infracciones muy graves, sino que su impugnación debe ceñirse estrictamente a los presupuestos básicos establecidos en el artículo 14 del Reglamento del Tribunal, esto es: 1) Debe cuestionar al menos una infracción tipificada y calificada como muy grave, en el RLGIT, o en caso de omisión, el razonamiento empleado es suficiente para

Y es que, en ciertos casos, se aprecia la existencia de recursos de revisión donde, impugnándose una resolución que confirma la imposición de una sanción económica por la comisión de alguna infracción tipificada como muy grave en el RLGIT; no se cuestiona expresamente dicha infracción de forma directa o siquiera indirecta (cuando no se plantea algún razonamiento que pueda permitir deducir ello). Tal situación implica que tales recursos promueven asuntos fuera de la competencia material de este Tribunal, debiendo este órgano colegiado declarar la improcedencia, conforme a la normativa que rige su actuación” (El resaltado es nuestro).

En ese sentido, el análisis de los argumentos de la impugnante se realizará bajo la competencia del Tribunal, vinculada con las infracciones muy graves, e identificando si sobre éstas se han producido alguno de los supuestos previstos en el artículo 14 del Reglamento del Tribunal.

De acuerdo con el artículo 1 de la Ley General de Inspección del Trabajo (LGIT), la función inspectiva comprende la vigilancia y exigencia del cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo. En esa línea, el artículo 5 de dicha norma establece las facultades de los inspectores de trabajo, quienes están investidos de autoridad para adoptar diversas medidas en el ejercicio de sus funciones. Específicamente, el numeral 5.5 del citado artículo indica que, concluida la etapa de diligencias inspectivas, los inspectores pueden iniciar el procedimiento administrativo sancionador mediante la emisión del Acta de Infracción.

A su vez, el numeral 13.5 del artículo 13 del Reglamento de la LGIT (RLGIT) dispone que estas medidas deben adoptarse dentro del plazo de las actuaciones de investigación o comprobatorias, reguladas en los numerales 13.3 y 13.4. Según estas disposiciones, las

En el presente caso, mediante la Orden de Inspección Nº 0131-2022-SUNAFIL/IRE-LAM, se dio inicio a las actuaciones inspectivas, fijándose un plazo de 30 días hábiles. Conforme al Acta de Infracción, dichas actuaciones se iniciaron el 24 de enero de 2022 y concluyeron el 21 de febrero de 2022, por lo que fueron realizadas dentro del plazo legal establecido, cumpliendo así lo dispuesto en el numeral 13.5 del artículo 13 del RLGIT.

Ahora bien, respecto al alegato del administrado en el sentido de que el Acta de Infracción fue notificada transcurridos más de dos meses desde su emisión, es necesario precisar que, si bien el numeral 24.19 del artículo 24 del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General-Ley N° 27444 (TUO de la LPAG) establece que las notificaciones deben realizarse dentro del plazo de cinco (5) días hábiles contados desde la expedición del acto, el incumplimiento de dicho plazo no acarrea, por sí solo, la nulidad del acto administrativo notificado. En efecto, ni la Ley General de Inspección del Trabajo (LGIT) ni su reglamento establecen un plazo perentorio para la notificación del Acta de Infracción ni disponen que su notificación extemporánea conlleve su invalidez.

Asimismo, conforme a lo señalado en el artículo 15 del TUO de la LPAG, los vicios en la ejecución o notificación de un acto administrativo no afectan su validez, y el numeral 151.3 del artículo 151 del mismo cuerpo normativo precisa que el vencimiento de plazos por parte de la Administración no genera nulidad, salvo que se trate de un plazo expresamente calificado como perentorio, lo cual no ocurre en el presente caso.

En ese sentido, debe tenerse presente que el procedimiento sancionador se desarrolló con respeto del debido procedimiento, brindando oportunidad a la parte impugnante para ejercer su derecho de defensa y presentar medios probatorios. La responsabilidad administrativa fue determinada sobre la base de las actuaciones inspectivas, la valoración de las pruebas ofrecidas y la normativa aplicable. Por tanto, no resulta jurídicamente válido pretender desvirtuar los incumplimientos normativos incurridos mediante argumentos que carecen de sustento legal y que no afectan el fondo del procedimiento. De la supuesta emisión extemporánea de la Resolución de Subintendencia

El inspeccionado sostiene que la resolución sancionadora fue emitida fuera del plazo legal de quince (15) días hábiles contados desde la presentación de los descargos, sin haberse tramitado ampliación del referido plazo, lo que, a su entender, vulneraría los principios de legalidad y predictibilidad; No obstante, tal afirmación resulta infundada. Conforme a lo previsto en el numeral 7.1.3.3, literal b), de la Directiva Nº 001-2017-

En el presente caso, el inspeccionado fue notificado con el informe final de instrucción el 05 de mayo de 2022. Sin embargo, no presentó escrito de descargo alguno dentro del plazo otorgado, por lo que, de conformidad con la referida directiva, ello no impedía la continuación del procedimiento ni suspendía el cómputo del plazo para emitir la resolución sancionadora. Así, conforme al numeral 7.1.3.6, literal b), de la directiva, el plazo de quince (15) días hábiles para emitir la resolución correspondiente se computa a partir del día siguiente del vencimiento del plazo para la presentación de descargos. En ese contexto, la Resolución de Subintendencia fue emitida el 27 de mayo de 2022, es decir, dentro del plazo legal establecido, sin que fuera necesaria la tramitación de ampliación alguna; máxime si, se considera que en el presente procedimiento no se ha configurado la caducidad administrativa prevista en el artículo 259 del TUO de la LPAG, toda vez que la resolución sancionadora fue emitida dentro del plazo de nueve (9) meses contados desde la notificación de la imputación de cargos, sin exceder el plazo legal máximo ni requerir su ampliación. En consecuencia, no se advierte vulneración al principio de legalidad ni al de predictibilidad, resultando infundado el alegato del impugnante.

En el marco del procedimiento administrativo sancionador en materia sociolaboral, la notificación válida de los actos administrativos constituye una garantía esencial del debido procedimiento, en tanto permite al administrado ejercer oportunamente su derecho de defensa. En ese contexto, el Decreto Supremo Nº 003-2020-TR, que regula el uso del Sistema Informático de Notificación Electrónica de la SUNAFIL, establece que la casilla electrónica asignada al usuario constituye domicilio obligatorio para efectos de notificación, señalando además que esta debe estar acompañada por una alerta enviada al correo electrónico o servicio de mensajería registrado por el administrado.

Este deber ha sido precisado por el Tribunal de Fiscalización Laboral (TFL), el cual ha reconocido, a través de diversas resoluciones, que la alerta de notificación constituye un requisito concurrente al depósito del documento en la casilla electrónica, a fin de garantizar la eficacia de la notificación y la predictibilidad del procedimiento. En consecuencia, la omisión del envío de la alerta constituye una afectación al debido

Bajo estos lineamientos, corresponde analizar si en el presente caso se configuró una notificación válida conforme a la normativa especial vigente, o si, por el contrario, la omisión del envío de la alerta al correo electrónico compromete la legalidad del procedimiento sancionador seguido, dado que, la parte impugnante sostiene que no se cumplió con el envío de la alerta al correo electrónico, tras el depósito de los requerimientos de información en la casilla electrónica institucional de SUNAFIL, específicamente respecto de los requerimientos emitidos los días 24/01/2022 y 31/03/2022.

En el caso en particular, el expediente digital se advierte que el Inspector Auxiliar de Trabajo emitió el Requerimiento de Información en fecha 24 de enero de 2022 y la Medida Inspectiva de Requerimiento en fecha 31 de enero de 2022, los mismos que fueron notificados válidamente a la impugnante a través del Sistema de Casilla Electrónica.

Conforme al artículo 6 del Decreto Supremo Nº 003-2020-TR, la SUNAFIL asigna al usuario una casilla electrónica que constituye un domicilio digital obligatorio para la notificación de actos administrativos y actuaciones. Además, la norma establece que SUNAFIL debe comunicar al usuario cada vez que se le notifique un documento en la casilla electrónica mediante alertas enviadas al correo electrónico y/o a través de un servicio de mensajería. En atención al principio de impulso de oficio establecido en el TUO de la LPAG, se realizó la búsqueda en el sistema de notificaciones, incluyendo la revisión de notificaciones y alertas de correo electrónico. En ese sentido, el expediente contiene las alertas complementarias enviadas al correo electrónico registrado por la impugnante, que acompañan y confirman la notificación realizada por depósito en la casilla electrónica. A continuación, se presentan dichas alertas como constancia del cumplimiento del proceso de notificación:

Estando a ello, las diligencias inspectivas cuestionadas, específicamente el Requerimiento de Información del 24 de enero de 2022 y la Medida Inspectiva de Requerimiento del 31 de enero de 2022, sí contaron con el envío de las alertas complementarias correspondientes, tal como lo establece el artículo 6 del Decreto Supremo N° 003-2020-TR. Por lo que, en atención a lo visualizado en las figuras 1 y 2, donde se observan claramente dichas alertas complementarias, se concluye que no existió vulneración alguna del debido procedimiento ni del principio de predictibilidad, desvirtuando de esta manera el alegato planteado.

Conforme lo establece el numeral 5.3 del inciso 5 del artículo 5 de la LGIT, los inspectores del trabajo están investidos de autoridad y facultados para requerir al sujeto responsable que, en un plazo determinado, adopte medidas en orden al cumplimiento de la normativa del orden sociolaboral, incluso con su justificación ante el inspector que ha realizado el requerimiento. Sobre ello, el numeral 13.5 del artículo 13 del RLGIT establece que, dichas medidas, se adoptan dentro del plazo establecido para la

A su vez, el numeral 20.3 del artículo 20 del RLGIT, ha establecido que las medidas de requerimiento son órdenes dispuestas, por la inspección del trabajo, para el cumplimiento de las normas sociolaborales y de seguridad y salud en el trabajo. Así como que éstas pueden consistir en ordenar al empleador, siempre que se fundamente en el incumplimiento de la normatividad legal vigente, la paralización o prohibición inmediata de trabajo o tareas por inobservancia de la normativa sobre prevención de riesgos laborales, entre otras.

Como se evidencia de las normas glosadas, la naturaleza jurídica de la medida inspectiva de requerimiento es la de ser una medida correctiva que tiene como objeto revertir los efectos de la ilegalidad de la conducta cometida por el inspeccionado de manera previa al inicio del procedimiento administrativo sancionador (PAS).

Cabe indicar que, la inobservancia o incumplimiento de la medida de requerimiento genera la infracción calificada como muy grave a la labor inspectiva, prevista en el inciso 46.7 del artículo 46 del RLGIT, por no cumplir oportunamente con el requerimiento de la adopción de medidas para el cumplimiento de la normativa de orden sociolaboral. Asimismo, cabe precisar que, esta infracción a la labor inspectiva se generaría con independencia y en forma adicional a las identificadas dentro del marco de la ejecución a la labor inspectiva en materias sociolaborales y de seguridad y salud en el trabajo.

En ese sentido, de la revisión de los actuados se observa que el inspector comisionado emite la medida inspectiva de requerimiento de fecha 31 de enero de 2022 y otorga un plazo de quince (15) días hábiles a la impugnante para que cumpla con lo siguiente:

Sin embargo, conforme consta en el numeral 4.8 de los hechos constatados en el Acta de Infracción, la impugnante no cumplió dentro del plazo otorgado por el inspector comisionado con lo dispuesto en la medida de requerimiento.

Siendo que, se observa la razonabilidad, proporcionalidad y legalidad de la medida inspectiva de requerimiento, en tanto fue emitida dentro de las actuaciones inspectivas derivadas de la Orden de Inspección N° 0131-2022-SUNAFIL/IRE-LAM, y en relación a los hallazgos que posteriormente fueron consolidadas en el Acta de Infracción, y conforme lo han determinado las instancias de mérito, al evaluar y valorar todas las documentales presentadas.

Por lo que, de los actuados, se advierte el incumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento, la cual constituye una infracción a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. Por tanto, corresponde confirmar la infracción tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT.

Sobre el particular, el numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG precisa lo siguiente:

El Tribunal Constitucional -máximo intérprete de la Constitución- se ha pronunciado en numerosas oportunidades en relación con el derecho al debido procedimiento, estableciendo una reiterada y uniforme jurisprudencia al respecto, como lo recuerda la Sentencia recaída en el Expediente N° 04289-2004-AA:

En esa línea argumentativa, esta Sala identifica, desde un análisis formal, que tanto la Resolución de Sub Intendencia N° 338-2022-SUNAFIL/IRE-LAM/SIRE, como la Resolución de Intendencia N° 131-2023-SUNAFIL/IRE-LAMBAYEQUE, han contemplado la argumentación y medios de prueba expuestos por la impugnante,

Conforme con el fundamento jurídico 4 de la Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional del 8 de febrero de 2022 (expediente 349-2021-PA7TC), toda decisión judicial debe cumplir con cuatro requisitos para que cumpla con el deber de motivación, lo que lleva a contemplarlas en su extensibilidad al ámbito administrativo del presente expediente: 1) coherencia interna, para comprobar que lo decidido se deriva de premisas establecidas por el órgano resolutivo en su fundamentación; 2) justificación de las premisas externas, que aluden al respaldo probatorio de los hechos y sobre el derecho considerado por el órgano al resolver; 3) la suficiencia, que refiere a que se hayan expuesto razones que sustenten lo decidido en función de los problemas relevantes determinados y necesarios para la resolución del caso; y 4) la congruencia, como elemento que permite establecer si las razones especiales requeridas para adoptar determinada decisión se encuentran recogidas en la resolución en concreto.

Del examen efectuado por esta Sala sobre las resoluciones emitidas en el Procedimiento Sancionador, se puede observar que estos 4 elementos pueden ser satisfactoriamente comprobados, por lo que, de manera formal y material, el debido procedimiento ha sido respetado dentro del trámite del procedimiento sancionador.

Asimismo, se corrobora, de los actuados, que ni el procedimiento inspectivo ni el sancionador, contravienen a la Constitución, a los principios del procedimiento administrativo, ni a las leyes o normas reglamentarias, además contiene los requisitos de validez del acto administrativo relacionados a la competencia, objeto o contenido, finalidad pública y procedimiento regular. Además, es necesario reiterar que, la resolución impugnada se encuentra debidamente motivada, al exponer una relación concreta y directa de los hechos probados durante el desarrollo del presente procedimiento, no verificándose la vulneración a los principios invocados por la impugnante. Por lo que, corresponde no acoger los argumentos expuestos en este extremo del recurso.

Por tales razones, se debe desestimar la nulidad deducida por la impugnante, al no evidenciarse que, en el presente procedimiento, se haya incurrido en alguna causal de nulidad contemplada en el artículo 10 del TUO de la LPAG. Al haberse respetado el derecho al debido proceso administrativo de la recurrente. Por tanto, no cabe acoger este extremo del recurso.

Finalmente, a título informativo se señala que, conforme fluye del expediente remitido, la multa subsistente como resultado del procedimiento administrativo sancionador sería la que corresponde a la siguiente infracción:

Cabe precisar que este detalle se provee a título informativo y cualquier error de hecho o de derecho durante la tramitación del expediente que resultara en un error, omisión o imprecisión en las materias, cantidad, conducta, tipificación legal, clasificación o cuantía, resulta de exclusiva responsabilidad de la Intendencia respectiva.