Grupo Corporativo Golden S.A — Res. 773-2026

Mediante Orden de Inspección N° 0000002809-2022-SUNAFIL/IRE-LIB, se dio inicio a las actuaciones inspectivas de investigación, con el objeto de verificar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral, que culminaron con la emisión del Acta de Infracción N° 1168-2022-SUNAFIL/IRE-LIB (en adelante, el Acta de Infracción), en atención al Operativo de Fiscalización sobre Formalización – NSL – Sector Minería – octubre 2022 – IRE La Libertad.

Que, mediante Imputación de Cargos N° 228-2023-SUNAFIL/IRE-LIB/SIFN-IF, notificada el 20 de febrero de 2023, se dio inicio a la etapa instructiva, remitiéndose el Acta de Infracción y otorgándose un plazo de cinco (5) días hábiles para la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal e) del numeral 53.2 del artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019- 2006-TR (en adelante, el RLGIT).

De conformidad con el literal g) del numeral 53.2 del artículo 53 del RLGIT, la autoridad instructora emitió el Informe Final de Instrucción N° 597-2023-SUNAFIL/IRE-LIB/SIFN-IF, notificado el 24 de mayo de 2023 (en adelante, el Informe Final), que determinó la existencia de las conductas infractoras imputadas a la impugnante, recomendando continuar con el procedimiento administrativo sancionador. En consecuencia, procedió a remitir el Informe Final y los actuados a la Sub Intendencia de Sanción de la Intendencia Regional de La Libertad, la cual mediante Resolución de Subintendencia N° 648-2023- SUNAFIL/IR-LL/SISA, notificada el 09 de junio de 2023, multó a la impugnante por haber incurrido en las siguientes infracciones:

Con fecha 29 de junio de 2023, la impugnante interpuso recurso de apelación contra la Resolución de Subintendencia N° 648-2023-SUNAFIL/IR-LL/SISA.

Mediante la Resolución de Intendencia N° 67-2024-SUNAFIL/IRE-LIB, notificada el 05 de marzo de 2024, la Intendencia Regional de La Libertad declaró infundado el recurso de apelación.

Con fecha 26 de marzo de 2024, la impugnante presentó ante la Intendencia Regional de La Libertad, el recurso de revisión en contra de la Resolución de Intendencia N° 67-2024- SUNAFIL/IRE-LIB.

La Intendencia Regional de La Libertad admitió a trámite el recurso de revisión y elevó los actuados al Tribunal de Fiscalización Laboral, los mismos que fueron recibidos el 09 de abril de 2024.

Mediante el artículo 1 de la Ley N° 299811, se crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (en adelante, SUNAFIL), disponiéndose en el artículo 7 de la misma Ley, que, para el cumplimiento de sus fines, la SUNAFIL contará dentro de su estructura orgánica con un Tribunal de Fiscalización Laboral.

Asimismo, de conformidad con el artículo 15 de la Ley N° 299812, en concordancia con el artículo 41 de la Ley General de Inspección del Trabajo3 (en adelante, LGIT), el artículo 17 del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR4, y el artículo 2 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR5 (en adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

El artículo 206 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Decreto Supremo N° 006-2026-JUS (en adelante, TUO de la LPAG), establece que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía

Así, el artículo 49 de la LGIT, modificado por el Decreto Legislativo N° 1499, define al recurso de revisión como un recurso administrativo del procedimiento administrativo sancionador con carácter excepcional, interpuesto ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos de que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral, estableciéndose en el artículo 55 del RLGIT, modificado por el Decreto Supremo N° 016- 2017-TR, que los requisitos de admisibilidad y procedencia se desarrollarían en el Reglamento del Tribunal.

El Reglamento del Tribunal establece que la finalidad del recurso de revisión es “la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias”6.

En ese sentido, es el mismo reglamento el que delimita la competencia del Tribunal a las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias, estableciéndose en el artículo 17 del Reglamento del Tribunal que se encuentra facultado para rectificar, integrar, excluir e interpretar la resolución emitida por la segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas.

En este orden de ideas, resulta indispensable que el Tribunal revise el cumplimiento del ordenamiento jurídico en materia sociolaboral -tanto adjetivo como sustantivo- así como vele por la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema de Inspección del Trabajo. La normativa adjetiva es aquella que garantiza a los administrados constituirse como sujetos del procedimiento administrativo dentro de la relación jurídico-procedimental establecida en el marco del Sistema de Inspección del Trabajo. Cabe precisar que dicho análisis garantiza la vigencia del debido proceso en sede administrativa, conforme a reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional7.

En esta línea argumentativa, la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral comprende también la adecuación a la Constitución, a las leyes y al derecho, de conformidad con el principio de legalidad, que debe de caracterizar al comportamiento de las autoridades administrativas.

De la revisión de los actuados, se ha identificado que GRUPO CORPORATIVO GOLDEN S.A., presentó el recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 67-2024- SUNAFIL/IRE-LIB, emitida por la Intendencia Regional de La Libertad, que declaró infundado el recurso de apelación y confirmó la sanción impuesta por la comisión, de una (01) infracción MUY GRAVE en materia de Seguridad Social, tipificada en el numeral 44- B.2 del artículo 44-B del RLGIT, y de una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del citado cuerpo normativo, dentro del plazo legal de quince (15) días hábiles, computados a partir del primer día hábil siguiente de la notificación de la citada resolución; el 06 de marzo de 2024.

Así, al haberse identificado que el recurso interpuesto por el solicitante cumple con los requisitos legales previstos en el Reglamento del Tribunal y en las normas antes citadas, corresponde analizar los argumentos planteados por GRUPO CORPORATIVO GOLDEN S.A.

Como parte de los alegatos del recurso de revisión, esta Sala ha identificado que la impugnante alega una presunta vulneración al debido procedimiento8. Por ende, corresponde en primer término, emitir pronunciamiento sobre esta causal, dado los efectos nulificantes que posee en caso de advertirse su inobservancia en el presente procedimiento administrativo.

El debido procedimiento exige la debida motivación del acto administrativo, entendido como una garantía que tienen los administrados de exponer sus argumentos, ofrecer y actuar pruebas, que deberán ser tenidas en cuenta por la autoridad administrativa al decidir, para que esa decisión sea conforme a derecho.

En ese contexto, se establece como uno de los elementos esenciales que rigen el ejercicio de la potestad sancionadora administrativa9, el atribuir a la autoridad que emite el acto administrativo la obligación de sujetarse al procedimiento establecido y de respetar las garantías consustanciales a todo procedimiento administrativo.

Sobre el particular, el inciso a) del artículo 44 de la LGIT establece, como uno de los principios del procedimiento sancionador, la observancia al debido proceso, “por el que las partes gozan de todos los derechos y garantías inherentes al procedimiento sancionador, de manera que les permita exponer sus argumentos de defensa, ofrecer pruebas y obtener una decisión por parte de la Autoridad Administrativa de Trabajo debidamente fundada en hechos y en derecho”.

Por su parte, el numeral 1.2 del inciso 1 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG precisa, como integrante del principio del derecho al debido procedimiento administrativo, el “obtener una decisión motivada, fundada en derecho”. El principio al debido procedimiento tiene como uno de los elementos esenciales que rigen el ejercicio de la potestad sancionadora administrativa10, el atribuir a la autoridad que emite el acto administrativo la obligación de sujetarse al procedimiento establecido y a respetar las garantías consustanciales a todo procedimiento administrativo, dentro del cual se encuentra el deber de motivación de los actos administrativos.

Conforme a lo establecido en el numeral 4 del artículo 3 del TUO de la LPAG, “El acto administrativo debe estar debidamente motivado en proporción al contenido y conforme al ordenamiento jurídico”, motivación que deberá ser expresa, mediante una relación concreta y directa de los hechos probados relevantes del caso específico, y la exposición de las razones jurídicas y normativas que con referencia directa a las anteriores justifican el acto adoptado, tal y como lo establece el artículo 6 del TUO de la LPAG. Asimismo, el contenido del acto administrativo mencionado, como requisito de validez, implica que

En esa línea argumentativa, esta Sala identifica, desde un análisis formal, que tanto la Resolución de Intendencia N° 67-2024-SUNAFIL/IRE-LIB, que resolvió declarar infundado el recurso de apelación interpuesto contra los alcances de la Resolución de Subintendencia N° 648-2023-SUNAFIL/IR-LL/SISA, como esta última, han contemplado la argumentación y medios de prueba expuestas por la impugnante, advirtiéndose el cumplimiento de los requisitos referidos al cumplimiento del debido procedimiento como principio y derecho material, de los derechos de defensa y a la prueba, así como el cumplimiento de la garantía de la debida motivación.

Conforme con el fundamento jurídico 4 de la Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional, del 8 de febrero de 2022 (expediente 349-2021-PA/TC), toda decisión judicial debe cumplir con cuatro requisitos para que cumpla con el deber de motivación, lo que lleva a contemplarlas en su extensibilidad al ámbito administrativo del presente expediente: 1) coherencia interna, para comprobar que lo decidido se deriva de premisas establecidas por el órgano resolutivo en su fundamentación; 2) justificación de las premisas externas, que aluden al respaldo probatorio de los hechos y sobre el derecho considerado por el órgano al resolver; 3) la suficiencia, que refiere a que se hayan expuesto razones que sustenten lo decidido en función de los problemas relevantes determinados y necesarios para la resolución del caso; y 4) la congruencia, como elemento que permite establecer si las razones especiales requeridas para adoptar determinada decisión se encuentran recogidas en la resolución en concreto.

Del examen efectuado por esta Sala sobre las resoluciones emitidas en el Procedimiento Sancionador, se puede observar que estos 4 elementos pueden ser satisfactoriamente comprobados, por lo que, de manera formal y material, el debido procedimiento ha sido respetado dentro del trámite del procedimiento sancionador, así como, no se advierte vulneración genérica por ausencia de motivación.

Por tanto, no cabe acoger los argumentos expuestos en este extremo, debiendo ser desestimados; sin perjuicio de examinarse la motivación específica respecto de cada reproche administrativo, calificados como infracciones muy graves.

Al respecto, cabe precisar que el incumplimiento a las normas de la seguridad social, constituye infracción muy grave dentro del sistema inspectivo. Así, todo trabajador tiene derecho a contar con un sistema nacional de pensiones (en adelante, SPP), de acuerdo con su elección, tal como lo prevé el Decreto Ley N° 19990 en su artículo 3, que establece:

Asimismo, el artículo 3 del Decreto Supremo N° 054-97-EF, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley del Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones, establece que: el SPP funciona bajo la modalidad de Cuentas Individuales de Capitalización, cuyos aportes provienen en algunos casos de los trabajadores dependientes, cuyos empleadores actúan como agentes retenedores, tal como lo precisa el artículo 29 de la norma acotada.

Acorde con lo dispuesto en el artículo 34 del TUO citado, se precisa que dichos aportes, deben ser declarados, retenidos y su pago debe efectuarse dentro de los primeros cinco días del mes siguiente a aquel en que se devengaron las remuneraciones afectas. El incumplimiento por parte del empleador de efectuar el pago de los aportes a la AFP, efectivamente retenidos de los trabajadores afiliados en la oportunidad que corresponda, constituye una infracción muy grave tipificada en el numeral 44-B.2 del RLGIT, tal como se verifica en el numeral 4.13 de la sección de Hechos Constatados del Acta de Infracción.

Al respecto, conforme a lo señalado en el fundamento 17 al 23 de la resolución de primera instancia, quedó acreditado que la inspeccionada no cumplió con efectuar el depósito o pago de los montos retenidos por concepto de aportes previsionales AFP correspondientes al período julio 2022 – septiembre 2022 respecto de 235 trabajadores, verificándose que las planillas AFPNET únicamente figuraban con estado de “presentadas”, lo cual no acreditaba el pago efectivo de los aportes. Asimismo, se consideró relevante que la propia inspeccionada reconociera, mediante escrito de fecha 17 de noviembre de 2022, que mantenía declarados e impagos dichos aportes debido a su difícil situación financiera.

En ese sentido, no podemos dejar de lado que el cumplimiento de las normas de la seguridad social en pensiones, es un derecho que no puede ser desatendido, el cual merece prioritaria atención, por cuanto es la retención que efectúa el empleador de una parte de las remuneraciones de los trabajadores, a fin de que las declare, las deposite al Sistema de Pensiones designado por el mismo. Este incumplimiento genera el riesgo de que los aportes no sean considerados como parte de la futura jubilación de los trabajadores y, además, que aquellos que sufran un siniestro (fallecimiento o invalidez) no puedan acceder oportunamente a la cobertura del seguro de invalidez, sobrevivencia y gastos de sepelio, al no contar con los aportes mínimos exigidos por la normativa previsional, produciéndose una eventual postergación de dicha cobertura hasta la regularización de los pagos por parte del empleador.

El argumento no desvirtúa la configuración de la infracción imputada en el numeral 44- B.2 del artículo 44-B del RLGIT, dada cuenta que el hecho infractor quedó consumado cuando la inspeccionada no acreditó el pago de los aportes previsionales correspondientes al período julio 2022 – septiembre 2022 respecto de 235 trabajadores, pese a haber retenido dichos montos y pese a haberse emitido una medida inspectiva de requerimiento exigiendo expresamente su acreditación. La propia empresa reconoció durante las actuaciones inspectivas que mantenía “declarados e impagos” los aportes previsionales debido a su situación financiera, por lo que no existe controversia respecto de la materialidad del incumplimiento.

En ese sentido, el acogimiento posterior al REPRO AFP-PRIVADO no elimina retroactivamente la conducta infractora previamente consumada ni extingue la responsabilidad administrativa derivada del incumplimiento detectado durante las actuaciones inspectivas. Debe tomarse en consideración que el régimen aprobado por la Ley N° 31690 regula un mecanismo extraordinario de reprogramación de deuda previsional, lo que supone precisamente el reconocimiento de una deuda pendiente de pago; sin embargo, dicho régimen no equivale a la cancelación de la obligación adeudada ni acredita el pago efectivo de los aportes previsionales retenidos a los trabajadores. En ese sentido, el acogimiento al REPRO AFP-PRIVADO no constituye un supuesto eximente de responsabilidad administrativa, pues para ello correspondía acreditar el cumplimiento íntegro de la obligación sociolaboral antes del inicio del procedimiento sancionador, situación que no ocurrió en el presente caso.

Asimismo, el argumento referido a la imposibilidad jurídica de acogerse inicialmente al REPRO AFP-PRIVADO debido a la ausencia de reglamento tampoco desvirtúa la infracción imputada. Ello porque la conducta infractora imputada consistió en no efectuar el pago oportuno de los aportes previsionales retenidos a los trabajadores. En ese sentido, aun cuando posteriormente la inspeccionada se hubiese acogido al régimen de reprogramación previsto en la citada norma, ello únicamente evidencia el reconocimiento y reprogramación de una deuda previsional pendiente, mas no acredita el pago efectivo e íntegro de los aportes adeudados ni constituye un supuesto eximente de responsabilidad administrativa.

Respecto de los cuestionamientos vinculados a la presunta vulneración de los principios de razonabilidad, proporcionalidad y culpabilidad, corresponde precisar que las dificultades económicas alegadas por la impugnante no constituyen un supuesto eximente de responsabilidad administrativa respecto del incumplimiento de las obligaciones previsionales. Ello debido a que el empleador, en su condición de agente retenedor de los aportes previsionales descontados de las remuneraciones de los trabajadores, mantiene la obligación de declarar y efectuar el pago oportuno de dichos

Sin perjuicio de lo antes señalado, del análisis del expediente administrativo sancionador no se advierte la presentación de medios probatorios idóneos que acrediten la alegada situación financiera invocada por la impugnante, por lo que no se encuentran elementos que sustenten la imposibilidad material alegada para justificar el incumplimiento verificado durante las actuaciones inspectivas.

Asimismo, una vez determinado el incumplimiento, la resolución sancionadora ha establecido el valor de la multa considerando la gravedad de la infracción (calificada como Muy Grave) y el número de trabajadores afectados (235 trabajadores afectados), conforme a lo previsto en el artículo 38 de la LGIT. (énfasis añadido)

La cuantía fue determinada de acuerdo con la tabla de sanciones aplicable a empresas no comprendidas en el régimen MYPE (NO MYPE), prevista en el numeral 48.1 del artículo 48 del RLGIT, la cual contiene montos tasados en función de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente a la fecha de constatación de la infracción. Dichos montos ya han sido fijados por el legislador reglamentario atendiendo a los principios de razonabilidad y proporcionalidad, conforme se desprende del artículo 111 del citado reglamento. (énfasis añadido)

En consecuencia, respecto de los hechos constatados y la sanción impuesta en el presente caso, se verifica la debida aplicación de los principios de razonabilidad, proporcionalidad y culpabilidad. Además, debe precisarse que, conforme a la regulación establecida por el legislador reglamentario, la determinación de la cuantía de la multa, o su eventual exoneración, no se encuentra sujeta a la discrecionalidad de la autoridad administrativa de trabajo, sino que responde a criterios previamente establecidos por la norma.

En tal sentido, no se advierte vulneración a los principios invocados por la impugnante, correspondiendo confirmar la sanción impuesta en dicho extremo.

Al respecto, el artículo 14 de la LGIT, establece que:

En similar sentido, el artículo 17 del RLGIT, establece en su numeral 17.2 que:

Como se evidencia de las normas acotadas, la naturaleza jurídica de la medida inspectiva de requerimiento es la de ser una medida correctiva que tiene como objeto revertir los efectos de la ilegalidad de la conducta cometida por el inspeccionado de manera previa al inicio del procedimiento sancionador.

En esa línea argumentativa, de conformidad con el precedente administrativo de observancia obligatoria aprobado mediante Resolución de Sala Plena N° 002-2022- SUNAFIL/TFL, publicado el 06 de mayo de 2022 en el diario oficial El Peruano, la evaluación de los alegatos relativos a las medidas inspectivas de requerimiento deben de encontrarse vinculadas bajo los siguientes aspectos:

En ciertos casos —como el que es objeto de la presente resolución— el recurso de revisión propone el análisis de infracciones a la labor inspectiva consistentes en el incumplimiento de la medida de requerimiento contenidas en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT, pero las materias objeto de la medida de requerimiento son calificadas por la normativa como faltas “graves” o “leves”, lo que deposita a tales causas fuera de la competencia material de este Tribunal.

De esta forma, la evaluación de los recursos de revisión interpuestos contra sanciones administrativas por inejecución de medidas de requerimiento deberá circunscribirse a un análisis estrictamente referido a la proporcionalidad, razonabilidad y legalidad de tales medidas, sin invadir una competencia administrativa vedada, como son las infracciones calificadas como graves y leves, que, en expedientes como el presente, han adquirido firmeza con la expedición (y notificación) de la resolución de segunda instancia” (énfasis añadido).

Cabe indicar que la inobservancia o incumplimiento de la medida de requerimiento genera la infracción calificada como muy grave a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT, por no cumplir oportunamente con el requerimiento de la adopción de medidas para el cumplimiento de la normativa de orden sociolaboral. Asimismo, esta infracción a la labor inspectiva se generaría con independencia y en forma adicional a las identificadas dentro del marco de la ejecución a la labor inspectiva en materias sociolaborales y de seguridad y salud en el trabajo.

Sobre la medida de requerimiento del 10 de noviembre de 2022, el inspector comisionado otorgó un plazo de cinco (05) días hábiles para que la impugnante adopte las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia de relaciones laborales, como se aprecia a continuación:

Al respecto, podemos apreciar que el inspector de trabajo, en el numeral 4.13 de los Hechos Constatados del Acta de Infracción, precisó que el sujeto inspeccionado dejó señalado en el escrito de fecha 17 de noviembre de 2022, que mantiene declarados e impagos los aportes previsionales de sus trabajadores. Del mismo modo, en el numeral 4.15 de la misma Acta de Infracción, el inspector comisionado propuso infracción a la labor inspectiva tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT, debido al no cumplimiento íntegro de la medida inspectiva de requerimiento de fecha 10 de noviembre de 2022.

En este punto corresponde invocar el precedente administrativo aprobado mediante Resolución de Sala Plena N° 009-2023-SUNAFIL/TFL, publicado el 11 de junio de 2023 en el diario oficial El Peruano, referida a los elementos que debe contener una medida inspectiva de requerimiento, en los términos siguientes:

Del mismo modo, para analizar la medida emitida en el presente caso, corresponde citar el precedente administrativo aprobado mediante Resolución de Sala Plena N° 010-2025- SUNAFIL/TFL, publicado el 22 de octubre de 2025 en el diario oficial El Peruano, referido al carácter unitario de la medida inspectiva de requerimiento, cuyo contenido pertinente es el siguiente:

Asimismo, el administrado mantiene el deber de colaboración previsto en el artículo 9° de la LGIT, lo que implica atender y cumplir los mandatos subsanables válidamente dispuestos, aun cuando discrepe de alguno en particular. Ello guarda coherencia con las facultades del inspector de ordenar medidas correctivas en el marco de sus competencias y asegura que la medida cumpla su finalidad de tutela del orden sociolaboral. De este modo, la interpretación razonable y proporcional del requerimiento no admite que la supuesta invalidez de un extremo se extienda a los demás, pues ello desnaturalizaría la propia función correctiva de esta medida inspectiva.” (Énfasis añadido)

Del análisis efectuado por esta Sala, se advierte que la medida de requerimiento, emitida por el inspector comisionado, se ajusta a los principios de razonabilidad, debida motivación y legalidad, pues la materia de inspección estuvo orientada al cumplimiento de la normativa en seguridad social. Además, el inspector ha cumplido con establecer el ámbito subjetivo y objetivo en el presente caso, precisándose no solo los trabajadores afectados sino las acciones tendientes a revertir dicha conducta. Del mismo modo, en relación con el plazo de cinco (05) días hábiles otorgado para su cumplimiento, este resulta razonable y suficiente considerando los mandatos y que se trataba de los aportes

Cabe señalar que la medida inspectiva de requerimiento fue emitida en el marco de las actuaciones inspectivas derivadas de la Orden de Inspección N° 0000002809-2022- SUNAFIL/IRE-LIB y en atención a los incumplimientos advertidos durante la fiscalización, posteriormente recogidos en el Acta de Infracción. En consecuencia, la impugnante se encontraba obligada a cumplir con lo dispuesto por la autoridad inspectiva, no advirtiéndose que la emisión de dicha medida haya vulnerado el artículo 14 de la LGIT ni el numeral 17.2 del artículo 17 del RLGIT, disposiciones que regulan la emisión y validez de las medidas inspectivas de requerimiento.

En ese sentido, se confirma la multa impuesta a la impugnante al haberse verificado la comisión de una infracción muy grave a la labor inspectiva, consistente en el incumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT.

En relación con la alegada vulneración de los principios de legalidad y debido procedimiento, se advierte que la impugnante se limita a enumerarlos sin desarrollar ni explicar de manera concreta cómo el acto administrativo impugnado habría transgredido cada uno de ellos. Al no vincular los principios invocados con hechos específicos del caso ni con actuaciones determinadas de las instancias previas, sus planteamientos resultan genéricos e insuficientes, por lo que corresponde desestimarlos.

Por las razones expuestas, se desestima la nulidad invocada por la impugnante, al no haberse acreditado la existencia de ninguna de las causales previstas en el artículo 10 del TUO de la LPAG, constatándose que en el presente procedimiento se respetaron las garantías del debido proceso administrativo.

Finalmente, a título informativo se señala que, conforme fluye del expediente remitido, las multas subsistentes como resultado del procedimiento administrativo sancionador serían las que corresponden a las siguientes infracciones:

Cabe precisar que este detalle se provee a título informativo y cualquier error de hecho y de derecho durante la tramitación del expediente que resultara en un error, omisión o imprecisión en las materias, cantidad, conducta, tipificación legal, clasificación o cuantía, resulta de exclusiva responsabilidad de la Intendencia respectiva.