Grifo Gasoil S.A.C — Res. 117-2023

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Remuneraciones (Sub materia: Pago de la remuneración (Sueldos y salarios); Gratificaciones; Pago de Bonificaciones y, Horas extras); Jornada, horario de trabajo y descansos remunerados (Sub materia: Vacaciones y, Jornada nocturna); Compensación por tiempo de servicios (Sub materia: Depósito de CTS) y, Registro de control de asistencia (Sub materia: Incluye todas). soft 08:42:51-0500

- Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por no pagar los intereses legales de la CTS, tipificada en el numeral 24.5 del artículo 24 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 6,908.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de relaciones laborales, por no acreditar el pago de vacaciones, tipificada en el numeral 25.6 del artículo 25 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 11,572.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de relaciones laborales, por sustituir al trabajador en el registro de su tiempo de trabajo real, tipificada en el numeral 25.19 del artículo 25 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 11,572.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de relaciones laborales, por no acreditar el pago de la sobretasa del 35% por la jornada nocturna, tipificada en el numeral 25.6 del artículo 25 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 11,572.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por el incumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 11,572.00.

i. Que, el acta de infracción, es nula porque contraviene los plazos, arbitrariamente se señala como fecha de inicio de la actuación inspectiva el 07 de mayo de 2021 cuando en realidad fue el 28 de abril de 2021, conforme consta en el acta de verificación de despido arbitrario y consecuente denuncia cuya copia se adjunta como prueba de este escrito; por tanto, considerando los plazos establecidos en el numeral 13.3 del artículo 13 del RLGIT, si la actuación inspectiva inició el 28 de abril de 2021, entonces el plazo máximo para su resolución debió materializarse a los 30 días hábiles, vale decir el 09 de junio de 2021, incluso SUNAFIL tenía la posibilidad legal de prorrogar

por un plazo máximo de 30 días hábiles adicionales, no sin antes notificar previamente al administrado, cosa que no sucedió en este particular caso y ha sido recién que el acta de infracción fue emitida el 15 de junio de 2021, para luego notificar tres meses y medio, es decir, el 30 de setiembre de 2021. ii. Por lo señalado, se tiene que el inicio del procedimiento sancionador se sustenta en un acta de infracción que ha sido emitida después de los 30 días hábiles que contempla la norma y de lo actuado no existe ninguna resolución de prórroga, por lo que, sería un acto administrativo nulo, que a su vez ha provocado la nulidad de todos los siguientes actos como es el caso del inicio del procedimiento sancionador. iii. Que, el inspector de trabajo que ha redactado el acta de infracción, se ha limitado a señalar que la orden de inspección tiene su origen de acuerdo a lo señalado en el artículo 12 de la Ley N° 28806, sin especificar cuál ha sido la causa, situación que denota, no una simple irregularidad en el contenido del acta, sino que imposibilita a la representada conocer el origen de la inspección y por tanto, vulnera no sólo el derecho de defensa, sino también el derecho a un debido procedimiento administrativo, por tanto, sírvase declarar fundada la nulidad deducida y dispóngase el archivo del expediente. iv. Que, la autoridad administrativa debe inhibirse por tratarse de una obligación de carácter imperativo, porque actualmente existe un proceso judicial en curso interpuesto por la denunciante del procedimiento administrativo, respecto del cual recién han tomado conocimiento el 30 de diciembre de 2021, tramitándose bajo el Exp. N° 01943-2021-0-1001-JR-LA-04; no obstante, y tras el análisis efectuado, resulta que SUNAFIL hasta el momento ha comprobado que dos de las supuestas infracciones ya fueron pagadas; sin embargo, resulta que para la denunciante de este procedimiento, Hilda Huamán no le consta, entonces se evidencia un claro conflicto de intereses que eventualmente daría lugar a pronunciamientos incongruentes por parte de SUNAFIL y por parte del Poder Judicial. v. Que, se revoque la resolución recurrida, pues a la fecha, la empresa ha cumplido con acreditar todos los requerimientos efectuados. 1.5 Mediante Resolución de Intendencia N° 0034-2022-SUNAFIL/IRE CUS, de fecha 24 de febrero de 20222, la Intendencia Regional de Cusco declaró infundado el recurso de apelación interpuesto por la impugnante, por considerar los siguientes puntos:

i. Respecto al plazo máximo de las actuaciones inspectivas de investigación, para el caso en particular, se generó la Orden de Inspección N° 159-2021-DPSC, de fecha 05 de mayo de 2021, cuyas materias de verificación son “pago de la remuneración (sueldos y salarios), gratificaciones, pago de bonificaciones, horas extras, vacaciones,

2 Notificada a la impugnante el 28 de febrero de 2022, véase folio 100 del expediente sancionador.

depósitos de CTS”, consignándose el plazo de 30 días para el desarrollo de actuaciones inspectivas; así, se verifica a fojas 3 del expediente de investigación, la constancia de actuaciones inspectivas en la que el inspector comisionado, da inicio a la fase de investigación a partir de la realización de comprobación de datos, en fecha 07 de mayo de 2021, razón por la cual, a partir de dicha actuación, se computa el plazo de treinta días consignando en la orden de inspección, plazo que concluía al 18 de junio de 2021; sin embargo, con fecha anterior a la mencionada, se emite el Acta de Infracción N° 021-2021-DSPC, al 15 de junio de 2021, observándose que se cumplió con el plazo previsto legalmente para el despliegue de actos de investigación. ii. Ahora bien, no es cierto que las actuaciones inspectivas hayan iniciado el 28 de abril de 2021, aspecto que no debe confundir al apelante, toda vez que, la captura de imagen adjunta en su escrito de apelación, corresponde a otra orden de inspección, registrada con el número 157-2021, bajo la cual la materia de verificación difiere de la presente, incluso el inspector designado para tal efecto es otro; por lo que, en este punto, el argumento recursivo resulta contrario al principio de buena fe procedimental, previsto en el numeral 1.8 del TUO de la LPAG. iii. De acuerdo al artículo 54 del RLGIT, se tiene establecido el contenido de las actas de infracción, por lo que, en el caso en particular, al verificar el Acta de Infracción N° 21- 2021-DSPC, se observa que, cumple con el contenido establecido normativamente para su emisión, consecuentemente, no existe sustento en el alegato presentado por el apelante, aún más considerando que, no se ha vulnerado el derecho de defensa, toda vez que, al inicio del procedimiento sancionador, mediante la notificación de la Imputación de Cargos, se puso en conocimiento del apelante, los detalles bajo los cuales se insta el procedimiento sancionador, concediéndole en cada etapa, un plazo razonable para que pueda presentar descargos, los mismos que en el ejercicio de su derecho de defensa, presentó oportunamente, cumpliéndose con ello el debido procedimiento. iv. Ahora bien, con el propósito de evaluar si existe conflicto con la función jurisdiccional de acuerdo a lo establecido en el artículo 75 del TUO de la LPAG, se procede a realizar el análisis, en atención a los actuados, los hechos investigados y corroborados, evidenciándose que los incumplimientos a la normativa sociolaboral advertidos, no precisaron ser esclarecidos previamente por instancia judicial, al ser evidenciados en su omisión pese a la medida inspectiva de requerimiento realizada; consecuentemente no se cumple con uno de los presupuestos necesarios, respecto a la necesidad objetiva de obtener el pronunciamiento judicial previo para poder resolver el asunto planteado ante la Administración; por tanto, no corresponde la inhibición, debiendo indicar además que, a la fecha, no existe mandato judicial que ordene a la Intendencia no seguir desarrollando su competencia. v. Adicionalmente, no existe identidad de hechos ni fundamentos, toda vez que, de acuerdo a las pretensiones de la demanda interpuesta, lo que se discute en sede judicial, son los montos de pago por cada beneficio laboral (incluyendo vacaciones y CTS), aspecto que se diferencia de la sanción impuesta en sede administrativa, ya que la misma se dio, por incumplimiento a la normativa sociolaboral respecto a la temporalidad con la que debieron cumplirse las obligaciones apercibidas mediante la notificación de la medida inspectiva de requerimiento y la acreditación de las mismas, además, respecto a las infracciones referidas a sustituir al trabajador en el registro de su tiempo de trabajo real, no acreditar el pago de sobretasa del 35% por

jornada nocturna y el incumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento, no han sido planteadas como pretensiones de la demanda interpuesta en sede judicial. vi. Asimismo, cabe precisar que no se ha originado un avocamiento de la autoridad inspectiva en un caso judicializado, toda vez que la trabajadora afectada acudió en primer lugar a esta entidad a fin de que se compruebe el cumplimiento del ordenamiento sociolaboral y, en caso de comprobarse la infracción al ordenamiento sociolaboral, imponer las sanciones correspondientes al administrado; siendo que con posterioridad decidió paralelamente plantear una demanda en la vía judicial laboral, en defensa de sus intereses. Por ende, no ha existido interferencia de esta entidad respecto de los que puede resolver la autoridad judicial en el proceso laboral. vii. Respecto a que han cumplido con acreditar todos los requerimiento efectuados, cabe señalar que, sobre el concepto de remuneración vacacional, el apelante adjuntó la boleta de pago del mes de septiembre 2020, indicando como motivo de suspensión de labores descanso vacacional; sin embargo, se evidencia del registro de control de asistencia que, la trabajadora laboró con normalidad durante el mes de septiembre, motivo por el cual el inspector comisionado, arriba a la conclusión detallada en el acta de infracción; ante ello, en el descargo a la imputación de cargos, el apelante indica que en la boleta de marzo 2021 se realizaba el pago de vacaciones truncas 2020-2021; posteriormente, señala respecto al “Pago de Vacaciones del periodo 2019-2020 se adjunta boletas de pago de vacaciones por dicho periodo en dos boletas, la última quincena de febrero hasta la primera quincena de marzo pagado”, con ello se evidencia la incongruencia en la que incurre el apelante; finalmente, en el recurso de apelación, no se ha cumplido con evidenciar de qué manera habría cumplido con el pago de dicho concepto. viii. En relación al pago de la CTS, la sustitución del trabajador en el registro de su tiempo de trabajo real, al no haber prueba que refute lo argumentado, corresponde confirmar la sanción impuesta en estos extremos. ix. Respecto al pago de la sobretasa del 35% por la jornada nocturna, a la fecha de interposición del recurso de apelación, se halla el cálculo de reintegro por horas extras a favor de la recurrente, monto que recién fue depositado, en dos partes, uno en fecha 26 de noviembre de 2021 y otro en fecha 24 de enero de 2022, ambos, en fechas posteriores a la notificación de la imputación de cargos; por lo que, no corresponde aplicar el eximente de responsabilidad previsto en el literal f) del artículo 257 del TUO de la LPAG.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 4“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia.” 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6“Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 7“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

III. DEL RECURSO DE REVISIÓN 3.1 El artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG), establece que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de éstos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe de otorgarle esta facultad al administrado mediante una ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días, respectivamente.

8 Decreto Supremo N° 016-2017-TR, art. 14.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE GRIFO GASOIL S.A.C.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 21 de marzo de 2022, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 0034-2022-SUNAFIL/IRE CUS, señalando lo siguiente:

i. La Resolución de Intendencia N° 0034-2022-SUNAFIL/IRE CUS, omite un requisito de validez, porque no se pronuncia de manera expresa e inequívoca respecto al pedido de nulidad del acta de infracción, en tanto sólo resuelve el recurso de apelación de la Sub Intendencia, en ningún extremo existe pronunciamiento respecto a los recursos de nulidad del acta de infracción e inhibición, que a su vez se han fundamentado en el mismo escrito de manera previa y ordenada, dado que cada pedido tiene sus propios fundamentos.

ii. El TUO de la LPAG, no se ocupa de manera expresa de los requisitos que debe cumplir una resolución, pero sí lo hace el artículo 122 del Código Procesal Civil, es así que en el numeral 3) habla de la parte considerativa de las resoluciones y luego en el numeral 4) señala el contenido de la parte resolutiva.

iii. De la revisión de los actuados, se puede visualizar que se ha fundamentado de manera ordenada los recursos, es decir, se alcanzan los argumentos relativos a la nulidad del Acta de Infracción, luego los fundamentos de la inhibición exigida a la SUNAFIL, por existir en curso un proceso laboral instado por la misma denunciante y, finalmente la que corresponde al propio recurso de apelación, para que de esta forma, no se consienta ningún extremo, conforme se puede apreciar en el encabezado y la propia estructura del escrito; con lo cual, se priva del derecho de defensa.

iv. Sobre la revisión a la nulidad del Acta de Infracción, cabe señalar que, el órgano inferior de la SUNAFIL ha inaplicado lo dispuesto en el artículo 12 de la LGIT, precepto que hace mención expresa e inequívoca al origen de las actuaciones inspectivas, siendo una de ellas la denuncia, conforme consta en el literal c del

artículo comentado. En ningún extremo del citado artículo, señala que el origen de la actuación inspectiva es porque al inspector auxiliar se le ocurrió primero: Consultar la página web de la SUNAT y, luego comunicarse con la recurrente para que precise los periodos de su denuncia.

v. Por tanto, resulta evidente que, la fecha del viernes 07 de mayo de 2021, es una fecha arbitraria que no tiene sustento fáctico, puesto que el sustento es una fecha anterior generada con la denuncia formulada por Hilda Huamán. Se sabe que uno de los principios del procedimiento inspectivo es la confidencialidad, sin embargo, esta confidencialidad no tendría que estar sujeta a la actuación arbitraria, que permite percibir descuido y/o negligencia por parte del inspector auxiliar, quien lejos de sujetarse a lo estrictamente regulado y establecido en la norma en función a los hechos, se limita a realizar formalismos generales que causan indefensión al administrado, toda vez que no se consignó de que el origen de la Orden de Inspección, es en mérito a la denuncia formulada en determinada fecha; fecha que no se encuentra consignada en el Acta de Infracción, argumento que a su vez refuerza y sustenta la nulidad formulada.

vi. Las Órdenes de Inspección N° 157-2021 y 159-2021 fueron gestionadas por los inspectores auxiliares, y están relacionadas con la denuncia, sólo que existe un vacío de cinco a siete días hábiles y, por otro lado, SUNAFIL no explica qué pasó con la denuncia contenida en la primera Orden de Inspección, acto que se subsume a lo señalado por la SUNAFIL en el Acta de Infracción N° 21-2021, en donde expresamente en su numeral 2.1 dice en forma genérica que: “la orden de inspección tiene su origen de acuerdo a lo señalado en el artículo 12 de la Ley 28806”, es decir la denuncia.

vii. No se ha lesionado el principio de buena fe procedimental, lo único que se ha hecho es evidenciar la incongruencia de los actos realizados por la SUNAFIL y se ha interpretado literalmente la ley. En tal sentido, sí es correcto y existe prueba de que la actuación inspectiva se inició con denuncia y por tanto los 30 días que dispone la Ley se vencía el 09 de junio de 2021 y, al no haber ninguna clase de prórroga, ni antes ni durante esos 30 días de iniciado el proceso inspectivo, entonces, cualquier acto posterior a esa fecha deviene en nulo.

viii. Sobre la exigencia a la inhibición, corresponde la revisión porque se aplica erróneamente los alcances del numeral 2 del artículo 130 de la Constitución Política, relativa a la figura del avocamiento y del artículo 75 del TUO de la LPAG, para tal efecto, adhiere su análisis a los fundamentos relacionados por el principio

de predictibilidad desarrollado por la Sala Laboral en la Resolución N° 076- SUNAFIL/TFL-Primera Sala.

ix. Al respecto, en principio señalan que, la figura del avocamiento no discrimina si la autoridad administrativa ha iniciado su procedimiento “antes” puesto que el avocamiento está relacionado con “tomar conocimiento”, y se ha puesto bajo conocimiento el proceso judicial iniciado por Hilda Huamán, quien a su vez es la denunciante, quien dio lugar al inicio del proceso inspectivo ante la SUNAFIL; por otro lado consideran que, el precepto Constitucional está por encima de las leyes y normas de inferior jerarquía como el TUO de la LPAG.

x. Se estima que no procede la inhibición porque no se cumple el presupuesto relativo a la necesidad objetiva de obtener un pronunciamiento judicial previo; sin embargo, sí existe interferencia por parte de la SUNAFIL, prueba de ello es la existencia de 2 pretensiones judiciales que a su vez guardan relación con el requerimiento efectuado y que ya existe pronunciamiento en relación a ellas. Al igual que esas 2 pretensiones, existen otras pretensiones similares de las ocho que ha formulado Hilda Huamán, de las cuales recién serán resueltas en sede judicial.

xi. Asimismo, los fundamentos de la Resolución N° 076-2021-SUNAFIL/TFL, que fueron citados en la resolución emitida por la Intendencia, no han podido ser analizados, puesto que la búsqueda a nivel de la web ha llevado más de 40 minutos sin resultado alguno, lo cual lleva a resaltar y poner como evidencia la falta de motivación en las resoluciones en las que ha incurrido el intendente. Por otro lado, al no gozar de publicidad esa resolución y, no ser vinculante para el caso, no tendrían por qué ahondar en su análisis, puesto que no garantiza el principio de legalidad.

xii. Consideran que se estime el pronunciamiento de la Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República en la Casación Laboral N° 8389-2018-Moquegua, porque al igual que en el presente caso, desarrolla el concepto de la toma de conocimiento, como presupuesto para que la SUNAFIL se inhiba.

xiii. Entonces, a la fecha existe la eminente violación al debido proceso y al debido procedimiento, toda vez que, en el supuesto que el Poder Judicial, determine que el total de las prestaciones restantes ya fueron pagadas y por tanto declare infundadas dichas pretensiones, entonces, no se tendría que asumir la multa de una supuesta infracción pagada.

xiv. Ahora bien, respecto al pago de vacaciones, la totalidad del pago de las vacaciones ha sido acreditado de manera objetiva, por eso se ha alcanzado como anexo al recurso de apelación, la copia de la boleta impaga más el cupón de depósito de fecha 21 de enero de 2022; sin embargo, el Intendente señala que persiste la conducta infractora alegando vulneración al principio de buena fe procedimental, pese a que han explicado las circunstancias en cuanto a los descargos y al mismo tiempo se ha señalado la actuación evidentemente parcializada y subjetiva del

inspector auxiliar, al dejar constancia que pretendían sorprender a la autoridad administrativa.

xv. Sobre la supuesta sustitución del trabajador en el registro de su tiempo, sólo se han limitado a adherirse a los argumentos de la Sub Intendencia, aun cuando han alcanzado un análisis referido a la normativa legal relativa al contenido del registro de control de asistencia, en donde se específica que constituye una infracción al efectuar el registro de ingreso y salida del trabajador, pese a que la firma de la extrabajadora consta en el citado registro, motivo por el cual, se han convencido que la imputación es subjetiva, cuando se evidencia que no hubo intención, excepto de informar al trabajador su tiempo de refrigerio. Por lo cual, el Tribunal de Fiscalización Laboral, en mérito al principio de presunción de licitud en favor del administrado, debe tener en cuenta lo resuelto mediante Resolución N° 505-2021- SUNAFIL/TFL-Primera Sala.

xvi. Respecto a no acreditar el pago de la sobretasa del 35% por jornada nocturna, al igual que el pago de vacaciones como de la CTS, también ha sido efectuado, y consta de los cupones de depósito realizados voluntariamente, que si bien fueron efectuados de manera posterior a la imputación de cargos y antes de la apelación; sin embargo, esta circunstancia no la impide de que la multa sea reducida a un 30%, conforme ha sido solicitado en el escrito de descargo de la imputación de cargos, pedido que a su vez, goza del amparo dispuesto en el literal a) del artículo 40 de la LGIT.

xvii. Sobre el incumplimiento de la medida inspectiva, cabe señalar que, desde un inicio han colaborado con la autoridad administrativa, al realizar el descargo a los requerimientos efectuados dentro de los plazos concedidos, con las limitaciones que ofrece el nuevo sistema inspectivo, precisamente una de las limitaciones ha sido el acceso oportuno y dentro del plazo a la plataforma tecnológica y también el aspecto económico, razón por la cual no han podido realizar y acreditar el pago de todos los requerimientos efectuados.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre la infracción grave

materia de relaciones laborales, tipificadas en los numerales 25.6 y 25.19 del artículo 25 del RLGIT y una (01) infracción muy grave a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT.

"Artículo 49.- Recursos administrativos Los recursos administrativos del procedimiento administrativo sancionador son aquellos previstos en el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004- 2019-JUS. El Recurso de revisión es de carácter excepcional y se interpone ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral. El Reglamento determina las demás condiciones para el ejercicio de los recursos administrativos”.

“(…) la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006- TR, y sus normas modificatorias” (énfasis añadido).

Sobre el incumplimiento del pago de vacaciones truncas

a) Una remuneración por el trabajo realizado; b) Una remuneración por el descanso vacacional adquirido y no gozado; y c) Una indemnización equivalente a una remuneración por no haber disfrutado del descanso. Esta indemnización no está sujeta a pago o retención de ninguna aportación, contribución o tributo.

El monto de las remuneraciones indicadas será el que se encuentre percibiendo el trabajador en la oportunidad en que se efectúe el pago.

Sobre el registro de control de asistencia

“Todo empleador sujeto al régimen laboral de la actividad privada debe tener un registro permanente de control de asistencia, en el que los trabajadores consignarán de manera personal el tiempo de labores. La obligación de registro incluye a las personas bajo modalidades formativas laborales y al personal que es destacado o desplazado a los centros de trabajo o de operaciones por parte de las empresas y entidades de intermediación laboral, o de las empresas contratistas o Subcontratistas” (énfasis añadido).

“El control de asistencia puede ser llevado en soporte físico o digital, adoptándose medidas de seguridad que no permitan su adulteración, deterioro o pérdida. En el lugar del centro de trabajo donde se establezca el control de asistencia debe exhibirse a todos los trabajadores, de manera permanente, el horario de trabajo vigente, la duración del tiempo de refrigerio, y los tiempos de tolerancia, de ser el caso”.

9 Artículo 2 del Decreto Supremo N° 004- 2006-TR.

10 Véase folio 189 al 192 del expediente inspectivo. 11 Toyama Miyagusuku, J. & Eguiguren Praeli, A. (2018). Inspección del trabajo, jurisprudencia administrativa más relevante. Gaceta Jurídica S.A., primera edición, 139.

Sobre la infracción por no acreditar el pago de la sobretasa del 35% por la jornada nocturna

Sobre la medida inspectiva de requerimiento

revertir los efectos de la ilegalidad de la conducta cometida por el inspeccionado de manera previa al inicio del procedimiento administrativo sancionador (PAS).

“6.8 Así, los expedientes sancionadores que se tramitan en el Sistema de Inspección del Trabajo no son, sin embargo, unos que permitan distinguir imputaciones que solamente contengan casos “muy graves”, “graves” o bien “leves”, siendo habitual que en los casos sometidos a este Tribunal se encuentren imputaciones que contemplen infracciones calificadas normativamente como “muy graves” y alguna o algunas más de distinto grado. Ante este tipo de plataformas impugnatorias, el Tribunal de Fiscalización Laboral se encuentra obligado a distinguir lo que es materia de su estricta competencia de aquello que no lo es, conforme con la normativa glosada. 6.9 En ciertos casos —como el que es objeto de la presente resolución—el recurso de revisión propone el análisis de infracciones a la labor inspectiva consistentes en el incumplimiento de la medida de requerimiento contenidas en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT10, pero las materias objeto de la medida de requerimiento son calificadas por la normativa como faltas “graves” o “leves”, lo que deposita a tales causas fuera de la competencia material de este Tribunal. 6.10 De esta forma, la evaluación de los recursos de revisión interpuestos contra sanciones administrativas por inejecución de medidas de requerimiento deberá circunscribirse a un análisis estrictamente referido a la proporcionalidad, razonabilidad y legalidad de tales medidas, sin invadir una competencia administrativa vedada, como son las infracciones calificadas como graves y leves, que en expedientes como el presente, han adquirido firmeza con la expedición (y notificación) de la resolución de segunda instancia” (énfasis añadido).

Figura N°01: Numeral 7.14.5 de la Directiva N° 001-2020-SUNAFIL/INII

“Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 1.4. Principio de razonabilidad. - Las decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen obligaciones, califiquen infracciones, impongan sanciones, o establezcan restricciones a los administrados, deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido.”

12 Aprobada por Resolución de Superintendencia N° 031-2020-SUNAFIL, del 03 de febrero de 2020.

depositados extemporáneamente y, 1.5. Pagar la sobretasa del 35% de la remuneración mínima mensual de la jornada nocturna, advirtiéndose que el incumplimiento de dicha medida constituiría infracción a la labor inspectiva, sancionable con una multa.

Sobre la supuesta vulneración al debido procedimiento

requeridas para adoptar determinada decisión se encuentran recogidas en la resolución en concreto.

13 Véase fojas 3 del expediente inspectivo.

los órganos de las Administraciones Públicas competentes en materia de inspección del trabajo, b) A solicitud fundamentada de otro órgano del Sector Público o de cualquier órgano jurisdiccional, en cuyo caso deberán determinarse las actuaciones que se interesan y su finalidad; Por denuncia; d) Por decisión interna del Sistema de Inspección del Trabajo; e) Por iniciativa de los inspectores del trabajo, cuando en las actuaciones que se sigan en cumplimiento de una orden de inspección, conozcan hechos que guarden relación con la orden recibida o puedan ser contrarios al ordenamiento jurídico vigente y, f) A petición de los empleadores y los trabajadores así como de las organizaciones sindicales y empresariales, en las actuaciones de información y asesoramiento técnico sobre el adecuado cumplimiento de las normas”.

Sobre la solicitud de suspensión del Procedimiento Administrativo Sancionador

resolución de un asunto o causa cuya decisión correspondería a un órgano inferior”.14 Similar sentido utiliza el artículo 80 del TUO de la LPAG,15 en tanto que refiere al concepto de “avocación de competencia”. No se aprecia, cómo es que la inspección o el procedimiento sancionador pueden interferir en la esfera de competencias jurisdiccionales, ni mucho menos producir el efecto del avocamiento.

14 Ver: https://dle.rae.es/avocar 15 TUO de la LPAG, “Artículo 80.- Avocación de competencia 80.1 Con carácter general, la ley puede considerar casos excepcionales de avocación de conocimiento, por parte de los superiores, en razón de la materia, o de la particular estructura de cada entidad. 80.2 La entidad delegante podrá avocarse al conocimiento y decisión de cualquier asunto concreto que corresponda decidir a otra, en virtud de delegación.”

prohibición de avocamiento a una causa judicial (arts. 4º y 13º del TUO de la Ley Orgánica del Poder Judicial)16.

16 Decreto Supremo N° 017-93-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial “Artículo 4.- Toda persona y autoridad está obligada a acatar y dar cumplimiento a las decisiones judiciales o de índole administrativa, emanadas de autoridad judicial competente, en sus propios términos, sin poder calificar su contenido o sus fundamentos, restringir sus efectos o interpretar sus alcances, bajo la responsabilidad civil, penal o administrativa que la ley señala. Ninguna autoridad, cualquiera sea su rango o denominación, fuera de la organización jerárquica del Poder Judicial, puede avocarse al conocimiento de causas pendientes ante el órgano jurisdiccional. No se puede dejar sin efecto resoluciones judiciales con autoridad de cosa juzgada, ni modificar su contenido, ni retardar su ejecución, ni cortar procedimientos en trámite, bajo la responsabilidad política, administrativa, civil y penal que la ley determine en cada caso. Esta disposición no afecta el derecho de gracia. (…) Artículo 13.- Cuando en un procedimiento administrativo surja una cuestión contenciosa, que requiera de un pronunciamiento previo, sin el cual no puede ser resuelto el asunto que se tramita ante la administración pública, se suspende aquel por la autoridad que conoce del mismo, a fin que el Poder Judicial declare el derecho que defina el litigio. Si la autoridad administrativa se niega a suspender el procedimiento, los interesados pueden interponer la demanda pertinente ante el Poder Judicial. Si la conducta de la autoridad administrativa provoca conflicto, éste se resuelve aplicando las reglas procesales de determinación de competencia, en cada caso.” 17 Constitución Política del Perú, Artículo 139.- Principios de la Administración de Justicia (…) Ninguna autoridad puede avocarse a causas pendientes ante el órgano jurisdiccional ni interferir en el ejercicio de sus funciones. Tampoco puede dejar sin efecto resoluciones que han pasado en autoridad de cosa juzgada, ni cortar procedimientos en trámite, ni modificar sentencias ni retardar su ejecución. Estas disposiciones no afectan el derecho de gracia ni la facultad de investigación del Congreso, cuyo ejercicio no debe, sin embargo, interferir en el procedimiento jurisdiccional ni surte efecto jurisdiccional alguno.” 18 TUO de la LPAG, “Artículo 75.- Conflicto con la función jurisdiccional 75.1 Cuando, durante la tramitación de un procedimiento, la autoridad administrativa adquiere conocimiento que se está tramitando en sede jurisdiccional una cuestión litigiosa entre dos administrados sobre determinadas relaciones de derecho privado que precisen ser esclarecidas previamente al pronunciamiento administrativo, solicitará al órgano jurisdiccional comunicación sobre las actuaciones realizadas.”

previamente al pronunciamiento administrativo” (énfasis añadido). Esta referencia no resulta invocable en vista de que no se está ante procedimientos que contemplen a dos administrados —análogos al “demandante” y “demandada” del proceso judicial— ni se ha definido una condicionalidad para la emisión de una resolución en el orden administrativo.

Figura N°02:

19 TUO de la LPAG, “Artículo 75.- Conflicto con la función jurisdiccional (…) 75.2 Recibida la comunicación, y sólo si estima que existe estricta identidad de sujetos, hechos y fundamentos, la autoridad competente para la resolución del procedimiento podrá determinar su inhibición hasta que el órgano jurisdiccional resuelva el litigio.”

principio de derecho administrativo sancionador20, el Tribunal Constitucional21, ha definido su connotación sustantiva y procesal así:

“El principio non bis in ídem tiene una doble configuración: por un lado, una versión sustantiva y, por otro, una connotación procesal:

a) Desde el punto de vista material, el enunciado según el cual, “(...) nadie puede ser castigado dos veces por un mismo hecho (...)”, expresa la imposibilidad de que recaigan dos sanciones sobre el mismo sujeto por una misma infracción, puesto que tal proceder constituiría un exceso del poder sancionador, contrario a las garantías propias del Estado de Derecho. Su aplicación, pues, impide que una persona sea sancionada o castigada dos (o más veces) por una misma infracción cuando exista identidad de sujeto, hecho y fundamento.

b) En su vertiente procesal, tal principio significa que “(...) Nadie pueda ser juzgado dos veces por los mismos hechos(...)”, es decir, que un mismo hecho no pueda ser objeto de dos procesos distintos o, si se quiere, que se inicien dos procesos con el mismo objeto. Con ello se impide, por un lado, la dualidad de procedimientos (por ejemplo, uno de orden administrativo y otro de orden penal) y, por otro, el inicio de un nuevo proceso en cada uno de esos órdenes jurídicos (dos procesos administrativos con el mismo objeto, por ejemplo)”.

20 TUO de la LPAG, “Artículo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales: (…) 11. Non bis in ídem. - No se podrán imponer sucesiva o simultáneamente una pena y una sanción administrativa por el mismo hecho en los casos en que se aprecie la identidad del sujeto, hecho y fundamento. Dicha prohibición se extiende también a las sanciones administrativas, salvo la concurrencia del supuesto de continuación de infracciones a que se refiere el inciso 7.” 21 Estos componentes son reiterados, entre otras, por la Sentencia del Tribunal Constitucional del 6 de marzo de 2018 (expediente 68849-2015-PA/TC), Fj. 12.

ante la concurrencia de la jurisdicción penal y un procedimiento administrativo sancionador para tratar una misma cuestión, se dejó a salvo que “ambos ordenamientos jurídicos cumplen distintos fines o sirven a la satisfacción de intereses o bienes jurídicos diferentes”.

22 MORÓN URBINA, Juan Carlos. Comentarios a la Ley de Procedimiento Administrativo General. Tomo II. (14ª edición). Lima: Gaceta Jurídica S.A., p. 467. 23 LGIT, “Artículo 16.- Actas de Infracción Las Actas de Infracción por vulneración del ordenamiento jurídico sociolaboral, así como las actas de infracción por obstrucción a la labor inspectiva, se extenderán en modelo oficial y con los requisitos que se determinen en las normas reguladoras del procedimiento sancionador. Los hechos constatados por los inspectores actuantes que se formalicen en las actas de infracción observando los requisitos que se establezcan, se presumen ciertos sin perjuicio de las pruebas que en defensa de sus respectivos derechos e intereses puedan aportar los interesados. El mismo valor y fuerza probatoria tendrán los hechos comprobados por la Inspección del Trabajo que se reflejen en los informes, así como en los documentos en que se formalicen las medidas inspectivas que se adopten.” 24 LGIT, “Artículo 47.- Carácter de las Actas de Infracción Los hechos constatados por los servidores de la Inspección del Trabajo que se formalicen en las Actas de Infracción observando los requisitos establecidos, merecen fe, sin perjuicio de las pruebas que puedan aportar los sujetos responsables, en defensa de sus respectivos derechos e intereses.”

pronunciamiento judicial antes que recién la fiscalización pueda examinar la conformidad de los hechos con lo previsto en las normas.

Información Adicional

N° Materia Conducta Infractora Tipificación legal y clasificación Relaciones Laborales No pagar los intereses legales de la CTS. Numeral 24.5 del artículo 24 del RLGIT.

GRAVE

Relaciones Laborales No acreditar el pago de vacaciones. Numeral 25.6 del artículo 25 del RLGIT.

MUY GRAVE Relaciones Laborales Sustituir al trabajador en el registro de su tiempo de trabajo real. Numeral 25.19 del artículo 25 del RLGIT.

MUY GRAVE Relaciones Laborales No acreditar el pago de la sobretasa del 35% por la jornada nocturna. Numeral 25.6 del artículo 25 del RLGIT.

MUY GRAVE Labor Inspectiva El incumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento. Numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT

MUY GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR.

SE RESUELVE:

PRIMERO. – Declarar, por mayoría, FUNDADO EN PARTE el recurso de revisión interpuesto por GRIFO GASOIL S.A.C., en contra de la Resolución de Intendencia N° 0034-2022-SUNAFIL/IRE CUS, emitida por la Intendencia Regional de Cusco dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 416-2021-SUNAFIL/IRE-CUS, en el extremo referente a la infracción muy grave tipificada en el numeral 25.6 del artículo 25 del RLGIT, con relación al pago de la sobretasa del 35% por la jornada nocturna, reduciéndose el monto de la multa impuesta de conformidad con el fundamento 6.33 de la presente resolución.

SEGUNDO. – CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 0034-2022-SUNAFIL/IRE CUS, en el extremo referente a las infracciones muy graves en materia de relaciones laborales, tipificadas en los numerales 25.6 y 25.19 del artículo 25 del RLGIT y, a la infracción muy grave a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT.

TERCERO. - Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa.

CUARTO. - Notificar la presente resolución a GRIFO GASOIL S.A.C., y a la Intendencia Regional de Cusco, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

VOTO EN DISCORDIA DE LA VOCAL DESIRÉE BIANCA ORSINI WISOTZKI

Con el debido respeto por la opinión de mis colegas vocales, discrepo de la posición mayoritaria con la que se ha resuelto el recurso de revisión interpuesto por la impugnante en el extremo referido a la aplicación del artículo 75 del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General.

Fundamento el presente voto en las siguientes consideraciones:

- El artículo 13 del TUO de la LOPJ establece que “cuando en un procedimiento administrativo surja una cuestión contenciosa, que requiera de un pronunciamiento previo, sin el cual no puede ser resuelto el asunto que se tramita ante la Administración Pública, se suspende aquel por la autoridad que conoce del mismo, a fin que el Poder Judicial declare el derecho que defina el litigio (…)”.

- De la misma manera, el artículo 75 del TUO de la LPAG, desarrolla el supuesto en el cual la autoridad administrativa debe inhibirse de un caso que requiere de un pronunciamiento previo por parte de la autoridad judicial, siendo necesario para ello la concurrencia de los siguientes elementos:

a) Que exista una cuestión contenciosa entre dos administrados tramitada en sede jurisdiccional, y que requiere ser esclarecida de manera previa al pronunciamiento administrativo, b) Que la cuestión contenciosa verse sobre relaciones de derecho privado, y, c) Que exista identidad de sujetos, hechos y fundamentos

- Lo expuesto resulta aplicable a los procedimientos administrativos que se originaron de manera previa a la existencia de uno judicial, tal como lo ha considerado la Corte Suprema de Justicia25:

“Si bien el proceso administrativo se inició antes del proceso judicial; sin embargo, la norma establece que si durante el trámite del proceso administrativo se toma conocimiento que en sede judicial se viene tramitando una cuestión litigiosa que debe ser esclarecida previamente al pronunciamiento administrativo, se debe solicitar al órgano jurisdiccional comunicación sobre las actuaciones realizadas y sólo si estima que existe triple identidad (sujetos, hechos y fundamentos), podrá inhibirse hasta que la litis sea resuelta”.

- Ahora bien, es necesario tener en cuenta que el presente procedimiento, se sustenta en los hechos constatados en el Acta de Infracción N° 21-2021-DPSC, de fecha 15 de junio de 2021, en la cual, la autoridad inspectiva determinó que la impugnante ejerció un comportamiento infractor de las normas sociolaborales (pago de las gratificaciones; pago de la bonificación extraordinaria; pago de las vacaciones; pago de los intereses legales de CTS, pago de la sobretasa de 35% por la jornada nocturna, entre otras), en afectación de una (01) extrabajadora. Asimismo, con el fin de subsanar dichos incumplimientos, el inspector ordenó el cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia de relaciones laborales, no obstante, dicha medida inspectiva de requerimiento no fue cumplida en el plazo previsto, conductas que han sido materia de sanción, conforme a las tipificaciones contenidas en el RLGIT, específicamente, en los numerales 25.6 y, 25.19 del artículo 25 del RLGIT.

- Cabe precisar que, el Portal de Transparencia Estándar del Poder Judicial, cuenta con un Sistema de Consultas de Expedientes Judiciales26, en el que se pueden apreciar todas las actuaciones realizadas en el Expediente: 01943-2021-0-1001-JR-LA-04, tramitado originalmente ante el 4° Juzgado de Trabajo del Cusco. Asimismo, el Poder Judicial cuenta con un Sistema Integrado Judicial (en adelante SIJ), que fue implementado a través de la Resolución Administrativa Nº 245-2009-CE-PJ27, y la Resolución Administrativa Nº 129- 2020-CE-PJ28, que establece la obligatoriedad del descargo de los actos procesales de todas las actuaciones judiciales en el SIJ, bajo responsabilidad. Por tanto, esas actuaciones están registradas en el sistema de Consultas de Expedientes Judiciales, al que tiene acceso la ciudadanía29.

- De la revisión de la página de Consulta de Expedientes Judiciales, se verificó que el expediente N° 01943-2021-0-1001-JR-LA-04, sobre derechos laborales, entablada por la extrabajadora Hilda Huamán Apaza, en contra de la impugnante; actualmente se encuentra en ejecución. Asimismo, de la revisión de los actuados, se aprecia que una de las pretensiones principales de la extrabajadora, es que la autoridad jurisdiccional ordene a la demandada realizar el pago por concepto de beneficios sociales consistentes en vacaciones, compensación por tiempo de servicios, entre otro (énfasis añadido).

25 Fundamento séptimo de la Casación Laboral N° 8389-2018 MOQUEGUA. 26 Conforme lo disponen la Ley Nº 27806- Ley de transparencia y Acceso a la Información Pública y el Decreto Supremo Nº 060-2001-PCM. 27 Véase el siguiente enlace: http://bit.ly/3lYaBPy 28 Véase el siguiente enlace: http://bit.ly/3XUwkVU 29 La Resolución Administrativa Nº 00020-2020-P-CSJLI-P, numeral 4.2, establece que la atención de consultas sobre el estado de expediente, la verificación de sentencias y autos que pongan fin al proceso o varíen situaciones jurídicas y cualquier otra información descargada por los órganos jurisdiccionales a través del SIJ, pueden ser visualizados por los usuarios a través del Módulo de Consulta de Expediente Judiciales- CEJ.

- De lo expuesto, se evidencia que existe una identidad de sujetos, pues existe un proceso judicial en trámite entre la impugnante y la extrabajadora citada, la cual ha sido también considerada como afectada en el presente procedimiento administrativo. Respecto a la identidad de hechos y fundamentos: Tanto en el proceso judicial (con la información obtenida del Sistema de Consultas de Expedientes Judiciales, del Expediente: 01943-2021- 0-1001-JR-LA-04, como en el procedimiento administrativo sancionador, se trata de dilucidar si a la extrabajadora le corresponde el pago de vacaciones, entre otros. Se concluye, entonces, que el objeto contencioso que debe dilucidarse en sede judicial, coincide con el del presente procedimiento administrativo sancionador. En ese sentido, se cumplen los requisitos del artículo 75.2 del TUO de la LPAG, al existir la triple identidad de sujetos, hechos y fundamentos. En consecuencia, es indispensable conocer la decisión de la magistratura para poder culminar el proceso sancionador.

- Por estos fundamentos, mi voto es porque se declare la SUSPENSIÓN del presente procedimiento administrativo sancionador, respecto del pronunciamiento que debe emitir este Tribunal, hasta que la sentencia que resuelva el expediente judicial en trámite tenga calidad de cosa juzgada.

20230201MCR