Gran Hotel Pimentel Empresa Individual de Responsabilidad Limitada — Res. 1235-2022

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Remuneraciones (Sub materia: Pago de la remuneración (Sueldos y salarios) y, Jornada, horario de trabajo y descansos remunerados (Sub materia: Vacaciones).

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- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no facilitar la información requerida por el inspector actuante para el 30 de junio de 2021, tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 1,012.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no facilitar la información requerida por el inspector actuante para el 06 de julio de 2021, tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 1,012.00.

i. Se encontraba materialmente imposibilitada de tomar conocimiento por cuanto, ni siquiera el antiguo propietario, ni su administración tuvieron conocimiento de los requerimientos, toda vez que al efectuarse la apertura de la casilla electrónica no existía un correo asignado para tal fin. Tan solo han tomado conocimiento de la presente labor inspectiva en mérito a una comunicación formal, a través de una notificación física derivada en el domicilio real. Agrega que son una REMYPE, con un limitado número de trabajadores, y que, pese a ello, se ha cumplido con todas las prerrogativas que la norma laboral establece, incluyendo los documentos que la extrabajadora en su momento denunció, y como pudo percatarse el mismo inspector, se encuentran con arreglo a ley, cumpliendo con todas las formalidades que la norma laboral establece, al cancelar todos los beneficios sociales a sus trabajadores. ii. Inclusive hasta en los procesos judiciales, el Código Procesal Civil y la Ley Procesal Laboral, de aplicación al caso concreto, señala que se notifica físicamente la primera notificación y posteriormente se notifica en la casilla electrónica, una vez que una persona se apersona a un proceso judicial. En la misma norma, y siguiendo las mismas reglas procesales, en todos los procedimientos inclusive los laborales, se puede determinar que el hecho que el acto de notificación debe tener eficacia real. Lo contrario implicaría un abuso de poder y una transgresión a principios como el debido proceso y el derecho a la defensa. iii. El inspector de trabajo ha querido sancionar imputando los mismos hechos, el mismo objeto, en el mismo procedimiento. Pretendiendo, afectar derechos reconocidos por la

Constitución, como la garantía a un debido proceso, tal como se ha acreditado en los párrafos anteriores; lo que está realizando una clara afectación al principio constitucional de Non bis In ídem. iv. El artículo 17.3 del RLGIT, establece que cuando el sujeto inspeccionado subsane las infracciones en el plazo otorgado por el inspector de trabajo en la medida de requerimiento, se emite el informe correspondiente dejando constancia del cumplimiento de las obligaciones fiscalizadas, sin perjuicio de la emisión de las recomendaciones o advertencias que correspondan, dando fin a la etapa de fiscalización. Para el caso en concreto, estas no se cumplieron, sino que de forma unilateral se procedió a emitir una sanción, que es abusiva y vejatoria, la cual afecta directamente el derecho a la defensa de su representada y le causa perjuicio económico.

i. De acuerdo a lo establecido en el artículo 1 de la LGIT, en concordancia con el artículo 3 del RLGIT, el objeto del Sistema de Inspección de Trabajo es velar por el cumplimiento de las normas sociolaborales, así como proteger los derechos sociolaborales de los trabajadores, los mismos que se encuentran consagrados y protegidos por la Constitución Política del Perú en su artículo 23, donde se dispone que ninguna relación laboral puede limitar el ejercicio de los derechos constitucionales, ni desconocer o rebajar la dignidad del trabajador, ya que uno de los fundamentos protectores del derecho del trabajo es cautelar los derechos del trabajador debido a su debilidad negociadora y posición de subordinación frente al empleador. ii. En el caso concreto, mediante Requerimientos de Información, el inspector de trabajo solicitó a la inspeccionada documentación referida al periodo 2020-2021 de la trabajadora María del Rosario Peltroche San Martín, lo que debía ser presentado dentro del plazo máximo de tres (3) días hábiles posteriores a la notificación, encontrándose debidamente notificados con fecha 24 de junio y 01 de julio de 2021. iii. Cabe precisar que, ambos requerimientos fueron debidamente notificados vía casilla electrónica, de acuerdo al nuevo Cronograma de Implementación a Nivel Nacional del Sistema Informático de Notificación Electrónica de la SUNAFIL, aprobado por Resolución de Superintendencia N° 114-2020-SUNAFIL, siendo de aplicación a partir del 31 de diciembre de 2020, para los requerimientos de información efectuados en la fase de actuaciones inspectivas de investigación, siendo responsabilidad del empleador de

2 Notificada a la impugnante el 18 de febrero de 2022, véase folio 83 del expediente sancionador.

revisar periódicamente su casilla electrónica, a efectos de tomar conocimiento de los documentos y/o actos administrativos que se le notifiquen, de conformidad con lo establecido en el numeral 8.1 del artículo 8 del Decreto Supremo N° 003-2020-TR, mediante el cual aprueban el uso obligatorio de la casilla electrónica para efectos de notificación de los procedimientos administrativos y actuaciones de la SUNAFIL. iv. Respecto a la supuesta vulneración al debido procedimiento, cabe precisar que de todo lo actuado se verifica que se ha venido respetando el debido procedimiento del apelante, tanto en la etapa de actuación inspectiva como en el procedimiento administrativo sancionador, al habérsele notificado debidamente con la imputación de cargos, a fin de que efectúe sus descargos dentro de los plazos legalmente establecidos, así como habiéndosele notificado debidamente todas las actuaciones correspondientes al presente caso, otorgándosele la oportunidad conforme a su derecho, de presentar argumentos de defensa, así como de adjuntar los medios probatorios que considere pertinentes para sustentar su teoría del caso y estrategia de defensa, obteniendo una decisión motivada por parte de la Autoridad Administrativa de Trabajo, como es el caso de la expedición de la resolución cuestionada, encontrándose acorde a la normativa expuesta, al haber desarrollado un análisis jurídico y fáctico de las normas vulneradas, según los hechos constatados por el inspector comisionado y los descargos efectuados. v. Sobre el principio de Non Bis In Ídem, contenido en el numeral 11) del artículo 248 del TUO de la LPAG, el mismo que establece que “no se podrán imponer sucesiva o simultáneamente una pena y una sanción administrativa por el mismo hecho en los casos en que se aprecie la identidad del sujeto, hecho y fundamento. Dicha prohibición se extiende también a las sanciones administrativas, salvo la concurrencia del supuesto de continuación de infracciones al que se refiere el inciso 7”. vi. Siendo así, en el presente caso, se determina que no se ha vulnerado el principio de Non Bis In Ídem, puesto que no se ha configurado la triple identidad antes señalada, debido a que las infracciones detectadas por el inspector del trabajo están referidas al incumplimiento de dos requerimientos de información efectuados en fechas distintas (24 de junio y 01 de julio del 2021). vii. Finalmente, respecto a lo alegado, que se emitió una sanción abusiva y vejatoria, esto no resulta cierto, siendo que se han basado en los hechos que el inspector de trabajo verificó y asimismo la multa es la que corresponde según la Ley N° 28806, y de acuerdo a la cantidad de trabajadores de su empresa, por lo que los hechos que el inspector de trabajo indica son relevantes, razón por la cual se le sanciona al no cumplir con los dos requerimientos de información notificados en diferentes oportunidades y además otorgándole un plazo determinado, no es mero capricho de la autoridad sancionarlo sin motivo alguno, esta sanción es de acuerdo a lo que rige la ley.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 4“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia.” 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6“Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 7“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno.

el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

Del Recurso De Revisión

Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.” 8 Decreto Supremo N° 016-2017-TR, art. 14.

De La Interposición Del Recurso De Revisión Por Parte Del Gran Hotel Pimentel Empresa Individual De Responsabilidad Limitada

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 10 de marzo de 2022, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 033-2022-SUNAFIL/IRE LAMBAYEQUE, señalando los siguientes argumentos:

i. Basándose en las reglas procesales, en todo tipo de procedimiento se debe validar que la notificación tenga eficacia real, considerando que se deben salvaguardar los principios procesales como el debido proceso y el derecho a la defensa; pues si bien, el deber del Estado es proteger al trabajador frente al empleador, esto debe suscitarse en un marco de transparencia y atención a los principios procesales y directrices, para que se pueda tener el derecho de defensa dentro de un procedimiento regular. ii. La notificación no se dio en un marco de legalidad, debiendo ser considerada nula. Esto a razón que actualmente en la casilla electrónica se les están realizando las notificaciones válidamente, pues todos los trabajadores que prestan servicios para el administrado, cuentan con su debido registro y los correspondientes beneficios que por ley les corresponde. iii. Ha existido una imposibilidad de tomar conocimiento debido a la nueva Administración y propiedad de la empresa, en razón que con fecha 01 de julio de 2021, adquirieron la totalidad de participaciones sobre el bien. Es decir, fue en las mismas fechas en las que se requirió el desarrollo de la actividad inspectiva. iv. Inclusive hasta en los procesos judiciales, el Código Procesal Civil y la Ley Procesal Laboral, de aplicación al caso concreto, señalan que se notifica físicamente la primera notificación y posteriormente se notifica en la casilla electrónica, una vez que una

persona se apersona a un proceso judicial. En la misma norma, y siguiendo las mismas reglas procesales, en todos los procedimientos inclusive los laborales, se puede determinar que el hecho que el acto de infracción debe tener eficacia real. Lo contrario implicaría un abuso de poder y una transgresión a principios como el debido proceso y el derecho a la defensa. v. En el supuesto inverso, de no haber remitido notificación física, y recién en ese momento haber tenido conocimiento, se hubieran remitido una serie de notificaciones a la casilla electrónica, y en cada una de ellas hubieran planteado una serie de multas, y eso es más por desconocimiento que por obstrucción a la misma. Asimismo, la aplicación de multas es abusiva, por cuanto es costumbre de la autoridad iniciar el procedimiento sancionador con una notificación física. En ese sentido, rechazan la prerrogativa de la obstrucción a la labor inspectiva. vi. El inspector de trabajo ha querido sancionar imputando los mismos hechos, el mismo objeto, en el mismo procedimiento. Pretendiendo, afectar derechos reconocidos por la Constitución, como la garantía a un debido proceso, tal como se ha acreditado en los párrafos anteriores; lo que está realizando es una clara afectación al principio constitucional de Non bis In ídem. Así, en el supuesto negado que se vulnere la garantía a un debido proceso en mérito a que existía imposibilidad material de conocer el desarrollo del presente procedimiento sancionador por defecto de notificación, si ya existe aplicación de una multa por un supuesto incumplimiento, carece de objeto transgredir Derechos Constitucionales como el de Non bis In ídem, debiendo determinar sólo una sanción y no dos por el mismo hecho, al mismo sujeto y por el mismo objeto, de lo contrario, incurre en abuso de autoridad. vii. Cabe precisar que ni siquiera existía un correo asociado a la casilla electrónica, en tal sentido, era materialmente imposible tomar conocimiento de las notificaciones, causando de esta manera indefensión para afrontar el procedimiento. En tal sentido, solicitan se declaren nulos los actos administrativos invocados y se proceda a una nueva emisión de solicitud de procedimientos al afectar normas que garantizan un debido proceso, el ejercicio del derecho a la defensa, así como el principio de Non bis In ídem. viii. Si bien el artículo 08 del Decreto Supremo N° 003-2020-TR, establece la obligación del usuario de la casilla electrónica, se deben remitir al principio de primacía de la realidad; al encontrarse en etapa de pandemia, era imposible poder asumir un personal mayor, así como poder haber establecido un conocimiento legal del uso de la casilla electrónica. ix. El desconocimiento técnico de no revisar la casilla electrónica (tomando en cuenta que recién se enteraron de la casilla electrónica cuando le ha llegado la notificación para poder realizar descargos), afecta directamente el ejercicio legítimo del derecho de defensa, por cuanto no existía forma de tomar conocimiento de dicho procedimiento, solo cuando se ha notificado de forma física el procedimiento sancionador. x. El Decreto Supremo N° 003-2020-TR, se produjo en etapa de pandemia, sin haber informado, capacitado o realizado labor preventiva previa; este tipo de sanciones les afecta directamente, por cuanto se está procediendo a sancionar por una supuesta omisión y obstaculización en el procedimiento, sin que haya existido forma alguna de poder tomar conocimiento de dicho procedimiento. xi. El artículo 17.3 del RLGIT, establece que cuando el sujeto inspeccionado subsane las infracciones en el plazo otorgado por el inspector de trabajo en la medida de requerimiento, se emite el informe correspondiente dejando constancia del cumplimiento de las obligaciones fiscalizadas, sin perjuicio de la emisión de las

recomendaciones o advertencias que correspondan, dando fin a la etapa de fiscalización. Para el caso en concreto, esto no se cumplió, sino que de forma unilateral se procedió a emitir una sanción, que es abusiva y vejatoria, la cual afecta directamente el derecho a la defensa y le causa perjuicio económico.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre la aplicación de las disposiciones vigentes y el principio de razonabilidad como manifestación de la proporción de los medios y fines que persigue la Administración Pública del Trabajo

a. El objeto del citado cuerpo normativo regula el uso obligatorio de la notificación vía casilla electrónica (artículo 1). b. La casilla electrónica se constituye como un domicilio digital obligatorio para efectos de la notificación (artículo 6, primer párrafo).

c. La SUNAFIL tiene la carga de comunicar al usuario cada vez que se le notifique un documento a través de alertas dirigidas al correo electrónico y/o mediante el servicio de mensajería (artículo 6, segundo párrafo). d. Los usuarios tienen la obligación de revisar periódicamente la casilla electrónica asignada a efectos de tomar conocimiento de los documentos y/o actos administrativos que se les notifiquen (numeral 8.1 del artículo 8). e. El contenido de la notificación vía casilla electrónica debe contener cinco elementos, sin que —entre ellos— se haya previsto a la alerta referida antes (artículo 9). f. La validez de la notificación se produce con el depósito del documento en la casilla electrónica (numeral 11.1 del artículo 11)

“Sólo puede reputarse "publicitada" una norma cuando hay la posibilidad de que sea conocida por todos por haberse usado los medios necesarios para su divulgación. Esa posibilidad, precisamente, produce un efecto jurídico fundamental: el precepto se convierte en norma ya que por la "publicidad" (que es el resultado, estado o calidad) el precepto alcanza, simultáneamente, "existencia" en el mundo del derecho”.10

“7. No cabe duda entonces que el requisito de la publicidad, tanto de las leyes como de las normas con rango de ley, tiene por objeto la difusión de su contenido de manera que todos tengan conocimiento de aquella y pueda exigirse su cumplimiento obligatorio, dentro del ámbito territorial correspondiente”.

9 Consúltese en el enlace alojado en la cuenta de youtube de SUNAFIL: “Guía del usuario para el envío de respuestas a las cartas inductivas”, del 27 de julio de 2020: https://www.youtube.com/watch?v=ZvndX6G6yfE&t=2s 10 PANIAGUA CORAZAO, Valentín (1987). “La publicidad y publicación de las normas del Estado. (El caso de los decretos supremos no publicados)” En Thémis núm. 6, p. 18.

“28. Ahora bien, el derecho al debido proceso en el ámbito administrativo sancionador garantiza, entre otros aspectos, que el procedimiento se lleve a cabo con estricta observancia de los principios constitucionales que constituyen base y límite de la potestad disciplinaria, tales como el principio de legalidad, tipicidad, razonabilidad y, evidentemente, el principio de publicidad de las normas. Estos principios garantizan presupuestos materiales que todo procedimiento debe satisfacer plenamente, a efectos de ser reputado como justo y, en tal sentido, como constitucional”.

Sobre el deber de colaboración a la labor inspectiva 6.10 Sobre el particular, el TUO de la LPAG establece que, “la autoridad administrativa, los administrados, sus representantes o abogados y, en general, todos los partícipes del procedimiento, realizan sus respectivos actos procedimentales guiados por el respeto mutuo, la colaboración y la buena fe. La autoridad administrativa no puede actuar contra sus propios actos, salvo los supuestos de revisión de oficio contemplados en la presente Ley. Ninguna regulación del procedimiento administrativo puede interpretarse de modo tal que ampare alguna conducta contra la buena fe procedimental”11 (énfasis añadido).

11 TUO de la LPAG, artículo IV. Numeral 1.8.

12 TUO de la LPAG, Título Preliminar, “Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 1.4. Principio de razonabilidad. - Las decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen obligaciones, califiquen infracciones, impongan sanciones, o establezcan restricciones a los administrados, deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido.”

ELECTRÓNICA” de la Directiva N° 001-2020-SUNAFIL/INII, denominada “DIRECTIVA SOBRE EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN INSPECTIVA”, aprobada mediante Resolución de Superintendencia N° 031-2020-SUNAFIL, del 3 de febrero de 2020 (vigente en ese momento), se dispone que: “Si el sujeto inspeccionado no cumple con proporcionar al inspector comisionado la información solicitada mediante esta modalidad y bajo apercibimiento, incurre en infracción a la labor inspectiva, según los previsto por el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT, siempre que haya sido válidamente notificado según lo establecido en el TUO de la LPAG”.

- A folio 13, se aprecia el documento denominado “Requerimiento de Información para las Actuaciones Inspectivas de Investigación” de fecha 24 de junio de 2021; y, a folio 16, la “Constancia de Notificación Vía Casilla Electrónica”, notificada en la Casilla Electrónica de la impugnante, con la cual se deja constancia del depósito del documento denominado “Requerimiento de Información”, de fecha 24 de junio de 2021, conforme se aprecia a continuación:

Figura 01: Constancia de notificación electrónica de fecha 24 de junio de 2021

- Asimismo, también se aprecia de foja 20, el documento denominado “Requerimiento de Información para las Actuaciones Inspectivas de Investigación” de fecha 01 de julio de 2021; y, a folio 24, la “Constancia de Notificación Vía Casilla Electrónica”, notificada en la Casilla Electrónica de la impugnante, con la cual se deja constancia del depósito del documento denominado “Requerimiento de Información”, de fecha 01 de julio de 2021, conforme se aprecia a continuación:

Figura 02: Constancia de notificación electrónica de fecha 01 de julio de 2021

Sobre la aplicación del principio del Non Bis In Ídem

13 Ver Sentencia del Tribunal Constitucional del 16 de abril de 2003, recaída en el Expediente N° 2050-2002-AA/TC, así como la Sentencia del Tribunal Constitucional del 24 de mayo de 2013, recaída en el Expediente N° 02704-2012- PHC/TC

potestad sancionadora administrativa, señala que “No se podrán imponer sucesiva o simultáneamente una pena y una sanción administrativa por el mismo hecho en los casos en que se aprecie la identidad del sujeto, hecho y fundamento. Dicha prohibición se extiende también a las sanciones administrativas, salvo la concurrencia del supuesto de continuación de infracciones a que se refiere el inciso 7”.

- “La identidad subjetiva o de persona (eadem personae) consistente en que ambas pretensiones punitivas sean ejercidas contra el mismo administrado, independientemente de cómo cada una de ellas valore su grado de participación o forma de culpabilidad imputable. No se refiere a la identidad del agraviado o sujeto pasivo (…)

- La identidad de hecho u objetiva (eadem rea) consiste en que el hecho o conducta incurridas por el administrado deba ser la misma en ambas pretensiones punitivas, sin importar la calificación jurídica que las normas les asignen o el presupuesto de hecho que las normas contengan. No es relevante el nomen iuris o como el legislador haya denominado a la infracción o título de imputación que se les denomine, sino la perspectiva fáctica de los hechos u omisiones realizados.

- Finalmente, la identidad causal o de fundamento (eadem causa petendi) consiste en la identidad en ambas incriminaciones, esto es, que exista superposición exacta entre los bienes jurídicos protegidos y los intereses tutelados por las distintas normas sancionadoras, de suerte tal que si los bienes jurídicos que se persiguen resultan ser heterogéneos existirá diversidad de fundamento, mientras que, si son iguales, no procederá la doble punición (…)”14 (énfasis añadido).

14 MORON URBINA, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Lima: Gaceta Jurídica, 2015, p. 790.

a) Identidad de Sujetos: GRAN HOTEL PIMENTEL EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.

b) Identidad de Hechos: Los hechos que se le atribuyen a la inspeccionada se tratan de dos (02) conductas contra la labor inspectiva, sancionables en forma independiente, por cuanto las infracciones a la labor inspectiva son de comisión inmediata y son insubsanables15, lo que implica que se configuran y consuman en el momento en el que se realizaron, no siendo factible retrotraer en el tiempo y enmendar dicha conducta. En ese sentido, el primer incumplimiento es por la negativa a proporcionar el día 30 de junio de 2021 a la Inspectora comisionada, la información solicitada mediante requerimiento de información notificado en casilla electrónica el 24 de junio de 2021; mientras que la segunda infracción se configura por la negativa a proporcionar el día 06 de julio de 2021 a la Inspectora comisionada, la información solicitada mediante requerimiento de información notificado en casilla electrónica el 01 de julio de 2021, siendo que, tales incumplimientos no han permitido a la Inspectora comisionada verificar el cumplimiento respecto a las materias contenidas en la Orden de Inspección N° 1450-2021-SUNAFIL/IRE-LAM. En esa línea argumentativa, cada requerimiento de información constituye una de las modalidades de actuación de investigación a las que se encuentra facultado la Inspectora comisionada, por lo que el incumplimiento de cada uno constituye un acto independiente, como ocurre en el presente caso.

c) Identidad de Fundamentos: La obligación cuyo incumplimiento se sanciona tiene los mismos fundamentos: la obstrucción a la labor inspectiva, por la falta del deber de colaboración en la inspección, infracciones tipificadas en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT.

Sobre la supuesta vulneración al debido procedimiento

15 Numeral 3 de la Relación de Criterios Aplicables en la inspección de Trabajo, aprobado mediante Resolución Directoral N° 029-2009-MTPE/2/11.4.

principio y derecho material, de los derechos de defensa y a la prueba, así como el cumplimiento de la garantía de la debida motivación.

Información Adicional

N° Materia Conducta Infractora Tipificación legal y clasificación Labor Inspectiva No facilitar la información requerida por el inspector actuante para el 30 de junio de 2021. Numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT

MUY GRAVE Labor Inspectiva No facilitar la información requerida por el inspector actuante para el 06 de julio de 2021. Numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT

MUY GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR;

SE RESUELVE:

PRIMERO. – Declarar INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por el GRAN HOTEL PIMENTEL EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, contra la Resolución de Intendencia N° 033-2022-SUNAFIL/IRE LAMBAYEQUE, emitida por la Intendencia Regional de Lambayeque, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 571-2021-SUNAFIL/IRE-LAM, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. - CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 033-2022-SUNAFIL/IRE LAMBAYEQUE, en todos sus extremos. TERCERO. - Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa.

CUARTO. - Notificar la presente resolución al GRAN HOTEL PIMENTEL EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, y a la Intendencia Regional de Lambayeque, para sus efectos y fines pertinentes. QUINTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

Presidente KATTY ANGÉLICA CABALLERO SEGA

20221228MCR