Gobierno Regional del Callao — Res. 65-2025

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Seguridad Social (Sub materia: Inscripción en la seguridad social (Inscripción de trabajadores en el régimen de seguridad social en salud; e, Inscripción de trabajadores en el régimen de seguridad social en pensiones); y, Planillas o registros que la sustituyan (Sub materia: Registro trabajadores y otros en la planilla). 20555195444 soft 20555195444 soft DE LAMA LAURA Manuel Gonzalo FAU 20555195444 soft

la denuncia presentada por el Secretario General de la FEDERESI y el Secretario Nacional de Defensa y Derechos Humanos (CTP PERU) de la Confederación de Trabajadores del Perú – Federación Regional Sindical FEDERESI CTP Base Callao, para que se cautelen los derechos de los prestadores de servicios adscritos al Área de Seguridad cuya labor es de carácter personal, subordinado y laboran 48 horas semanales; sin embargo, no están registrados en planillas como personal dependiente.

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de relaciones laborales, por no cumplir con acreditar el Registro en planilla electrónica de diez (10) trabajadores afectados: Ancalle Victoria Moisés, Cobeñas Morales Severiana, Cuyubamba Osorio Aldair Steffano, Thuollier León Ernesto Alonso, Heredia Frugoni Úrsula María, Paz La Rosa Melissa Reyna, Ravello Nuñuvero José Luis, Taboada Reyes Pierre Anthony, Meiggs López Ricardo José y Moran Bernal Leticia Vanesa, tipificada en el numeral 25.20 del artículo 22 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 120,980.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de seguridad social, por no cumplir con acreditar la inscripción en el Sistema de Seguridad Social en Pensiones de diez (10) trabajadores afectados: Ancalle Victoria Moisés, Cobeñas Morales Severiana, Cuyubamba Osorio Aldair Steffano, Thuollier León Ernesto Alonso, Heredia Frugoni Úrsula María, Paz La Rosa Melissa Reyna, Ravello Nuñuvero José Luis, Taboada Reyes Pierre Anthony, Meiggs López Ricardo José y Moran Bernal Leticia Vanesa, tipificada en el numeral 44-B.1 del artículo 44-B del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 120,980.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de seguridad social, por no cumplir con acreditar la inscripción en el Sistema de Seguridad Social en Salud de diez (10) trabajadores afectados: Ancalle Victoria Moisés, Cobeñas Morales Severiana, Cuyubamba Osorio Aldair Steffano, Thuollier León Ernesto Alonso, Heredia Frugoni Úrsula María, Paz La Rosa Melissa Reyna, Ravello Nuñuvero José Luis, Taboada Reyes Pierre Anthony, Meiggs López Ricardo José y Moran Bernal Leticia Vanesa, tipificada

en el numeral 44-B.1 del artículo 44-B del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 120,980.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir con la medida inspectiva de requerimiento adoptada el 11 de enero de 2022, habiéndole otorgado un plazo de cinco (5) días hábiles para su presentación, programada para el día 18 de enero de 2022, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 12,098.00.

i. Refieren que la inspectora de trabajo antes de considerar que no se cumplió con la inscripción en la planilla, no se cumplió con inscribir en el régimen de seguridad social en salud y pensiones y de no cumplir con las medidas inspectivas de los diez trabajadores, debió de tomar en consideración las normas de presupuesto público, que prohíben de manera expresa el ingreso y contratación de nuevos servidores y que de hacer lo contrario se estaría incurriendo en responsabilidad; en ese sentido, no existe ninguna obligación de la entidad de registrar en la planilla a las personas que indica en el acta de infracción, por prohibición expresa de la ley. ii. Alegan que, se debe tener en consideración que la única instancia que tiene las facultades de ordenar a la entidad el cumplir con el registro a determinada persona en la planilla es el Poder Judicial, quien deberá de evaluar, si es procedente o no considerar la condición del trabajador del demandante, y con una evaluación de las normas de carácter presupuestal y la forma de ingresar a prestar sus servicios al Estado. iii. Consideran que se vulnera el principio de razonabilidad, al imponer una sanción por no cumplir con la medida de requerimiento, advirtiéndose el desconocimiento del inspector, del trámite que se debe de realizar para generar disponibilidad presupuestal, más aún, si cuando se trata de generar plazas para cumplir los mandatos judiciales de inscripción y/o registro en los libros de planillas de los demandantes por desnaturalización y reconocimiento del vínculo laboral, el trámite administrativo demora, por estar sujeto a un procedimiento administrativo interno y externo, no resultando lógico ni congruente, que el requerimiento realizado por el inspector constituya una infracción pasible de una sanción económica.

i. Del presupuesto público, se tienen que las leyes del presupuesto del sector público, no la eximen de responsabilidad, dado que, como titular de un pliego presupuestario, debió priorizar las metas a ser atendidas en un determinado ejercicio fiscal, incluyendo en la fase de su programación presupuestaria, a las distintas obligaciones pecuniarias para con su personal. Así también, la inspeccionada es responsable de la distribución de su presupuesto público, aprobado en la ley correspondiente, para la atención de sus diversas necesidades y obligaciones dentro de las cuales se encuentra el tener personal que realice funciones de seguridad y, por tanto, registrar en la planilla electrónica a los diez trabajadores afectados, bajo el régimen laboral de la actividad privada, conforme a ley. ii. Respecto a las facultades que tiene la Inspección del Trabajo en el ámbito de su competencia, señalar que, la etapa de actuaciones inspectivas de investigación se rigen por su norma especial, contenida en la LGIT y el RLGIT. Es así que, el procedimiento sancionador se tramita sin perjuicio de las acciones que pueda ejecutar el trabajador u organización sindical que se considere afectado ante las instancias judiciales competentes; siendo pertinente, además, precisar que las decisiones de la Autoridad Administrativa de Trabajo expedidas en última instancia, de acuerdo a ley, son recurribles antes el Poder Judicial vía proceso contencioso administrativo. iii. Del incumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento, indicar que lo alegado no es óbice para el cumplimiento de sus obligaciones laborales, máxime si, al momento de realizar la contratación de los diez trabajadores afectados, el sujeto inspeccionado debió prever su registro en la planilla electrónica bajo el régimen de la actividad privad y la inscripción en el régimen del sistema de seguridad social en pensiones y salud, conforme lo dispuesto en las normas legales vigentes en materia de relaciones laborales.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

2 Notificada a la impugnante el 20 de marzo de 2023 y a la Procuraduría el 17 de marzo de 2023. Véase folios 76 y 78 del expediente sancionador. 3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad

Ley, que, para el cumplimiento de sus fines, la SUNAFIL contará dentro de su estructura orgánica con un Tribunal de Fiscalización Laboral.

Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 4“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia.” 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6“Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL. Artículo 17. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia.” 7“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

III. DEL RECURSO DE REVISIÓN 3.1 El artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG), establece que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de éstos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe de otorgarle esta facultad al administrado mediante una ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días, respectivamente.

8 Artículo 14 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2017- TR.

De La Interposición Del Recurso De Revisión Por Parte Del Gobierno Regional Del Callao

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 22 de marzo de 2023, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 073-2023-SUNAFIL/IRE-CAL, señalando los siguientes alegatos:

i. Refieren que la inspectora de trabajo antes de considerar que no se cumplió con la inscripción en la planilla, no se cumplió con inscribir en el régimen de seguridad social en salud y pensiones y de no cumplir con las medidas inspectivas de los diez trabajadores, debió de tomar en consideración las normas de presupuesto público, que prohíben de manera expresa el ingreso y contratación de nuevos servidores y que de hacer lo contrario se estaría incurriendo en responsabilidad; en ese sentido, no existe ninguna obligación de la entidad de registrar en la planilla a las personas que indica en el acta de infracción, por prohibición expresa de la ley. ii. Señalan que se debe considerar lo señalado por la Séptima Sala Laboral Permanente de Lima, que considera que únicamente se puede proceder a amparar un proceso de reconocimiento de vínculo laboral y de reposición, si el demandante ingresó a prestar sus servicios al Estado previo concurso público, y, que no resulta justo ni razonable que se pretenda considerar a los servidores públicos como si fuera del sector privado. iii. Alegan que, se debe tener en consideración que la única instancia que tiene las facultades de ordenar a la entidad el cumplir con el registro a determinada persona en la planilla es el Poder Judicial, quien deberá de evaluar, si es procedente o no considerar la condición del trabajador del demandante, y con una evaluación de las normas de

carácter presupuestal y la forma de ingresar a prestar sus servicios al Estado, más aún, que de ampararse la demanda, la sentencia será el título que permita a la entidad gestionar ante el MEF la modificación de CAP, a efectos de cumplir con el mandato judicial. iv. Sostienen que no se ha realizado un análisis, limitándose a señalar en el numeral 15) que la Sub Intendencia de Actuación Inspectiva determina que los argumentos han quedado desvirtuados, cuando lo correcto es evaluar en su integridad los descargos y no solo determinados párrafos, situación que vulnera el debido procedimiento, más aún, si la propuesta de sanción va afectar el tesoro público, recordándole que las normas de ingreso al sector público son distintas a la de las empresas privadas; en ese sentido, antes de emitir la resolución, se deben evaluar los fundamentos en su integridad, y desestimar la propuesta de multa, que a todas luces resulta injusta. v. Manifiestan que se violenta el principio de razonabilidad; en tanto que, el registro del libro de planillas, está sujeto a la disponibilidad de una plaza que se encuentra debidamente presupuestada, y, que además debe de tener la aprobación del Ministerio de Economía y Finanzas, lo contrario significa incurrir en responsabilidad; asimismo, la inscripción en el régimen de la seguridad social, también se encuentra sujeta a una disponibilidad presupuestal y aprobación del Ministerio de Economía y Finanzas, lo contrario es incurrir en responsabilidad. vi. Por último, consideran también que se vulnera el principio de razonabilidad, al imponer una sanción por no cumplir con la medida de requerimiento, advirtiéndose el desconocimiento del inspector, respecto de los trámites que se deben realizar para generar disponibilidad presupuestal, más aún, si cuando se trata de generar plazas para cumplir los mandatos judiciales de inscripción y/o registro en los libros de planillas de los demandantes por desnaturalización y reconocimiento del vínculo laboral; el trámite administrativo demora, por estar sujeto a un procedimiento administrativo interno y externo, no resultando lógico ni congruente, que el requerimiento realizado por el inspector constituya una infracción pasible de una sanción económica.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre el registro en la planilla electrónica

“3.3.3. Pues bien, para determinar si existió una relación de trabajo entre las partes encubierta mediante un contrato civil, este Tribunal debe evaluar si en los hechos se presentó, en forma alternativa y no concurrente, alguno de los siguientes rasgos de laboralidad: a) control sobre la prestación o la forma en que ésta se ejecuta; b) integración del demandante en la estructura organizacional de la emplazada; c) prestación ejecutada dentro de un horario determinado; d) prestación de cierta duración y continuidad; e) suministro de herramientas y materiales a la demandante para la prestación del servicio; f) pago de remuneración al demandante; y, g) reconocimiento de derechos laborales, tales como las vacaciones anuales, las gratificaciones y los descuentos para los sistemas de pensiones y de salud” (énfasis añadido).

i) Prestación personal de servicios: de los comprobantes de pago, constancia de pago mediante transferencia electrónica, órdenes de servicio, informes mensuales y recibos por honorarios, correspondientes a los diez (10) trabajadores que se desempeñaban como “Auxiliar” de la Oficina de Seguridad en la Sede Central, se advierte una prestación de servicios personal y directa como persona natural, al estar vinculada a las capacidades como trabajador en la ejecución de sus funciones como, y no han contratado por su cuenta ajena a personas que los reemplacen en el cumplimiento de sus obligaciones; por lo que, los servicios realizados son de naturaleza laboral, de conformidad con lo previsto en el artículo 5 del Decreto Supremo N° 003-97-TR.

ii) Contraprestación: de los recibos por honorarios, emitidos por los trabajadores afectados, así como de los comprobantes de pago emitidos por el sujeto inspeccionado se advierte un pago permanente y periódico, de carácter mensual por la labor encomendada a realizar en el centro de trabajo a cargo del sujeto inspeccionado durante su periodo laboral.

iii) Subordinación: del Manual de Organización y Funciones (MOF) de la Oficina de Seguridad Integral del año 2005, el cual contiene el puesto del Jefe de Oficina de Seguridad Integral, así como del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del año 2017 de la Oficina de Seguridad Integral, aunado a las Órdenes de

servicio, informes mensuales, recibos por honorarios y comprobantes de pago respecto de los trabajadores que se desempeñan como “Auxiliar”, se verificó que dichos trabajadores realizan labores de vigilancia de bienes, instalaciones y personal de la entidad inspeccionada. Asimismo, de lo declarado por el sujeto inspeccionado, la función de dichas personas es de “apoyo al coordinador general y supervisor de turno en el cumplimiento de seguridad en los puestos asignados”. Por tanto, se advierte que las funciones que realizan los auxiliares están directamente relacionadas con las funciones establecidas en el MOF 2005, así como en el ROF 2017, de la “Oficina de Seguridad Integral”. Por otro lado, respecto al puesto de trabajo, el sujeto inspeccionado ha declarado que los diez (10) trabajadores se desempeñan como auxiliares, a cargo de la “Oficina de Seguridad Integral” y dicho cargo por su naturaleza es subordinado y está supeditado a lo dictado por un superior en jerarquía, estando a que las funciones que realizan son de apoyo al coordinador general y supervisor de turno. Respecto al horario de trabajo, el sujeto inspeccionado ha declarado que los diez (10) trabajadores realizan una jornada laboral de 12 horas, lo que implica que el trabajador se encuentra a disposición del empleador 12 horas diarias para cumplir las actividades que se le encomiende, encontrándose ceñidos a un horario de trabajo permanente, lo que permite concluir que ellos no brindan una prestación independiente o autónoma sino subordinada. Por otro lado, respecto al lugar de ejecución del servicio, se verifica que la labor que realizan es personal, presencial y de los informes mensuales emitidos por los (10) trabajadores, se advierte que el lugar donde prestaron el servicio es la Sede Central, ubicada en Av. Elmer Faucett 3970-Callao.

las facultades legales para verificar los incumplimientos de la normativa laboral que se presenten en el marco de una relación laboral, por lo que, bien puede determinar un supuesto de desnaturalización de los contratos de trabajo si estos no cumplen los requisitos y las formalidades establecidas en la ley, y exigir las responsabilidades a que hubiera lugar, decisión que luego puede ser impugnada en el Poder Judicial, una vez se agote la vía administrativa.

como titular de un pliego presupuestario anual, para el cumplimiento de actividades y/o proyectos bajo su cargo, debe encargarse de priorizar las metas a ser atendidas en un determinado ejercicio fiscal, de acuerdo a objetivos institucionales, entre las que se incluye dentro de la fase de su proceso presupuestario, la programación y formulación respecto de las obligaciones monetarias para con su personal, en razón de las prestaciones de servicios, lo cual se determina previo a la contratación del personal y/o de la prestación de las funciones por parte de los trabajadores. En ese entendido, la impugnante se encontró en la posibilidad de acreditar haber efectuado las gestiones necesarias para el cumplimiento de sus obligaciones sociolaborales dentro del plazo concedido en la medida inspectiva de requerimiento para con los diez (10) trabajadores afectados.

Sobre el incumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento

“Las medidas inspectivas de advertencia y requerimiento se reflejarán por escrito en la forma y modelo oficial que se determine reglamentariamente, debiendo notificarse al sujeto inspeccionado a la finalización de las actuaciones de investigación o con posterioridad a las mismas. Cuando el inspector actuante compruebe la existencia de una infracción al ordenamiento jurídico sociolaboral, requerirá al sujeto responsable de su comisión la adopción, en un plazo determinado, de las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las disposiciones vulneradas” (énfasis añadido).

“Si en el desarrollo de las actuaciones de investigación o comprobatorias se advierte la comisión de infracciones, los inspectores del trabajo emiten medidas de advertencia, requerimiento, (…), según corresponda, a fin de garantizar el cumplimiento de las normas objeto de fiscalización” (énfasis añadido).

ordenamiento jurídico sociolaboral al momento de emitir dicho requerimiento. De lo contrario, se estaría incurriendo en una vulneración del principio de legalidad9. 6.19 De las actuaciones inspectivas realizadas se evidencia que el inspector comisionado emitió la medida de requerimiento, de fecha 11 de enero de 2022, con la finalidad de que la impugnante cumpla con acreditar lo siguiente:

Para el cumplimiento de la misma, se otorgó un plazo de cinco (05) días hábiles, bajo apercibimiento de multa por infracción a la labor inspectiva en caso de incumplimiento.

Sobre la supuesta vulneración al debido procedimiento administrativo 6.21 Sobre el particular, el numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG precisa lo siguiente:

“Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y

9 TUO de la LPAG, “Artículo 10.- Causales de nulidad Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes: 1. La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias” (….)

garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo” (énfasis añadido).

“2. El Tribunal Constitucional estima oportuno recordar, conforme lo ha manifestado en reiterada y uniforme jurisprudencia, que el debido proceso, como principio constitucional, está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Vale decir que cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea este administrativo -como en el caso de autos- o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal” (énfasis añadido).

Información Adicional

N° Materia Conducta Infractora Tipificación legal y calificación Relaciones Laborales No cumplir con acreditar el Registro en planilla electrónica de diez (10) trabajadores afectados: Ancalle Victoria Moisés, Cobeñas Morales Severiana, Cuyubamba Osorio Aldair Steffano, Thuollier León Ernesto Alonso, Heredia Frugoni Úrsula María, Paz La Rosa Melissa Reyna, Ravello Nuñuvero José Luis, Taboada Reyes Pierre Anthony, Meiggs López Ricardo José y Moran Bernal Leticia Vanesa. Numeral 25.20 del artículo 25 del RLGIT

MUY GRAVE Seguridad Social No cumplir con acreditar la inscripción en el Sistema de Seguridad Social en Pensiones de diez (10) trabajadores afectados: Ancalle Victoria Moisés, Cobeñas Morales Severiana, Cuyubamba Osorio Aldair Steffano, Thuollier León Ernesto Alonso, Heredia Frugoni Úrsula María, Paz La Rosa Melissa Reyna, Ravello Nuñuvero José Luis, Taboada Reyes Pierre Anthony, Meiggs López Ricardo José y Moran Bernal Leticia Vanesa. Numeral 44-B.1 del artículo 44-B del RLGIT

MUY GRAVE

Seguridad Social No cumplir con acreditar la inscripción en el Sistema de Seguridad Social en Salud de diez (10) trabajadores afectados: Ancalle Victoria Moisés, Cobeñas Morales Severiana, Cuyubamba Osorio Aldair Steffano, Thuollier León Ernesto Alonso, Heredia Frugoni Úrsula María, Paz La Rosa Melissa Reyna, Ravello Nuñuvero José Luis, Taboada Reyes Pierre Anthony, Meiggs López Ricardo José y Moran Bernal Leticia Vanesa. Numeral 44-B.1 del artículo 44-B del RLGIT

MUY GRAVE Labor Inspectiva No cumplir con la medida inspectiva de requerimiento adoptada el 11 de enero de 2022, habiéndole otorgado un plazo de cinco (5) días hábiles para su presentación, programada para el día 18 de enero de 2022. Numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT

MUY GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral- SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley de Procedimiento Administrativo General aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR.

SE RESUELVE:

PRIMERO. – Declarar, INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por el GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO, en contra la Resolución de Intendencia N° 073-2023-SUNAFIL/IRE-CAL, de fecha 16 de mayo de 2023, emitida por la Intendencia Regional del Callao, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 018-2022- SUNAFIL/IRE-CAL, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. – CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 073-2023-SUNAFIL/IRE-CAL, en todos sus extremos.

TERCERO. - Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa en las materias de su competencia.

CUARTO. - Notificar la presente resolución al GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO, y a la Intendencia Regional del Callao, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

MANUEL GONZALO DE LAMA LAURA

20250122MCR – HR 59360-2023