Gobierno Regional de Huancavelica — Res. 1367-2025

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre la siguiente materia: Remuneraciones (Sub Materias: Pago de la remuneración (Sueldos y salarios); y Gratificaciones).

diciembre de 20212, se dio inicio a la etapa instructiva, remitiéndose el Acta de Infracción y otorgándose un plazo de cinco (05) días hábiles para la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal e) del numeral 53.2 del artículo 53° del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006- TR y modificatorias (en adelante, el RLGIT).

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no remitir la información requerida por requerimiento de información de fecha 07 de setiembre de 2021. Imponiéndole una multa ascendente a S/. 11,572.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no remitir la información requerida por requerimiento de información de fecha 16 de setiembre de 2021. Imponiéndole una multa ascendente a S/. 11,572.00.

i. Se sostiene que el legislador concibe el acto de notificación como un acto formal dentro de la actuación inspectiva. En tal sentido, cuando el sujeto inspeccionado se encuentra presente, la notificación debe efectuarse válidamente en el mismo acto. Sin embargo, ello no ocurrió durante la labor inspectiva, ya que la notificación se realizó a un tercero que no guarda identidad con el sujeto inspeccionado. En consecuencia, la notificación no cumplió su finalidad, que es requerir la información vinculada a las materias de relaciones laborales y seguridad social. ii. Asimismo, corresponde que el inspector comisionado acredite, mediante copia, los requerimientos de información emitidos el 07 de setiembre de 2021 y el 15 de setiembre de 2021, los cuales debieron notificarse en la casilla electrónica del Gobierno Regional de Huancavelica, identificado con RUC N° 20486020882, debidamente autorizado por su representante legal.

2 Notificada a la impugnante el 22 de diciembre de 2021, mediante casilla electrónica, tal como consta en el expediente digital. 3 Notificada a la impugnante el 25 de febrero de 2022, mediante casilla electrónica, tal como consta en el expediente digital. 4 Notificada a la impugnante el 06 de setiembre de 2023, mediante casilla electrónica, tal como consta en el expediente digital.

interpuesto por la impugnante, confirmando la sanción impuesta, por considerar los siguientes puntos:

i. El Principio de Debido Procedimiento, reconocido en el literal a) del artículo 44° de la LGIT, garantiza a las partes el ejercicio de su derecho de defensa, la presentación de pruebas y la obtención de una decisión fundada en hechos y en derecho. Este principio encuentra sustento constitucional en el inciso 3) del artículo 139° de la Constitución y ha sido ampliado por el Tribunal Constitucional, que ha señalado su aplicación no solo en sede judicial, sino también en los procedimientos administrativos, conforme al artículo 8° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. ii. En ese marco, el inicio del procedimiento sancionador debe sustentarse en hechos debidamente motivados, previamente tipificados como infracciones, con indicación de su gravedad y de la eventual sanción aplicable. La observancia de estas garantías asegura que el administrado pueda ejercer su derecho de defensa frente al Acta de Infracción que da origen al procedimiento. iii. Revisados los actuados de la Orden de Inspección N° 521-2021-SUNAFIL/IRE-HCA y del expediente sancionador N° 257-2021-SUNAFIL/IRE-SIRE-HVCA, se verificó que durante las actuaciones inspectivas el inspector comisionado requirió al sujeto inspeccionado, mediante notificaciones depositadas en su casilla electrónica los días 07 de setiembre de 2021 y 16 de setiembre de 2021, diversa documentación necesaria para el desarrollo de la labor inspectiva, entre otros, la vigencia de poder del representante legal, informes, boletas de pago y constancias de depósitos. Pese a ello, el inspeccionado no cumplió con remitir la información solicitada. iv. La falta de colaboración se configuró como la base del Acta de Infracción y motivó la sanción impuesta, en tanto sus conductas constituyeron infracciones muy graves conforme al numeral 46.3 del artículo 46° del RLGIT, cuyo carácter es insubsanable y que sanciona el incumplimiento de la obligación de colaborar oportunamente con la inspección del trabajo, prevista en el artículo 9° de la LGIT. v. Respecto al cuestionamiento planteado en el recurso de apelación sobre las notificaciones, se constató que estas fueron debidamente efectuadas mediante la casilla electrónica asignada al sujeto inspeccionado, conforme a lo dispuesto por el Decreto Supremo N° 003-2020-TR, que la establece como domicilio digital obligatorio. Por tanto, correspondía al inspeccionado revisar periódicamente su casilla electrónica y atender los requerimientos formulados, no advirtiéndose vulneración alguna al Principio de Debido Procedimiento. vi. Asimismo, del análisis integral de los actuados no se advierte la existencia de causales de nulidad previstas en el artículo 10° del TUO de la LPAG, ya que los actos administrativos cumplen con los requisitos de validez establecidos en su artículo 3° de la citada normativa. La resolución de primera instancia se encuentra debidamente motivada, con determinación clara de los hechos y de la responsabilidad administrativa, respetándose los Principios de Imparcialidad, Razonabilidad y

Legalidad, así como los criterios de cálculo de la multa establecidos en el artículo 38° de la LGIT. vii. En consecuencia, corresponde mantener la sanción impuesta y desestimar los argumentos expuestos en el recurso de apelación, al no haberse vulnerado el Principio de Debido Procedimiento ni los derechos de defensa del administrado.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

5 Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1.- Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), en adelante Sunafil, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias. 6 Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…). 7 Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa. 8 Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Decreto Supremo que aprueba la Sección Primera del Reglamento de Organización y Funciones de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.

Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR9 (en adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

Del Recurso De Revisión

9 Decreto Supremo N° 004-2017-TR, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.

apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, y sus normas modificatorias”10.

De La Interposición Del Recurso De Revisión Por Parte Del Gobierno Regional De Huancavelica

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 20 de setiembre de 2023, el GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 040-2023-SUNAFIL/IRE-HVCA, señalando los siguientes alegatos:

i. De conformidad con el numeral 13.2 del artículo 13° del RLGIT, las actuaciones inspectivas deben llevarse a cabo en presencia del sujeto inspeccionado o de su representante. Solo en caso de que estos no se encuentren en el centro o lugar de trabajo, las actuaciones pueden realizarse sin su presencia. La norma no contempla otros supuestos. ii. En ese sentido, la normativa no faculta que el procedimiento inspectivo se desarrolle en presencia de cualquier persona. La resolución impugnada ha realizado una interpretación deficiente y desfavorable, careciendo de una adecuada actividad hermenéutica.

10 Artículo 14° del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR.

iii. Conforme a los principios generales del Derecho, la Constitución y las normas del procedimiento administrativo, una interpretación errónea de la norma, como la efectuada en este caso, conlleva la nulidad del acto administrativo, de acuerdo con el artículo 10° del TUO de la LPAG, por vulnerar los Principios de Legalidad, Debido Procedimiento, Predictibilidad, Razonabilidad, Imparcialidad y Conducta Procedimental. iv. Resulta necesario determinar si el sujeto inspeccionado estuvo presente o no durante la actuación inspectiva, lo cual debe constar expresamente en el Acta de Infracción. Sobre esa base debe efectuarse la notificación correspondiente. Sin embargo, ello no ocurrió, ya que la notificación fue realizada a un tercero que no guarda identidad con el sujeto inspeccionado. En consecuencia, la notificación no cumplió su finalidad, que es requerir la comparecencia del sujeto inspeccionado ante las oficinas competentes, al no haberse efectuado válidamente. v. Asimismo, mediante las copias de los requerimientos de información, notificados por casilla electrónica, no se tomó en consideración la fecha en que se asignó al Gobierno Regional de Huancavelica la referida casilla, ni la identificación del responsable designado para su uso, lo cual se debió efectuar conforme al cronograma establecido en las Resoluciones de Superintendencia N° 058-2020-SUNAFIL y N° 114-2020-SUNAFIL. vi. Este desconocimiento disminuye las garantías del procedimiento, generando una situación de indefensión. vii. Además, al iniciarse el procedimiento administrativo sancionador y determinarse la sanción sin atender debidamente a los hechos y pruebas relevantes, se ha vulnerado el Principio de Verdad Material, reconocido en el numeral 1.11 del artículo IV del TUO de la LPAG. Por las consideraciones expuestas, corresponde disponer el archivo del procedimiento.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre la caducidad del procedimiento administrativo sancionador

“Artículo 259.- Caducidad administrativa del procedimiento sancionador 1. El plazo para resolver los procedimientos sancionadores iniciados de oficio es de nueve (9) meses contados desde la fecha de notificación de la imputación de cargos. Este plazo puede ser ampliado de manera excepcional, como máximo por tres (3) meses, debiendo el órgano competente emitir una resolución debidamente sustentada, justificando la ampliación del plazo, previo a su vencimiento. La caducidad administrativa no aplica al procedimiento recursivo. Cuando conforme a ley las entidades cuenten con un plazo mayor para resolver la caducidad operará al vencimiento de este.

2. Transcurrido el plazo máximo para resolver, sin que se notifique la resolución respectiva, se entiende automáticamente caducado administrativamente el procedimiento y se procederá a su archivo. 3. La caducidad administrativa es declarada de oficio por el órgano competente. El administrado se encuentra facultado para solicitar la caducidad administrativa del procedimiento en caso el órgano competente no la haya declarado de oficio. (…)”. (Énfasis añadido).

11 Morón Urbina, J. C. (2019). Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General: Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 (14.ª ed., t. 2, pp. 538–539). Lima, Perú: Gaceta Jurídica. 12 Conforme se evidencia en la Cédula de Notificación N° 000005665-2021, que obra en el expediente digital. 13 Día hábil. 14 Suscrita en fecha 23 de febrero de 2022. 15 Conforme se evidencia en la Cédula de Notificación N° 00000066425-2022, que obra en el expediente digital.

impuso sanción cuando el procedimiento administrativo sancionador ya había caducado. Para mejor ilustración se adjunta la línea de tiempo siguiente:

Figura N° 01: Línea de Tiempo

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR.

SE RESUELVE:

PRIMERO. – Declarar la CADUCIDAD del procedimiento administrativo sancionador seguido contra el GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA, recaído en el expediente sancionador N° 257-2021-SUNAFIL/IRE-HCA, de la Intendencia Regional de Huancavelica, por los fundamentos expuestos en la presente resolución, disponiendo su archivo.

SEGUNDO. – Devolver los actuados a la Intendencia Regional de Huancavelica, con la finalidad de que proceda conforme a lo establecido en el numeral 4 del artículo 259° del TUO de la LPAG, de ser el caso y conforme a sus competencias.

TERCERO. – Notificar la presente resolución al GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA, y a la Intendencia Regional de Huancavelica, para sus efectos y fines pertinentes.

CUARTO. – Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

20251007MABJ – HR: 118143-2023