GME Ingenieros Contratistas S.A.C — Res. 972-2023

Mediante Orden de Inspección N° 4237-2020-SUNAFIL/ILM, se dio inicio a las actuaciones inspectivas de investigación, con el objeto de verificar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral1, que culminaron con la emisión del Acta de Infracción N° 987-2020-SUNAFIL/ILLM (en adelante, el Acta de Infracción), mediante la cual se propuso sanción económica a la impugnante por la comisión de una (01) infracción muy grave a la labor inspectiva, por no asistir a la comparecencia programada para el 09 de marzo de 2020; en el marco del operativo denominado “INTERVENCIÓN FISC SST 24-7 FEBRERO 2020 ILM – EQ 16”.

Que, mediante Imputación de Cargos N° 1220-2020-SUNAFIL/ILM/AI1, de fecha 07 de septiembre de 2020, notificada el 12 de enero de 2021, se dio inicio a la etapa

De conformidad con el literal g) del numeral 53.2 del artículo 53 del RLGIT, la autoridad instructora emitió el Informe Final de Instrucción N° 1460-2021-SUNAFIL/ILM/AI1, de fecha 27 de julio de 2021 (en adelante, el Informe Final), que determinó la existencia de la conducta infractora imputada a la impugnante, recomendando continuar con el procedimiento administrativo sancionador. Por lo cual procedió a remitir el Informe Final y los actuados a la Sub Intendencia de Resolución de la Intendencia de Lima Metropolitana, la cual mediante Resolución de Sub Intendencia N° 808-2021- SUNAFIL/ILM/SIRE5, de fecha 09 de setiembre de 2021, notificada el 13 de setiembre de 2021, multó a la impugnante por la suma de S/ 22,575.00, por haber incurrido en la siguiente infracción:

Con fecha 29 de setiembre de 2021, la impugnante interpuso recurso de apelación contra la Resolución de Sub Intendencia N° 808-2021-SUNAFIL/ILM/SIRE5, argumentando lo siguiente:

Mediante Resolución de Intendencia N° 577-2022-SUNAFIL/ILM, de fecha 07 de abril de 20222, la Intendencia de Lima Metropolitana declaró infundado el recurso de apelación interpuesto por la impugnante, por considerar los siguientes puntos:

Con fecha 28 de abril de 2022, la impugnante presentó ante la Intendencia de Lima Metropolitana, el recurso de revisión en contra de la Resolución de Intendencia N° 577-2022-SUNAFIL/ILM.

La Intendencia de Lima Metropolitana admitió a trámite el recurso de revisión y elevó los actuados al Tribunal de Fiscalización Laboral, mediante Memorándum-002286- 2022-SUNAFIL/ILM, recibido el 15 de agosto de 2022 por el Tribunal de Fiscalización Laboral.

Mediante el artículo 1 de la Ley N° 299813, se crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (en adelante, SUNAFIL), disponiéndose en el artículo 7 de la

Asimismo, de conformidad con el artículo 15 de la Ley N° 299814, en concordancia con el artículo 41 de la Ley General de Inspección del Trabajo5 (en adelante, LGIT), el artículo 17 del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR6, y el artículo 2 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR7 (en adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

El artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG), establece que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de estos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe de otorgarle esta facultad al administrado mediante una ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos,

Así, el artículo 49 de la LGIT, modificado por el Decreto Legislativo N° 1499, define al recurso de revisión como un recurso administrativo del procedimiento administrativo sancionador con carácter excepcional, interpuesto ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos de que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral, estableciéndose en el artículo 55 del RLGIT, modificado por Decreto Supremo N° 016- 2017-TR, que los requisitos de admisibilidad y procedencia se desarrollarían en el Reglamento del Tribunal.

El Reglamento del Tribunal establece que la finalidad del recurso de revisión es “la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias”8.

En ese sentido, es el mismo reglamento el que delimita la competencia del Tribunal a las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias, estableciéndose en el artículo 17 del Reglamento del Tribunal que se encuentra facultado para rectificar, integrar, excluir e interpretar la resolución emitida por la segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas.

En esta línea argumentativa, la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral comprende también la adecuación a la Constitución, a las leyes y al derecho, de conformidad con el principio de legalidad, que debe de caracterizar al comportamiento de las autoridades administrativas.

De la revisión de los actuados, se ha identificado que GME INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.C., presentó el recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia Nº 577- 2022-SUNAFIL/ILM, emitida por la Intendencia de Lima Metropolitana, que confirmó la sanción impuesta de S/ 22,575.00, por la comisión de una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.10 del artículo 46 del RLGIT, dentro del plazo legal de quince (15) días hábiles, computados a partir del 12 de abril de 2022, el día hábil siguiente de la notificación de la citada resolución.

Así, al haberse identificado que el recurso interpuesto por el solicitante cumple con los requisitos legales previstos en el Reglamento del Tribunal y en las normas antes citadas, corresponde analizar los argumentos planteados por GME INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.C.

Sobre el particular, el numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG precisa lo siguiente:

El Tribunal Constitucional -máximo intérprete de la Constitución- se ha pronunciado en numerosas oportunidades en relación con el derecho al debido procedimiento, estableciendo una reiterada y uniforme jurisprudencia al respecto, como lo recuerda la Sentencia recaída en el Expediente N° 04289-2004-AA:

En esa línea argumentativa, esta Sala identifica, desde un análisis formal, que tanto la Resolución de Sub Intendencia N° 808-2021-SUNAFIL/ILM/SIRE5 como la Resolución de Intendencia N° 577-2022-SUNAFIL/ILM, han contemplado la argumentación y medios de prueba expuestos por la impugnante, advirtiéndose el cumplimiento de los requisitos referidos al cumplimiento del debido procedimiento como principio y derecho material, de los derechos de defensa y a la prueba, así como el cumplimiento de la garantía de la debida motivación.

Conforme con el fundamento jurídico 4 de la Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional del 8 de febrero de 2022 (expediente 349-2021-PA/TC), toda decisión judicial debe cumplir con cuatro requisitos para que cumpla con el deber de motivación, lo que lleva a contemplarlas en su extensibilidad al ámbito administrativo del presente expediente: 1) coherencia interna, para comprobar que lo decidido se deriva de premisas establecidas por el órgano resolutivo en su fundamentación; 2) justificación de las premisas externas, que aluden al respaldo probatorio de los hechos y sobre el derecho considerado por el órgano al resolver; 3) la suficiencia, que

Del examen efectuado por esta Sala sobre las resoluciones emitidas en el Procedimiento Sancionador, se puede observar que estos 4 elementos pueden ser satisfactoriamente comprobados, por lo que, de manera formal y material, el debido procedimiento ha sido respetado dentro del trámite del procedimiento sancionador.

Asimismo, se corrobora, de los actuados, que ni el procedimiento inspectivo ni el sancionador, contravienen a la Constitución, a los principios del procedimiento administrativo, ni a las leyes o normas reglamentarias, además contiene los requisitos de validez del acto administrativo relacionados a la competencia, objeto o contenido, finalidad pública y procedimiento regular. Además, es necesario reiterar que, la resolución impugnada se encuentra debidamente motivada, al exponer una relación concreta y directa de los hechos probados durante el desarrollo del procedimiento inspectivo, no verificándose la vulneración de los numerales 3 y 5 del artículo 139° de la Constitución Política del Perú, y el inciso 3 del artículo 122° del Código Procesal Civil, invocados por la impugnante.

Por lo tanto, de manera formal y material, el debido procedimiento ha sido respetado dentro del trámite del procedimiento sancionador, no evidenciándose vulneración alguna al deber de motivación. En tal sentido, no corresponde acoger dicho extremo del recurso de revisión.

La impugnante alega que no ha incurrido en conductas infractoras, toda vez que, asistieron los señores Jorge Luis Fernández Andrade y la señorita Marita Sunción Rivera, en su representación siendo por motivo de fuerza mayor que no fue posible estar presente en dicha audiencia, lo que considera vulneración a sus derechos. En ese orden de ideas, corresponde a este Sala definir el marco legal aplicable para el caso en concreto, en aras de determinar si corresponde o no eximir de responsabilidad administrativa al ahora impugnante.

En tal sentido, Morón Urbina define al “caso fortuito” como: “(…) un proceso causal que no es obra de la naturaleza sino del hombre, habiendo, por lo demás, un resultado imprevisible e inevitable. En el caso fortuito existe, por lo tanto, obra del hombre y presenta un nexo causal entre la acción de éste y el resultado; no obstante, es un proceso que no resulta previsible. En todo sentido, se caracteriza por su imprevisibilidad, inevitabilidad y, sobre todo, por la ausencia de relación entre la voluntad del agente y el resultado”9.

Por su parte, Leysser León precisa la diferencia entre “caso fortuito” y “fuerza mayor”, del siguiente modo:

A nivel jurisprudencial, la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia, en la Casación Nº 1693-2014-Lima, de fecha 08 de marzo de 2016, señala lo siguiente:

En ese orden de ideas, se colige que, para considerar un evento como fortuito eximente de responsabilidad, debe determinarse, la existencia del evento y, adicionalmente, que este reviste de las características de extraordinario, imprevisible e irresistible11.

Al respecto, debemos señalar que, el literal a) del numeral 1 del artículo 257 del TUO de la LPAG, establece que constituye condición eximente de la responsabilidad por infracciones, el caso fortuito o la fuerza mayor debidamente comprobada12. En similar sentido, el punto 7.1.2.7 de la Directiva N° 001-2017-SUNAFIL/INII – “Directiva que regula el Procedimiento Sancionador del Sistema de Inspección del Trabajo”, aprobada mediante Resolución de Superintendencia N° 171-2017-SUNAFIL (en adelante, la Directiva), señala respecto del caso fortuito o fuerza mayor lo siguiente:

Conforme la doctrina descrita precedentemente, tenemos que la fuerza mayor, alegada por la impugnante, implica la ‘irresistibilidad’, es decir, “inevitabilidad”, “insuperabilidad”, “imposibilidad de control” del hecho o evento alegado como tal. En ese sentido, estando a lo alegado por la recurrente, como causa de fuerza mayor o hecho fortuito, esto es, la reducción del aforo y el trabajo remoto.

Sobre el caso en particular, cabe señalar que la inspeccionada pudo adoptar otras medidas que pudieran evitar la contingencia alegada, puesto que, debió realizar las diligencias correspondientes para asegurar su presencia ante el personal inspectivo, con documento idóneo que acredite su representación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 17 de la LGIT: “La capacidad de obrar ante la Inspección del Trabajo y su acreditación se rige por las normas de derecho privado. Las personas jurídicas, de naturaleza pública o privada, actuarán por medio de quienes, al tiempo de la actuación inspectiva, ocupen los órganos de su representación o la tengan conferida, siempre que lo acrediten con arreglo a ley (…)”; por consiguiente, lo alegado por el sujeto inspeccionado, no desvirtúa o excluye ni tampoco enerva su responsabilidad. Por ende, en el caso en particular, la falta de personal alegada por la impugnante, no configura un evento de “fuerza mayor”. Tampoco se configura un “caso fortuito”, el cual se determina por la ocurrencia de un evento “anormal”, “inusual”, “extraordinario”.

En ese sentido, lo alegado por la impugnante, no constituye un hecho de fuerza mayor ni un caso fortuito. En consecuencia, al no encontrarse acreditada la existencia de un evento irresistible respecto a la comisión de la infracción en materia de labor inspectiva, esta Sala desestima la aplicación de la causal de eximente de responsabilidad que refiere el TUO de la LPAG, por lo que, no cabe acoger el presente extremo del recurso de revisión.

El artículo 1 de la LGIT establece que “la función inspectiva, es entendida como la actividad que comprende el ejercicio de la vigilancia y exigencia del cumplimiento del ordenamiento sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo”. De allí que, el comportamiento del inspector comisionado se oriente al cumplimiento de las funciones establecidas en la LGIT y su reglamento, tutelando el fin perseguido por dichas normas y debiendo adoptar medidas y acciones en el marco del principio de razonabilidad13.

Asimismo, el artículo 9 de la LGIT, establece que “los empleadores, los trabajadores y los representantes de ambos, así como los demás sujetos responsables del cumplimiento de las normas del orden sociolaboral, están obligados a colaborar con los supervisores-inspectores, lo inspectores de trabajo y los inspectores auxiliares cuando sean requeridos para ello. En particular y en cumplimiento de dicha obligación de colaboración deberán: (…) Colaborar con ocasión de sus visitas u otras actuaciones inspectivas.”, siendo la comparecencia una de las modalidades de actuación inspectiva conforme lo regula el artículo 1114 de la LGIT (énfasis añadido).

El literal b) numeral 12.1 del artículo 12 del RLGIT, establece que: “En cumplimiento de las órdenes de inspección recibidas, los inspectores o equipos designados iniciarán las actuaciones de investigación mediante alguna de las siguientes modalidades: (…) Comparecencia: Exige la presencia del sujeto inspeccionado ante el inspector del trabajo, en la oficina pública que se señale, para aportar la documentación que se requiera en cada caso y/o para efectuar las aclaraciones pertinentes. El requerimiento de comparecencia se realiza conforme a lo previsto en los artículos 67 y 68 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS" (énfasis añadido).

Por su parte, el inciso 3) del artículo 36 de la LGIT establece que “Son infracciones a la labor inspectiva las acciones u omisiones de los sujetos obligados, sus representantes, personas dependientes o de su ámbito organizativo, sean o no trabajadores, contrarias al deber de colaboración por parte de los sujetos inspeccionados por los Supervisores- Inspectores, Inspectores del Trabajo o Inspectores Auxiliares, establecidas en la presente Ley y su Reglamento. Tales infracciones pueden consistir en: (…) 3. La inasistencia a la diligencia, cuando las partes hayan sido debidamente citadas, por el Inspector o la Autoridad Administrativa de Trabajo y éstas no concurren” (énfasis añadido).

En ese contexto, el RLGIT, que tipifica y contiene las infracciones, establece en el numeral 46.10 del artículo 46, que la inasistencia del sujeto inspeccionado ante el requerimiento de comparecencia constituye infracción muy grave a la labor inspectiva, la cual es pasible de sanción económica.

En el caso en particular, con fecha 02 de marzo de 2020, se realizó la visita de inspección en la dirección de Avenida Oscar R. Benavides N° 1111 – Lima Cercado, siendo atendido por el señor Ramiro Llamccaya Ccasani, en calidad de capataz, exhibiéndole el inspector su credencial respectiva y el motivo de su presencia. Concluida esta diligencia, se procedió a extender una constancia de actuación inspectiva de investigación y notificar a la inspeccionada en el mismo acto, con un requerimiento de comparecencia programada para la fecha 09 de marzo de 2020 a horas 11:00 a.m. para la presentación de la documentación requerida respecto a los trabajadores afiliados a la organización sindical , en las instalaciones de la Intendencia de Lima Metropolitana de la SUNAFIL, ubicada en Av. Arenales N° 815 – Lima; por medio del cual solicitó a la impugnante, la exhibición y/o presentación de documentos, con la finalidad de verificar el cumplimiento de la normatividad sociolaboral. Además, es importante recalcar que el requerimiento de comparecencia señala expresamente que la inasistencia constituye una infracción a la labor inspectiva sancionable con multa, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 36 y 39 de la LGIT, conforme se aprecia a continuación: Figura N° 01

En el día y hora indicado, se procedió a llamar en reiteradas ocasiones al representante legal o apoderado del sujeto inspeccionado, sin embargo, pese a estar debidamente notificada, la impugnante no se presentó, siendo las 11:20 horas se dio por culminada la diligencia, habiendo, con su inasistencia, incurrido en infracción a la labor inspectiva. Al respecto, cabe señalar que concurrieron a la diligencia programada personal de la Inspeccionada, sin embargo, no contaban con documento idóneo que acredite su representación.

Sobre este extremo, es importante traer a colación lo recogido en el segundo párrafo del artículo 17 de la LGIT, que precisa lo siguiente: “(…) La intervención mediante representante sin capacidad o insuficientemente acreditado se considerará inasistencia, cuando se haya solicitado el apersonamiento del sujeto obligado (…)”,

Conforme se desprende de los numerales 4.3 y 4.4 de los hechos comprobados o verificados del acta de infracción, a la diligencia de comparecencia programada para el día 09 de marzo de 2020, no se apersonó y/o asistió, el apoderado o representante alguno por parte del sujeto inspeccionado, pese a encontrarse debidamente notificada y de realizarse correctamente el llamado respectivo, incurriendo en acto de obstrucción a la labor inspectiva por dicha inasistencia.

Sobre el particular, como se ha mencionado, si bien obra en autos que los señores Jorge Luis Fernández Andrade y Marita Sunción Rivera, se presentaron en la comparecencia, conforme se ha señalado en el Acta de Infracción y ha sido reconocido por la propia impugnante, no acreditaron su calidad de representantes de la empresa con documento pertinente, lo que resulta contrario a lo señalado en el numeral 7.6.7.3 de la Directiva N° 001-2016-SUNAFIL/INII que establece: “b) El representante de la persona jurídica de derecho público acredita su condición de tal presentando copia simple de documento de Identidad y del acto administrativo que le otorga o delega facultades”, hecho que no ha sido acreditado ante la autoridad inspectiva.

En ese sentido, esta situación no la exime de responsabilidad, pues la impugnante debió actuar con la debida diligencia y enviar a sus apoderados con los documentos que acrediten su representatividad; configurándose así la infracción a la labor inspectiva, la cual tiene naturaleza insubsanable.

Como se verifica de los actuados, la impugnante no participó de la referida diligencia, no señalando justificación alguna, por el contrario, argumenta que la notificación no fue correctamente efectuada, pues habría sido recibida por el señor Ramiro Llamccaya Ccasani, el mismo que no tenía representación legal. Cabe precisar que el inspector, en el ejercicio de su labor, se encontraba realizando una actuación inspectiva de inspección en el centro de labores de los trabajadores afectados, y en atención a esta, procedió a notificar con el requerimiento de comparecencia en esa oportunidad, siendo recibida la notificación por el señor Ramiro Llamccaya Ccasani, en su calidad de capataz de la inspeccionada.

Aunado a ello, es pertinente indicar que con anterioridad a esta actuación inspectiva, durante la visita realizada por el inspector comisionado el 18 de febrero de 2020, fue atendido por el señor Ramiro Llamccaya Ccasani. Concluida esta diligencia, se procedió a extender una constancia de actuación inspectiva de investigación, siendo recibida por el trabajador en mención.

Por tanto, a la fecha en que se le hizo entrega del requerimiento de comparecencia, el señor Ramiro Llamccaya Ccasani tenía la calidad de trabajador del sujeto inspeccionado. En ese orden de ideas, el requerimiento de comparecencia fue entregado en forma válida, dejándose constancia de su nombre, documento de identidad y de su relación con el sujeto inspeccionado, de conformidad con lo establecido en el numeral 21.4 del artículo 21 del TUO de la LPAG; por lo que, el acto de notificación se realizó acorde a ley.

Asimismo, este accionar, se realizó en concordancia con el numeral 1 del artículo 4°, puesto que, en el desarrollo de la función inspectiva, la actuación de la Inspección del Trabajo se extiende a todos los sujetos obligados o responsables del cumplimiento de las normas sociolaborales, ya sean personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, y esta facultad, se ejerce en los ámbitos de las empresas, los centros de trabajo y, en general, los lugares en que se ejecute la prestación laboral 15 (énfasis añadido).

En consecuencia, se evidencia que la impugnante no actuó diligentemente, pues bien podía haber efectuado las gestiones necesarias a fin de concurrir a la diligencia o en todo caso, que cualquiera de sus representantes pueda asistir a las referidas comparecencias, no apreciando alguna afectación a los artículos 4 y 12 de la LGIT.

Por tanto, en atención a lo expuesto, la impugnante no participó en la referida comparecencia, aun cuando estaba debidamente notificada, no apreciándose algún supuesto de nulidad por el cual; en consecuencia, al no tener asidero legal, que la impugnante trate de deslindar su responsabilidad de no haber asistido a la comparecencia citada, corresponde desvirtuar este extremo de su recurso de revisión.

En consecuencia, corroborada la inasistencia a la diligencia de comparecencia antes señalada y atendiendo a que la infracción a la labor inspectiva son de comisión inmediata e insubsanables16, lo que implica que se configuran y consuman en el momento en el que se realizaron, no siendo factible retrotraer en el tiempo y enmendar dicha conducta, se verifica la configuración de la infracción imputada.

Es pertinente recordar que el artículo 36 de la LGIT17 establece que el comportamiento subsumible dentro de las infracciones a la labor inspectiva “puede ser directo o

Lo acontecido en el caso, conduce a analizar el cumplimiento del principio de tipicidad18. Sobre el particular, recuerda la doctrina que “el mandato de tipificación que este principio conlleva, no solo se impone al legislador cuando redacta el ilícito, sino a la autoridad administrativa cuando instruye un procedimiento sancionador y debe realizar la subsunción de una conducta en los tipos legales existentes”19.

Debe señalarse, además, que la comparecencia es uno de los mecanismos con los que cuenta el inspector para poder verificar y supervisar el cumplimiento de las materias sociolaborales objeto de su investigación, pero no es el único. En efecto, al constituirse por ejemplo al centro de labores, bien puede recabar otro tipo de elementos de juicio que le permitan adquirir elementos de convicción sobre la certeza o no del cumplimiento de las materias sujetas a inspección.

Ahora bien, en el presente caso, se corrobora lo siguiente:

Así, se ha identificado que la imputación de responsabilidad basada en la norma sancionadora citada no es pertinente. Por lo que, a consideración de esta Sala, no se pudo cumplir con la finalidad de la inspección de trabajo, debido a razones ajenas al propio inspeccionado, puesto que, la situación que atravesaba nuestro país en virtud a la pandemia ocasionada por la propagación del Covid-19, impidió que se pudiera verificar el cumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento en la fecha programada, en consecuencia, que el personal inspectivo prosiguiera con la realización de las actuaciones de investigación pactadas.

En ese sentido, en el caso en particular, se tiene que dicho actuar de la inspeccionada no significa que se haya generado una frustración a la labor efectiva, en tanto que, el inspector comisionado continuó con las actuaciones inspectivas correspondientes, no pudiendo verificar la medida de requerimiento por los motivos anteriormente señalados.

Aunado a ello, no se aprecia, por parte del inspector de trabajo, que este haya sustentado, por qué con el comportamiento de la inspeccionada no se estaría cumpliendo con los fines de la inspección de trabajo. Y si bien en el presente caso se puede llegar a determinar que la empresa inspeccionada efectivamente incurrió en una infracción a la labor inspectiva, al no haber concurrido a la comparecencia programada con fecha 02 de marzo de 2020; no obstante, dicho comportamiento perturbó o retrasó la investigación, pero sin generar la frustración de la fiscalización, puesto que, conforme se ha desarrollado precedentemente, no se pudo continuar con el procedimiento inspectivo debido a circunstancias externas ajenas al inspeccionado.

Cabe señalar, que los requerimientos de comparecencia no es un asunto que pueda dejarse de lado por el inspeccionado, ya que es sabido que los inspectores deben realizar una serie de diligencias y actividades en el día, por lo que sus requerimientos deben ser tomados muy seriamente en el marco de las fiscalizaciones laborales. Sin embargo, la conducta de la inspeccionada no ha frustrado la investigación correspondiente, ocasionando en todo caso la perturbación o retraso de la misma. Sin perjuicio de ello, consideramos que el actuar de la impugnante sí configura un comportamiento sancionable por los efectos que produce en la labor inspectiva. Por tanto, la infracción a la labor inspectiva debería ser encuadrada en el tipo infractor tipificado en el numeral 45.2 del artículo 45 del RLGIT.

En ese sentido, en estricta aplicación de los artículos 14 y 17 del reglamento del Tribunal, corresponde adecuar la infracción imputada.

UIT (*)

En consecuencia, la conducta se encontraría subsumida bajo los alcances del numeral 45.2 del artículo 45 del RLGIT, y la multa confirmada por la instancia inferior se adecuaría, siendo el monto total de S/ 16,856.00 (Dieciséis ochocientos cincuenta y seis con 00/100 soles).

Finalmente, a título informativo se señala que, conforme fluye del expediente remitido, la multa subsistente como resultado del procedimiento administrativo sancionador sería la que corresponde a la siguiente infracción:

Cabe precisar que este detalle se provee a título informativo y cualquier error de hecho o derecho durante la tramitación del expediente que resultara en un error, omisión o imprecisión en las materias, cantidad, conducta, tipificación legal, clasificación o cuantía, resulta de exclusiva responsabilidad de la Intendencia respectiva.