GHV Contratistas E.I.R.L — Res. 1323-2025

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Participación en las utilidades (Sub materia: Pago); Planillas o registros que la sustituyan (Sub materia: Entrega de boletas de pago al trabajador y sus formalidades); Remuneraciones (Sub materia: Gratificaciones; Pago de bonificaciones; y, Pago de la remuneración (Sueldos y salarios)); Jornada, horario de trabajo y descansos remunerados (Sub materias: Vacaciones; y, Descanso semanal obligatorio); Compensación por tiempo de servicios (Sub materia: Depósito de CTS); y, Registro de control de asistencia (Sub materia: Incluye todas).

íntegra la remuneración por el día de descanso semanal obligatorio, la remuneración vacacional, y por no contar con el registro de control de asistencia, así como por una (01) infracción muy grave a la labor inspectiva, por el incumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento, notificada el 16 de enero de 2022.

- Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por no acreditar el pago íntegro de la remuneración, a favor del ex trabajador, tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 506.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de relaciones laborales, por no acreditar el pago íntegro de la remuneración por el día de descanso semanal obligatorio, a favor del ex trabajador, tipificada en el numeral 25.6 del artículo 25 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 1,058.00.

- Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por no acreditar el pago íntegro de la bonificación unificada de construcción (BUC), a favor del ex trabajador, tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 506.00.

- Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por no acreditar el pago íntegro de la bonificación por movilidad, a favor del ex trabajador, tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 506.00.

- Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por no acreditar el pago íntegro de las bonificaciones extraordinarias de las gratificaciones legales, a favor del ex trabajador, tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 506.00.

- Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por no acreditar el pago íntegro de las gratificaciones legales, a favor del ex trabajador, tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 506.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de relaciones laborales, por no acreditar el pago íntegro de la remuneración vacacional, a favor del ex trabajador, tipificada en el numeral 25.6 del artículo 25 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 1,058.00.

- Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por no acreditar el pago y/o depósito de la compensación por tiempo de servicios, a favor del ex trabajador, tipificada en el numeral 24.5 del artículo 24 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 506.00.

- Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por no acreditar el pago de las utilidades, a favor del ex trabajador, tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 506.00.

- Una (01) infracción LEVE en materia de relaciones laborales, por no acreditar la entrega de las boletas de pago de remuneraciones con los requisitos previstos legalmente, en favor del ex trabajador, tipificada en el numeral 23.2 del artículo 23 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 207.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de relaciones laborales, por no contar con el registro de control de asistencia del ex trabajador, tipificada en el numeral 25.19 del artículo 25 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 1,058.00.

- Una (01) infracción GRAVE a la labor inspectiva, por no colaborar con el sistema inspectivo, tipificada en el numeral 45.2 del artículo 45 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 506.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir con lo dispuesto en la medida inspectiva de requerimiento de fecha 16 de enero de 2022, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 1,058.00.

i. Refieren que, respecto al pago de remuneraciones, sí se cumplió con acreditar el mismo, mediante el escrito de fecha 24 de enero de 2022; no obstante, se desconoce el pago del período del 03 de agosto de 2020 al 20 de setiembre de 2020 debido a que no contiene los reintegros provenientes de la negociación colectiva, no valorándose que se señaló que se procedería con dicho pago en su liquidación, solicitando un plazo adicional por la situación económica que atraviesa.

ii. Alegan que, respecto al período del 07 al 13 setiembre de 2020, no se considera lo señalado en el Registro de Asistencia de la obra “Mejoramiento vial de los tramos de la avenida Zoraida Montes Revilla, Quebrada de Tucos y respectivos accesos, distrito de Cayma”, no estando firmado por el trabajador la asistencia del día 07 de setiembre de 2020, desconociendo el tareo diario y semanal de la empresa. iii. Sostienen sobre el período del 19 de octubre de 2020 al 29 de noviembre de 2020, que, sin mayores pruebas están suponiendo que existió una reducción de nivel y están dando por válidos los argumentos del denunciante, cuando dicha reducción se debió a un criterio objetivo y con el que se encontraba de acuerdo el trabajador, vulnerando el principio de verdad material. iv. Respecto al período del 30 de noviembre de 2020 al 14 de marzo del 2021, referido a la ejecución de la obra “Mejoramiento del servicio de agua para riego en los sectores de Tin Tin - San Basilio, distrito de Santa Isabel de Siguas”, añaden que, no se está considerando que se trata de una nueva contratación de personal y que no existía obligación de contratar al denunciante en la categoría de operario, conforme las constancias de alta y baja del trabajador. v. Consideran sobre la asistencia del 25 al 31 de enero de 2021, que no se está valorando el registro de asistencia de la obra “Mejoramiento del servicio de agua para riego en los sectores de Tin Tin - San Basilio, distrito de Santa Isabel de Siguas”, donde figura que el 25 de enero de 2021, el trabajador no asistió a laborar. vi. Señalan que, se desconoce el pago parcial realizado el 27 de julio de 2021 por el importe S/ 1,812.96, realizado como pago final de la liquidación de la obra “Mejoramiento vial de los tramos de la avenida Zoraida Montes Revilla, Quebrada de Tucos y respectivos accesos, distrito de Cayma”, pese a que tiene la firma y huella digital del trabajador en señal de aceptación y no existe regulación alguna que señale que los pagos de las liquidaciones deban ser realizados en cuenta bancaria. vii. Por último, indican que los registros de asistencia son por cada obra y por ello la confusión de la representante de la empresa y su manifestación de desconocimiento; ya que los registros son archivados y enviados a contabilidad.

i. Que, en cuanto a la reducción de categoría dispuesta al trabajador, el Inspector constató que en marzo de 2019 el trabajador laboró en la categoría de peón y a partir de su reingreso en el mes de febrero de 2020 labora con la categoría de operario; sin embargo, desde el 19 de octubre de 2020 la inspeccionada lo rebaja a la categoría de oficial, bajo el argumento de no cumplir con sus funciones. ii. En la investigación, la inspeccionada justificó su accionar con el Informe 27-2020 suscrito por dos ingenieros, del que se desprende que la decisión de bajar de categoría al trabajador se dio de manera inmediata y por decisión unilateral de los firmantes, sin evidencia del supuesto trabajo deficiente alegado ni de haber corrido traslado de las observaciones al trabajador para que pueda ejercer su derecho de defensa, no siendo convalidable con el hecho de firmar las boletas de pago para recepcionar su remuneración; por lo tanto, no se acredita el criterio objetivo invocado ni la conformidad del trabajador. iii. En relación al período del 30 de noviembre de 2020 al 14 de marzo de 2021, el Inspector recabó la manifestación del señor Suárez, indicando que, al momento de

2 Notificada a la impugnante el 28 de agosto de 2023.

bajarlo de categoría, el personal de dirección a cargo de la obra que venía ejecutando la inspeccionada le expresó que “si quieres te vas o si no te quedas como oficial”, demostrando que el trabajador no manifestó su oposición por la posibilidad de perder su trabajo. iv. Además, la apelante tampoco acreditó que en el nuevo proyecto no necesitarán personal con la categoría de operario, constatando el Inspector que en los formatos de tareo de personal, sí contaban con trabajadores con dicha categoría; en consecuencia, los argumentos de la inspeccionada resultan infundados, determinándose que el trabajador recurrente laboró como peón hasta el segundo período de trabajo y como operario desde el 03 de febrero de 2020. v. El invocar que efectuaría pagos a futuro no se configura como eximente o atenuante para la imposición de la sanción, ni el alegar la inasistencia de dos días por parte del trabajador, cuando del cuadro de pagos pendientes por concepto de remuneración, se evidencia que no se trata de un actuar omisivo aislado, sino continuo; por lo tanto, corresponde ratificar la sanción impuesta en este extremo, ante la subsistencia de la trasgresión. vi. Respecto a las demás infracciones en materia de relaciones laborales e incumplimiento de la medida inspectiva, ante el argumento reiterativo de la inspeccionada, se tiene que no desvirtúa la merituación efectuada, no desconociéndose el pago efectuado y acreditado, sino que no puede determinarse a qué conceptos correspondería y en qué montos; y en cuanto al pago en efectivo realizado de la mitad de la liquidación, efectivamente no causa certeza dicho cumplimiento de pago, que debe ser probado por la inspeccionada, resultando insuficiente la firma del trabajador en la hoja de liquidación. vii. Que, el argumento presentado por la apelante en el extremo referido a la falta de deber de colaboración deviene en infundado, pues la gestión interna de la empresa es de su entera responsabilidad, siendo incongruente que pretenda eximirse de responsabilidad por la confusión de su apoderada, cuando en el requerimiento de comparecencia se le precisó la información que debía manejar la persona que interviniera en la diligencia en representación de la inspeccionada, sin dejar de mencionar que no cumplió con presentar los documentos requeridos; así es que el actuar negligente debe ser sancionado, ratificándose la multa impuesta por la falta de colaboración con el personal inspectivo.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

Del Recurso De Revisión

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 4 “Ley N° 29981, Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…)”. 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6 “Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL. Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. 7 “Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

TUO de la LPAG), establece que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de estos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe de otorgarle esta facultad al administrado mediante una ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días, respectivamente.

8 Artículo 14 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por el Decreto Supremo N°004-2017-TR.

de conformidad con el Principio de Legalidad, que debe de caracterizar al comportamiento de las autoridades administrativas.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE GHV CONTRATISTAS E.I.R.L.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 18 de setiembre de 2023, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 198-2023-SUNAFIL/IRE-AQP, señalando los siguientes alegatos:

i. Refieren que, el 13 de julio de 2023, el ex trabajador y GHV CONTRATISTAS E.I.R.L. suscribieron el Acta de Conciliación N° 0203-2023-GRA (Anexo A), a través de la cual i) reconocieron que la relación laboral tiene como fecha de ingreso en el primer período desde el 22 de marzo de 2019 hasta el 30 de marzo de 2019 y el segundo período desde el 30 de noviembre de 2020 hasta el 12 de marzo de 2021, desempeñando el cargo de oficial; ii) arribaron a un acuerdo sobre el monto que corresponde pagar por concepto de derechos laborales: CTS, Vacaciones, gratificaciones, Bonificaciones extraordinaria de la gratificación, siendo que el monto que le corresponde asumir a GHV CONTRATISTAS E.I.R.L. es de S/ 2,293.54; y, iii) Dicho pago se deberá realizar el 02 de agosto de 2023. Se adjunta voucher de pago por el monto total de la conciliación. ii. Sobre el período laborado, sostienen que, de manera contraria a lo señalado en las actuaciones inspectivas, ambas partes reconocen que solo existen dos (02) períodos laborados y no cuatro (04) períodos, por lo que la liquidación de beneficios se debe realizar en base a dichos períodos. Dejando en claro que no existió un comportamiento obstruccionista. Se debe indicar que no se ha precisado que se tiene que entender con “comportamiento obstruccionista”, pues se han presentado todos los documentos solicitados en las oportunidades requeridas por el inspector. iii. Sobre la reducción de categoría, alegan que, conforme ha quedado establecido en el Acta de Conciliación, ambas partes han manifestado su acuerdo en que el cargo desempeñado es de Oficial desde el 30 de noviembre de 2020 hasta el 12 de marzo de 2021. Por lo tanto, se confirma el criterio objetivo y existe la plena conformidad del trabajador. iv. Respecto al pago íntegro de remuneraciones, sobre la base de los acuerdos acordados entre el ex trabajador y GHV CONTRATISTAS E.I.R.L. consideran que, no existirían pagos pendientes de pago, ya que se debe tener en cuenta que la información contenida en el Cuadro N° 02, está referida a los reintegros por condición como operario y por períodos no reconocidos.

v. Sobre el pago de liquidación, señalan que, se debe considerar que ambas partes acordaron que el pago de S/ 2,293.54 comprende la liquidación de derechos laborales: CTS, Vacaciones, gratificaciones, Bonificaciones extraordinaria de la gratificación. Por tanto, en atención al Acta de Conciliación se debe tener por subsanada la infracción materia de sanción, adjuntando para ello documentación con la cual pretende dar por subsanadas las infracciones calificadas como grave y muy graves, detalladas en el punto 1.3 de la Resolución impugnada, a favor del ex trabajador. Al respecto, invocan el artículo 257 del TUO de la LPAG, referido a las condiciones eximentes de la responsabilidad por infracciones. vi. Agregan que, se han contravenido las normas que garantizan el derecho a un debido procedimiento; asimismo, se ha vulnerado su derecho a una debida motivación. Al respecto, evidencian que la resolución materia de revisión incurre en graves errores al afirmar que habrían incurrido en un supuesto incumplimiento de obligaciones en materia de relaciones laborales, sin haber valorado los medios de prueba. Más aun cuando en el escrito de apelación se indicó que se tiene en marcha un proceso de conciliación, mediante el cual se busca conciliar con el señor sobre los montos materia de pago. vii. Añaden que, a lo largo del presente procedimiento no se ha cumplido con analizar los argumentos expuestos en sus escritos de descargos y recursos impugnatorios, limitándose a citar una breve descripción de estos, por lo que consideran que la Intendencia ha emitido una Resolución sin motivación interna. viii. Sustentan las deficiencias en la motivación interna, porque la Intendencia a pesar de tener a su alcance los argumentos y medios probatorios que acreditan el cumplimiento de la obligación, no realizó una válida inferencia a partir de las premisas que había recibido de los descargos. ix. Asimismo, consideran que no se ha aplicado el principio de verdad material, ya que debieron actuar en el marco de sus facultades a fin de corroborar lo señalado por GHV CONTRATISTAS E.I.R.L., no limitándose a establecer solo fórmulas generales. Cabe señalar que, en aplicación del principio de primacía de la realidad, una vez conocidos los hechos, se debieron evaluar y constatar los mismos, a fin de corroborar si los documentos presentados acreditan el cumplimiento o no de la obligación requerida, y de ser este último supuesto, sustentar de manera fehaciente con hechos y pruebas la subsistencia del incumplimiento.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre los precedentes administrativos de observancia obligatoria

“6.8 Así, los expedientes sancionadores que se tramitan en el Sistema de Inspección del Trabajo no son, sin embargo, unos que permitan distinguir imputaciones que solamente contengan casos “muy graves”, “graves” o bien “leves”, siendo habitual que en los casos sometidos a este Tribunal se encuentren imputaciones que contemplen infracciones calificadas normativamente como “muy graves” y alguna o algunas más de distinto grado. Ante este tipo de plataformas impugnatorias, el Tribunal de Fiscalización Laboral se encuentra obligado a distinguir lo que es materia de su estricta competencia de aquello que no lo es, conforme con la normativa glosada. 6.9 En ciertos casos —como el que es objeto de la presente resolución—el recurso de revisión propone el análisis de infracciones a la labor inspectiva consistentes en el incumplimiento de la medida de requerimiento contenidas en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT10, pero las materias objeto de la medida de requerimiento son calificadas por la normativa como faltas “graves” o “leves”, lo que deposita a tales causas fuera de la competencia material de este Tribunal. 6.10 De esta forma, la evaluación de los recursos de revisión interpuestos contra sanciones administrativas por inejecución de medidas de requerimiento deberá circunscribirse a un análisis estrictamente referido a la proporcionalidad, razonabilidad y legalidad de tales medidas, sin invadir una competencia administrativa vedada, como son las infracciones calificadas como graves y leves, que en expedientes como el presente, han adquirido firmeza con la expedición (y notificación) de la resolución de segunda instancia” (énfasis añadido).

“6.17. Sobre la base de lo previsto en el literal a) del artículo 16 y el inciso 18.1 del artículo 18 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral (Decreto Supremo Nº 004-2017-TR), tras el control de admisibilidad del recurso de revisión interpuesto, a cargo de la autoridad emisora de la decisión impugnada, este órgano de revisión tiene el deber de efectuar el control de procedencia del recurso. Así, se declarará la improcedencia del recurso de revisión en los siguientes supuestos: i) Cuando el acto impugnado no corresponda a resoluciones de segunda instancia que se pronuncian sobre la imposición de sanciones; ii) Cuando la infracción materia de sanción que se impugna, no esté tipificada como muy grave en el RLGIT; o

iii) Cuando el recurso de revisión no se sustente en la inaplicación, o aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria emitidos por este Tribunal.

Sobre las infracciones al numeral 25.6 del artículo 25° del RLGIT

treintavos de la remuneración como meses y días computables hubiere laborado, respectivamente”.

trabajador no haya gozado de sus derechos al descanso semanal y descanso vacacional, supuestos que no se desprenden de los hechos constatados por el inspector comisionado.

Sobre la vulneración al principio del debido procedimiento

“Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo”. (Énfasis añadido).

“Artículo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales: (…) 2. Debido procedimiento. - No se pueden imponer sanciones sin que se haya tramitado el procedimiento respectivo, respetando las garantías del debido procedimiento. Los procedimientos que regulen el ejercicio de la potestad sancionadora deben establecer la debida separación entre la fase instructora y la sancionadora, encomendándolas a autoridades distintas”.

las partes gozan de todos los derechos y garantías inherentes al procedimiento sancionador, de manera que les permita exponer sus argumentos de defensa, ofrecer pruebas y obtener una decisión por parte de la Autoridad Administrativa de Trabajo debidamente fundada en hechos y en derecho (…)”.

“(…) 2. El Tribunal Constitucional estima oportuno recordar, conforme lo ha manifestado en reiterada y uniforme jurisprudencia, que el debido proceso, como principio constitucional, está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Vale decir que cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea este administrativo -como en el caso de autos- o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal”. (Énfasis añadido).

“(…) 5. Tal como ya lo tiene expresado este Tribunal en uniforme y reiterada jurisprudencia, el derecho al debido proceso tiene un ámbito de proyección sobre cualquier tipo de proceso o procedimiento, sea éste judicial, administrativo o entre particulares. Así, se ha establecido que el derecho reconocido en el inciso 3) del artículo 139 de la Constitución no sólo tiene un espacio de aplicación en el ámbito "judicial", sino también en el ámbito administrativo" y, en general, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ha sostenido, puede también extenderse a "cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional, (el que) tiene la obligación de adoptar resoluciones apegadas a las garantías del debido proceso legal, en los términos del artículo 8 de la Convención Americana". (Caso Tribunal Constitucional del Perú, párrafo 71). De igual modo la Corte Interamericana sostiene –en doctrina que ha hecho suya este Colegiado en la sentencia correspondiente al Exp. N° 2050-2002-AA/TC– que "si bien el artículo 8° de la Convención Americana se titula “Garantías Judiciales”, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto, sino al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a efectos de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos"(párrafo 69). (…)” (Énfasis agregado).

procedimiento, debe analizarse si existe una afectación a este derecho previo al análisis de los argumentos del recurso de revisión.

“(…). 4. Este Tribunal ha tenido oportunidad de expresar su posición respecto a la motivación de los actos administrativos, expresando que: “[…][E]l derecho a la motivación de las resoluciones administrativas es de especial relevancia. Consiste en el derecho a la certeza, el cual supone la garantía de todo administrado a que las sentencias estén motivadas, es decir, que exista un razonamiento jurídico explícito entre los hechos y las leyes que se aplican. […] La motivación de la actuación administrativa, es decir, la fundamentación con los razonamientos en que se apoya es una exigencia ineludible para todo tipo de actos administrativos, imponiéndose las mismas razones para exigirla tanto respecto de actos emanados de una potestad reglada como discrecional. El tema de la motivación del acto administrativo es una cuestión clave en el ordenamiento jurídico-administrativo, y es objeto central de control integral por el juez constitucional de la actividad administrativa y la consiguiente supresión de los ámbitos de inmunidad jurisdiccional. Constituye una exigencia o condición impuesta para la vigencia efectiva del principio de legalidad, presupuesto ineludible de todo Estado de derecho. A ello, se debe añadir la estrecha vinculación que existe entre la actividad administrativa y los derechos de las personas. Es indiscutible que la exigencia de motivación suficiente de sus actos es una garantía de razonabilidad y no arbitrariedad de la decisión administrativa. En esa medida, este Tribunal debe enfatizar que la falta de motivación o su insuficiencia constituye una arbitrariedad e ilegalidad, en la medida en que es una condición impuesta por la Ley N° 27444. Así, la falta de fundamento racional suficiente de una actuación administrativa es por sí sola contraria a las garantías del debido procedimiento administrativo.” (STC 00091-2005-PA, fundamento 9, párrafos 3, 5 a 8, criterio reiterado en STC 294-2005-PA, STC 5514-2005-PA, entre otras). Adicionalmente se ha determinado en la STC 8495-2006-PA/TC que: “un acto administrativo dictado al amparo de una potestad discrecional legalmente establecida resulta arbitrario cuando sólo expresa la apreciación individual de quien ejerce la competencia administrativa, o cuando el órgano administrativo, al adoptar la decisión, no motiva o expresa las razones que lo han conducido a adoptar tal decisión. De modo que, motivar una decisión no sólo significa expresar únicamente bajo qué norma legal se expide el acto administrativo, sino, fundamentalmente, exponer en forma sucinta –pero suficiente– las razones de hecho y el sustento jurídico que justifican la decisión tomada”. (Énfasis y subrayado añadido).

Sobre los presuntos vicios de motivación en el procedimiento administrativo sancionador

9 Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo (…) 1.11. Principio de verdad material. - En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse de ellas. En el caso de procedimientos trilaterales la autoridad administrativa estará facultada a verificar por todos los medios disponibles la verdad de los hechos que le son propuestos por las partes, sin que ello signifique una sustitución del deber probatorio que corresponde a estas. Sin embargo, la autoridad administrativa estará obligada a ejercer dicha facultad cuando su pronunciamiento pudiera involucrar también al interés público”.

planteadas, conforme a los precedentes o jurisprudencia constitucionalmente establecidos.

“7. El derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales es una garantía del justiciable frente a la arbitrariedad judicial y garantiza que las resoluciones no se encuentren justificadas en el mero capricho de los magistrados, sino en datos objetivos que proporciona el ordenamiento jurídico o los que se derivan del caso. Sin embargo, no todo ni cualquier error en el que eventualmente incurra una resolución judicial constituye automáticamente la violación del contenido constitucionalmente protegido del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales. Así, en el Exp. N.° 3943-2006-PA/TC y antes en el voto singular de los magistrados Gonzales Ojeda y Alva Orlandini (Exp. N.° 1744-2005-PA/TC), este Colegiado Constitucional ha precisado que el contenido constitucionalmente garantizado de este derecho queda delimitado, entre otros, en los siguientes supuestos: a) Inexistencia de motivación o motivación aparente. Está fuera de toda duda que se viola el derecho a una decisión debidamente motivada cuando la motivación es inexistente o cuando la misma es solo aparente, en el sentido de que no da cuenta de las razones mínimas que sustentan la decisión o de que no responde a las alegaciones de las partes del proceso, o porque solo intenta dar un cumplimiento formal al mandato, amparándose en frases sin ningún sustento fáctico o jurídico. b) Falta de motivación interna del razonamiento. La falta de motivación interna del razonamiento [defectos internos de la motivación] se presenta en una doble dimensión; por un lado, cuando existe invalidez de una inferencia a partir de las premisas que establece previamente el Juez en su decisión; y, por otro lado, cuando existe incoherencia narrativa, que a la postre se presenta como un discurso absolutamente confuso incapaz de transmitir, de modo coherente, las razones en las que se apoya la decisión. (…) c) Deficiencias en la motivación externa; justificación de las premisas. El control de la motivación también puede autorizar la actuación del juez constitucional cuando las premisas de las que parte el Juez no han sido confrontadas o analizadas respecto de su validez fáctica o jurídica. (…) d) La motivación insuficiente. Se refiere, básicamente, al mínimo de motivación exigible atendiendo a las razones de hecho o de derecho indispensables para asumir que la decisión está debidamente motivada (…) e) La motivación sustancialmente incongruente. El derecho a la debida motivación de las resoluciones obliga a los órganos judiciales a resolver las pretensiones de las partes de manera congruente con los términos en que vengan planteadas, sin cometer, por lo tanto, desviaciones que supongan modificación o alteración del debate procesal (incongruencia activa). (…) f) Motivaciones cualificadas. - Conforme lo ha destacado este Tribunal, resulta indispensable una especial justificación para el caso de decisiones de rechazo de la demanda, o cuando, como producto de la decisión jurisdiccional, se afectan derechos fundamentales como el de la libertad. (…)” (Énfasis añadido). 6.35. En consecuencia, esta Sala encuentra acreditada la vulneración al debido procedimiento, sustentado en una motivación aparente, la cual se configura ya que la Sub Intendencia si bien da la apariencia de motivación al citar normas y reiterar los hechos constatados por el personal inspectivo, no analiza y subsume las infracciones imputadas a la impugnante

en el tipo infractor correspondiente, deviniendo en que su decisión carece de sustento jurídico alguno.

“Artículo 10.- Causales de nulidad Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes: (…) 2. El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los supuestos de conservación del acto a que se refiere el artículo 14”. (Énfasis añadido). 6.37. Por tanto, resulta imposible convalidar la incongruencia advertida por parte de la Sub Intendencia de Sanción, que debió de evaluar de manera adecuada los hechos que motivaron el presente procedimiento sancionador. La actuación de la Sub Intendencia, a diferencia de lo requerido normativamente, considera la infracción imputada al tenor del tipo legal contenido en el numeral 25.6 del artículo 25° del RLGIT, cuando lo que se atribuye a la impugnante es el hecho de no acreditar el pago íntegro de la remuneración por el día de descanso semanal obligatorio y no acreditar el pago íntegro de la remuneración vacacional, a favor del extrabajador, es decir, se le imputa a la Inspeccionada dos infracciones laborales por no cumplir con el pago de dichos conceptos.

10 Fundamento jurídico 14, Exp. N° 02098-2010-PA/TC.

Sobre la potestad del Tribunal para declarar la nulidad de los actos emitidos por las autoridades conformantes del Sistema de Inspección del Trabajo

11 Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS Artículo 10.- Causales de nulidad Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes: 1. La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias. (…)”

Sobre el registro de control de asistencia

“4.132 A fin de verificar la validez y legalidad de los datos consignados en las boletas exhibidas por el inspeccionado, sobre todo en aquellas donde se consideraba un número de días laborados menor a la semana completa, se requirió al sujeto inspeccionado exhiba los registros de control de asistencia del recurrente; sin embargo, no realiza ello. 4.133 Por el contrario, la apoderada del sujeto inspeccionado en la comparecencia del 04 de enero de 2022 señala que no hay un registro de control de asistencia y que los trabajadores no firman al ingresar y salir. 4.134 Por tanto, se tiene verificado que el sujeto inspeccionado no cuenta con los registros de control de asistencia del recurrente de todo el período laborado. (…) 4.138 Sobre el particular, el sujeto inspeccionado en el escrito de respuesta a la MIR exhibe, respecto algunos períodos, unos reportes denominados “tareo semanal” y al momento de efectuar sus descargos los identifica como registros de control de asistencia; sin embargo, con vista de tales formatos se advierte que los mismos no caben ser considerados como registro de control de asistencia, debido a que no contienen las horas de ingreso y salida, ni el tiempo de permanencia fuera de la jornada de trabajo (entre otros aspectos, la hora de refrigerio), ni tampoco cuentan con el DNI del recurrente. Luego, aun cuando el inspeccionado insista en señalar que dichos documentos vienen a ser los registros de control de asistencia, igual se infringe las normas antes señaladas al no contener los mismos los datos antes indicados, además de que no exhibe los reportes en mención de todo el período laborado por el recurrente”.

“Todo empleador sujeto al régimen laboral de la actividad privada debe tener un registro permanente de control de asistencia, en el que los trabajadores consignarán de manera personal el tiempo de labores. La obligación de registro incluye a las personas bajo modalidades formativas laborales y al personal que es destacado o desplazado a los centros de trabajo o de operaciones por parte de las empresas y entidades de intermediación laboral o de las empresas contratistas o Subcontratistas” (énfasis añadido).

trabajadores, de manera permanente, el horario de trabajo vigente, la duración del tiempo de refrigerio, y los tiempos de tolerancia, de ser el caso” (énfasis añadido).

“6.10 La jurisprudencia constitucional ha enfatizado que la obligación de registro del control de asistencia implica que los empleadores observen la debida diligencia13 en su manejo, pues la normativa invocada no solo prevé que se habilite el registro físico o digital del control de asistencia, sino también que se realice las acciones necesarias para que el mismo cumpla su finalidad, pues constituye un deber de la inspeccionada en su implementación, el adecuado llevado, control y supervisión continua del registro del control de asistencia. 6.11 En tal sentido, cuando sea que los empleadores realicen el registro de asistencia de su personal de manera física, deberán poner a disposición de sus trabajadores dicho registro, así como asegurar, bajo responsabilidad, que sus trabajadores cumplan con el registro de su asistencia al centro de labores. Lo mismo ocurre en caso se implemente un registro virtual o biométrico u otro, de similar naturaleza. En cualquier escenario, cuando se evidencie la ausencia del registro de asistencia de uno o más trabajadores, el empleador debe actuar con la debida diligencia para garantizar su adecuada implementación. 6.12 Asimismo, el empleador debe garantizar que el registro de asistencia no sufra alteraciones de ningún tipo, lo que puede consistir en deterioro parcial o total que imposibilite continuar con el registro, esto es, en caso evidencie que ha sufrió algún daño, este debe ser motivo de verificación oportuna, así como objeto de la adopción de los mecanismos pertinentes orientados a que se continúe con el correcto registro de la asistencia en el centro de trabajo” (énfasis añadido).

12 Artículo 2 del Decreto Supremo Nº 004-2006-TR, “Dictan disposiciones sobre el registro de control de asistencia y de salida en el régimen laboral de la actividad privada”. 13 Véase la sentencia recaída en el expediente Nº 02111-2010-PA/TC- LIMA, Fundamento jurídico 42, tercer párrafo: “En ese sentido, el informe reconoce a la debida diligencia como un componente esencial del mencionado deber empresarial, definiéndola como “aquel conjunto de medidas que debe tomar una empresa para tener conocimiento, prevenir y responder a los efectos negativos que su actuación produce sobre los derechos humanos” [Proteger, respetar y remediar…, op. cit., párrafo 56]. Esas medidas incluyen: la adopción de una política de derechos humanos al interior de la corporación, medidas de evaluación de los impactos, mecanismos de integración de las políticas en toda la organización, y finalmente, procedimientos de vigilancia y control de las medidas implementadas. Finalmente, el informe señala que la debida diligencia no tiene un alcance fijo o inamovible, sino que puede variar según las circunstancias, por lo que, para determinarlo, las empresas deberán tener en cuenta los siguientes factores: a) el contexto del país en el que tienen lugar sus operaciones; b) los efectos de sus actividades sobre los derechos humanos según el contexto; y c) si pueden contribuir al abuso de los derechos por medio de relaciones vinculadas (es decir, en su relación con sus socios mercantiles, proveedores, organismos estatales y otros actores no estatales).”

“6.20 Bajo ese entendimiento, consolidado en la corriente resolutiva del Tribunal de Fiscalización Laboral, se reitera que el registro de asistencia válido de acuerdo con las disposiciones legales vigentes es aquel que, conforme con el artículo 3° del Decreto Supremo N° 004-2006-TR, “puede ser llevado en soporte físico o digital, adoptándose medidas de seguridad que no permitan su adulteración, deterioro o pérdida”. En ese sentido resulta pertinente diferenciar el registro del control de asistencia y el tareo, ya que el primero constituye una obligación legal del empleador, al que la norma reserva una serie de características que debe cumplir para considerarlo válido, siendo materia de fiscalización por parte de la Autoridad Administrativa de Trabajo; mientras que el tareo es un documento de gestión interna del empleador, donde los trabajadores suelen registrar la ejecución de sus actividades diarias. Por tanto, dada la naturaleza del fenómeno objeto de registro y control – el cumplimiento de la jornada laboral - esta instancia de revisión deja constancia de que no contar con el registro de control de asistencia constituye una infracción de carácter insubsanable, por no poder retrotraerse el tiempo registrado (o el que se hubiere trabajado y no se haya registrado) a una verdad comprobable”. (énfasis añadido). 6.53. En ese sentido, de las diligencias inspectivas y conforme lo determinado por las instancias de mérito, ha quedado acreditado que la impugnante no contaba con un registro de asistencia que contemple la información mínima prevista en el artículo 2 del Decreto Supremo N° 004-2006-TR, específicamente, el “registro de asistencia” debía contener “fecha, hora y minutos del ingreso y salida de la jornada de trabajo”, lo cual no ha ocurrido, pues conforme al numeral 4.138 de los hechos constatados del Acta de Infracción, “el sujeto inspeccionado en el escrito de respuesta a la MIR exhibe, respecto algunos períodos, unos reportes denominados “tareo semanal” y al momento de efectuar sus descargos los identifica como registros de control de asistencia; sin embargo, con vista de tales formatos se advierte que los mismos no caben ser considerados como registro de control de asistencia, debido a que no contienen las horas de ingreso y salida, ni el tiempo de permanencia fuera de la jornada de trabajo (entre otros aspectos, la hora de refrigerio), ni tampoco cuentan con el DNI del recurrente. Luego, aun cuando el inspeccionado insista en señalar que dichos documentos vienen a ser los registros de control de asistencia, igual se infringe las normas antes señaladas al no contener los mismos los datos antes indicados, además de que no exhibe los reportes en mención de todo el período laborado por el recurrente” (énfasis añadido).

- Regla N° 1: No contar con registro de control de asistencia, es decir, debe entenderse la ausencia total del registro respecto de un trabajador. - Regla N° 2: Teniendo registro de control de asistencia, impide al trabajador el registro. - Regla N° 3: Teniendo registro de control de asistencia, reemplaza al trabajador en el llenado del mismo.

Registrar (...) 4. verbo transitivo Transcribir o extractar en los libros de un registro público las resoluciones de la autoridad o los actos jurídicos de los particulares. 9.verbo transitivo Contabilizar, enumerar los casos reiterados de alguna cosa o suceso.

14 Conforme lo exige el artículo 1 del Decreto Supremo N° 004-2006-TR.

llenen de forma personal este registro de asistencia. Lo cual no ha sido cumplido por la inspeccionada, conforme a lo recogido en los hechos constatados del Acta de Infracción.

Sobre la medida inspectiva de requerimiento

que en su caso procedan, para garantizar el cumplimiento de las normas sociolaborales”. Asimismo, con respecto a la función inspectiva señala que, esta es entendida como: “la actividad que comprende el ejercicio de la vigilancia y exigencia del cumplimiento del ordenamiento sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo, (…)”. Bajo este marco, el comportamiento del inspector comisionado debe orientarse al cumplimiento de las funciones establecidas en la LGIT y su reglamento, tutelando el fin perseguido por dichas normas y debiendo adoptar medidas y acciones en el marco del principio de razonabilidad15.

15 Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del procedimiento administrativo general aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 1.4. Principio de razonabilidad. - Las decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen obligaciones, califiquen infracciones, impongan sanciones, o establezcan restricciones a los administrados, deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fi n de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido.

de investigación o comprobatorias a que se refiere los numerales 13.3 y 13.4 del artículo 13° del citado reglamento.

16 Normativa vigente al momento de la realización de las actuaciones inspectivas efectuadas en mérito a la Orden de Inspección N° 13465-2018-SUNAFIL/ILM.

FIGURA N° 01

Información Adicional

N° Materia Conducta infractora Tipificación legal y clasificación Relaciones Laborales No acreditar el pago íntegro de la remuneración, a favor del ex trabajador. Numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT GRAVE Relaciones Laborales No acreditar el pago íntegro de la bonificación unificada de construcción (BUC), a favor del ex trabajador. Numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT GRAVE Relaciones Laborales No acreditar el pago íntegro de la bonificación por movilidad, a favor del ex trabajador. Numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT GRAVE Relaciones Laborales No acreditar el pago íntegro de las bonificaciones extraordinarias de las gratificaciones legales, a favor del ex trabajador. Numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT GRAVE Relaciones Laborales No acreditar el pago íntegro de las gratificaciones legales, a favor del ex trabajador. Numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT GRAVE Relaciones Laborales No acreditar el pago y/o depósito de la compensación por tiempo de servicios, a favor del ex trabajador. Numeral 24.5 del artículo 24 del RLGIT GRAVE Relaciones Laborales No acreditar el pago de las utilidades, a favor del ex trabajador. Numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT GRAVE

Relaciones Laborales No acreditar la entrega de las boletas de pago de remuneraciones con los requisitos previstos legalmente, en favor del ex trabajador. Numeral 23.2 del artículo 23 del RLGIT LEVE Relaciones Laborales No contar con el registro de control de asistencia del ex trabajador. Numeral 25.19 del artículo 25 del RLGIT MUY GRAVE Labor Inspectiva No colaborar con el sistema inspectivo. Numeral 45.2 del artículo 45 del RLGIT GRAVE Labor Inspectiva No acreditar cumplimiento de la medida de requerimiento. Numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT MUY GRAVE

POR TANTO Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral- SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley de Procedimiento Administrativo General aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR;

SE RESUELVE: PRIMERO. – Declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de revisión interpuesto por GHV CONTRATISTAS E.I.R.L., en contra de la Resolución de Intendencia N° 198-2023-SUNAFIL/IRE-AQP, de fecha 22 de agosto de 2023, emitida por la Intendencia Regional de Arequipa, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 347-2022- SUNAFIL/IRE-AQP, por los fundamentos expuestos en la presente resolución. SEGUNDO. – Declarar la NULIDAD PARCIAL de la Resolución de Sub Intendencia N° 394-2023- SUNAFIL/IRE-SISA-AQP, de fecha 21 de abril de 2023, y, la de los sucesivos actos y actuaciones en el procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 347-2022- SUNAFIL/IRE-AQP, en el extremo referente a las infracciones muy graves en materia de relaciones laborales, tipificadas en el numeral 25.6 del artículo 25 del RLGIT. TERCERO. - RETROTRAER el procedimiento administrativo sancionador al momento en que se produjo el vicio, esto es, a la emisión de la Resolución de Sub Intendencia N° 394-2023-

SUNAFIL/IRE-SISA-AQP, de fecha 21 de abril de 2023, a fin de que la instancia competente emita un nuevo pronunciamiento, en el extremo referente a las infracciones muy graves en materia de relaciones laborales, tipificadas en el numeral 25.6 del artículo 25 del RLGIT, considerando los alcances señalados en la presente resolución. CUARTO. – CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 198-2023-SUNAFIL/IRE-AQP, en el extremo referente a la infracción muy grave en materia de relaciones laborales, tipificada en el numeral 25.19 del artículo 25 del RLGIT, y a la infracción muy grave a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. QUINTO. – Declarar agotada la vía administrativa, respecto a la infracción muy grave en materia de relaciones laborales, tipificada en el numeral 25.19 del artículo 25 del RLGIT, así como a la infracción muy grave a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT, debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa en la materia de su competencia. SEXTO. - Remitir los actuados a la Intendencia Regional de Arequipa y a la Gerencia General de la SUNAFIL, a fin de que, de considerarlo conveniente, procedan conforme a sus atribuciones y de acuerdo con lo señalado en el considerando 6.45 de la presente resolución. SÉPTIMO. - Notificar la presente resolución a GHV CONTRATISTAS E.I.R.L., y a la Intendencia Regional de Arequipa para sus efectos y fines pertinentes. OCTAVO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

20251001MCR – HR 162442-2021